Desarrollo sustentable para la producción agropecuaria en Argentina

Introducción

En la estructura agraria Argentina coexisten diferentes actores sociales que mantienen relaciones heterogéneas entre sí. Entre estos actores sociales, quizás los que menos atención han recibido por parte de las políticas del Estado o de las instituciones académicas hayan sido los pequeños productores minifundistas o campesinos.

El Censo Nacional de 1988 señalaba que en el país existían unas 420.000 explotaciones agropecuarias, de las cuales según el Programa Social Agropecuario hay unas 160.000 bajo el control de productores minifundistas, es decir un 38 % del total. El relativamente importante peso cuantitativo que aún conserva el sector, contrasta con su cada vez más escaso aporte a la generación del producto bruto agropecuario. Esta afirmación que resulta certera para el conjunto de la actividad económica agropecuaria podría relativizarse en los diferentes espacios regionales, donde la pequeña producción adquiere una mayor significación económica, ligada principalmente a algunas de las principales ramas agroindustriales del país.(1)

En Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, los campesinos no se limitaron a producir alimentos básicos para el consumo interno, sino que desde sus orígenes y en las regiones no pampeanas integraron algunas de las cadenas agroindustriales más importantes como proveedores de insumos y mano de obra (Tsakoumagkos, 1986).

Para algunos autores, el avance de los complejos agroindustriales en América Latina estaría modelando la actual estructura agraria y los procesos sociales agrarios, como elemento hegemónico de modernización y reproducción ampliada del capital. En este contexto la discusión ya no se centraría en cómo eliminar las características de estancamiento o atraso de las fuerzas productivas en el agro porque esa etapa estaría superada (Gómez, 1992)

Otros autores menos optimistas reconocen que el desarrollo de cadenas y complejos agroindustriales se ha convertido en la forma hegemónica de avance del capitalismo en el agro, pero hacen la observación de que dentro de cada país existen diferentes niveles de integración, y lo que nos interesa sobremanera, señalan que los actores sociales presentes en el agro se relacionan de diferentes maneras con el núcleo empresario central dueño de los complejos agroindustriales. En muchos casos, la pequeña producción o la producción familiar sigue abasteciendo a la etapa industrial de la cadena, mediante diversas formas de contratación o de relacionamiento a través de la recepción de insumos, créditos, asistencia técnica o transferencia de tecnología. (Piñeiro, 1995). Esta “agricultura de contrato” representa una inserción subordinada en el sistema, pues se asumen relaciones asimétricas con respecto de los otros actores sociales. Desde el punto de vista de algunos agentes de financiamiento internacional como el Banco Mundial, este sistema de incorporación representa una solución, ya que aumenta la productividad y la integración a la economía de mercado del típico productor minifundista. Resultaría un esquema funcional para la lógica del capital agroindustrial. (Giarraca, 1995).

Sin embargo, en este momento se está poniendo en duda que el sector campesino tenga un papel definido a jugar en el proceso de acumulación del capitalismo agrario, lo cual constituye un punto de ruptura teórica con interpretaciones históricas que le asignaban el papel de productor de bienes salario a precios bajos, o de fuerza de trabajo para el capitalismo agrario o urbano que no pagaba sus costos de reproducción. Pareciera que el desarrollo capitalista podría prescindir de los campesinos, quebrándose de esta manera la idea de su funcionalidad y emergiendo con más claridad la idea de pobreza y exclusión.

En consecuencia, la idea que se tenga acerca del rol que el campesinado juega y debería jugar en los procesos de modernización de la estructura agraria, será decisiva para definir las políticas orientadas al sector. Así por ejemplo, resulta muy diferente concebir al sector como pobre o excluido, y por consiguiente sujeto tan sólo de políticas asistenciales o de contención social; o concebirlo como un sujeto económico empobrecido, pero capaz de aportar en su medida a un proyecto de desarrollo deseable, que por ejemplo incluyera la perspectiva de lo local.

En materia de planificación del desarrollo, la gran diferencia con las tendencias anteriores consiste en la actual revitalización de la escala o dimensión local, donde la iniciativa que pueden asumir los actores locales resulta un componente central (Arocena, 1995). En la perspectiva de lo local, la capacidad productiva del sector campesino y su nivel de organización para expresar sus intereses y articularlos con el conjunto de la sociedad local, podría ser la clave de un nuevo protagonismo. Su destino sería parte del destino de la zona o localidad donde se relaciona con otros actores sociales.

