Estando por finalizar la segunda década del Siglo XXI en un entorno incierto y cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios, pero para hacerlo exitosamente deben contar con un Clima de Negocios que les permita desarrollarse, invertir, fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos o servicios a efectos de ser más competitivos en el mercado y ser cada vez más eficientes y eficaces.
Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo son las acciones que toman los gobiernos de los países en materias de política económica y de gestión, dado que estas afectan el Clima de Negocios. Para analizar este tema, específicamente en materia de medidas para reducir el gasto público, voy a tomar como ejemplo el caso peruano.
Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto de urgencia para reducir el gasto público y alcanzar la meta de reducir el déficit fiscal progresivamente del 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2018 al 1% del PBI en el 2021.
El Decreto de Urgencia N° 005-2018 recorta el gasto por concepto de bienes y servicios en las entidades del Gobierno Central por S/969,2 millones. El ajuste será aplicado sobre los recursos ordinarios del presupuesto institucional modificado (PIM) de las referidas entidades.
El Ministerio de Energía y Minas no está incluido en este ajuste. Los ministerios de Educación, Salud y Transporte concentran más de la mitad del monto del recorte (52%), en sintonía con los primeros lugares que ocupan en el ránking del presupuesto.
En términos del peso del recorte sobre el PIM –para gasto corriente, financiado con recursos ordinarios–, el Ministerio de Comercio Exterior es el que registra el mayor ajuste al comprometer el 10,43% de estos recursos; le siguen los ministerios de Agricultura con 7,9%, Producción con 7,9%, Cultura con 6,6% y Justicia con 6%.
También reduce el gasto en bienes y servicios con cargo a recursos directamente recaudados por S/310,3 millones a los ministerios de Cultura, Economía, Agricultura, Energía, Defensa, Comercio Exterior, Transportes y Vivienda.
La norma fija límites de gasto para diversos ministerios y unidades ejecutoras en conceptos específicos, como promoción e imagen institucional, compras de libros, diarios, revistas, comisiones de servicios, celebraciones oficiales y publicidad. En todos estos casos, el gasto para este año no podrá superar el 80% de los recursos devengados en esas mismas partidas en el 2017.
Además, establece límites a otros rubros no comprendidos en los anteriores y se restringe la compra de vehículos oficiales.
Sobre estas medidas tomadas por el gobierno para reducir el gasto público debo indicar que en principio, tomar medidas para reducir gastos innecesarios o superfluos de un Estado me parece correcto, sin embargo se debe tener mucho cuidado de no reducir gastos que afecten el cumplimiento de los objetivos del Estado, y que además no afecten la lucha contra los principales problemas del país, como son la corrupción, la inseguridad ciudadana y las trabas burocráticas.
Puedo observar buenas intenciones en el plano de simplificar las trabas burocráticas, pero no percibo señales de cambios estructurales en muchas de las entidades del Estado, a pesar de los nefastas cifras en la gestión del pasado gobierno, como son un incremento de 1% en el índice de pobreza en el país, que afecta a casi 7 millones de peruanos, una presión tributaria (ingresos como porcentaje del producto bruto interno) del Perú que actualmente llega a un nivel 12.9% del PBI, una tasa por debajo del promedio de América Latina que alcanza un 23% del PBI y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que alcanza un 34% del PBI, entre otros resultados negativos.
En tal sentido, considero que siendo la optimización de recursos económicos del Estado necesaria, esta no debe afectar a la lucha contra los principales problemas del país descritos, y tampoco debe afectar a entidades que cumplen una función critica en el Estado, como son entre otros, la administración tributaria, cuyo rol en la labor de recaudación y fiscalización tributaria, son vitales para obtener mayores ingresos para el Estado y por ende para contribuir al desarrollo del país.