Ordenamiento territorial y equidad de género

  • Economía
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1.     El ordenamiento territorial y la equidad de género

Los nuevos paradigmas vinculados al ordenamiento territorial, hacen concebirlo como la plataforma para el desarrollo territorial, partiendo de tratar de conocer e interpretar un sistema abierto, complejo, multisectorial y más importante aun multidimensional.

Al pensar que el ordenamiento territorial, eleva la multidimensionalidad del territorio como la forma ideal de comprender la dinámica del territorio, es evidente que la equidad de género debería de ser un patrón inherente en la evolución natural de un proceso sano y completo de ordenamiento territorial.

Lamentablemente la mayoría de los proceso que se denominan de ordenamiento territorial, son ejercicios parciales, segregados, poco integrales y con una visión muy reducida de la comprensión de lo territorial.

La revisión de los proceso de ordenamiento territorial, desde el enfoque de género, busca identificar los impactos diferenciados de la planeación territorial en hombres y mujeres con el objeto de aportar propuestas para el desarrollo de un territorio más equitativa desde el punto de vista social y de género, incluyente y sostenible, con base en un modelo de territorio beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. es una oportunidad para debatir estrategias a largo plazo, identificar  vacíos y plantear nuevas preguntas en relación a cómo viven ciudadanos y ciudadanas sus interrelaciones cotidianas en el territorio.

Apostar a un territorio sostenible, a la descentralización y la distribución equitativa de servicios en el territorio; a disminuir los tiempos de desplazamientos de la población, facilita las condiciones de vida de las mujeres y al mismo tiempo  aporta a un modelo de territorio multidimensional que beneficia a  todos. Es necesario, por lo tanto, mirar integralmente la ciudad, sumar visiones y encontrar puntos de contacto. Los cambios demográficos, de composición de los hogares, las nuevas modalidades de trabajo y prácticas sociales,  requieren pensar las políticas de vivienda, de salud, de movilidad, de seguridad, de equipamientos y espacios públicos, entre otras, desde  un enfoque que contemple la diversidad de la población y poder evaluar cuál es el modelo de ciudad que permite responder de manera más eficaz, eficiente y equitativa a la gente real que vive en ella.

El enfoque de género no significa hablar sólo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en abstracto, implica tener en cuenta los diversos colectivos que componen la población, que usan y perciben la ciudad de forma diferente según su inserción social, capacidades físicas, edades, grupos etáreos, diversidad sexual, etnias, personas en condiciones de pobreza, y que tienen patrones de movilidad diversa y distintas demandas de accesibilidad en el territorio. Hablar de la  población de la ciudad, implica reconocer estos factores que la cruzan, ya que si no se reconocen las especificidades de los  distintos colectivos no se puede pensar un proceso de ordenamiento territorial que tenga como objetivo la calidad de vida de la ciudadanía. (Revisión del método del POT de Bogotá Colombia)

2.     La multidimensionalidad del territorio

El desarrollo desde una perspectiva territorial, parte por reconocer la existencia de relaciones dinámicas y complejas entre factores económicos, sociales, culturales, ambientales y político-institucionales y tiene como objetivo potenciar la sociedad rural y su contribución estratégica al desarrollo regional.

Dicho desarrollo se consolida mediante dos propósitos que se enmarcan en el concepto de la nueva ruralidad: a) la cohesión social como expresión de sociedades locales y regionales en donde prevalece la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la justicia social, la pertinencia, principalmente; y b) la cohesión territorial, como expresión de espacios, recursos e instituciones. Viabilizar éstos propósitos exige entender la complejidad de las relaciones dinámicas del territorio y las particularidades de cada uno de los factores. El enfoque territorial pone de manifiesto: a) el carácter multidimensional de los territorios rurales, b) la necesidad de formular iniciativas con objetivos múltiples e integrales, c) la necesidad de superar las inversiones sesgadas hacia lo económico y d) la urgencia de establecer mecanismos institucionales locales que promuevan un sistema participativo y abierto a formular propuestas desde la base y en un sentido complementario con otros espacios territoriales.

