El progreso de México ha estado ligado a la mística de su cultura tradicional milenaria, a la pujanza de su raza, la exuberancia de sus paisajes, la grandeza de sus metrópolis y, no menos importante en los últimos años, a los aciertos de sus líderes, que han visto en la biodiversidad y el cuidado de sus recursos naturales, una oportunidad de gestionar políticas que integren económica, social y ambientalmente el desarrollo sostenible del país.
Uno de sus más representativos líderes es el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, designado por el por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, para el periodo 2006-2012.
Mexicano de nacimiento, Juan Rafael Elvira Quesada, realizó estudios de Licenciatura en Ingeniería Agrícola, en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Maestría en Ciencias en Ingeniería Agrícola, en Silsoe College, Cranfield Institute of Technology, National College of Agricultural Engineering de Bedfordshire, Inglaterra.
En su larga carrera en la administración pública, se destacan los cargos desempeñados como Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); y el de Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otros.
Nadie mejor que él para ponernos al tanto de la realidad ambiental de su país, específicamente en lo que a gestión ambiental empresarial se refiere y al uso sostenible, o sustentable como lo citan los mexicanos, de los recursos naturales en uno de los países más representativos de la cultura y política latinoamericana, sede de la Cumbre de Cambio Climático, Conferencia de las Partes (COP) 16 en la ciudad de Cancún, donde se centrará la atención del mundo, máxime al finalizar el Año de la Diversidad Biológica, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Secretario Juan Rafael Elvira Quesada ¿Considera el desarrollo sostenible un modelo viable en Latinoamérica?
El desarrollo sostenible, o sustentable como le llamamos en México, es el único desarrollo posible para el presente y para el futuro de México, de Latinoamérica y de todo el planeta.
Muchos estudios y diagnósticos, como las evidencias científicas reportadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) o la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM), demuestran esto, porque el desarrollo sustentable no compromete las posibilidades de vida digna del ser humano y porque considera la protección de los recursos naturales en que se basa.
¿Cuáles cree que son las potencialidades ambientales de México en la región y cuál sería su impacto económico?
Nuestra riqueza natural puede y debe ser fuente de riqueza y bienestar para nuestros pueblos. Destaco en primer término nuestro potencial para la conservación y el secuestro de carbono. Este servicio ambiental puede comercializarse y los ecosistemas de Latinoamérica tienen un altísimo potencial a ser aprovechado.
Sabemos que para alcanzar nuestras metas de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero necesitamos tecnologías innovadoras y limpias. Por eso, apoyamos los esfuerzos para desarrollar los incentivos necesarios para su desarrollo y difusión.
En este sentido, México promueve la continuidad de las actividades del Grupo de Expertos sobre Transferencia de Tecnología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la exploración de vías para el aprovechamiento pleno de las opciones, así como el potencial tecnológico existente para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Estamos trabajando para que 26% de la electricidad provenga de fuentes renovables en el 2012 y hemos creado un fondo nacional de mil millones de pesos para apoyar esta transición. Actualmente, tenemos 25 proyectos eólicos, cuyo potencial de reducción anual de bióxido de carbono o su equivalente es de 4.28 MtCO2e (Metric tonne carbon dioxide equivalent). Si esta cantidad se vendiera en los mercados europeos de carbono, por ejemplo, se obtendría un beneficio de 69 millones de dólares. Algunos de estos proyectos ya han obtenido bonos de carbono en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Tal es el caso de La Venta II en el estado de Oaxaca, que a la fecha ha recibido reducciones certificadas de emisiones por 150.064 toneladas de bióxido de carbono o su equivalente.
Con esto nos colocamos a la vanguardia y seguiremos buscando esquemas de energía limpia. En Oaxaca estamos construyendo 2.500 MW. México se convertirá en el país de Latinoamérica más avanzado de energía renovable, eólica en especial, y uno de los 15 más importantes en todo el mundo.
Fortalezas
Sin duda, nuestra mayor fortaleza es la riqueza natural. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del grupo de naciones poseedoras de 70% de la diversidad mundial de especies. Esta gran diversidad biológica posibilita la diversificación de actividades productivas, y su protección, conservación y manejo sustentable es una prioridad para la Administración del Presidente Felipe Calderón.
La riqueza natural de México incluye, por ejemplo, más de 11 mil kilómetros de litorales de inigualable riqueza natural: desde el Mar de Cortés, considerado Acuario del Mundo, hasta el inicio del sistema arrecifal mesoamericano, segundo en importancia en el mundo. Nuestros mares y costas son la base para el desarrollo no sólo del sector pesquero, sino también del sector turístico, por ejemplo.
Incluye también ecosistemas forestales que cubren más de la tercera parte del país (33.72%) y su potencial es enorme, no sólo en términos productivos sino también para combatir el calentamiento global.
México ha destacado la importancia de las áreas protegidas, y hemos superado nuestro compromiso sexenal de decretar 3 millones de hectáreas adicionales. En lo que va de esta Administración, más de 3.5 millones de hectáreas de ecosistemas prioritarios del país y su biodiversidad están decretadas bajo este esquema de conservación. Hoy México cuenta con 174 Áreas Naturales Protegidas federales que cubren cerca de 25.4 millones de hectáreas, lo que equivale a 12.92% del territorio nacional.
Nuestro reto es fortalecer la protección de este patrimonio y expandir las redes regionales de áreas protegidas para desalentar la fragmentación de ecosistemas e incrementar la resiliencia de la biodiversidad ante los impactos del cambio climático.
En su concepto ¿qué se puede hacer para construir una Latinoamérica Sostenible?
Al igual que en el caso de nuestro país, la mayor fortaleza de Latinoamérica es su riqueza natural. De los 17 países megadiversos del mundo, seis son latinoamericanos: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.
Agreguemos a la lista de fortalezas nuestra posición geográfica, nuestra diversidad de paisajes, el estar rodeados de mares y, de manera muy destacada, la conjunción de nuestro patrimonio natural con el patrimonio cultural de los pueblos de Latinoamérica. Además, nuestra riqueza natural se traduce en patrimonio genético: Mesoamérica es centro de origen y distribución de muchas especies de plantas comestibles y es uno de los principales centros de domesticación en el mundo.
Sin embargo, nuestra riqueza natural, paradójicamente, convive con la pobreza extrema. La población más pobre de nuestros países es, a menudo, quien resguarda y protege nuestros recursos naturales más valiosos, incluyendo nuestros recursos genéticos y nuestro conocimiento tradicional.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica existían 182 millones de pobres en 2008; esto es, 33.2% de la población. Este porcentaje no es abstracto; significa, entre otras cosas, alrededor de 100 millones de niños menores de 15 años que viven en la pobreza.
