El narcotráfico en Colombia

El presente trabajo, buscar hacer un pequeño análisis, acerca del fenómeno del narcotráfico en nuestro País, mediante el uso de estadísticas y datos brindados por los diferentes estamentos del País, buscaremos analizar la verdadera magnitud del problema, sus principales causas y las diferentes consecuencias que este fenómeno ha causado en el desarrollo del País y en la evolución misma de su economía.

Sabemos que el fenómeno del narcotráfico es complejo y bastante difícil de entender, pero esperamos que este pequeño análisis pueda servir de alguna manera para entender mejor dicho fenómeno.

  1. EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO

La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína.

La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.

La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.                            

Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. [1][1]

Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente «efecto tequila», por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.

Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total.

Mediante el presente trabajo  buscaremos analizar los diferentes aspectos que influyen en la construcción y el desarrollo de la consolidación del narcotráfico en nuestra sociedad buscando examinar el problema desde el mayor número de perspectivas posibles.

  1. LOS DINEROS DEL NARCOTRAFICO[2][1]

Uno de los primeros obstáculos en el estudio del tráfico de estupefacientes es estimar los montos respectivos y que, según la fuente, muestran grandes variaciones. La diferencia en los cálculos se explica tanto por la incertidumbre en las variables utilizadas cuanto por consideraciones políticas. La lógica carencia de datos confiables sobre la ilícita actividad ha dado paso a estimaciones de todo tipo, bajo la premisa de que todas son válidas pues ninguna es refutable. En 1995, por ejemplo, un subcomité del Senado estadounidense afirmó que el comercio mundial de drogas asciende a  500.000 millones de dólares anuales. A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE lo estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y marihuana, en 100 000 millones de dólares al año. La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio en el mundo, sólo abajo del de armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al PIB global de la mayoría de los países latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa del mundo. Un valor anual promedio de 300 000 millones de dólares equivaldría al de la industria petrolera mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en Colombia se refleja la misma heterogeneidad. Por muchos años se manejaron montos espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato. Se llegó a afirmar que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones de dólares anuales (casi 50% del PIB). Otros precisan que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia y el resto se coloca en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Los estudios sobre el fenómeno de las drogas suelen omitir la metodología empleada para calcular los montos y a menudo se basan simplemente en otras estimaciones. Uno de los primeros esfuerzos de análisis serios y sistemáticos del narcotráfico en Colombia, con una metodología rigurosa para evaluar con mayor precisión la producción, el comercio y los ingresos de la actividad y sus efectos en la economía del país, lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio. Previa explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que en los años ochenta la participación de Colombia en el tráfico mundial de cocaína fluctuó de 1500 a 4000 millones de dólares anuales, de los cuales ingresaron realmente al país de 900 a 1 300 millones.

2.1 Narcotráfico y lavado de dinero.

Se analiza el problema del narcotráfico desde un punto de vista criminológico[3][1].

Se afirma que en la última década el fenómeno del narcotráfico presenta tres grandes características: asentamiento geopolítico guiado por el afán de poder; notorio aumento, pese a las política de control social; y utilización de nuevos y más sofisticados mecanismos técnicos para el reciclaje del dinero ilícito proveniente del mismo.

Con relación al reciclaje del dinero ilícito, se plantea que se han dado pasos jurídicos y de implementación técnica muy significativos. Sin embargo, la realidad del aumento de las cifras de lavado de dinero desmienten la eficacia de tales instrumentos normativos e insta a buscar instrumentales preventivos con mayor capacidad operativa para minimizar el fenómeno.

Se señala que un primer aspecto que hay que dilucidar es la correcta comprensión del fenómeno de lavado de dinero. La criminología, en este sentido, puede efectuar un aporte significativo al entregar un concepto de lavado de dinero. Si no se sabe a ciencia cierta en qué consiste el lavado de dinero, las medidas preventivas confundirán el marco objetual de su campo de acción.

En esta perspectiva criminológica, el lavado de dinero se caracteriza por las siguientes notas:

  1. Es un conjunto de operaciones, materiales e inmateriales, numerosas y complejas, y estructuradas entre sí;
  2. Son efectuadas por una organización de narcotráfico existente al interior de un grupo de poder más fuerte;
  3. Mediante las cuales a los recursos ilícitos provenientes u obtenidos del narcotráfico;
  4. Se les transforma en lícitos mediante la adquisición de otros bienes, de consumo o inversión que tengan esa calidad;
  5. Subyacentes a estas notas cabe reparar en la existencia de un grupo de narcotráfico que obtiene ingresos como producto ilícito de las actividades que realiza, no justificados tributaria ni patrimonialmente y que necesita usarlos para adquirir otros bienes que sean lícitos;
  6. A su vez, el narcotraficante dispone de una organización mediante la cual accede a la posibilidad de legitimar los recursos y en el obvio entendido que todo este proceso, como actividad humana que es, está sometido a la contingencia espacio-temporal;
  7. La socorridas notas de colocación, dispersión y legitimación, o bien, de transformación del dinero efectivo, concentración de los recursos y legitimación de los mismos, tan usadas por la doctrina especializada, como igualmente los procesos de investigación, de segmentación, selección, clasificación, investigación e intervención, son esquemas operativos para explicar la repetición de la actividad, pero ciertamente no agotan el contenido de la misma.

La búsqueda de un mejoramiento de los controles preventivos y la posibilidad, no utópica sino real, de anticiparse a las operaciones mismas del lavado habría que llevarlas a cabo empírica e interdisciplinariamente, teniendo como punto de partida las notas indicadas, para no correr el riesgo de equivocar el objeto que se pretende controlar.

2.2 ¿Cómo se introducen los narcodólares?

Los medios que utilizan los barones de la droga para llevar sus ganancias al país son difíciles de detectar por su origen ilícito, aunque se reconocen tres vías fundamentales:

  1. i) Las remesas laborales, empleadas por los narcotraficantes desde los años setenta para convertir dólares en moneda nacional.
  2. ii) El comercio exterior, mediante las importaciones colombianas.

iii) La inversión, directa o mediante la colocación de recursos en el sistema financiero.

El lavado de dinero entraña numerosas operaciones que se pueden resumir en las siguientes fases:

  1. i) El dinero se coloca en bancos o se invierte en instrumentos monetarios o títulos de valores que pueden convertirse en efectivo en cualquier parte.
  2. ii) El dinero se fracciona y envía al país por medio de múltiples transferencias electrónicas o de otra índole.

iii)  La fuente original de los recursos desaparece al invertirse éstos en cuentas y empresas en apariencia legítimas.

Más aún, se sospecha que los carteles de la droga cuentan en Colombia con bancos e intermediarios financieros para facilitar el lavado de dinero. Otra forma tradicional y eficaz de «limpiar» los narcodólares es por medio del contrabando, prácticamente incontrolable en el país.

3. EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO

A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme para enfrentar los embates del narcotráfico.  A partir de su concepción como delito de carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.

El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.

A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales.  Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

3.1 Armonización de las normas penales:

aumento de penas y tipificación del lavado de activos[4][2]

En nuestro país, la capacidad intimidatoria de las mafias propiciaron la irrupción de figuras e institutos ajenos a la tradición jurídica nacional.  Así, frente al asesinato indiscriminado de todo colombiano que se atreviera a denunciar o a perseguir las actividades desplegadas por los carteles, surgió la denominada Justicia Regional o sin rostro, como mecanismo de protección de testigos y funcionarios encargados de investigar y juzgar la comisión de cierta categoría de delitos.  Igualmente, y para evitar la creciente impunidad, se adoptaron como propios sistemas a través de los cuales se conceden beneficios punitivos especiales para quienes colaboren eficazmente con la justicia.  Pero la bondad de las reformas se perdió por el apresuramiento.

A los autores de la Política de Sometimiento a la Justicia se les olvidó cuantificar la magnitud de la acumulación de los descuentos, que terminaron haciendo irrisorias las condenas impuestas a los narcotraficantes y continuos los reproches de la comunidad internacional.  La descalificación de Colombia por las bajas penas y el consecuencial señalamiento como ‘santuario del narcotráfico’, ha conducido a su progresivo aislamiento y a la ausencia de reconocimiento de las acciones emprendidas en los otros frentes de la lucha contra las drogas.