En efecto y desde el punto de vista de la gestión de proyectos de desarrollo, el gran desafío que nos plantea dicho enfoque es cómo operacionalizar los factores multidimensionales del territorio rural en continua transformación y en un grado de incertidumbre. Este enfoque plantea la necesidad de relevar la dimensión territorial como el espacio en donde se manifiestan los procesos y tendencias del desarrollo; el espacio en donde se materializan las políticas como expresión de relaciones de poder; contextualizar las propuestas para ámbitos locales en escalas territoriales de mayor jerarquía; analizar el comportamiento de los diversos agentes públicos y privados (locales, regionales, nacionales e internacionales) como base para la gestión de propuestas e iniciativas. Estos planteamientos ponen de manifiesto los actuales procesos de diferenciación espacial donde cada territorio adquiere un papel económico-productivo y socio-político sin sentido de complementariedad, los cuales vienen acentuando las brechas de la exclusión económica y social de los grupos sociales, sobre todo de los menos favorecidos como son las familias campesinas, las mujeres, los jóvenes, entre otros, en los ámbitos locales y/o regionales.

De otro lado, el enfoque territorial propone la necesidad de reevaluar la función de los territorios rurales partiendo de una relectura de la relación urbano-rural en función de las dinámicas económicas y de relaciones entre sus instituciones. Se trata de redimensionar la existencia de un continuo urbano-rural, reconociendo la existencia de centros y redes urbanas que cumplan funciones de provisión de servicios a las actividades rurales, así como la función proveedora de los ámbitos rurales hacia los centros urbanos. En ese sentido y tomando en cuenta la capacidad de integración de las dinámicas locales y regionales, la distinción de lo urbano y rural es irrelevante.

Este redimensionamiento se basa en la necesidad de conocer y comprender:

• La complejidad del territorio en sus relaciones dinámicas e interacción de sus factores territoriales;

• Los aportes de la economía rural al desarrollo local y regional;

• La heterogeneidad espacial y socioeconómica rural;

• La diversidad institucional y política de las situaciones locales;

• La diversidad de los pisos ecológicos y las diferencias entre ellas;

• La variedad y oportunidades que ofrece la población rural;

• Los enlaces entre estas unidades (natural, social, económico-productiva, institucional) con los procesos económicos de niveles territoriales mayores.

Desde este conocimiento, la perspectiva territorial del desarrollo rural aporta en la formulación de propuestas centrada en las personas, que interactúan entre los sistemas socioculturales y sistemas ambientales, y que contempla la integración de productiva y el aprovechamiento competitivo de los recursos productivos que favorezcan la cooperación y corresponsabilidad entre los actores sociales -territoriales. El enfoque territorial visualiza al territorio como el espacio estratégico para el desarrollo, trascendiendo de la problemática de la distribución a la problemática de la creación de recursos, a la endogeneización de los mecanismos de desarrollo. Desde una visión integradora asume al territorio como unidades articuladas a una trama social y cultural más amplia, trama donde se asientan los recursos naturales y que se manifiestan en formas de producción, consumo e intercambio, que a su vez son administrados y gestionados por instituciones y organizaciones existentes en el espacio local. En este marco de referencia destacamos los siguientes aportes del enfoque territorial para el desarrollo:

• Destaca las políticas/propuestas del ordenamiento territorial como estrategia de sustentabilidad, autonomía y gestión como complemento del proceso de descentralización,

• Supera la visión convencional de participación y compensación hacia el sentido de la cooperación, corresponsabilidad y de inclusión económica y social,

• Potencia la visión convencional del manejo de recursos y tecnologías limpias hacia una concepción multidimensional y compleja del territorio, donde lo ambiental, cultural, social, político-institucional, se interrelacionan,

• Supera la visión sectorial de una economía rural que se reduce a una economía agraria poniendo énfasis en una economía territorial que incorpora y articula actividades económicas no agrarias (local y regional), basada en la responsabilidad social y ambiental.

