Moral y ética para la eficiencia en la administración pública

  • Economía
  • 26 minutos de lectura

El presente artículo, enmarcado bajo la modalidad de ensayo reflexivo, tuvo como objetivo general, analizar el desempeño gerencial de la Administración publica bajo los principios éticos y morales consagrados en las leyes como ejes garantes de una gestión eficiente y eficaz.

Para el abordaje, se considero la investigación cualitativa como el diseño más idóneo para la consecución del objetivo propuesto. Dentro de las técnicas empleadas se utilizo el análisis, la reflexión, la lógica, los procesos de síntesis, como procedimientos intelectuales propios del ser humano, a fin de poder generar conclusiones relevantes sobre la variable objeto de estudio.

Finalmente, las consideraciones subyacentes en las ideas presentadas, permitieron enfatizar que la administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad. Si la existencia de normas es un elemento básico para la mejora ética de las administraciones públicas, su aplicación estricta y pública es otro elemento básico. De ahí que se haya comenzado a retomar la necesidad de reforzar el rol de Estado, partiendo de que “sin un Estado [eficiente] y eficaz, el desarrollo es imposible” (Banco Mundial, 1997).

Sin embargo hay que tener también prudencia a la hora de establecer los procesos de control. Si estos son excesivos pueden ir en contra de la eficiencia de la Administración, dilatar los plazos y crear retrasos innecesarios. En especial debe estudiarse con detenimiento los procedimientos para los contratos que realizan las Administraciones para servirse de bienes y servicios, para suministrar ambos por vía indirecta gestionados por gestores privados, o para realizar obras públicas. Por ultimo, las propuestas para la modernización y reforma del Estado y de su administración, han venido incorporándose a las agendas de los organismos internacionales como fundamento de cumplimiento para asegurar acceso a recursos y asistencia a los países, así como para la necesaria sinergia de las economías y las administraciones con el mercado internacional más que con las grandes necesidades nacionales que se vinieron acumulando. La regeneración de la ética es, por lo tanto, indisociable de una regeneración del civismo que, a su vez, es indisociable de una regeneración democrática. Sin embargo, la democracia no es suficiente, aunque sí necesaria, para regenerar la responsabilidad y la solidaridad.

Preámbulo

Repetidas veces, se ha comentado que “todos aquellos que pertenezcan a un par o tres de generaciones anteriores a la mía [del autor] ya no son modernos.

Son postmodernos” (Córdova, 2004). Ello significa que han pasado a formar parte de una era cultural posterior a la modernidad. La modernidad se caracteriza por el racionalismo, por la creencia que la razón es el instrumento que da el progreso que anhelan los seres humanos. Este paradigma, iniciada en el siglo XIII con Guillermo de Ockam la modernidad se generalizó en el siglo de las luces, con el positivismo y el empirismo científico. Descartes, en las ciencias naturales, y los empiristas como Hume en las sociales, construyeron un edificio intelectual y científico basado en el racionalismo. Para ellos lo que no se demostraba empíricamente no era científico. Además especializaron las ciencias. La universidad medieval era unitaria. La ciencia era única y las distintas ramas del saber se entroncaban en un solo cuerpo de doctrina dominada por la filosofía y, por encima de ella, por la teología. Con la modernidad, el racionalismo y el empirismo, las ciencias primero se hicieron autónomas, buscando un método propio, y luego independientes. El nexo de las distintas disciplinas con las ciencias morales se fue difuminando.

Estas ideas sirven de preámbulo, para enfatizar como se fue desplazando los pensamientos filosóficos de la ética, la moral como principios fundamentales en toda disciplina, específicamente en el derecho público, y muy enfatizadamente en la administración pública. No obstante, la respuesta a las inquietudes básicas del hombre, las que le ayudan a alcanzar la felicidad, no son exclusivas de una institución, deben ser compartidas por todas. La empresa ya no es exclusivamente una máquina de hacer riqueza. El estado no sólo debe dedicarse a repartirla. Las dos tienen que dar también respuestas al sentido de la vida. La ética es parte de su misión.

