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A estas alturas, la reforma ha superado la primera ronda de debates en el seno de las Comisiones Primeras de ambas Cámaras y en sus respectivas plenarias y se apresta ahora a iniciar el segundo período de sesiones ordinarias, como lo exige el trámite previsto en el artículo 375 de la Constitución. Respecto a la oportunidad de la reforma y al texto aprobado mismo, son necesarias algunas precisiones.

En primer término y en cuanto a la oportunidad, dado que la Extradición supone una sustitución de jurisdicción, era indispensable que antes de hacer aplicable la figura se fortaleciera nuestro aparato de Justicia y que los Jueces dispusieran de herramientas para imponer sanciones ejemplarizantes. En ese sentido, acertó el Gobierno Nacional al definir el orden de la agenda legislativa contra el crimen organizado, pues de haberse promovido primero la reforma constitucional del artículo 35, muy seguramente se habría desviado la atención del poder legislativo y de la opinión pública en las leyes de extinción de dominio de bienes ilícitos y aumento de penas, y el país habría perdido, una vez más, la posibilidad de utilizar esos valiosos instrumentos para disuadir a su delincuencia.

En segundo lugar, a pesar de que el Ministro de Justicia y del Derecho de entonces había sometido a la consideración del Consejo Superior de Política Criminal -como órgano asesor del Ejecutivo en el diseño de dicha política- y éste había aprobado un texto que promovía la derogatoria simple de la prohibición a la Extradición de nacionales y su aplicabilidad en los términos que definieran una ley posterior y los tratados públicos celebrados por Colombia, del primero de los debates -el surtido en la Comisión Primera del Senado- surgió un extenso artículo que fue el finalmente aprobado en el primer período de sesiones ordinarias.

A grandes trazos, aunque la reforma admite la Extradición de nacionales colombianos por delitos cometidos total o parcialmente en el exterior, mantiene restricciones absurdas que permiten eludir su aplicación: prohibe la Extradición de aquéllos que se sometan a la justicia y, quizás sea éste el condicionamiento que más debate ha suscitado, hace irretroactiva su aplicación.

En cuanto a la imposibilidad de que la Extradición proceda respecto de quien se ha sometido a la justicia, las suspicacias tienen cabida toda vez que no se señalan las condiciones en la que ha de darse el sometimiento mismo. En principio, si no se exigiera que el solicitado en Extradición se mostrara objetivamente dispuesto a colaborar con la justicia antes de que la solicitud se hiciera oficialmente, la figura podría hacerse inoperante en tanto siempre existiría la posibilidad de que el capturado con fines de Extradición se mostrara dispuesto a confesar a las autoridades judiciales colombianas los delitos por los que se le encausa en los tribunales extranjeros.

Y, en lo que se refiere a su aplicación irretroactiva, el revuelo se produce, más allá de si la naturaleza de la Extradición es sustancial o adjetiva, por la insistencia de sectores políticos y de opinión colombianos y de los Estados Unidos para que la Extradición opere con nombre propio, posición que tiene soporte en el hecho de que la actual regulación contenida en el Código de Procedimiento Penal tiene prevista la procedencia de la Extradición diferida, en virtud de la cual Colombia podría conceder en Extradición a una persona para que fuera juzgada en el país que la solicita, una vez cumpliera la condena que le ha sido impuesta por los Jueces colombianos, siempre que se trate de delitos diferentes a los que han sido objeto de juzgamiento en el país para evitar así la violación del viejo principio del non bis in ídem (‘nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos’).

No obstante, el texto que hace curso ahora en el Congreso es susceptible de interpretaciones que apuntan a señalar que la Extradición es aplicable hacia el pasado y desde el momento en que hayan cobrado vigencia internacional los tratados celebrados por Colombia en esa materia, interpretación que, de cualquier modo, ha de ser matizada porque, para que la figura sea aplicable en nuestro país se requiere, además de la vigencia del tratado mismo, de la ley que incorpore el tratado a la legislación interna, oportunidad que bien podrá ser aprovechada para salvar ejercicios de hermenéutica y, por consiguiente, distanciar el proceso de certificación -habida cuenta de la advertencia de los Estados Unidos en el sentido de que esperan una legislación de Extradición sin restricciones.