Ante este panorama, se hizo imperativa una nueva modificación de nuestras leyes penales, que apuntara tanto a estandarizar las penas con los parámetros internacionales, como a subsanar los vacíos y deficiencias de las normas que impedían la imposición de condenas por comportamientos claramente delictuales.  Con la asesoría de una misión de expertos de Naciones Unidas en el diseño y concepción de las reformas, el Gobierno Nacional impulsó el debate legislativo que culminó con la expedición de la Ley 365 de 1997.

Aparte de aumentar las penas imponibles por la comisión de delitos claramente involucrados con esta actividad, tales como el concierto para delinquir, el favorecimiento y el narcotráfico, y de considerar como agravantes la planeación o comisión de los delitos desde los establecimientos penitenciarios o la promoción o financiación de organizaciones criminales, medidas todas con las que se definió de manera ostensible una política criminal dirigida contra esa expresión de la criminalidad de postrimerías del siglo XX, la ley tipificó como delito autónomo el delito de lavado de activos.

Aunque en la Ley 190 de 1995, conocida como Estatuto Anticorrupción, ya se había intentado la tipificación del delito -siguiendo la tradición italiana incorporada a los ordenamientos jurídicos de varios países latinoamericanos-, lo cierto es que la redacción del tipo penal del artículo 31 del citado Estatuto -que modificó el artículo 177 del Código Penal- sólo permitía condenar por lavado de activos a quien incurriera en ese punible por blanquear recursos en concurso con la comisión de narcotráfico o de otros delitos conexos.  En esa dirección, la modificación introducida por la Ley 365 de 1997 es de la mayor trascendencia, en la medida en que, al liberar al Estado de la obligación de probarle a quien se investiga que el origen de los recursos que se blanquean los obtuvo por la comisión de los delitos referidos, se pueden golpear las redes utilizadas por las organizaciones criminales para mimetizar sus beneficios y, de esa manera, desarticular las indispensables fuentes de financiación en líquido del tráfico de narcóticos.

3.2 Acción de Extinción del Derecho de Dominio

La figura de la Extinción del Derecho de Dominio no es una figura novedosa.  Mucho tiempo atrás, la regulación agraria tenía prevista su aplicación sobre aquellas propiedades que no cumplieran con la función social asignada por la Constitución Política -más exactamente a partir de la reforma introducida en 1936-.  Se trataba, entonces y en esa materia, de impedir la concentración de grandes extensiones de tierra en poder de propietarios que, desconociendo la marcada vocación agrícola de nuestro país y el imperativo de hacer productivos los recursos nacionales para lograr un mayor crecimiento económico, conservaban sus fundos inactivos.  Posteriormente, el instituto jurídico se hizo procedente además en asuntos mineros y, más recientemente, ambientales -por la función ecológica que le agregó a la propiedad el artículo 58 constitucional-.

En materia penal y también de tiempo atrás, la Extinción del Derecho de Dominio puede aplicarse respecto de aquellos bienes que hayan sido instrumento o producto de la comisión del delito, siempre y cuando sean vinculados al respectivo proceso penal y el investigado resulte declarado responsable del punible del que provienen los bienes.

Sin embargo, otras disposiciones de nuestro ordenamiento penal -como la extinción de la acción penal por la muerte del procesado o por la prescripción (artículos 76 y 77 del Código Penal), o como aquella expresión introducida al comiso que advierte que sólo podrán ser objeto de la medida los bienes que se encuentren fuera de comercio- terminaron por hacer ineficaces las normas que castigaban los réditos del delito.  En efecto, en un país en el que las autoridades deben enfrentarse a sanguinarios aparatos paraestatales de fuerza y en el que la congestión histórica de los despachos judiciales son una constante, lo posibilidad de que acciones penales de especial importancia se extingan por la muerte del procesado o por la verificación del fenómeno de la prescripción es muy alta y, por consiguiente, la de que los bienes vinculados a esos procesos terminen saneados y en manos de los familiares o del propio delincuente.

Pero había otras hipótesis y variables que cubrir.  La indolencia ante el avasallador avance del narcotráfico -indolencia del país, en general, y de la clase dirigente, en particular e innegablemente con una cuota de responsabilidad muchísimo mayor-, les permitió a las organizaciones criminales diseñar sofisticadas estructuras para ocultar sus recursos ilícitos en la economía, mediante la vinculación de cadenas de testaferros, el montaje de empresas de fachada, las importaciones y exportaciones ficticias o la corrupción de agentes estatales, para citar sólo algunos ejemplos.

El enfrentamiento, por consecuencia, no podía comprender únicamente a quienes dirigían, hacían parte o delinquían para las organizaciones criminales.  Tenía que abarcar a aquellos individuos que, sin dolo evidente, se prestaban para encubrir u ocultar el producido de delitos cometidos por otros, respecto de los cuales la Justicia, en algunos casos, no tenía cuentas pendientes.  Las autoridades judiciales, obviamente, requerían con urgencia de instrumentos que facilitaran su labor.

Esas consideraciones, sumadas a la de que nunca serán suficientes los medios para disuadir a las personas de que cometan delitos, imponían a Colombia una regulación que, nutrida por paradigmas surgidos por nuevas corrientes como el análisis económico del derecho, trascendiera el marco de lo punitivo y del tratamiento intramural o penitenciario y se adentrara en la lógica de desvertebrar la estructura financiera del crimen organizado, recuperando para nuestro ordenamiento legal la vigencia del antiguo aforismo latino que expresa que del fraude no nace derecho.

En el trabajo de concepción de la norma se contó también con la asesoría de la misión de expertos de Naciones Unidas, en el marco de la cooperación técnica que recoge la Convención de Viena, que facilitó el conocimiento y estudio de legislación comparada, ya que en algunos países como Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, existían normas substanciales y procedimentales semejantes.

Así, la Ley 333 de 1996 introdujo la posibilidad de extinguir el derecho de dominio sobre bienes de origen ilícito y subsanó los vacíos de legislación al regular una acción que se asienta sobre cuatro pilares fundamentales:  su carácter real, según el cual la extinción del dominio procede incluso sin demostrar la responsabilidad personal de quien detente los bienes por la comisión de un delito;  su aplicación retrospectiva, que permite su ejercicio sobre situaciones jurídicas que hayan sido constituidas con anterioridad a la expedición de la norma;  la posibilidad de declarar la extinción de dominio sobre bienes equivalentes -o bienes por valor equivalente- en los casos en que no haya sido posible localizar los que tuvieron origen ilícito;  y,  por último, la procedencia de la acción sobre bienes de origen ilícito que hayan sido adquiridos por causa de muerte.

3.3 El Acuerdo Marítimo con los Estados Unidos

Uno de los conceptos jurídicos más confrontados por la definición de la naturaleza transnacional del delito de narcotráfico ha sido el de la soberanía nacional.  Tradicionalmente entendido como el territorio allanado por un Estado en el que se tiene la capacidad de hacer regir un orden jurídico y de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, el concepto de soberanía ha tenido siempre matices que han morigerado sus reales extensión y alcance.  Si bien es cierto que la autodeterminación de los pueblos ha sido un principio ardorosamente defendido en el transcurrir de la historia de la humanidad, también lo es que se ha mantenido el concepto de capacidad de negociación y que, por consiguiente, los países más poderosos han impuesto su voluntad a los demás cada vez que sus intereses se han visto perjudicados o vulnerados.

En el mundo contemporáneo, con la profundización del proceso de globalización, producida en esencia por los avances tecnológicos -especialmente en el campo de las comunicaciones-, el fin de la guerra fría, la integración económica regional y el intercambio comercial, la restricción a la soberanía de los países ha sido menos coercitiva, en la medida en que la necesidad de concertación de políticas y estrategias, de armonización de los ordenamientos jurídicos y de los procedimientos, se han ido haciendo inaplazables y dependientes de la voluntad de los gobiernos -como agentes de las reformas por introducir en los regímenes internos-.

Pero ese gran esfuerzo de unificación no se ha detenido en el ámbito de las transacciones internacionales -como el GATT y la OMC-, sino que ha operado en función de la definición del consenso internacional en cualquier área.  La demostración de esa afirmación salta a la vista al examinarse instrumentos internacionales como la Convención de Viena, de 1988, en la que, adoptado como consenso el prohibicionismo frente a las drogas, se determinan compromisos para los Estados que la ratifiquen que afianzan la cooperación entre las naciones para su persecución.