A pesar de estas consideraciones, en nuestro país parece predominar la noción de un actor campesino invisible para el diseño de las políticas económicas más orientadas hacia la consideración del sector empresarial del área pampeana. En los escasos diagnósticos del sector, antes que destacar su potencial productivo se pone énfasis en sus características de pobreza, de resistencia al cambio o de imposibilidad de superar su atraso tecnológico. Para algunos, sólo cabe esperar su desaparición al ser absorbidos por los sectores más dinámicos de la economía.

En nuestro trabajo trataremos de describir los componentes centrales de las estrategias de sobrevivencia del sector campesino, que le han le dado una gran capacidad de resistencia y le han permitido sostenerse como productor en la estructura agraria. A su vez, se plantea a dicha caracterización como el punto de partida obligado para el diseño de una política integral orientada al sector y que busque la superación de su situación de pobreza o marginalidad y a la vez procure su integración a alguna propuesta alternativa de desarrollo. En este sentido se considera muy sugerente el nuevo impulso que ha cobrado en los últimos tiempos el concepto del desarrollo local que pone en cuestión la idea tradicional de un desarrollo como camino único y progresivo en el marco de un horizonte sin límites.

Estrategias de sobrevivencia campesinas

La asociación empírica entre pequeña producción agraria y situación de pobreza sigue siendo muy significativa. Si bien la cantidad de pobres en términos absolutos ha tendido a concentrarse en las áreas urbanas del país, especialmente en el conurbano bonaerense, todavía resulta importante su peso relativo en áreas rurales al nivel regional(2).

Los pequeños productores agropecuarios habitualmente se definen como aquellas unidades familiares de producción y consumo, que bajo cualquier forma de tenencia de la tierra, producen para autoabastecimiento y para el mercado en condiciones de escasez de recursos naturales, predominio del trabajo familiar, atomización, aislamiento y escaso poder de negociación; y que en el largo plazo no obtienen beneficios económicos que les permitan una capitalización, una mejora en el nivel de vida familiar, o generar empleo permanente durante todo el año.

Estas unidades productivas han demostrado a lo largo del tiempo una gran capacidad de adaptación frente a condiciones económicas desfavorables que por momentos las colocan al borde de su desaparición como tales. Dicha capacidad de resistencia se explica porque las familias campesinas han sabido combinar diferentes actividades y roles de sus integrantes, en una diversidad de estrategias de sobrevivencia que les ha permitido subsistir y sólo en algunos pocos casos iniciar procesos de acumulación.

Una de las ideas centrales de este trabajo es que estas estrategias de sobrevivencia del sector campesino constituyen un punto de partida y referencia obligada para el diseño de una estrategia integrada de políticas que se proponga erradicar las condiciones de pobreza del sector y asignarle un rol definido en alguna propuesta de desarrollo.

En términos generales, las familias campesinas construyen sus estrategias de sobrevivencia y obtienen sus ingresos de por lo menos cinco actividades o fuentes principales y complementarias:

las actividades productivas agropecuarias prediales, las actividades extraprediales de los migrantes estacionales, las prácticas de autoabastecimiento, las transferencias formales desde el Estado, su capacidad de organizarse e integrar redes de intercambio y solidaridad.

Tomemos en primer lugar el componente de la actividad productiva agropecuaria predial orientada hacia el mercado, ya sea yerba mate, té, caña de azúcar, algodón, tabaco, horticultura, fruticultura o la producción animal según las diferentes regiones.

Si se considera por ejemplo la producción de algodón, que es característica de la pequeña producción en varias provincias del noreste y noroeste, se observa en los últimos años una notable tendencia a la expansión del cultivo, que se ha colocado a la cabeza de la expansión algodonera mundial, desarrollando ventajas competitivas y aumentando su aporte al comercio exterior, sobretodo en relación con el Mercosur (Valeiro, 1997). Sin embargo, esta expansión ha tenido como actores principales a las grandes desmotadoras privadas que hacen el primer proceso de industrialización de la fibra y a los productores altamente tecnificados, que realizan el cultivo en grandes extensiones impensables hasta hace unos pocos años atrás cuando la superficie media del cultivo no superaba las 20 has. Actualmente resulta común encontrar explotaciones entre 1.000 y 3.000 has de algodón, con casos extremos de megaproductores de hasta 20.000 has en el Departamento Anta en Salta, en el Departamento Mariano Moreno en Santiago o en la Provincia del Chaco. La producción de algodón en gran escala apareció como factible a partir de las medidas de liberalización económica, que implicaron el abaratamiento de tecnologías importadas y el encarecimiento relativo de la mano de obra. Un ejemplo de la incorporación tecnológica es el aumento de las cosechadoras mecánicas que en 1988 eran tan sólo 26 en la Provincia del Chaco, agregándose otras 633 vía importación entre los años 1994 y 1996 (Valeiro, 1998).

