Análisis del movimiento obrero en Argentina

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Trabajo y Sociedad pretende constituirse en un espacio de las ciencias sociales para la publicación de artículos y textos sobre los problemas del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, particularmente los referidos al estudio de las articulaciones del mundo laboral con la estructura social, el sistema productivo y las prácticas culturales y políticas.

Esta revista electrónica es publicada por el Programa de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad (PROIT) de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) en Argentina. Sus integrantes son académicos que realizan sus tareas en vinculación con la UNSE y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Programa es financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICYT-UNSE) y participa de las actividades de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y de la Latin American Studies Association (LASA).

Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina

Introducción

En los años transcurridos desde la instauración democrática en 1983, se han producido en Argentina dos grandes procesos que han cambiado el rumbo del desarrollo político, social y económico del país. En el plano político, han tenido lugar la consolidación de un régimen democrático de gobierno y el concomitante fortalecimiento de la competencia partidaria. En el plano económico, se ha acelerado el reemplazo del anterior modelo intervencionista por un modelo aperturista y desregulador del mercado interno. Este segundo proceso vino acompañado de una novedad adicional: el principal promotor político de la apertura y la desregulación económicas ha sido el peronismo, esto es, uno de los agentes que más había impulsado, en el pasado, el modelo intervencionista.

Los procesos mencionados han tenido consecuencias importantes en el comportamiento del mercado laboral, en la orientación de la política laboral del gobierno y en las formas de acción colectiva de los agentes sectoriales. Durante los últimos años, han cobrado relevancia distintas formas de protesta asociadas a cuestiones laborales que se alejan de las formas «clásicas» de protesta laboral -la huelga y la movilización sindicales-, las cuales, por su parte, predominaron durante el gobierno de Alfonsín. Me refiero, principalmente, a los «estallidos sociales» en el interior del país y a los cortes de ruta1/. Esta «novedad» fue acompañada por cambios en las protestas sindicales. Ahondando en esta impresión general, me propongo indagar en este trabajo qué hay realmente de nuevo en el mapa de protestas laborales desde 1983 hasta la actualidad.

Entiendo por protestas las manifestaciones colectivas de carácter público, directo y discontinuo que expresan desacuerdo y reclaman soluciones frente a un cierto estado de cosas. Una protesta es de carácter público toda vez que hace visible ante la población civil y/o las autoridades políticas un reclamo o una situación percibida como un problema social por los protagonistas. Tiene carácter directo cuando se expresa mediante algún tipo de acción que implica la interrupción de la actividad cotidiana o habitual de los participantes y/o cuando interrumpe el funcionamiento normal de la vida pública (huelgas, ocupaciones de establecimientos, cortes de ruta, actos y movilizaciones callejeras, etc.). Tiene carácter discontinuo en el tiempo cuando consiste en una acción episódica, aun cuando sea parte de una lucha más amplia o devenga en modalidades de acción y expresión más permanentes (por ejemplo, la protesta puede dar lugar a o ser expresión de un movimiento social con una base institucional y programática estable). Con esta definición se dejan de lado otras múltiples modalidades de acción colectiva, por ejemplo, los emprendimientos cooperativos, los grupos de ayuda mutua o las negociaciones entre empleados y empleadores contempladas en el sistema institucional de relaciones laborales. Entiendo por protestas laborales aquellas cuyo reclamo, demanda o reivindicación se refieren a problemas vinculados al trabajo: el salario, las condiciones laborales, las fuentes de trabajo, el marco regulatorio y demás.

La pregunta por la novedad en las protestas laborales exige adoptar una perspectiva histórica, en función de la cual definiré un repertorio «clásico» de protestas laborales en Argentina. Argumentaré que el mismo obedece a la configuración del peronismo como referente central del reclamo obrero y propondré una interpretación acerca de la emergencia de nuevas formas de protesta laboral fundada principalmente en un análisis político.

Aunque no forme parte de los objetivos de este trabajo, considero pertinente un análisis de la eventual incidencia de las transformaciones en el mercado de trabajo acontecidas entre 1983 y 1997 -en la estructura del empleo, los niveles de remuneraciones, la composición sectorial de la ocupación, el marco regulatorio, etc.- en las formas de protesta laboral. No obstante, pienso que ello no basta para analizar la evolución de las formas de protesta. Ni el descontento ni las formas de expresión del mismo podrían deducirse de datos «objetivos» tales como el aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo del salario o la disminución relativa de los obreros industriales. Tanto como la referencia a la situación socioeconómica de los sectores del trabajo, resulta necesaria una contextualización política de los fenómenos de protesta. La particular conformación histórica de las luchas laborales en Argentina, indiscernible del peronismo, nos impide hacer abstracción del aspecto político de las mismas2/ No alcanza, entonces, con analizar una evolución de categorías socioeconómicas para comprender la configuración histórica del repertorio de luchas laborales en Argentina; es preciso incorporar la dimensión política. Pues las condiciones y transformaciones socioeconómicas sólo impactan en las formas de protesta bajo la mediación de la arena política en la cual se configuran los intereses, identidades y recursos que orientan la acción colectiva. En este sentido, me propongo realizar un análisis político de la evolución de las formas de protesta en la nueva democracia Argentina que otorgue especial interés al papel del peronismo en las reivindicaciones laborales.

El plan del trabajo es el siguiente. Comenzaré por exponer los conceptos que considero apropiados para analizar la evolución de las formas de protesta en el período estudiado. He hallado útiles las nociones de «repertorio de acción colectiva», «estructura de oportunidades políticas» y «economía moral», desarrollados por Tilly, Tarrow y Thompson, respectivamente. En segundo lugar, definiré las formas de protesta laboral que, por su vigencia histórica, englobo bajo la denominación de repertorio clásico. El mismo está asociado al peronismo. En tercer lugar, expondré, con la correspondiente contextualización, las principales formas de protesta del período 1983-1997: las protestas sindicales, los «estallidos sociales» y los cortes de rutas. En cuarto lugar, analizaré qué hay de nuevo en estas formas en relación al repertorio clásico, hallando que existen razones para afirmar que el repertorio de protestas laborales se ha transformado en el transcurso del período analizado. Por último, me valdré de los tres conceptos expuestos al principio para ensayar una posible explicación de las innovaciones encontradas en el repertorio tradicional

  1. El enfoque de las protestas

En términos generales, el problema teórico que enfrento en este punto puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿De qué dependen las formas mediante las cuales que se presenta el reclamo laboral? En otras palabras, ¿cuáles son las variables relevantes para explicar las formas de protesta?

Los enfoques que he tomado en cuenta no son, desde ya, todos los que existen sino aquellos que me parece relevante tener en cuenta en función de mi preocupación teórica particular: ¿cómo se relacionan los cambios en el modelo económico, en las instituciones políticas y en los actores políticos registrados en la nueva democracia argentina con las formas de protesta por los problemas ligados al empleo?

En un trabajo anterior 3/, he presentado un recorrido por los distintos enfoques teóricos sobre protestas consignados bajo la dicotomía individualismo-holismo. Establecí en aquella oportunidad dos grandes conjuntos de enfoques según propongan explicaciones centradas en el nivel de los individuos o en el nivel de las estructuras o totalidades: a saber, (1) enfoques individualistas y (2) enfoques holistas. Entre los primeros, consideré: los enfoques psicologistas tradicionales y los enfoques utilitaristas. Entre los segundos, el enfoque sistémico clásico y el enfoque de los nuevos movimientos sociales.

Para el análisis de la evolución de las formas de protesta laboral entre 1983 y 1997, me ha resultado imposible optar por uno de los enfoques expuestos, pues considero que todos ellos aportan ideas interesantes como asi también todos presentan puntos vulnerables.

El enfoque psicologista tradicional coloca a los fenómenos de movilización colectiva en el campo de la irracionalidad 4/. En este terreno operan mecanismos subjetivos (contagio, sugestión, frustración relativa), los cuales son considerados causa eficiente del comportamiento colectivo, sin intervención del cálculo racional de acciones posibles. Por tanto, esta perspectiva excluye la posibilidad de efectuar un análisis estratégico de la acción colectiva. Esto implica una limitación inadmisible para comprender las protestas laborales, las cuales, por lo general, suponen un alto componente de cálculo estratégico. Además, siendo las formas de acción colectiva una preocupación central de este trabajo, este enfoque no aporta elementos que permitan discriminar entre los determinantes de distintas formas de expresión. Pero, no obstante estas insoslayables restricciones, el enfoque tiene la virtud de indicar la existencia de determinantes subjetivos de la movilización colectiva resistentes al modelo utilitarista.

La teoría de la movilización de recursos, deudora de los presupuestos del rational choice: maximización del autointerés como motivación de la acción y cálculo racional de estrategias posibles como método de decisión, provee un enfoque estratégico y utilitarista de las movilizaciones sociales 5/. Las variables fundamentales para el análisis de este tipo de sucesos son los recursos y las oportunidades para la acción. Los intereses y las preferencias de los actores se asumen como dados desde el punto de vista del análisis de la acción colectiva, siendo éste el punto quizá más vulnerable de la propuesta. Se trata de una perspectiva fértil para explorar la dinámica de movilización ya que presta especial interés a las redes organizativas y a la gestión de la acción.

Pero no ayuda a comprender las apuestas identitarias o de lucha por el sentido de un estado de cosas determinado que se juegan en la protesta. El dispositivo del cálculo racional no puede dar cuenta de la visión de los sujetos acerca de lo que el mundo es ni de lo que tales sujetos creen que debe ser que ellos adhieren a sus actos.

Curiosamente, Smelser (1989) avanza en esta última dirección al incorporar las creencias en la base del comportamiento colectivo. Elabora una teoría ciertamente compleja de los determinantes del comportamiento colectivo. Entre los mismos no solamente contempla la existencia de una tensión, falla, conflicto o disfunción del sistema social sino la propagación de una creencia que vuelva significativo este dato estructural a los ojos de los actores. La creencia tiene la función de identificar la fuente del problema y especificar las respuestas posibles. También esta teoría contempla como determinantes del comportamiento colectivo la dinámica de la propia movilización (los líderes, la organización, etc.), factores coyunturales precipitantes e incorpora el control social y la capacidad de las instituciones para tolerar y canalizar el conflicto social en el análisis del comportamiento colectivo. El problema de Smelser es su consideración del carácter disfuncional (patológico) y, por tanto, no institucionalizado del conflicto social. Coser (1961), sin renunciar al análisis sistémico, asigna funciones positivas al conflicto social en la definición de las identidades.

Los enfoques sistémicos, más allá de sus alzados matices, nos indican que las variaciones en el grado y las formas de movilización social hay que buscarlas en la naturaleza de los cambios a nivel sistémico y en la capacidad de las instituciones para gestionar tal cambio. También el enfoque de los nuevos movimientos sociales sugiere esta misma pista -por esto lo he clasificado entre los enfoques sistémicos-. De este enfoque, me interesa particularmente su orientación a dar cuenta de una novedad en las formas de movilización social.

Surge de la identificación de una situación de quiebre de las identidades tradicionales en las sociedades europeas centrales, la cual colocó a los individuos en la necesidad de construir identidades colectivas sustitutas que hicieran posible la acción colectiva en pos de la defensa de intereses u opciones de vida. El quiebre de las identidades tradicionales (de las identidades de clase, fundamentalmente, propias de la sociedad industrial) es atribuido a diversas causas según los autores. Sin embargo, todos se refieren a cambios globales: para Offe (1988), es la emergencia de la sociedad postindustrial; para Melucci (1994b), la emergencia de la sociedad de la información; para Habermas (1987), la colonización progresiva del «mundo de la vida» por la racionalidad instrumental. Además de la indicación acerca de dónde buscar la novedad, este enfoque aporta al análisis de fenómenos de acción colectiva una noción interesante de identidad colectiva, no antepuesta sino consustancial a la acción. Los estudios realizados bajo este enfoque se han interesado principalmente por la «novedad» de los movimientos estudiantil, feminista y antinuclear (para mencionar los más recurrentemente estudiados) surgidos en los años 80 en Europa. Las dificultades para extrapolar este enfoque a las protestas laborales en un país latinoamericano se muestran por sí mismas.

El esfuerzo de la mayor parte de los autores contemporáneos ha ido en dirección de superar la dicotomía individualismo-holismo que guió la presentación de los enfoques realizada, acordando que la gracia de un «buen» enfoque de las movilizaciones sociales está en resolver el camino que va de la estructura o del sistema a la acción. Hecho el balance, queda desestimar para este trabajo una serie de antinomias: cálculo racional versus irracionalidad, estrategia versus identidad, individualismo metodológico versus holismo metodológico.

Por mi parte, en vistas de abordar el problema que me ocupa en este trabajo y de ser menos injusta con algunos autores, creo que los conceptos de «repertorios de acción colectiva», de «economía moral» y de «estructura de oportunidades políticas», utilizados por Tilly, Thompson y Tarrow respectivamente, pueden ser el puente que necesitamos para poner en relación las formas de movilización con, por un lado, las transformaciones estructurales que implican las políticas neoliberales en Argentina y, por otro, con las transformaciones que ha experimentado el sistema político luego de la instauración del régimen democrático. Argumentaré que estos tres conceptos permiten atravesar la dicotomía metodológica individualismo-holismo, permitiendo sostener un enfoque que no deprecie el componente calculativo de la acción colectiva ni desatienda sus determinantes de tipo sistémico o estructural.

El concepto de repertorio de acción colectiva desarrollado en los estudios de Tilly sobre fenómenos de protesta es especialmente sugerente para este trabajo. Un repertorio de protestas es el conjunto de medios de los que dispone un grupo particular para realizar reclamos, el cual no se explica solamente en términos instrumentales -como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una determinada circunstancia-, sino, al propio tiempo, en términos de aprendizaje. Por ejemplo, los obreros utilizan generalmente la huelga como medio de protesta, pero no lo hacen porque éste sea siempre el medio más eficaz para conseguir sus propósitos, sino porque es la herramienta que han incorporado en su proceso de aprendizaje en el ámbito laboral. La vigencia de un repertorio implica los siguientes factores: 1) rutinas cotidianas y redes de organización de la población; 2) experiencia acumulada de acción colectiva, una memoria y un saber; 3) estándares predominantes de derechos y justicia; 4) patrones de expresión. Por todo lo que implica, un repertorio suele ser estable, sirve como un marco definido de interacción social y ha de ser aprehendido tanto en términos estratégicos como culturales. No sólo cabe preguntarse cómo enfrenta la gente instrumentalmente la desocupación u otras situaciones con los recursos disponibles; debemos indagar también en qué horizonte de sentido estas circunstancias son percibidas como intolerables o injustas de modo tal que puedan motivar y justificar el reclamo. Un repertorio consiste en prácticas recurrentes a través del tiempo que logran convertirse en una «institución»; establece reglas que pautan el comportamiento y las expectativas de los actores. El concepto de repertorio no sólo hace referencia a lo que los individuos o los grupos hacen cuando entablan conflictos con otros; también designa lo que ellos saben que tienen que hacer y qué es lo que los otros (los desafiados, por ejemplo) esperan que ellos hagan.

Tilly es un autor significativo para nuestro problema por su manera de relacionar procesos de transformación estructural, coyunturas políticas y protestas sociales. En su libro «The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle», Tilly analiza el devenir de una forma particular de acción colectiva denominada por él «contention» durante cuatro siglos: desde 1598 a 1984. Llama «contention» a las ocasiones en las que la gente actúa conjuntamente en base a sus intereses de una manera directa, visible, y afecta significativamente la realización de los intereses de otra gente. Abarca una variedad de fenómenos: sediciones, motines, tumultos, manifestaciones.

Ahora bien, ¿de qué dependen los repertorios? Cambian en función de las fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la organización [1986:4]. En el libro citado, Tilly se pregunta: en el caso de Francia desde el siglo XVII al presente, cómo el desarrollo del capitalismo y la concentración del poder en el estado nacional afectaron las maneras en que la gente común «contendía», o lo dejaba de hacer, por sus intereses. Tomando un lugar, una población única o un evento no se podría responder a esta pregunta. Pero sí haciendo un estudio comparativo de las contiendas populares en diferentes regiones tomando un período largo de análisis. El primer problema que aborda Tilly en este trabajo con respecto al capitalismo y a la formación del estado nacional es determinar cómo los grandes cambios afectaron los intereses, las oportunidades y la organización de los diferentes grupos populares en los cuatro siglos y luego ver cómo estas alteraciones en los intereses, las oportunidades y la organización repercutieron en las contiendas. Tilly correlaciona la historia de estos cambios estructurales con la historia de las contiendas. Encuentra que las mayores fluctuaciones en estas últimas responde a las idas y vueltas del capitalismo y la construcción del estado nacional. La rápida construcción de un estado beligerante en el siglo XVII incitó la resistencia del pueblo cuyos derechos y recursos el estado comenzaba a afectar. El «boom» de la producción vía disciplinamiento en el siglo XIX produjo la preeminencia de la huelga por establecimiento. Pero no todas las contiendas respondieron tan directamente a los cambios globales. Estas fueron más intensas en el marco de las principales crisis políticas y los cambios de régimen, lo cual habilita a suponer que estos cambios afectaron las oportunidades para actuar. Los cambios estructurales provocados por el capitalismo y el estado nación están en la base de los cambios en el repertorio de acción colectiva al comienzo del estado capitalista moderno. Es decir, los repertorios son tan permanentes que sólo el conjunto de los cambios económicos y políticos que se produjeron en los países occidentales a lo largo del siglo XIX pudo dar lugar a la sustitución del repertorio «tradicional» por el «moderno». El viejo repertorio se caracterizaba por ser, en su alcance: local y, en su orientación hacia los detentadores del poder, «patronizado».