En el caso de la referida Convención y con el fin de dotar de eficacia a sus disposiciones, se dejaron previstos mecanismos de actualización y desarrollo de sus contenidos, por los cuales se faculta a los Estados parte para que suscriban acuerdos bilaterales simplificados y complementarios, ejemplo de los cuales es el Acuerdo Marítimo suscrito con Estados Unidos.

En efecto, luego de una ardua negociación que se extendió en el tiempo por la posición de representantes de nuestro gobierno y de la opinión pública que alegaban que el acuerdo vulneraba el ejercicio de soberanía, se impuso el sentido común bajo las consideraciones de que era indispensable hacer efectiva la cooperación internacional en la persecución del tráfico y de que Colombia no disponía de instrumentos ni debía destinar sus recursos para obtener los medios suficientes para vigilar el paso de naves que transiten más allá de su mar territorial.

El texto final del acuerdo, vital para los Estados Unidos en la medida en que se calculaba que sería utilizado como referente de negociación por los restantes países latinoamericanos, contiene un clausulado detallado para regular cualquier evento previsible -suerte de la carga, tripulantes y pasajeros, procedimientos y regímenes de responsabilidad por el allanamiento de contenedores, equipaje y literas- e interpreta adecuadamente el sentido de la cooperación en tanto garantiza un control efectivo de la navegación sin sacrificios de soberanía y bajo la égida de una permanente coordinación del patrullaje y de los operativos de abordaje entre las autoridades marítimas de las dos partes.

3.4 La Extradición

La Extradición es, sin lugar a dudas, el instrumento de cooperación internacional que más controversia ha tenido en la historia jurídica de nuestro país.  A pesar de que desde finales del siglo XIX -exactamente en el año de 1898- Colombia suscribió un tratado de Extradición con Gran Bretaña y, por lo tanto, no se trata de una figura novedosa en nuestro ordenamiento, desde la celebración del Tratado con los Estados Unidos, de 1979, se han presentado toda clase de vicisitudes y de posiciones divergentes tanto de los diferentes gobiernos y demás agentes responsables de su implantación, como de la ciudadanía en general.

La intensidad del debate, sin embargo, no se explica únicamente por la disparidad de criterios académicos o jurídicos.  Aun cuando existen argumentos válidos para sustentar que la Extradición es un instituto jurídico que trasciende la esfera de lo simplemente procedimental y que puede vulnerar núcleos de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y -cuando se alega su aplicación retroactiva- el principio de legalidad, es evidente que las razones que encienden los ánimos tienen una explicación que supera el ámbito de lo jurídico.

Nadie en Colombia ignora que la capacidad de los carteles para intimidar con el uso de la fuerza y el terrorismo -como lo hizo el cartel de Medellín- o para corromper los poderes públicos -como lo ha hecho el cartel de Cali- ha impuesto un marco de regulación a través del cual no sólo han evitado que la Extradición rija en nuestro país para el delito de narcotráfico y conexos, sino que, adicionalmente, disfrutan de las ventajas que les brindan un aparato judicial particularmente ineficiente, que es incapaz de probar -sin confesiones o delaciones- las actividades delictivas de sus miembros, y de una legislación penal deficiente que, por la vía de la acumulación de beneficios exagerados y de un régimen punitivo significativamente laxo (recuérdese que, por principio de legalidad, el aumento de penas y la eliminación de beneficios contenidos en la Ley 365 de 1997 no puede aplicarse hacia el pasado), ha terminado haciéndolos acreedores a condenas que no son condignas al daño social causado.

Así, en una clara expresión del desequilibrio en el enfoque de un país que aún no acepta su responsabilidad como nación con los mayores niveles de consumo de drogas, la falta de una definición precisa ha conducido a la exasperación a los Estados Unidos, que, siguiendo consecuentemente su inveterada tradición de tramitar sus conflictos internos y de cohesionar a su sociedad mediante la estrategia de constituir enemigos externos y de declarar guerras lejos de sus fronteras, han logrado estigmatizar a Colombia como amenaza a su seguridad interna y movilizar en buena medida la animadversión de la comunidad internacional por la supuesta resistencia de nuestro país a cooperar decididamente en la lucha contra el tráfico de narcóticos.

En tales condiciones, los colombianos hemos presenciado cómo, en el transcurso del año pasado y en lo que va corrido del presente, el Congreso de la República ha debatido las iniciativas de reforma del artículo 35 constitucional, que van desde la desconstitucionalización de la prohibición a la Extradición de nacionales colombianos, hasta la de una regulación detallada de las condiciones en las que sería procedente su aplicación, contenida en el propio cuerpo de la Carta Política.

A estas alturas, la reforma ha superado la primera ronda de debates en el seno de las Comisiones Primeras de ambas Cámaras y en sus respectivas plenarias y se apresta ahora a iniciar el segundo período de sesiones ordinarias, como lo exige el trámite previsto en el artículo 375 de la Constitución.  Respecto a la oportunidad de la reforma y al texto aprobado mismo, son necesarias algunas precisiones.

En primer término y en cuanto a la oportunidad, dado que la Extradición supone una sustitución de jurisdicción, era indispensable que antes de hacer aplicable la figura se fortaleciera nuestro aparato de Justicia y que los Jueces dispusieran de herramientas para imponer sanciones ejemplarizantes.  En ese sentido, acertó el Gobierno Nacional al definir el orden de la agenda legislativa contra el crimen organizado, pues de haberse promovido primero la reforma constitucional del artículo 35, muy seguramente se habría desviado la atención del poder legislativo y de la opinión pública en las leyes de extinción de dominio de bienes ilícitos y aumento de penas, y el país habría perdido, una vez más, la posibilidad de utilizar esos valiosos instrumentos para disuadir a su delincuencia.

En segundo lugar, a pesar de que el Ministro de Justicia y del Derecho de entonces había sometido a la consideración del Consejo Superior de Política Criminal -como órgano asesor del Ejecutivo en el diseño de dicha política- y éste había aprobado un texto que promovía la derogatoria simple de la prohibición a la Extradición de nacionales y su aplicabilidad en los términos que definieran una ley posterior y los tratados públicos celebrados por Colombia, del primero de los debates -el surtido en la Comisión Primera del Senado- surgió un extenso artículo que fue el finalmente aprobado en el primer período de sesiones ordinarias.

A grandes trazos, aunque la reforma admite la Extradición de nacionales colombianos por delitos cometidos total o parcialmente en el exterior, mantiene restricciones absurdas que permiten eludir su aplicación:  prohibe la Extradición de aquéllos que se sometan a la justicia y, quizás sea éste el condicionamiento que más debate ha suscitado, hace irretroactiva su aplicación.

En cuanto a la imposibilidad de que la Extradición proceda respecto de quien se ha sometido a la justicia, las suspicacias tienen cabida toda vez que no se señalan las condiciones en la que ha de darse el sometimiento mismo.  En principio, si no se exigiera que el solicitado en Extradición se mostrara objetivamente dispuesto a colaborar con la justicia antes de que la solicitud se hiciera oficialmente, la figura podría hacerse inoperante en tanto siempre existiría la posibilidad de que el capturado con fines de Extradición se mostrara dispuesto a confesar a las autoridades judiciales colombianas los delitos por los que se le encausa en los tribunales extranjeros.

Y, en lo que se refiere a su aplicación irretroactiva, el revuelo se produce, más allá de si la naturaleza de la Extradición es sustancial o adjetiva, por la insistencia de sectores políticos y de opinión colombianos y de los Estados Unidos para que la Extradición opere con nombre propio, posición que tiene soporte en el hecho de que la actual regulación contenida en el Código de Procedimiento Penal tiene prevista la procedencia de la Extradición diferida, en virtud de la cual Colombia podría conceder en Extradición a una persona para que fuera juzgada en el país que la solicita, una vez cumpliera la condena que le ha sido impuesta por los Jueces colombianos, siempre que se trate de delitos diferentes a los que han sido objeto de juzgamiento en el país para evitar así la violación del viejo principio del non bis in ídem (‘nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos’).