Las ciencias pueden ser autónomas, pero no independientes. Desde que Max Weber escribió a principios del siglo XX su libro “La ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo” quedó bien definida la influencia del nivel moral de una sociedad y su desarrollo económico. Ya los clásicos defendían la jerarquía de las ciencias. Para Aristóteles la economía era una parte de la filosofía práctica [economía política].

La aparición de ciencias como la bioética, está detrás de la convicción de que las ciencias pueden ser autónomas, lo son en su método, pero no independientes. Están jerarquizadas y, por encima de todas, están las ciencias morales. Aunque no sean empíricas, sino normativas, como ocurre con la ética, que es la ciencia del “deber ser”, y por corresponder a un precepto normativo, es que el derecho alberga dichos axiomas, derivando de esta disciplinas, las leyes que rigen la conducta de toda sociedad. En síntesis, de las normas morales y ética se derivan los principios de eficiencia y eficacia, baremos claves de toda gerencia, de toda administración, aun mas en el sector público, donde la productividad y la efectividad está vinculada directamente con el desarrollo social y cultural de un país, de una economía, de una región.

La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y sólo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: “los estados y soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados”.

La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad.

Introducción

Los planteamientos generados desde los organismos multilaterales, para el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del sector público en los países en vías de desarrollo, han girado sobre dos cuestiones: la gestión económica y social. Así, los intentos por la transformación de la administración pública y de los aparatos públicos en general de los países de América Latina ha transcurrido en medio de condicionantes de carácter internacional, impactados por las mutaciones en materia económica y las subsecuentes crisis en las estructuras internas de las economías de dichos países (Morin, 2004).

Según (Morin, 2004) en una primera etapa, los esfuerzos por la introducción de un modelo de administración pública moderno eficiente y eficaz, se dieron en el marco del modelo de sustitución de importaciones, y de una política de gran expansión de la administración pública. El consumo interno era de vital importancia para lograr la legitimidad del modelo democrático, por lo que los planes van dirigidos fundamentalmente al logro de una organización centralizada de la administración mediante la cual los beneficios de la economía eran distribuidas mediante diversas agencias y estructuras de mediación, tales como los partidos políticos que dominaron la escena política dentro de lo que fue la conciliación de poder a partir de 1958.

En una segunda etapa (ubicada a partir de los últimos años de la década de los años ochenta) los esfuerzos fueron dirigidos, ya en medio de cambios extraordinarios en la dinámica económica mundial, asociados a la crisis que se inició en los centros de desarrollo mundial, Estados Unidos y Europa, que requerían fortalecer el mercado mundial globalizado, para lo cual las economías de los países receptores de tecnología debían funcionar eficiente, es así como la transformación de la administración pública era requisitorio.

“Los planes de transformación de estas economías y de sus estructuras de funcionamiento se inician bajo la crítica del funcionamiento de sus aspectos administrativos así como del contenido de las políticas públicas, de tal manera que una primera generación de planes de modernización y transformación se centraron en proponer cambios de funcionamiento de dichas estructuras, es decir del cambio de la institucionalidad” (Morin, 2004).

Sin embargo, las propuestas para la modernización y reforma del Estado y de su administración, han venido incorporándose a las agendas de los organismos internacionales como fundamento de cumplimiento para asegurar acceso a recursos y asistencia a los países, así como para la necesaria sinergia de las economías y las administraciones con el mercado internacional más que con las grandes necesidades nacionales que se vinieron acumulando.

Para realizar un acercamiento al tema propuesto, nos detendremos en primer lugar en las concepciones que han sido desarrolladas respectos a la gerencia pública, nueva gerencia pública y buen gobierno, enfoques que desde nuestra óptica se encuentran constituidos por conceptos similares y que responden a soluciones surgidas en determinados momentos o contextos, pero con vías diferentes de presentación.