4. EFECTOS ECONOMICOS DEL NARCOTRAFICO

No pocos analistas consideran que la evolución, en general, aceptable de la economía colombiana en los últimos tiempos, el equilibrio de sus cuentas externas, la estabilidad cambiaria y la fortaleza de sus reservas internacionales se deben, fundamentalmente, a los ingresos del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la eliminación de tales recursos originaría un verdadero caos económico.

En los años ochenta casi todas las economías latinoamericanas perdieron dinamismo y algunas experimentaron una franca recesión, así como hondas dificultades de liquidez y financiamiento externo que abrieron paso a severos programas de ajuste y devaluaciones. Colombia sorteó con éxito esa crisis regional. De 1981 a 1990 el crecimiento acumulado de su PIB fue de 43.6%, frente a 12.4% del conjunto de la región. En ese lapso el país no tuvo problemas serios de liquidez y mantuvo una aceptable captación de recursos del exterior, lo que le permitió contar con reservas suficientes, mantener firme su moneda y no aceptar condiciones duras en el financiamiento externo.

Sin duda, el narcotráfico explica en gran medida la afluencia de divisas a Colombia. En los años noventa estos flujos han contribuido al importante superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos, vía inversión y endeudamiento de largo plazo; ello ha hecho posible financiar el creciente déficit en cuenta corriente (sobre todo por el saldo comercial desfavorable) sin alterar el nivel de las reservas internacionales

El déficit en cuenta corriente es más o menos reciente. De 1986 a 1990 se obtuvo un saldo superavitario equivalente a 1.8% del PIB, en promedio anual. En 1991 llegó a casi 8% del producto global, pero a partir de 1992 la situación empezó a cambiar. En 1993 y 1994 se registró un déficit en cuenta corriente equivalente a 5% del PIB. "Ninguna otra de las principales economías de la región sufrió un deterioro tan severo en tan corto tiempo." En 1995 y 1996 el déficit creció 32 y 13 por ciento, respectivamente, en lo cual pesó mucho el fuerte incremento de las importaciones.

 4.1 El efecto monetario

 Los crecientes flujos de capitales asociados al narcotráfico se beneficiaron con la apertura económica, ya que con la eliminación de aranceles y la liberación de las importaciones, se hizo más fácil importar, y una fuerte cantidad de divisas provenientes del narcotráfico pudieron ingresar al país, aunque como es obvio, no todos los flujos de cxapitales provenian del narcotráfico , si ingresaron al país grandes montos provenientes de actividades ilícitas donde acumulando los factores estructurales, el consecuente aumento de las reservas internacionales incidió de diversas maneras en la política monetaria y la evolución del tipo de cambio, al punto de obligar a las autoridades colombianas a instrumentar medidas para controlar el ingreso de divisas.

En 1990, en el marco de una política antiinflacionaria, con base en la apertura económica y la liberalización de los mercados, se estableció un mecanismo de devaluación periódica de la moneda a fin de impulsar las exportaciones.

Empero, la creciente entrada de divisas y el incremento de las reservas internacionales presionaron al alza los precios por vía del aumento de la emisión primaria. Ante ello las autoridades tuvieron que reorientar su política a favor de la apreciación de la moneda, al tiempo que se buscó controlar los flujos de capital.

En 1991 el Banco Central adoptó una política de esterilización por medio de operaciones de mercado abierto. Los certificados de cambio bonos en dólares y redimibles en pesos fueron los instrumentos más utilizados. Además, el Ministerio de Hacienda congeló créditos obtenidos por 682 millones de dólares y aplicó impuestos adicionales de 3% a todas las operaciones cambiarias.

La estrategia esterilizadora no logró frenar los ingresos externos, ya que las tasas de interés se mantuvieron elevadas y siguieron atrayendo recursos del exterior. En diciembre de 1991, por ejemplo, dichas tasas ascendieron a 38.5%, casi nueve puntos porcentuales más que en el primer trimestre del mismo año. "Se llegó a un círculo vicioso: los diferenciales de las tasas de interés fueron superiores a 30 puntos porcentuales (a favor de los activos internos), lo que reforzó los flujos de capital."

