Desde hace poco más de tres años se inició en La Habana el proceso de paz más histórico y puntual que jamás allá existido entre las guerrillas de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, que en eventos anteriores, ambas partes, han fracasado por intentar llegar a una victoria total frente al oponente.
No es fácil decir que un conflicto que lleva más de medio siglo y más de un millar de víctimas directas va a acabar de la noche a la mañana y que todos vamos a quedar totalmente felices con el resultado, lo que se podría detallar es que sí bien la guerra de esta nación ha dejado en claro que a la victoria no se llega por las armas, y al contrario se terminan autoexcluyendo sectores de la población, es necesario el proceso de paz que sea efectivo y que en su conclusión final no se decrete ni victorias ni derrotas, porque lo único que deja la guerra son víctimas y mucho, mucho dolor.
Pero las diferencias entre un proceso de paz efectivo –como el que se pretende- y un simple desperdicio de tiempo y fuerza histórica, son la verdad, la justicia y la reparación. Sin estos preceptos no puede conseguirse la paz, ni tampoco la concientización de una tregua perpetua del conflicto que tanto daño le hace a este país.
Y, aunque cueste aceptarlo, lograr la paz tiene más complejidad que seguir en una situación de violencia y caos militar.
Este proceso de paz es tan importante como los otros, porque igual persigue un fin, la paz, pero hay varias características que lo diferencian de los anteriores. En primer lugar la creación de una Ley de Restitución de tierras, por la cual el ejecutivo busca la reparación integral de las víctimas, regresándoles las propiedades hurtadas por la insurgencia.
En segundo lugar, la negociación en una país ajeno, que si bien ha apoyado a la insurgencia armada, da garantías parciales para una neutralidad, como es la salvaguarda a la guerrilla de estar en un territorio fuera de la jurisdicción nacional, y más importante fuera de la jurisdicción norteamericana, que si bien podría pedir su extradición en cualquier momento por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, entre otros, que dependiendo del Estado serían una eternidad para la cúpula de la organización criminal.
Por otro lado, la creación de instituciones como la Comisión Histórica del Conflicto y la Comisión Asesora para el Postconflicto de la Presidencia, la cual incluye la mayoría de los sectores de la sociedad colombiana, es tan trascendental para darle más confianza a las negociaciones y legitimidad para que en un futuro se aprueben los acuerdos de La Habana.
Por último, la inclusión de víctimas, de militares de alto rango, de empresarios, ofrece la visión de un consenso en la población nacional para que de verdad exista la paz.
Lo anterior no quiere decir que el proceso sea perfecto, porque le hace falta cosas estructurales y muy importantes, que podrían hacer fracasar el dialogo.
La efectividad de la Ley de Victimas
De un error tan grave como el paramilitarismo no se puede hacer borrón y cuenta nueva. La ley de Victimas tiene una buena intención a la vista pero las consecuencias son tan perjudiciales que desde ahora se están observando. A continuación se detallará la verdadera finalidad de la Ley de Victimas, que de ser bien utilizada podría ser una herramienta para la reconstrucción nacional, pero si es politizada, como está ocurriendo en parte, es solo un pretexto más.
Empezamos por entender que la Ley de Victimas es una normatividad expedida por el Congreso de la República, por iniciativa de la Presidencia, que en principio busca que se restituyan los títulos de propiedad real a las personas que fueron despojadas de los mismos por la violencia de grupos insurgentes como los paramilitares, las guerrillas de izquierda y las nuevas bandas criminales, rastros de los desmovilizados de paramilitares y guerrilla y narcotraficantes. En síntesis, la ley crea una Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Jueces que decretan la titularidad de la propiedad a sus antiguos dueños, que desean gustosos volver al lugar donde nacieron y nacieron sus padres, sus hijos, etc.
Pero si nos fijamos detalladamente, se está regresando a la gente, víctima del conflicto, a las mismas zonas en donde operan estos grupos armados, y se podría pensar que entonces el problema está en realizar proyectos de desarrollo social productivo para que estas comunidades, afectadas por la violencia y que ahora tratan de reponerse, tengan más garantía.
Lamentablemente la verdad es otra.