No obstante, el texto que hace curso ahora en el Congreso es susceptible de interpretaciones que apuntan a señalar que la Extradición es aplicable hacia el pasado y desde el momento en que hayan cobrado vigencia internacional los tratados celebrados por Colombia en esa materia, interpretación que, de cualquier modo, ha de ser matizada porque, para que la figura sea aplicable en nuestro país se requiere, además de la vigencia del tratado mismo, de la ley que incorpore el tratado a la legislación interna, oportunidad que bien podrá ser aprovechada para salvar ejercicios de hermenéutica y, por consiguiente, distanciar el proceso de certificación -habida cuenta de la advertencia de los Estados Unidos en el sentido de que esperan una legislación de Extradición sin restricciones.

  1. EFECTOS ECONOMICOS DEL NARCOTRAFICO

No pocos analistas consideran que la evolución, en general, aceptable de la economía colombiana en los últimos tiempos, el equilibrio de sus cuentas externas, la estabilidad cambiaria y la fortaleza de sus reservas internacionales se deben, fundamentalmente, a los ingresos del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la eliminación de tales recursos originaría un verdadero caos económico.

En los años ochenta casi todas las economías latinoamericanas perdieron dinamismo y algunas experimentaron una franca recesión, así como hondas dificultades de liquidez y financiamiento externo que abrieron paso a severos programas de ajuste y devaluaciones. Colombia sorteó con éxito esa crisis regional. De 1981 a 1990 el crecimiento acumulado de su PIB fue de 43.6%, frente a 12.4% del conjunto de la región. En ese lapso el país no tuvo problemas serios de liquidez y mantuvo una aceptable captación de recursos del exterior, lo que le permitió contar con reservas suficientes, mantener firme su moneda y no aceptar condiciones duras en el financiamiento externo.

Sin duda, el narcotráfico explica en gran medida la afluencia de divisas a Colombia. En los años noventa estos flujos han contribuido al importante superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos, vía inversión y endeudamiento de largo plazo; ello ha hecho posible financiar el creciente déficit en cuenta corriente (sobre todo por el saldo comercial desfavorable) sin alterar el nivel de las reservas internacionales

El déficit en cuenta corriente es más o menos reciente. De 1986 a 1990 se obtuvo un saldo superavitario equivalente a 1.8% del PIB, en promedio anual. En 1991 llegó a casi 8% del producto global, pero a partir de 1992 la situación empezó a cambiar. En 1993 y 1994 se registró un déficit en cuenta corriente equivalente a 5% del PIB. «Ninguna otra de las principales economías de la región sufrió un deterioro tan severo en tan corto tiempo.» En 1995 y 1996 el déficit creció 32 y 13 por ciento, respectivamente, en lo cual pesó mucho el fuerte incremento de las importaciones.

4.1 El efecto monetario

Los crecientes flujos de capitales asociados al narcotráfico se beneficiaron con la apertura económica, ya que con la eliminación de aranceles y la liberación  de las importaciones, se hizo más fácil importar, y una fuerte cantidad de divisas provenientes del narcotráfico pudieron ingresar al país, aunque como es obvio, no todos los flujos de cxapitales provenian del narcotráfico , si ingresaron al país grandes montos provenientes de actividades ilícitas donde acumulando los factores estructurales, el consecuente aumento de las reservas internacionales incidió de diversas maneras en la política monetaria y la evolución del tipo de cambio, al punto de obligar a las autoridades colombianas a instrumentar medidas para controlar el ingreso de divisas.

En 1990, en el marco de una política antiinflacionaria, con base en la apertura económica y la liberalización de los mercados, se estableció un mecanismo de devaluación periódica de la moneda a fin de impulsar las exportaciones. Empero, la creciente entrada de divisas y el incremento de las reservas internacionales presionaron al alza los precios por vía del aumento de la emisión primaria. Ante ello las autoridades tuvieron que reorientar su política a favor de la apreciación de la moneda, al tiempo que se buscó controlar los flujos de capital.

En 1991 el Banco Central adoptó una política de esterilización por medio de operaciones de mercado abierto. Los certificados de cambio bonos en dólares y redimibles en pesos  fueron los instrumentos más utilizados. Además, el Ministerio de Hacienda congeló créditos obtenidos por 682 millones de dólares y aplicó impuestos adicionales de 3% a todas las operaciones cambiarias.

La estrategia esterilizadora no logró frenar los ingresos externos, ya que las tasas de interés se mantuvieron elevadas y siguieron atrayendo recursos del exterior. En diciembre de 1991, por ejemplo, dichas tasas ascendieron a 38.5%, casi nueve puntos porcentuales más que en el primer trimestre del mismo año. «Se llegó a un círculo vicioso: los diferenciales de las tasas de interés fueron superiores a 30 puntos porcentuales (a favor de los activos internos), lo que reforzó los flujos de capital.»

Por lo demás, la estrategia de esterilización resultó financieramente onerosa porque la institución rectora pagaba una tasa de interés sobre sus pasivos mayor que la percibida por la inversión de las reservas. «La pérdida del banco central fue de 0.8% del PIB en 1991 y alcanzó su máximo nivel (1.2%) en 1993, cuando gran parte de la deuda maduró.»

En 1993 las autoridades decidieron sustituir la esterilización por otras medidas. El Banco Central instituyó un encaje de 47% (no remunerado), con un plazo inferior a 18 meses. Como esta medida se consideró insuficiente, en marzo de 1994 el requisito se extendió a créditos con vencimientos inferiores a 36 meses. El requisito de encaje, empero, tenía un gran número de exenciones que le restaron eficacia.

En ese mismo año la institución central instauró un sistema de banda cambiaria de 14%, aunque se reservó la prerrogativa de intervenir en ella. Hasta la fecha la tasa de cambio ha tendido a permanecer en el piso de la banda, salvo en ocasión de la incertidumbre inicial del «efecto tequila» y del escándalo político por el supuesto financiamiento del narcotráfico de la campaña presidencial de Ernesto Samper (en agosto del mismo año), que presionaron momentáneamente el tipo de cambio al alza. La intervención oportuna del Banco Central y el continuo flujo de capitales externos, vía transferencias, inversión y endeudamiento, evitaron la devaluación de la moneda y la merma de las reservas internacionales.

Si bien los controles instrumentados en los años noventa para disminuir el ingreso de capitales no cumplieron su objetivo, se logró inducir una recomposición de las obligaciones externas en favor de los vencimientos a largo plazo que resguarda al país en caso de una reversión brusca de los flujos de capitales.

4.2 El narcotráfico y el empleo.[5][1]

El complejo proceso de producción y distribución de drogas encierra muchas fases que requieren el trabajo de un número indefinido de personas: el cultivo de la hoja de coca y de la amapola en miles de hectáreas de Bolivia, Perú y Colombia; el traslado de la materia prima a cientos de laboratorios en el país y en el extranjero para su transformación; el envío de la droga por todos los medios y rutas imaginables hasta los

mercados de consumo, principalmente los de Estados Unidos y Europa; la distribución al mayoreo y al menudeo en dichos mercados, etc. Si además se considera a los participantes en las tareas de lavado del dinero y a quienes laboran en los negocios legales de los carteles, sobre todo en el sector servicios, resulta obvio que el narcotráfico es un importante generador de empleos tanto en Colombia cuanto en el extranjero. Según algunas estimaciones, de 500.000 a un millón de personas intervienen de una u otra manera en el negocio del narcotráfico en el mundo.

Para quienes sostienen que el tráfico de drogas beneficia a la economía colombiana, la cuestión del empleo es una clara evidencia, pues aunque se desconoce el número exacto de participantes no hay duda de que se trata de miles de colombianos de diversos estratos sociales. La actividad ilícita, así, impide que la tasa de desempleo aumente en demasía y representa una válvula de escape de las tensiones sociales, en particular en el campo.

Otro efecto socioeconómico del narcotráfico concierne a las inversiones en la infraestructura en diversas zonas del país, sobre todo en las de mayor atraso relativo. Ya sea por conveniencia propia o por «generosidad», los carteles colombianos han financiado proyectos de vialidades, escuelas, sistemas de drenaje, viviendas, etc. Con esto también han conseguido el respaldo de comunidades beneficiarias e, incluso, cierta «legitimidad social».