Por lo demás, la estrategia de esterilización resultó financieramente onerosa porque la institución rectora pagaba una tasa de interés sobre sus pasivos mayor que la percibida por la inversión de las reservas. "La pérdida del banco central fue de 0.8% del PIB en 1991 y alcanzó su máximo nivel (1.2%) en 1993, cuando gran parte de la deuda maduró."

En 1993 las autoridades decidieron sustituir la esterilización por otras medidas. El Banco Central instituyó un encaje de 47% (no remunerado), con un plazo inferior a 18 meses. Como esta medida se consideró insuficiente, en marzo de 1994 el requisito se extendió a créditos con vencimientos inferiores a 36 meses. El requisito de encaje, empero, tenía un gran número de exenciones que le restaron eficacia.

En ese mismo año la institución central instauró un sistema de banda cambiaria de 14%, aunque se reservó la prerrogativa de intervenir en ella. Hasta la fecha la tasa de cambio ha tendido a permanecer en el piso de la banda, salvo en ocasión de la incertidumbre inicial del "efecto tequila" y del escándalo político por el supuesto financiamiento del narcotráfico de la campaña presidencial de Ernesto Samper (en agosto del mismo año), que presionaron momentáneamente el tipo de cambio al alza. La intervención oportuna del Banco Central y el continuo flujo de capitales externos, vía transferencias, inversión y endeudamiento, evitaron la devaluación de la moneda y la merma de las reservas internacionales.

Si bien los controles instrumentados en los años noventa para disminuir el ingreso de capitales no cumplieron su objetivo, se logró inducir una recomposición de las obligaciones externas en favor de los vencimientos a largo plazo que resguarda al país en caso de una reversión brusca de los flujos de capitales.

4.2 El narcotráfico y el empleo.[1]

El complejo proceso de producción y distribución de drogas encierra muchas fases que requieren el trabajo de un número indefinido de personas: el cultivo de la hoja de coca y de la amapola en miles de hectáreas de Bolivia, Perú y Colombia; el traslado de la materia prima a cientos de laboratorios en el país y en el extranjero para su transformación; el envío de la droga por todos los medios y rutas imaginables hasta los

mercados de consumo, principalmente los de Estados Unidos y Europa; la distribución al mayoreo y al menudeo en dichos mercados, etc. Si además se considera a los participantes en las tareas de lavado del dinero y a quienes laboran en los negocios legales de los carteles, sobre todo en el sector servicios, resulta obvio que el narcotráfico es un importante generador de empleos tanto en Colombia cuanto en el extranjero. Según algunas estimaciones, de 500.000 a un millón de personas intervienen de una u otra manera en el negocio del narcotráfico en el mundo.

Para quienes sostienen que el tráfico de drogas beneficia a la economía colombiana, la cuestión del empleo es una clara evidencia, pues aunque se desconoce el número exacto de participantes no hay duda de que se trata de miles de colombianos de diversos estratos sociales. La actividad ilícita, así, impide que la tasa de desempleo aumente en demasía y representa una válvula de escape de las tensiones sociales, en particular en el campo.

Otro efecto socioeconómico del narcotráfico concierne a las inversiones en la infraestructura en diversas zonas del país, sobre todo en las de mayor atraso relativo. Ya sea por conveniencia propia o por "generosidad", los carteles colombianos han financiado proyectos de vialidades, escuelas, sistemas de drenaje, viviendas, etc. Con esto también han conseguido el respaldo de comunidades beneficiarias e, incluso, cierta "legitimidad social".

5. EFECTOS NEGATIVOS DEL NARCOTRÁFICO

Los especialistas que desestiman las su-puestas bondades del narcotráfico en Colombia plantean la necesidad de analizar sus efectos económicos de largo plazo. Para ellos es fundamental justipreciar el fenómeno y atisbar más allá de las repercusiones actuales, con base en un examen de causas, límites y perspectivas más importantes.