En este proceso de expansión y de tecnificación sólo de manera marginal se ha podido insertar la pequeña producción, por lo que cabe preguntarse por su futuro, o dicho de otro modo por sus reales posibilidades de acceder a un umbral mínimo de competitividad en el mercado algodonero. Otra consecuencia derivada del proceso de mecanización, es la pérdida de las posibilidades de trabajo estacional para la cosecha, actividad que permitía completar el ingreso familiar a los pequeños productores.

El ejemplo referido a la producción de algodón ilustra una situación que entendemos se ha generalizado en el conjunto de los complejos agroindustriales donde la pequeña producción ocupa un lugar cada vez más residual, por lo que si sólo prevalece la lógica del mercado, que es una lógica de concentración económica, resultaría previsible que más temprano que tarde desaparezcan los pequeños productores en cuanto tales.

Las actividades extraprediales de los migrantes estacionales representan otro componente clave en las estrategias de supervivencia campesinas. Nos referimos principalmente a las actividades que realizan algunos de los miembros de las familias campesinas cuando se trasladan por tiempos determinados a otras áreas rurales de la misma región o de otras regiones del país, en busca de un trabajo asalariado. Así por ejemplo, las zafras de la caña de azúcar, la cosecha de algodón, la cosecha de papas o de espárragos en la Provincia de Buenos Aires, o la cosecha de frutas en el Alto Valle de Río Negro, han sido históricamente una alternativa para completar el ingreso familiar. Sin embargo, estas oportunidades de trabajo estacional se están restringiendo cada vez más, como consecuencia del proceso de incorporación de tecnología capital intensiva en el sector agropecuario.

Por otra parte, la alternativa de la emigración en busca de trabajo asalariado en los grandes centros urbanos también se ha restringido a partir del incremento de las tasas de desocupación y subocupación que parece difícil se reviertan en el corto y mediano plazo. En un trabajo reciente sobre las villas de emergencia en Rosario se hacía notar que en los últimos años había crecido mucho la emigración de pobladores de áreas rurales del Chaco. Se comprobó que la creciente mecanización de la cosecha de algodón estaba actuando cómo expulsora de la población rural. La “solución política” consistía en hacerse cargo de los pasajes para devolver a los migrantes a su provincia de origen, con lo cual no se resolvía el problema, sino que se lo trasladaba de lugar. Una alternativa más seria, pero mucho más costosa, consiste en generar oportunidades de trabajo y condiciones adecuadas de vida (provisión de servicios, vivienda, educación, etc.) para los recién llegados.

Un tercer componente destacable de las estrategias de supervivencia se refiere a las prácticas de autoabastecimiento, que representan un importante ingreso invisible para las familias campesinas. Aún cuando existen diferencias regionales, la producción para autoconsumo está integrada en la mayoría de los casos por animales menores como aves de corral, cerdos, cabras, ovejas. El cultivo de maíz en pequeñas superficies también está presente, para ser destinado a la alimentación familiar o al consumo de los animales. La huerta asociada al cultivo de zapallo, sandía, anco, y otras hortalizas completa el abanico principal de productos. La carne bovina también se consume durante el año con la modalidad de entregar los animales a los carniceros de la zona, que a su vez proveen de carne a las familias a medida que la solicitan (Merlino, et al 1992). Algunos autores consideran que el papel de la producción para autoconsumo ha sido revalorizado en los últimos tiempos como un importante mecanismo de resistencia campesina (Tsakoumagkos, 1992).

En un estudio de caso sobre los sistemas de producción campesinos en la zona de Los Juríes, en la Provincia de Santiago del Estero, se realizó una encuesta a 218 familias campesinas algodoneras asociadas a una Cooperativa, estimando para la campaña 94/95 el ingreso neto global de las explotaciones, lo que incluía la medición de los ingresos monetarios y también una ponderación de los ingresos no monetarios provenientes de las prácticas de autoconsumo. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 71 % del total de familias campesinas se podrían considerar como familias pobres, al situarse su ingreso por debajo de la Línea de Pobreza(3). Sin embargo ninguna de estas familias caía bajo la Línea de Indigencia. (de Dios, et al 1997). El hecho a destacar es que el ingreso en cierto modo invisible que se origina en las prácticas de autoabastecimiento es el que evitaba que las familias consideradas cayeran en situaciones de miseria o carencia extrema de alimentación básica. Dicho de otra manera, les permitía sobrellevar con cierta dignidad su situación de pobreza estructural.

