Análisis del movimiento obrero en Argentina

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¿QUÉ QUEDA DEL "MOVIMIENTO OBRERO"?
Trabajo y Sociedad pretende constituirse en un espacio de las ciencias sociales
para la publicación de artículos y textos sobre los problemas del desarrollo de las
sociedades latinoamericanas, particularmente los referidos al estudio de las
articulaciones del mundo laboral con la estructura social, el sistema productivo y
las prácticas culturales y políticas. Esta revista electrónica es publicada por el
Programa de Investigaciones sobre Trabajo y Sociedad (PROIT) de la Maestría en
Estudios Sociales para América Latina de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) en Argentina. Sus integrantes son académicos que realizan sus
tareas en vinculación con la UNSE y con el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). El Programa es financiado por el Consejo de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CICYT-UNSE) y participa de las
actividades de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
(ASET) y de la Latin American Studies Association (LASA).
Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina
Introducción
En los años transcurridos desde la instauración democrática en 1983, se han
producido en Argentina dos grandes procesos que han cambiado el rumbo del
desarrollo político, social y económico del país. En el plano político, han tenido
lugar la consolidación de un régimen democrático de gobierno y el concomitante
fortalecimiento de la competencia partidaria. En el plano económico, se ha
acelerado el reemplazo del anterior modelo intervencionista por un modelo
aperturista y desregulador del mercado interno. Este segundo proceso vino
acompañado de una novedad adicional: el principal promotor político de la
apertura y la desregulación económicas ha sido el peronismo, esto es, uno de los
agentes que más había impulsado, en el pasado, el modelo intervencionista.
Los procesos mencionados han tenido consecuencias importantes en el
comportamiento del mercado laboral, en la orientación de la política laboral del
gobierno y en las formas de acción colectiva de los agentes sectoriales. Durante
los últimos años, han cobrado relevancia distintas formas de protesta asociadas a
cuestiones laborales que se alejan de las formas "clásicas" de protesta laboral -la
huelga y la movilización sindicales-, las cuales, por su parte, predominaron
durante el gobierno de Alfonsín. Me refiero, principalmente, a los "estallidos
sociales" en el interior del país y a los cortes de ruta1/. Esta "novedad" fue
acompañada por cambios en las protestas sindicales. Ahondando en esta
impresión general, me propongo indagar en este trabajo qué hay realmente de
nuevo en el mapa de protestas laborales desde 1983 hasta la actualidad.
Entiendo por protestas las manifestaciones colectivas de carácter público, directo
y discontinuo que expresan desacuerdo y reclaman soluciones frente a un cierto
estado de cosas. Una protesta es de carácter público toda vez que hace visible
ante la población civil y/o las autoridades políticas un reclamo o una situación
percibida como un problema social por los protagonistas. Tiene carácter directo
cuando se expresa mediante algún tipo de acción que implica la interrupción de la
actividad cotidiana o habitual de los participantes y/o cuando interrumpe el
funcionamiento normal de la vida pública (huelgas, ocupaciones de
establecimientos, cortes de ruta, actos y movilizaciones callejeras, etc.). Tiene
carácter discontinuo en el tiempo cuando consiste en una acción episódica, aun
cuando sea parte de una lucha más amplia o devenga en modalidades de acción y
expresión más permanentes (por ejemplo, la protesta puede dar lugar a o ser
expresión de un movimiento social con una base institucional y programática
estable). Con esta definición se dejan de lado otras múltiples modalidades de
acción colectiva, por ejemplo, los emprendimientos cooperativos, los grupos de
ayuda mutua o las negociaciones entre empleados y empleadores contempladas
en el sistema institucional de relaciones laborales. Entiendo por protestas
laborales aquellas cuyo reclamo, demanda o reivindicación se refieren a
problemas vinculados al trabajo: el salario, las condiciones laborales, las fuentes
de trabajo, el marco regulatorio y demás.
La pregunta por la novedad en las protestas laborales exige adoptar una
perspectiva histórica, en función de la cual definiré un repertorio "clásico" de
protestas laborales en Argentina. Argumentaré que el mismo obedece a la
configuración del peronismo como referente central del reclamo obrero y
propondré una interpretación acerca de la emergencia de nuevas formas de
protesta laboral fundada principalmente en un análisis político.
Aunque no forme parte de los objetivos de este trabajo, considero pertinente un
análisis de la eventual incidencia de las transformaciones en el mercado de trabajo
acontecidas entre 1983 y 1997 -en la estructura del empleo, los niveles de
remuneraciones, la composición sectorial de la ocupación, el marco regulatorio,
etc.- en las formas de protesta laboral. No obstante, pienso que ello no basta para
analizar la evolución de las formas de protesta. Ni el descontento ni las formas de
expresión del mismo podrían deducirse de datos "objetivos" tales como el
aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo del salario o la disminución
relativa de los obreros industriales. Tanto como la referencia a la situación
socioeconómica de los sectores del trabajo, resulta necesaria una
contextualización política de los fenómenos de protesta. La particular
conformación histórica de las luchas laborales en Argentina, indiscernible del
peronismo, nos impide hacer abstracción del aspecto político de las mismas2/ No
alcanza, entonces, con analizar una evolución de categorías socioeconómicas
para comprender la configuración histórica del repertorio de luchas laborales en
Argentina; es preciso incorporar la dimensión política. Pues las condiciones y
transformaciones socioeconómicas sólo impactan en las formas de protesta bajo
la mediación de la arena política en la cual se configuran los intereses, identidades
y recursos que orientan la acción colectiva. En este sentido, me propongo realizar
un análisis político de la evolución de las formas de protesta en la nueva
democracia Argentina que otorgue especial interés al papel del peronismo en las
reivindicaciones laborales.
El plan del trabajo es el siguiente. Comenzaré por exponer los conceptos que
considero apropiados para analizar la evolución de las formas de protesta en el
período estudiado. He hallado útiles las nociones de "repertorio de acción
colectiva", "estructura de oportunidades políticas" y "economía moral",
desarrollados por Tilly, Tarrow y Thompson, respectivamente. En segundo lugar,
definiré las formas de protesta laboral que, por su vigencia histórica, englobo bajo
la denominación de repertorio clásico. El mismo está asociado al peronismo. En
tercer lugar, expondré, con la correspondiente contextualización, las principales
formas de protesta del período 1983-1997: las protestas sindicales, los
"estallidos sociales" y los cortes de rutas. En cuarto lugar, analizaré qué hay de
nuevo en estas formas en relación al repertorio clásico, hallando que existen
razones para afirmar que el repertorio de protestas laborales se ha transformado
en el transcurso del período analizado. Por último, me valdré de los tres conceptos
expuestos al principio para ensayar una posible explicación de las innovaciones
encontradas en el repertorio tradicional.
1. El enfoque de las protestas
En términos generales, el problema teórico que enfrento en este punto puede
resumirse en la siguiente pregunta: ¿De qué dependen las formas mediante las
cuales que se presenta el reclamo laboral? En otras palabras, ¿cuáles son las
variables relevantes para explicar las formas de protesta?
Los enfoques que he tomado en cuenta no son, desde ya, todos los que existen
sino aquellos que me parece relevante tener en cuenta en función de mi
preocupación teórica particular: ¿cómo se relacionan los cambios en el modelo
económico, en las instituciones políticas y en los actores políticos registrados en la
nueva democracia argentina con las formas de protesta por los problemas ligados
al empleo?
En un trabajo anterior 3/, he presentado un recorrido por los distintos enfoques
teóricos sobre protestas consignados bajo la dicotomía individualismo-holismo.
Establecí en aquella oportunidad dos grandes conjuntos de enfoques según
propongan explicaciones centradas en el nivel de los individuos o en el nivel de las
estructuras o totalidades: a saber, (1) enfoques individualistas y (2) enfoques
holistas. Entre los primeros, consideré: los enfoques psicologistas tradicionales y
los enfoques utilitaristas. Entre los segundos, el enfoque sistémico clásico y el
enfoque de los nuevos movimientos sociales.
Para el análisis de la evolución de las formas de protesta laboral entre 1983 y
1997, me ha resultado imposible optar por uno de los enfoques expuestos, pues
considero que todos ellos aportan ideas interesantes como asi también todos
presentan puntos vulnerables.
El enfoque psicologista tradicional coloca a los fenómenos de movilización
colectiva en el campo de la irracionalidad 4/. En este terreno operan mecanismos
subjetivos (contagio, sugestión, frustración relativa), los cuales son considerados
causa eficiente del comportamiento colectivo, sin intervención del cálculo racional
de acciones posibles. Por tanto, esta perspectiva excluye la posibilidad de efectuar
un análisis estratégico de la acción colectiva. Esto implica una limitación
inadmisible para comprender las protestas laborales, las cuales, por lo general,
suponen un alto componente de cálculo estratégico. Además, siendo las formas de
acción colectiva una preocupación central de este trabajo, este enfoque no aporta
elementos que permitan discriminar entre los determinantes de distintas formas de
expresión. Pero, no obstante estas insoslayables restricciones, el enfoque tiene la
virtud de indicar la existencia de determinantes subjetivos de la movilización
colectiva resistentes al modelo utilitarista.
La teoría de la movilización de recursos, deudora de los presupuestos del rational
choice: maximización del autointerés como motivación de la acción y cálculo
racional de estrategias posibles como método de decisión, provee un enfoque
estratégico y utilitarista de las movilizaciones sociales 5/. Las variables
fundamentales para el análisis de este tipo de sucesos son los recursos y las
oportunidades para la acción. Los intereses y las preferencias de los actores se
asumen como dados desde el punto de vista del análisis de la acción colectiva,
siendo éste el punto quizá más vulnerable de la propuesta. Se trata de una
perspectiva fértil para explorar la dinámica de movilización ya que presta especial
interés a las redes organizativas y a la gestión de la acción.
Pero no ayuda a comprender las apuestas identitarias o de lucha por el sentido de
un estado de cosas determinado que se juegan en la protesta. El dispositivo del
cálculo racional no puede dar cuenta de la visión de los sujetos acerca de lo que el
mundo es ni de lo que tales sujetos creen que debe ser que ellos adhieren a sus
actos.
Curiosamente, Smelser (1989) avanza en esta última dirección al incorporar las
creencias en la base del comportamiento colectivo. Elabora una teoría ciertamente
compleja de los determinantes del comportamiento colectivo. Entre los mismos no
solamente contempla la existencia de una tensión, falla, conflicto o disfunción del
sistema social sino la propagación de una creencia que vuelva significativo este
dato estructural a los ojos de los actores. La creencia tiene la función de identificar
la fuente del problema y especificar las respuestas posibles. También esta teoría
contempla como determinantes del comportamiento colectivo la dinámica de la
propia movilización (los líderes, la organización, etc.), factores coyunturales
precipitantes e incorpora el control social y la capacidad de las instituciones para
tolerar y canalizar el conflicto social en el análisis del comportamiento colectivo. El
problema de Smelser es su consideración del carácter disfuncional (patológico) y,
por tanto, no institucionalizado del conflicto social. Coser (1961), sin renunciar al
análisis sistémico, asigna funciones positivas al conflicto social en la definición de
las identidades.