Iniciando porque más allá de este sistema de reparación, existe en la mayoría de las zonas donde se está realizando el proceso sectores, dueños de esas propiedades, que formalmente son los propietarios mediante escrituras públicas, pero que en verdad utilizaron a los paramilitares y grupos de izquierda para hacerse legítimos dueños. Y es un hecho, que muchos de esos dueños están en la más alta cúspide del poder, como el Sr. Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, o de personas que en este momento se encuentran en cargos como alcaldes, gobernadores, congresistas y jueces de la república.
Entonces, el sistema puede sonar muy bueno, pero la eficacia del mismo resulta en destapar esa olla podrida que está en las corporaciones del Estado.
Es más aterrador el hecho que esta ley, curiosamente está estrechamente vinculada a la Ley de Baldíos y a otras normas que si se entran a analizar resultaran en una nueva ola de desplazamiento, pero esta vez, aunque suena contradictorio, un desplazamiento legal.
Lo anterior se fundamenta en el hecho, que las personas propietarias también son grandes multinacionales, empresas que han construido un emporio económico y que aunque no lo reconozcan también tuvieron vínculos con paramilitares y grupos de extrema izquierda. Es el caso de Sicim, una multinacional que hasta este año había pagado al ELN millones de pesos, para continuar con el progreso de su propio interés comercial. Otro caso citado por la prensa nacional y que se ha ido olvidando es el de la multinacional Perenco que apoyo y se benefició de paramilitares, especialmente de alias “Don Mario”, jefe cabecilla de una agrupación criminal. Por supuesto, hay casos de más empresas que no se han denunciado o se denuncian pero se pierden los expedientes.
Entonces, si uno es curioso y mira más allá resulta que el proceso de restitución esta paralelo al hecho de que aún existen estas compañías y personas con gran poder que fueron las autoras intelectuales del desplazamiento y aún siguen ahí, sin que nadie haga algo más que guardar silencio.
Pero ¿En dónde entra la ley de baldíos y esas normas que se hablaba antes?, Es aquí, la ley de baldíos, impulsada por el actual gobierno busca ampliar las UAF (unidades agrícolas familiares), para que una sola persona tenga derecho a adquirir más tierra de la permitida. Pero hecha la ley, hecha la trampa, algunas empresas crean sub-empresas o sociedades independientes, que en la pura verdad son propiedad de las grandes industrias pero en papel son autónomas, y se hacen a más tierra y más tierra. El caso del “ingenio” Riopaila, por ejemplo.
Esto descrito, penetra tanto en la Ley de Restitución de Tierras, en razón a que las personas que regresan a las zonas de conflicto, ahora van a tener que vender muy barato sus propiedades a estas magnificas empresas que ya encontraron la forma de armar su complejo de finca raíz. Adivinando para donde van las personas que salen de allí, resulta que terminan en las grandes urbes, como Bogotá, pero ya no como desplazados de la violencia, sino con un poco de dinero extra, sin embargo siguen siendo una carga al sistema, porque se teme de que se vuelva a repetir lo de los años 1940 con las Bananeras o se rebosen aún más las ciudades capitales.
Como primera conclusión, la ley de restitución, no garantiza totalmente que la población víctima del conflicto no vuelva a las ciudades si continua la propuesta de entregar esas mismas propiedades devueltas a sus dueños, a las grandes multinacionales, que a razón de nada van a seguir desplazando gente, pero esta vez de manera legal y sin tanta violencia, o sea más barato.
El temor de una doble mesa
Negociar en país extranjero da garantía para las partes, porque se sienten más seguras. Nada como no estar pensando en un operativo militar sorpresa para ser capturado, y tener la tranquilidad de tener plenas condiciones para negociar. Pero la verdad, es que la propia cúpula militar del Estado Mayor, el sector minúsculo de investigadores independientes y algunos que no están muy de acuerdo con este proceso, han declarado abiertamente que existe una doble mesa. Con esto no significa que existen dos mesas en La Habana, como se sabe en todo el mundo, una trata temas importantes y las otras buscan la solución a otros temas. Cuando se habla de doble mesa, se habla de dos países, dos grupos negociadores, dos acuerdos, dos condiciones, pero la diferencia es que una es pública y la otra privada, tal como no lo quieren reconocer.