Conocemos ejemplos en Latinoamérica, y en todo el mundo, de cómo los hábitos de producción y consumo basados en la destrucción del medio ambiente están ligados con el incremento de la pobreza y la marginación social.
La pérdida de bosques y selvas en los países de Latinoamérica, por ejemplo, está estrechamente relacionada con la pérdida de servicios ambientales locales, regionales y globales y con el resultante impacto negativo en la calidad de vida de sus habitantes. Los impactos ambientales impactan más la calidad de vida de los más pobres.
Por ello, hay que lograr una conciliación entre la apremiante necesidad de mantener y restaurar las funciones de nuestros ecosistemas y la práctica económica prevaleciente, si queremos disfrutar de los beneficios de la globalización y evitar, al mismo tiempo, la pérdida de los valiosos servicios ambientales que prestan nuestros ecosistemas.
Para lograr construir una Latinoamérica sustentable es preciso desechar la idea de que el desarrollo se tenga que dar a costa del deterioro de la naturaleza. El crecimiento económico y desarrollo social pueden y deben ser sustentables; pueden y deben darse sin comprometer el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El desarrollo sustentable es un asunto de seguridad y una condición para que garanticemos nuestro porvenir.
¿Cómo cree usted que debe ser la política ambiental latinoamericana?
La política ambiental en América Latina debe reconocer las condiciones cambiantes del entorno social, político y económico de la región: por ejemplo, la creciente democratización y apertura de las economías del subcontinente no pueden ignorarse; como tampoco la importancia de conciliar los intereses de los diferentes sectores de la sociedad en estrategias que permitan el trabajo conjunto y colaborativo hacia el desarrollo sustentable. Un aspecto fundamental es lograr la inclusión de la valoración del capital natural dentro de la economía.
Hoy más que nunca, es importante asegurar la armonía entre la política de conservación y protección ambiental y las estrategias de desarrollo, por lo que la primera debe distinguirse por su carácter de fomento a proyectos sustentables que permitan mejorar la calidad de vida y generar riqueza, pero al mismo tiempo proteger y conservar nuestros recursos naturales, y reconocer el valor de los servicios ambientales que nos prestan.
En el marco de los cambios globales como es el cambio climático, Latinoamérica tiene una gran oportunidad por el potencial y riqueza de sus recursos naturales, los cuales pueden impulsar el desarrollo de una economía verde mediante, por ejemplo, el aprovechamiento de energías renovables y la conservación y captura de carbono de la atmósfera a través del manejo forestal sustentable, las plantaciones forestales y la conservación de bosques y selvas.
El carácter de fomento debe tomar en cuenta que los beneficios esperados incluyan a los grupos de población más necesitados. Este es un principio del desarrollo sustentable que exige además equidad intra e intergeneracional.
En este sentido, es esencial desarrollar y fortalecer la infraestructura ambiental de la región mediante el análisis de las necesidades actuales y futuras, la promoción de inversiones y la creación de empleos verdes. Entre las principales áreas podrían considerarse el suministro, tratamiento de aguas y provisión de servicios de drenaje y alcantarillado; la recolección, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos; la remediación de sitios contaminados; el reciclaje de residuos industriales y sólidos municipales; la recuperación de energía a partir de residuos y lodos de aguas residuales tratadas; la medición ambiental (redes de monitoreo y laboratorios) y la infraestructura asociada a las actividades ecoturísticas.
Lograr que la protección y la conservación ambiental se perciban como una oportunidad de desarrollo implica un gran reto, ya que suelen percibirse como un obstáculo e, incluso, una amenaza para el crecimiento económico. Para ello será importante integrar exitosamente los conceptos de productividad y competitividad en las actividades de conservación y protección.
¿Cómo la cumbre de Cancún puede integrar a los países latinoamericanos? ¿Cuáles serán los temas relevantes?
Las negociaciones internacionales sobre cambio climático han resultado complicadas, sobre todo desde la COP15 de Copenhague. Combinar metas de mitigación con patrones de desarrollo basados en el consumo y producción de hidrocarburos, como es el caso de la región de América Latina y el Caribe, resulta complejo.
La región se caracteriza por una acentuada vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático y enfrenta serios problemas sociales relacionados con la desigualdad y la pobreza, que se agudizan por las amenazas a la seguridad alimentaria y energética.
Esto hace comprensible lo complicado del proceso de negociación y explica la divergencia de posiciones políticas entre los países latinoamericanos. Aún en este contexto, América Latina y el Caribe, como región, ha jugado un importante papel en las negociaciones internacionales y, por ello, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático constituye un foro idóneo para fomentar la integración de Latinoamérica y generar soluciones que traigan beneficios regionales concretos, para enfrentar el cambio climático y sus efectos adversos.
Algunos elementos claves para integrar nuestra posición regional son nuestro interés común por impulsar la implementación funcional del financiamiento de arranque rápido y la creación de un mecanismo de transferencia de tecnología; la oposición generalizada al establecimiento de compromisos formales de reducción para los países en desarrollo; la generación de experiencias para la consolidación del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques; el apoyo a la construcción de capacidades e intercambio de experiencias; y la participación activa de los países insulares y otros países de la región, para realzar el papel de la adaptación en el objetivo marco de la Convención y en la negación para incrementar el financiamiento disponible para actividades de adaptación.
Dos de las Conferencias de las Partes (4ta. y 10ma.) han tenido lugar en la Región, específicamente en Buenos Aires, Argentina. Cancún sería la tercera de la región y por ello debe de contar con la participación activa de todos los países por el interés común de la región.
El papel activo de la región en el proceso de negociación ha continuado además en la implementación de sus mecanismos y cumplimiento de metas voluntarias. Más de 21% de los proyectos inscritos en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio se desarrollan en Latinoamérica. Casi todos los países de la región han entregado sus informes iniciales a la Secretaría de la Convención, que incluyen inventarios nacionales de emisiones de gases efecto invernadero. Uruguay ha presentado ya su segunda Comunicación Nacional y otros muchos países trabajan en el desarrollo de éstas. México ha entregado cuatro Comunicaciones Nacionales.
El compromiso y participación real de Latinoamérica a lo largo de todo el proceso de negociación, le ha propiciado una importante capacidad técnica e institucional para enfrentar los retos del cambio climático, si bien aún resta mucho por hacer en el desarrollo de las capacidades apropiadas.
¿Cómo percibe las conversaciones sobre cambio climático y cree que se llegará a un acuerdo en la Cumbre de Cancún?