  1. EFECTOS NEGATIVOS DEL NARCOTRÁFICO

Los especialistas que desestiman las su-puestas bondades del narcotráfico en Colombia plantean la necesidad de analizar sus efectos económicos de largo plazo. Para ellos es fundamental justipreciar el fenómeno y atisbar más allá de las repercusiones actuales, con base en un examen de causas, límites y perspectivas más importantes.

5.1 La inversión y el consumo

Un indicador del efecto económico de los narcodólares es, desde luego, su destino final. Gran parte de los ingresos de la droga se utiliza para cubrir gastos de operación, materia prima, transporte, salarios, sobornos, lavado del dinero, etc. Se estima que en Colombia más de 60% de los ingresos brutos de la cocaína, por ejemplo, se reinvierten en el propio negocio. Es decir, este dinero beneficia ante todo a los carteles de la droga y sus socios, e indirecta y marginalmente a la economía del país.

Para cubrir sus actividades irregulares, los carteles invierten en negocios legítimos, que entrañarían una aportación efectiva a la economía colombiana. Empero, un examen más detallado muestra que las repercusiones reales en la producción son muy relativas. Según un estudio del economista Mario Arango, a finales de los ochenta 75% de los narcotraficantes prefería colocar su dinero en bienes raíces (departamentos, casas, ranchos, etc.), mientras que pocos (si acaso algunos) se interesan por sectores productivos tradicionales, como minería, textiles o manufacturas.

Las inversiones legales del narcotráfico incluyen actividades de uso dual (dual-use): empresas con un giro comercial común (laboratorios farmacéuticos, electrónicos, etc.), pero con áreas productoras de productos químicos y accesorios para obtener la droga. En los sectores agropecuario y pesquero operan empresas exportadoras de camarón, pulpa de fruta, flores cortadas y otros cultivos, entre cuyos contenedores se esconde el producto ilícito. Otra parte de los ingresos netos del narcotráfico se destina a la compra de propiedades y bienes suntuarios (joyas, oro, autos, yates, etc.), por lo que su efecto como inversión también se diluye.

De hecho, el gran flujo de capitales externos hacia Colombia en los últimos años, engrosado por los provenientes del narcotráfico, coincide con el debilitamiento del ahorro interno y el magro crecimiento de la inversión. Más que fortalecer la estructura productiva y alentar un proceso vigoroso de capitalización, los dineros del narcotráfico repercuten en el consumo, muchas veces con efectos inflacionarios.

Además, el narcotráfico exige destinar crecientes partidas del gasto gubernamental para combatirlo, en detrimento de la inversión pública en actividades productivas. En 1995 dichas erogaciones sumaron más de 1 000 millones de dólares, alrededor de 2% del PIB.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria estima que en 1994 los carteles de la droga controlaban directa o indirectamente de 8 a 11 por ciento de las tierras cultivables del país. A lo largo de la costa norte, en las planicies orientales y en la zona amazónica, la actividad del narcotráfico desplaza cada vez más a las ocupaciones tradicionales de labranza, pastoreo, minería y pesca. «La introducción de la economía

comercial de la droga ha removido al campesino de la agricultura de subsistencia y lo ha transformado en jornalero rural.»

Los carteles de la droga reclutan en el campo con gran facilidad la fuerza de trabajo necesaria para atender los plantíos de coca, amapola y marihuana, en razón de los atractivos pagos que ofrecen. Por ejemplo, «un agricultor que cultiva algo más de una hectárea de hoja de coca puede ganar el equivalente a varios miles de dólares al año, en un rango de diez a cien veces más de lo que podría ganar con cualquier cultivo legal».

La política de apertura, fue aprovechada por el narcotráfico, para comprar tierras a los agricultores arruinados por los efectos negativos que tuvo la apertura en el campo.

El remplazo de los cultivos tradicionales y el desvío de la fuerza de trabajo hacia las redes del narcotráfico socavan la economía agropecuaria de Colombia, como lo sugiere el fuerte incremento de las importaciones de alimentos y la reducción de tierras de cultivos transitorios (arroz, maíz, trigo, frijol y soya, entre otros). De persistir la conversión de las tierras de labranza en campos de hoja de coca, amapola y marihuana, así como el reclutamiento de campesinos para la siembra ilegal, las repercusiones para la agricultura de Colombia en el largo plazo pueden ser desastrosas e irreversibles.

5.2 La enfermedad holandesa

A primera vista parece axiomático que la bonanza exportadora de un producto primario contribuye al crecimiento económico de una nación, pero no siempre es así e, incluso, puede retardar dicho crecimiento.

El ingreso desmesurado de recursos por las ventas externas de un producto primario suele producir fenómenos que en la literatura económica se conocen como enfermedad holandesa (Dutch disease): el ingreso extraordinario se vierte sobre una demanda de bienes y servicios no transables (transporte, servicios públicos, bienes inmuebles), en detrimento de los productos transables. «Los precios elevados de los servicios no comerciales y las ganancias del fuerte intercambio extranjero fuerzan a incrementar las tasas de intercambio, la que a su vez reduce los incentivos para producir bienes exportables e importables.» La revaluación del tipo de cambio, fruto del intenso flujo de capitales, desestimula la producción exportable, alienta las importaciones y presiona los precios internos al alza. Colombia no es un caso típico de dependencia de los ingresos de un producto, como los casos clásicos de la «enfermedad holandesa», pero los ingresos extraordinarios por el comercio ilegal de drogas han propiciado algunas de las condiciones de ese fenómeno económico, lo cual se manifiesta en los siguientes aspectos:

Los ingresos de la droga en Colombia se han reflejado en una mayor demanda de bienes transables y, principalmente, no transables. Si bien la de los primeros se puede cubrir en general con importaciones, la de los segundos requiere una mayor producción interna a costa de la de mercancías comercializables. Así, «el ingreso de la droga configura un sesgo en contra de las actividades transables, en particular de las legales transables. A la larga conduce a una especialización creciente en la droga y en actividades ilegales. De hecho, constituye una limitación para la industrialización, la modernización y la inserción internacional.»

Con la concentración de las inversiones de los carteles de la droga en las ramas de bienes de consumo, inmuebles y la construcción, «se induce una restricción para el desarrollo de actividades exportadoras y de sustitución de importaciones».

Por un largo tiempo los flujos constantes de narcodólares han presionado el tipo de cambio a la baja, lo que ha desalentado la producción de bienes exportables, abaratado las importaciones y propiciado el contrabando. La «enfermedad holandesa» afecta la evolución de las actividades económicas más dinámicas y estables, principalmente la producción de bienes transables, y a largo plazo tiende a estimular la dependencia de la economía colombiana de las exportaciones ilegales.

Los flujos de capital en Colombia han limitado la política monetaria y generado fuertes presiones inflacionarias. La creciente demanda de bienes no transables se ha manifestado en una burda inflación en el valor de la tierra, propiedades, algunas mercancías y diversos servicios. Ello es más evidente en los lugares donde los barones de la droga han sentado sus reales: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.

Sin duda, los principios de la enfermedad holandesa están presentes en la economía colombiana por los cuantiosos ingresos del narcotráfico. De ahí que las autoridades deben mantener e incrementar sus esfuerzos para controlar el creciente flujo de narcodólares al país, así como instrumentar medidas que promuevan la inversión productiva.

De no cambiar las circunstancias que han permitido el desarrollo de este fenómeno, la estructura productiva y exportadora de Colombia se debilitará cada vez más en perjuicio de las posibilidades de desarrollo integral del país.

Tras este breve examen de los efectos generales del narcotráfico en la economía colombiana, se puede concluir que los aparentes beneficios (financiamiento de las cuentas externas, fortaleza de la moneda, elevadas reservas internacionales, generación de empleos, etc.) pueden desembocar en una crisis de magnitud imprevisible. Los costos del tráfico de drogas, en el mediano y largo plazos, pueden anular por completo los efectos «positivos» actuales.

  1. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El nuevo Gobierno y estrategia contra el narcotráfico.

 6.1 Fenómeno.

La nueva administración en Colombia, a cargo de Andrés Pastrana, ha traído consigo una gran expectativa para ese país en el tema del combate al narcotráfico, entre ellas, las más importantes son : la «desnarcotización» de las relaciones con EE.UU y la no estigmatización de Colombia frente a la comunidad internacional. Sin embargo, el escenario en el que se presentó este cambio de mando fue bastante dramático, siendo las guerrillas las principales protagonistas y que hasta el momento, se mantienen presentes hasta que un eventual acuerdo de paz se concrete.