• Incluye y supera la visión tecnológica para incrementar la productividad a partir de los conceptos de innovación y competitividad territorial,

• Reconoce la necesidad de articular las dimensiones urbano y rural de manera orgánica, conformando espacios demográficos integrados, que compartan estructuras sociales, económicas e institucionales, construidos en procesos históricos de apropiación del espacio.

• Reconoce la importancia de establecer encadenamiento de valor agregado pero articulados al territorio y a procesos productivos (agroindustrias, redes artesanos, etc)

• Promueve formas de cooperación atendiendo las demandas diferenciadas de los y las pobladores y agentes territoriales, articuladas e integradas pero manteniendo la particularidad de cada territorio.

Tomando en cuenta estos aportes de la dimensión territorial de la planificación, presentamos las dimensiones más relevantes del enfoque territorial, las definimos y hacemos un proceso de reflexión sobre el nivel de aproximación desde de las experiencias(5) sugeridas por el Secretariado Rural.

Interacción de las dimensiones territoriales.

“El espacio-territorio es un sistema socio-económico, socio-cultural, político e institucional que posee modos de organización y regulación específicos que condicionan los procesos de cambio y desarrollo”. Es decir que “además de los recursos naturales el territorio posee otros factores de desarrollo o potencial endógeno que constituyen el punto de partida para cualquier proceso de desarrollo”.

Sin embargo no es suficiente reconocer que los territorios están dotados de factores claves para que, de manera automática, se genere el desarrollo. Se hace necesario que él mismo se convierta en “espacio de desarrollo”, por lo tanto se requiere de un proceso de construcción social de transformación en el cual dichos factores claves se articulen y direccionen para generar el desarrollo. Ahora bien, esta articulación es posible si se considera al territorio como un sistema de interrelaciones y dependencias de alta complejidad, que pueden convertirse en espacio de desarrollo si sus componentes se consideran desde una perspectiva de conjunto que tenga en cuenta los distintos elementos del sistema y sus relaciones internas y con el entorno. Si los componentes del sistema territorial funcionan de manera independiente o se relacionan solo indirectamente, el propio proceso podría ser fragmentado y aislado. La planificación del desarrollo requiere por lo tanto dar funcionalidad al sistema territorial estructurando los diferentes subsistemas y estableciendo relaciones entre ellos, al interior de ellos y entre los componentes del sistema y el entorno.

En ese sentido, el espacio-territorio rural no es sólo su dimensión agraria, sino es un espacio geográfico donde se interrelacionan los factores económico, social, político e institucional. Es el lugar donde las personas realizan diferentes funciones productivas, comerciales, organizativas, vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial, artesanal, a las actividades ambientales, a los servicios del turismo y donde lo cultural (costumbres, valores, etc.) es parte del sentido de pertenencia entre los grupos sociales, los cuales concertan acciones de cohesión social buscando el bienestar. En cuanto a las experiencias de promoción del desarrollo revisadas, encontramos las siguientes características:

Se asume, explícita o implícitamente, un marco conceptual del desarrollo rural (referencias al desarrollo rural sostenible, gestión de cuencas, perspectiva de género, medio ambiente, gestión de riesgo, entre otros); los campos de intervención con relación a dichos enfoques, no se encuentran suficientemente delimitados. Se destaca una clara posición respecto al ámbito rural como unidad de planificación. Apreciamos un acercamiento al análisis del territorio en su relación con espacios del entorno, pero los procesos, tendencias y las variables relevantes susceptibles de generar cambios en la transformación de la realidad deseada, al parecer no han sido priorizadas.