El cuarto componente destacable para las estrategias de supervivencia campesinas son las comúnmente conocidas como transferencias formales del Estado, que hacen referencia a todos aquellos aportes, bienes o servicios que los diferentes organismos del Estado destinan al sector. Se incluyen en este concepto por ejemplo las pensiones y jubilaciones, los subsidios vía provisión de alimentos o insumos para la producción, el pago del salario familiar. También comprende el acceso más o menos restringido a los bienes públicos o de ciudadanía como por ejemplo los servicios de salud, de educación, de provisión de agua potable, de electrificación rural, de seguridad social, comunicación, etc.

La cantidad o calidad de dichas prestaciones tiene relación con las históricas políticas de limitada inversión social en el ámbito rural y con el más reciente proceso de transformación del Estado, que se ha traducido en un abandono o deterioro de las políticas universalistas, y en la adopción de políticas sociales focalizadas orientadas específicamente hacia los sectores con mayores necesidades o carencias básicas. De allí la aparición más o menos reciente de una serie de Programas Nacionales que apuntan a la atención de las necesidades específicas de diferentes sectores empobrecidos o carenciados, incluyendo a los sectores campesinos (4). Dichos Programas se aproximan a los “beneficiarios focalizados” con una diversidad de propuestas que por lo general incorporan los conceptos de organización, autogestión, transparencia en el manejo de recursos, y alguna cuota de participación en la implementación de los programas, aunque no así en su diseño. De este modo, y mediante la metodología de presentación de proyectos, los beneficiarios con alguna forma de organización pueden acceder a recursos destinados a satisfacer alguna de sus necesidades.

El último componente a destacar de las estrategias de sobrevivencia del sector campesino, es su dinámica asociativa o su capacidad de organizarse e integrar redes de intercambio y solidaridad. Este componente aparece como estratégico para la exploración de alternativas de sostenimiento y desarrollo del sector.

En el espacio cultural de los campesinos no parecen tan acentuados los procesos de declinación de los compromisos colectivos y el avance de las tendencias a la resolución individual de los conflictos (lógica del francotirador) que algunos autores observan para el conjunto de la sociedad civil (García Delgado, 1996). Más bien parecen conservarse algunas formas tradicionales de contraprestaciones y cierta identidad o sentido de pertenencia a un sector con problemas y necesidades compartidas, que actúa como campo propicio para desarrollar propuestas organizativas. Quizás ciertos valores tales como el apego a la tierra o al paisaje y no sólo como medio de producción, o el sentido de comunidad territorial con un estilo de vida y pautas culturales compartidas, o el deseo de conservar los espacios religiosos y festivos, contribuyan al surgimiento y cristalización de acciones colectivas.

En cuanto al tipo de organizaciones existentes, es necesario rescatar a las tradicionales Cooperativas Agropecuarias, que a pesar de los problemas de funcionamiento y crónico endeudamiento aparecen como posibles sujetos a ser considerados en programas de transformación productiva regional (Aparicio, et al 1995). Por otro lado, y especialmente desde los años ochenta, se han multiplicado las organizaciones campesinas que reconocen en su origen la acción promocional de las llamadas Organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural (ONGs), que en algunos casos impulsaron la creación de nuevas formas asociativas, y en otros casos contribuyeron a recuperar organizaciones gremiales que habían sido desarticuladas en la época de la última dictadura militar (5). Las modalidades de intervención experimentadas por dichas ONGs constituyen hoy una fuente ineludible de aprendizaje para el diseño de políticas que desde el Estado pretendan potenciar la capacidad organizativa del sector campesino.

Los discursos contradictorios

Cualquier observador atento puede advertir que actualmente no existe un único discurso oficial acerca del rol que ocupa el sector campesino en tanto sujeto de políticas del Estado. Más bien aparecen una multiplicidad de lecturas que realizan los diferentes funcionarios que tienen alguna relación con el tema, y que en algunos casos son claramente contradictorias. Logran traducirse en medidas de políticas concretas aquellas que se sustentan en un mayor diferencial de poder.

A nuestro modo de ver, las diferentes expresiones se podrían ubicar en dos grandes categorías. Por un lado existe un discurso integrador, que sostiene básicamente que el sector campesino, mediante la incorporación de capital y tecnología, preferentemente a través de una diversidad de formas asociativas, podría acceder a umbrales mínimos de competitividad en relación al resto de los actores sociales presentes en la estructura agraria.

