DESARROLLO SOSTENIBLE: ACCIONES DECISIVAS

Autor: Rafael Ernesto Góchez

 Política económica

27-01-2006

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La comunidad internacional está convencida de que la capacidad de un país para avanzar hacia el desarrollo sostenible depende de la capacidad de sus habitantes e instituciones para comprender la interdependencia entre las actividades humanas y el medio ambiente. Disponer de información confiable y oportuna resulta entonces crucial para la toma de decisiones en materia de políticas de desarrollo. Así como también es clave la toma de conciencia de la población y su participación para armonizar los tres procesos complementarios de desarrollo: el económico, el social y el ambiental.

Los recursos naturales (características bio-físicas) están ubicados en determinados territorios, a diferencia de los recursos humanos y financieros, cuya localización es variable. El ser humano no puede destruir el espacio que ocupa la naturaleza y pretender continuar viviendo en dicho lugar. Por consiguiente, poner en práctica el desarrollo sostenible conlleva a considerar las condiciones ecogeográficas de cada localidad, facilitando con ello la identificación y solución de problemas del ámbito municipal y regional. Esto posibilita que el
Estado central promueva una mayor participación tanto de las instancias públicas municipales, departamentales y regionales como de las organizaciones de la sociedad civil (sectores empresarial y laboral, círculo académico-científico, gremios y organizaciones de mujeres, ambientalistas y de desarrollo).

El enfoque actual de desarrollo se mide principalmente por agregados macroeconómicos (balanza comercial, déficit fiscal, inflación, producto interno bruto, etc), asumiendo que la realidad socio-económica de todas las localidades de El Salvador coincide con dichos indicadores nacionales. Nada más alejado a la realidad de las comunidades rurales y urbano-marginales (la mayoría de la gente vive en situación de pobreza, el 90% de los ríos están contaminados y arriba del 66% de la población utiliza leña como combustible).

Algunas localidades de la cuenca del río Lempa tienen índices de desarrollo humano similares al de países africanos que cruzan el río Volta. Para el caso y de acuerdo a datos disponibles, Ghana tiene un analfabetismo del 40%, ingreso per cápita de US$ 400, el sistema de agua potable sólo cubre al 55% del área rural y el daño del suelo es un problema muy extendido. En las regiones Norte y Oriente de
El Salvador cerca del 25% de las familias rurales tienen agua potable, el ingreso per cápita es inferior a los US$ 600, arriba del 60% de los hogares son pobres, la población analfabeta supera el 35% y el deterioro de los suelos es crítico v.g. el río Lempa recibe entre 10 y 25 millones de toneladas de sedimento al año.

Guardando la distancia y respetando la historia de cada país, tanto ghaneses como salvadoreños tienen problemas de inmigraciones. Los residentes en las regiones Norte y Oriental del país siguen abandonando sus lugares de origen y dirigiéndose hacia las principales ciudades de El Salvador y EUA en busca de oportunidades socio-económicas.

La pobreza es causa y efecto del deterioro ambiental. El desafío está en promover un proceso de desarrollo que enfrente el empobrecimiento de la gente y del medio ambiente. Se requiere que el desarrollo económico esté a favor del bienestar humano de las presentes y futuras generaciones, y en armonía con la naturaleza.

En este sentido, alcanzar la sostenibilidad debe constituir un compromiso entre el Estado y la sociedad civil. Una acción decisiva para lograr un cambio de actitud a favor de la sostenibilidad, sería que los poderes públicos locales promovieran una visión común de desarrollo, incluyendo acuerdos y compromisos con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Los municipios más pobres y deteriorados ambientalmente tienen a su vez las menores capacidades técnicas e institucionales de desarrollo. En consecuencia, de promoverse la descentralización y el desarrollo local, el Estado deberá potenciar las capacidades de la población y sus organizaciones, de modo que participen en el proceso de desarrollo y se beneficien de él. Para lograr lo anterior, quizá sea necesario cambiar la forma en la que el Estado se organiza para la consecución del bien común.

Por ejemplo, la formación de recursos humanos locales es un elemento estratégico para viabilizar un proceso de reconversión económica. Sin embargo, la inversión en el recurso humano demanda esfuerzos de largo plazo, especialmente si la formación y capacitación se basan en las características productivas locales.

Bajo esta lógica, la formación técnica y profesional debe realizarse de manera concertada entre los sectores público y privado de un territorio específico. Por lo tanto, el Estado debería evitar la creación de una oferta burocrática derivada de agregados económicos nacionales que distan mucho de la realidad social, empresarial e institucional del nivel local. Lo determinante es que el Estado central cumpla con sus responsabilidades (sistemas de educación y salud, infraestructura básica, marco institucional-legal, etc) en atención a los planes de acción promovidos desde las localidades. Si el programa nacional de desarrollo concilia su oferta de recursos con las necesidades y aportes de los municipios desde una perspectiva territorial (sistemas de cuencas hidrográficas, áreas protegidas, etc), los lugareños se convertirían en los principales promotores del desarrollo sostenible, ya que lo que la gente busca es que sus familias vivan en comunidades más sanas, seguras y prósperas.

Los Estados están cada vez más atentos a la opinión pública y su respuesta depende del enfoque de desarrollo que utilizan para interpretar la realidad nacional. Una acción decisiva en esta dirección es facilitar el acercamiento entre gobernados y gobernantes. El desarrollo sostenible conduce a una sociedad mejor informada y más participativa, y a un Estado con capacidad de reaccionar responsablemente a las demandas ciudadanas. Para lograrlo, es recomendable estimular la organización y movilización social local alrededor de temas de interés común (problemas específicos de ámbito territorial), a fin de constituir dichos temas o problemas en un punto prioritario de la agenda nacional de desarrollo.

En conclusión, la implementación de una estrategia nacional de desarrollo sostenible podría contar con un amplio respaldo social y lograr los compromisos políticos necesarios para alcanzar la armonía entre las metas económicas, sociales y ambientales de El Salvador.
 

Rafael Ernesto Góchez

consultores@adepro.biz