Para México ha sido prioritario elevar las conversaciones sobre el calentamiento global al nivel más alto de la política. Hemos estado trabajando en involucrar a todos los actores, tanto de países desarrollados como en desarrollo. Los gobiernos del mundo deben aceptar que este fenómeno nos compete a todos porque todos habitamos en la misma casa.
Desde del 15 de enero de este año, México ha participado en diversas reuniones multilaterales y encuentros bilaterales y con organismos internacionales. También ha realizado foros de participación de diversos sectores así como consultas de negociación informales.
En todos los casos hemos encontrado ánimo y disposición para lograr un acuerdo ambicioso en Cancún, pero con perspectivas realistas. Evidentemente existen diversidad de intereses y algunas posturas discordantes. Queremos que las naciones se pongan de acuerdo y que esto se haga en forma transparente. Por ello, en todo este año hemos insistido en la necesidad de que el proceso hacia Cancún sea constructivo, incluyente, efectivo y representativo.
Estamos trabajando arduamente en definir los asuntos de fondo sin quedarnos en las formas, para así generar una atmósfera que promueva avances significativos en temas específicos. Consideramos que es muy probable que la COP16 resulte en la adopción de un conjunto de decisiones que permitan avanzar en temas prioritarios como el financiamiento, el esquema REDD, la tecnología, la adaptación y la visión de largo plazo.
La magnitud, el alcance y el grado de vinculación de estas decisiones implican un consenso mundial. Desconocemos, por lo tanto, si la adopción de un mandato ocurrirá en Cancún, pero estamos trabajando con ahínco para que, por el bien de todos, así sea.
¿Qué se está haciendo a nivel de cooperación para el desarrollo con los países vecinos del sur?
Respecto a nuestros países vecinos del sur, hemos establecido acciones de cooperación para mejorar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales en la región fronteriza México-Guatemala, una de las más ricas en biodiversidad en el mundo. Todas las dependencias del Gobierno del Presidente Felipe Calderón trabajan en el Programa Integral para la Frontera Sur, iniciativa que promueve el desarrollo, bienestar y seguridad en la región.
Desde 2007, impulsamos la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), que es un esquema de cooperación para promover el desarrollo sustentable que agrupa las prioridades y líneas de acción, determinadas de común acuerdo, en tres áreas estratégicas: biodiversidad y bosques, cambio climático, y competitividad sustentable.
Esta estrategia resultó del consenso de las autoridades ambientales de todos los países de Centroamérica, República Dominicana y Colombia; y se formuló con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Proyecto Mesoamérica. Ha sido avalada y respaldada por los jefes de estado participantes en las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
Este año establecimos el Consejo de Ministros de Ambiente EMSA como el foro de debate político sobre medio ambiente al más alto nivel de la región. También se formalizó la creación de la Secretaría Técnica de la EMSA, constituida por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
¿En qué se basa la política ambiental mexicana, y cuáles son sus principales metas?
El México que queremos es un México con mayor igualdad, productivo, eficiente, competitivo y respetuoso de su capital natural. Nuestro esfuerzo se enfoca en que el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales coadyuve a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por lo que trabajamos para que se reconozca el valor económico y social de ese capital, considerando no sólo los bienes sino también los servicios ambientales que proveen los ecosistemas como base del desarrollo económico y el bienestar social.
A partir de estas premisas generales, el manejo sustentable del agua y de nuestros ecosistemas se encuentra entre nuestras prioridades fundamentales.
El Presidente Calderón presentó la Agenda del Agua 2030, cuyo objetivo es implementar políticas públicas de mediano y largo plazo que nos permitan heredar a las futuras generaciones cuencas en equilibrio hídrico y libres de contaminación, así como una reserva estratégica de agua para su abasto seguro a los usuarios urbanos, agrícolas e industriales.
El manejo de cuencas representa un concepto fundamental para garantizar el abasto de agua. Por ello, además de trabajar en acciones para captarla, conducirla, potabilizarla, usarla de manera eficiente y tratarla antes de descargarla, estamos trabajando en la reforestación de las zonas de infiltración para incrementar la recarga de los acuíferos; en el ordenamiento del territorio para reducir la vulnerabilidad de la población y el deterioro de las zonas de captación; y en el manejo adecuado de los residuos para evitar que contaminen los cuerpos de agua.
En México, como en muchos otros países de América Latina, la destrucción de nuestros ecosistemas está íntimamente ligada a la falta de oportunidades de desarrollo para quienes habitan donde, paradójicamente, los recursos naturales son más abundantes y diversos.
Aunque para nosotros la protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado, el fomento al desarrollo de actividades productivas alternativas es indispensable para su conservación, porque no se puede asegurar su permanencia ni su aprovechamiento sustentable sólo con acciones de inspección y vigilancia.
Por ello, además de incrementar la superficie decretada como Áreas Naturales Protegidas, promovemos la diversificación de actividades productivas en el sector rural, basadas en el binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales, a través de los programas forestales, el apoyo a proyectos productivos comunitarios en áreas protegidas y las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), esquema bajo el cual hoy se maneja sustentablemente el hábitat de 34 millones de hectáreas, que equivalen a 17.3% del país.
Después de muchos años de subvaloración de los recursos forestales y los servicios ambientales que prestan, lo que originó no sólo su pérdida sino también de oportunidades productivas y el deterioro en la calidad de vida de los dueños y poseedores de bosques y selvas, trabajamos, a través del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en promover el desarrollo económico en las zonas forestales del país a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector.
Tenemos la meta de reforestar 3 millones de hectáreas durante la presente administración. A la fecha se han reforestado algo más de un millón 50 mil hectáreas, de las cuales 965.030 han sido con fines de restauración y conservación y 86.673 con fines comerciales. Estos avances se reflejan en la reducción de la tasa de deforestación reportada para el periodo 2005-2010, que fue de 155 mil hectáreas, 66% menos que el quinquenio anterior.
Quiero destacar el importante avance que hemos logrado en la incorporación de ecosistemas forestales al Pago por Servicios Ambientales, que aplica en las categorías de servicios ambientales hidrológicos, captura de carbono, protección a la biodiversidad y sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. En esta administración, cerca de 1.7 millones de hectáreas, equivalentes a la mitad de la superficie de Bélgica, se conservan mediante este esquema en el que hemos invertido poco más de 3.3 mil millones de pesos. Hoy México es reconocido por el Banco Mundial como líder entre los países en desarrollo en este tema.
Todas estas acciones se suman a los esfuerzos nacionales para hacer frente al cambio climático, plasmados en la Estrategia Nacional de Acción Climática, con base en la cual se elaboró el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).