Los enfoques sistémicos, s allá de sus alzados matices, nos indican que las
variaciones en el grado y las formas de movilización social hay que buscarlas en la
naturaleza de los cambios a nivel sistémico y en la capacidad de las instituciones
para gestionar tal cambio. También el enfoque de los nuevos movimientos sociales
sugiere esta misma pista -por esto lo he clasificado entre los enfoques sistémicos-.
De este enfoque, me interesa particularmente su orientación a dar cuenta de una
novedad en las formas de movilización social.
Surge de la identificación de una situación de quiebre de las identidades
tradicionales en las sociedades europeas centrales, la cual colocó a los individuos
en la necesidad de construir identidades colectivas sustitutas que hicieran posible
la acción colectiva en pos de la defensa de intereses u opciones de vida. El
quiebre de las identidades tradicionales (de las identidades de clase,
fundamentalmente, propias de la sociedad industrial) es atribuido a diversas
causas según los autores. Sin embargo, todos se refieren a cambios globales:
para Offe (1988), es la emergencia de la sociedad postindustrial; para Melucci
(1994b), la emergencia de la sociedad de la información; para Habermas (1987),
la colonización progresiva del "mundo de la vida" por la racionalidad instrumental.
Además de la indicación acerca de dónde buscar la novedad, este enfoque aporta
al análisis de fenómenos de acción colectiva una noción interesante de identidad
colectiva, no antepuesta sino consustancial a la acción. Los estudios realizados
bajo este enfoque se han interesado principalmente por la "novedad" de los
movimientos estudiantil, feminista y antinuclear (para mencionar los más
recurrentemente estudiados) surgidos en los años 80 en Europa. Las dificultades
para extrapolar este enfoque a las protestas laborales en un país latinoamericano
se muestran por sí mismas.
El esfuerzo de la mayor parte de los autores contemporáneos ha ido en dirección
de superar la dicotomía individualismo-holismo que guió la presentación de los
enfoques realizada, acordando que la gracia de un "buen" enfoque de las
movilizaciones sociales está en resolver el camino que va de la estructura o del
sistema a la acción. Hecho el balance, queda desestimar para este trabajo una
serie de antinomias: cálculo racional versus irracionalidad, estrategia versus
identidad, individualismo metodológico versus holismo metodológico.
Por mi parte, en vistas de abordar el problema que me ocupa en este trabajo y de
ser menos injusta con algunos autores, creo que los conceptos de "repertorios de
acción colectiva", de "economía moral" y de "estructura de oportunidades
políticas", utilizados por Tilly, Thompson y Tarrow respectivamente, pueden ser el
puente que necesitamos para poner en relación las formas de movilización con,
por un lado, las transformaciones estructurales que implican las políticas
neoliberales en Argentina y, por otro, con las transformaciones que ha
experimentado el sistema político luego de la instauración del régimen
democrático. Argumentaré que estos tres conceptos permiten atravesar la
dicotomía metodológica individualismo-holismo, permitiendo sostener un enfoque
que no deprecie el componente calculativo de la acción colectiva ni desatienda sus
determinantes de tipo sistémico o estructural.
El concepto de repertorio de acción colectiva desarrollado en los estudios de
Tilly sobre fenómenos de protesta es especialmente sugerente para este trabajo.
Un repertorio de protestas es el conjunto de medios de los que dispone un grupo
particular para realizar reclamos, el cual no se explica solamente en términos
instrumentales -como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una
determinada circunstancia-, sino, al propio tiempo, en términos de aprendizaje. Por
ejemplo, los obreros utilizan generalmente la huelga como medio de protesta, pero
no lo hacen porque éste sea siempre el medio más eficaz para conseguir sus
propósitos, sino porque es la herramienta que han incorporado en su proceso de
aprendizaje en el ámbito laboral. La vigencia de un repertorio implica los
siguientes factores: 1) rutinas cotidianas y redes de organización de la población;
2) experiencia acumulada de acción colectiva, una memoria y un saber; 3)
estándares predominantes de derechos y justicia; 4) patrones de expresión. Por
todo lo que implica, un repertorio suele ser estable, sirve como un marco definido
de interacción social y ha de ser aprehendido tanto en términos estratégicos como
culturales. No sólo cabe preguntarse cómo enfrenta la gente instrumentalmente la
desocupación u otras situaciones con los recursos disponibles; debemos indagar
también en qué horizonte de sentido estas circunstancias son percibidas como
intolerables o injustas de modo tal que puedan motivar y justificar el reclamo. Un
repertorio consiste en prácticas recurrentes a través del tiempo que logran
convertirse en una "institución"; establece reglas que pautan el comportamiento y
las expectativas de los actores. El concepto de repertorio no sólo hace referencia
a lo que los individuos o los grupos hacen cuando entablan conflictos con otros;
también designa lo que ellos saben que tienen que hacer y qué es lo que los otros
(los desafiados, por ejemplo) esperan que ellos hagan.
Tilly es un autor significativo para nuestro problema por su manera de relacionar
procesos de transformación estructural, coyunturas políticas y protestas sociales.
En su libro «The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle», Tilly
analiza el devenir de una forma particular de acción colectiva denominada por él
"contention" durante cuatro siglos: desde 1598 a 1984. Llama "contention" a las
ocasiones en las que la gente actúa conjuntamente en base a sus intereses de
una manera directa, visible, y afecta significativamente la realización de los
intereses de otra gente. Abarca una variedad de fenómenos: sediciones, motines,
tumultos, manifestaciones.
Ahora bien, ¿de qué dependen los repertorios? Cambian en función de las
fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la organización [1986:4]. En el
libro citado, Tilly se pregunta: en el caso de Francia desde el siglo XVII al
presente, cómo el desarrollo del capitalismo y la concentración del poder en el
estado nacional afectaron las maneras en que la gente común "contendía", o lo
dejaba de hacer, por sus intereses. Tomando un lugar, una población única o un
evento no se podría responder a esta pregunta. Pero haciendo un estudio
comparativo de las contiendas populares en diferentes regiones tomando un
período largo de análisis. El primer problema que aborda Tilly en este trabajo con
respecto al capitalismo y a la formación del estado nacional es determinar cómo
los grandes cambios afectaron los intereses, las oportunidades y la organización
de los diferentes grupos populares en los cuatro siglos y luego ver cómo estas
alteraciones en los intereses, las oportunidades y la organización repercutieron en
las contiendas. Tilly correlaciona la historia de estos cambios estructurales con la
historia de las contiendas. Encuentra que las mayores fluctuaciones en estas
últimas responde a las idas y vueltas del capitalismo y la construcción del estado
nacional. La rápida construcción de un estado beligerante en el siglo XVII incitó la
resistencia del pueblo cuyos derechos y recursos el estado comenzaba a afectar.
El "boom" de la producción vía disciplinamiento en el siglo XIX produjo la
preeminencia de la huelga por establecimiento. Pero no todas las contiendas
respondieron tan directamente a los cambios globales. Estas fueron más intensas
en el marco de las principales crisis políticas y los cambios de régimen, lo cual
habilita a suponer que estos cambios afectaron las oportunidades para actuar. Los
cambios estructurales provocados por el capitalismo y el estado nación están en la
base de los cambios en el repertorio de acción colectiva al comienzo del estado
capitalista moderno. Es decir, los repertorios son tan permanentes que sólo el
conjunto de los cambios económicos y políticos que se produjeron en los países
occidentales a lo largo del siglo XIX pudo dar lugar a la sustitución del repertorio
"tradicional" por el "moderno". El viejo repertorio se caracterizaba por ser, en su
alcance: local y, en su orientación hacia los detentadores del poder, "patronizado".
Había estado en vigencia en países como Francia al menos durante doscientos
años (desde la desaparición de las grandes revueltas campesinas de corte
comunitario, a mediados del siglo XVII). El "nuevo" se caracterizó por ser nacional
y autónomo, como corresponde al desarrollo de las nuevas estructuras
económicas y políticas de la sociedad capitalista. Al repertorio tradicional
corresponde una gama de formas de acción colectiva bien conocidas por los
historiadores: los motines de subsistencia y las apropiaciones de cosechas; las
invasiones colectivas de terrenos prohibidos, como campos, ríos o bosques; la
destrucción de barreras de peaje o de otro tipo; la destrucción de máquinas; las
cencerradas y serenatas; las expulsiones de funcionarios encargados del cobro de
impuestos; los incendios; el saqueo de casas particulares; la representación de
procesos judiciales populares; etc. No menos variadas son las formas del nuevo
repertorio: unas estaban relacionadas con los procesos electorales y la acción
política (como los mítines públicos, las reuniones y campañas electorales o las
marchas de petición); otras con los enfrentamientos económicos con los patrones,
como las huelgas o las manifestaciones; un tercer tipo reflejaba el enfrentamiento
radical con las autoridades por medio de las ocupaciones de edificios oficiales o
las insurrecciones planificadas de grupos revolucionarios.
El concepto de repertorio de acción colectiva, a mi modo de ver, tiende un puente
entre la estructura y la acción. Y en ese puente la política tiene su papel. La
premisa más importante del enfoque llamado "del proceso político" (del cual Tilly
es parte) radica en que los procesos sociales -esto es, estructurales- afectan de
manera indirecta, mediante una reestructuración de las relaciones de poder
existentes, a la protesta social.
En «La economía "moral" de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII»,
Thompson argumenta en contra de las interpretaciones que, según él, la mayor
parte de los historiadores ha realizado de las causas de los motines de
subsistencia en Inglaterra durante el siglo XVIII. Estas asignan al aumento
desmesurado del precio del pan (y su efecto: el hambre, dada la importancia de
este alimento en la dieta de los sectores populares en ese contexto histórico)
eficacia causal en la emergencia de las protestas. Estas son consideradas
acontecimientos reactivos y, como tales, irracionales. Thompson, en cambio,
caracteriza los motines de subsistencia como una forma compleja de acción
popular, disciplinada y con claros objetivos. Por cierto que los mismos motines
eran "provocados" por precios que subían vertiginosamente, por prácticas
abusivas de los comerciantes o por hambre. Pero los agravios operaban dentro de
un consenso popular respecto de qué prácticas eran legítimas en la elaboración y
la comercialización del pan. Para Thompson, los hombres y mujeres que
constituían el "tropel" creían estar defendiendo derechos y costumbres
tradicionales; y, en general, estaban apoyados por el amplio consenso de la
comunidad. Este estaba basado en una idea tradicional de las normas y
obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos
sectores dentro de la comunidad que, tomadas en su conjunto, puede decirse que
constituían la "economía moral de los pobres". Un atropello a estos supuestos
morales, tanto como la privación en sí, constituían la ocasión para la protesta.
El método utilizado por Thompson para el análisis de los motines de subsistencia,
así lo define en un libro posterior [1995:296], consistió en reconstruir un modelo
paternalista de la comercialización de alimentos; contrastar esto con la nueva
economía política del mercado libre del grano, asociada, sobre todo, con «La
riqueza de las naciones» de Adam Smith; y demostrar cómo, en tiempos de
precios altos y escasez, la multitud podía recurrir a la acción directa para imponer
el control protector del mercado y la regulación de los precios, reivindicando una
legitimidad "derivada" del modelo paternalista. La economía moral se revela como
tal ante la amenaza ocasionada por los imperativos mercantilistas. En tal sentido,
nace como resistencia a la economía del libre mercado [1995:383].