Por otro lado coexiste el discurso de la inviabilidad del sector campesino, que no tendría un papel definido en el proceso de acumulación del capitalismo agrario, hegemonizado por el desarrollo de las cadenas y complejos agroindustriales. En consecuencia, no tendría objeto interferir en un proceso, donde naturalmente y siguiendo la lógica del mercado, los pequeños productores serían expulsados de la actividad agropecuaria. En algunos casos este discurso deja de lado cualquier tipo de consideración ética acerca de la suerte de los expulsados o de cuál debería ser su lugar en la sociedad.

El discurso integrador ha dado lugar al diseño y ejecución de políticas de apoyo y sostenimiento explícito del sector campesino. Un ejemplo de ello es el surgimiento en 1993 del Programa Social Agropecuario (PSA) que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. Dicho Programa, de cobertura nacional, aparece como el esfuerzo más sólido por tratar de mejorar el ingreso y las condiciones de vida de los productores minifundistas mediante el apoyo a emprendimientos productivos con créditos a tasas y en condiciones más favorables que las del mercado financiero, con la asistencia técnica necesaria y con la capacitación específica que requiera la ejecución de los proyectos. Se incorporan además conceptos como el asociativismo y la participación activa los beneficiarios en la elaboración y ejecución de las propuestas.

También puede agregarse en esta línea al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que desde 1987 ha creado una Unidad de Coordinación de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para Productores Minifundistas, prestando por primera vez una especial atención al sector; o el Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores Agropecuarios del Noroeste Argentino que se ejecutó entre 1991 y 1997 y que prevé su continuidad a través del PRODERNEA en las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.

El discurso de inviabilidad del sector campesino se ha traducido por acción o por omisión, en algunas medidas concretas de políticas macroeconómicas, o en significativas ausencias del Estado en relación a problemas estructurales que afectan al sector. Un claro ejemplo del segundo tipo son los históricos problemas de ocupación y tenencia precaria de la tierra, que afectan en forma generalizada a los pobladores campesinos sin posibilidades reales de acceder a títulos de propiedad, a pesar de que en muchos casos son poseedores de larga data y están protegidos por la ley de posesión veinteañal. La ausencia de una política que incluya la asistencia jurídica necesaria o de planes de colonización y promoción integral resulta un dato insoslayable. Los desalojos y la consecuente expulsión de la producción agropecuaria se suceden cotidianamente y es posible prever su aceleración a partir del encarecimiento del precio de la tierra y del avance de la frontera agropecuaria hacia las regiones extrapampeanas.

Otro ejemplo, esta vez de medidas concretas que perjudican al sector, ha sido la derogación en abril de 1995 de la Ley 23.107, que desde 1984 establecía para los pequeños productores algodoneros la posibilidad de empadronarse como tales en CASFEC (actualmente ANSeS) para percibir las asignaciones familiares, a la vez que se le hacían los aportes para la jubilación y la obra social. Esta ley que estaba muy ligada a la actividad productiva, porque se exigía un mínimo de producción de algodón para el empadronamiento, operaba como un mecanismo de retención en el campo. En un estudio de una colonia agrícola de Quitilipi en Chaco se encontró que entre los productores de 1 a 5 has cultivadas el ingreso por asignaciones familiares representaba el 46% del valor del algodón y era percibido por el 31% de los productores (Merlino, et al 1992). Otros trabajos más recientes en Santiago del Estero confirman la importancia del ingreso por asignaciones familiares, al punto que para muchas familias campesinas resultaba mayor que el ingreso neto anual derivado de la producción de algodón, y explicaban su permanencia en la producción. (de Dios, 1998). A su vez, las asignaciones familiares representaban un ingreso monetario regular, que se percibía mes a mes a lo largo de todo el año, de vital importancia para las familias en la época de poscosecha que es cuando existe mayor restricción monetaria.

A ello debe agregarse, no solamente para los minifundistas algodoneros, sino para todos los productores minifundistas, la obligación de inscripción como trabajadores autónomos en el régimen previsional, sin ninguna consideración especial por sus bajos niveles de ingreso o su situación de relativa inferioridad en el mercado.

La paradoja surge al advertir que las políticas orientadas al sector se neutralizan. A la dinámica integradora que pretenden impulsar programas focalizados como el PSA se opone la dinámica expulsora que se expresa en medidas concretas de política económica que no hacen diferenciación alguna respecto de los sectores menos favorecidos o directamente excluidos del sistema. El paradigma de la focalización pareciera operar sólo para los Programas sociales, pero no así para las políticas macroeconómicas donde no se hace consideración alguna para los excluidos de los beneficios del modelo económico.