5.1 La inversión y el consumo

Un indicador del efecto económico de los narcodólares es, desde luego, su destino final. Gran parte de los ingresos de la droga se utiliza para cubrir gastos de operación, materia prima, transporte, salarios, sobornos, lavado del dinero, etc. Se estima que en Colombia más de 60% de los ingresos brutos de la cocaína, por ejemplo, se reinvierten en el propio negocio. Es decir, este dinero beneficia ante todo a los carteles de la droga y sus socios, e indirecta y marginalmente a la economía del país.

Para cubrir sus actividades irregulares, los carteles invierten en negocios legítimos, que entrañarían una aportación efectiva a la economía colombiana. Empero, un examen más detallado muestra que las repercusiones reales en la producción son muy relativas. Según un estudio del economista Mario Arango, a finales de los ochenta 75% de los narcotraficantes prefería colocar su dinero en bienes raíces (departamentos, casas, ranchos, etc.), mientras que pocos (si acaso algunos) se interesan por sectores productivos tradicionales, como minería, textiles o manufacturas. 

Las inversiones legales del narcotráfico incluyen actividades de uso dual (dual-use): empresas con un giro comercial común (laboratorios farmacéuticos, electrónicos, etc.), pero con áreas productoras de productos químicos y accesorios para obtener la droga. En los sectores agropecuario y pesquero operan empresas exportadoras de camarón, pulpa de fruta, flores cortadas y otros cultivos, entre cuyos contenedores se esconde el producto ilícito. Otra parte de los ingresos netos del narcotráfico se destina a la compra de propiedades y bienes suntuarios (joyas, oro, autos, yates, etc.), por lo que su efecto como inversión también se diluye.

De hecho, el gran flujo de capitales externos hacia Colombia en los últimos años, engrosado por los provenientes del narcotráfico, coincide con el debilitamiento del ahorro interno y el magro crecimiento de la inversión. Más que fortalecer la estructura productiva y alentar un proceso vigoroso de capitalización, los dineros del narcotráfico repercuten en el consumo, muchas veces con efectos inflacionarios.

Además, el narcotráfico exige destinar crecientes partidas del gasto gubernamental para combatirlo, en detrimento de la inversión pública en actividades productivas. En 1995 dichas erogaciones sumaron más de 1 000 millones de dólares, alrededor de 2% del PIB.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria estima que en 1994 los carteles de la droga controlaban directa o indirectamente de 8 a 11 por ciento de las tierras cultivables del país. A lo largo de la costa norte, en las planicies orientales y en la zona amazónica, la actividad del narcotráfico desplaza cada vez más a las ocupaciones tradicionales de labranza, pastoreo, minería y pesca. "La introducción de la economía

comercial de la droga ha removido al campesino de la agricultura de subsistencia y lo ha transformado en jornalero rural."

Los carteles de la droga reclutan en el campo con gran facilidad la fuerza de trabajo necesaria para atender los plantíos de coca, amapola y marihuana, en razón de los atractivos pagos que ofrecen. Por ejemplo, "un agricultor que cultiva algo más de una hectárea de hoja de coca puede ganar el equivalente a varios miles de dólares al año, en un rango de diez a cien veces más de lo que podría ganar con cualquier cultivo legal".

La política de apertura, fue aprovechada por el narcotráfico, para comprar tierras a los agricultores arruinados por los efectos negativos que tuvo la apertura en el campo.

El remplazo de los cultivos tradicionales y el desvío de la fuerza de trabajo hacia las redes del narcotráfico socavan la economía agropecuaria de Colombia, como lo sugiere el fuerte incremento de las importaciones de alimentos y la reducción de tierras de cultivos transitorios (arroz, maíz, trigo, frijol y soya, entre otros). De persistir la conversión de las tierras de labranza en campos de hoja de coca, amapola y marihuana, así como el reclutamiento de campesinos para la siembra ilegal, las repercusiones para la agricultura de Colombia en el largo plazo pueden ser desastrosas e irreversibles.

5.2 La enfermedad holandesa

A primera vista parece axiomático que la bonanza exportadora de un producto primario contribuye al crecimiento económico de una nación, pero no siempre es así e, incluso, puede retardar dicho crecimiento. 