6.2 Erradicación.

La Policía Nacional viene adelantando una intensa campaña de fumigación en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, para acabar con los narcocultivos que existen en esta subregión. Así lo dio a conocer, en el mes de marzo en Cartagena, el comandante de la Policía, Gral. Rosso José Serrano Cadena, quien dijo que las operaciones también se vienen adelantando en el Norte de Santander. Sin embargo, el eventual uso del herbicida Tebutiuron, que sustituiría al Glifosato el cual se esparce desde 1985, en el proceso de fumigación tiene alerta al Ministerio de Medio Ambiente, Greenpeace, Ecofondo, Fondo Mundial para la Naturaleza, Rapalmira y varias ONG’s ambientales del país y exteriores, puesto que que temen por los estragos que pueda causar en el ecosistema. No obstante, los riesgos y los resultados de la fumigación son inversamente proporcionales a la intensidad con que se desarrollan.

Por otro lado, en un 50 % fueron paralizadas las operaciones antidrogas, a raíz de la decisión de Washington de inmovilizar 36 helicópteros UH-1H por fallas técnicas en el motor. La base antinarcóticos de San José del Guaviare, centro del programa de erradicación de cultivos de coca, se encuentra a medio funcionar mientras que las de Valledupar y Huila, dedicadas a la fumigación de amapola, tuvieron una suspensión total.

Para este año Antinarcóticos tenía previsto fumigar 50 mil hectáreas, dos mil más de las erradicadas el año pasado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y a la parálisis de los helicópteros, esta cifra se reducirá drásticamente.

La diversidad de lugares en los que se siembran los cultivos ilícitos, es una muestra de los permanentes traslados internos de los cultivos de coca y amapola, lo que tiene como explicación la fluctuación de mercados, los cambios climáticos, el incremento de la violencia y la interdicción.

6.3 Ofensiva Guerrillera.

Días antes de producirse el cambio de mando presidencial, Colombia enfrentó una de las más graves ofensivas rebeldes, atribuidas en gran parte a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Unos 200 militares, policías, civiles y guerrilleros murieron, otros cien resultaron heridos y más de cien han desaparecido o fueron retenidos, según informes provisionales difundidos. Los ataques de mayor envergadura tuvieron lugar en las poblaciones de Miraflores, zona cocalera del Guaviare, donde se registró el mayor número de víctimas y la destrucción total de la base antinarcóticos, la base militar y una base de la marina. Riosucio, al oeste de Colombia, fue también escenario de 60 muertes entre soldados y guerrilleros, en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el ejército colombiano. Se estima que desde hace ocho meses las FARC tienen en su poder a unos 210 policías y soldados capturados en enfrentamientos, y son unos 700 guerrilleros los que se encuentran en las cárceles colombianas.

A pesar de que los jefes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se negaron a negociar con el gobierno saliente, ya han indicado su intención de llegar a un acuerdo de paz con el nuevo presidente Andrés Pastrana. Por su parte, el Presidente muestra todas las intenciones de tomar sus propuestas seriamente, dejando en claro que «no será el sepulturero del imperio de la ley».

La presencia de múltiples actores de violencia es un factor de riesgo para las acciones del gobierno: el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y los paramilitares. Sin embargo, el problema estriba en que cada vez más se produce un aumento del conflicto militar en zonas donde no solamente el Gobierno Colombiano tiene interés, sino también los EE.UU. Aunque no se puede obviar la presencia específica de las FARC en zonas donde cobra las famosas «vacunas» por cultivo de coca, los paramilitares y las migraciones, forzadas por la violencia desatada, están especialmente en la zona del Bajo Putumayo. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para diferenciar con claridad las acciones en zonas de cultivos ilícitos de la represión a la guerrilla y a otros grupos irregulares. El eventual análisis de la «narco guerrilla» trae consigo una serie de problemas que han de tomarse en cuenta, puesto que frente a dos evidentes situaciones, se tiende a tomar una sola política; ejemplo de ello son los fondos antidrogas y su desvío a la guerrilla. Frente a esta realidad son los derechos humanos los que sufren las consecuencias.

  1. CONFLICTOS GENERADOS

Desde el inicio del auge del narcotráfico en los años setenta y el consecuente aumento del consumo de drogas en los países industrializados, se inició una batalla frontal contra la actividad que a la fecha ha sido impotente no sólo para derrotarla, sino por lo menos controlarla.

Las estrategias para enfrentar el problema parten de dos percepciones y diagnósticos generales prácticamente antagónicos. Por un lado, los países consumidores de estupefacientes, encabezados por Estados Unidos, que consideran la oferta del producto como la principal causa del mal; por el otro, las naciones productoras que argumentan que es la demanda la que mantiene y fomenta el fenómeno.

Estos planteamientos encontrados del problema han condicionado la relación entre Colombia y Estados Unidos en los últimos 30 años. Una de las principales diferencias radica en los efectos concretos del narcotráfico en esos dos países: «Mientras que para Estados Unidos el problema es el narcotráfico, para Colombia lo es la narcoviolencia o narcoterrorismo, es decir, la capacidad de los narcotraficantes de imponer por las armas sus puntos de vista tanto en sus relaciones internas como frente al Estado y a los movimientos populares.»[6][1]

En consecuencia, la guerra en contra de las drogas no es una sino dos, con múltiples niveles, escenarios, prioridades y objetivos. De ahí su enorme dificultad para coordinarla al gusto de todas las partes.

En Estados Unidos el narcotráfico representa un grave problema, pues implica una profunda desorganización social y cultural, merced a los millones de jóvenes expuestos a las drogas y las mafias que crecen y luchan por el control interno del negocio. Asimismo, representa un gasto brutal de la sociedad en el consumo de estos productos. En febrero último, el responsable en Estados Unidos de la lucha contra las drogas, Barry Mc Caffrey, informó que en 1996 sus compatriotas gastaron 49.000 millones de dólares en drogas, de los cuales 31.000 millones correspondieron a la cocaína.

Para el gobierno de Washington, el narcotráfico representa un asunto de seguridad nacional; el presidente George Bush lo calificó como «el principal enemigo de Estados Unidos». Sus esfuerzos están encaminados a combatir la oferta donde ésta se genera, por medio de la destrucción de los carteles de la droga. Sin embargo, este empeño no ha fructificado e incluso algunas de las estrategias han resultado contraproducentes. Un ejemplo claro de ello fue la asistencia al gobierno de Bolivia en 1987 de 48 millones de dólares, para erradicar 26.000 hectáreas de plantíos de hoja de coca en los próximos seis años. En ese lapso los campesinos bolivianos habilitaron en otras zonas del país más de 35 000 hectáreas para la coca, con lo que afectaron la siembra de otros productos legales.

Diversos analistas sostienen que el enfoque estadounidense en torno de la oferta está no sólo destinado al fracaso, sino que beneficia la actividad misma que ataca. En la práctica, la represión de la oferta detiene la caída natural del precio de la droga, considerando que éste, al igual que el de los productos primarios, es altamente elástico y su demanda inelástica, lo que implica que el precio tenderá a bajar a menos que suceda un aumento intempestivo del consumo o una seria represión de la oferta. Es decir, a menor oferta, mayores niveles de excedente para los narcotraficantes. Por otra parte, las medidas aplicadas hasta ahora para encarecer los costos de la ilegalidad (confiscación de algunos recursos bancarios, destrucción esporádica de plantíos y laboratorios, etc.) y combatir a los mecanismos financieros para el lavado de dinero han sido muy limitados.

El objetivo fundamental de Colombia en su lucha contra las drogas es combatir el narcoterrorismo. A principios de los ochenta, y en pleno auge del cartel de Medellín, las autoridades colombianas emprendieron una política de guerra frontal en contra de los narcotraficantes. A finales de ese decenio los resultados de esta estrategia eran desoladores. El narcotráfico nunca dejó de crecer, ni tampoco su capacidad de violencia.