Sabemos que el sector forestal del país tiene el potencial de compensar las emisiones de CO2 generadas por otros sectores y hasta por otros países. Las metas trazadas al 2012 incluyen la incorporación de más de 8 millones y medio de hectáreas al manejo forestal sustentable, a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, a las Áreas Naturales Protegidas, al Pago por Servicios Ambientales y a los programas de restauración de suelos forestales. Con estas acciones se dejarán de emitir 25.7 MtCO2e al 2012, a un ritmo promedio de alrededor de 8.67 MtCO2e al año.
Además, estamos trabajando en la estrategia nacional para la implementación del mecanismo de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal en países en desarrollo, conocida como REDD. Esta estrategia incluye frenar el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques y selvas con un esquema REDD que nos permita mitigar 2.99 MtCO2e al 2012, y establecer programas piloto del esquema REDD en 40% de las Áreas Naturales Protegidas del país.
La educación ambiental, la creación de capacidades locales y la creación de una nueva cultura ambiental con el apoyo de medios de comunicación, son elementos indispensables para establecer esquemas productivos sustentables y para enfrentar el enorme reto de conservar y proteger la base misma de nuestro desarrollo nacional, regional y global.
La valoración económica y social del capital natural del país, y en particular la de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas, ¿ha contribuido a la conservación de dicha riqueza?
En México promovemos el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales y su conservación trabajando con la sociedad y en beneficio de las comunidades locales y de todos los mexicanos y, por qué no, de todos los habitantes del planeta.
No se puede asegurar la permanencia de nuestros recursos naturales sólo con acciones de inspección y vigilancia. El fomento al desarrollo de actividades productivas alternativas es indispensable para promover su conservación.
A pesar de que la valoración económica del patrimonio natural está iniciando en México y en el mundo, su aprovechamiento sustentable está dando frutos en todo el país y, cada vez más comunidades locales descubren el potencial económico de los recursos naturales que resguardan.
Se ha alcanzado un importante avance que hemos logrado en la incorporación de ecosistemas forestales al Pago por Servicios Ambientales. Actualmente, a través de este programa, los dueños y poseedores de 2.3 millones de hectáreas de bosques y selvas de México las conservan en su estado natural y, al mismo tiempo, evitan la liberación a la atmósfera de entre 1,200 y 2,400 millones de toneladas de bióxido de carbono o su equivalente. Esta superficie es mayor a la del territorio de El Salvador o del de Belice.
Otro ejemplo es el manejo pesquero de las organizaciones sociales en la Laguna Ojo de Liebre, en Baja California Sur. El trabajo responsable de estas comunidades pesqueras y su compromiso con la conservación de los recursos naturales han permitido la recuperación de las poblaciones de la almeja mano de león, un molusco que se distribuye desde México hasta Perú, pero las poblaciones que pueden aprovecharse comercialmente sólo se encuentran en la Laguna Ojo de Liebre. Cuando inició esta pesquería hace 17 años producía 5 toneladas anuales. Su manejo sustentable ha incrementado la producción a alrededor de 300 toneladas anuales.
Un ejemplo más es el caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde la pérdida de bosque en las zonas núcleo está disminuyendo año con año gracias a la constante vigilancia por parte de las autoridades y de las propias comunidades locales, pero también gracias a la oferta y al apoyo de actividades productivas alternativas y sustentables.
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca incluye 56,259 hectáreas en el límite del Estado de México y Michoacán y protege los bosques de hibernación de la mariposa Monarca que migra cada año desde Canadá y los Estados Unidos a México.
Los bosques de la Reserva, además de albergar más de 132 especies de aves, 56 de mamíferos, 423 de plantas vasculares y especies endémicas como el ajolote y la salamandra, generan agua para centenares de miles de personas que viven en la región y también para abastecer a la Ciudad de México y Toluca, en el Estado de México.
En los 8 últimos años la tala clandestina destruyó un promedio de 203 hectáreas anuales de bosque en la zona núcleo de la Reserva. Sin embargo, los resultados preliminares para el periodo 2009-2010 muestran que la pérdida de bosque por tala clandestina asciende a 1.56 hectáreas de la zona núcleo. Esto representa una disminución de 97.09% de la degradación forestal por tala clandestina en el bienio 2009-2010, con respecto a las 53.71 hectáreas que se perdieron en 2008-2009. Además, no hubo pérdida forestal en la comunidad indígena Crescencio Morales, Michoacán, en donde se había dado la mayor deforestación en los últimos años.
En la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, como en otras Áreas Naturales Protegidas del país, impulsamos la conjunción de la vocación turística con el cuidado de sus recursos naturales, mediante el fomento al turismo de naturaleza, en particular y al turismo sustentable, en general.
La visitación turística a las áreas naturales protegidas del país ha mostrado una tendencia creciente y reciben alrededor de 5.5 millones de visitantes anuales. La derrama económica por la prestación directa de servicios turísticos de naturaleza en las áreas protegidas está calculada en alrededor de 3 mil millones de pesos anuales.
Ante esta realidad, pusimos en marcha el Programa de Turismo en Áreas Naturales Protegidas cuyo objetivo es lograr que la actividad turística contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las áreas protegidas, las regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia, siendo una alternativa económica para el beneficio de las comunidades y usuarios locales.
Trabajamos en la consolidación de circuitos de turismo de naturaleza a través de la certificación de empresas que los conforman. La Red de Ecoturismo de Los Tuxtlas, en Veracruz, y la Red Senda Sur, en Chiapas están ya certificadas y otros 17 circuitos están en proceso de certificación de acuerdo a la Norma Mexicana NMX 133 sobre sustentabilidad del ecoturismo que cubre aspectos de manejo adecuado del agua, la energía y los residuos; la consideración del componente social y la protección de la biodiversidad, entre otros.
Trabajamos también para impulsar el turismo sustentable más allá de las áreas protegidas, con el fin de que la actividad turística sea económicamente viable a largo plazo; respete la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y haga un uso óptimo a los recursos naturales.
Hoy, distintos programas del sector incluyen lineamientos de fomento ambiental para la asignación de recursos para proyectos turísticos, por ejemplo el ProÁrbol, el Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable y el Programa de Empleo Temporal.
Y este esfuerzo lo replicamos con otras dependencias de la Administración Pública Federal -por ejemplo, los lineamientos de turismo sustentable fueron incluidos en el Programa de Turismo de Naturaleza de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -y con la iniciativa privada, con quien hemos trabajado desde la base, desde la planeación de los proyectos turísticos.
Un ejemplo de esto último es el desarrollo conjunto de criterios de sustentabilidad para la prestación de servicios turísticos, incluyendo la construcción y operación de marinas turísticas y campos de golf. O el trabajo que realizamos con instituciones financieras. Destaca el caso de HSBC, que aplica directrices de turismo sustentable para financiamiento de proyectos turísticos.