Había estado en vigencia en países como Francia al menos durante doscientos años (desde la desaparición de las grandes revueltas campesinas de corte comunitario, a mediados del siglo XVII). El «nuevo» se caracterizó por ser nacional y autónomo, como corresponde al desarrollo de las nuevas estructuras económicas y políticas de la sociedad capitalista. Al repertorio tradicional corresponde una gama de formas de acción colectiva bien conocidas por los historiadores: los motines de subsistencia y las apropiaciones de cosechas; las invasiones colectivas de terrenos prohibidos, como campos, ríos o bosques; la destrucción de barreras de peaje o de otro tipo; la destrucción de máquinas; las cencerradas y serenatas; las expulsiones de funcionarios encargados del cobro de impuestos; los incendios; el saqueo de casas particulares; la representación de procesos judiciales populares; etc. No menos variadas son las formas del nuevo repertorio: unas estaban relacionadas con los procesos electorales y la acción política (como los mítines públicos, las reuniones y campañas electorales o las marchas de petición); otras con los enfrentamientos económicos con los patrones, como las huelgas o las manifestaciones; un tercer tipo reflejaba el enfrentamiento radical con las autoridades por medio de las ocupaciones de edificios oficiales o las insurrecciones planificadas de grupos revolucionarios.

El concepto de repertorio de acción colectiva, a mi modo de ver, tiende un puente entre la estructura y la acción. Y en ese puente la política tiene su papel. La premisa más importante del enfoque llamado «del proceso político» (del cual Tilly es parte) radica en que los procesos sociales -esto es, estructurales- afectan de manera indirecta, mediante una reestructuración de las relaciones de poder existentes, a la protesta social.

En «La economía «moral» de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», Thompson argumenta en contra de las interpretaciones que, según él, la mayor parte de los historiadores ha realizado de las causas de los motines de subsistencia en Inglaterra durante el siglo XVIII. Estas asignan al aumento desmesurado del precio del pan (y su efecto: el hambre, dada la importancia de este alimento en la dieta de los sectores populares en ese contexto histórico) eficacia causal en la emergencia de las protestas. Estas son consideradas acontecimientos reactivos y, como tales, irracionales. Thompson, en cambio, caracteriza los motines de subsistencia como una forma compleja de acción popular, disciplinada y con claros objetivos. Por cierto que los mismos motines eran «provocados» por precios que subían vertiginosamente, por prácticas abusivas de los comerciantes o por hambre. Pero los agravios operaban dentro de un consenso popular respecto de qué prácticas eran legítimas en la elaboración y la comercialización del pan. Para Thompson, los hombres y mujeres que constituían el «tropel» creían estar defendiendo derechos y costumbres tradicionales; y, en general, estaban apoyados por el amplio consenso de la comunidad. Este estaba basado en una idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que, tomadas en su conjunto, puede decirse que constituían la «economía moral de los pobres». Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, constituían la ocasión para la protesta.

El método utilizado por Thompson para el análisis de los motines de subsistencia, así lo define en un libro posterior [1995:296], consistió en reconstruir un modelo paternalista de la comercialización de alimentos; contrastar esto con la nueva economía política del mercado libre del grano, asociada, sobre todo, con «La riqueza de las naciones» de Adam Smith; y demostrar cómo, en tiempos de precios altos y escasez, la multitud podía recurrir a la acción directa para imponer el control protector del mercado y la regulación de los precios, reivindicando una legitimidad «derivada» del modelo paternalista. La economía moral se revela como tal ante la amenaza ocasionada por los imperativos mercantilistas. En tal sentido, nace como resistencia a la economía del libre mercado [1995:383].

En vistas de explicar las formas de movilización social, me interesa tomar de Thompson que el amotinamiento no tiene por qué ser la forma obvia o única de acción colectiva frente a la situación dada: pueden darse otras respuestas como las peticiones en masa a las autoridades, los días de ayuno, sacrificios y plegarias, visita a la casa de los ricos o la migración de poblados enteros. No hay una única respuesta «animal» al hambre. Tampoco el motín es necesariamente la respuesta más racional. Si así fuese, las modalidades de acción colectiva se explicaría siguiendo un cálculo de eficiencia. Dice Thompson: «El «motín» no es una respuesta «natural» u «obvia» al hambre sino una compleja pauta de comportamiento colectivo, una alternativa colectiva a las estrategias de supervivencia individualistas y familiares. Desde luego, los amotinados a causa del hambre estaban hambrientos, pero el hambre no dicta que deban amotinarse ni determina las formas del motín» [1995:302].

El concepto de economía moral me interesa porque, vía el concepto de legitimidad, establece una mediación entre el sistema de relaciones económicas y las formas de reclamar; porque conduce de la estructura a la acción. Porque permite pensar cómo un modelo económico puede encarnarse en las prácticas de los actores. Y no sólo en el sentido en que las normas que el mismo implica son constitutivas de las prácticas sino, asimismo, en cómo las concepciones valorativas de los actores y sus repertorios estratégicos se configuran al mismo tiempo que el modelo.

El trabajo de Thompson es sumamente sugerente para pensar la evolución de las formas de protesta laboral en Argentina. Porque podemos hablar de la crisis de un modelo de estado -el asistencialista- y de un modelo de acumulación -el mercadointernista- en Argentina y de la emergencia de un nuevo patrón de acumulación -aperturista, de libre mercado, estoy tentada de ver los reclamos laborales anclados en este proceso de transición estructural, que entra en conflicto con los supuestos morales -en términos de Thompson- que sustentaban las relaciones económicas y estructuraban las relaciones políticas en el sistema anterior6/.

La noción de estructura de oportunidades políticas presenta utilidad cuando se pretende realizar un análisis sistemático del contexto político en el que emergen las protestas o, más genéricamente, las movilizaciones sociales. Según Tarrow (1994), quien ha elaborado sostenidamente este concepto en sus trabajos, las movilizaciones sociales tienen lugar cuando las condiciones políticas disminuyen el costo de la acción colectiva.

Esto es, cuando están dadas las oportunidades para hacerlo. El concepto funciona con la premisa principal de la teoría de la movilización de recursos: intereses conflictivos y razones para reclamar hay siempre, varían los recursos con los que los actores cuentan en cada momento para lanzarse a la acción colectiva como un medio para conseguir mejorar su situación dentro de una determinada distribución de poder. La «estructura de oportunidades políticas» cuenta como dato en los cálculos estratégicos de los actores.

Según Tarrow, las oportunidades resultan (claro que no exclusivamente) de las propiedades del sistema político, el cual tiene que considerarse tanto en su aspecto estructural como en su aspecto dinámico. El primero remite a las características del diseño o arreglo institucional; el segundo, a las posiciones y estrategias efectivas que los actores adoptan en su marco. Tarrow utiliza el concepto de «estructura de oportunidades políticas» para abarcar ambos aspectos de lo que aquí llamaremos sistema político. Las oportunidades de movilización resulta, según este autor, de la apertura o clausura del sistema político; del grado de estabilidad de las alianzas políticas; de la presencia de potenciales aliados influyentes; y de la cohesión o división de las élites dominantes [Tarrow, 1994]. El primer elemento atañe a la estructura institucional de los sistemas políticos y los demás refieren a la configuración del poder entre los actores relevantes para el caso estudiado dentro de dicho sistema.

Está claro que este concepto necesita ser especificado en adecuación al contenido y los objetivos de cada investigación en particular. En nuestro caso, es preciso decidir cuáles son los aspectos tanto «institucionales» como «dinámicos» del sistema político que podrían incidir en las protestas laborales.

Entre los aspectos «institucionales» del sistema político que son relevantes para el análisis de protestas laborales, cuentan el régimen de gobierno y el sistema de relaciones laborales. Llamo institucionales a aquellos aspectos del sistema político que están formalmente reglados o que, aunque no tengan este carácter, su recurrencia y su capacidad de sanción los haga equivalentes a los primeros. Entre los aspectos «dinámicos», son relevantes para este estudio las siguientes variables: 1) La posición del Partido Justicialista en el sistema político, la cual condiciona sus expectativas y sus estrategias políticas y es relevante dado que este partido ha sido históricamente el principal referente político del sindicalismo y del reclamo laboral en general. 2) Los alineamientos políticos (o propiamente sindicales) dentro del sindicalismo; 3) las estrategias tradicionales de las autoridades y de los miembros relevantes del sistema político respecto de los desafiadores en el campo laboral, las cuales definen la medida en que las acciones colectivas desafiantes serán facilitadas o reprimidas y, en consecuencia, las posibilidades de éxito que puedan tener las acciones de protesta. Dicho de otro modo, la mezcla entre facilitación/represión y posibilidades de éxito depende, al menos en parte, de los cálculos estratégicos de las autoridades. Esta mixtura condiciona la serie de opciones estratégicas disponibles para la movilización de los desafiadores, ofreciendo un nexo entre la «estructura de oportunidades políticas» y la decisión de los desafiadores de movilizarse o no, la elección de formas de movilización, la secuencia de los actos a organizar y los destinatarios de los reclamos. O sea, las estrategias de las autoridades o los actores relevantes en cada caso y las de los desafiadores son interdependientes. Ambas constituyen el contexto de interacción en el que se lleva a cabo un desafío específico. La postura de las autoridades frente a los desafiadores no sólo está condicionada por la estructura institucional formal sino también por los procedimientos y estrategias informales empleados de manera regular por las autoridades con respecto a los desafiadores. Estas estrategias pueden ser excluyentes (represivas, confrontadoras, polarizadoras) o integradoras (facilitadoras, cooperadoras, asimiladoras, cooptativas). Estos procedimientos están anclados en tradiciones 7/.

En el análisis de la evolución del repertorio de protestas laborales entre 1983 y 1997, se utilizarán los tres conceptos expuestos. Para ello, debemos esperar hasta el último punto de este trabajo. Antes, definiré el repertorio clásico, el cual servirá de parámetro para detectar los cambios producidos, y presentaré las formas de protesta laboral, a mi juicio, más relevantes del período 1983-1997

  1. Las «vértebras» del reclamo laboral en Argentina

Poniendo a jugar el concepto de repertorio de acción colectiva expuesto en el punto anterior, creo interesante y adecuado afirmar la vigencia de un repertorio de protesta laboral «clásico» en Argentina.

Con la denominación de «clásico» pretendo hacer referencia a un modelo histórico, no interesándome aquí una explicación genética del fenómeno que se intenta capturar en dicho modelo sino una exposición conceptualmente útil de los rasgos constitutivos del reclamo laboral en Argentina. El relato histórico debe nutrir y dar lugar a la definición del repertorio «clásico» de protesta, el cual funcionará como un parámetro para la interpretación de las novedades y las permanencias en las formas de protesta a partir de 1983.

El repertorio de protestas laborales en Argentina que llamamos «clásico» se asocia a una particular formación histórica constituida por el peronismo como identidad política de los «trabajadores» y por una matriz estadocéntrica de organización y distribución del poder 8/. Bajo los primeros gobiernos de Perón, el reclamo obrero se constituyó con una determinada forma política e ideológica y se plasmó en una determinada forma institucional.

Tanto la expansión de los sectores laborales en Argentina como su incorporación a la política se dieron en el marco de la «revolución social» llevada a cabo por el peronismo a partir de 1945, a raíz de la cual, como lo escribe Halperín Donghi (1994:26) «todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas». Después de 1945, las protestas laborales llevaron la impronta de una identidad política de los trabajadores hegemonizada por el peronismo.

La forma institucional que adquirió la incorporación de los nuevos sectores laborales en el estado peronista a partir de 1945 moldeó el desarrollo futuro del sindicalismo y las modalidades del reclamo laboral. El decreto 23.852 de 1945 estableció las líneas generales del modelo sindical que recién será puesto en jaque en la década del 90. El mismo puede ser resumido en los rasgos que señalo a continuación.

La sindicalización está basada en el sector de actividad económica (lo que comúnmente se llama la rama económica), esto es, no valen como unidades de encuadramiento sindical el oficio o el establecimiento productivo. A su vez, en cada sector de actividad, sólo un sindicato cuenta con el reconocimiento oficial, el cual lo faculta para negociar con los empleadores de esa actividad. Los patrones se hallan obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y las disposiciones establecidas por medio de esa negociación se aplican a todos los trabajadores de esa rama. El modelo argentino de organización sindical descansa principalmente en una figura jurídica: la personería gremial, entendiéndose por la misma la capacidad de un sindicato de representar los intereses de una rama de actividad que es otorgada por el estado. El colectivo que representa el sindicato con personería está integrado por todos los trabajadores asalariados pertenecientes a la rama de actividad que sea jurisdicción del sindicato en cuestión, es decir, forman parte del mismo tanto los trabajadores afiliados como los que no lo están. La legislación faculta a cualquier grupo de trabajadores para conformar una organización gremial. Pero, accederá solamente una a la representación monopólica de los trabajadores de la rama de actividad. Además, se crea una estructura sindical centralizada, la cual abarca las ramas locales y asciende, por intermedio de federaciones nacionales, hasta una única central: la Confederación General del Trabajo. Finalmente, por aquel mismo decreto queda establecido el papel del estado en la supervisión y articulación de esta estructura centralizada. Además de asignarle al Ministerio de Trabajo la potestad de otorgar la representación monopólica a un único sindicato por rama, estipula el derecho del estado a supervisar vastas áreas de actividad sindical. La estructura legal asegura a los sindicatos muchas ventajas: entre ellas, derechos de negociación, protección de los dirigentes sindicales frente a la adopción de represalias por parte de sus empleadores, estructura sindical centralizada y unificada, y deducción automática de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales. Pero, al mismo tiempo, otorga al estado una alta intervención en la asignación de recursos y en los acuerdos alcanzados por los sindicatos con los empleadores.

Este fue el formato institucional que canalizó la expansión sindical dentro de un modelo de estado, la cual aseguraba el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social en la esfera de la producción, a la vez que integraba a sus organizaciones al aparato del estado mediante las instituciones que analizamos. La interpenetración entre identidad peronista y sindicalismo, por un lado, y el tipo de vínculo entre el estado y los sindicatos creados por el peronismo en el gobierno, por otro lado, brindaron al sindicalismo un notable grado de cohesión y eficacia en las luchas laborales.

Aparte del tipo de institucionalización del reclamo laboral, es central reparar en la forma ideológica que adoptó el mismo. Si en Argentina tiene sentido referirse a los trabajadores o al movimiento obrero, incluso al pueblo trabajador, como sujetos de acción, es porque ha existido un lenguaje que les ha conferido significado en tanto tales. El peronismo fue decisivo en la aparición y formación de la clase trabajadora argentina moderna. Su existencia y su fuerza identitaria se remonta a los años formativos del peronismo. El apoyo que los trabajadores dieron a Perón no se fundó exclusivamente en su experiencia de clase en las fábricas. Fue también, y fundamentalmente, una adhesión de índole política. En el repertorio «clásico» de lucha laboral tiene una importancia crucial la plaza pública como punto de constitución de la clase trabajadora (Sigal & Torre 1969).

Como lo enfatiza James, «la clase trabajadora no llegó al peronismo ya plenamente formada y se limitó a adoptar esa causa y su retórica como el más conveniente de los vehículos disponibles para satisfacer sus necesidades materiales. En un sentido importante, la clase trabajadora misma fue constituida por Perón; su propia identificación como fuerza social y política dentro de la sociedad nacional fue, al menos en parte, construida por el discurso político peronista, que ofreció a los trabajadores soluciones viables para sus problemas y una visión creíble de la sociedad argentina y el papel que les correspondía en ella» (1988:55-56).

De esta enfatización no deberá deducirse la imagen de la pasividad y la manipulación de una masa en disponibilidad por parte de Perón. También James se encarga de señalar la capacidad del discurso peronista para absorber, resignificar y articular contenidos presentes en la cultura popular previa al peronismo (James 1988:47-5). El atractivo político fundamental del peronismo fue su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía existente en el lenguaje político de la época extendiendo su incumbencia desde el campo de los derechos civiles y políticos hacia el campo de lo social. El llamado político que el peronismo dirige a los trabajadores se funda en el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social. Esta, configurada casi en el terreno de las esencias, solicitaba a través de Perón protagonismo en la vida política; solicitaba representación política en tanto fuerza social excluida de los ámbitos políticos. Esta representación no se consumaría mediante el ejercicio de los derechos formales de ciudadanía y la mediación de los partidos políticos. La clase trabajadora, como fuerza social, tendría que tener acceso directo y privilegiado al estado por medio de sus propias organizaciones: los sindicatos. Entonces, si bien el discurso peronista constituyó a la clase trabajadora como sujeto social, lo hizo en un discurso que la hizo preexistente al peronismo mismo. Perón se postuló en la campaña electoral de 1945-46 como su «vocero», avisando que su éxito sería posible en la medida en que ellos se unieran y organizaran. Afirmaba a los trabajadores como presencia social desarrollando un lenguaje de protesta frente a la exclusión política fundado centralmente en el reclamo de «justicia social» 9/.

Veamos en qué consiste el repertorio clásico de protesta laboral. El modo de expresión del reclamo laboral claramente predominante ha sido la huelga en sus diversas variantes. Esta no es, por cierto, una especificidad argentina porque es el medio universalmente propio de reclamo laboral en la modernidad. En consonancia con la estructura centralizada del sindicalismo, la actividad huelguística en Argentina ha tendido a estar centralizada. Salvo en períodos de fuerte represión, como el de la Resistencia o la Dictadura. La movilización, marchas y concentraciones en la vía pública, ha sido el otro medio de expresión de los reclamos vinculados a los problemas del trabajo. Estas también han reflejado, en líneas históricas generales, la centralización de la estructura sindical y la prevalencia de los sindicatos como actores «naturales» de las luchas laborales.

Las movilizaciones callejeras son un elemento propio de la tradición peronista. La gran movilización popular del 17 de octubre de 1945 es su sello fundacional. Si bien el carácter de la misma excede con creces el de protesta laboral invitándonos a pensar en términos de un movimiento social, no podríamos comprender las formas de la protesta laboral en Argentina sin tal antecedente fundante. Decíamos que tanto la fábrica como la plaza han sido los ámbitos constitutivos de las luchas laborales. La fábrica remite a la unidad organizativa del campo de la producción, designando el lugar de referencia de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero el peronismo ha investido, de entrada, las luchas laborales de un carácter principalmente político.

Desde la institucionalización del reclamo laboral a partir del estado peronista, las organizaciones sindicales se asignan el monopolio de la representación de los trabajadores en el campo de las luchas por sus intereses, constituyendo, por tanto, el actor principal de la protesta laboral. De acuerdo con la forma institucional que ha canalizado el reclamo obrero, los sindicatos han actuado como correas de transmisión entre el estado y los trabajadores. En consecuencia, las protestas laborales han tenido alto grado de institucionalización.