Los procesos metodológicos aplicados en el proceso de planificación destacan la participación de los actores sociales; sin embargo, la concreción de los planes en acciones prioritarias o estratégicas, al parecer no han logrado interiorizarse en los actores clave de los procesos de desarrollo, lo cual resulta ser una limitante para generar compromisos de actuación colectiva en la implementación de propuestas concretas. Un aporte importante y significativo que desatacamos es el nivel de concordancia y complementariedad de los planes de desarrollo de diversas jerarquías, así como los diversos mecanismos de participación, la generación de espacios de concertación y la capacidad de liderazgo de los principales actores (alcaldes, líderes empresariales, mujeres empresarias, etc.), lo que permitiría dinamizar propuestas de actuación vinculadas al territorio generando sinergias e de impactos relevantes para el desarrollo.

Relación entre la dimensión urbana y rural

Parte por reconocer la existencia de un continuo urbano-rural, en donde se establecen relaciones funcionales y de intercambio de recursos y energías, que se sustentan en la diversidad y variedad para dinamizar propuestas complementarias de desarrollo. Un acercamiento desde la perspectiva de cuenca nos permite acentuar el sentido de relación entre oferta y demanda que se establece en el espacio continuo de lo urbano y rural.

El espacio rural es muy diverso y oferta los recursos naturales y productivos que demanda el sistema urbano, y éste ofrece servicios e infraestructura complementarias a las actividades rurales (agrícolas, agroindustrial, artesanal, de servicios turísticos, etc.). Esta forma de relación intrínseca demanda de actuaciones que aporten a la integración y organización de los territorios rurales para hacerlos más competitivos en el mercado local, regional y nacional.

Esto significa que debe reconocerse la importancia creciente de las actividades no agrícolas en el ámbito rural y su relación con centros urbanos en territorios predominantemente rurales. Las nuevas estrategias de desarrollo rural reconocen esta configuración como alternativa complementaria que aportan a las metas del desarrollo.

3. El ordenamiento territorial desde un enfoque de género

La planificación física del territorio es una de las áreas relevantes de decisión de los gobiernos locales, y convoca aspectos sustanciales de las políticas públicas. Garantizar el derecho al territorio para toda la población que en ella habita significa entender que se trata de un derecho universal, y por lo tanto efectivizarlo es una atribución de los gobiernos locales, que lo posibilitan a través de políticas públicas y urbanas que orientan la organización del territorio.

Una óptica de derechos y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe tener como condición cambios culturales que modifiquen la división sexual del trabajo entre varones y mujeres y avanzar en la búsqueda de un nuevo contrato social. El estado, los gobiernos locales, tienen una responsabilidad para promover dichos cambios y la planificación del territorio es uno de los aspectos que pueden contribuir a efectivizar los mismos.

Ahora bien, para una planificación con enfoque de equidad de género, es necesario identificar los aspectos físicos y sociales obstaculizantes y facilitadores del acceso y apropiación de la ciudad por parte de hombres y mujeres, con el fin de contar con la información necesaria para nutrir el diseño e implementación de políticas públicas urbanas.

En este sentido se pueden señalar  seis  aspectos a tener en cuenta a la hora de identificar impactos diferenciales para las mujeres en el territorio.

A. Cambios en la Población Económicamente Activa (PEA)

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en las últimas décadas, con una participación importante en el sector informal de la economía, viene representando nuevos retos que impactan la vida cotidiana de la sociedad, en tanto las mujeres continúan siendo las responsables casi exclusivas del ámbito doméstico, lo que les genera sobrecarga de trabajo y condiciona sus oportunidades en el mercado laboral.

Mientras la división sexual del trabajo se mantenga inalterable, la incorporación de las mujeres al mercado laboral exige una organización del tiempo diferente, porque implica compatibilizar la vida familiar con la vida laboral o con las actividades de generación de ingresos, dentro o fuera de la casa. La relación trabajo y vivienda, las distancias a los lugares de trabajo, los horarios y los medios de movilidad, condicionan las decisiones personales de las mujeres: las elecciones laborales de medio tiempo y por lo tanto menos remuneradas.