¿Cree usted que con las inversiones financieras que proyecta el gobierno de los Estados Unidos, y específicamente la British Petroleum (BP), se saldarán los daños ambientales actuales y por venir con el impacto ambiental causado por el derrame de crudo en el golfo de Méjico?
El Gobierno Federal ha estado atento al derrame de petróleo en el Golfo de México. Las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina-Armada de México, así como Petróleos Mexicanos, dependencias en primera instancia responsables de atender una contingencia de esta naturaleza, estamos en permanente comunicación y coordinación.
El 14 de mayo pasado, en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), convocamos a expertos de importantes instituciones académicas del país y de distintas dependencias federales para analizar el derrame desde un enfoque interdisciplinario y definir, desde una perspectiva técnica y científica, las posibles afectaciones que este derrame de hidrocarburos puede provocar en las aguas y costas mexicanas.
Con base en esto, se creó en la Secretaría una comisión especial que diseñó la estrategia y plan de trabajo que sigue el sector ambiental para monitorear, prevenir y atender los daños que el petróleo proveniente del derrame pueda generar en costas mexicanas.
El Plan se articula al Plan Nacional de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar, liderado por la Secretaría de Marina-Armada de México, y se plantea en tres líneas de acción. La primera incluye dos procesos en paralelo. El seguimiento de la trayectoria de la mancha superficial de crudo a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; y una evaluación de la presencia de hidrocarburos y metales en el Golfo de México, que llevará a cabo el Instituto Nacional de Ecología con el objeto de tener parámetros de comparación ante la eventualidad de que el derrame alcance aguas mexicanas.
La segunda línea de acción, se refiere a la capacitación tanto para personal de la Semarnat como de diferentes comunidades costeras del Golfo de México y organizaciones no gubernamentales que han manifestado interés de sumarse al esfuerzo del gobierno federal para atender esta contingencia.
La tercera línea de acción, contempla diferentes actividades de prevención, mismas que se llevarán a cabo en colaboración con la Secretaría de Marina-Armada de México y Petróleos Mexicanos.
En el portal de la Semarnat está a disposición del público en general la información sobre la contingencia en el Golfo de México y las acciones que está llevando a cabo el Gobierno Federal para atenderla desde el ámbito de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿En qué mercados y/o sectores se proyecta México como una potencia económica verde?
Nuestra riqueza natural puede y debe ser fuente de riqueza y bienestar para nuestros pueblos. Destaco en primer término nuestro potencial para la conservación y el secuestro de carbono. Este servicio ambiental puede comercializarse y los ecosistemas de Latinoamérica tienen un altísimo potencial a ser aprovechado.
Sabemos que para alcanzar nuestras metas de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero necesitamos tecnologías innovadoras y limpias. Por eso, apoyamos los esfuerzos para desarrollar los incentivos necesarios para su desarrollo y difusión.
En este sentido, México promueve la continuidad de las actividades del Grupo de Expertos sobre Transferencia de Tecnología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la exploración de vías para el aprovechamiento pleno de las opciones, así como el potencial tecnológico existente para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En México estamos trabajando para que el 26% de la electricidad provenga de fuentes renovables en el 2012 y hemos creado un fondo nacional de mil millones de pesos para apoyar esta transición. Actualmente tenemos 25 proyectos eólicos, cuyo potencial de reducción anual de bióxido de carbono o su equivalente es de 4.28 MtCO2e. Si esta cantidad se vendiera en los mercados europeos de carbono, por ejemplo, se obtendría un beneficio de 69 millones de dólares. Algunos de estos proyectos ya han obtenido bonos de carbono en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Tal es el caso de La Venta II en el estado de Oaxaca, que a la fecha ha recibido reducciones certificadas de emisiones por 150,064 toneladas de bióxido de carbono o su equivalente.
Con esto nos colocamos a la vanguardia y seguiremos buscando esquemas de energía limpia. En Oaxaca estamos construyendo dos mil 500 MW. México se convertirá en el país de Latinoamérica más avanzado de energía renovable, eólica en especial, y uno de los 15 más importantes en todo el mundo.
Como región, contamos también con un vasto potencial hidroeléctrico. En México, este potencial total nacional se estima en 53,000 MW, del cual se tienen identificados 541 sitios con un potencial de 19,600 MW. Actualmente aprovechamos para generación de electricidad 9,121 MW en 77 centrales con una generación anual de poco más de 20,000 GWh.
Responsabilidad Ambiental Empresarial
¿Qué incidencia tiene la industria sobre la contaminación en México?
La industria en México, como en todo el mundo, permite la transformación de materias primas en productos que satisfacen las necesidades de la sociedad. Con una planta industrial significativa, el desempeño ambiental de la misma es un tema esencial que ocupa al Gobierno Federal desde hace ya muchos años.
Es importante desatacar que suele identificarse a las empresas industriales como los principales contaminadores. Sin embargo y sólo por mencionar algunas otras fuentes muy importantes de contaminación, el deterioro de la calidad del aire en las zonas urbanas se debe principalmente a la circulación de vehículos automotores, mientras que en buena medida la contaminación de muchos cuerpos de agua ocurre como resultado de descargas de aguas residuales municipales, o como consecuencia del arrastre de fertilizantes y plaguicidas en las actividades agrícolas.
¿Cómo ha venido evolucionando la gestión ambiental de la industria mexicana?
La relación entre el sector ambiental y el industrial es de gran relevancia. La industria tiene que ver con algunos problemas ambientales y la gestión pública con ella es fundamental; en especial tratándose de un sector que controla en mayor o menor medida el impacto ambiental de sus actividades.
Es precisamente la industria el primer sector económico que se involucró en el tema ambiental. Esta condición le ha valido contar con una amplia experiencia en este tema, no sólo en lo que se refiere al conocimiento del mismo y la profesionalización de sus cuadros técnicos, sino también en lo que respecta a sus formas de organización interna y colectiva. No es una casualidad que uno pueda encontrar direcciones, gerencias o departamentos ambientales en las empresas medianas y grandes, y también en muchas pequeñas, como tampoco lo es que éstas existan en las cámaras y asociaciones industriales.
Por otro lado, es importante destacar además que la industria mantiene una conciencia clara y permanente de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras y suele estar enterada, oportunamente, de los avances tecnológicos y administrativos que ocurren en el campo ambiental.