Incluso, a nuestro modo de ver, los propios Programas focalizados en la práctica han operado como un instrumento de exclusión antes que de inclusión. Ello es así porque frente a situaciones de carencias generalizadas, son más los potenciales beneficiarios que quedan fuera de su alcance que los que efectivamente logran ser focalizados y de ese modo acceder a los recursos en juego. La escala de recursos disponibles por estos Programas focalizados resulta absolutamente insuficiente frente a los altos niveles de pobreza y a las disparidades distributivas alcanzadas (Minujin, et al 1993). Pareciera que un Estado que no ha logrado aún garantizar la satisfacción de las necesidades mínimas al conjunto de la población, no debería renunciar a su papel redistributivo para concentrarse en Programas focalizados de “alivio de la pobreza”. La oposición entre políticas universales y focalizadas no tiene sustento teórico, antes por el contrario, podrían complementarse. Sin embargo, en la práctica pareciera que la opción por la focalización se torna excluyente, bajo la prioridad de ajustar el gasto social y hacerlo más eficiente.

Estrategia integrada de políticas

La posibilidad de desarrollar una estrategia integrada de políticas orientadas al sector de la pequeña producción agropecuaria, requiere algunas consideraciones previas que se refieren al rol del Estado. No se trata de retornar al Estado benefactor, centralizado, burocratizado e ineficiente, sino por el contrario, de profundizar un genuino proceso de descentralización a la vez que se recupera su responsabilidad en la compensación de desigualdades y redistribución de los ingresos nacionales.

Para que este nuevo Estado sea posible se requiere de un renovado pacto social entre los sectores sociales, que entre otras cosas asegure un sustantivo incremento en el volumen del gasto social orientado a remover las situaciones de pobreza estructural, y a dar oportunidades de integración a los sectores productivos que quedaron al margen del proceso de crecimiento económico.

Los sectores beneficiados con el modelo económico deberían sentirse obligados a hacerse cargo de su responsabilidad social, aportando los recursos económicos necesarios (por ejemplo vía política impositiva progresiva) para ser redistribuidos por el Estado hacia los sectores excluidos o marginados. A su vez, el Estado podría aprovechar la potencialidad de la sociedad civil que a través de la diversidad y calidad de sus organizaciones intermedias estaría en condiciones de garantizar una mayor eficiencia y transparencia en la distribución de los nuevos recursos.

Ya se escuchan algunas voces que desde el discurso oficial sostienen la necesidad de construir una nueva institucionalidad pública que tienda a fortalecer la “autoridad social”, para colocarla en pie de igualdad con la autoridad económica, generando los mecanismos de transferencia de recursos que conduzcan a una distribución más equitativa de la riqueza (Novacovsky, et al 1997). Establecer metas coordinadas entre la política económica y la política social puede crear un circulo virtuoso, mientras que su descoordinación potencia la ineficacia de una y de otra. En función de la eficacia y la equidad es fundamental crear relaciones funcionales entre la producción, la distribución y la redistribución del ingreso. En el caso de la población pobre esto significa no considerarla únicamente en tanto vulnerable o carente, sino como sujeto económico (Sojo, 1990).

Recuperar al Estado, y esbozar la manera en que este nuevo pacto de gobernabilidad pueda construirse y sea capaz de garantizar la ciudadanía plena para toda la población excede el propósito de nuestra reflexión, pero resulta una condición necesaria para una propuesta integral y a la vez diversificada de políticas dirigidas al sector de la pequeña producción agropecuaria.

Supuesto este nuevo escenario, sigue siendo pertinente la pregunta acerca de cómo utilizar los recursos destinados a la política social, y aquí es donde destacamos la importancia de conocer la diversidad y complementariedad de las estrategias de sobrevivencia del sector campesino como punto de partida obligado para el diseño de una política coherente que tienda a superar su situación de pobreza.

Una política de las características mencionadas, debería desplegar un conjunto coherente de acciones destinadas a:

(i) sostener, mejorar y diversificar la actividad productiva principal destinada al mercado,

(ii) apoyar y recuperar las prácticas de autoabastecimiento,

(iii) desplegar programas y proyectos focalizados pero en el contexto de propuestas de desarrollo local o regional que los contengan,

(iv) aumentar la inversión social de carácter universal en el ámbito rural, para asegurar el acceso a los servicios principalmente en salud y educación,

(v) promover y apoyar a las organizaciones representativas del sector,

(vi) generar un espacio económico protegido donde la diversidad de experiencias asociativas del sector campesino puedan consolidarse como alternativa económica.

