Actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción lo que genera un impacto negativo en la economía de un país.
Recientemente, la sociedad peruana se ha visto remecida por una serie de denuncias de corrupción y tráfico de influencias, a raíz de la difusión de diversos audios que comprometen a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que han golpeado al sistema judicial del Perú y a la percepción que tienen los peruanos sobre el mismo.
Eso se ha traducido en los resultados de la reciente Encuesta Nacional Urbano-Rural de GFK, donde la desaprobación del Poder Judicial aumentó considerablemente de 76% en junio a 88% en julio.
La misma suerte corrió la Fiscalía de la Nación, ya que su desaprobación aumentó de 72% a 81% en un mes.
Mientras que la aprobación de las instituciones cayó de 17% a 8%, en el caso del Poder Judicial, y de 18% a 12% para la Fiscalía de la Nación.
Por otro lado, sólo el 20% de peruanos encuestados por GFK confía en la independencia del Congreso para investigar los audios difundidos por IDL-Reporteros. El 76% no confía en que las investigaciones que haga el Congreso sean totalmente independientes.
Asimismo, la encuesta de GFK, difundida por La República, permitió conocer que el 73% de peruanos están de acuerdo con la conformación de una comisión encargada de iniciar la reforma del Poder Judicial.
Sólo el 19% de encuestados mostró su disconformidad con dicha medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra. Aunque el 60% de encuestados considera que las conclusiones que tenga la comisión sólo quedarán en recomendaciones, pero el 23% señala que sí serán implementadas.
Los resultados de esta encuesta son muy peligrosos y hasta nefastos para nuestro país. Son el caldo de cultivo para conflictos sociales, para el surgimiento de caudillos populistas sin un plan de gobierno serio y viable, y para la inestabilidad política en general. Todo ello influye negativamente en el clima de negocios, lo que afecta tanto a los inversionistas locales como a los extranjeros.
Es necesario, por el bien de nuestro país, que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados ejemplarmente, conforme al marco legal vigente. Solo así la ciudadanía y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones.