En vistas de explicar las formas de movilización social, me interesa tomar de
Thompson que el amotinamiento no tiene por qué ser la forma obvia o única de
acción colectiva frente a la situación dada: pueden darse otras respuestas como
las peticiones en masa a las autoridades, los días de ayuno, sacrificios y plegarias,
visita a la casa de los ricos o la migración de poblados enteros. No hay una única
respuesta "animal" al hambre. Tampoco el motín es necesariamente la respuesta
más racional. Si así fuese, las modalidades de acción colectiva se explicaría
siguiendo un cálculo de eficiencia. Dice Thompson: «El "motín" no es una
respuesta "natural" u "obvia" al hambre sino una compleja pauta de
comportamiento colectivo, una alternativa colectiva a las estrategias de
supervivencia individualistas y familiares. Desde luego, los amotinados a causa del
hambre estaban hambrientos, pero el hambre no dicta que deban amotinarse ni
determina las formas del motín» [1995:302].
El concepto de economía moral me interesa porque, vía el concepto de
legitimidad, establece una mediación entre el sistema de relaciones económicas y
las formas de reclamar; porque conduce de la estructura a la acción. Porque
permite pensar cómo un modelo económico puede encarnarse en las prácticas de
los actores. Y no sólo en el sentido en que las normas que el mismo implica son
constitutivas de las prácticas sino, asimismo, en cómo las concepciones
valorativas de los actores y sus repertorios estratégicos se configuran al mismo
tiempo que el modelo.
El trabajo de Thompson es sumamente sugerente para pensar la evolución de las
formas de protesta laboral en Argentina. Porque podemos hablar de la crisis de un
modelo de estado -el asistencialista- y de un modelo de acumulación -el
mercadointernista- en Argentina y de la emergencia de un nuevo patrón de
acumulación -aperturista, de libre mercado, estoy tentada de ver los reclamos
laborales anclados en este proceso de transición estructural, que entra en conflicto
con los supuestos morales -en términos de Thompson- que sustentaban las
relaciones económicas y estructuraban las relaciones políticas en el sistema
anterior6/.
La noción de estructura de oportunidades políticas presenta utilidad cuando se
pretende realizar un análisis sistemático del contexto político en el que emergen
las protestas o, más genéricamente, las movilizaciones sociales. Según Tarrow
(1994), quien ha elaborado sostenidamente este concepto en sus trabajos, las
movilizaciones sociales tienen lugar cuando las condiciones políticas disminuyen
el costo de la acción colectiva.
Esto es, cuando están dadas las oportunidades para hacerlo. El concepto funciona
con la premisa principal de la teoría de la movilización de recursos: intereses
conflictivos y razones para reclamar hay siempre, varían los recursos con los que
los actores cuentan en cada momento para lanzarse a la acción colectiva como un
medio para conseguir mejorar su situación dentro de una determinada distribución
de poder. La "estructura de oportunidades políticas" cuenta como dato en los
cálculos estratégicos de los actores.
Según Tarrow, las oportunidades resultan (claro que no exclusivamente) de las
propiedades del sistema político, el cual tiene que considerarse tanto en su
aspecto estructural como en su aspecto dinámico. El primero remite a las
características del diseño o arreglo institucional; el segundo, a las posiciones y
estrategias efectivas que los actores adoptan en su marco. Tarrow utiliza el
concepto de "estructura de oportunidades políticas" para abarcar ambos aspectos
de lo que aquí llamaremos sistema político. Las oportunidades de movilización
resulta, según este autor, de la apertura o clausura del sistema político; del grado
de estabilidad de las alianzas políticas; de la presencia de potenciales aliados
influyentes; y de la cohesión o división de las élites dominantes [Tarrow, 1994]. El
primer elemento atañe a la estructura institucional de los sistemas políticos y los
demás refieren a la configuración del poder entre los actores relevantes para el
caso estudiado dentro de dicho sistema.
Está claro que este concepto necesita ser especificado en adecuación al
contenido y los objetivos de cada investigación en particular. En nuestro caso, es
preciso decidir cuáles son los aspectos tanto "institucionales" como "dinámicos"
del sistema político que podrían incidir en las protestas laborales.
Entre los aspectos "institucionales" del sistema político que son relevantes para el
análisis de protestas laborales, cuentan el régimen de gobierno y el sistema de
relaciones laborales. Llamo institucionales a aquellos aspectos del sistema político
que están formalmente reglados o que, aunque no tengan este carácter, su
recurrencia y su capacidad de sanción los haga equivalentes a los primeros. Entre
los aspectos "dinámicos", son relevantes para este estudio las siguientes
variables: 1) La posición del Partido Justicialista en el sistema político, la cual
condiciona sus expectativas y sus estrategias políticas y es relevante dado que
este partido ha sido históricamente el principal referente político del sindicalismo y
del reclamo laboral en general. 2) Los alineamientos políticos (o propiamente
sindicales) dentro del sindicalismo; 3) las estrategias tradicionales de las
autoridades y de los miembros relevantes del sistema político respecto de los
desafiadores en el campo laboral, las cuales definen la medida en que las
acciones colectivas desafiantes serán facilitadas o reprimidas y, en consecuencia,
las posibilidades de éxito que puedan tener las acciones de protesta. Dicho de otro
modo, la mezcla entre facilitación/represión y posibilidades de éxito depende, al
menos en parte, de los cálculos estratégicos de las autoridades. Esta mixtura
condiciona la serie de opciones estratégicas disponibles para la movilización de
los desafiadores, ofreciendo un nexo entre la "estructura de oportunidades
políticas" y la decisión de los desafiadores de movilizarse o no, la elección de
formas de movilización, la secuencia de los actos a organizar y los destinatarios
de los reclamos. O sea, las estrategias de las autoridades o los actores relevantes
en cada caso y las de los desafiadores son interdependientes. Ambas constituyen
el contexto de interacción en el que se lleva a cabo un desafío específico. La
postura de las autoridades frente a los desafiadores no sólo está condicionada por
la estructura institucional formal sino también por los procedimientos y estrategias
informales empleados de manera regular por las autoridades con respecto a los
desafiadores. Estas estrategias pueden ser excluyentes (represivas,
confrontadoras, polarizadoras) o integradoras (facilitadoras, cooperadoras,
asimiladoras, cooptativas). Estos procedimientos están anclados en tradiciones 7/.
En el análisis de la evolución del repertorio de protestas laborales entre 1983 y
1997, se utilizarán los tres conceptos expuestos. Para ello, debemos esperar
hasta el último punto de este trabajo. Antes, definiré el repertorio clásico, el cual
servirá de parámetro para detectar los cambios producidos, y presentaré las
formas de protesta laboral, a mi juicio, más relevantes del período 1983-1997.
2. Las "vértebras" del reclamo laboral en Argentina
Poniendo a jugar el concepto de repertorio de acción colectiva expuesto en el
punto anterior, creo interesante y adecuado afirmar la vigencia de un repertorio de
protesta laboral "clásico" en Argentina.
Con la denominación de "clásico" pretendo hacer referencia a un modelo histórico,
no interesándome aquí una explicación genética del fenómeno que se intenta
capturar en dicho modelo sino una exposición conceptualmente útil de los rasgos
constitutivos del reclamo laboral en Argentina. El relato histórico debe nutrir y dar
lugar a la definición del repertorio "clásico" de protesta, el cual funcionará como un
parámetro para la interpretación de las novedades y las permanencias en las
formas de protesta a partir de 1983.
El repertorio de protestas laborales en Argentina que llamamos "clásico" se asocia
a una particular formación histórica constituida por el peronismo como identidad
política de los "trabajadores" y por una matriz estadocéntrica de organización y
distribución del poder 8/. Bajo los primeros gobiernos de Perón, el reclamo obrero
se constituyó con una determinada forma política e ideológica y se plasmó en una
determinada forma institucional.
Tanto la expansión de los sectores laborales en Argentina como su incorporación a
la política se dieron en el marco de la "revolución social" llevada a cabo por el
peronismo a partir de 1945, a raíz de la cual, como lo escribe Halperín Donghi
(1994:26) "todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente
redefinidas". Después de 1945, las protestas laborales llevaron la impronta de una
identidad política de los trabajadores hegemonizada por el peronismo.
La forma institucional que adquirió la incorporación de los nuevos sectores
laborales en el estado peronista a partir de 1945 moldeó el desarrollo futuro del
sindicalismo y las modalidades del reclamo laboral. El decreto 23.852 de 1945
estableció las líneas generales del modelo sindical que recién será puesto en
jaque en la década del 90. El mismo puede ser resumido en los rasgos que señalo
a continuación.
La sindicalización está basada en el sector de actividad económica (lo que
comúnmente se llama la rama económica), esto es, no valen como unidades de
encuadramiento sindical el oficio o el establecimiento productivo. A su vez, en
cada sector de actividad, sólo un sindicato cuenta con el reconocimiento oficial, el
cual lo faculta para negociar con los empleadores de esa actividad. Los patrones
se hallan obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y las
disposiciones establecidas por medio de esa negociación se aplican a todos los
trabajadores de esa rama. El modelo argentino de organización sindical descansa
principalmente en una figura jurídica: la personería gremial, entendiéndose por la
misma la capacidad de un sindicato de representar los intereses de una rama de
actividad que es otorgada por el estado. El colectivo que representa el sindicato
con personería está integrado por todos los trabajadores asalariados
pertenecientes a la rama de actividad que sea jurisdicción del sindicato en
cuestión, es decir, forman parte del mismo tanto los trabajadores afiliados como
los que no lo están. La legislación faculta a cualquier grupo de trabajadores para
conformar una organización gremial. Pero, accederá solamente una a la
representación monopólica de los trabajadores de la rama de actividad. Además,
se crea una estructura sindical centralizada, la cual abarca las ramas locales y
asciende, por intermedio de federaciones nacionales, hasta una única central: la
Confederación General del Trabajo. Finalmente, por aquel mismo decreto queda
establecido el papel del estado en la supervisión y articulación de esta estructura
centralizada. Además de asignarle al Ministerio de Trabajo la potestad de otorgar
la representación monopólica a un único sindicato por rama, estipula el derecho
del estado a supervisar vastas áreas de actividad sindical. La estructura legal
asegura a los sindicatos muchas ventajas: entre ellas, derechos de negociación,
protección de los dirigentes sindicales frente a la adopción de represalias por parte
de sus empleadores, estructura sindical centralizada y unificada, y deducción
automática de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales. Pero, al mismo
tiempo, otorga al estado una alta intervención en la asignación de recursos y en
los acuerdos alcanzados por los sindicatos con los empleadores.
Este fue el formato institucional que canalizó la expansión sindical dentro de un
modelo de estado, la cual aseguraba el reconocimiento de la clase trabajadora
como fuerza social en la esfera de la producción, a la vez que integraba a sus
organizaciones al aparato del estado mediante las instituciones que analizamos.
La interpenetración entre identidad peronista y sindicalismo, por un lado, y el tipo
de vínculo entre el estado y los sindicatos creados por el peronismo en el
gobierno, por otro lado, brindaron al sindicalismo un notable grado de cohesión y
eficacia en las luchas laborales.