Las acciones aisladas o que sólo atienden alguno de los aspectos mencionados, han tenido un impacto limitado en cuanto al objetivo de incorporar al sector a algún proceso de acumulación que revierta su situación de pobreza. A su vez este conjunto de acciones puede leerse como el esfuerzo por lograr la mejor ecuación posible entre asistencia y despliegue de las propias posibilidades, o entre protección y autogestión.

La concepción del sujeto campesino como sujeto económico capaz de aportar a un proyecto de desarrollo que incluya la perspectiva de lo local o regional conlleva la necesidad de compensar su relativa inferioridad para competir en el mercado. Para lograr este propósito en el corto plazo (a través de los mecanismos más rápidos y convenientes según el tipo de producción que se trate) debería subsidiarse la producción del sector destinada al mercado, de tal manera que se compense la menor productividad y las deficiencias estructurales en cuanto a las modalidades típicas de comercialización de la pequeña producción.

En el mediano plazo, deberían profundizarse las acciones de investigación y difusión de alternativas productivas y de tecnologías apropiadas al sector. La propuesta es que el campesino no pierda su identidad como tal y siga siendo un productor agropecuario que depende de su trabajo, y no tan sólo un sujeto pasivo de asistencia o subsidio.

El costo para el Estado de una intervención de estas características, sería siempre menor que el costo alternativo de generar condiciones adecuadas de trabajo y de vida para los expulsados que se asienten en las áreas suburbanas de las ciudades. Sin mencionar las consecuencias de pérdida de identidad, desarraigo, precariedad laboral e inseguridad.

A su vez, la vía asociativa aparece potencialmente como la de mayores posibilidades de desarrollo. Prácticamente todos los programas o proyectos focalizados que atienden al sector campesino han incorporado la “propuesta asociativa” en sus estrategias de intervención, al punto que resulta condición necesaria para acceder a recursos como la asistencia técnica, el crédito o la capacitación. Sin embargo, en la medida que estas propuestas asociativas no se articulen con propuestas de desarrollo local o regional más amplias, que las contengan como sujetos económicos, se corre el riesgo del fracaso y la regresión consecuente. (Manzanal, 1998)

Resulta peligroso suponer que la organización por sí sola resuelve los problemas de escala y de competitividad del sector en el mercado. En consecuencia, también la vía asociativa requiere de una dosis relativa de protección, allí donde encuentre su techo. Existen experiencias organizativas relativamente exitosas en cuanto a la incorporación de capacidades de autogestión, a la captación de recursos simbólicos y materiales, o en cuanto a la adopción de estilos participativos de conducción; pero que no han logrado cambiar sustancialmente las condiciones de vida de las familias asociadas.

Un espacio económico protegido para las experiencias asociativas podría significar entre otras cosas un tratamiento impositivo simplificado y acorde a sus posibilidades de aportación, el acceso a financiamiento para contratar los servicios técnicos y profesionales que se consideren necesarios, el acceso al crédito subsidiado, la incorporación de equipamiento de uso comunitario a través de proyectos de rápida y simple formulación, el apoyo económico para crear todo tipo de redes y espacios de intercambio de experiencias. El monitoreo de estas medidas excepcionales por parte del Estado permitiría ir ajustando la ecuación protección/autogestión, de manera de lograr la mejor combinación en cada caso. A su vez, la responsabilidad operativa de dicho monitoreo podría recaer allí donde fuera posible, en las ONGs que han venido promoviendo y acompañando al sector.

En cuanto al sector como sujeto social, se propone recuperar el carácter universal de la inversión social en los ámbitos rurales y locales, que asegure a los pobladores campesinos entre otras cosas el acceso masivo a servicios de salud y de educación de calidad, el acceso a la electrificación rural, la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, el desarrollo de sistemas de comunicación

Reflexiones finales

En La Argentina de los años noventa la hegemonía de las políticas de corte neoliberal ha sido incuestionable. La privatización, la desregulación, la apertura económica, el ajuste fiscal y la contención de la inflación resumen las estrategias predominantes, a las cuales se subordinó cualquier otra consideración por las consecuencias sociales del modelo

Como una manera de morigerar el impacto social negativo de las políticas de ajuste económico, y a instancias de los agentes de financiamiento internacional como el Banco Mundial, el BID o el FIDA, se procuró armar una malla de contención para los crecientes niveles de pobreza y de desigualdad de amplios sectores de la población excluidos del modelo. En consecuencia, adoptando el paradigma de la focalización, se diseñaron y ejecutaron un conjunto heterogéneo de Planes y Programas del Estado dirigidos a los pobres estructurales y a los nuevos pobres originados por el modelo, con la premisa de mejorar la eficiencia del gasto social.