La madurez relativa del sector industrial ha ofrecido la oportunidad para pasar de la mera vigilancia del cumplimiento ambiental al fomento y operación de programas voluntarios de apoyo para un mejor desempeño ambiental. En particular, el fomento de estos programas en pequeñas y medianas industrias reduce la dificultad y los altos costos de su vigilancia.
¿Cuáles son los sectores industriales más contaminantes y qué estrategias se tiene desde lo público para propiciar cambios?
Por Ley, la industria de mayor tamaño, con mayores impactos ambientales y de mayor riesgo es de competencia federal, y en este ámbito se ha desarrollado una variedad de instrumentos que nos ayudan a favorecer un buen desempeño ambiental.
Por ejemplo, contamos con una Licencia Ambiental Única que nos permite, junto con la Cedula de Operación Anual, conocer con bastante detalle el desempeño de las empresas sujetas a jurisdicción federal, y estar en condiciones de compararlo cada año.
Asimismo, alimentamos un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el cual es una base de datos nacional integrada por la información que reportan las empresas sobre las sustancias contaminantes que emiten al ambiente. El RETC funciona como un instrumento social de seguimiento al desempeño de la industria.
Desde hace 16 años ofrecemos un sistema de certificación ambiental denominado «Industria Limpia», que no sólo considera el cumplimiento de la legislación ambiental, sino el desempeño más allá de la normatividad vigente. Este programa ha obtenido un reconocimiento y notoriedad significativos, por lo que se le considera un referente dentro de los programas voluntarios de la propia industria.
Recientemente, ofrecemos además un programa de capacitación y asistencia técnica para el mejor desempeño ambiental de la industria denominado «Liderazgo Ambiental para la Competitividad». En él, el sector público y privado trabajan en equipo para beneficiar las finanzas de las empresas, al tiempo que éstas desarrollan estrategias para mejorar la eficiencia de sus cadenas productivas con un consumo más reducido de agua, energía y materias primas.
En esta iniciativa del Gobierno Federal han participado 632 empresas que, en conjunto, han estimado ahorros por más de 900 millones de pesos anuales. Pero lo más importante es que han reducido el consumo de agua en 2.2 millones de metros cúbicos anuales, suficiente para abastecer de agua a 4.365 familias de manera permanente. Los ahorros de energía se estiman en 199.6 millones de kwh/año, suficiente para abastecer de electricidad a 68.791 hogares, con lo que además se evita la emisión anual de 210.586 toneladas de dióxido de carbono o su equivalente, es decir, la misma cantidad que emiten casi 41 mil automóviles compactos.
Con estos y otros instrumentos voluntarios y de fomento, complementamos el esquema tradicional de comando y control, lo que nos permite alimentar la percepción de que proteger al ambiente es un buen negocio, y así propiciar cambios significativos dentro del sector industrial.
En términos absolutos, ¿son más contaminantes las Mipymes o las grandes empresas?
Es importante identificar a qué tipo de organización nos referimos cuando en México hablamos de Mipymes o de grandes empresas. A diferencia de otros países de Latinoamérica, en México se definen no sólo por el número de empleados sino también por el sector de actividad. Por ejemplo, mientras una microempresa en México tiene hasta 10 empleados en los sectores: industrial, comercio o de servicios, una empresa mediana del sector manufacturero tiene hasta 250, pero sólo hasta 100 en el sector de servicios.
Del total de empresas existentes en México, 95.5% son micro empresas, 3.3% pequeñas empresas, 0.8% medianas y tan sólo 0.4% son grandes empresas. De este total de empresas, 54% corresponden al sector comercio, 35% al sector servicios y 11% al sector industrial.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que el grado de contaminación de una empresa no sólo es función de la cantidad de contaminante que emite, sino también del tipo de contaminante, del medio al que se emite y de las condiciones físicas de la emisión.
Ahora bien, el instrumento que nos brinda la respuesta a esta pregunta es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Hoy en día este registro está conformado únicamente por una muestra de empresas de jurisdicción federal (39% son empresas grandes y 61% Mipymes), y es respecto a estas empresas que haré referencia.
A la fecha, los datos de esta muestra reportados al RETC indican que las Mipymes emiten cantidades similares de contaminantes que las empresas de gran tamaño hablando en términos de masa, ya que las grandes empresas emitieron en el 2006, 124 millones de toneladas de contaminantes y las Mipymes 125 millones de toneladas. Sin embargo, hablando del tipo de contaminantes, las empresas grandes generan aproximadamente 90% de las emisiones de sustancias más tóxicas.
Estamos trabajando con los gobiernos locales para que éstos integren los datos de las empresas de jurisdicción local y con ello consolidar al RETC como un instrumento de referencia para el conocimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos en México.
¿Existen en México beneficios tributarios en lo ambiental?
Respecto a instrumentos fiscales, existen dos programas que favorecen el uso de tecnologías limpias. Uno es la depreciación acelerada para equipos de prevención y control de la contaminación, esquema bajo el cual los empresarios que adquieren equipo anticontaminante, pueden depreciar su inversión el 100% del valor de compra del activo. Otro es el arancel cero para equipos anticontaminantes, el cual exenta del pago de impuestos la importación de equipo anticontaminante, siempre y cuando no se fabrique, ni se pueda fabricar de manera competitiva en México.
¿Qué estadísticas maneja la Secretaría sobre el cumplimiento de los empresarios con las normas ambientales?
La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) vigila el cumplimiento de la legislación ambiental de jurisdicción federal y maneja una estadística en inspección industrial, recursos naturales, auditoría ambiental y jurídica.
En esta administración se han identificado 10.630 empresas con irregularidades en materia ambiental, lo que representa cerca de 23% de las empresas de jurisdicción federal registradas. De éstas, han sido meritorias de sanción 6.683 empresas, a las que les ha impuesto multas por un monto de casi 540 millones de pesos. En este sentido, es importante señalar que la Profepa, de conformidad a sus atribuciones, impone sanciones a las empresas que incurren en incumplimiento de la normatividad ambiental, no así a los representantes legales de éstas.
La pertinencia de involucrar el derecho penal en la protección del ambiente, ¿ha disminuido la infracción ambiental?
Si, es indiscutible la importancia que ha tenido el derecho penal en la protección ambiental en nuestro país. La protección penal del ambiente y de los recursos naturales, se hace indispensable considerando que las personas están acabando con el entorno natural de una forma crecientemente acelerada.
En nuestro país existe una diversidad de leyes y disposiciones normativas de carácter administrativo que en ocasiones, no han sido suficientes para detener la depredación de los ecosistemas; y el derecho penal actúa como una defensa más en la protección ambiental.