Ahora bien, no alcanza con detectar a los sindicatos al comando de las reivindicaciones laborales para analizar el sujeto de la protesta laboral. Es necesario mirar el sentido de la acción sindical en el marco del discurso peronista y revelar su politización inherente. Los sindicatos se antodesignan como partes del movimiento obrero, el cual constituye la «columna vertebral» del movimiento peronista. O sea que el peronismo como proyecto político es constitutivo del sujeto de la protesta laboral. Reforzando el rasgo fundacional que se analizó anteriormente, en los años 60, el movimiento obrero se fortaleció a medida que fue asumiendo una doble tarea: la lucha reivindicativa sindical y el único canal de expresión política del peronismo, proscripto y sin haber podido reconstruir su organización partidaria desde el derrocamiento de Perón en 1955. Es decir que, a la lucha por el mantenimiento y mejora del nivel de vida de los sectores salariales y la constante búsqueda del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, se agregaba la lucha por el reconocimiento del peronismo como movimiento político. En este último sentido, el rol del sindicalismo en el peronismo fue identificado como el de «columna vertebral». A partir del golpe militar que derrocó al segundo gobierno de Perón en 1955, la exclusión del peronismo del campo político legal introdujo una profunda dislocación en la actividad política, lo cual condujo a la configuración de un «sistema político dual» entre 1955 y 1966 (Cavarozzi 1988). El sector popular y el «frente antiperonista» no compartían el mismo escenario político. El primero, principalmente representado por el peronismo, se quedó sin representación en el aparato institucional del estado. En este marco, el sindicalismo peronista se convirtió progresivamente en la expresión organizada más influyente de este sector. Hasta 1966, la política del peronismo y de las organizaciones sindicales (como centralizadoras de la capacidad de sanción del sector popular excluido) fue la desestabilización desde afuera de todos los gobiernos militares o civiles instaurados. El sindicalismo desarrolló una imponente capacidad defensiva anclada en la lucha económica y en la fuerza simbólica de la lucha por el regreso de Perón y su retorno al poder.

La acción de los sindicatos en Argentina ha estado tradicionalmente orientada por dos ejes principales: la demanda económica (mejoras salariales y de condiciones de trabajo) y la búsqueda de ventajas corporativas (O’Donnell 1976, James 1988). Ambas orientaciones forman parte del estilo sindical forjado en la década del 60. El mismo fue caracterizado por James como «pragmatismo institucional» y se encuentra sintetizado en el lenguaje político ordinario bajo la expresión «vandorismo». Este estilo puede ser definido por los siguientes elementos básicos: 1) la supervivencia de las organizaciones como objetivo central de la actividad gremial; 2) la ruptura de la ligazón entre las políticas de corto y largo plazo, siendo la perspectiva de corto plazo la determinante en el diseño de las estrategias de acción. Se trata de aprovechar las oportunidades puntuales que el sistema otorgue, de manera que los fines, objetivos o principios que motorizan la acción gremial aparecen filtrados por el cálculo de lo viable. Los mismos se legitiman en base a este tipo de cálculo. El estilo de liderazgo sindical conformado en esta época se caracteriza por controlar el activismo de base y concentrar las decisiones.

Sin dejar de ser el estilo prevaleciente, el pragmatismo institucional como lógica predominante de la acción gremial en Argentina ha entrado en espirales de crisis desde 1966, lo cual se percibe patéticamente en la experiencia del peronismo en el gobierno en el período 1973-1976 (ver Torre 1989).

Los reclamos economicistas y la búsqueda de ventajas corporativas se expresaron siempre revestidos por la retórica política peronista. Las luchas por ventajas económicas se sostienen en el discurso peronista acerca de los derechos de la clase trabajadora. Y el reclamo de ventajas corporativas encuentra su justificación en papel orgánico de las organizaciones sindicales en la sociedad y el estado asignado por el discurso peronista.

La apelación a la organicidad es un tópico del lenguaje peronista de protesta. El reclamo obrero debe ser tramitado por los canales orgánicos «naturales» que provee el movimiento peronista. Para eso están los sindicatos y también el estado. Las formas del reclamo tienen que ser orgánicas, digamos institucionales. Ningún interés ni ningún grupo o persona puede arrogarse representación por fuera de las organizaciones peronistas.

Resumiendo, la alta institucionalización y politización son los dos rasgos que constituyen juntos e indiscerniblemente los conflictos laborales en Argentina 10/.

Con el trasfondo del repertorio clásico, expondremos en los próximos puntos las principales formas de protesta laboral del período 1983-1997: las protesta sindicales, los «estallidos sociales» y los cortes de ruta

  1. El sindicalismo populista frente al neoliberalismo

Expondré en este punto las líneas generales de la situación y el accionar del sindicalismo entre 1983 y 1997, lo que contribuirá a la mejor apreciación de la evolución de las formas de protesta sindical en el período que se analizarán en los puntos 3.1 y 3.2.

Hacia el final del régimen militar instaurado en 1976, se produce una situación de agitación bautizada como «resurrección de la sociedad civil». O’Donnell y Schmitter (1991) dan este nombre al momento de movilización generalizada que acontece en la sociedad al ritmo de la liberalización política del régimen autoritario, es decir, cuando las autoridades comienzan a otorgar garantías individuales y a negociar con ciertos sectores opositores.

Como bien señalan estos autores, tal renacimiento debe comprenderse sobre el telón de fondo del éxito conseguido por el régimen militar en despolitizar y atomizar la sociedad, durante el cual los individuos se refugiaron en sus ámbitos privados. Por esto, el resurgimiento de identidades colectivas fue de carácter casi explosivo y surgieron demandas que no habían contado con canales públicos de expresión. En este contexto, los reclamos laborales resurgieron amplificadamente a través de huelgas, manifestaciones callejeras y activismo de base, presionando sobre las fronteras del espacio público abierto por el régimen. La reorganización del sindicalismo peronista se dio en este marco de alta movilización social, el cual acompañó la instauración del gobierno democrático y, en gran medida, caracterizó globalmente el período de gobierno alfonsinista.

En 1983, el peronismo perdió en las urnas frente al radicalismo. Esta fue la primera novedad que presentó la nueva democracia: el peronismo podía no lograr la mayoría del electorado y asumir el rol de oposición política en el marco del nuevo sistema institucional.

Para recomponerse de la derrota electoral, el peronismo, en la oposición política, comenzó a fortalecerse desde su núcleo más duro, al menos por ser el que ofrecía mayor capacidad organizativa: el sindicalismo. Apelando al lenguaje reivindicativo de siempre y a los recursos de siempre, el sindicalismo puso en práctica su ejercitado repertorio de protesta: huelgas generales o sectoriales para reclamar, principalmente, mejoras salariales y actualizar la identidad peronista de los trabajadores. La liturgia peronista sumada a las destrezas de las organizaciones sindicales para perseguir sus objetivos recubrieron las numerosas medidas de fuerza que tuvo que afrontar la novata democracia.

El sindicalismo había desempeñado un rol relevante en la apertura política hacia el final del régimen militar, no sólo en tanto sindicatos -vía huelgas y movilizaciones- sino también como artífices de la reconstitución del PJ para las elecciones de 1983. La conducción de este partido, dada la residencia en España de su titular (Isabel Perón), había quedado en manos del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, lo cual permitió a los dirigentes sindicales ocupar generosos puestos en las listas de candidatos del PJ para las elecciones generales de 1983.

Debido al protagonismo de los sindicalistas en los preparativos electorales, la derrota del PJ se convirtió en una derrota de los sindicatos, los cuales habían sido el blanco de los ataques al peronismo por parte del candidato a presidente de la UCR.

Sin embargo, ya en 1984 el sindicalismo peronista había recobrado su espacio a través de dos fenómenos concomitantes. Por un lado, el fracaso gubernamental en la sanción de la Ley de Reordenamiento Sindical. El radicalismo se había propuesto cambiar desde el gobierno los patrones de acción del sindicalismo lanzando un programa de democratización de los mecanismos de selección de los cuadros dirigentes instituidos en los estatutos gremiales. Pocos días después de asumir, el gobierno envía al Congreso dicho proyecto de ley. El mismo consistía en la convocatoria a elecciones gremiales con un régimen electoral especialmente diseñado para la ocasión, estableciendo, entre otras cosas, la participación de las minorías en las conducciones sindicales, la suspensión ocasional de las cláusulas sobre antigüedad y avales requeridos para ser candidato a los cargos dirigenciales contemplados por los estatutos electorales de los gremios y la administración de los sindicatos por parte de representantes del ministerio de Trabajo hasta la substanciación de las elecciones.

Habiendo sido aprobado con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados, fue rechazado por la Cámara de Senadores, donde la UCR no contaba con mayoría propia. El rechazo fue mayoritario a nivel de la dirigencia sindical y la necesidad de articular la resistencia al proyecto de ley mencionado operó como un imperativo de unificación de la estructura gremial. El sindicalismo cerró sus filas alrededor de dos posturas básicas: la defensa de la unidad del movimiento obrero y la no injerencia estatal en los asuntos gremiales, reclamando la restauración de la situación institucional previa al golpe militar de 1976. Por otro lado, las dificultades del PJ para recomponerse internamente luego de la derrota y las sucesivas fracturas que se producían en su seno colocaron a los sindicatos en un rol político-partidario. La gran cantidad de conflictos liderados por los sindicatos y orientados contra la política oficial los involucraron en un rol opositor que un PJ dividido y en proceso de recomposición interna no lograba cumplir.

Estas fueron las condiciones para el fortalecimiento de la corriente «ubaldinista» dentro del sindicalismo peronista. La recuperación del PJ como alternativa electoral a partir de 1987 significó el debilitamiento de este sector, por lo cual se puede conjeturar que la hegemonía del ubaldinismo en el sindicalismo peronista era tributaria de su rol político de oposición a la política, principalmente económica, del gobierno de Alfonsín. Le sucedió el predominio del «Grupo de los Quince» 11/, cuya formación fue el resultado de la convergencia entre los intereses del radicalismo en disminuir las chances electorales de la Renovación y de sectores sindicales que habían perdido peso en el PJ y en la estructura sindical vis a vis los sectores renovadores, instalados tanto en el partido como en la estructura sindical.

La estrategia ubaldinista de confrontación con el gobierno tuvo auge mientras el PJ era presa de sus conflictos internos luego de 1983. Los sindicatos liderados por los «renovadores» moldearon sus estrategias al calor de la lucha político-partidaria. Los sectores más «ortodoxos» no se subordinaron a las estrategias de un PJ dirigido por la Renovación pero, en su lugar, encontraron un canal indicado en el sistema político para aliarse con el gobierno y para penetrar nada menos que en su gabinete ministerial (cuando Carlos Alderete fue ministro de Trabajo).

Sólo a fines de 1988, cuando el PJ encaró el tramo final de la campaña que llevaría a Carlos Menem a la presidencia en las elecciones de mayo de 1989, todos los sectores del sindicalismo peronista se subordinaron, unos con más resistencia que otros, a la estrategia partidaria. Lo señalado resumidamente en este párrafo marca la gravitación de la dinámica del sistema político en la vida sindical e indica la importancia del análisis de las oportunidades políticas para la comprensión de las estrategias y las formas de protesta implementadas por el sindicalismo.

La acción sindical durante el período 1983-1989 tuvo tres orientaciones básicas: 1) corporativa: la legalización y la recomposición institucional, 2) económica: la demanda al estado de incrementos salariales y del mantenimiento de las fuentes de empleo, 3) política: el reflotamiento del Partido Justicialista y el liderazgo de la oposición al gobierno radical.

Podemos decir que la demanda de mejoras salariales fue la orientación preponderante de la actividad sindical entre 1983 y 1989. En términos generales, la estrategia de presión del sindicalismo hacia el gobierno por aumento de salarios subordinaba, o daba sentido, al resto de los reclamos. La dirigencia sindical buscó reconstruir su representatividad -y su prestigio- colocándose a la vanguardia de la lucha económica. Para esto, el sindicalismo se aferró a su estilo tradicional de acción: confrontar y negociar para obtener más. Las demandas centrales fueron: mayores salarios y más empleo. El «ubaldinismo», como dije antes, fue la nota característica del sindicalismo durante el gobierno radical. Ubaldini perfila su liderazgo a partir de la apertura de un frente de oposición al gobierno, para lo cual contaba con el vacío dejado por un desestructurado PJ. Las huelgas generales fueron su principal herramienta para, por un lado, lograr la centralización del descontento social -sumando sectores extrasindicales- y, por otro, la unificación de los diversos estratos del aparato sindical y del PJ. La estrategia de reclamo salarial durante el gobierno radical arrojó magros resultados para los trabajadores, dado que los aumentos se mantuvieron por debajo de la tasa de inflación (Godio, 1991). Sin embargo, esta estrategia tenía una orientación doble; apuntaba también a la construcción de un frente político opositor al gobierno, terreno en el cual los reclamos economicistas obtuvieron más éxito. Lo que ganaba en el ámbito político, lo perdía en el orden económico-social; en capacidad de control del mercado de trabajo, de la evolución de los salarios y de las condiciones de empleo.

La constitución del sector sindical en el eje de la oposición al gobierno fue la otra orientación típica de la acción sindical durante el gobierno radical. La orientación política estuvo articulada a las reivindicaciones economicistas y tuvo que ver, al menos en los primeros tiempos, con la crisis de PJ. Las luchas entre los sectores sindical y político del «movimiento justicialista» fueron, hasta los tiempos de Menem, parte indiscernible de esta tradición política. Una mirada global al período 1983-1989 devuelve una visión de la interpenetración entre las estructuras del sindicalismo y del partido justicialistas. En este sentido, las estrategias de acción sindical estuvieron dirigidas a mejorar el posicionamiento de los distintos alineamientos gremiales en la estructura partidaria peronista. En general, los ejes de diferenciación de los alineamientos gremiales estuvieron determinados por los antagonismos generados en la lucha partidaria. Un ejemplo paradigmático fue la división entre cafieristas y menemistas hacia 1988. En términos generales, el sindicalismo obtuvo éxito relativo en la articulación de una oposición al gobierno mientras se hacía cargo del pulverizado PJ. Relativo, porque a pesar de haber logrado ser una expresión importante del descontento popular con la política económica oficial, esto no se tradujo en la construcción de un frente político opositor liderado por el sindicalismo y apoyado por distintas corporaciones o partidos. El peronismo no logra una buena actuación en las elecciones de 1985. El factor dinamizador de la recuperación del PJ como alternativa electoral fue el fortalecimiento de la Renovación Peronista, corriente anclada principalmente en el partido y liderada por sectores «políticos». No obstante, no hay que desconocer el rol del sindicalismo renovador en las luchas internas del PJ que inclinaron la correlación de fuerzas hacia la Renovación. Por último, hacia 1989, el «ubaldinismo» que había sido el referente de aquella estrategia termina el período en la trastienda, opacado por la estrategia electoral de Menem.

Los cambios en el sindicalismo argentino en lo que ha transcurrido de la década del 90 han sido interpretados como un «cambio de época» (Palomino 1995). Interesan principalmente para este trabajo las dos mutaciones siguientes: 1) la ruptura del sistema nacional de relaciones laborales, 2) la pérdida de presencia de los sindicatos en el sistema político. El primero afectó el rol tradicional del sindicalismo como interlocutor del gobierno y los empresarios. En cuanto al segundo cambio, la consolidación del sistema de partidos y el cambio de perfil programático del PJ fueron despojando al sindicalismo de su carácter de «columna vertebral» del peronismo, esto es, de su rol político-partidario. Ambos implican transformaciones profundas en el modelo sindical vigente desde 1945.

El sistema de relaciones laborales desarrollado en Argentina se constituyó y consolidó entre 1950 y 1975. Entre sus principales rasgos cuentan los siguientes: 1) alto grado de intervención y regulación estatal; 2) fuerte centralización de la negociación colectiva por rama de actividad; 3) predominio de determinadas categorías profesionales: obreros y empleados urbanos, industriales y privados; 4) salarios acordados en función de la preservación del poder adquisitivo, regulados por la aplicación diferida de índices oficiales de aumento de precios, e índices globales de crecimiento del PBI para el cálculo de la productividad; 5) organización del trabajo en la industria de tipo «taylorista fordista», el cual se caracteriza por difundir métodos de disciplinamiento y control sobre la fuerza de trabajo y acordar con las patronales ritmos de trabajo y niveles de producción (Novick & Catalano 1992) 12/.

El eje de este sistema de relaciones laborales es la negociación colectiva centralizada. Las dificultades de funcionamiento de este modelo se reflejaron en la discontinuidad recurrente de la negociación a lo largo de décadas, sea por la suspención de la misma durante los gobiernos militares o porque los gobierno civiles esgrimieron imperativos de orden económico para acotarla. A partir del golpe militar de 1976, se suspendió la vigencia de la negociación colectiva no solamente como un instrumento para restringir la actividad sindical sino, también, como una manera de favorecer la instauración de un mercado laboral «libre», coherente con el pensamiento económico de corte liberal. Entre 1984 y 1987, el gobierno radical mantuvo en suspenso la negociación colectiva alegando su incompatibilidad con los objetivos de la estabilización de la economía. Sólo a partir de 1988, y de manera limitada, se restableció la vigencia del sistema nacional de negociación colectiva, pero en un contexto en el cual las tendencias de la economía y la fuerza de los empresarios fueron imponiendo progresivamente la negociación por empresa. De esta manera, se fue generando una escisión entre las dinámicas de los distintos niveles de representación sindical y entre lo formal y lo que ocurría en realidad 13/. Si bien se mantiene la vigencia de las leyes que garantizan el lugar de las direcciones nacionales de los sindicatos, la negociación se fue transfiriendo a subsistemas locales de relaciones del trabajo que regulan la cooperación y el conflicto en el plano de las empresas 14/.