I Parte

Aplicación de normas éticas para la eficiencia y la eficacia en la administración pública.

Si la existencia de normas es un elemento básico para la mejora ética de las administraciones públicas, su aplicación estricta y pública es otro elemento básico. Los mecanismos de control legales, mediante los servicios de intervención previa, o a posteriori, mediante los “Tribunales de cuentas” son mecanismos que aplicados con diligencia y rigor ayudan a mantener la tensión ética en la organización. Sin embargo hay que tener también prudencia a la hora de establecer los procesos de control. Si estos son excesivos pueden ir en contra de la eficiencia de la Administración, dilatar los plazos y crear retrasos innecesarios. En especial debe estudiarse con detenimiento los procedimientos para los contratos que realizan las Administraciones para servirse de bienes y servicios, para suministrar ambos por vía indirecta gestionados por gestores privados, o para realizar obras públicas.

La “Ley de contratos de las Administraciones Públicas” que regulan las subastas, los concursos subastas o los concursos, debe ser rigurosa, a la vez que ágil, si se deteriora la eficiencia tampoco es ética, porque se están utilizando mal unos recursos que son de los ciudadanos. La célebre división de poderes de Montesquieu es también una garantía de justicia y equidad por el equilibrio que comporta. Cuanto más independientes sean los unos de los otros, siempre que exista el control democrático por parte de la ciudadanía sobre cada uno de ellos mayor será esta garantía. Todos estos, los procedimientos de selección y formación, los códigos de comportamiento y la aplicación de los mecanismos de control, son instrumentos que ayudan a la mejora del nivel ético de la Administración en que se aplican. Pero como ya se indicó más arriba Kotter afirma que existe otro factor necesario para que estos instrumentos sean útiles: el Liderazgo.

Principios y bases del funcionamiento y organización de la administración pública

Objetivo principal de la Administración Pública

Artículo 3. La Administración Pública tendrá como principal objetivo de su organización y funcionamiento dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en especial, garantizar a todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

Principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados
Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso.

La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la Administración Pública se corresponderá y ceñirá a su misión, y la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a la de aquellas.

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
Artículo 20. La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. El funcionamiento de la Administración Pública propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios.

En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y eficientes mediante la gestión del sector privado o de las comunidades, dichas actividades serán transferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los resultados de la gestión transferida.

La Administración Pública procurará que sus unidades de apoyo administrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio económico y con base en los índices que fueren más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, determinarán los porcentajes mínimos de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo.

Principio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines institucionales.

Artículo 21. El tamaño y la estructura organizativa de los órganos y entes de la Administración Pública serán proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les han sido asignados. Las formas organizativas que adopte la Administración Pública serán suficientes para el cumplimiento de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional de los recursos del Estado.
Sin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, los órganos de la Administración Pública podrán incluir oficinas técnicas de carácter estratégico, integradas por un cuerpo multidisciplinario de asesores cuya remuneración se podrá establecer por vía contractual con base en honorarios profesionales u otras modalidades fijadas de conformidad con la ley, al margen de la escala de los sueldos y salarios de la Administración Pública, con el objeto de obtener una asesoría técnica de máxima calidad y eficiencia.

Modelo de gerencia pública bajo principios éticos:

Hacia la eficiencia y eficacia

Las transformaciones administrativas que han tenido lugar en el sector público venezolano producto de la reforma del Estado que se inició con mayor fuerza a finales de 1991 y que se desarrolló con cierto vigor hasta 1998, se promovieron y aplicaron a través de los planteamientos que integran los postulados de la “gerencia empresarial eficiente”, este enfoque lleva consigo que de forma aparente este proceso se le vacíe de su contenido político que le es inherente por su naturaleza, esto es precisamente uno de los aspectos donde los procesos de reforma del Estado en América Latina han mostrado a nuestro juicio su mayor debilidad, pues se han convertido en un conjunto de propuestas fundamentalmente técnicas para cambiar estructuras político-administrativas ineficientes por unas que apuntalen la eficiencia, sin observancia de aspectos inequívocos de la naturaleza de la administración pública producto de su proceso histórico-político y socio cultural.