En particular para el sector agropecuario, los pequeños productores campesinos se contaron entre los actores sociales que más sufrieron el impacto negativo de las políticas macroeconómicas mencionadas. Una diversidad de Planes y Programas se orientaron a la contención del sector, pero con recursos insuficientes, sin una articulación de esfuerzos, y mucho menos una visión compartida acerca del papel productivo que debería jugar en alguna propuesta de desarrollo local o regional.

En La Argentina no es posible plantear una “cuestión campesina” como uno de los ejes centrales del debate sobre las políticas agropecuarias, tal como puede ocurrir en países como Brasil o Méjico. Sin embargo, el peso relativo del sector, ligado a las principales ramas agroindustriales, resulta importante en los espacios regionales, tanto por el número de las explotaciones como por su influencia en la generación de empleo e ingresos orientados al desarrollo local.

Por consiguiente, es necesario articular y coordinar esfuerzos para construir una propuesta a la vez integral y diversificada de políticas destinadas al sector campesino como sujeto activo de desarrollo. Focalizar, pero en un sentido de discriminación positiva y protección de la diversidad y la identidad cultural en riesgo.

De no corregirse el rumbo en el corto plazo, bajo la responsabilidad indelegable de un Estado que sea interpelado por los movimientos sociales y tienda a recuperar su dinámica para influir en los procesos económicos, es probable que estemos asistiendo a una desintegración de lo campesino, en tanto sector productivo y en tanto sujeto de su propio destino.

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Citas

(1) Como tabaco, fibras, azúcar, lácteos, aceites, frutas y hortalizas, pesca, vinos, yerba mate, té. Así por ejemplo, para 1992-1993 las provincias del NOA producían el 65 % del tabaco nacional. En Tucumán la pequeña producción realizada en predios menores a 10 has representaba el 55,6 % del total de la superficie sembrada en la provincia, en Salta el 15,5 % y en Jujuy el 11,6 %, según el Censo Agropecuario de 1988.

(2) Así por ejemplo, para Santiago del Estero y según el Censo Nacional de Población de 1991 el 61,2 % del total de población con Necesidades Básicas Insatisfechas tenía su residencia en zonas rurales y comprendía unas 150.000 personas.(Tasso, 1997)

(3) Se estimó la LP en $ 3.840 anuales o $ 320 mensuales (la LI se estimó en $ 1.848 anuales a partir de un trabajo de investigación realizado en los Departamento Moreno y Figueroa, donde se obtuvo el nivel de gasto monetario mensual en alimentos de una familia campesina típica de seis integrantes (de Dios, R. 1993).

(4) Programas como el Fondo Participativo de Inversión Social FOPAR, el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Pronapas, Programa Trabajar, Proas, Prani, PROSOL, Programa Joven, Programa Imagen, Programa Social Agropecuario de la SAGPyA, Prohuerta y Minifundio del INTA, y diversos programas de alimentación y nutrición.

(5) Nos referimos a organizaciones como la Asociación de Pequeños Productores del Chaco APEPECH, la Unión de Pequeños Productores Chaqueños UNPEPROCH, la Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos, el Movimiento Agrario Misionero MAM, el Movimiento Agrario Formoseño MAF, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero MOCASE, y otras.

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de Dios Rubén. (2005, enero 27). Desarrollo sustentable para la producción agropecuaria en Argentina. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/desarrollo-sustentable-para-la-produccion-agropecuaria-en-argentina/
de Dios, Rubén. "Desarrollo sustentable para la producción agropecuaria en Argentina". GestioPolis. 27 enero 2005. Web. <https://www.gestiopolis.com/desarrollo-sustentable-para-la-produccion-agropecuaria-en-argentina/>.
de Dios, Rubén. "Desarrollo sustentable para la producción agropecuaria en Argentina". GestioPolis. enero 27, 2005. Consultado el 16 de Octubre de 2018. https://www.gestiopolis.com/desarrollo-sustentable-para-la-produccion-agropecuaria-en-argentina/.
de Dios, Rubén. Desarrollo sustentable para la producción agropecuaria en Argentina [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/desarrollo-sustentable-para-la-produccion-agropecuaria-en-argentina/> [Citado el 16 de Octubre de 2018].
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