Aparte del tipo de institucionalización del reclamo laboral, es central reparar en la
forma ideológica que adoptó el mismo. Si en Argentina tiene sentido referirse a
los trabajadores o al movimiento obrero, incluso al pueblo trabajador, como sujetos
de acción, es porque ha existido un lenguaje que les ha conferido significado en
tanto tales. El peronismo fue decisivo en la aparición y formación de la clase
trabajadora argentina moderna. Su existencia y su fuerza identitaria se remonta a
los años formativos del peronismo. El apoyo que los trabajadores dieron a Perón
no se fundó exclusivamente en su experiencia de clase en las fábricas. Fue
también, y fundamentalmente, una adhesión de índole política. En el repertorio
"clásico" de lucha laboral tiene una importancia crucial la plaza pública como punto
de constitución de la clase trabajadora (Sigal & Torre 1969).
Como lo enfatiza James, "la clase trabajadora no llegó al peronismo ya
plenamente formada y se limitó a adoptar esa causa y su retórica como el más
conveniente de los vehículos disponibles para satisfacer sus necesidades
materiales. En un sentido importante, la clase trabajadora misma fue constituida
por Perón; su propia identificación como fuerza social y política dentro de la
sociedad nacional fue, al menos en parte, construida por el discurso político
peronista, que ofreció a los trabajadores soluciones viables para sus problemas y
una visión creíble de la sociedad argentina y el papel que les correspondía en ella"
(1988:55-56).
De esta enfatización no deberá deducirse la imagen de la pasividad y la
manipulación de una masa en disponibilidad por parte de Perón. También James
se encarga de señalar la capacidad del discurso peronista para absorber,
resignificar y articular contenidos presentes en la cultura popular previa al
peronismo (James 1988:47-5). El atractivo político fundamental del peronismo fue
su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía existente en el lenguaje
político de la época extendiendo su incumbencia desde el campo de los derechos
civiles y políticos hacia el campo de lo social. El llamado político que el peronismo
dirige a los trabajadores se funda en el reconocimiento de la clase trabajadora
como fuerza social. Esta, configurada casi en el terreno de las esencias, solicitaba
a través de Perón protagonismo en la vida política; solicitaba representación
política en tanto fuerza social excluida de los ámbitos políticos. Esta
representación no se consumaría mediante el ejercicio de los derechos formales
de ciudadanía y la mediación de los partidos políticos. La clase trabajadora, como
fuerza social, tendría que tener acceso directo y privilegiado al estado por medio
de sus propias organizaciones: los sindicatos. Entonces, si bien el discurso
peronista constituyó a la clase trabajadora como sujeto social, lo hizo en un
discurso que la hizo preexistente al peronismo mismo. Perón se postuló en la
campaña electoral de 1945-46 como su "vocero", avisando que su éxito sería
posible en la medida en que ellos se unieran y organizaran. Afirmaba a los
trabajadores como presencia social desarrollando un lenguaje de protesta frente a
la exclusión política fundado centralmente en el reclamo de "justicia social" 9/.
Veamos en qué consiste el repertorio clásico de protesta laboral. El modo de
expresión del reclamo laboral claramente predominante ha sido la huelga en sus
diversas variantes. Esta no es, por cierto, una especificidad argentina porque es el
medio universalmente propio de reclamo laboral en la modernidad. En
consonancia con la estructura centralizada del sindicalismo, la actividad
huelguística en Argentina ha tendido a estar centralizada. Salvo en períodos de
fuerte represión, como el de la Resistencia o la Dictadura. La movilización,
marchas y concentraciones en la vía pública, ha sido el otro medio de expresión
de los reclamos vinculados a los problemas del trabajo. Estas también han
reflejado, en líneas históricas generales, la centralización de la estructura sindical
y la prevalencia de los sindicatos como actores "naturales" de las luchas laborales.
Las movilizaciones callejeras son un elemento propio de la tradición peronista. La
gran movilización popular del 17 de octubre de 1945 es su sello fundacional. Si
bien el carácter de la misma excede con creces el de protesta laboral invitándonos
a pensar en términos de un movimiento social, no podríamos comprender las
formas de la protesta laboral en Argentina sin tal antecedente fundante. Decíamos
que tanto la fábrica como la plaza han sido los ámbitos constitutivos de las luchas
laborales. La fábrica remite a la unidad organizativa del campo de la producción,
designando el lugar de referencia de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero
el peronismo ha investido, de entrada, las luchas laborales de un carácter
principalmente político.
Desde la institucionalización del reclamo laboral a partir del estado peronista, las
organizaciones sindicales se asignan el monopolio de la representación de los
trabajadores en el campo de las luchas por sus intereses, constituyendo, por tanto,
el actor principal de la protesta laboral. De acuerdo con la forma institucional que
ha canalizado el reclamo obrero, los sindicatos han actuado como correas de
transmisión entre el estado y los trabajadores. En consecuencia, las protestas
laborales han tenido alto grado de institucionalización.
Ahora bien, no alcanza con detectar a los sindicatos al comando de las
reivindicaciones laborales para analizar el sujeto de la protesta laboral. Es
necesario mirar el sentido de la acción sindical en el marco del discurso peronista
y revelar su politización inherente. Los sindicatos se antodesignan como partes
del movimiento obrero, el cual constituye la "columna vertebral" del movimiento
peronista. O sea que el peronismo como proyecto político es constitutivo del sujeto
de la protesta laboral. Reforzando el rasgo fundacional que se analizó
anteriormente, en los años 60, el movimiento obrero se fortaleció a medida que fue
asumiendo una doble tarea: la lucha reivindicativa sindical y el único canal de
expresión política del peronismo, proscripto y sin haber podido reconstruir su
organización partidaria desde el derrocamiento de Perón en 1955. Es decir que, a
la lucha por el mantenimiento y mejora del nivel de vida de los sectores salariales
y la constante búsqueda del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, se
agregaba la lucha por el reconocimiento del peronismo como movimiento político.
En este último sentido, el rol del sindicalismo en el peronismo fue identificado
como el de "columna vertebral". A partir del golpe militar que derrocó al segundo
gobierno de Perón en 1955, la exclusión del peronismo del campo político legal
introdujo una profunda dislocación en la actividad política, lo cual condujo a la
configuración de un "sistema político dual" entre 1955 y 1966 (Cavarozzi 1988). El
sector popular y el "frente antiperonista" no compartían el mismo escenario
político. El primero, principalmente representado por el peronismo, se quedó sin
representación en el aparato institucional del estado. En este marco, el
sindicalismo peronista se convirtió progresivamente en la expresión organizada
más influyente de este sector. Hasta 1966, la política del peronismo y de las
organizaciones sindicales (como centralizadoras de la capacidad de sanción del
sector popular excluido) fue la desestabilización desde afuera de todos los
gobiernos militares o civiles instaurados. El sindicalismo desarrolló una imponente
capacidad defensiva anclada en la lucha económica y en la fuerza simbólica de la
lucha por el regreso de Perón y su retorno al poder.
La acción de los sindicatos en Argentina ha estado tradicionalmente orientada por
dos ejes principales: la demanda económica (mejoras salariales y de condiciones
de trabajo) y la búsqueda de ventajas corporativas (O’Donnell 1976, James 1988).
Ambas orientaciones forman parte del estilo sindical forjado en la década del 60.
El mismo fue caracterizado por James como "pragmatismo institucional" y se
encuentra sintetizado en el lenguaje político ordinario bajo la expresión
"vandorismo". Este estilo puede ser definido por los siguientes elementos básicos:
1) la supervivencia de las organizaciones como objetivo central de la actividad
gremial; 2) la ruptura de la ligazón entre las políticas de corto y largo plazo, siendo
la perspectiva de corto plazo la determinante en el diseño de las estrategias de
acción. Se trata de aprovechar las oportunidades puntuales que el sistema
otorgue, de manera que los fines, objetivos o principios que motorizan la acción
gremial aparecen filtrados por el cálculo de lo viable. Los mismos se legitiman en
base a este tipo de cálculo. El estilo de liderazgo sindical conformado en esta
época se caracteriza por controlar el activismo de base y concentrar las
decisiones.
Sin dejar de ser el estilo prevaleciente, el pragmatismo institucional como lógica
predominante de la acción gremial en Argentina ha entrado en espirales de crisis
desde 1966, lo cual se percibe patéticamente en la experiencia del peronismo en
el gobierno en el período 1973-1976 (ver Torre 1989).
Los reclamos economicistas y la búsqueda de ventajas corporativas se expresaron
siempre revestidos por la retórica política peronista. Las luchas por ventajas
económicas se sostienen en el discurso peronista acerca de los derechos de la
clase trabajadora. Y el reclamo de ventajas corporativas encuentra su justificación
en papel orgánico de las organizaciones sindicales en la sociedad y el estado
asignado por el discurso peronista.
La apelación a la organicidad es un tópico del lenguaje peronista de protesta. El
reclamo obrero debe ser tramitado por los canales orgánicos "naturales" que
provee el movimiento peronista. Para eso están los sindicatos y también el estado.
Las formas del reclamo tienen que ser orgánicas, digamos institucionales. Ningún
interés ni ningún grupo o persona puede arrogarse representación por fuera de las
organizaciones peronistas.
Resumiendo, la alta institucionalización y politización son los dos rasgos que
constituyen juntos e indiscerniblemente los conflictos laborales en Argentina 10/.
Con el trasfondo del repertorio clásico, expondremos en los próximos puntos las
principales formas de protesta laboral del período 1983-1997: las protesta
sindicales, los "estallidos sociales" y los cortes de ruta.
3. El sindicalismo populista frente al neoliberalismo
Expondré en este punto las líneas generales de la situación y el accionar del
sindicalismo entre 1983 y 1997, lo que contribuirá a la mejor apreciación de la
evolución de las formas de protesta sindical en el período que se analizarán en los
puntos 3.1 y 3.2.
Hacia el final del régimen militar instaurado en 1976, se produce una situación
de agitación bautizada como "resurrección de la sociedad civil". O’Donnell y
Schmitter (1991) dan este nombre al momento de movilización generalizada que
acontece en la sociedad al ritmo de la liberalización política del régimen autoritario,
es decir, cuando las autoridades comienzan a otorgar garantías individuales y a
negociar con ciertos sectores opositores.
Como bien señalan estos autores, tal renacimiento debe comprenderse sobre el
telón de fondo del éxito conseguido por el régimen militar en despolitizar y
atomizar la sociedad, durante el cual los individuos se refugiaron en sus ámbitos
privados. Por esto, el resurgimiento de identidades colectivas fue de carácter casi
explosivo y surgieron demandas que no habían contado con canales públicos de
expresión. En este contexto, los reclamos laborales resurgieron amplificadamente
a través de huelgas, manifestaciones callejeras y activismo de base, presionando
sobre las fronteras del espacio público abierto por el régimen. La reorganización
del sindicalismo peronista se dio en este marco de alta movilización social, el cual
acompañó la instauración del gobierno democrático y, en gran medida, caracterizó
globalmente el período de gobierno alfonsinista.
En 1983, el peronismo perdió en las urnas frente al radicalismo. Esta fue la
primera novedad que presentó la nueva democracia: el peronismo podía no lograr
la mayoría del electorado y asumir el rol de oposición política en el marco del
nuevo sistema institucional.
Para recomponerse de la derrota electoral, el peronismo, en la oposición política,
comenzó a fortalecerse desde su núcleo más duro, al menos por ser el que ofrecía
mayor capacidad organizativa: el sindicalismo. Apelando al lenguaje reivindicativo
de siempre y a los recursos de siempre, el sindicalismo puso en práctica su
ejercitado repertorio de protesta: huelgas generales o sectoriales para reclamar,
principalmente, mejoras salariales y actualizar la identidad peronista de los
trabajadores. La liturgia peronista sumada a las destrezas de las organizaciones
sindicales para perseguir sus objetivos recubrieron las numerosas medidas de
fuerza que tuvo que afrontar la novata democracia.