En ese mismo orden de ideas, en un sistema cuyos valores son predominantemente monetarios, se ignoran las actividades asociadas a la reproducción que realizan las mujeres, puesto que el concepto trabajo hace referencia solamente al considerado productivo. Esto trae consecuencias para las mujeres integradas al mercado laboral, en tanto la doble jornada no es contemplada en la organización del trabajo en las empresas privadas o públicas.

Por lo tanto, la información acerca de la inserción de las mujeres en el mercado laboral y también en el trabajo informal, en el cual ocupan un alto porcentaje, debe integrarse e incorporarse a la planificación del uso del suelo del territorio. Paralelamente, se requiere repensar las obligaciones de las empresas privadas y públicas referidas a la responsabilidad social respecto a las actividades de cuidado de las personas en condición de dependencia y la provisión de los servicios necesarios.

B. Persistencia de la División sexual del Trabajo

La responsabilidad que recae en las mujeres a cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo ha justificado la construcción social de roles masculinos y femeninos, en relación al cuidado de  hijos, familia, personas mayores y con discapacidades, actividades expresadas como tareas domésticas o de economía del cuidado. El trabajo familiar ha sido, en las últimas décadas, motivo de minuciosa investigación y sistematización. Marina Bianchi (1994) ha clasificado las tareas del hogar que realizan las mujeres en múltiples actividades: reproductivas (procreación, crianza, educación, socialización), domésticas (mantenimiento de la ropa, comida, compras, limpieza), burocráticas (relacionadas con los servicios y las instituciones) y asistenciales (cuidado de las personas enfermas, ancianas o discapacitadas). Estas actividades no son contabilizadas en el volumen de la fuerza de trabajo de las personas económicamente activas.

La doble presencia laboral en el espacio privado y público, impacta en la estrecha relación que tienen las mujeres con i) la vivienda y el hábitat como principales usuarias, en cuanto al  acceso, la seguridad en la tenencia y la  calidad espacial, material y ambiental de la misma, considerando que la vivienda, en muchos casos, es también el único lugar de generación de ingresos; ii) con la dotación de servicios públicos para la realización de funciones domésticas iii)  los equipamientos sociales para educación, salud, espacio público, comercio; iv) la movilidad v) la seguridad ciudadana y v) con  las condiciones ambientales de barrios, colonias y comunidades.

La organización del territorio debe expresar esta vinculación y considerar el acceso a equipamientos de cuidado de niños y niñas y personas dependientes y de soporte a las tareas domésticas: comedores, centros de apoyo y de vacaciones escolares;  la cercanía de la vivienda  a centros educativos, servicios de salud y al comercio local; la dotación de transporte público; la cobertura interbarrial; rutas peatonales seguras; diseños del espacio público que contemplen la  movilidad de las personas adultas con niños, de personas mayores y/o con discapacidades etc. A su vez, debe evaluar los costos económicos y de tiempo para acceder a las actividades urbanas. La organización del espacio tiene una estrecha relación con el uso del tiempo y en consecuencia con el aprovechamiento de las oportunidades que la ciudad ofrece y la democratización de la misma.

C. Cambios en la Composición de los Hogares.

Los indicadores demográficos dan cuenta de una transformación en la composición y estructura de los hogares en las últimas décadas. Se ha incrementado el número de hogares unipersonales y monoparentales. Son los hogares encabezados por mujeres los que más han crecido. La composición de los hogares, afecta de manera diferencial al hogar encabezado por hombres o por mujeres y esto implica evaluar las demandas específicas de dicha población tanto a nivel de la vivienda como de los servicios.

