Actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
A efectos de analizar dos de los principales problemas que afectan el clima de negocios en los países, como son la corrupción y la inseguridad ciudadana voy a tomar como modelo el caso peruano.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción. En el caso peruano uno de los casos emblemáticos de trascendencia actual es el referido al caso Odebrecht, donde denuncias de corrupción afectan a las gestiones de varios gobiernos.
En cuanto a la inseguridad ciudadana es considerada por nuestra sociedad como uno de los mayores problemas que afronta el país donde sectores políticos tienen un enfoque completamente errado de cómo combatirla con planteamientos como el de utilizar a las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia o pretender limitar o restringir el uso de armas a la población civil para disminuir los actos delincuenciales, porque además de inconstitucionales estos planteamientos están completamente equivocados, dado que los delincuentes se abastecen de armas del mercado negro, por lo que tal medida solo perjudicaría a los ciudadanos honestos que desean ejercer sus derechos constitucionales como el de la legítima defensa, obteniendo legalmente sus licencias para portar y usar armas de fuego.
Lamentablemente se han detectado muchos casos en los cuales la corrupción y la inseguridad ciudadana están interrelacionados directamente, uno de ellos afecta a una de nuestras más importantes instituciones, la Policía Nacional del Perú, que por culpa de algunos malos elementos su imagen se ha visto deteriorada en las últimas décadas, sin embargo debo señalar que en esta institución existen muy buenos elementos que día a día se esfuerzan e incluso exponen sus vidas en cumplimiento de su función.
Es bajo este contexto que el gobierno actual ha tomado una serie de medidas para combatir el la inseguridad ciudadana y la corrupción al emitir diversas Leyes en virtud a la delegación de facultades que le dio el Congreso el año pasado, una de estas es la LEY Nº 30521, Ley que modifica la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado, con la finalidad de extender la referida obligación a todos los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, para incrementar los alcances de la Fiscalización que realiza la Contraloría General de la República.
Este marco legal refuerza la obligatoriedad de que todos los policías deban de declarar sus ingresos, bienes y rentas, lo cual me parece acertado a efectos de prevenir delitos como el de enriquecimiento ilícito, en sus diversas modalidades como un elevado incremento patrimonial injustificado en los efectivos de nuestra Policía Nacional.
De esta manera, considero que tendremos los ciudadanos e inversionistas nacionales y extranjeros un elemento más que mejorará la confianza y la imagen de nuestra Policía Nacional, con el consiguiente beneficio para la sociedad y el clima de negocios en el Perú.