La brecha entre lo formalmente establecido y lo que realmente ocurría se fue agrandando más y más hasta que la voluntad de realizar un vasto programa de reformas laborales por parte del gobierno peronista se presentó con tal claridad y firmeza que puso radicalmente en cuestión la forma institucional que llamamos clásica de gestión del reclamo laboral. Las reformas económicas llevadas adelante por Menem han producido un quiebre del modelo de relaciones laborales definido anteriormente. La desregulación de la economía, las privatizaciones, la apertura y la flexibilización laboral han afectado vitalmente aquel modelo, perfilándose un nuevo sistema, el cual, también según Novick & Catalano (1992), implica: 1) un cambio en los marcos legislativos con la incorporación de nuevas formas de contratación, de la obligación de negociar mejoras salariales por productividad y de la descentralización de los convenios colectivos; 2) una segmentación sectorial amplia en materia de salarios y beneficios sociales; 3) orientaciones estratégicas heterogéneas tanto en el campo empresarial como en el campo sindical. Se ha llamado «flexibilización laboral» al proceso de reforma laboral emprendido, y aún no concluido, por Menem 15/.

El sindicalismo se halla entonces inmerso en profundos cambios en el modelo sindical originario, los cuales debilitan su poder y comprometen sus estrategias tradicionales. Pero, además de los perjuicios ocasionados por las reformas económicas y laborales, el sindicalismo ha experimentado cambios que obedecen a los efectos asociados a la transformación de su rol en el sistema político. El peronismo en el gobierno siempre complicó las estrategias del sindicalismo peronista, sólo que, en el caso del gobierno peronista actual, se suma una complicación mayor a la presentada por el hecho de ser oficialista: curiosamente, su programa de gobierno no es populista sino neoliberal. Durante el gobierno radical, el PJ mantuvo su adhesión a políticas nacionalistas, estatistas, pro-obreras y redistributivas. En consonancia, la dirigencia peronista entre 1983 y 1989 criticó sin tregua las políticas económicas del gobierno que insinuaron un giro desregulacionista. Tuvieron la posición más dura en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se opusieron a las privatizaciones y apoyaron los reclamos sindicales. Como ya se señaló más arriba, la influencia de sindicalismo dentro del partido era importante. El giro programático del PJ exigió el replanteo del papel del sindicalismo dentro del partido. Menem y sus colaboradores redujeron la influencia del «movimiento obrero» en el partido 16/.

Frente al desafío neoliberal, el sindicalismo sufrió importantes divisiones. Desde 1992 hay dos centrales sindicales. Y, si bien la multiplicidad de centrales no constituye una novedad en la vida sindical argentina, quizá nunca la división haya ido tan lejos como esta vez, ya que una central ha renegado de su alineamiento con el peronismo. Desde 1990, la CGT permaneció dividida y el gobierno le otorgó reconocimiento oficial a la central oficialista hasta la unificación de ambas fracciones en 1992, la cual se produjo frente a la amenaza gubernamental de desregular el sistema de obras sociales. En este mismo año surge una central alternativa: el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Afilia a dos grandes sindicatos de docentes y estatales y a algunas seccionales de otros sindicatos cuyas conducciones mantienen su adhesión a la CGT y propone una forma de organización diferente a la de la CGT. La afiliación no está restringida a los empleados; pueden afiliarse los desempleados y se permite la doble afiliación. De esta manera, se pretende hacer frente al desgaste que significa el crecimiento del desempleo y el empleo precario para la acción sindical. Esta forma organizacional se asemeja más a la de una organización social que a la de una central sindical (Murillo 1996). Sus dirigentes están vinculados a la oposición política. Cobra protagonismo también un alineamiento sindical que, siendo disidente de la conducción, mantiene su afiliación a la CGT: el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Agrupa a los gremios de choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, empleados de los subtes porteños, camioneros, aeronavegantes y marítimos.

Tenemos a partir de 1989 un sindicalismo mayoritariamente oficialista y negociador inmerso en un proceso de reforma económica que socava sus bases de sustento, que profundiza la posición de debilidad estructural (fruto de la crisis del modelo de industrialización orientada al mercado interno) que ha tenido que gestionar desde hace décadas. Cabalgando en esta paradoja de identificación política con el peronismo y tradición reivindicativa, el sindicalismo ha enfrentado con su repertorio tradicional de protesta la destrucción del modelo socioeconómico que lo engendró. Esto último no niega el desarrollo de estrategias innovadoras a nivel de la dirigencia sindical porque sólo nos referimos a formas de protesta. El sindicalismo hegemonizado por la CGT ha negociado con el gobierno su participación en la implementación de las reformas económicas a fin de garantizar la supervivencia de sus organizaciones (ver Murillo 1996). Los cambios económicos y políticos del período han afectado enormemente el poder de los sindicatos y éstos se han ido desdibujando como referentes del reclamo laboral.

Para resumir los malos tragos a los que fue convidado el sindicalismo a partir de 1989, se pueden nombrar: la regulación de las huelgas del sector público, la prohibición de los aumentos salariales no asociados a incrementos en la productividad, la descentralización de las negociaciones colectivas, la privatización de las empresas estatales y la flexibilización de los contratos de trabajo. Más allá de los costos reales de estas medidas, es destacable el costo simbólico que la conversión programática del PJ ha tenido para el sindicalismo peronista.

3.1. Las protestas sectoriales

Pasemos ahora a analizar estadísticas disponibles sobre protestas sindicales período que nos permitan percibir tendencias de cambio.

Antes de comenzar, es necesaria una digresión sobre la unidad de análisis utilizada por las fuentes tomadas.

En su base de datos, Ricardo Spaltemberg cubre los «conflictos laborales» entre 1984 y 1994 17/. Bajo esta denominación, registró toda modalidad de actividad huelguística en donde la acción consiste en la interrupción del transcurrir habitual del proceso de trabajo. La unidad temporal de la serie es el mes, lo cual significa que los conflictos que continúan más allá del mes de su inicio se vuelven a registrar en el mes siguiente, haciendo incorrecta la suma de los conflictos por mes. En consecuencia, no sería estrictamente correcto referirse con esta fuente al total de los conflictos producidos en el período. La serie que cubre entre enero de 1984 y junio de 1989 (gobierno de Alfonsín) fue tomada por Spaltemberg de la base de datos construida por McGuire, a la cual me referiré a continuación. El período restante fue cubierto con un relevamiento realizado por el propio Spaltemberg basado en las crónicas de los principales diarios nacionales. Como fundamentalmente se trata de un registro de huelgas, presupongo que se trata de protestas sindicales, es decir, de aquellas en las cuales los sindicatos desempeñan un papel central en la coordinación de la protesta. Conversaciones con Spaltemberg habilitan esta presunción.

Mc Guire 18/ construye su serie temporal desde 1984 a 1993 en base a los registros del Consejo Técnico de Inversiones. La unidad de análisis es claramente la huelga -en sus variantes, claro- y las ocupaciones de lugar de trabajo. No incluye, como lo hace Spaltemberg, el trabajo a reglamento y el quite de colaboración. Esta diferencia no es tan relevante debido a la baja incidencia de estas medidas en el total de la serie de Spaltemberg: 10.5% 19/. Es importante para la comparabilidad que ambas fuentes consideren el mes como unidad temporal de registro de las huelgas.

También he consultado los datos sobre conflictividad producidos por el CISI 20/. En lo que respecta a la elaboración de este trabajo, serían estos los datos más adecuados. En primer lugar, porque toma como unidad de relevamiento cada medida de fuerza independientemente de la duración de la misma (es decir, sin cerrar el registro cada mes como lo hacen Spaltemberg y McGuirre). En segundo lugar, registra todo tipo de medida de fuerza, no solamente las huelgas y ocupaciones de lugar de trabajo. Esto último permite contar con la información sobre movilizaciones, cortes de ruta, ollas populares y otras actividades que no suponen necesariamente la realización de una interrupción de la jornada de trabajo. O sea, el relevamiento que realiza el CISI sería para mis propósitos ideal en caso de que cubriera el período 1984-1997. Pero no es así, su registro arranca en 1991. Su actualización es la otra ventaja que tendría esta fuente, dado que llega hasta el primer semestre de 1997 y continúa en elaboración. A pesar de las dificultades evidentes (distinta unidad de registro) de comparabilidad respecto de las dos anteriores que presenta esta fuente, la tendré en cuenta para definir las tendencias de los últimos años.

El dato que más impacta del período de análisis en todas las fuentes consultadas es la disminución de la cantidad de protestas laborales. La serie temporal más larga disponible es la construida por Ricardo Spaltemberg, que abarca desde 1983 hasta 1994. De acuerdo a la misma, a partir de 1991, la actividad huelgística disminuye considerablemente en comparación con la registrada desde 1984. El descenso coincide con la implementación del Plan de Convertibilidad. Los valores más altos del período 1984-1994 corresponden a 1990. A partir de este año, los conflictos disminuyen a la mitad y a veces aún más. De acuerdo a los datos de McGuire, bajo Alfonsín, el promedio de huelgas por bimestre fue 115 y, bajo el primer gobierno de Menem, el promedio cayó a 48 huelgas 21/. A pesar de coincidir con las fuentes citadas en la tendencia sostenida a la caída de la conflictividad laboral tomando en cuenta todo el período, los datos del CISI muestran una tendencia al aumento de las protestas a partir 1993 (ver cuadro nº 1). Este desacuerdo quizás pueda explicarse por la no coincidencia de la unidad de registro. A partir de 1993 crecen las «protestas» y las «nuevas formas de protesta».

El CISI registra bajo la categoría de «protestas» las medidas de fuerza orientadas principalmente a ganar consenso en la opinión pública que no corresponden a «declaraciones de alerta», «movilizaciones», «paros», ni «ocupaciones de establecimiento». Es el caso de los cortes de ruta, las ollas populares, las huelgas de hambre, etc. Bajo el rótulo de «nuevas formas», consigna las protestas que no tienen antecedente hasta el año anterior a ser registradas, lo cual puede indicar que el desacuerdo se deba al aumento de los tipos de protesta no tradicionales.

199119921993199419951996
Paros

Movilizaciones

Alertas

Ocupaciones

Protestas

Nuevas Formas

274

159

142

55

47

6

285

173

135

25

69

10

376

224

102

25

122

34

434

287

121

53

126

18

510

438

108

103

162

49

186

231

63

57

77

35

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Cuadro nº 1: Evolución de formas de protesta. Fuente: CISI

La tendencia general que muestra la serie total 1984-94 (Spaltemberg 1996) es el desplazamiento relativo del conflicto laboral desde el área industrial hacia el sector público. Entre 1984 y 1987 (ambos incluidos), la mayor cantidad de conflictos acontece en el sector industrial. La tendencia sólo se contradice apenas en 1986.

Es claro cómo a partir de 1988, hasta 1990, esto se invierte en favor de la administración pública. Entre 1991 y 1993 gana el primer lugar el sector educación. En 1994, la administración pública recupera aún con más fuerza el primer puesto. En los dos primeros años del período, más del 35% de los conflictos se registraron en el sector industrial y primario. El promedio general del período para este sector alcanza el 24,3%, mientras el promedio de los años 1990-94 es 19,3%.

Los conflictos en el ámbito estatal pasan, en constante ascenso, de representar el 44% en el año 1984 a concentrar el 74,7% en 1994 (Spaltemberg 1996). Tendencia confirmada por McGuire.

Se nota un claro predominio de los reclamos de aumentos salariales en todo el período (Spaltemberg 1996). Pero, sobre todo, durante los años de Alfonsín, signados por la alta inflación y la consecuente pérdida constante del poder adquisitivo del salario. A partir de 1990, esta motivación declina sustantivamente y cobran mayor relieve los reclamos por el pago de salarios adeudados y por despidos. En líneas generales, podríamos decir que los reclamos se tornaron más defensivos.

La mayoría de los conflictos tuvo lugar en plantas o empresas, dando un promedio general de 35% (Spaltemberg 1996). En los cuatro primeros años de la serie (1984-87), este nivel era el predominante en relación a los demás. A partir de 1988, el nivel provincial fue el más protágonico. Y, en 1994, es evidente el crecimiento de la conflictividad laboral en general, motorizada centralmente por la crisis de las administraciones provinciales y por la incidencia de las innumerables e interminables huelgas de los docentes y los empleados estatales en todo el país. Los conflictos a nivel de la rama nacional tienden a bajar a partir de 1989, lo cual constituye un dato interesante sobre lo sindical. En el sector privado, el gobierno ha tendido a correrse de un papel activo en la mediación de las relaciones laborales. En el público, los procesos de descentralización administrativa transfirieron el eje de la conflictividad hacia los gremios provinciales y municipales. Creo que el tipo de protestas que representan el giro provincial de la conflictividad durante el gobierno de Menem merecen ser analizado aparte. Su carácter escapa al de las huelgas tradicionales. Por algo han trascendido bajo el nombre de «estallidos sociales». Dedico, por esto, una parte especial de este trabajo a las movilizaciones provinciales contra el ajuste en el sector público.

Las conclusiones más contundentes que se extraen del análisis de los datos sobre protestas sindicales que hemos realizado son dos: han ido disminuyendo y haciéndose más desagregadas. Estas tendencias han progresado a lo largo del período, pero el corte es evidente al contrastar los valores correspondientes a los períodos de gobierno de Alfonsín y de Menem Trataré al final de brindar una interpretación de estos cambios en base a los conceptos que sugerí en el punto 1

3.2. Las huelgas generales 22/

Durante el gobierno radical, la CGT realizó 13 paros generales 23/, o sea, uno cada cinco meses durante los 5 años y 6 meses que duró este gobierno. En cambio, durante los 8 años y algo más que lleva en el gobierno, Menem ha tenido que enfrentar 8 huelgas generales, es decir, una por año. Si consideramos cada uno de los mandatos del presidente Menem, surge que la frecuencia de paros generales registrados en el segundo mandato se acerca a la del gobierno de Alfonsín.

Tres de los ocho paros generales realizados durante el gobierno peronista fueron convocados por organizaciones sindicales opositoras: el CTA y el MTA 24/. Es decir que la huelga general ya no consigue diluir las diferencias entre los sindicatos en pos de la acción común sino, más bien, expresa el conflicto existente entre ellas.

No es sencillo conocer el grado de acatamiento obtenido por las medidas de este tipo; no obstante, la tendencia general que se muestra en el informe del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría al comparar el gobierno radical y los gobiernos de Menem es la pérdida de convocatoria -además de a la diversificación de la entidad organizadora. El acatamiento sindical de las medidas de fuerza -según un promedio de estimaciones periodísticas realizado por el mismo centro de estudios- muestra que el único paro realmente total fue el que tuvo lugar en mayo de 1985.

La realización de concentraciones o marchas callejeras para acompañar la jornada de huelga ha sido una característica frecuente en los paros generales desde 1983. Estuvieron presentes en la mitad de los 21 paros realizados desde entonces, siendo por lo general la Plaza de Mayo el escenario de las movilizaciones. En cuanto a la participación popular en las movilizaciones, promediando las fuentes periodísticas, surge que la movilización más importante fue la de mayo de 1985, en la cual hubo 200 mil personas. El acatamiento al paro fue total. En los 3 primeros paros con movilización, la CGT logró reunir 200, 150 y 120 mil personas respectivamente, mientras en los paros siguientes del período de gobierno radical logró reunir como máximo unas 20 mil. Las movilizaciones no fueron lo más frecuente en las huelgas generales realizadas durante los gobiernos de Menem, realizándose solamente en 2 de las 8. Ambas fueron organizadas por la CGT y, según el promedio obtenido de la misma manera que el anterior, reunieron, respectivamente, 40 y 50 mil personas cada una.

Respecto del tipo de reclamo, todos los paros generales realizados durante el gobierno radical apuntaron en general al reclamo salarial y al cuestionamiento de la política económica. El primer paro fue esencialmente salarial, sin una propuesta específica para la política económica (3.09.84). El paro de mayo de 1985, cuya movilización fue la más importante, reclamaba un cambio de la política económica en función del documento de los «Veinte Puntos» que había sido acordado entre la CGT y las 10 entidades empresarias más importantes en el seno del denominado Grupo de los Once. El de agosto de 1985 tuvo como objetivo específico el repudio del Plan Austral, el cual no hacía 2 meses que se había comenzado a implementar. Se reclamaba una reactivación de la economía de acuerdo con el Documento de los «26 Puntos», elaborado por la CGT en reemplazo del anterior y sin contar con el apoyo empresarial. El de marzo de 1986 tuvo como finalidad reclamar por las leyes laborales tradicionales del sindicalismo. El de abril del mismo año pedía un cambio en la política económica y se realizaba en apoyo del paro docente que llevaba 33 días de huelga. El de setiembre del mismo año fue en repudio del Plan Primavera que se había lanzado en julio y el del 12 de setiembre del 88 se realizó en repudio de la represión policial durante los disturbios producidos en el acto anterior.

Las huelgas generales bajo Menem, sin distinción de organizaciones convocantes, se realizaron contra la política económica en general. Pero fueron apareciendo reclamos específicos: la flexibilización laboral y el desempleo. Convertibilidad mediante, desapareció el tópico del reclamo salarial.

El octavo paro (14.08.97) trajo algunas novedades en su formato respecto de los anteriores. La huelga se combinó con múltiples focos de cortes de ruta y ollas populares, en muchos casos con hechos de violencia. Hubo decenas de heridos y detenidos por enfrentamientos con la policía en cortes de rutas, de puentes de acceso a la Capital y hasta de calles en el distrito porteño y 124 colectivos incendiados. Los principales hechos de violencia se produjeron en el Gran Buenos Aires y en la localidad neuquina de Cutral-Có. El Ministerio del Interior consignó 278 detenidos, 77 cortes de ruta y 25 piquetes de huelga en todo el país (La Nación, 15.08.97). Caracterizó a esta jornada de huelga la diversidad de formas de expresión. La combinación con los cortes de ruta obedece a que esta modalidad se había ya impuesto desde los episodios de Cutral Có en el mes de abril. Estos se registraron con intensidad en algunos distritos. Fueron esporádicos en Capital Federal, violentos en el conurbano bonaerense y en Mar del Plata. Hubo también en la autopista Rosario-Buenos Aires y en rutas de Santa Fe, Jujuy, Chaco, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los accesos a la Capital fueron interrumpidos en el puente Pueyrredón con manifestantes que quemaron neumáticos y se identificaron con las agrupaciones Quebracho, Todos por la Patria y Corriente Marxista Leninista. Los jubilados también realizaron cortes. Patria Libre participó en el corte de Callao y Corrientes, en el centro de la Capital. Como innovación, hubo la nota de un «cacerolazo» frente a la residencia presidencial de Olivos en el momento en que se realizaba una reunión del gabinete nacional.