Es decir que se han trasladado acríticamente construcciones tecnológicas producidas a partir de problemas de producción del sector privado para explicar y resolver situaciones del sector público, siguiendo una idea que reduce el problema de la administración pública a un problema meramente de funcionamiento-técnico.

El desafío para la administración pública en este contexto de ideas, radicó en introducir mejoras en su funcionamiento (normativas, organizaciones, disposiciones, procedimientos) es decir en aumentar su capacidad de facilitar que los cambios económicos puedan transitar y hallar canales para su desarrollo adecuado, a esto Guerrero (1999) lo ha denominado capacidad de implementabilidad; “en su origen, el manejo público (public management) fue desarrollado como un paradigma de implementabilidad en administración pública” (Guerrero, 1999:81), a mayor capacidad de implementar cambios mayor será la capacidad de mantener gobernabilidad.

Otros autores han identificado a la Gerencia como el paradigma para acometer la modernización administrativa y han vinculado esta con aquella, es decir que hay una visión de establecer a la modernización administrativa como una capacidad para la absorción de cambios. Se promovió la sustitución de la administración pública por la aplicación de la gerencia pública como paradigma que venía a solucionar los problemas de organización y funcionamiento del Estado, como si se tratara de estructuras de producción privada lo que ha constituido un abordaje limitado del asunto.

A continuación se expone de manera muy resumida las ocho principales propuestas del Presidente Chávez para la transformación de la administración pública, nos parece importante transcribir estos planteamientos ya que permitirán realizar un análisis sobre las realizaciones en esta materia de transformación del modelo burocrático populista-centralizado, luego de más seis años formuladas.

1. Hacer de la Administración Pública un sistema abierto, flexible y permeable a las exigencias y a los cambios en su ambiente, que le permita irse adaptando a ellos, renovándose permanentemente.

2. Desarrollar mecanismos de comunicación e información que hagan de la Administración Pública una estructura transparente donde el secreto sea la excepción y no la regla, y estimular estrategias orientadas hacia una mayor participación ciudadana en los procesos decisorios de la administración.

3. Que la descentralización sea parte constitutiva de la reforma de la Administración Pública, a fin de lograr una mayor capacidad de adaptación y respuesta a la diversidad de situaciones que se le presentan. Por ello es necesario que en cada nivel, nacional, regional y municipal se defina en qué consiste su papel como rector, promotor y regulador del desarrollo, así como la relación que debe haber entre cada uno de esos niveles en razón del buen funcionamiento de la administración como un todo.

4. Desarrollar mecanismos en la Administración Pública que la capaciten para formular, implementar y evaluar las políticas públicas en función de los objetivos, en contraste con lo que ha venido sucediendo hasta ahora que se orienta, fundamentalmente, al control y evaluación de procedimientos.

5. Crear en las diferentes dependencias unidades de evaluación estratégica, encargadas del seguimiento y evaluación de las políticas de su área y rescatar la misión estratégica del organismo central de planificación.

6. Garantizar el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida, evitando la intromisión privilegiada de intereses particulares que la distorsionen y/o la limiten. Para ello hay que: a) Reducir capacidad discrecional a los funcionarios para que no puedan beneficiar sesgadamente uno u otro interés, a través de la simplificación de los procedimientos administrativos, sustituyéndolos por reglamentaciones generales y sencillas, que permitan garantizar, a la vez, la sanción a sus transgresores. b) Retomar el control de la Administración.

Pública sobre el ingreso, ascenso y egreso de su personal, estableciendo que esa potestad es indelegable por parte de las autoridades administrativas.