El sindicalismo había desempeñado un rol relevante en la apertura política hacia el
final del régimen militar, no sólo en tanto sindicatos -vía huelgas y movilizaciones-
sino también como artífices de la reconstitución del PJ para las elecciones de
1983. La conducción de este partido, dada la residencia en España de su titular
(Isabel Perón), había quedado en manos del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel,
lo cual permitió a los dirigentes sindicales ocupar generosos puestos en las listas
de candidatos del PJ para las elecciones generales de 1983.
Debido al protagonismo de los sindicalistas en los preparativos electorales, la
derrota del PJ se convirtió en una derrota de los sindicatos, los cuales habían sido
el blanco de los ataques al peronismo por parte del candidato a presidente de la
UCR.
Sin embargo, ya en 1984 el sindicalismo peronista había recobrado su espacio a
través de dos fenómenos concomitantes. Por un lado, el fracaso gubernamental
en la sanción de la Ley de Reordenamiento Sindical. El radicalismo se había
propuesto cambiar desde el gobierno los patrones de acción del sindicalismo
lanzando un programa de democratización de los mecanismos de selección de los
cuadros dirigentes instituidos en los estatutos gremiales. Pocos días después de
asumir, el gobierno envía al Congreso dicho proyecto de ley. El mismo consistía en
la convocatoria a elecciones gremiales con un régimen electoral especialmente
diseñado para la ocasión, estableciendo, entre otras cosas, la participación de las
minorías en las conducciones sindicales, la suspensión ocasional de las cláusulas
sobre antigüedad y avales requeridos para ser candidato a los cargos dirigenciales
contemplados por los estatutos electorales de los gremios y la administración de
los sindicatos por parte de representantes del ministerio de Trabajo hasta la
substanciación de las elecciones.
Habiendo sido aprobado con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados,
fue rechazado por la Cámara de Senadores, donde la UCR no contaba con
mayoría propia. El rechazo fue mayoritario a nivel de la dirigencia sindical y la
necesidad de articular la resistencia al proyecto de ley mencionado operó como un
imperativo de unificación de la estructura gremial. El sindicalismo cerró sus filas
alrededor de dos posturas básicas: la defensa de la unidad del movimiento obrero
y la no injerencia estatal en los asuntos gremiales, reclamando la restauración de
la situación institucional previa al golpe militar de 1976. Por otro lado, las
dificultades del PJ para recomponerse internamente luego de la derrota y las
sucesivas fracturas que se producían en su seno colocaron a los sindicatos en un
rol político-partidario. La gran cantidad de conflictos liderados por los sindicatos y
orientados contra la política oficial los involucraron en un rol opositor que un PJ
dividido y en proceso de recomposición interna no lograba cumplir.
Estas fueron las condiciones para el fortalecimiento de la corriente "ubaldinista"
dentro del sindicalismo peronista. La recuperación del PJ como alternativa
electoral a partir de 1987 significó el debilitamiento de este sector, por lo cual se
puede conjeturar que la hegemonía del ubaldinismo en el sindicalismo peronista
era tributaria de su rol político de oposición a la política, principalmente
económica, del gobierno de Alfonsín. Le sucedió el predominio del "Grupo de los
Quince" 11/, cuya formación fue el resultado de la convergencia entre los intereses
del radicalismo en disminuir las chances electorales de la Renovación y de
sectores sindicales que habían perdido peso en el PJ y en la estructura sindical
vis a vis los sectores renovadores, instalados tanto en el partido como en la
estructura sindical.
La estrategia ubaldinista de confrontación con el gobierno tuvo auge mientras el
PJ era presa de sus conflictos internos luego de 1983. Los sindicatos liderados por
los "renovadores" moldearon sus estrategias al calor de la lucha político-partidaria.
Los sectores más "ortodoxos" no se subordinaron a las estrategias de un PJ
dirigido por la Renovación pero, en su lugar, encontraron un canal indicado en el
sistema político para aliarse con el gobierno y para penetrar nada menos que en
su gabinete ministerial (cuando Carlos Alderete fue ministro de Trabajo).
Sólo a fines de 1988, cuando el PJ encaró el tramo final de la campaña que
llevaría a Carlos Menem a la presidencia en las elecciones de mayo de 1989,
todos los sectores del sindicalismo peronista se subordinaron, unos con más
resistencia que otros, a la estrategia partidaria. Lo señalado resumidamente en
este párrafo marca la gravitación de la dinámica del sistema político en la vida
sindical e indica la importancia del análisis de las oportunidades políticas para la
comprensión de las estrategias y las formas de protesta implementadas por el
sindicalismo.
La acción sindical durante el período 1983-1989 tuvo tres orientaciones básicas: 1)
corporativa: la legalización y la recomposición institucional, 2) económica: la
demanda al estado de incrementos salariales y del mantenimiento de las fuentes
de empleo, 3) política: el reflotamiento del Partido Justicialista y el liderazgo de la
oposición al gobierno radical.
Podemos decir que la demanda de mejoras salariales fue la orientación
preponderante de la actividad sindical entre 1983 y 1989. En términos generales,
la estrategia de presión del sindicalismo hacia el gobierno por aumento de salarios
subordinaba, o daba sentido, al resto de los reclamos. La dirigencia sindical buscó
reconstruir su representatividad -y su prestigio- colocándose a la vanguardia de la
lucha económica. Para esto, el sindicalismo se aferró a su estilo tradicional de
acción: confrontar y negociar para obtener más. Las demandas centrales fueron:
mayores salarios y más empleo. El "ubaldinismo", como dije antes, fue la nota
característica del sindicalismo durante el gobierno radical. Ubaldini perfila su
liderazgo a partir de la apertura de un frente de oposición al gobierno, para lo cual
contaba con el vacío dejado por un desestructurado PJ. Las huelgas generales
fueron su principal herramienta para, por un lado, lograr la centralización del
descontento social -sumando sectores extrasindicales- y, por otro, la unificación de
los diversos estratos del aparato sindical y del PJ. La estrategia de reclamo
salarial durante el gobierno radical arrojó magros resultados para los trabajadores,
dado que los aumentos se mantuvieron por debajo de la tasa de inflación (Godio,
1991). Sin embargo, esta estrategia tenía una orientación doble; apuntaba también
a la construcción de un frente político opositor al gobierno, terreno en el cual los
reclamos economicistas obtuvieron más éxito. Lo que ganaba en el ámbito
político, lo perdía en el orden económico-social; en capacidad de control del
mercado de trabajo, de la evolución de los salarios y de las condiciones de
empleo.
La constitución del sector sindical en el eje de la oposición al gobierno fue la otra
orientación típica de la acción sindical durante el gobierno radical. La orientación
política estuvo articulada a las reivindicaciones economicistas y tuvo que ver, al
menos en los primeros tiempos, con la crisis de PJ. Las luchas entre los sectores
sindical y político del "movimiento justicialista" fueron, hasta los tiempos de
Menem, parte indiscernible de esta tradición política. Una mirada global al período
1983-1989 devuelve una visión de la interpenetración entre las estructuras del
sindicalismo y del partido justicialistas. En este sentido, las estrategias de acción
sindical estuvieron dirigidas a mejorar el posicionamiento de los distintos
alineamientos gremiales en la estructura partidaria peronista. En general, los ejes
de diferenciación de los alineamientos gremiales estuvieron determinados por los
antagonismos generados en la lucha partidaria. Un ejemplo paradigmático fue la
división entre cafieristas y menemistas hacia 1988. En términos generales, el
sindicalismo obtuvo éxito relativo en la articulación de una oposición al gobierno
mientras se hacía cargo del pulverizado PJ. Relativo, porque a pesar de haber
logrado ser una expresión importante del descontento popular con la política
económica oficial, esto no se tradujo en la construcción de un frente político
opositor liderado por el sindicalismo y apoyado por distintas corporaciones o
partidos. El peronismo no logra una buena actuación en las elecciones de 1985. El
factor dinamizador de la recuperación del PJ como alternativa electoral fue el
fortalecimiento de la Renovación Peronista, corriente anclada principalmente en el
partido y liderada por sectores "políticos". No obstante, no hay que desconocer el
rol del sindicalismo renovador en las luchas internas del PJ que inclinaron la
correlación de fuerzas hacia la Renovación. Por último, hacia 1989, el
"ubaldinismo" que había sido el referente de aquella estrategia termina el período
en la trastienda, opacado por la estrategia electoral de Menem.
Los cambios en el sindicalismo argentino en lo que ha transcurrido de la década
del 90 han sido interpretados como un "cambio de época" (Palomino 1995).
Interesan principalmente para este trabajo las dos mutaciones siguientes: 1) la
ruptura del sistema nacional de relaciones laborales, 2) la pérdida de presencia de
los sindicatos en el sistema político. El primero afectó el rol tradicional del
sindicalismo como interlocutor del gobierno y los empresarios. En cuanto al
segundo cambio, la consolidación del sistema de partidos y el cambio de perfil
programático del PJ fueron despojando al sindicalismo de su carácter de "columna
vertebral" del peronismo, esto es, de su rol político-partidario. Ambos implican
transformaciones profundas en el modelo sindical vigente desde 1945.
El sistema de relaciones laborales desarrollado en Argentina se constituyó y
consolidó entre 1950 y 1975. Entre sus principales rasgos cuentan los siguientes:
1) alto grado de intervención y regulación estatal; 2) fuerte centralización de la
negociación colectiva por rama de actividad; 3) predominio de determinadas
categorías profesionales: obreros y empleados urbanos, industriales y privados; 4)
salarios acordados en función de la preservación del poder adquisitivo, regulados
por la aplicación diferida de índices oficiales de aumento de precios, e índices
globales de crecimiento del PBI para el cálculo de la productividad; 5) organización
del trabajo en la industria de tipo "taylorista fordista", el cual se caracteriza por
difundir métodos de disciplinamiento y control sobre la fuerza de trabajo y acordar
con las patronales ritmos de trabajo y niveles de producción (Novick & Catalano
1992) 12/.
El eje de este sistema de relaciones laborales es la negociación colectiva
centralizada. Las dificultades de funcionamiento de este modelo se reflejaron en la
discontinuidad recurrente de la negociación a lo largo de décadas, sea por la
suspención de la misma durante los gobiernos militares o porque los gobierno
civiles esgrimieron imperativos de orden económico para acotarla. A partir del
golpe militar de 1976, se suspendió la vigencia de la negociación colectiva no
solamente como un instrumento para restringir la actividad sindical sino, también,
como una manera de favorecer la instauración de un mercado laboral "libre",
coherente con el pensamiento económico de corte liberal. Entre 1984 y 1987, el
gobierno radical mantuvo en suspenso la negociación colectiva alegando su
incompatibilidad con los objetivos de la estabilización de la economía. Sólo a partir
de 1988, y de manera limitada, se restableció la vigencia del sistema nacional de
negociación colectiva, pero en un contexto en el cual las tendencias de la
economía y la fuerza de los empresarios fueron imponiendo progresivamente la
negociación por empresa. De esta manera, se fue generando una escisión entre
las dinámicas de los distintos niveles de representación sindical y entre lo formal y
lo que ocurría en realidad 13/. Si bien se mantiene la vigencia de las leyes que
garantizan el lugar de las direcciones nacionales de los sindicatos, la negociación
se fue transfiriendo a subsistemas locales de relaciones del trabajo que regulan la
cooperación y el conflicto en el plano de las empresas 14/.