Las posibilidades de acceso a una vivienda, al pago de los servicios, se ve reducida en hogares a cargo de mujeres con trabajos menos remunerados o vinculadas al sector informal de la economía. Asimismo, al mismo tiempo que hay un aumento de hogares monoparentales de mujeres con hijos a cargo, o personas dependientes, aumentan los hogares unipersonales de adultas mayores. Esto es de suma importancia al momento de pensar en políticas de salud, vivienda, cuidados, jubilación o sistemas de ingresos mínimos, teniendo en cuenta el mayor grado de vulnerabilidad de las mujeres adultas mayores. Nuevamente, la localización de la vivienda en relación al acceso a servicios y movilidad requiere de información fehaciente que de cuenta de la realidad poblacional y sus demandas.

D. Las violencias hacia las mujeres y la inseguridad en la ciudad

Las violencias hacia las mujeres, tanto en los espacios privados como públicos, constituye una realidad comprobada a través de las estadísticas, a pesar de los bajos niveles de denuncia, que afecta el libre ejercicio de su ciudadanía. Sin embargo, estas violencias no se incluyen entre los delitos, ni son reconocidas en las políticas públicas, estrategias o proyectos de inversión vinculados a la seguridad ciudadana. Las violencias hacia las mujeres, como la violencia de pareja, la violencia sexual, maltrato, acoso sexual en instituciones, es una problemática multicausal, que se ejerce sobre las mujeres por el sólo hecho de serlo.  En este sentido, Weinstein (1991)  señala que la discriminación origina relaciones de subordinación y de dominio, en las que la violencia constituye una forma de ejercer poder que se expresa en la estructura social y se reproduce en la familia y en otros subsistemas sociales.

Asimismo, desde hace ya más de una década, la seguridad de las mujeres en las ciudades se ha convertido, desde la perspectiva de género, en uno de los temas claves del urbanismo. Diversos estudios, en diversas latitudes, mostraron como el temor, por miedo a la violencia, se convierte en limitación espacial y motivo de exclusión para las mujeres. El miedo a ser atacadas y violentadas las limita en el acceso al trabajo y el ocio, en tanto, para reducir riesgos, evitan salir a determinadas horas, o circular por determinados lugares. Esta realidad incidió en el surgimiento de iniciativas de los gobiernos vinculadas a las políticas de planeamiento para reducir la percepción de inseguridad, entendiendo que el diseño de los espacios puede contribuir a generar condiciones de mayor seguridad. Con base en encuestas a mujeres sobre la percepción de sitios inseguros, se han comenzado a transformar parámetros de diseño y mantenimiento de los espacios públicos. (Canadá, Reino Unido, entre otros)

Las mujeres, sufren distintos tipos de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público: son robadas en mayor proporción que los varones a la salida del trabajo y en los días de semana; son acosadas, manoseadas e intimidadas en sus trayectos cotidianos y en el transporte público. De ahí que la oferta de servicios y su distribución en el territorio, requiera diseñarse con base en información actualizada y diferenciada por sexo, que responda a la demanda real de atención y prevención, así como de acceso a la justicia.  Por otra parte, el mismo diseño y mantenimiento del espacio público, su mobiliario y el transporte público,  pueden ser un factor de inclusión o exclusión, de seguridad o inseguridad para la población en general y las mujeres en particular. En este sentido es importante conocer, no sólo la violencia objetiva, sino la percepción de inseguridad y el temor, que tiene iguales consecuencias para la autonomía y apropiación de la ciudad por parte de las mujeres.

Concluyendo, esta problemática debe ser abordada desde el cuestionamiento y transformación de la cultura patriarcal, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y sus derechos ciudadanos y desde  políticas de seguridad interrelacionadas con la movilidad y el diseño incluyente del espacio público.