Las redes de delincuencia organizada ambientales violan constantemente las normas ambientales, y la inobservancia de esas normas ambientales se materializan en delitos, por lo que es necesario además de aplicar la normatividad ambiental, tratar de conocer las causas de la delincuencia en esta materia y diseñar estrategias adecuadas para combatirla.
Es conveniente continuar trabajando en la creación de una política criminal ambiental integral, que considere la complejidad del problema ambiental en nuestro país, y que incluya: una constante actualización de la legislación ambiental, así como mecanismos que garanticen su aplicación efectiva.
En México han aumentado crecientemente las denuncias penales en materia ambiental, así como sus respectivos procedimientos. El 85% de las denuncias se presentan por delitos ambientales, principalmente en materia de vida silvestre y forestal, y el 15% en materia de gestión ambiental.
¿Qué se está haciendo desde la Secretaría para la producción y consumo responsable?
Estamos elaborando la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable para establecer las políticas e iniciativas requeridas para motivar cambios en los patrones que se han tenido durante años, enfocándonos en atender las áreas prioritarias.
La Estrategia está ligada al Programa Especial de Cambio Climático para apoyar metas específicas de éste. Asimismo, incluirá los componentes de crecimiento económico, disminución de la pobreza y generación de empleos propuestos en la iniciativa de Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Por otro lado, la Secretaría está analizando el ciclo de vida de diversos productos consumidos en gran volumen por la Administración Pública Federal con el fin de identificar su huella de carbono y de agua, y así establecer criterios de compras públicas.
Ya en 2007, el Presidente Felipe Calderón emitió un decreto que reforma la ley de adquisiciones con el fin de que sean incluidos los criterios de sustentabilidad en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno Federal. Además, desde marzo 2008, las dependencias de la Administración Pública Federal adquieren papel que contenga material reciclado, fibras naturales no derivadas de la madera o materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejen sustentablemente, esto tras un decreto que emitimos conjuntamente con las secretarías de Economía y Función Pública.
En complemento, la Secretaría está trabajando en la elaboración de lineamientos para la producción y consumo sustentable de productos de limpieza, vehículos utilitarios, equipos de cómputo e impresión, consumibles y luminarias.
¿Cómo está funcionando el reciclaje en México?
Aunque depende mucho de la región y de los ingresos familiares, del 100% de la basura que generamos, se estima que 81% puede reciclarse. Los residuos orgánicos que pueden convertirse en composta constituyen 53%, mientras que el 28% restante son materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, de estos últimos sólo estamos recuperando 10%. Esto se debe, por ejemplo, a que la selección varía según el residuo que se desea recuperar; o la recuperación clandestina de residuos en la recolección y en los sitios de disposición final, por citar las más importantes.
En 2008, por ejemplo, se reciclaron tres millones de toneladas de fibras secundarias de papel y cartón de origen nacional que, una vez procesadas representaron 22% de la producción nacional total de cartón y papel. Esta recuperación y reciclaje evita la ocupación de 2.3 m3 por tonelada de desperdicio en los rellenos sanitarios. Además, evita la generación de CO2 y metano.
En nuestro país se recicla entre 10% y 13% del total de vidrio desechado. Para incrementar la tasa de acopio, estamos elaborando con Vitro, compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo, un plan de manejo nacional para incrementar su acopio y reciclaje en los próximos 3 años y pasar de 77.500 toneladas en 2010 a 102.000 en 2012.
En 2006, el Instituto Nacional de Ecología estimó una generación de 257.021 toneladas anuales de residuos electrónicos. Hoy trabajamos para fomentar la reducción de su disposición con las empresas Hewlett Packard, Planet Partners, Dell, Motorola y Movistar. Específicamente con Dell, estamos desarrollando un plan de manejo nacional para estos residuos.
Según datos de 2009, en México existe un pasivo ambiental de 750 mil automóviles chatarra, 27 centros de recepción autorizados, un número indeterminado de centros de desmantelamiento, 5.888 comercios de autopartes usadas, acumuladores, catalizadores, vidrio, metales no ferrosos, llantas, entre otros. Estamos trabajamos con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en el desarrollo de un plan de manejo nacional para vehículos al final de su vida útil.
Quisiera mencionar también algunas estrategias exitosas a nivel local. Por ejemplo, Jalisco cuenta con una estrategia estatal de separación de residuos que promueve la participación social e integra a los acopiadores y recicladores en un modelo de reducción, reutilización y reciclaje. Los municipios como Aguascalientes, Querétaro, Juárez, León, Mérida, Naucalpan, Puebla y Tlalnepantla, así como la Zona Metropolitana de Monterrey, impulsan el reciclaje separando los residuos en estaciones de transferencia o las plantas de composta, alargando la vida útil de sus rellenos sanitarios.
En la ciudad de Aguascalientes, el modelo de recolección por contenedores facilita e incentiva la participación de la sociedad en la separación de los residuos potencialmente reciclables. Asimismo, la recolección diferenciada por contenedores en fraccionamientos cerrados en los municipios de Morelia, Zapopan y Garza García reduce los viajes de camiones y facilita la recolección.
El sistema tarifario de la ciudad de Mérida integra la participación de empresas privadas y sociales y reduce costos de operación; mientras que el intercambio de residuos-materias primas en la ciudad de Nuevo Laredo facilita la valoración y comercialización de materiales.
Y si bien la gestión de los residuos sólidos es competencia municipal, para el Gobierno Federal es prioritario que su manejo garantice el mínimo impacto ambiental y a la salud. Programamos invertir más de 554 millones de pesos en 28 estados de la República para desarrollar 118 proyectos para la construcción y operación de centros intermunicipales para el manejo integral de los residuos, la construcción de rellenos sanitarios, obras de mantenimiento de infraestructura para la disposición final y adquisición de vehículos para recolección.
¿Cómo percibe el trabajo del sector que presta consultoría y servicios ambientales a la industria en México?
Este es un sector que ha venido creciendo y desarrollándose conforme la gestión ambiental se consolida como uno de los aspectos que el sector industrial incluye dentro de sus principales decisiones. Existen ya en México empresas de consultoría y servicios ambientales de alto nivel, en una amplia variedad de temas ambientales, entre otros: para el manejo adecuado de residuos; para mejorar la eficiencia energética de los procesos de producción; para aprovechar energías alternas y renovables como el biogás; para instrumentar estrategias tecnológicas y administrativas para aumentar el valor agregado en cadenas de suministro; para medir y monitorear flujos de materiales y energía; y una gama muy amplia de otras especialidades.
Este es un campo de grandes oportunidades conforme el mercado por servicios ambientales crece en nuestro país. Mi recomendación va en el sentido de aprovechar estas oportunidades en los nichos de mercado que se están abriendo y competir con el mejor desempeño posible.