El ingreso desmesurado de recursos por las ventas externas de un producto primario suele producir fenómenos que en la literatura económica se conocen como enfermedad holandesa (Dutch disease): el ingreso extraordinario se vierte sobre una demanda de bienes y servicios no transables (transporte, servicios públicos, bienes inmuebles), en detrimento de los productos transables. "Los precios elevados de los servicios no comerciales y las ganancias del fuerte intercambio extranjero fuerzan a incrementar las tasas de intercambio, la que a su vez reduce los incentivos para producir bienes exportables e importables." La revaluación del tipo de cambio, fruto del intenso flujo de capitales, desestimula la producción exportable, alienta las importaciones y presiona los precios internos al alza. Colombia no es un caso típico de dependencia de los ingresos de un producto, como los casos clásicos de la "enfermedad holandesa", pero los ingresos extraordinarios por el comercio ilegal de drogas han propiciado algunas de las condiciones de ese fenómeno económico, lo cual se manifiesta en los siguientes aspectos:

Los ingresos de la droga en Colombia se han reflejado en una mayor demanda de bienes transables y, principalmente, no transables. Si bien la de los primeros se puede cubrir en general con importaciones, la de los segundos requiere una mayor producción interna a costa de la de mercancías comercializables. Así, "el ingreso de la droga configura un sesgo en contra de las actividades transables, en particular de las legales transables. A la larga conduce a una especialización creciente en la droga y en actividades ilegales. De hecho, constituye una limitación para la industrialización, la modernización y la inserción internacional."

Con la concentración de las inversiones de los carteles de la droga en las ramas de bienes de consumo, inmuebles y la construcción, "se induce una restricción para el desarrollo de actividades exportadoras y de sustitución de importaciones".

Por un largo tiempo los flujos constantes de narcodólares han presionado el tipo de cambio a la baja, lo que ha desalentado la producción de bienes exportables, abaratado las importaciones y propiciado el contrabando. La "enfermedad holandesa" afecta la evolución de las actividades económicas más dinámicas y estables, principalmente la producción de bienes transables, y a largo plazo tiende a estimular la dependencia de la economía colombiana de las exportaciones ilegales.

Los flujos de capital en Colombia han limitado la política monetaria y generado fuertes presiones inflacionarias. La creciente demanda de bienes no transables se ha manifestado en una burda inflación en el valor de la tierra, propiedades, algunas mercancías y diversos servicios. Ello es más evidente en los lugares donde los barones de la droga han sentado sus reales: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.

Sin duda, los principios de la enfermedad holandesa están presentes en la economía colombiana por los cuantiosos ingresos del narcotráfico. De ahí que las autoridades deben mantener e incrementar sus esfuerzos para controlar el creciente flujo de narcodólares al país, así como instrumentar medidas que promuevan la inversión productiva.

De no cambiar las circunstancias que han permitido el desarrollo de este fenómeno, la estructura productiva y exportadora de Colombia se debilitará cada vez más en perjuicio de las posibilidades de desarrollo integral del país.

Tras este breve examen de los efectos generales del narcotráfico en la economía colombiana, se puede concluir que los aparentes beneficios (financiamiento de las cuentas externas, fortaleza de la moneda, elevadas reservas internacionales, generación de empleos, etc.) pueden desembocar en una crisis de magnitud imprevisible. Los costos del tráfico de drogas, en el mediano y largo plazos, pueden anular por completo los efectos "positivos" actuales.

6. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El nuevo Gobierno y estrategia contra el narcotráfico.

6.1 Fenómeno.

La nueva administración en Colombia, a cargo de Andrés Pastrana, ha traído consigo una gran expectativa para ese país en el tema del combate al narcotráfico, entre ellas, las más importantes son : la "desnarcotización" de las relaciones con EE.UU y la no estigmatización de Colombia frente a la comunidad internacional. Sin embargo, el escenario en el que se presentó este cambio de mando fue bastante dramático, siendo las guerrillas las principales protagonistas y que hasta el momento, se mantienen presentes hasta que un eventual acuerdo de paz se concrete.