7. Reducir el número de Ministerios, para lograr, entre otros, un Consejo de Ministros más operativo; pero más importante aún es que los Ministerios que existan sean eficientes y funcionales.

8. Reducir la, rigidez de la Ley Orgánica de la Administración Central, la cual estipula una estructura uniforme para los distintos Ministerios, obviando sus características particulares. La, estructura y organización de cada uno de ellos debe dejarse a la potestad del Consejo de Ministros, mediante disposiciones de carácter reglamentario.

II Parte

La eficiencia y la eficacia en la Administración pública contemplada en los basamentos legales

Las administraciones del Estado constituyen una forma específica de organización con carácter de servicio público, dedicadas a la gestión y al control de las actividades de una Nación. Aún teniendo su carácter específico, la administración estatal obedece a unos principios generales de organización que existen en otros ámbitos: Principio de centralización, Principio de jerarquía, Principio de especialización de las competencias.

Como lo he señalado en otra parte (Méthode 2, La vie de la vie), la pertinencia y la eficacia de una organización exigen que sean mejor empleadas las aptitudes y cualidades de los individuos que trabajan en ella. Esas aptitudes y cualidades, como lo hemos dicho antes, se inhiben bajo el efecto de la centralización, de la jerarquía y de la especialización. Aunque desde luego no se puede concebir una administración estatal privada de centro, exenta de jerarquía y desprovista de competencias especializadas.

La racionalidad corresponde a la plena utilización de las aptitudes intelectuales y afectivas de todos los que participan en la administración del Estado, a la debida coordinación de las tareas, a la comunicación y a los intercambios de información, a la utilización de policompetencias. La racionalización, por su parte, obedece a los principios de especialización estricta, de jerarquía rígida, de centralización extrema.

Ahora bien, la experiencia muestra que esos principios, aplicados de manera estricta, no son racionales. El principio de ahorro de tiempo mediante la supresión de los tiempos muertos o de los momentos de convivialidad es irracional. En materia de información, la teoría de Shannon mostró que cualquier comunicación verdadera necesita “redundancia” (redundancy), es decir repetición, recordatorio, constitución de un saber común. Hace falta añadir que una plena comprensión interpersonal exige aparentes pérdidas de tiempo mientras que, en realidad, son ganancias de racionalidad. Como lo revela la anterior cita de Max Weber, la racionalización es una verdadera mano de hierro. La desaparición de los operadores humanos en beneficio de las máquinas automáticas conlleva anonimato y mecanización que son sub-eficientes y a menudo contra-eficientes.

La democracia es la conquista de una complejidad social. Establece a la vez derechos y libertades individuales, elecciones que garantizan el control de los controladores por los controlados, el respeto de la pluralidad de ideas y opiniones, la expresión de los antagonismos y una regulación que impide que se manifiesten de forma violenta. Cuando está bien arraigada en la historia de una sociedad, la complejidad democrática hace de ella un sistema metaestable, que tiene la virtud de mantenerse.

La democracia significa a la vez actividad crítica y control del control estatal por los controlados. El control del control se realiza mediante la organización de elecciones periódicas. La actividad crítica se logra a través del juego y del conflicto pluralista de opiniones e ideas y de la actividad informadora y crítica de los medios de comunicación con relación al gobierno y al funcionamiento del Estado. La prensa puede luchar de ese modo, a través de sus denuncias, contra los incontables casos de corrupción de los funcionarios o gobernantes. Pero eso supone una prensa pluralista, lo cual significa una pluralidad de fuentes de información y de investigación, una pluralidad de opiniones, incluyendo las opiniones disonantes y críticas.

La regeneración de la ética es, por lo tanto, indisociable de una regeneración del civismo que, a su vez, es indisociable de una regeneración democrática. Sin embargo, la democracia no es suficiente, aunque sí necesaria, para regenerar la responsabilidad y la solidaridad.