La estrategia del gobierno fue recalcar la violencia y ligarla con el estilo político de la oposición, ya que la alianza, si bien se negó a convocar al paro o a adherir directamente, había expresado su «solidaridad» con los motivos de la medida de fuerza.

Pero no sólo en cuanto al formato de la protesta fue novedoso el último paro. Sorprendió la adhesión de las 62 Organizaciones, lideradas por el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, en desacuerdo con la CGT en torno a la ley de flexibilización laboral. Desde su casa, en el día del paro, declaró estar muy contento con la medida: «El movimiento obrero ya soportó 8 años de sacrificios a pedido del presidente Menem, pero llegó el momento de luchar contra la flexibilización y el modelo, para conseguir una política económica al servicio del pueblo» (La Nación, 15.08.97, p. 8).

No hubo una definición categórica de la Alianza en favor de la huelga, lo cual le quitó el paraguas político en el que los gremios disidentes hubieran podido resguardar sus reclamos. En cuanto a las adhesiones, también encontramos una marcada diferencia entre huelgas generales bajo Alfonsín y bajo Menem. En el primer caso las medidas contaban con el paraguas político de prácticamente todo el espectro opositor, se trate de partidos políticos o de corporaciones disgustadas con la política económica. Fundamentalmente, contaban con el PJ. Ya he analizado antes cómo en las estrategias del sindicalismo se entretejían motivos económicos y políticos

  1. Los estallidos sociales en las provincias 25/

A fines de 1993, con el día de furia de los santiagueños conocido como el «santiagueñazo», irrumpe en la escena pública un nuevo repertorio de protesta: los así nombrados por la prensa «estallidos sociales» en las provincias argentinas.

Estas movilizaciones se presentan en el contexto del proceso de reforma económica llevado adelante por el gobierno de Menem. Estos «estallidos» aparecen ligados a los procesos de ajuste emprendidos por los gobiernos provinciales a instancias de la política de transformación estructural impulsada por el gobierno nacional. Esta política refiere al conjunto de estrategias establecidas en el Plan de Convertibilidad (aprobado por el Poder Legislativo el 27.03.91 y en vigencia hasta la actualidad), las cuales pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) Redefinición de las cuentas públicas y el papel del estado a través de: a) la aceleración de las privatizaciones, por su efecto de reducción del déficit fiscal; b) la desregulación de la economía, es decir, el repliegue del estado en una serie de funciones de control y participación en los mercados (disolviendo comisiones reguladoras de producción, como la Dirección Nacional del Azúcar, las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, etc.); c) continuación de la reforma administrativa, lo cual implica reducción de empleados públicos y la racionalización de los recursos públicos; y, d) aumento de la captación impositiva. 2) Reducción de costos de producción, a través de: a) la continuidad de la apertura económica; y, b) la flexibilización del mercado de trabajo.

Por razones que obedecen a la lógica de la construcción de la coalición electoral que tanto éxito ha brindado en las urnas a Carlos Menem, el proceso de ajuste se planteó en dos tiempos 26/. La estrategia de reforma económica consistió en escalonar territorialmente los costos de la reforma económica de forma tal que, en los primeros años de gobierno justicialista, recayeron sobre las zonas más urbanizadas e industrializadas y de una tradición de movilización forjada al estilo del sindicalismo industrial. Durante este tiempo, el gobierno mantuvo altos niveles de gasto público en las zonas económicamente periféricas 27/. En estas zonas ha prevalecido otro tipo gestión del reclamo laboral, más subordinado a las estructuras clientelísticas y de una fuerte dependencia de los recursos del sector público. El escaso movimiento sindical existente en las zonas de baja industrialización corresponde a los gremios de los distintos niveles del sector público. El reclutamiento de tipo particularista del personal de la administración pública, sesgado por los favoritismos políticos, lo diferencia del sindicalismo de las regiones centrales (Sidicaro 1995). Este último responde en líneas generales al modelo del sindicato industrial, con mayor autonomía respecto de los gobernantes de turno y más impregnado de valores culturales obreristas que el sindicalismo de las zonas periféricas. El peronismo ha sido capaz de englobar ambas tradiciones 28/.

El escalonamiento de los costos de la reforma del estado le permitió al gobierno circunscribir, durante los primeros cuatro años, la oposición más organizada, heredera de la tradición reivindicativa del sindicalismo de masas, a las regiones metropolitanas. El alivio de las cuentas fiscales y la mayor oferta de financiamiento a partir del Plan de Convertibilidad permitieron al gobierno nacional asistir a las administraciones provinciales. En este contexto, se firmaron acuerdos para establecer una redistribución de los fondos coparticipados, entre los cuales se destaca el Pacto Fiscal, firmado en 1992 y renovado en 1993. El mismo garantizaba a los gobernadores una suma mínima (aunque bastante alta en términos históricos) en el valor de los impuestos coparticipados a cambio de una reducción en los porcentajes correspondientes a las provincias con el fin de financiar los desequilibrios del sistema nacional de seguridad social. El gobierno nacional también dispuso rebajas de impuestos bajo la condición de que las provincias eliminaran tributos propios, básicamente aquellos que afectaban la competitividad del sector exportador. Con este acuerdo, el gobierno nacional procuraba la cooperación de los gobiernos provinciales en las reformas económicas, lo cual supuso, implícitamente, un intercambio. Este consistió centralmente en la permanencia de los regímenes previsionales bajo la órbita de las provincias, sin plegarse a las pautas de la reforma en el sistema nacional de previsión social, y la no privatización de las empresas públicas y los bancos oficiales. Durante esta primera etapa de reformas, el empleo público en las provincias no se sometió a la estrategia racionalizadora (Gerchunoff & Torre 1996).

Aunque figuraron en el texto de los pactos fiscales, lo cierto es que las políticas de reforma en las provincias no constituyen un problema apremiante en la primera etapa. La bonanza económica introdujo un efecto suspensivo sobre el ajuste estructural a nivel regional, lo cual permitió a las autoridades nacionales contar con los apoyos legislativos necesarios para avanzar en su propia agenda de reformas (Gerchunoff & Torre 1996, Gibson & Calvo 1997).

A partir de 1994, por el impacto del aumento de las tasas de interés en EEUU y, particularmente, de la devaluación mexicana, la estrategia económica que permitió al gobierno nacional afrontar el ajuste (altamente dependiente del flujo de capitales externos y de la expansión de la demanda interna) mostró su fragilidad (Gerchunoff & Torre 1996). Los gobiernos provinciales, jaqueados por la crisis financiera, el descenso de los recursos fiscales y el acrecentamiento de las presiones del gobierno nacional por el ajuste, no tuvieron otra opción que poner en marcha las reformas que habían evitado hasta entonces: centralmente, la privatización de empresas públicas y la transferencia de los sistemas previsionales al gobierno central (Gerchunoff & Torre 1996). Esta vuelta de tuerca del ajuste puso a las administraciones provinciales en gravísimos apuros. En muchos casos, no pudieron afrontar ni siquiera el pago de los salarios de sus agentes.

He señalado las líneas gruesas del proceso de reforma económica llevado a cabo por el gobierno de Menem: los dos tiempos. También he señalado la heterogeneidad de la base social y política del peronismo de acuerdo a su inserción regional, lo cual ha signado las formas del reclamo laboral. Dos cuestiones interesantes a la hora de entender los «estallidos».

Como antecedente de los «estallidos sociales», pueden señalarse las movilizaciones masivas que tuvieron lugar en casi la totalidad de las provincias periféricas entre 1989 y 1990. En los casos de Chaco, Chubut, Tucumán y Jujuy alcanzaron tal virulencia que generaron una situación de caos e ingobernabilidad durante varios meses. Los gobernadores de Santa Cruz, Chubut y Jujuy fueron obligados a renunciar. Esta ola de protestas en las provincias tuvo, a veces, como resultado importantes cambios políticos e institucionales. Por ejemplo, la transformación del sistema de partidos en nueve provincias entre 1989 y 1993, esto es, el pasaje de un bipartidismo o régimen de partido dominante muy estables a un pluralismo limitado e inestable. Se trata de lo ocurrido en Catamarca, Chubut, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe (Novaro 1994).

Se han denominado «estallidos sociales» a las numerosas y variadas protestas acontecidas en los estados provinciales en el contexto de la aplicación de medidas de ajuste a partir de finales de 1993. Considero aquí dentro de este tipo a las protestas más virulentas: los casos de Santiago del Estero (diciembre de 1993), Jujuy (de larga duración entre 1993 y 1995) 29/, San Juan (julio de 1995), Córdoba (junio de 1995) y Río Negro (setiembre y octubre de 1995) 30/. Me referiré en forma general a estos casos y haré una breve fenomenología del caso de Santiago del Estero. Este último fue el caso que inauguró la serie y el más llamativo por ser el más violento. A mi modo de ver, es el caso que condensa y coloca en su máxima expresión los rasgos generales de los «estallidos sociales».

Los «estallidos sociales» señalados son casos ciertamente diferentes. No obstante, considero que pueden señalarse algunos rasgos comunes, los cuales en su conjunto definen un tipo histórico de protesta.

Los actores más recurrentes son asalariados del sector público (provincial y municipal), siendo apoyados por porciones importantes de la población. Los casos de Santiago del Estero y Río Negro son los más generalizados.

Sus demandas se sintetizan en la defensa del empleo y el salario, rechazando medidas anunciadas o implementadas por las administraciones provinciales en el marco de la política de ajuste. El factor desencadenante es en todos los casos expuestos (excepto en Jujuy) el atraso en el pago de salarios.

El modo de expresión es la movilización y concentración callejeras, acompañadas con actos violentos contra símbolos propios de la vida política (por ejemplo, saqueo e incendio de edificios públicos) y, frecuentemente, con ataques y saqueos a los domicilios particulares de los políticos.

Su alcance es espacialmente localizado (se circunscribe a las capitales y a algunas ciudades importantes del estado provincial) y temporalmente episódico: no implica ni deriva en movimientos políticos estables con objetivos e identidad propios.

El destinatario es el gobierno provincial y la clase política local y, por último, logran un alto nivel de impacto en el sistema político, ocasionando crisis políticas de importancia (por ejemplo, renuncia de gobernadores e intervenciones federales).

Atendiendo ahora al lenguaje que sostiene las rebeliones, es posible resaltar tres elementos: el carácter local, moral y personalizado de la protesta.

La rebelión es contra el poder local. La gente expresa su condena a la política y a la clase política nativas, atacando los «lugares», los símbolos, de los poderes locales. Los blancos principales de la ira son los edificios públicos y las residencias particulares de los funcionarios y políticos, lo cual nos indica una construcción peculiar de lo público que no abordaré en este trabajo.

Esta condena de los poderes locales fue enunciada, principalmente, con un lenguaje moral. Las multitudes se alzan contra la corrupción y la descomposición moral de la vida política y en reclamo de la «purificación» de la misma. Los ataques violentos a los edificios públicos y a las residencias de la clase política se legitiman en un sentimientos generalizado de indignación moral. Más que un discurso invalidante de las medidas de ajuste, lo que se pone en cuestión es el estatuto moral de los agentes del gobierno. Esta interpelación a la clase política en términos de ladrones y corruptos lleva la disputa al terreno moral. El lenguaje que simboliza lo intolerable es de índole moral; no un lenguaje propiamente político -o la política toma en esos ámbitos la forma de una disputa moral. Tomo en este punto las ideas de Hobsbawn sobre la turba urbana precapitalista desarrolladas en Rebeldes primitivos. La define como un movimiento de todas las clases urbanas pobres encaminadas al logro de cambios políticos y económicos mediante la acción directa (es decir, por el motín o la rebelión). Pero el mismo no está inspirado por ninguna ideología específica. La expresión de sus aspiraciones se realiza en términos tradicionales y conservadores. Según Hobsbawn, se trata de un movimiento prepolítico, lo cual no significa que no haya en la rebelión ideas implícitas o explícitas acerca de la política. La turba de la que habla Hobsbawn se identifica con el príncipe y la aristocracia mientras éstos cumplen con su deber. Cuando no lo hacen, se alza hasta que la situación se enmiende y se restablezca el orden. El mecanismo lo comprendían ambas partes, por lo cual no planteaba ningún problema político fuera de los daños que la multitud ocasionaba cuando se rebelaba. La turba, según Hobsbawn, no se dirige contra el orden público porque sus exigencias no van más allá de la subsistencia. Creo que en este sentido el autor habla de movimiento sin ideas, sin política. Un espasmo y luego el restablecimiento del equilibrio. No está muy claro a qué se refiere Hobsbawn con la expresión «sin ideas». No me satisface que coloque los motivos de las sublevaciones en la subsistencia, en el plano de la naturaleza, en el cual no imperan los ideales sino la ciega necesidad. Ya he criticado suficientemente (ver punto 1) esta visión espasmódica y conductista. Pero quiero hacer hincapié en el tipo de lenguaje expresado en las resistencias populares que estoy estudiando. Creo que fue más un lenguaje moral que un lenguaje de la necesidad o un lenguaje político el que simbolizó el límite de lo tolerable. Esto fue más en Santiago del Estero que en los demás casos. Es en este sentido que me ha parecido interesante recuperar la idea de Hobsbawn sobre las rebeliones «sin ideas», sin política. Seguro que los estallidos hicieron visibles los límites del sistema político para dar respuesta a los reclamos de la sociedad en un contexto de crisis y de cambio estructural. Un estado que no puede hacerse cargo de pagar los salarios a sus agentes, ni las cuentas a sus proveedores, etc. es un estado despedazado. Recalcar el lenguaje moral de la protesta no implica quitarle su significado político. Pero la multitud alzó su voz para acusar de corrupción a sus funcionarios y dirigentes políticos. La situación intolerable de corrupción y atropello pareció ser la creencia generalizada que desencadenó la rebelión.

El tinte moral de la protesta va acompañado de un elemento relacionado: la personalización del conflicto. Los ataques a las propiedades de los funcionarios y dirigentes políticos muestran una comprensión personalista de las relaciones de poder, poniendo en primer plano los lazos personales que estructuran la vida política.

Se ha considerado que los «estallidos sociales» y sus consecuencias políticas e institucionales son el emergente del colapso del clientelismo y el caudillismo como formas de representación política características de los estados provinciales argentinos, especialmente de los económicamente más rezagados, ocasionado por los imperativos derivados de la racionalización económica a la que debía ser sometido el aparato estatal provincial por imposición del gobierno nacional. En otras palabras, el clientelismo como modo de gestión gubernamental y como forma de vínculo político entre el liderazgo y la base resultaba contradictorio con el modelo económico que se pretendía construir. Este es el argumento expuesto por Novaro, por ejemplo. Por mi parte, no estoy segura de que haya una contradicción sistémica entre clientelismo y reformas neoliberales; que las presiones del gobierno nacional en favor del ajuste y los efectos de la política económica desreguladora en las economías regionales hayan puesto por peso propio en jaque las formas políticas tradicionales. Antes, no creo que las reformas del estado puede entenderse como un proceso de modernización económica al modo sociológico funcionalista clásico, que como tal exija y desencadene una modernización de los mecanismos políticos. No es mi preocupación aquí pero hay estudios que muestran los réditos que el clientelismo imperante en las regiones periféricas ha tenido para la implementación de las reformas económicas por parte del peronismo (ver Gibson & Calvo 1997). Luego de la exposición del caso de Santiago del Estero, vuelvo sobre el tema del clientelismo.

Por el hecho de haber inaugurado una manera de expresión del reclamo en el sector público y por sus singulares características, el «santiagueñazo» merece nuestra especial atención. A continuación, presento un sintético relato de dicho acontecimiento.

En la jornada del 16 de diciembre de 1993, una multitud de furiosos estatales que no cobraban sus haberes desde hacía tres meses saqueó e incendió las sedes de los tres poderes constitucionales: la casa de gobierno, el palacio de justicia y la legislatura. En la misma agitada jornada, la multitud saqueó e incendió unos veinte domicilios de los más encumbrados funcionarios y dirigentes políticos provinciales (también hubo dos dirigentes sindicales que corrieron la misma suerte). Estos hechos contaron con un bajo grado de planificación 31/. Si bien era el Frente de Gremios en Lucha la entidad que venía convocando las sucesivas e innumerables movilizaciones de los estatales por el pago de los salarios adeudados, las cuales se sucedieron día a día antes del 16, las asambleas espontáneas en los lugares de trabajo primaron frente a los canales gremiales el día 16. La CGT provincial, por su parte, trató de mantenerse al margen de las movilizaciones y huelgas, abogando por el diálogo con el gobernador para lograr el pago de los haberes atrasados y para morigerar los alcances del amenazante ajuste.

La crisis económica de la provincia era de envergadura: 3 meses de atraso salarial en el sector público, para activos y pasivos, en una provincia donde este sector cubre la mayor porción de la actividad económica, de tal manera que se estaba ante el colapso de todo el sistema económico provincial.

La provincia atravesaba, al mismo tiempo, una crisis política e institucional gravísima. Esta crisis no es inteligible sin hacer aunque sea una breve referencia a la trayectoria del «caudillo» de la provincia: Carlos Juárez.

Juárez comenzó su carrera política de la mano de Perón hacia 1949. Desde entonces, fue cuatro veces gobernador y fue la pieza clave de la designación de sus sucesores. En 1987, llegó a la gobernación su protegido, César Iturre, y él fue designado senador nacional. A los pocos meses, Iturre desafió a su protector.

Acusándolo de autoritarismo y proponiendo un nuevo estilo político, creó el peronismo renovador en la provincia. En las elecciones provinciales de 1991, el PJ se presentó dividido y Juárez perdió frente a Carlos Mujica, ley de lemas mediante. Juárez y Zavalía (el líder del radicalismo) denunciaron un fraude electoral. Zavalía convocó a la «resistencia civil» y encabezó 28 multitudinarias marchas (de más de 20 mil personas) para denunciar el fraude. Mujica había sido el candidato para la sucesión que el propio Iturre, siguiendo la tradición de gobierno elector, había digitado. El gobierno de Mujica estuvo signado por la crisis económica hasta que el 28 de octubre de 1993 se ve obligado a renunciar para que asuma Fernando Lobo, quien era el vicegobernador.