¿Por qué una mesa privada? ¿Acaso es tan importante lo que tratan que no puedan hablar en público? Resulta paradójico, pero el máximo jefe de las FARC no ha salido como lo realizaba antes Tirofijo, lo cual lo pone en cierta distancia al proceso.
Pero más allá resulta que en Venezuela -y ya hay registros de varias fuentes fiables, como el general (R) Javier Rey- se están realizando conversaciones paralelas que incluyen temas muy espinosos, pero que el Estado se niega a reconocer, simplemente porque no le conviene aceptar que la guerrilla tendrá una cierta ventaja, militar y económica, porque los dineros, la información de inteligencia y sobre todo sus vínculos cuesta mucho más que un proceso de paz.
Si un civil, normal, campesino, fuera guerrillero de izquierda, se hubiera juntado con el narcotráfico y tuviera mucha plata, por más guerrillero marxista-leninista que se crea, no va a devolver el dinero ni va a difundir información clave que es su salvavidas en la vida común.
¿La inclusión de la Sociedad?
La verdad no hay una inclusión en el sentido extenso de la palabra en el proceso de paz, sencillamente basta con ver el comportamiento del presidente Santos, al delegar solo empresarios como negociadores y gente de las elites y castas sociales, que en muchos casos, son actores peores del conflicto, es decir, solo ricos van allá a La Habana y negocian, n-e-g-o-c-i-a-n sus intereses, se colocan al mismo nivel del Estado y todo para defender sus propiedades y riquezas que no en todos los casos, pero se puede asegurar que un gran número, la obtuvieron a costa de violencia armada.
¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los estudiantes universitarios –que gracias a ellos tenemos constitución? ¿Dónde están los representantes de la ciudadanía común y silvestre, de ese ciudadano de a pie que ni siquiera sabe quién está en el Congreso, y no por ignorancia, sino por falta de legitimidad de las instituciones jurídicas? ¿Dónde están los docentes, que sería interesante involucrarlos en las decisiones del Estado? No se ven, simplemente porque este proceso es una broma para el que cultiva, para el que enseña, para el que gana un mínimo, porque los empresarios -que son también políticos, como el ministro de defensa, Luis Villegas, ex presidente de la ANDI- son los que van a ganar, los que van a dejar atrás una piedra en el zapato.
¿Por qué no se incluyen estas personas, los estudiantes, los campesinos, docentes, el ciudadano de a pie? Simplemente porque la vida de estos es vista como la materia prima del consumismo, los que seguirán consumiendo del sistema que por un acuerdo no va a cambiar.
No va a ver paz
Si es tan legítimo este acuerdo y la guerra va a finalizar, ¿Dónde están los fabricantes de armas, diciendo: “cerramos”? primero cerro Chiclets Adams, y despidió a sus trabajadores.
¿Se ha anunciado el fin del Plan Colombia, por ejemplo, que tanto daño le ha causado a la soberanía de la nación? O mejor, ¿El ejecutivo ha decidido finalizar la cooperación militar con otras naciones? La respuesta es obvia, antes aumentan el número de efectivos extranjeros en territorio nacional.
La paz no se va a lograr solo con un papel firmado, eso es utópico, de ser así ya tendría Colombia paz desde 1991 con la Constitución. Así se firme la paz con las FARC en La Habana, así sea de muy buenas intenciones, no habrá paz efectiva.
Sencillamente todo se reduce a que la guerra es un negocio que deja mucho dinero, muchas ganancias a gente de poder, y que tristemente, así la guerrilla se desmovilice, los paramilitares entreguen las armas, se legalice la droga, siempre va a existir un nuevo conflicto, porque la educación de paz, esa cátedra que se debe dar, no para explicar los acuerdos, sino para crear la paz desde las casas, los colegios, las universidades, está lejos de darse.
Mirar cinco minutos las noticias y ver que este país no tiene más salida que la que dicten las elites del poder, es tan absurdo que dan ganas de llorar y de airar el espíritu.