6.2 Erradicación.

La Policía Nacional viene adelantando una intensa campaña de fumigación en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, para acabar con los narcocultivos que existen en esta subregión. Así lo dio a conocer, en el mes de marzo en Cartagena, el comandante de la Policía, Gral. Rosso José Serrano Cadena, quien dijo que las operaciones también se vienen adelantando en el Norte de Santander. Sin embargo, el eventual uso del herbicida Tebutiuron, que sustituiría al Glifosato el cual se esparce desde 1985, en el proceso de fumigación tiene alerta al Ministerio de Medio Ambiente, Greenpeace, Ecofondo, Fondo Mundial para la Naturaleza, Rapalmira y varias ONG's ambientales del país y exteriores, puesto que que temen por los estragos que pueda causar en el ecosistema. No obstante, los riesgos y los resultados de la fumigación son inversamente proporcionales a la intensidad con que se desarrollan.

Por otro lado, en un 50 % fueron paralizadas las operaciones antidrogas, a raíz de la decisión de Washington de inmovilizar 36 helicópteros UH-1H por fallas técnicas en el motor. La base antinarcóticos de San José del Guaviare, centro del programa de erradicación de cultivos de coca, se encuentra a medio funcionar mientras que las de Valledupar y Huila, dedicadas a la fumigación de amapola, tuvieron una suspensión total.

Para este año Antinarcóticos tenía previsto fumigar 50 mil hectáreas, dos mil más de las erradicadas el año pasado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y a la parálisis de los helicópteros, esta cifra se reducirá drásticamente.

La diversidad de lugares en los que se siembran los cultivos ilícitos, es una muestra de los permanentes traslados internos de los cultivos de coca y amapola, lo que tiene como explicación la fluctuación de mercados, los cambios climáticos, el incremento de la violencia y la interdicción.

6.3 Ofensiva Guerrillera.

Días antes de producirse el cambio de mando presidencial, Colombia enfrentó una de las más graves ofensivas rebeldes, atribuidas en gran parte a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Unos 200 militares, policías, civiles y guerrilleros murieron, otros cien resultaron heridos y más de cien han desaparecido o fueron retenidos, según informes provisionales difundidos. Los ataques de mayor envergadura tuvieron lugar en las poblaciones de Miraflores, zona cocalera del Guaviare, donde se registró el mayor número de víctimas y la destrucción total de la base antinarcóticos, la base militar y una base de la marina. Riosucio, al oeste de Colombia, fue también escenario de 60 muertes entre soldados y guerrilleros, en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano. Se estima que desde hace ocho meses las FARC tienen en su poder a unos 210 policías y soldados capturados en enfrentamientos, y son unos 700 guerrilleros los que se encuentran en las cárceles colombianas.

A pesar de que los jefes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se negaron a negociar con el gobierno saliente, ya han indicado su intención de llegar a un acuerdo de paz con el nuevo presidente Andrés Pastrana. Por su parte, el Presidente muestra todas las intenciones de tomar sus propuestas seriamente, dejando en claro que "no será el sepulturero del imperio de la ley".

La presencia de múltiples actores de violencia es un factor de riesgo para las acciones del gobierno: el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y los paramilitares. Sin embargo, el problema estriba en que cada vez más se produce un aumento del conflicto militar en zonas donde no solamente el Gobierno Colombiano tiene interés, sino también los EE.UU. Aunque no se puede obviar la presencia específica de las FARC en zonas donde cobra las famosas "vacunas" por cultivo de coca, los paramilitares y las migraciones, forzadas por la violencia desatada, están especialmente en la zona del Bajo Putumayo. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para diferenciar con claridad las acciones en zonas de cultivos ilícitos de la represión a la guerrilla y a otros grupos irregulares. El eventual análisis de la "narco guerrilla" trae consigo una serie de problemas que han de tomarse en cuenta, puesto que frente a dos evidentes situaciones, se tiende a tomar una sola política; ejemplo de ello son los fondos antidrogas y su desvío a la guerrilla. Frente a esta realidad son los derechos humanos los que sufren las consecuencias.
 

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