Lobo tardó 44 días en designar sus ministros: estos fueron echados de la casa de gobierno el día siguiente de su asunción por el «santiagueñazo». Con la economía provincial colapsando, Lobo reclamaba auxilio financiero a la Nación, el que sólo se otorgaría a cambio de la puesta en vigencia de un paquete de medidas de ajuste. El equipo del ministro de Economía de la Nación Domingo Cavallo redactó una ley de ajuste, cuyas principales medidas eran: 1) la anulación de todos los contratos realizados desde enero de 1993, 2) la vuelta a la situación salarial de febrero de 1993 y 3) la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación. La Legislatura aprobó esta ley ómnibus. La medida que mayor indignación provocó en los estatales fue la reducción de salarios que implicaba la vuelta a los valores de febrero.

El reclamo principal de los estatales era el pago de los salarios atrasados y la oposición a las medidas de ajuste que afectaban negativamente el salario y el empleo. Pero las consignas fueron, en escalada, hasta apuntar contra la clase política, acusada de corrupta.

Los estatales y los jubilados hacía tres meses que no cobraban mientras los funcionarios cobraron puntualmente sueldos desorbitantes en contraste con la sensación de quiebra imperante en la provincia 32/. Las autoridades anunciaron el día del «estallido» el pago del último mes adeudado con un descuento del 50%. La ira fue incontenible. Santiago del Estero no pudo conciliar el sueño en la sagrada siesta de verano.

Juárez, tres veces gobernador y figura emblemática del patronazgo provincial y los demás dirigentes políticos fueron saqueado por habitantes de su provincia sin que alguien fuera preso por eso ni nadie socialmente relevante se hiciese cargo de condenar el hecho 33/. Con lo cual, podemos inferir que el consentimiento fue generalizado.

El clima de los destrozos era de fiesta. Los relatos de los protagonistas reflejan esta atmósfera festiva y también herética. Por ejemplo, durante le saqueo de la vivienda de caudillo máximo algunos se vistieron con la ropa de su esposa, también famosa por su actuación política y su rigor, y de esa manera conseguían el aplauso de la multitud. Entre otras cosas, la multitud se refrescó en las piscinas de sus representantes y exhibió pertenencias íntimas de sus jefes.

La ira se descargaba sobre los bienes, sobre las cosas de los acusados de corruptos y ladrones. La dinámica de la jornada de protesta fue la siguiente. Una multitud reunida en gran parte espontáneamente (tenía ya varios días de gimnasia movilizatoria) en las primeras horas de la mañana clamaba frente a la Casa de Gobierno el pago de los haberes que se debían. Se enardecieron con el anuncio de la reducción del 50% del último salario, el único que cobrarían ese día, según el mismo anuncio. El blanco de los primeros ataques fue el edificio de la gobernación. Los muebles (el sillón del gobernador causó la mayor euforia) caían desde las ventanas a la calle y eran quemados en una gran hoguera. Los funcionarios que se hallaban en el edificio, incluido el gobernador, huyeron con la ayuda de los bomberos antes de que la multitud, luego del saqueo, incendiara completamente la sede del gobierno. El próximo objetivo fue la Legislatura y luego el Palacio de Justicia. Ambos corrieron la misma suerte. Atacados los tres símbolos del poder institucional, los manifestantes dirigieron su ira desde las instituciones a las personas. Con precisión y con cierta disciplina, los manifestantes fueron eligiendo los domicilios de los más encumbrados funcionarios, dirigentes políticos y sindicales, como objetivos de saqueos, burlas e incendios. Las anécdotas recogidas de esta faena son bien floridas. Taxis, remises, taxi-fletes hacían colas en cada casa asaltada para levantar pasajeros que cargaban bienes saqueados. Cada uno se apropiaba de lo que podía: muebles, heladeras, televisores, aires acondicionados, ventiladores, ropa, vajilla, etc., etc. La mayoría de los domicilios quedaban totalmente destruidos. Lo que no era robado, por su bajo valor por ejemplo, era quemado en una hoguera en la calle improvisada para la ocasión. Finalmente, se procedía al incendio del inmueble. El desarrollo de la protesta fue, en gran medida, espontáneo, pero ello no implicó que la multitud se moviera sin objetivos definidos.

En respuesta a la rebelión, el gobierno nacional dispuso la intervención de los tres poderes constitucionales de la provincia. El interventor Schiaretti esgrimió como prioridades el ajuste y el combate a la corrupción. Hubo numerosas marchas contra las medidas de ajuste que Schiaretti implementó a lo largo de 1994, pero ninguna reportó hechos de violencia.

En las primeras elecciones para gobernador realizadas después del mandato de la intervención (en mayo de 1995), Juárez fue electo gobernador por cuarta vez. Su casa seguía cerrada y con las ventanas tapiadas cuando eso ocurrió. Si bien a menudo se llama la atención sobre el alto porcentaje de votos en blanco y de no concurrencia a las urnas, este dato no debe eclipsar la curiosidad que provoca que Juárez se haya recuperado luego de los ataques que parecían haber condenado irreversiblemente a toda la clase política nativa 34/. No es un detalle menor para interpretar qué «estalló» en Santiago del Estero el 16 de diciembre de 1993.

Volver sobre los rasgos generales de los «estallidos», sobre todo sobre el carácter local, moral y personalizado de la protesta, nos permite pensar dos cuestiones la respecto.

Primera cuestión. La violencia contra los símbolos de la política comunica la ruptura del contrato entre la sociedad y sus representantes. Contrato que establecía un equilibrio entre gobernantes y súbditos. La moneda de cambio entre la población y el poder en estos casos era en gran medida el empleo y los recursos públicos. Este era uno de los principales factores de aquel equilibrio. El sector público suplía las incapacidades del mercado para garantizar la subsistencia de una importante porción de la población en las provincias, principalmente en las más atrasadas económicamente. Esta función correctiva es afectada por las reformas de mercado: privatizaciones, recortes del gasto público, etc..

Segunda cuestión. La rebelión tuvo un sentido restaurador. Restaurador de un pacto que no dejó de afirmarse a pesar de algunos esfuerzos de la clase dirigente local para «nacionalizar» el conflicto. Mientras que ésta solía colocarse en el contexto de una discusión más amplia acerca de la viabilidad de las reformas de mercado exigidas por el gobierno nacional a las provincias, el conflicto quedaba confinado al espacio local, consumiéndose en la exorcización del mal (los políticos corruptos y ladrones) y se puntualizó en el pago de los salarios atrasados 35/.

  1. Los cortes de rutas

En el transcurrir del año 1997, hizo su aparición una forma de protesta novedosa: el corte de ruta. Seguramente, no se trata de un modo de protesta inaudito en Argentina. Sin ir más lejos, los estatales jujeños los utilizaron un par de años antes para oponerse a medidas de ajuste. No obstante, sea por la magnitud misma de las protestas o por la cobertura mediática que tuvieron, fueron la novedad en el campo de la protesta social durante el año 97.

Los cortes de rutas se conectaron desde un comienzo con el crecimiento del desempleo. Fue precisamente esta asociación la que los colocó en el centro del debate público. La televisión acudió a las localidades más perdidas del territorio para recoger imágenes y testimonios en las rutas cortadas. Señalo a continuación los principales rasgos de este tipo de protesta, los cuales, tomados en su conjunto pueden definir, en lo hice en para los estallidos, un tipo histórico de protesta.

Quienes cortaron rutas son, a grandes trazos, grupos de desocupados de lo más heterogéneos. Pero los principales casos adquirieron la dimensión de verdaderas «puebladas», esto es, contaron con la participación de múltiples sectores sociales y el apoyo de asociaciones intermedias de las comunidades locales. Cabe destacar la frecuente presencia de mujeres, jóvenes y docentes en las rutas. Se los llamó «piqueteros» y «fogoneros».

Los reclamos son fundamentalmente soluciones puntuales y ya estudiadas por los protagonistas a la falta de empleo a nivel local. El problema del empleo es relacionado por los manifestantes con alguna cuestión local: la privatización de alguna empresa pública o el cierre de industrias son las cuestiones más recurrentes. Cabe resaltar el carácter puntual y «realista» de los reclamos. Se proponen soluciones concretas: creación de puestos de trabajo, la instalación de empresas determinadas, subsidios para desocupados (desde 300 a 800 pesos), prórrogas del pago de impuestos, etc.

La forma de expresión es la obstrucción de rutas nacionales. Se impide la circulación de personas y bienes con barricadas y fogatas. Los protagonistas usan su rostro cubierto con pañuelos o pasamontañas, o los rostros tiznados. Son resaltables tres elementos respecto a esta forma de expresión: (1) Es resaltable (en contraste con los estallidos) la presencia de formas organizadas de coordinación de la acción y la generación de pautas de comportamiento que apuntan a la cohesión, homogeneización y disciplinamiento del grupo. La toma de decisiones por parte del grupo se implementa generalmente mediante asambleas. Esta modalidad permitió que estas protestas devinieran algunas veces en formas de organización nuevas: por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora Provincial de Desocupados de Jujuy (el caso más ilustre), recreando o estableciendo nuevas redes sociales. (2) Otro rasgo destacable fue la presencia de los medios (de la televisión principalmente), bienvenidos por los participantes, y el rechazo de la presencia y las gestiones de dirigentes políticos, ya sea del oficialismo o la oposición. La televisión formó parte de la estrategia de la protesta. La presentación mediática de los manifestantes, potenciada por el efecto simbólico de cortar la circulación de personas y mercancías dentro del territorio nacional, concitó la atención de las autoridades y de la población en general. Los manifestantes a veces se presentaron mediáticamente llevando sus rostros cubiertos, evocando a los ojos del mundo la sublevación zapatista mexicana y complicando la imagen del gobierno argentino frente al mundo de los negocios internacionales. La red mediática fue, a su vez, el espacio de reconocimiento entre los distintos focos de protesta. (3) Por último, los manifestantes se armaban con piedras, hondas, palos, y demás armamento precario para enfrentar a la policía y la gendarmería, produciéndose violentos enfrentamientos y durísimas represiones (en Cutral Có en marzo de 1997, la represión provocó la muerte de Teresa Rodríguez; en Libertador General San Martín en Jujuy, el enfrentamiento con la Gendarmería dejó un saldo de 200 heridos).

El alcance de estas movilizaciones fue local. Los cortes de ruta tuvieron lugar, en general, en localidades pobres del interior del país y donde, también en general, se efectuaron privatizaciones de empresas públicas.

Algunos casos adquirieron la dimensión de «puebladas», como en Cutral Có y Plaza Huincul. En cuanto al alcance temporal, los cortes se prolongaban durante varios días y a veces acontecieron simultáneamente (en Jujuy llegó a haber 19 a la vez durante varios días). El destinatario de los reclamos era claramente el Estado nacional y sus instancias competentes para dar solución a los reclamos: por lo general, esta fue el gobierno provincial.

Atendiendo ahora al lenguaje de la protesta, queremos resaltar los siguientes elementos.

En primer lugar, la interpelación al Estado nacional. Quienes cortaron las rutas se presentaron frente al Estado en actitud negociadora en busca de soluciones puntuales. Los cortadores de ruta interpelaron al Estado nacional comprometiendo uno de los atributos básicos de su integridad: el territorio. Cortar las rutas es dividir al Estado. Los cortes de ruta escenificaron el abandono por parte del Estado sufrido por comunidades que sienten que tienen derecho a formar parte del mismo. Presentaron a la opinión pública las zonas relegadas, abandonadas por el Estado. Apareció muchas veces en boca de los manifestantes la expresión «pueblo fantasma», comunidad sin realidad. El reclamo de quienes cortaron las rutas estaba anclado en un derecho digamos mínimo: el derecho a existir. Existencia, o subsistencia, que pone como condición la pertenencia al Estado, la existencia en el Estado, en la nación (el levantamiento de los cortes de ruta de Jujuy se celebró cantando el himno nacional).

Las implicancias simbólicas del acto de cortar las rutas llegan aún más lejos que la amenaza a la integridad del territorio estatal. Los pobladores relegados del interior del país encontraron la manera de interceder en el ámbito del cual están excluidos: en el mercado, en el tránsito libre de la mano de obra y las mercancías. Los cortes de ruta pusieron en relación al Estado con el mercado, remitiendo al deber del Estado de garantizar el funcionamiento del mercado y comprometiendo la relación del gobierno con el poder económico.

En segundo lugar, el rechazo de las mediaciones políticas, esto es, de los actores políticos. Sea como interlocutores, como acompañantes, como apoyo o como cogestores de la solución de los problemas, los políticos eran rechazados. Si hubo un interlocutor, ese fue el Estado nacional. Los manifestantes no admitían intermediarios; querían negociar en forma directa con el Estado. Y los reclamos, como dijimos, estaban formulados en un formato negociable, realista y puntual.

En general, los cortes de ruta tuvieron lugar en las localidades más pobres de las áreas pobres del país: Cruz del Eje en Córdoba, Belén en Catamarca, Oran en Salta, Montero en Tucumán, en las cuales el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas supera el de la provincia. También presentan mayor índice de desocupación que en el resto del país. Otro dato sumamente relevante para analizar los cortes de ruta es que, en general, tuvieron lugar en los sitios donde se efectuaron privatizaciones de empresas públicas 36/.

De acuerdo al registro de cortes de ruta construido por Giménez & otros en base a los archivos de Todo Noticias accesibles vía internet, hubo 49 días de corte de rutas en 110 días de información. En su mayoría tenían como principal reclamo el empleo. En total, se pueden identificar más de 50. Muchos de ellos se realizaron simultáneamente. Por ejemplo en Jujuy, donde se mantuvieron simultáneamente 19 cortes durante varios días. Los medios de comunicación, las autoridades e incluso los mismos actores muestran dificultades para nombrar a los protagonistas. Este es un indicador de su pluralidad y novedad. Como siempre, la nominación del actor se transforma en un conflicto en sí, cada nombre lleva implícita una interpretación de la situación. Es resaltable también la aparición de las asambleas populares como mecanismos de toma de decisiones. Las protestas generaron prácticas políticas autónomas y nuevas, ancladas localmente.

Por ser los casos más importantes y más conocidos, me referiré a los cortes de ruta de Cutral Có, Plaza Huincul y Jujuy. En junio de 1996, se produce la primera gran protesta de Cutral Có y Plaza Huincul. Ambas son localidades de la provincia patagónica de Neuquén que fueron afectadas por la privatización de YPF, hecho que provocó despidos masivos y el retiro de una serie de beneficios asociados a la función social de las empresas públicas que cumplían en esas comunidades: provedurías, hospital, etc. De los 4000 empleados de YPF, quedaron sólo 400 (Favaro & otros. 1997). Los manifestantes reclamaban la instalación de una planta de fertilizantes, prometida pero nunca realizada por todos los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. Durante 6 días, alrededor de 5000 personas apostadas en barricadas de neumáticos en llamas sitiaron ambas localidades. Fueron denominados «piqueteros» por la prensa local. No está clara la procedencia de este vocablo. Se manejan dos versiones. Pudo tener origen en el lenguaje sindicalista: los «piquetes» de huelga (uso que deriva de las avanzadas de soldados durante la primera guerra mundial) o en las «picadas», nombre que se le daba a los caminos abiertos por las empresas petroleras, en las que instalaban señalamientos o «piquetes» (Sánchez 1997). Los manifestantes eran jóvenes pobladores, un grupo heterogéneo que abarcaba desde obreros de la construcción a docentes y cuentapropistas. La medida contó con el apoyo de la Cámara de Comercio local y otras asociaciones intermedias. Se interrumpieron todas las actividades: el comercio, el transporte aéreo y terrestre y la ruta de acceso a los centros urbanos. Se pedía la presencia del gobernador Felipe Sapag en la zona del conflicto con una propuesta concreta sobre la planta de fertilizantes. El protagonismo de la gente desbordó a los punteros políticos. Los «piqueteros», armados de piedras, hondas y palos, con la cara cubierta y tiznada se enfrentaron con la Gendarmería. No tenían formalmente dirigentes pero había definidas asignadas dentro del grupo de manifestantes. Entre éstas, cabe señalar al «brazalete», el encargado de autorizar el ingreso tanto de víveres como la salida de vehículos, y al «vocero», quien se encargaba de los comunicados. Emergieron en el grupo, asimismo, una serie de reglas de comportamiento que apuntaban a la cohesión, a la homogeneización y al disciplinamiento (no se permitía, por ejemplo, la circulación de bebidas alcohólicas y la información era canalizada por el vocero). Se trató de una pueblada, en el sentido de su generalización. La estrategia de Sapag fue capitalizar la protesta, direccionando el reclamo contra el gobierno nacional.

Cuando se levantaron los piquetes, los esfuerzos de los pobladores no terminaron allí. Durante meses una comisión de representantes locales analizó en la legislatura provincial la cesión del yacimiento gasífero El Mangrullo, para el funcionamiento del cual era necesario una inversión considerable. Este yacimiento quedó para la provincia después de las privatizaciones de 1992 y el gobierno provincial se comprometió a pasarlo a los municipios, además de a llamar a licitación para construir la planta de fertilizantes, implementar un programa de obras públicas a corto plazo y dotar de lo necesario al hospital de Plaza Huincul. Mientras tanto, el gobierno provincial se comprometía a atender con subsidios las necesidades básicas de unas 1000 familias.

El problema siguió latente. Nueve meses después, la huelga docente que estalla en Neuquén en marzo de 1997 es el detonante de la segunda pueblada en las localidades petroleras, donde surge un grupo de jóvenes autodenominados «fogoneros», quienes cortan la ruta de acceso a Cutral Có en apoyo de las demandas docentes. No eran más de cien jóvenes cuyas edades iban de los 14 a los 20 años. Luego de varios días, el gobierno provincial apeló a la acción represiva de la Gendarmería. Los fogoneros enfrentaron la represión con las armas que tenían: palos, fierros y hondas. La violenta represión y la intervención de la policía provincial derivaron en la muerte de Teresa Rodríguez. Esta víctima aglutinó la comunidad cutralquense reavivando el problema de la desocupación y las promesas incumplidas de Sapag. Se generalizó el conflicto en manifestaciones provincia y las manifestaciones contra la represión, y la repercusión de la noticia de la muerte convocó a todo el país.