¿Qué se está haciendo para promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector empresarial?
Se trabaja, a través del Instituto Nacional de Ecología que es uno de los brazos de investigación del sector público ambiental, en una variedad de proyectos asociados con las empresas, particularmente en temas de interés mutuo como en:
- El análisis de ciclo de vida para bolsas de plástico para alimentar la definición de políticas para la prevención y manejo de residuos sólidos.
- El análisis sobre el financiamiento a proyectos de infraestructura, inversión y préstamos en general, por parte de bancos y otras instituciones financieras, para cumplir con criterios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
- En varios temas de eficiencia energética, en particular en el transporte privado de pasajeros. Por ejemplo, en septiembre de 2008 lanzó el portal web de ecovehículos (www.ecovehiculos.gob.mx), en donde otorga calificación a los vehículos nuevos comercializados en México en función de sus emisiones de contaminantes locales y la eficiencia energética.
- La realización de tres diagnósticos de residuos electrónicos, uno nacional y dos regionales, los cuales dan información de sustento para los Planes de Manejo de residuos de manejo especial, mencionados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Lgpgir), los cuales pretenden minimizar la generación y maximizar la valorización de los desechos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; y con base en los principios de responsabilidad compartida con la industria y manejo integral.
- La modelación del comportamiento ambiental de derrames de hidrocarburos cuyo objetivo es desarrollar, validar y aplicar un modelo matemático para caracterizar la dispersión de los derrames de hidrocarburos en sitios ambientalmente sensibles.
¿Cómo está México en desarrollo sostenible en el mundo y en América Latina?
A pesar de que el concepto de desarrollo sustentable es cada vez más popular, sigue siendo difícil definirlo y, por lo tanto, también es difícil medirlo. Existe una amplia variedad de indicadores nacionales e internacionales basados principalmente en las políticas públicas. Por ejemplo, tenemos la Agenda 21, adoptada por 183 países en la Cumbre de la Tierra de 1992, en cuyo capítulo 40 se hace un llamado a la comunidad internacional para desarrollar los indicadores de desarrollo sustentable.
En 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), identificó 27 indicadores de desarrollo sustentable como los más comúnmente usados por los países del mundo, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, la recolección y disposición final de los residuos, el uso de energías renovables, la contaminación del aire, la superficie protegida, la emisión de precursores de ozono y la superficie forestal y su uso.
La Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas dio a conocer otra serie de indicadores en 2007, cuyos temas son pobreza, gobernabilidad, salud, educación, demografía, peligros naturales, atmósfera, tierra, océanos, mares y costas, agua dulce, biodiversidad, desarrollo económico, alianzas económicas globales, y patrones de producción y consumo. Estos indicadores dan seguimiento a los presentados en 1996 y 2001, y reflejan las experiencias de los países y las organizaciones internacionales después de 15 años de la adopción de la Agenda 21.
Según información publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano en México es de 0.85 y para Latinoamérica es de 0.8; el total de desempleo, medido en términos de porcentaje de la fuerza laboral, es de 3% en México y de 7.33% en Latinoamérica. Los jóvenes mexicanos de 18-19 años, tienen un promedio de 9.6 años de educación finalizados; un ciclo escolar menos que los jóvenes de Argentina y un año más que los de Brasil. La tasa de empleo es similar en México, Argentina, Brasil y Venezuela, por ejemplo.
¿Cuál sería el principal problema ambiental que atraviesa el país?
México vive una situación crítica en materia de agua, la cual se refleja principalmente en problemas de disponibilidad, tanto en calidad como en cantidad, lo cual representa un riesgo para el desarrollo de nuestro país.
Hoy estamos viviendo el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua. El número de acuíferos sobreexplotados se ha incrementado de 32, en el año de 1975, a 104 a la fecha; y otros 69, poseen un grado cercano a la sobreexplotación.
Trabajamos para reducir el deterioro en la calidad de los cuerpos de agua; estamos incrementando la cobertura de saneamiento para tratar 60% de las aguas residuales municipales en 2012; y estamos modernizando la infraestructura hidroagrícola para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura al incrementar en 1.2 millones de hectáreas de riego la superficie modernizada en la presente administración.
Otro reto importante es atender los pasivos ambientales y en estos últimos tres años hemos logrado avances importantes. Contamos con una cobertura de 18 estados de la República en el Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO), y en cuanto se cuente con las autorizaciones necesarias, lanzaremos la convocatoria para el levantamiento del SISCO en 14 estados más.
Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.
Por último, ¿En qué mercados y/o sectores se proyecta México como una potencia económica verde?
Nuestra riqueza natural puede y debe ser fuente de riqueza y bienestar para nuestros pueblos. Destaco en primer término nuestro potencial para la conservación y el secuestro de carbono. Este servicio ambiental puede comercializarse y los ecosistemas de Latinoamérica tienen un altísimo potencial a ser aprovechado.
Sabemos que para alcanzar nuestras metas de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero necesitamos tecnologías innovadoras y limpias. Por eso, apoyamos los esfuerzos para desarrollar los incentivos necesarios para su desarrollo y difusión.
En este sentido, México promueve la continuidad de las actividades del Grupo de Expertos sobre Transferencia de Tecnología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la exploración de vías para el aprovechamiento pleno de las opciones, así como el potencial tecnológico existente para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En México estamos trabajando para que el 26% de la electricidad provenga de fuentes renovables en el 2012 y hemos creado un fondo nacional de mil millones de pesos para apoyar esta transición. Actualmente tenemos 25 proyectos eólicos, cuyo potencial de reducción anual de bióxido de carbono o su equivalente es de 4.28 MtCO2e. Si esta cantidad se vendiera en los mercados europeos de carbono, por ejemplo, se obtendría un beneficio de 69 millones de dólares. Algunos de estos proyectos ya han obtenido bonos de carbono en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Tal es el caso de La Venta II en el estado de Oaxaca, que a la fecha ha recibido reducciones certificadas de emisiones por 150,064 toneladas de bióxido de carbono o su equivalente.
Con esto nos colocamos a la vanguardia y seguiremos buscando esquemas de energía limpia. En Oaxaca estamos construyendo dos mil 500 MW. México se convertirá en el país de Latinoamérica más avanzado de energía renovable, eólica en especial, y uno de los 15 más importantes en todo el mundo.
Como región, contamos también con un vasto potencial hidroeléctrico. En México, este potencial total nacional se estima en 53,000 MW, del cual se tienen identificados 541 sitios con un potencial de 19,600 MW. Actualmente aprovechamos para generación de electricidad 9,121 MW en 77 centrales con una generación anual de poco más de 20,000 GWh.