III Parte

Importancia de la Gestión Pública para las Ciencias Económicas

Administración pública y desarrollo: La ambigüedad del desarrollo ¿“económico, social o humano?”

El término de desarrollo, incluso enmendado o suavizado bajo la denominación de desarrollo sustentable, sostenible o humano, es terriblemente ambiguo. El concepto de desarrollo siempre tuvo una base técnica y económica, medible por los indicadores de crecimiento y de ingresos. Da implícitamente por sentado que el desarrollo técnico y económico es la locomotora que arrastra naturalmente al “desarrollo humano”, cuyo modelo consumado y exitoso es el de los países llamados desarrollados, es decir los países occidentales. Esa visión supone que el estado actual de las sociedades occidentales constituye el objetivo y la finalidad de la historia humana.

El desarrollo “sostenible” no hace sino suavizar el desarrollo al tomar en cuenta el aspecto ecológico, pero sin cuestionar sus principios; en el desarrollo “humano” la palabra humana está exento de toda sustancia, a menos que remita al modelo humano occidental que, por cierto, tiene características básicamente positivas pero también características esencialmente negativas.

El desarrollo ignora lo que no es ni calculable ni medible, es decir la vida, el sufrimiento, la alegría, el amor, y su único índice de satisfacción es el del crecimiento (de la producción, de la productividad, de los ingresos monetarios), desde un modelo epistémico materialista, utilitarista y economicista.

Concebido en términos únicamente cuantitativos, ignora las calidades de la existencia, las calidades de la solidaridad, la calidad ambiental, la calidad de vida, las riquezas humanas no calculables y no comercializables; ignora el don, la magnanimidad, el honor, la conciencia. Su avance barre los tesoros culturales y los conocimientos de las civilizaciones arcaicas y tradicionales; el concepto ciego y grosero de subdesarrollo destruye el arte de vivir y la sabiduría de culturas milenarias.

El desarrollo ignora que el crecimiento tecnológico y económico produce también un subdesarrollo moral y psíquico: la hiperespecialización generalizada, las compartimentaciones en todos los ámbitos, el hiperindividualismo, el afán de lucro, acarrean la pérdida de solidaridad. La educación disciplinaria del mundo desarrollado aporta conocimientos, pero engendra un conocimiento especializado que es incapaz de comprender los problemas multidimensionales y que provoca una incapacidad intelectual de reconocimiento de los problemas fundamentales y globales.

El desarrollo lleva en sí todo lo que es problemático, nefasto y funesto en la civilización occidental y no necesariamente lo que tiene de fecundo (derechos humanos, responsabilidad individual, cultura humanista, democracia). El desarrollo es el remedio que trae el mal contra el cual nos proponemos luchar, es decir la degradación de las solidaridades tradicionales, la disminución de la responsabilidad personal, el desencadenamiento del afán de ganancias y de lucro que generan la corrupción en el seno mismo de la máquina estatal. El desarrollo “economico” es anti-ético, mientras que nosotros necesitamos una regeneración ética.

Las reformas no son únicamente institucionales o sociológicas, son reformas mentales que necesitan un pensamiento distinto, una revisión de los términos aparentemente evidentes de la racionalidad, de la modernidad, del desarrollo.

La reforma del Estado, la reforma del espíritu y la reforma de sociedad se necesitan mutuamente. La reforma del espíritu requiere una reforma de la educación que depende, en gran parte, de los Estados. Es decir que la reforma educativa podría ser promovida por el Estado (CITA MORIN). Pero solamente un Estado ya reformado podría iniciar esa reforma, y solamente una educación reformada podría formar los espíritus que llevarían a cabo la reforma del Estado. Existe, por lo tanto, una relación circular entre esas reformas que dependen una de otra.