Cabe aclarar que los «fogoneros» de la segunda protesta no son los mismos que los «piqueteros» de la primera pueblada. Ellos mismos se diferenciaban acusando a los piqueteros de haber negociado con el gobierno traicionando a los demás.

Estos actores están lejos de cualquier planteo ideológico y descreen tanto de los funcionarios como de las dirigencias políticas y gremiales. Se mueven anárquicamente y no participan de las asambleas de las localidades. Estas se realizan alrededor de una torre, símbolo de la actividad petrolera. En las asambleas populares participan piqueteros, estatales, amas de casa, concejales y legisladores provinciales. Tiene una organización genuina, con delegados de cada sector de la asamblea. Los asambleístas tienen reclamos de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, exigen la creación de 1200 puestos de trabajo, contratos de 3 años en YPF para las empresas de ex empleados y Gas del Estado, prórroga del pago de impuestos, etc. A mediano plazo, solicitan la implementación de un régimen de promoción como el de San Luis, baja de tarifas de combustible y gas, un fondo de reparación histórica, etc. Por último, a largo plazo, piden la ampliación de la destilería de YPF y la exención del IVA 37/.

Los cortes de rutas alcanzaron mayor frecuencia en Jujuy que en otras provincias. Se llegaron a realizar 19 cortes en simultaneidad durante 12 días. El levantamiento de estos cortes se llevó a cabo el 31 de mayo de 1997 con la firma de un acuerdo entre los manifestantes y el gobernador Carlos Ferraro. El mismo se celebró con la mediación de la Iglesia local. Fue firmado en el Obispado, luego de lo cual el gobernador debió salir rodeado de insultos y empujones. En los portones de la Catedral, sobre un palco improvisado y precario, los representantes de los «piqueteros» celebraron el acuerdo cantando, entre llantos y abrazos, el himno nacional.

Bajo la presión de una orden judicial de desalojar los cortes por la fuerza, el acuerdo firmado determinó el levantamiento de los cortes de rutas que llevaban 12 días, en algunos de los cuales se habían producido durísimos enfrentamientos con la Gendarmería, con un saldo de más de 200 heridos en Libertador General San Martín. El acuerdo consistió en un acta de 19 puntos, entre los cuales estaba el otorgamiento de un total de 12579 puestos de trabajo -más del número que se había manejado en las negociaciones con el gobernador y sus ministros en los días antes. Con muchas discusiones y dudas por parte de los manifestantes, el elemento que decidió el levantamiento de los cortes fue la casi duplicación del fondo especial para subsidios de 4 meses comprometida por Ferraro. En lugar de los 500 mil pesos por cada uno de esos meses planteados anteriormente, se pasó, en el acta, a cuotas mensuales de 800 mil pesos. La Iglesia, en la figura del obispo Marcelo Palentini, y la propia comisión de desocupados que había coordinado las medidas de fuerza y las negociaciones, serían los encargados de determinar las formas de distribución tanto de los puestos de trabajo -tenían cantidades asignadas por localiddad- como los subsidios. Había dos puntos del acta, especialmente festejados por los piqueteros, que requerirían leyes de la Legislatura que el gobernador se comprometió a impulsar. Las primera implicaría la convertibilidad a pesos y luego la desaparición de los odiados bonos utilizados por el gobierno para pagar salarios y deudas a proveedores pequeños y medianos, que perdían en su circulación efectiva no menos del 10% de su valor nominal. La otra ley determinaría recortes del 10% en los salarios de los funcionarios provinciales que ganaran más de 1500 pesos. Pero, en términos políticos, lo más sorprendente del acta fue la adhesión del gobernador justicialista a la propuesta del Frente de Gremios Estatales para la reactivación de la estructura productiva de la provincia. Conducido por el líder sindical municipal Carlos «Perro» Santillán y por Fernando Acosta, el Frente cuestiona la adhesión de Jujuy a algunos puntos del Pacto Fiscal e impulsa la aplicación de impuestos especiales a los grandes grupos empresariales y la confiscación o el arriendo forzoso de las tierras improductivas. Los piqueteros apoyaban las propuestas del Frente, siendo el punto de relación entre los dirigentes de las protestas y algún tipo de conducción social o política más orgánica de la provincia. La dirigencia de los partidos de la oposición despertaba enormes resistencias entre los protagonistas de las protestas. Entre los manifestantes, primaban los vínculos horizontales y la incertidumbre sobre el acuerdo se mantuvo hasta la noche del día 31, cuando los delegados que lo habían negociado lo comunicaron a sus compañeros que aún mantenían las rutas obstruidas.

El 4 de agosto de 1997, los piqueteros jujeños volvieron a cortar varias rutas provinciales y nacionales por los menos en quince puntos. Exigían el cumplimiento del acta firmada el 31 de mayo. Los manifestantes sostenían que el gobierno provincial había cumplido solo parcialmente el acuerdo en torno a la generación de empleos nuevos. Demandaban, además, el pago de 400 pesos en vez de 200 a los incorporados al Plan Trabajar y la inclusión de las mujeres en los programas de empleo 38/. Pero, en ámbitos oficiales, se atribuían los nuevos cortes a la «interna» de los desocupados. Estos cortes surgieron en momentos en que la Iglesia tenía previsto realizar una mesa de concertación con la participación de múltiples sectores de la sociedad jujeña.

La mayoría de los cortes fueron levantados al día siguiente (el día 5), luego de acordar una tregua con el gobierno provincial hasta el 22 de agosto, fecha en que se iniciaría la mesa de concertación propuesta por la Iglesia. La comisión de desocupados dispuso levantar la medida pero permaneciendo a la vera de las rutas, aguardando el desarrollo de las negociaciones. Lo decidieron luego de seis horas de deliberaciones.

Los piqueteros crearon una organización no gubernamental: la Coordinadora Provincial de Desocupados. En un informe a la Asamblea Episcopal reunida en setiembre de 1997, los obispos jujeños Pedro Olmedo y Marcelo Palentini subrayaron el crecimiento de la madurez y la organización de la Coordinadora y destacaron la importancia de que los piqueteros habían pasado a ser un actor social reconocido por todos los demás, participando con iguales derechos en la mesa de concertación que la Iglesia coordinaba. La Coordinadora de Desocupados procesó fichas de 35 mil desocupados en la provincia. Aproximadamente 3700 personas consiguieron trabajo en el marco del programa Trabajar con salarios que apenas alcanzan para la supervivencia. Otros 2 mil trabajadores fueron asignados a «servicios comunitarios» y 3240, en su mayoría mujeres, recibieron un subsidio de 150 pesos cada una (Página 12, 07.09.97).

En todos los casos analizados de cortes de rutas, se rechazó la intervención de partidos políticos y dirigentes sindicales. Hubo, en cambio, una actuación destacada de la iglesia católica tanto en los cortes de Neuquén como en los de Jujuy.

Las protestas devinieron en formas de organización popular nuevas: asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas formas de organización recrearon, o crearon, redes sociales. Más que las protestas de los estatales en las provincias por el pago de salarios atrasados o contra medidas de ajuste, los cortes de ruta llevaron la política a territorios rezagados y colocaron el tema de la desocupación y las consecuencias sociales de la política socioeconómica del gobierno en el centro del debate. La forma del reclamo, cortar las rutas, puso especialmente de mal humor al gobierno nacional. La noticia de los cortes de ruta en Argentina llegó al exterior a través de noticieros y diarios. Menem, por ejemplo, encontró la foto del conflicto jujeño en los periódicos extranjeros mientras estaba en Alemania procurando inversiones. La presentación mediática de los manifestantes, potenciada al efecto simbólico de cortar la circulación de personas y mercancías dentro del territorio nacional, concitaron la atención de las autoridades y de la población en general. En cuanto a la presentación mediática, a veces los manifestantes llevaron sus rostros cubiertos, evocando a los ojos del mundo la sublevación zapatista mexicana y complicando la imagen del gobierno argentino frente al mundo de los negocios internacionales. Como se dijo, las implicancias simbólicas de cortar las rutas llegan muy lejos. De esta forma, los desocupados del interior del país interpelan al estado nacional, y no ya solamente a los gobernantes locales, amenazando la integridad de su territorio, cuya garantía es una de las funciones esenciales del estado.

Cortando las rutas, además, los desocupados encontraron la manera de interceder en el ámbito del cual están excluidos: en el mercado, en el tránsito de mano de obra y mercancías.

  1. ¿Qué queda del «movimiento obrero»? La innovación en el repertorio de protestas laborales desde 1983

Las nuevas formas de protesta laboral surgidas durante los gobiernos del presidente Menem son, principalmente, los estallidos sociales y los cortes de ruta. Estas formas se diferencian de las del repertorio «clásico», asociado al sindicalismo peronista. En su lenguaje, no prima en las nuevas formas un lenguaje de clase ni el mismo denota un anclaje identitario fuerte. El lenguaje del «estallido» y del «corte» no es casual. Lo que ha estallado o lo que se ha cortado, si el razonamiento desplegado en este trabajo es sustentable, es un repertorio de reclamo. Esto es, un esquema cognitivo en el cual se definían los límites de lo tolerable y las pautas a seguir cuando ese límite era traspasado. Si el lenguaje de la protesta del «movimiento obrero» se inscribía en una tradición y un proyecto políticos, el lenguaje del «corte» o del «estallido» sugiere la agonía y la reacción sin nada por delante. Cuanto mucho, un «basta, así no se puede seguir». Si en un caso hay teleología y totalización 39/, en el otro no parece existir una proyección comparable. Siendo el horizonte temporal una dimensión imprescindible para la constitución de sujetos de acción, esta no es una cuestión menor. Los que cortan las rutas son, en general, desocupados que piden paliativos para su amarga situación y se han trascendido a sí mismos nominándose «piqueteros» y «fogoneros», esto es, designándose precisamente con la acción de cortar las rutas. Se trata de una identidad conseguida en la acción, por lo cual puede ser tan efímera como la duración de la acción misma. Tenemos derecho a interpretar los nombres porque ellos reflejan una determinada comprensión del mundo. O sea, un nombre se impone sobre otros nombres posibles, sobre otras comprensiones del mundo. Claro, que quienes cortan las rutas se llamen «piqueteros» no determina su carácter efímero como grupo ni que no puedan por el hecho de llamarse así devenir en un actor más permanente y más organizado, como de hecho lo están intentando en Cutral Có y Jujuy. Los «piqueteros» ya han quebrado una situación de serialidad, aquella que los posiciona como desocupados o marginales en la vida social. Y han pasado a la acción. Y, por ahora, reniegan de toda identificación política y no se valen de los canales tradicionales para efectuar sus reclamos.

Por el contrario, en el repertorio clásico, el reclamo tomaba su sentido de una concepción acerca del rol del movimiento obrero en la sociedad, el estado y el movimiento peronista. No hallamos en el lenguaje de la resistencia a los procesos de ajuste en las provincias ni en los cortes de rutas la evocación del movimiento obrero y del peronismo como sostén de los reclamos. Ni de ningún discurso político con un grado considerable de sistematización 40/. Encontramos, en contraste, el rechazo de la política.

Los estallidos y los cortes difieren en dos cuestiones importantes. Primera: el lenguaje moral del estallido contrasta con el lenguaje de derecho (a la existencia en el estado) de los cortes. Segunda: la interpelación a los poderes locales en términos de un vínculo personalizado de reciprocidad del estallido contrasta con la interpelación al estado nacional en términos de su responsabilidad pública frente a la sociedad del corte 41/. El rasgo que comparten es su carácter antipolítico. Por distintas vías, ambas formas de reclamo rechazan las formas hegemónicas de la política, el campo político instituido es rehusado como espacio de emplazamiento del problema y la negociación.

La ausencia de un marco político de identificación de los manifestantes favorece la focalización de la protesta y dificulta la articulación entre los distintos focos de protesta. Salvo la Marcha Federal, no se generó otra instancia de protesta que coordinase los reclamos de los estatales que enfrentaban problemas similares en las provincias. 42/ La red organizacional del sindicalismo, por el contrario, favorece la coordinación de la protesta en ámbitos menos localizados. Esta red en su alcance nacional estuvo sistemáticamente al margen de los estallidos y los cortes. Los protagonistas de los estallidos y los cortes se enteraron mutuamente de sus luchas a través de los medios de comunicación más que por algún tipo de circulación institucionalizada. Por su parte, las transformaciones del peronismo han calado en el lenguaje de la protesta laboral manifestándose en una crisis de los recursos retóricos con los que ésta contaba para definir adversarios y para construir un sentido de la acción reivindicativa.

Los reclamos en las nuevas formas de protesta se hallan más orientados a la satisfacción de necesidades básicas, son más puntuales y más defensivos que los correspondientes a las formas clásicas. Las nuevas formas, asimismo, son menos institucionalizadas y más espontáneas que las sostenidas en la acción sindical tradicional. En contraste con las huelgas y las manifestaciones callejeras, los cortes de ruta al igual que los ataques a la propiedad pública y privada son en sí mismos ilegales.

Las protestas sindicales, por su parte, sufrieron transformaciones concomitantes. Estas fueron disminuyendo entre 1983 y 1997. A su vez, las medidas de fuerza llevadas a cabo con la intervención de las organizaciones sindicales se han ido haciendo más desagregadas en cuanto a la instancia de coordinación de las mismas en la estructura sindical.

Considero que las diferencias analizadas permiten pensar en cambios importantes en el repertorio de protestas laborales en Argentina, los cuales pueden rastrearse dentro del período 1983-1989. ¿A qué responde la transformación del repertorio?

Las transformaciones en el mercado de trabajo acontecidas en las últimas décadas tienen que haber incidido en las formas de protesta laboral. No obstante, si bien debemos tener en cuenta el aspecto socioeconómico, el mismo no basta para analizar la evolución de las formas de protesta. Como lo he sostenido en la introducción, las condiciones y transformaciones de orden socioeconómico sólo logran impactar en las formas de protesta bajo la mediación de la arena política en la cual se configuran los intereses, identidades y recursos que orientan la acción colectiva. En este sentido, cabe realizar un análisis político de la evolución de las formas de protesta laboral que otorgue especial interés al papel del peronismo.

No pretendo distraerme frente a la fuerza de ciertos datos socioeconómicos (aumento del desempleo, precarización del empleo, etc.) sino ensayar otra mirada. Por ejemplo, no se puede mitigar la importancia del crecimiento de la desocupación experimentado en lo que va de democracia en Argentina 43/. Su impacto en la disminución de las protestas sindicales clásicas es indudable. Las condiciones de desocupación desalientan la acción reivindicativa, significando una constante amenaza de despido y el aumento de la competencia por los puestos de trabajo. No obstante, considero que los cambios políticos han tenido también su impacto sobre la transformación del repertorio de protestas laborales.

Las oportunidades políticas para la protesta laboral no se mantuvieron estables entre 1983 y 1997. Los cambios en la composición interna, la posición estratégica en el sistema político y el perfil ideológico y programático del peronismo registrados entre 1983 y 1997 han incidido en las formas adoptadas por la protesta laboral. Cuando el peronismo fue oposición política, durante el gobierno de Alfonsín, la protesta laboral tendió a estar hegemonizada por las organizaciones sindicales y a adquirir formas de alto grado de agregación, centralización y politización. Una de las orientaciones predominantes de la acción sindical en tal período fue el refuerzo y la actualización de la identidad peronista. Paralelamente, la CGT asumió el rol de la oposición partidaria mientras el partido se recomponía internamente luego de la derrota electoral de 1983. A grandes rasgos, el repertorio de protesta laboral vigente durante el primer gobierno de la transición democrática fue el repertorio históricamente asociado a la configuración del sindicalismo peronista. El peronismo en el gobierno, por el contrario, ha sido acompañado por un repertorio de protesta laboral más fragmentado organizativamente, más orientado a la satisfacción de necesidades básicas, menos anclado en un proyecto político, con reivindicaciones más puntuales y con formas más defensivas y menos institucionalizadas. Como novedad respecto de la tendencia que llamé clásica en las protestas laborales, hallamos movimientos espontáneos y desprovistos de organicidad y permanencia, como son el caso de los llamados «estallidos sociales» en las provincias y el caso de los cortes de ruta. Esta mayor fragmentación de la protesta laboral durante la gestión peronista ha coincidido con el menor peso del sindicalismo como representante sectorial de los trabajadores, con su menor participación en la conducción peronista y en la actividad parlamentaria y con la transformación del perfil programático del peronismo (ver Gutiérrez 1998).

El giro en el modelo económico y en el modelo de estado que ha impulsado el gobierno del presidente Menem ha dejado su huella en el repertorio de protestas laborales. Pero no sólo porque las reformas han afectado los recursos y las oportunidades para reclamar. Los repertorios de protesta de los actores se configuran al mismo tiempo que el tipo de estado y el sistema de relaciones económicas, cuyo funcionamiento requiere de una economía moral (en el sentido de Thompson, ver punto 1). La vigencia de un modelo económico implica el reconocimiento por parte de los actores de criterios de justicia, umbrales de tolerancia y pautas de comportamiento para cuidar de sus intereses. El desmantelamiento del estado asistencialista y del modelo de desarrollo orientado al mercado interno en Argentina han implicado una crisis de aquellos criterios y aquellas pautas de comportamiento que sustentaban las relaciones económicas y estructuraban las relaciones políticas en el sistema anterior. La transformación de las formas de protestar por los problemas de trabajo tiene que interpretarse en conexión con los cambios económicos, sociales y políticos de carácter estructural acontecidos en Argentina desde la inauguración de la nueva democracia. La baja institucionalización, la escasa politización y la fragmentariedad de las nuevas formas expresan la retirada del universo de prácticas y significados en el que el reclamo laboral se inscribió por mucho tiempo.