En los noventa las autoridades colombianas optaron por la negociación directa con los carteles, pues la situación era ya insostenible. «La prioridad era contra el narcoterrorismo, pues con las primeras bombas la opinión pública pedía la cárcel para los narcoterroristas, con las siguientes pedía la extradición, pero a partir de la cuarta bomba empezaba a pedir que los indultaran.»

A los narcotraficantes que se entregaran y colaboraran, las autoridades ofrecieron no extraditarlos a Estados Unidos, sentencias reducidas y otras concesiones. La estrategia dio frutos. La violencia de las drogas se redujo en forma notable y se logró el encarcelamiento de varios barones de la droga. La contraparte, empero, fueron las sentencias ridículas que se dictaron y las excesivas comodidades carcelarias que se otorgaron, lo que permitió a los narcotraficantes seguir manejando sus negocios desde sus celdas. En este sentido, el caso más extremo fue sin duda el «encarcelamiento» de Pablo Escobar en la prisión La Catedral en 1991. El capo invirtió alrededor de dos millones de dólares para acondicionar la cárcel y transformarla en una hacienda de cinco estrellas, con todo el equipo e infraestructura para seguir dirigiendo desde ahí sus asuntos. Al sentir amenazada su seguridad, Escobar «escapó» trece meses después: salió caminando tranquilamente y rodeado de su cuerpo de seguridad.

El gobierno colombiano ha emprendido en los últimos años una gran ofensiva diplomática en la que insiste en el carácter internacional del problema. Ratifica que la demanda es la base del negocio y que el país no ha recibido reciprocidad por sus acciones en contra del narcotráfico, como podría ser la reducción permanente, generalizada y sin condiciones de aranceles de Estados Unidos y los países europeos, para impulsar las exportaciones legales del país.

A la fecha, la estrategia colombiana ha sido exitosa en el logro de su principal objetivo: la reducción considerable del narcoterrorismo. En cambio, ha sido poco eficaz al combatir la producción y comercialización de las drogas. En realidad la represión de la actividad es un tanto desorganizada, orientada más a satisfacer a Estados Unidos que a lograr resultados concretos. Los esfuerzos últimos se han concentrado en la destrucción de la hoja de coca y en la confiscación del producto final, pero con resultados muy limitados.

  1. LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA DROGA

La adicción a las drogas y su tráfico ilícito adquieren proporciones alarmantes, porque están afectando cada vez más a la juventud y a los niños en edad escolar. La situación deprimida en que viven amplios grupos sociales indigentes, a los que la sociedad no brinda acceso regular a sus bienes y servicios, constituye la «mano de obra» de los narcotraficantes, quienes los comprometen en sus actividades y, al mismo tiempo, los inducen al vicio. En Colombia, los narcotraficantes son los héroes de una parte de la juventud, e incluso de una parte de la población en general. En Medellín, Pablo Escobar ha tenido un entierro de primera, con una muchedumbre de personas llorando su muerte. Fue un bienhechor de los barrios pobres y el empleador de un gran número de jóvenes.

La proliferación de drogas se incrementó a partir de los años setenta y en la actualidad hay una mayor variedad de ellas, cada vez de mejor calidad y más potentes. Al contrario, otras drogas deben su bajo precio a sus peligrosos niveles de impureza, siendo de fácil adquisición; el bazuco y el crack son ejemplos de estos estupefacientes que ocasionan daños irreparables al organismo humano[7][2].Un estudio de la Universidad de los Andes realizado en el año 1987  había demostrado que si más del 55 % bebían alcohol y 30 % fumaban, no había más que un 1,08% para fumar marihuana, 0,64% para tomar bazuco y 0,25 % para aspirar cocaína. El despegue experimentado en los últimos años por el consumo de narcóticos en el interior de un gran número de los países productores o de tránsito es un tema de creciente preocupación.

En las áreas urbanas, el fenómeno se manifiesta en el llamado «microtráfico», dadas las características de su organización en células pequeñas, su gran movilidad, y su concentración por áreas o barrios, a cargo de grupos de pocas personas, casi siempre jóvenes y niños. Las ventas callejeras de pasta básica, de pitillos o bazucos, de marihuana y de dosis de heroína atraen a los innumerables desocupados de las capas más pobres, que se prestan a ejercer esta actividad, más rentable que otras que, por lo demás, no siempre están disponibles.

La violencia y la criminalidad asociadas con la droga y su distribución causan graves perjuicios en los barrios que ya se debaten en el estancamiento económico. Las tentativas de abrir negocios de barrio se ven desalentadas, la asistencia a las escuelas se ve continuamente perturbada, las salas de emergencia de los hospitales rebosan de víctimas de dosis excesivas y de tiroteos, los residentes con ingresos estables encuentran razones para trasladarse a otros lugares y las habilidades y ambiciones que podrían aprovecharse de forma productiva se desperdician en la búsqueda ilusoria de rápidos beneficios a través del tráfico de drogas.

En el campo, a pesar de que la economía de la droga ha dado al campesino empleo y mejores ingresos, estos beneficios inmediatos le han costado muy caros: el costo de la vida en las zonas cocaleras se ha elevado significativamente, y el pago en efectivo ha sustituido a las formas tradicionales de trueque en pequeña escala y de apoyo mútuo que eran fuente de estabilidad y equidad dentro de las comunidades indígenas. En Colombia, decenas de millares de nuevos «colonos» han emigrado desde las cordilleras hasta los «llanos» para cultivar la coca, trastornando el equilibrio social anterior. Los productos alimenticios como las patatas y el maíz comenzaron a escasear a medida que la mano de obra era absorbida por los cultivos de coca. La economía de auto consumo fue reemplazada por una mercantilizada, impersonal, muy alejada del espíritu comunitario del campesino.

La repercusión social de la droga también se hace sentir en la estructura del empleo. En efecto, la industria de la droga es un empleador importante en Bolivia, Colombia y Perú. Ocupa directamente entre 600.000 y 1.500.000 personas, según diversas estimaciones. Otras fuentes elevan este número a 1,8 millones, lo cual vendría a representar más de un 4,5% de la población activa, o sea cerca del 3% de la población total de estos tres países. De ellas, unas tres cuartas partes son agricultores y cosechadores de la hoja de coca; casi una cuarta parte son «pisadores»  que con los pies descalzos mezclan las hojas con productos químicos no elaborados, como el queroseno, para hacer la «pasta»; unos cuantos miles trabajan en los laboratorios clandestinos en los que la pasta se convierte en cocaína refinada, y unos mil, más o menos – entre los que se incluyen los multimillonarios de los cárteles – dirigen las importaciones y exportaciones y las finanzas. Además, un número mucho mayor de personas obtiene indirectamente sus medios de vida del efecto multiplicador que se hace sentir en las economías locales.

Otro efecto social de la droga, fue la aparición del «narcoagro», que ha adquirido particular importancia en Colombia. Los nuevos “barones” de las drogas hacen su conversión en neoterratenientes con evidentes efectos en la economía agropecuaria y en el sistema de tenencia de la tierra. En efecto, los estudios acerca del proceso agrario comenzado por los narcotraficantes coinciden en describirlo como una «contrarreforma agraria», ya que, contrariamente a lo buscado por los programas reformistas, ha vuelto a consolidar una estructura latifundista. Según un estudio (Sarmiento y Morento, 1990), a fines de 1988 los narcotraficantes poseían un millón de hectáreas, es decir un 4,3% de las tierras productivas. La intervención de la economía de la droga en el negocio de las tierras repercutió en la forma de tenencia de ésta, ya que aumentó la propiedad (75% en 1960 y 88% en 1988), y se redujo el arrendamiento (del 9% al 3,2%) y el colonato (del 14% al 5,6%), en igual período.

Por otra parte, según el mismo estudio, el área de influencia de los narcotraficantes se amplió con su participación en la producción agrícola nacional y en el crédito destinado a cultivos comerciales. Lo mismo sucedió en la ganadería, con su participación en el sacrificio de ganado y el crédito. Entre quienes no les han vendido sus tierras, por un lado, los terratenientes ricos se enfrentan a mayores costos de producción, en parte por los mejores salarios que pagan los narcoterratenientes, y, por otro lado, los campesinos pobres dejan sus tierras o finalmente las malvenden, por la situación de inseguridad y violencia a la que son sometidos. Junto con ir reemplazando a las antiguas familias terratenientes, el narcoagro impone un ritmo distinto de cambio y explotación: incorpora la ganadería selectiva (en detrimento de la intensiva), los cultivos de palma africana, la cría industrial del camarón, algunos cultivos tradicionales como el arroz y el algodón, y la industria avícola.