Habría que reformar nuestro sistema educativo porque está basado en la separación: separación de los saberes, de las disciplinas, de las ciencias; produce espíritus incapaces de relacionar los conocimientos, de reconocer los problemas globales y fundamentales, de responder los desafíos de la complejidad. Debería ser sustituido por un nuevo sistema educativo basado en la vinculación de todos los conocimientos, y por lo tanto drásticamente diferente del que existe ahora (MORIN, 2004). Ese sistema favorecería la capacidad del espíritu de aprehender los problemas globales y fundamentales de los individuos y de la sociedad en toda su complejidad. Estaría arraigado en una educación que permita la comprensión entre las personas, los pueblos, las etnias. Un sistema educativo de ese tipo podría y debería desempeñar un gran papel civilizador.

Las fuentes de la ética son la solidaridad y la responsabilidad. De manera que, todas las reformas planteadas, incluyendo la del Estado, requieren una reforma ética que, a su vez, las necesita a ellas. La regeneración ética sólo se puede realizar dentro de un proceso complejo de transformación y regeneración humana, social e histórica. Es en ese proceso donde la regeneración ética puede contribuir con las otras reformas, entre las cuales se encuentra la del Estado.

Conclusiones finales

Muchos especialistas en la última década fundamentan desde diferentes planos de análisis la necesidad de reforma de la Administración Pública como una respuesta a la crisis de legitimidad del estado contemporáneo (Cabrero, 1995). Si se parte de una perspectiva de eficiencia, para dar respuesta prioritariamente a problemas de crisis fiscal, las propuestas se han encaminado ante todo al redimensionamiento del aparato del Estado (“downsizing”) y la racionalización de todo tipo de recursos, por lo que se recomiendan, políticas de recortes de plantillas de personal, de proyectos y de presupuestos; se promueven procesos de privatización de empresas y “terciarización” de servicios públicos, descentralización y desregulación, entre otras.

De ahí que se haya comenzado a retomar la necesidad de reforzar el rol de Estado, partiendo de que “sin un Estado eficaz, el desarrollo es imposible”. (Banco Mundial, 1997). Desde esta perspectiva la Administración Pública se ha convertido en un aparato ineficaz, incapaz de alcanzar objetivos, metas, programas o proyectos. Se enfatiza entonces en la necesidad de un Estado renovado y eficaz, equidistante tanto del antiguo Estado Benefactor, sobredimensionado, burocrático, lento y centralizador, como del Estado mínimo y mutilado que proclama el radicalismo neoliberal.

Sin embargo, como señala Cabrero (1995), sólo con identificar y proponerse alcanzar las metas estatales no se resuelve la crisis de interlocución Estado-sociedad: se puede contar con un aparato más eficaz, aunque no necesariamente más legítimo ni sensible a las demandas sociales.

En otras palabras, “la eficiencia económica y la eficacia gerencial…no constituyen los únicos valores que orientan las decisiones y acciones administrativas en el sector público” (Santana, 2003: 63). Se evidencia que, por su propia naturaleza, el Gobierno tiene que funcionar en un ambiente de transparencia, abierto y sujeto a escrutinio de la opinión pública y el electorado. Junto a la eficiencia y eficacia deben primar valores de justicia, equidad, responsabilidad social, representatividad, rendición de cuentas, honradez y austeridad en la gestión pública.

La eficacia puede verse también incrementada con la activa participación ciudadana que física, política y estructuralmente está en mejores condiciones para contribuir a la realización colectiva de los fines del órgano de poder local, con la satisfacción de determinadas necesidades de la comunidad a partir de iniciativas propias y potencialidades. Ello incentiva la responsabilidad ciudadana en la gestión de su propio desarrollo, lo que en Venezuela actualmente identifican con frecuencia como “desarrollo endógeno”.

De lo investigado, se puede sintetizar que la “eficiencia” se define “como la virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. En Economía se le define como “el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada relación entre ingresos y gastos”.