La brecha entre lo formalmente establecido y lo que realmente ocurría se fue
agrandando más y más hasta que la voluntad de realizar un vasto programa de
reformas laborales por parte del gobierno peronista se presentó con tal claridad y
firmeza que puso radicalmente en cuestión la forma institucional que llamamos
clásica de gestión del reclamo laboral. Las reformas económicas llevadas adelante
por Menem han producido un quiebre del modelo de relaciones laborales definido
anteriormente. La desregulación de la economía, las privatizaciones, la apertura y
la flexibilización laboral han afectado vitalmente aquel modelo, perfilándose un
nuevo sistema, el cual, también según Novick & Catalano (1992), implica: 1) un
cambio en los marcos legislativos con la incorporación de nuevas formas de
contratación, de la obligación de negociar mejoras salariales por productividad y
de la descentralización de los convenios colectivos; 2) una segmentación sectorial
amplia en materia de salarios y beneficios sociales; 3) orientaciones estratégicas
heterogéneas tanto en el campo empresarial como en el campo sindical. Se ha
llamado "flexibilización laboral" al proceso de reforma laboral emprendido, y n
no concluido, por Menem 15/.
El sindicalismo se halla entonces inmerso en profundos cambios en el modelo
sindical originario, los cuales debilitan su poder y comprometen sus estrategias
tradicionales. Pero, además de los perjuicios ocasionados por las reformas
económicas y laborales, el sindicalismo ha experimentado cambios que obedecen
a los efectos asociados a la transformación de su rol en el sistema político. El
peronismo en el gobierno siempre complicó las estrategias del sindicalismo
peronista, sólo que, en el caso del gobierno peronista actual, se suma una
complicación mayor a la presentada por el hecho de ser oficialista: curiosamente,
su programa de gobierno no es populista sino neoliberal. Durante el gobierno
radical, el PJ mantuvo su adhesión a políticas nacionalistas, estatistas, pro-
obreras y redistributivas. En consonancia, la dirigencia peronista entre 1983 y
1989 criticó sin tregua las políticas económicas del gobierno que insinuaron un
giro desregulacionista. Tuvieron la posición más dura en las negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional, se opusieron a las privatizaciones y apoyaron los
reclamos sindicales. Como ya se señaló más arriba, la influencia de sindicalismo
dentro del partido era importante. El giro programático del PJ exigió el replanteo
del papel del sindicalismo dentro del partido. Menem y sus colaboradores
redujeron la influencia del "movimiento obrero" en el partido 16/.
Frente al desafío neoliberal, el sindicalismo sufrió importantes divisiones. Desde
1992 hay dos centrales sindicales. Y, si bien la multiplicidad de centrales no
constituye una novedad en la vida sindical argentina, quizá nunca la división haya
ido tan lejos como esta vez, ya que una central ha renegado de su alineamiento
con el peronismo. Desde 1990, la CGT permaneció dividida y el gobierno le otorgó
reconocimiento oficial a la central oficialista hasta la unificación de ambas
fracciones en 1992, la cual se produjo frente a la amenaza gubernamental de
desregular el sistema de obras sociales. En este mismo año surge una central
alternativa: el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Afilia a dos grandes
sindicatos de docentes y estatales y a algunas seccionales de otros sindicatos
cuyas conducciones mantienen su adhesión a la CGT y propone una forma de
organización diferente a la de la CGT. La afiliación no está restringida a los
empleados; pueden afiliarse los desempleados y se permite la doble afiliación. De
esta manera, se pretende hacer frente al desgaste que significa el crecimiento del
desempleo y el empleo precario para la acción sindical. Esta forma organizacional
se asemeja más a la de una organización social que a la de una central sindical
(Murillo 1996). Sus dirigentes están vinculados a la oposición política. Cobra
protagonismo también un alineamiento sindical que, siendo disidente de la
conducción, mantiene su afiliación a la CGT: el Movimiento de los Trabajadores
Argentinos (MTA). Agrupa a los gremios de choferes de colectivos de corta, media
y larga distancia, empleados de los subtes porteños, camioneros, aeronavegantes
y marítimos.
Tenemos a partir de 1989 un sindicalismo mayoritariamente oficialista y
negociador inmerso en un proceso de reforma económica que socava sus bases
de sustento, que profundiza la posición de debilidad estructural (fruto de la crisis
del modelo de industrialización orientada al mercado interno) que ha tenido que
gestionar desde hace décadas. Cabalgando en esta paradoja de identificación
política con el peronismo y tradición reivindicativa, el sindicalismo ha enfrentado
con su repertorio tradicional de protesta la destrucción del modelo socioeconómico
que lo engendró. Esto último no niega el desarrollo de estrategias innovadoras a
nivel de la dirigencia sindical porque sólo nos referimos a formas de protesta. El
sindicalismo hegemonizado por la CGT ha negociado con el gobierno su
participación en la implementación de las reformas económicas a fin de garantizar
la supervivencia de sus organizaciones (ver Murillo 1996). Los cambios
económicos y políticos del período han afectado enormemente el poder de los
sindicatos y éstos se han ido desdibujando como referentes del reclamo laboral.
Para resumir los malos tragos a los que fue convidado el sindicalismo a partir de
1989, se pueden nombrar: la regulación de las huelgas del sector público, la
prohibición de los aumentos salariales no asociados a incrementos en la
productividad, la descentralización de las negociaciones colectivas, la privatización
de las empresas estatales y la flexibilización de los contratos de trabajo. Más allá
de los costos reales de estas medidas, es destacable el costo simbólico que la
conversión programática del PJ ha tenido para el sindicalismo peronista.
3.1. Las protestas sectoriales
Pasemos ahora a analizar estadísticas disponibles sobre protestas sindicales
período que nos permitan percibir tendencias de cambio.
Antes de comenzar, es necesaria una digresión sobre la unidad de análisis
utilizada por las fuentes tomadas.
En su base de datos, Ricardo Spaltemberg cubre los "conflictos laborales" entre
1984 y 1994 17/. Bajo esta denominación, registró toda modalidad de actividad
huelguística en donde la acción consiste en la interrupción del transcurrir habitual
del proceso de trabajo. La unidad temporal de la serie es el mes, lo cual significa
que los conflictos que continúan más allá del mes de su inicio se vuelven a
registrar en el mes siguiente, haciendo incorrecta la suma de los conflictos por
mes. En consecuencia, no sería estrictamente correcto referirse con esta fuente al
total de los conflictos producidos en el período. La serie que cubre entre enero de
1984 y junio de 1989 (gobierno de Alfonsín) fue tomada por Spaltemberg de la
base de datos construida por McGuire, a la cual me referiré a continuación. El
período restante fue cubierto con un relevamiento realizado por el propio
Spaltemberg basado en las crónicas de los principales diarios nacionales. Como
fundamentalmente se trata de un registro de huelgas, presupongo que se trata de
protestas sindicales, es decir, de aquellas en las cuales los sindicatos
desempeñan un papel central en la coordinación de la protesta. Conversaciones
con Spaltemberg habilitan esta presunción.
Mc Guire 18/ construye su serie temporal desde 1984 a 1993 en base a los
registros del Consejo Técnico de Inversiones. La unidad de análisis es claramente
la huelga -en sus variantes, claro- y las ocupaciones de lugar de trabajo. No
incluye, como lo hace Spaltemberg, el trabajo a reglamento y el quite de
colaboración. Esta diferencia no es tan relevante debido a la baja incidencia de
estas medidas en el total de la serie de Spaltemberg: 10.5% 19/. Es importante para
la comparabilidad que ambas fuentes consideren el mes como unidad temporal de
registro de las huelgas.
También he consultado los datos sobre conflictividad producidos por el CISI 20/. En
lo que respecta a la elaboración de este trabajo, serían estos los datos más
adecuados. En primer lugar, porque toma como unidad de relevamiento cada
medida de fuerza independientemente de la duración de la misma (es decir, sin
cerrar el registro cada mes como lo hacen Spaltemberg y McGuirre). En segundo
lugar, registra todo tipo de medida de fuerza, no solamente las huelgas y
ocupaciones de lugar de trabajo. Esto último permite contar con la información
sobre movilizaciones, cortes de ruta, ollas populares y otras actividades que no
suponen necesariamente la realización de una interrupción de la jornada de
trabajo. O sea, el relevamiento que realiza el CISI sería para mis propósitos ideal
en caso de que cubriera el período 1984-1997. Pero no es así, su registro arranca
en 1991. Su actualización es la otra ventaja que tendría esta fuente, dado que
llega hasta el primer semestre de 1997 y continúa en elaboración. A pesar de las
dificultades evidentes (distinta unidad de registro) de comparabilidad respecto de
las dos anteriores que presenta esta fuente, la tendré en cuenta para definir las
tendencias de los últimos años.
El dato que más impacta del período de análisis en todas las fuentes consultadas
es la disminución de la cantidad de protestas laborales. La serie temporal más
larga disponible es la construida por Ricardo Spaltemberg, que abarca desde 1983
hasta 1994. De acuerdo a la misma, a partir de 1991, la actividad huelgística
disminuye considerablemente en comparación con la registrada desde 1984. El
descenso coincide con la implementación del Plan de Convertibilidad. Los valores
más altos del período 1984-1994 corresponden a 1990. A partir de este año, los
conflictos disminuyen a la mitad y a veces aún más. De acuerdo a los datos de
McGuire, bajo Alfonsín, el promedio de huelgas por bimestre fue 115 y, bajo el
primer gobierno de Menem, el promedio cayó a 48 huelgas 21/. A pesar de coincidir
con las fuentes citadas en la tendencia sostenida a la caída de la conflictividad
laboral tomando en cuenta todo el período, los datos del CISI muestran una
tendencia al aumento de las protestas a partir 1993 (ver cuadro 1). Este
desacuerdo quizás pueda explicarse por la no coincidencia de la unidad de
registro. A partir de 1993 crecen las "protestas" y las "nuevas formas de protesta".
El CISI registra bajo la categoría de "protestas" las medidas de fuerza orientadas
principalmente a ganar consenso en la opinión blica que no corresponden a
"declaraciones de alerta", "movilizaciones", "paros", ni "ocupaciones de
establecimiento". Es el caso de los cortes de ruta, las ollas populares, las huelgas
de hambre, etc. Bajo el rótulo de "nuevas formas", consigna las protestas que no
tienen antecedente hasta el año anterior a ser registradas, lo cual puede indicar
que el desacuerdo se deba al aumento de los tipos de protesta no tradicionales.
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Paros
Movilizaciones
Alertas
Ocupaciones
Protestas
Nuevas
Formas
274
159
142
55
47
6
285
173
135
25
69
10
376
224
102
25
122
34
434
287
121
53
126
18
510
438
108
103
162
49
186
231
63
57
77
35
683 697 883 1039 1370 649
Cuadro nº 1: Evolución de formas de protesta. Fuente: CISI
La tendencia general que muestra la serie total 1984-94 (Spaltemberg 1996) es el
desplazamiento relativo del conflicto laboral desde el área industrial hacia el
sector público. Entre 1984 y 1987 (ambos incluidos), la mayor cantidad de
conflictos acontece en el sector industrial. La tendencia sólo se contradice apenas
en 1986.