Según lo señala Reyes Posada, (1989), los narcotraficantes «se enfrentan a un doble reto: establecer por si mismos la dominación social, al legitimarse como élite que reorganiza las relaciones sociales del campo; y modernizar la producción agropecuaria, mejorando el nivel de vida a los trabajadores rurales y abasteciendo los mercados internos y externos».

8.1 Colombia: la búsqueda de una política alternativa y de cooperación internacional

Las acciones destinadas al control y gradual reducción del narcotráfico en la región han sido hasta ahora de carácter eminentemente «cíclico» y represivo, sin que les acompañasen programas de transformación estructural a largo plazo. Las medidas aplicadas en los últimos años parecen haber desfavorecido sobre todo a los pequeños agricultores, pero no han afectado sustancialmente a los cultivadores en gran escala y a los traficantes de droga responsables de la fuga de capitales y del blanqueo de dinero, auténticos causantes de la persistencia y agravamiento del problema. En presencia únicamente de medidas de control y represión se puede asistir a nivel regional a fenómenos como el desmoronamiento del precio de la droga, la subida del desempleo por pérdida de puestos de trabajo y el retorno a la miseria de miles de personas. Por otro lado, en el plano nacional, las políticas represivas no parecen haber contribuido sustancialmente a reducir los volúmenes de producción y exportación.

Numerosos testimonios recogidos demuestran que los cultivos de cannabis han vuelto a aparecer en el departamento del Cauca, Caqueta y en la montaña de S. Lucas, pero, y esto es un fenómeno totalmente nuevo en Colombia, su objetivo no es la producción de marihuana, sino la extracción de hachís, destinado muy probablemente a la exportación. Otra razón que explica el alza de los precios de la coca es que una parte de las superficies en que antes se cultivaba ahora produce opio. Actualmente se estima en más de 20.000 hectáreas la superficie sembrada de amapola en las montañas colombianas, a pesar de las más de 12.000 hectáreas destruidas mediante fumigación aérea, por el temible insecticida 2-4D (El muy conocido agente naranja) .

Sin embargo, en los tres países más afectados en la actualidad, Colombia, Bolivia y Perú, se ha producido una evolución hacia estrategias más integrales y más orientadas hacia el contexto socio – económico e internacional del problema de la droga que las políticas meramente policiales o de erradicación. En Bolivia, los campesinos temen ser las únicas víctimas de la lucha contra los narcotraficantes, lucha que va militarizandose cada día más. Durante la cumbre de Cartagena, en el año 1991, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora ha declarado : «Debemos luchar contra el narcotráfico, pero no a costa de un empobrecimiento».

A pesar de millares de millones de dólares invertidos en la lucha contra la multinacional de la droga, los Estados Unidos han fracasado. Tratan ahora de cortar de raíz, en los lejanos valles tropicales del Chapare o del Huallaga. Millares de hectáreas plantadas de coca fueron arrancadas, en Perú, o quemadas en Colombia. Pero, el paradigma de la «guerra contra las drogas» está basada en fundamentos irracionales que asocian falsamente la coca con la cocaína, como un fenómeno estricto de causa – efecto. La búsqueda de una erradicación definitiva del cultivo de la coca es una estrategia que amenaza el tejido cultural de los usuarios y productores tradicionales de este recurso andino. Después de las primeras víctimas, los gobiernos fueron obligados a cambiar de comportamiento, ante las amenazas de levantamiento popular.

El Gobierno colombiano ha reforzado la represión del narcotráfico a través del asalto a los centros de producción, la incautación de bienes, la captura de los principales traficantes y la destrucción de sus instalaciones clandestinas. Varios sectores de la sociedad colombiana han cuestionado abiertamente la estrategia anti – droga vigente por los altos costos humanos y económicos que ha ocasionado. Se ha argumentado que la estrategia dominante hasta ahora, la policial, no sólo no ha alcanzado los resultados deseados sino que ha supuesto una represión exagerada, contribuyendo a alimentar la espiral de violencia.

CONCLUSIONES

  1. No es posible hablar estrictamente de una llamada «Narcoeconomía» en Colombia, pero es indudable que el negocio de la droga le otorga muchas peculiaridades a la Economía Colombiana.
  2. Existen efectos contradictorios para la economía para el desarrollo de la Economía Colombiana.
  3. Los programas de erradicación de cultivos ilícitos han demostrado su ineficiencia, frente a las ventajas del negocio que se traducen en mejores niveles de ingreso de los habitantes de dichas regiones, seria mejor pensar en implementar programas de prevención hacia los cultivos ilícitos apoyando y mejorando las condiciones comerciales de los cultivos de los productos agropecuarios lícitos.
  4. También la fumigación a demostrado su ineficiencias en la lucha antinarcóticos.
  5. El auge de la droga ha lesionado el desarrollo de las actividades agrícolas y manufactureras a casa del efecto de la «Enfermedad Holandesa» ; ha bajado la calidad de las inversiones puesto que ellas han sido orientadas cada vez más hacia el corto plazo.
  6. El narcotráfico contribuye sustancialmente a entrabar las posibilidades de solución de la crisis política de la que es una expresión la violencia. La sustitución de la elite terrateniente por narcotraficantes les cambio a los campesinos el escenario de confrontación social, a uno en el cual el Estado se ve seriamente limitado para hacer reforma agraria.
  7. La adicción misma a las drogas en Colombia adquiere proporciones alarmantes, porque esta afectando cada vez más a la juventud y a los niños en edad escolar, y cada día son más corrientes los casos de adicción a alguna droga entre las familias de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

  • TOKATLIAN JUAN G. – BAGLEY BRUCE (Compiladores) Economía y Política del Narcotráfico. Ed CEREC  Ediciones Uniandes Universidad de los Andes, Bogotá 1990.
  • THOUMI FRANCISCO E El país trabado, Articulo publicado por la revista Dinero en la edición de Marzo de 1995.
  • CASTRO ESCUDERO Alfredo , «Colombia, mitos y realidades del narcotráfico». revista Comercio Exterior, Volumen 4, No21, México, Abril de 1997.
  • PAMPILLÓN Rafael y VERNA Gerard , Ley de Mercado y Narcotráfico ;El caso de Colombia. Febrero 28 de 1995.
  • GONZALES Patricio. Lavado de dinero: un desafío criminológico. Revista Chilena de Derecho. (Santiago, Chile), Vol. 22, Nº 2, 1995. p. 321-324.
  • STEINER SAMPEDRO, Roberto “Los ingresos de Colombia producto de la exportación de Drogas ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre de 1996
  • Colombia frente al Narcotráfico, Un reto de largo plazo, estudio publicado por fundapresencia, ubicado en www.fundapresencia.org.co.
  •  www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/narcol-E.html

También en:

[1][1] Fuente: Roberto Steiner Sampedro, “Los ingresos de Colombia producto de la exportación de Drogas ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre de 1996

[2][1] Tomado del Artículo «Colombia, mitos y realidades económicas del narcotráfico de Alfredo Castro Escudero redactor de la revista «Comercio Exterior» No 4 Abril de 1997.

[3][1] PAMPILLÓN Rafael y VERNA Gerard , Ley de Mercado  y Narcotráfico ;El caso de Colombia. Febrero 28 de 1995.

[4][2] TOKATLIAN JUAN G. – BAGLEY BRUCE (Compiladores) Economía y Política del Narcotráfico. Ed CEREC  Ediciones Uniandes Universidad de los Andes, Bogotá. 1990

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GestioPolis. (2001, enero 7). El narcotráfico en Colombia. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/
, GestioPolis. "El narcotráfico en Colombia". GestioPolis. 7 enero 2001. Web. <https://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/>.
, GestioPolis. "El narcotráfico en Colombia". GestioPolis. enero 7, 2001. Consultado el 17 de Agosto de 2019. https://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/.
, GestioPolis. El narcotráfico en Colombia [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/el-narcotrafico-en-colombia/> [Citado el 17 de Agosto de 2019].
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