He presentado las distintas formas que predominantemente han conformado el repertorio de protestas laborales en Argentina a partir de 1983. Cada una de ellas se ha expresado en muchísimos casos, tan diversos y heterogéneos entre sí cuanto más se resalta la singularidad de cada uno. No es lo mismo el «santiagueñazo» que lo que sucedió en La Rioja unos días antes; los cortes de rutas de Cutral Có y Jujuy tuvieron un grado de generalización mayor que los demás cortes. He adoptado en este trabajo un punto de vista panorámico. Confié en que la pérdida de especificidad y detalle en el tratamiento de los casos sería compensada con la riqueza de la perspectiva comparativa, con la ventaja de poder dar una interpretación plausible de la transformación de las protestas laborales en la nueva democracia argentina. En este sentido, me gustaría poner, para concluir y para redimir el punto de vista panorámico, la siguiente cita:

«Quizás alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad, pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad, y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario, creo que, en lo que se refiere al conocimiento más importante, es invariablemente superficial. La profundidad corresponde a los valles, donde la buscamos, y no a las cimas montañosas, donde se la encuentra». Edgar Allan Poe: Los crímenes de la calle Morgue, Alianza.

NOTAS

* Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA

1/ La serie de «estallidos sociales» fue inaugurada por el llamado «Santiagueñazo» en diciembre de 1993. Los cortes de ruta hicieron su aparición en escena en 1997.

2/ Pero, más allá de esta singular configuración histórica, no me parece adecuado en general restringir la comprensión de las formas de reclamo laboral al análisis de las condiciones socioeconómicas de existencia de quienes reclaman. Aún los clásicos estudios marxistas sobre la historia de la clase obrera han tenido que dar cuenta de la constitución de la clase como sujeto de acción, sea en términos de toma de conciencia de una situación estructuralmente desventajosa o en términos de un lenguaje histórico que confirió significado a la clase como fuerza social y política.

3/ Informe de avance de beca de perfeccionamiento, Instituto de Investigaciones Gino Germani/UBA, 1997.

4/ Consideré dentro del enfoque psicologista tradicional del comportamiento colectivo a Gustav Le Bon y Gabriel Tarde -quienes, revelando los mecanismos emociionales que explican el comportamiento de las multitudes, ejercieron gran influencia en el campo de las teorías de la acción de masas a fines del siglo pasado- y a Ted Gurr, quién elaboró a fines de la década del 60 su teoría de la privación relativa para explicar la violencia colectiva. Ver Informe de Avance de marzo de 1997.

5/ Entre los autores que se inscriben dentro de esta tradición -la mayoría norteamericanos-, podemos destacar a Mac Carthy & Zald (los pioneros), Jenkins, Oberschall, Tilly y Tarrow. Para una genealogía y caracterización de este enfoque, se puede ver Jenkins (1994), además de mi Informe de Avance de marzo de 1997.

6/ Hablo de una tentación porque temo estar haciendo una extrapolación teóricamente espuria o, por lo menos, desautorizada por Thompson, quien restringe explícitamente el uso del concepto de economía moral a una formación histórica puntual, esto es, la economía moral supone el modelo paternalista de gestión económica. El uso del concepto en trabajos historiográficos así lo testimonia. Pero, luego de esta salvedad, me permito con toda prudencia utilizar analógicamente el concepto de Thompson.

7/ Esta especificación de la noción de «estructura de oportunidades políticas» debe mucho a la realizada por Kriesi (1992).

8/La matriz político-económica llamada por Cavarozzi (1996) «matriz estado-céntrica», predominante en América Latina a partir de 1930, es definida por este autor como un conjunto de atributos económicos y políticos. En cuanto a los primeros, esta matriz se define a partir de los siguientes mecanismos: la industrialización sustitutiva, la economía cerrada o semicerrada, la regulación estatal de los mercados y el patrón de inflación moderada. Políticamente, el funcionamiento de esta matriz estuvo asociado a la emergencia e incorporación política de nuevos actores sociales, implicando la emergencia y el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores y el incremento de la participación y movilización de la mayoría de los sectores sociales, especialmente los sectores populares. Esta participación estuvo balanceada por controles implementados desde las agencias del estado e implicó la creación de canales corportativistas y semicorporativistas vinculados con organizaciones públicas, partidos políticos y asociaciones profesionales y sindicatos. Hasta la década del 60, a pesar de haberse producido sucesivas dislocaciones en la matriz, no se produjeron rupturas definitivas. La matriz contaba con instrumentos que le permitían hacer frente a las crisis y restaurar temporalmente un equilibrio aunque sea precario. Principalmente, este instrumento era la inflación.

9/ El discurso peronista sobre la clase trabajadora ha sido trabajado en abundancia en la literatura, por lo cual prefiero no profundizar más en el mismo en este trabajo. Se pueden ver, por ejemplo, Sigal & Verón (1988), de Ipola (1987) y el reciente libro de Martuccelli & Svampa (1997).

10/ Para un análisis de la interpenetración entre el conflicto político y las relaciones obrero-patronales a nivel de las empresas, ver Sidicaro (1982).

11/ Convergieron en este alineamiento tres sindicatos estatales (Luz y Fuerza, telefónicos y petroleros del estado), cuatro sindicatos de servicios del sector privado (comercio, bancarios, gastronómicos y sanidad) y los ocho restantes eran sindicatos industriales (textiles, plásticos, carne, mecánicos, aguas gaseosas, molineros, vidrio e industria fideera). Políticamente, trece de ellos provenían de las 62 Organizaciones y sólo dos (mecánicos y telefónicos) de los Veinticinco. Para más información sobre la composición del Grupo de los Quince, ver Fraga 1991:38-39.

12/ Este modelo se sustenta, entre otras, en las leyes 14.250 de convenciones colectivas de trabajo de 1953, 20.744 de contrato de trabajo y 20.615 de asociaciones profesionales, ambas de 1974 (Novick & Catalano 1992).

13/Ver mi Informe Final de beca de Iniciación de UBACyT, 1996.

14/ No podemos desconocer que este proceso de deterioro del sistema de relaciones laborales es en algunos aspectos similar al que registran varios países europeos (entre otros, Francia, España e Italia) en los que los acuerdos por empresa van sustituyendo al sistema nacional de relaciones laborales. Este quiebre pone fin a una época que, iniciada en la posguerra, instituyó dicho sistema como un componente clave de regulación económica y social de las sociedades capitalistas occidentales (Palomino, 1995).

15/ Para un análisis de las instituciones a partir de las cuales se ha instrumentado la flexibilización laboral, ver Novick & Catalano (1992).

16/ Para un análisis del proceso de desindicalización del PJ, ver Gutiérrez (1998).

17/ Ricardo Spaltemberg (1996): «Conflictos laborales en Argentina: 1984-1994», Instituto de Investigaciones Gino Germani, mimeo.

18/ James W. McGuire (1996): «Strikes in Argentina: Data Sources and Recent Trends», Latin American Research Review, vol. 31, nº 3.

19/Queda para mí aún sin aclarar cómo Spaltemberg, tomando la base de datos de McGuire para el período 1984-89, pudo incluir una categoría más.

20/Consultora de Investigación Social Independiente. Los datos me fueron brindados gentilmente por su director Alejandro Gonda.

21/ Según McGuirre, la causa principal de la baja de huelgas bajo Menem fue el efecto inhibidor ocasionado por el triunfo del gobierno en una importante huelga anti-privatización llevada a cabo por los telefónicos en Capital Federal en septiembre de 1990.

22/ Agradezco el estudio sobre las huelgas generales desde 1984 que me facilitó el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

23/ Los 7 primeros fueron convocados por la CGT-Unificada, la cual funcionaba de hecho a partir de la fusión de las dos centrales sindicales que existieran durante el último tramo del gobierno militar: la CGT-Azopardo y la CGT-RA. Los 6 últimos fueron convocados por la GGT normalizada, cuyas autoridades fueron elegidas por el Congreso de la CGT en noviembre de 1986.

24/ Alineamiento sindical que, siendo disidente de la conducción, mantiene su afiliación a la CGT. Agrupa a los gremios de choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, empleados de los subtes porteños, camioneros, aeronavegantes y marítimos.

25/ La reconstrucción histórica de las protestas en las provincias se ha realizado en base a una cronología elaborada en base a la información brindada por tres periódicos nacionales y, en algunos casos, por periódicos provinciales.

26/ Principalmente, me valgo en este punto en el trabajo de Gibson & Calvo (1997), en el cual se analiza la dinámica electoral del proceso de reforma económica en Argentina entre 1989 y 1995, mostrando que la distribución territorial de los recursos políticos y la diferenciación regional de las economías provinciales definieron la estrategia de reforma económica y las bases políticas para su implementación, la cual se ajustó a las necesidades del peronismo de mantener diversas coaliciones electorales exitosas a nivel nacional. Consideran zonas metropolitanas a Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Lo que resta del territorio nacional es considerado zona periférica.

27/ Recuérdese que el sistema electoral sobrerepresenta a las provincias más pobres y despobladas más que cualquier otro en el mundo (Gibson & Calvo 1997).

28/ El anclaje del peronismo en unas y otras regiones es diferente, lo cual conlleva a una configuración distinta de la protesta laboral. El sistema político en las provincias periféricas se caracteriza por su bajo grado de institucionalización formal. Los intercambios clientelistas constituyen la modalidad típica de relación entre los jefes y los seguidores y control de la sociedad sobre sus dirigentes es casi inexistente. Por el contrario, el peronismo en las zonas más modernas se caracteriza por una concepción del juego político marcada por la complejidad de la vida urbana y el formalismo burocrático, lo cual orienta sus estrategias a la construcción de pactos corporativos garantizados por el estado y favorece la organización de las demandas laborales en términos similares a los actores de sociedades industriales más modernas que la argentina (Sidicaro 1995).

29/ Junto a los casos de Santiago del Estero y Jujuy, cuentan en la primera ola las protestas de La Rioja y Tucumán. Ambos son casos de menor envergadura que los anteriores, por lo cual no les dedicaré atención en este trabajo.

30/ Dejo de lado el caso de Tierra del Fuego (mayo de 1994) por ser de un caso de protesta no relacionado con el ajuste en el sector público. Consistió en una huelga metalúrgica que duró 12 días e implicó la paralización de la industria local. Comenzó en Ushuaia y se extendió a Río Grande. Reclamaban mejores salarios y contra los despidos efectuados durante el conflicto. La protesta tuvo el aire de generalización de los demás casos. Los metalúrgicos contaron con un apoyo significativo de la población en general, en la participación en marchas masivas y en la adhesión a un paro general realizado en repudio de un violento desalojo de un establecimiento, en el cual hubo un obrero muerto. Este hecho fatal otorgó al conflicto austral gran repercusión a nivel nacional. Finalmente, el conflicto se resolvió por la mediación del gobierno nacional y fue conducido por la UOM local.

31/ Según el comisario Scoppa (número dos de la SIDE) lo reconoció, fueron en gran medida espontáneamente realizados. El día siguiente de estos sucesos expuso ante el gabinete nacional: «Mi hipótesis es que todo fue absolutamente espontáneo» (Clarín 18.12.93). Testimonios recogidos por Dargoltz (1994) coinciden en señalar lo mismo.

32/ No llama tanto la atención la furia de los damnificados como la desidia de las autoridades. ¿Acaso no pudieron prever que se estaba atravesando el umbral de la tolerancia popular? Quizá deba también pensarse que la crisis por la que atravesaba la provincia era de la mayor envergadura, una crisis de integración social, esto es, una crisis de los mecanismos través de los cuales unos y otros se reconocen como partes de una misma sociedad. El vínculo social se reconoce en su capacidad para mantener cohesionados sus elementos. No cabe aquí ahondar en la teoría pero la impresión que provocan los sucesos del santiagueñazo es de una situación social en la cual se desdibujó la «conciencia colectiva». Tanto en los testimonios de los actores como en los análisis de la prensa local se pone énfasis en la situación de descomposición moral en la que había incurrido la dirigencia política y la sociedad en su conjunto.

33/ Lo acontecido en Santiago del Estero puede ser ilustrado en analogía con la imaginación de Lope de Vega. Mediante la enunciación «Fuenteovejuna lo hizo» cada vez que uno de los habitantes era sometido a indagatoria judicial, se impidió la imputación de un asesinato a su autor material.

34/ Los principales referentes del PJ provincial habían desaparecido por un tiempo de la provincia luego del «santiagueñazo», por lo cual no participaron en la campaña electoral de las elecciones constituyentes del 10 de abril de 1994.

35/ Volviendo ahora con una digresión al caso de Santiago del Estero, las acusaciones generalizadas a la clase política y el ataque a los bienes personales de los principales políticos como modo de protesta, y el elemento restaurador señalado, me llevaron a reflexionar sobre el tipo de relación que los santiagueños entablan con sus referentes políticos. Al respecto, he pensado que las formas de reclamar están asociadas a la naturaleza de aquella relación, la cual he definido como relación clientelar. Varios autores (Novaro 1994, Zurita 1994 y Dargoltz 1994) coinciden en señalar que los mecanismos de representación dominantes en la vida política de esta provincia son de tipo clientelista. He trabajado en profundidad el tema del clientelismo en otro trabajo (Informe de avance de beca de perfeccionamiento, Intituto de Investigaciones Gino Germani/UBA, 1997), al cual remito para la fundamentación de lo que someramente expongo aquí. Allí he definido las relaciones clientelares a partir de un conjunto de características: como relaciones de intercambio, desiguales, personalizadas, informales y difusas. También sostuve en aquella oportunidad que el clientelismo como sistema de dominación tenía una objetividad de segundo orden: como condicionante de actitudes que se expresaban en el aprendizaje de un repertorio de protesta. Esto es, la manera de protestar de los «clientes» tiene que reflejar la estructura de la relación clientelar, el tipo de vínculo que establecen con sus jefes. Si el vínculo es personalizado, podemos esperar ataques a los domicilios de los patrones. Podemos esperar que el interlocutor del reclamo no sea el estado sino la persona de los funcionarios, por lo cual la disputa se dirima en términos morales. Dada la informalidad del vínculo, si los patrones no cumplen con el pacto de intercambio implícito en la relación, podemos esperar que los clientes fijen su ira en la persona del patrón, ya que no cuentan con el recurso de apelar al arbitraje de una autoridad constituida más allá de la relación personal e investida con el poder de hacer cumplir el pacto. Por esto mismo, podemos esperar que la protesta no se proyecte a un espacio político general sino que permanezca localizada. Y quizás también, por todo lo anterior, que sea violenta, cuerpo a cuerpo. También podemos esperar que la protesta se sostenga en un discurso que no vaya más allá del mantenimiento o la búsqueda de ventajas personales o de situaciones colectivas de favoritismo. Esto es, no es esperable que evolucione hacia la generalización de actores colectivos sostenidos en un discurso político totalizante.

36/ Me valgo aquí de los registros y el análisis de los cortes de ruta relevados entre marzo y julio de 1997 realizados en Giménez, Scribano & Seri (1997).

37/ En setiembre de 1997 tienen lugar elecciones en Cutral Có, en las cuales la alianza entre la UCR y el Frepaso derrotó con más del 50 % de los votos a la alianza entre el PJ y el MPN.

38/ Quienes protagonizaron el corte de una ruta en la localidad de El Carmen eran en su mayoría mujeres.

39/ En el sentido que Sartre da a esta expresión en su Crítica de la razón dialéctica

40/ Con la sola y no muy clara excepción de Frente de Gremios Estatales de Jujuy.

41/ He analizado con más detenimiento estas diferencias en una ponencia en colaboración con Gabriela Delamata en el Seminario Transdisciplinario sobre Violencia, en el módulo «Violencia, espacio público y acciones colectivas», celebrado el 29 de junio en el Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA.

42/ La primera ola de movilizaciones en las provincias de noroeste culminó en una protesta con proyección nacional llamada Marcha Federal. Con el papel activo del sindicalismo opositor, léase del CTA y el MTA, y de los frentes gremiales regionales, confluyeron en el centro de Buenos Aires columnas de todo el país reclamando contra el ajuste. Concitó un amplio abanico de adhesiones: pequeños y medianos empresarios, entidades agropecuarias, federaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y casi la totalidad de los partidos políticos opositores (Frente Grande, UCR, Modin, Unidad Socialista, etc.). Comenzó el 3 de julio de 1994 desde La Quiaca (el punto más nórdico) y Ushuaia (el punto más austral). Las columnas eran cuatro, en representación de las regiones: Noroeste, Litoral, Cuyo y Patagonia. En el transcurso de la marcha hacia Buenos Aires y en los lugares de descanso de la caravana, las poblaciones mostraban su apoyo a la protesta mediante distintos eventos: desayunos populares, bendiciones religiosas, festivales populares, concentraciones en la ruta para esperar el paso de la caravana, cierre de comercios, un paro general en Salta, etc. El cierre fue masivo: casi 50 mil personas en Plaza de Mayo en un acto sin incidentes y con la presencia mayoritaria de sectores sindicales (Clarín, 6.07.94

43/ La variación del desempleo es enorme: la tasa de desocupación era 5,9% en 1986 y trepó al 17,1% en 1996 (Gerchunoff & Torre 1996).

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Autor. Marina Farinetti

Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires
marinaf@coneau.edu.ar

Aportado por: Revista Trabajo y Sociedad, Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas.

http://www.geocities.com/trabajoysociedad/

Trabajo y Sociedad pretende constituirse en un espacio de las ciencias sociales para la publicación de artículos y textos sobre los problemas del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, particularmente los referidos al estudio de las articulaciones del mundo laboral con la estructura social, el sistema productivo y las prácticas culturales y políticas. Esta revista electrónica es publicada por el Programa de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad (PROIT) de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) en Argentina. Sus integrantes son académicos que realizan sus tareas en vinculación con la UNSE y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Programa es financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CICYT-UNSE) y participa de las actividades de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) y de la Latin American Studies Association (LASA).

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Farinetti Marina. (2005, enero 28). Análisis del movimiento obrero en Argentina. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/analisis-del-movimiento-obrero-en-argentina/
Farinetti, Marina. "Análisis del movimiento obrero en Argentina". GestioPolis. 28 enero 2005. Web. <https://www.gestiopolis.com/analisis-del-movimiento-obrero-en-argentina/>.
Farinetti, Marina. "Análisis del movimiento obrero en Argentina". GestioPolis. enero 28, 2005. Consultado el 19 de Septiembre de 2019. https://www.gestiopolis.com/analisis-del-movimiento-obrero-en-argentina/.
Farinetti, Marina. Análisis del movimiento obrero en Argentina [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/analisis-del-movimiento-obrero-en-argentina/> [Citado el 19 de Septiembre de 2019].
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