Es claro cómo a partir de 1988, hasta 1990, esto se invierte en favor de la
administración pública. Entre 1991 y 1993 gana el primer lugar el sector
educación. En 1994, la administración pública recupera aún con más fuerza el
primer puesto. En los dos primeros años del período, más del 35% de los
conflictos se registraron en el sector industrial y primario. El promedio general del
período para este sector alcanza el 24,3%, mientras el promedio de los años
1990-94 es 19,3%.
Los conflictos en el ámbito estatal pasan, en constante ascenso, de representar el
44% en el año 1984 a concentrar el 74,7% en 1994 (Spaltemberg 1996).
Tendencia confirmada por McGuire.
Se nota un claro predominio de los reclamos de aumentos salariales en todo el
período (Spaltemberg 1996). Pero, sobre todo, durante los años de Alfonsín,
signados por la alta inflación y la consecuente pérdida constante del poder
adquisitivo del salario. A partir de 1990, esta motivación declina sustantivamente y
cobran mayor relieve los reclamos por el pago de salarios adeudados y por
despidos. En líneas generales, podríamos decir que los reclamos se tornaron más
defensivos.
La mayoría de los conflictos tuvo lugar en plantas o empresas, dando un promedio
general de 35% (Spaltemberg 1996). En los cuatro primeros años de la serie
(1984-87), este nivel era el predominante en relación a los demás. A partir de
1988, el nivel provincial fue el más protágonico. Y, en 1994, es evidente el
crecimiento de la conflictividad laboral en general, motorizada centralmente por la
crisis de las administraciones provinciales y por la incidencia de las innumerables
e interminables huelgas de los docentes y los empleados estatales en todo el país.
Los conflictos a nivel de la rama nacional tienden a bajar a partir de 1989, lo cual
constituye un dato interesante sobre lo sindical. En el sector privado, el gobierno
ha tendido a correrse de un papel activo en la mediación de las relaciones
laborales. En el público, los procesos de descentralización administrativa
transfirieron el eje de la conflictividad hacia los gremios provinciales y municipales.
Creo que el tipo de protestas que representan el giro provincial de la
conflictividad durante el gobierno de Menem merecen ser analizado aparte. Su
carácter escapa al de las huelgas tradicionales. Por algo han trascendido bajo el
nombre de "estallidos sociales". Dedico, por esto, una parte especial de este
trabajo a las movilizaciones provinciales contra el ajuste en el sector público.
Las conclusiones más contundentes que se extraen del análisis de los datos sobre
protestas sindicales que hemos realizado son dos: han ido disminuyendo y
haciéndose más desagregadas. Estas tendencias han progresado a lo largo del
período, pero el corte es evidente al contrastar los valores correspondientes a los
períodos de gobierno de Alfonsín y de Menem Trataré al final de brindar una
interpretación de estos cambios en base a los conceptos que sugerí en el punto 1.
3.2. Las huelgas generales 22/
Durante el gobierno radical, la CGT realizó 13 paros generales 23/, o sea, uno cada
cinco meses durante los 5 años y 6 meses que duró este gobierno. En cambio,
durante los 8 años y algo más que lleva en el gobierno, Menem ha tenido que
enfrentar 8 huelgas generales, es decir, una por año. Si consideramos cada uno
de los mandatos del presidente Menem, surge que la frecuencia de paros
generales registrados en el segundo mandato se acerca a la del gobierno de
Alfonsín.
Tres de los ocho paros generales realizados durante el gobierno peronista fueron
convocados por organizaciones sindicales opositoras: el CTA y el MTA 24/. Es decir
que la huelga general ya no consigue diluir las diferencias entre los sindicatos en
pos de la acción común sino, más bien, expresa el conflicto existente entre ellas.
No es sencillo conocer el grado de acatamiento obtenido por las medidas de este
tipo; no obstante, la tendencia general que se muestra en el informe del Centro de
Estudios para la Nueva Mayoría al comparar el gobierno radical y los gobiernos de
Menem es la pérdida de convocatoria -además de a la diversificación de la entidad
organizadora. El acatamiento sindical de las medidas de fuerza -según un
promedio de estimaciones periodísticas realizado por el mismo centro de estudios-
muestra que el único paro realmente total fue el que tuvo lugar en mayo de 1985.
La realización de concentraciones o marchas callejeras para acompañar la jornada
de huelga ha sido una característica frecuente en los paros generales desde 1983.
Estuvieron presentes en la mitad de los 21 paros realizados desde entonces,
siendo por lo general la Plaza de Mayo el escenario de las movilizaciones. En
cuanto a la participación popular en las movilizaciones, promediando las fuentes
periodísticas, surge que la movilización más importante fue la de mayo de 1985,
en la cual hubo 200 mil personas. El acatamiento al paro fue total. En los 3
primeros paros con movilización, la CGT logró reunir 200, 150 y 120 mil personas
respectivamente, mientras en los paros siguientes del período de gobierno radical
logró reunir como máximo unas 20 mil. Las movilizaciones no fueron lo más
frecuente en las huelgas generales realizadas durante los gobiernos de Menem,
realizándose solamente en 2 de las 8. Ambas fueron organizadas por la CGT y,
según el promedio obtenido de la misma manera que el anterior, reunieron,
respectivamente, 40 y 50 mil personas cada una.
Respecto del tipo de reclamo, todos los paros generales realizados durante el
gobierno radical apuntaron en general al reclamo salarial y al cuestionamiento de
la política económica. El primer paro fue esencialmente salarial, sin una propuesta
específica para la política económica (3.09.84). El paro de mayo de 1985, cuya
movilización fue la más importante, reclamaba un cambio de la política económica
en función del documento de los "Veinte Puntos" que había sido acordado entre la
CGT y las 10 entidades empresarias más importantes en el seno del denominado
Grupo de los Once. El de agosto de 1985 tuvo como objetivo específico el repudio
del Plan Austral, el cual no hacía 2 meses que se había comenzado a
implementar. Se reclamaba una reactivación de la economía de acuerdo con el
Documento de los "26 Puntos", elaborado por la CGT en reemplazo del anterior y
sin contar con el apoyo empresarial. El de marzo de 1986 tuvo como finalidad
reclamar por las leyes laborales tradicionales del sindicalismo. El de abril del
mismo año pedía un cambio en la política económica y se realizaba en apoyo del
paro docente que llevaba 33 días de huelga. El de setiembre del mismo año fue en
repudio del Plan Primavera que se había lanzado en julio y el del 12 de setiembre
del 88 se realizó en repudio de la represión policial durante los disturbios
producidos en el acto anterior.
Las huelgas generales bajo Menem, sin distinción de organizaciones convocantes,
se realizaron contra la política económica en general. Pero fueron apareciendo
reclamos específicos: la flexibilización laboral y el desempleo. Convertibilidad
mediante, desapareció el tópico del reclamo salarial.
El octavo paro (14.08.97) trajo algunas novedades en su formato respecto de los
anteriores. La huelga se combinó con múltiples focos de cortes de ruta y ollas
populares, en muchos casos con hechos de violencia. Hubo decenas de heridos y
detenidos por enfrentamientos con la policía en cortes de rutas, de puentes de
acceso a la Capital y hasta de calles en el distrito porteño y 124 colectivos
incendiados. Los principales hechos de violencia se produjeron en el Gran Buenos
Aires y en la localidad neuquina de Cutral-Có. El Ministerio del Interior consignó
278 detenidos, 77 cortes de ruta y 25 piquetes de huelga en todo el país (La
Nación, 15.08.97). Caracterizó a esta jornada de huelga la diversidad de formas
de expresión. La combinación con los cortes de ruta obedece a que esta
modalidad se había ya impuesto desde los episodios de Cutral en el mes de
abril. Estos se registraron con intensidad en algunos distritos. Fueron esporádicos
en Capital Federal, violentos en el conurbano bonaerense y en Mar del Plata.
Hubo también en la autopista Rosario-Buenos Aires y en rutas de Santa Fe, Jujuy,
Chaco, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los
accesos a la Capital fueron interrumpidos en el puente Pueyrredón con
manifestantes que quemaron neumáticos y se identificaron con las agrupaciones
Quebracho, Todos por la Patria y Corriente Marxista Leninista. Los jubilados
también realizaron cortes. Patria Libre participó en el corte de Callao y Corrientes,
en el centro de la Capital. Como innovación, hubo la nota de un "cacerolazo"
frente a la residencia presidencial de Olivos en el momento en que se realizaba
una reunión del gabinete nacional.
La estrategia del gobierno fue recalcar la violencia y ligarla con el estilo político de
la oposición, ya que la alianza, si bien se negó a convocar al paro o a adherir
directamente, había expresado su "solidaridad" con los motivos de la medida de
fuerza.
Pero no sólo en cuanto al formato de la protesta fue novedoso el último paro.
Sorprendió la adhesión de las 62 Organizaciones, lideradas por el líder
metalúrgico Lorenzo Miguel, en desacuerdo con la CGT en torno a la ley de
flexibilización laboral. Desde su casa, en el día del paro, declaró estar muy
contento con la medida: "El movimiento obrero ya soportó 8 años de sacrificios a
pedido del presidente Menem, pero llegó el momento de luchar contra la
flexibilización y el modelo, para conseguir una política económica al servicio del
pueblo" (La Nación, 15.08.97, p. 8).
No hubo una definición categórica de la Alianza en favor de la huelga, lo cual le
quitó el paraguas político en el que los gremios disidentes hubieran podido
resguardar sus reclamos. En cuanto a las adhesiones, también encontramos una
marcada diferencia entre huelgas generales bajo Alfonsín y bajo Menem. En el
primer caso las medidas contaban con el paraguas político de prácticamente todo
el espectro opositor, se trate de partidos políticos o de corporaciones disgustadas
con la política económica. Fundamentalmente, contaban con el PJ. Ya he
analizado antes cómo en las estrategias del sindicalismo se entretejían motivos
económicos y políticos.
4. Los estallidos sociales en las provincias 25/
A fines de 1993, con el día de furia de los santiagueños conocido como el
"santiagueñazo", irrumpe en la escena pública un nuevo repertorio de protesta: los
así nombrados por la prensa "estallidos sociales" en las provincias argentinas.
Estas movilizaciones se presentan en el contexto del proceso de reforma
económica llevado adelante por el gobierno de Menem. Estos "estallidos"
aparecen ligados a los procesos de ajuste emprendidos por los gobiernos
provinciales a instancias de la política de transformación estructural impulsada por
el gobierno nacional. Esta política refiere al conjunto de estrategias establecidas
en el Plan de Convertibilidad (aprobado por el Poder Legislativo el 27.03.91 y en
vigencia hasta la actualidad), las cuales pueden resumirse en los siguientes
puntos: 1) Redefinición de las cuentas públicas y el papel del estado a través de:
a) la aceleración de las privatizaciones, por su efecto de reducción del déficit
fiscal; b) la desregulación de la economía, es decir, el repliegue del estado en una
serie de funciones de control y participación en los mercados (disolviendo
comisiones reguladoras de producción, como la Dirección Nacional del Azúcar, las
Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, etc.); c) continuación de la reforma
administrativa, lo cual implica reducción de empleados públicos y la
racionalización de los recursos públicos; y, d) aumento de la captación impositiva.