En palabras más aplicadas a nuestras profesiones, consiste en el buen uso de los recursos. En lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Si un grupo humano dispone de un determinado número de insumos que son utilizados para producir bienes o servicios, “eficiente” será aquel grupo que logre el mayor número de bienes o servicios utilizando el menor número de insumos que le sea posible. “Eficiente” es quien logra una alta productividad con relación a los recursos que dispone.

Eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados que se obtengan –eficacia-. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene mejores resultados con menor gasto de recursos o menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se utilizan para medir o evaluar la eficiencia de las personas o empresas: “costo “y “tiempo “. El concepto de “hacer bien las cosas debidas” nos pone en mayor capacidad de entender con mucha claridad el vocablo de “Eficiencia”.

No obstante, en la dimensión económica y social, “eficiencia se refiere a la producción de bienes o servicios que la sociedad valora más, al menor costo social posible”. Es el cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los recursos empleados. La eficiencia no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo sino que se determina por comparación con los resultados obtenidos por terceros, quienes actúan en situaciones semejantes a las que deseamos analizar. “Eficiencia es alcanzar los objetivos por medio de la elección de alternativas que pueden suministrar el mayor beneficio”.

La eficiencia económica de la producción social constituye una premisa objetiva del socialismo y al mismo tiempo un factor fundamental para el incremento del la riqueza social, existiendo un vinculo estrecho entre la categoría eficiencia y la ley económica fundamental del socialismo que determina el objetivo de la producción socialista encaminada a la plena satisfacción de las crecientes necesidades de la sociedad.

Por otra parte, el resultado final del manejo eficiente en cualquier gestión nos deriva en la EFICACIA (efectividad y productividad). En ese sentido, la “Eficacia”: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos.

No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.

Como puede deducirse, la eficacia es un criterio muy relacionado con lo que hemos definido como calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente), sin embargo considerando ésta en su sentido amplio: CALIDAD DEL SISTEMA.

En suma, la “Eficacia” es “la virtud, actividad y poder para obrar”. “Cuando un grupo alcanza las metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz”. Eficacia se refiere a los “Resultados” en relación con las “Metas y cumplimiento de los Objetivos organizacionales”. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente.

En la administración pública, la eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor resultado posible. La falta de eficacia no puede ser reemplazada con mayor eficiencia porque no hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor.

Se atribuye a Peter Druker la frase que “Un líder debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más decisiva”. “Eficiencia” es hacer las cosas bien. “Eficacia” es hacer las cosas debidas.

Un buen comentario para terminar con esta identificación y distinción de conceptos, es tener presente que “eficiencia” es la capacidad de hacer correctamente las cosas, es decir, lograr resultados de acuerdo a la inversión o al esfuerzo que se realice. “Eficacia” es la capacidad de escoger los objetivos apropiados. Administrador eficaz será aquel que selecciona los objetivos correctos para trabajar en el sentido de alcanzarlos. Para triunfar hay que ser eficiente y eficaz. Solamente con eficiencia no se llega a ningún lado por que no se alcanzan los fines que se deberían lograr.

Referencias bibliográficas

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Rincón Soto Idana Berosca. (2009, noviembre 26). Moral y ética para la eficiencia en la administración pública. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/moral-y-etica-para-la-eficiencia-en-la-administracion-publica/
Rincón Soto, Idana Berosca. "Moral y ética para la eficiencia en la administración pública". GestioPolis. 26 noviembre 2009. Web. <https://www.gestiopolis.com/moral-y-etica-para-la-eficiencia-en-la-administracion-publica/>.
Rincón Soto, Idana Berosca. "Moral y ética para la eficiencia en la administración pública". GestioPolis. noviembre 26, 2009. Consultado el 19 de Septiembre de 2018. https://www.gestiopolis.com/moral-y-etica-para-la-eficiencia-en-la-administracion-publica/.
Rincón Soto, Idana Berosca. Moral y ética para la eficiencia en la administración pública [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/moral-y-etica-para-la-eficiencia-en-la-administracion-publica/> [Citado el 19 de Septiembre de 2018].
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