E. La Feminización de la pobreza

La feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente inaceptables: pobreza y desigualdades basadas en el género. La feminización de la pobreza es el fenómeno que genera cambios en los niveles de pobreza con una marcada tendencia en contra de las mujeres y/o los hogares a cargo de mujeres. Existen desigualdades entre los sexos, en el acceso al mercado laboral, a los recursos productivos, a los activos generadores de ingresos, que limitan la autonomía económica y el acceso a la toma de decisiones principalmente de las mujeres. Reconocer y hacer explícitos estos factores dota de mayor profundidad al análisis de la pobreza y contribuye a encontrar políticas para enfrentarla.

F. Discriminación de género en los ámbitos de participación ciudadana

Si asumimos la participación, como sostiene Di Licsia (2007), como el conjunto de acciones organizadas que buscan incidir sobre las decisiones, sobre los recursos, o imponer determinados cambios o asuntos en la agenda de una sociedad determinada,  podemos afirmar que en el caso de las mujeres la participación no es igualitaria con los hombres, no obstante los derechos políticos ganados. Como afirma la autora, la divisoria y las connotaciones de los espacios público/privado condicionaron, y agregaríamos, continúan impidiendo el ejercicio de la participación y de la democracia plena.

La Participación ciudadana de las mujeres se ve limitada por los mecanismos y reglas de juegos  establecidos, horarios, tipos de representatividad, priorización de temas, etc., definidos de acuerdo a las lógicas masculinas y también por la sobrecarga de trabajo que enfrentan las mujeres. Asimismo, en determinadas áreas, como la planificación de la ciudad, las mujeres han estado ausentes de las decisiones que condicionan su vida cotidiana. La participación ciudadana de las mujeres es una de las estrategias fundamentales a promover para lograr una ciudad equitativa e incluyente. Desde el gobierno local se deben garantizar los procedimientos y condiciones que garanticen la participación de las mujeres en las decisiones que conciernen a la organización del territorio y la definición de presupuestos y prioridades de inversión. Participación entendida en el sentido de las prácticas en las que puede incidirse y no donde la participación de las mujeres sea una mera presencia.

4. La planificación territorial y la equidad de género

La planificación territorial con enfoque de género para espacios rurales requiere poner énfasis en las estrategias que garantices la participación equitativa de hombres y mujeres (en cuanto actores del desarrollo) en la toma de decisiones, así como el reconocimiento y valoración social de los diversos aportes que brindan al desarrollo.

Lo anterior nos plantea la necesidad de construir redes y alianzas que favorezcan la capacidad de negociación con poder equilibrado en la relación de género; la articulación de las necesidades basada en la valoración del saber local expresados en los roles diferenciados; definición de estrategias y acciones incidiendo en la necesidad de relevar el empoderamiento de las mujeres en conocimiento y habilidades (técnicas, organizativas y políticas); la diversificación productiva y de organizaciones diferenciado en los grupos sociales como ejercicio para la toma de decisión con autonomía, principalmente.

A continuación presentamos a modo de propuesta, una serie de campos de integración de ambos enfoques (territorio y género), que en la práctica se constituyen en proposiciones a partir de las cuales se pueden formular indicadores que den cuenta tanto del estado de la cuestión (diagnóstico situacional), así como la valoración del cambio esperado (metas) a partir de las intervenciones de las organizaciones que promueven el desarrollo en los ámbitos rurales.

Matriz de integración de las dimensiones del enfoque territorial y género: campos de observación.

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Melgar Ceballos Marvin. (2012, septiembre 14). Ordenamiento territorial y equidad de género. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero/
Melgar Ceballos, Marvin. "Ordenamiento territorial y equidad de género". GestioPolis. 14 septiembre 2012. Web. <https://www.gestiopolis.com/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero/>.
Melgar Ceballos, Marvin. "Ordenamiento territorial y equidad de género". GestioPolis. septiembre 14, 2012. Consultado el 24 de Mayo de 2018. https://www.gestiopolis.com/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero/.
Melgar Ceballos, Marvin. Ordenamiento territorial y equidad de género [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero/> [Citado el 24 de Mayo de 2018].
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