2) Reducción de costos de producción, a través de: a) la continuidad de la
apertura económica; y, b) la flexibilización del mercado de trabajo.
Por razones que obedecen a la lógica de la construcción de la coalición electoral
que tanto éxito ha brindado en las urnas a Carlos Menem, el proceso de ajuste se
planteó en dos tiempos 26/. La estrategia de reforma económica consistió en
escalonar territorialmente los costos de la reforma económica de forma tal que, en
los primeros años de gobierno justicialista, recayeron sobre las zonas más
urbanizadas e industrializadas y de una tradición de movilización forjada al estilo
del sindicalismo industrial. Durante este tiempo, el gobierno mantuvo altos niveles
de gasto público en las zonas económicamente periféricas 27/. En estas zonas ha
prevalecido otro tipo gestión del reclamo laboral, más subordinado a las
estructuras clientelísticas y de una fuerte dependencia de los recursos del sector
público. El escaso movimiento sindical existente en las zonas de baja
industrialización corresponde a los gremios de los distintos niveles del sector
público. El reclutamiento de tipo particularista del personal de la administración
pública, sesgado por los favoritismos políticos, lo diferencia del sindicalismo de las
regiones centrales (Sidicaro 1995). Este último responde en líneas generales al
modelo del sindicato industrial, con mayor autonomía respecto de los gobernantes
de turno y más impregnado de valores culturales obreristas que el sindicalismo de
las zonas periféricas. El peronismo ha sido capaz de englobar ambas
tradiciones 28/.
El escalonamiento de los costos de la reforma del estado le permitió al gobierno
circunscribir, durante los primeros cuatro años, la oposición más organizada,
heredera de la tradición reivindicativa del sindicalismo de masas, a las regiones
metropolitanas. El alivio de las cuentas fiscales y la mayor oferta de financiamiento
a partir del Plan de Convertibilidad permitieron al gobierno nacional asistir a las
administraciones provinciales. En este contexto, se firmaron acuerdos para
establecer una redistribución de los fondos coparticipados, entre los cuales se
destaca el Pacto Fiscal, firmado en 1992 y renovado en 1993. El mismo
garantizaba a los gobernadores una suma mínima (aunque bastante alta en
términos históricos) en el valor de los impuestos coparticipados a cambio de una
reducción en los porcentajes correspondientes a las provincias con el fin de
financiar los desequilibrios del sistema nacional de seguridad social. El gobierno
nacional también dispuso rebajas de impuestos bajo la condición de que las
provincias eliminaran tributos propios, básicamente aquellos que afectaban la
competitividad del sector exportador. Con este acuerdo, el gobierno nacional
procuraba la cooperación de los gobiernos provinciales en las reformas
económicas, lo cual supuso, implícitamente, un intercambio. Este consistió
centralmente en la permanencia de los regímenes previsionales bajo la órbita de
las provincias, sin plegarse a las pautas de la reforma en el sistema nacional de
previsión social, y la no privatización de las empresas públicas y los bancos
oficiales. Durante esta primera etapa de reformas, el empleo público en las
provincias no se sometió a la estrategia racionalizadora (Gerchunoff & Torre 1996).
Aunque figuraron en el texto de los pactos fiscales, lo cierto es que las políticas de
reforma en las provincias no constituyen un problema apremiante en la primera
etapa. La bonanza económica introdujo un efecto suspensivo sobre el ajuste
estructural a nivel regional, lo cual permitió a las autoridades nacionales contar
con los apoyos legislativos necesarios para avanzar en su propia agenda de
reformas (Gerchunoff & Torre 1996, Gibson & Calvo 1997).
A partir de 1994, por el impacto del aumento de las tasas de interés en EEUU y,
particularmente, de la devaluación mexicana, la estrategia económica que permitió
al gobierno nacional afrontar el ajuste (altamente dependiente del flujo de capitales
externos y de la expansión de la demanda interna) mostró su fragilidad
(Gerchunoff & Torre 1996). Los gobiernos provinciales, jaqueados por la crisis
financiera, el descenso de los recursos fiscales y el acrecentamiento de las
presiones del gobierno nacional por el ajuste, no tuvieron otra opción que poner en
marcha las reformas que habían evitado hasta entonces: centralmente, la
privatización de empresas públicas y la transferencia de los sistemas previsionales
al gobierno central (Gerchunoff & Torre 1996). Esta vuelta de tuerca del ajuste
puso a las administraciones provinciales en gravísimos apuros. En muchos casos,
no pudieron afrontar ni siquiera el pago de los salarios de sus agentes.
He señalado las líneas gruesas del proceso de reforma económica llevado a cabo
por el gobierno de Menem: los dos tiempos. También he señalado la
heterogeneidad de la base social y política del peronismo de acuerdo a su
inserción regional, lo cual ha signado las formas del reclamo laboral. Dos
cuestiones interesantes a la hora de entender los "estallidos".
Como antecedente de los "estallidos sociales", pueden señalarse las
movilizaciones masivas que tuvieron lugar en casi la totalidad de las provincias
periféricas entre 1989 y 1990. En los casos de Chaco, Chubut, Tucumán y Jujuy
alcanzaron tal virulencia que generaron una situación de caos e ingobernabilidad
durante varios meses. Los gobernadores de Santa Cruz, Chubut y Jujuy fueron
obligados a renunciar. Esta ola de protestas en las provincias tuvo, a veces, como
resultado importantes cambios políticos e institucionales. Por ejemplo, la
transformación del sistema de partidos en nueve provincias entre 1989 y 1993,
esto es, el pasaje de un bipartidismo o régimen de partido dominante muy estables
a un pluralismo limitado e inestable. Se trata de lo ocurrido en Catamarca, Chubut,
Mendoza, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe
(Novaro 1994).
Se han denominado "estallidos sociales" a las numerosas y variadas protestas
acontecidas en los estados provinciales en el contexto de la aplicación de medidas
de ajuste a partir de finales de 1993. Considero aquí dentro de este tipo a las
protestas más virulentas: los casos de Santiago del Estero (diciembre de 1993),
Jujuy (de larga duración entre 1993 y 1995) 29/, San Juan (julio de 1995), Córdoba
(junio de 1995) y Río Negro (setiembre y octubre de 1995) 30/. Me referiré en forma
general a estos casos y haré una breve fenomenología del caso de Santiago del
Estero. Este último fue el caso que inauguró la serie y el más llamativo por ser el
más violento. A mi modo de ver, es el caso que condensa y coloca en su máxima
expresión los rasgos generales de los "estallidos sociales".
Los "estallidos sociales" señalados son casos ciertamente diferentes. No obstante,
considero que pueden señalarse algunos rasgos comunes, los cuales en su
conjunto definen un tipo histórico de protesta.
Los actores más recurrentes son asalariados del sector público (provincial y
municipal), siendo apoyados por porciones importantes de la población. Los casos
de Santiago del Estero y Río Negro son los más generalizados.
Sus demandas se sintetizan en la defensa del empleo y el salario, rechazando
medidas anunciadas o implementadas por las administraciones provinciales en el
marco de la política de ajuste. El factor desencadenante es en todos los casos
expuestos (excepto en Jujuy) el atraso en el pago de salarios.
El modo de expresión es la movilización y concentración callejeras,
acompañadas con actos violentos contra símbolos propios de la vida política (por
ejemplo, saqueo e incendio de edificios públicos) y, frecuentemente, con ataques y
saqueos a los domicilios particulares de los políticos.
Su alcance es espacialmente localizado (se circunscribe a las capitales y a
algunas ciudades importantes del estado provincial) y temporalmente episódico:
no implica ni deriva en movimientos políticos estables con objetivos e identidad
propios.
El destinatario es el gobierno provincial y la clase política local y, por último,
logran un alto nivel de impacto en el sistema político, ocasionando crisis políticas
de importancia (por ejemplo, renuncia de gobernadores e intervenciones
federales).
Atendiendo ahora al lenguaje que sostiene las rebeliones, es posible resaltar tres
elementos: el carácter local, moral y personalizado de la protesta.
La rebelión es contra el poder local. La gente expresa su condena a la política y a
la clase política nativas, atacando los "lugares", los símbolos, de los poderes
locales. Los blancos principales de la ira son los edificios públicos y las
residencias particulares de los funcionarios y políticos, lo cual nos indica una
construcción peculiar de lo público que no abordaré en este trabajo.
Esta condena de los poderes locales fue enunciada, principalmente, con un
lenguaje moral. Las multitudes se alzan contra la corrupción y la descomposición
moral de la vida política y en reclamo de la "purificación" de la misma. Los ataques
violentos a los edificios públicos y a las residencias de la clase política se legitiman
en un sentimientos generalizado de indignación moral. Más que un discurso
invalidante de las medidas de ajuste, lo que se pone en cuestión es el estatuto
moral de los agentes del gobierno. Esta interpelación a la clase política en
términos de ladrones y corruptos lleva la disputa al terreno moral. El lenguaje que
simboliza lo intolerable es de índole moral; no un lenguaje propiamente político -o
la política toma en esos ámbitos la forma de una disputa moral. Tomo en este
punto las ideas de Hobsbawn sobre la turba urbana precapitalista desarrolladas en
Rebeldes primitivos. La define como un movimiento de todas las clases urbanas
pobres encaminadas al logro de cambios políticos y económicos mediante la
acción directa (es decir, por el motín o la rebelión). Pero el mismo no está
inspirado por ninguna ideología específica. La expresión de sus aspiraciones se
realiza en términos tradicionales y conservadores. Según Hobsbawn, se trata de
un movimiento prepolítico, lo cual no significa que no haya en la rebelión ideas
implícitas o explícitas acerca de la política. La turba de la que habla Hobsbawn se
identifica con el príncipe y la aristocracia mientras éstos cumplen con su deber.
Cuando no lo hacen, se alza hasta que la situación se enmiende y se restablezca
el orden. El mecanismo lo comprendían ambas partes, por lo cual no planteaba
ningún problema político fuera de los daños que la multitud ocasionaba cuando se
rebelaba. La turba, según Hobsbawn, no se dirige contra el orden público porque
sus exigencias no van más allá de la subsistencia. Creo que en este sentido el
autor habla de movimiento sin ideas, sin política. Un espasmo y luego el
restablecimiento del equilibrio. No está muy claro a qué se refiere Hobsbawn con
la expresión "sin ideas". No me satisface que coloque los motivos de las
sublevaciones en la subsistencia, en el plano de la naturaleza, en el cual no
imperan los ideales sino la ciega necesidad. Ya he criticado suficientemente (ver
punto 1) esta visión espasmódica y conductista. Pero quiero hacer hincapié en el
tipo de lenguaje expresado en las resistencias populares que estoy estudiando.
Creo que fue más un lenguaje moral que un lenguaje de la necesidad o un
lenguaje político el que simbolizó el límite de lo tolerable. Esto fue más en
Santiago del Estero que en los demás casos. Es en este sentido que me ha
parecido interesante recuperar la idea de Hobsbawn sobre las rebeliones "sin
ideas", sin política. Seguro que los estallidos hicieron visibles los límites del
sistema político para dar respuesta a los reclamos de la sociedad en un contexto
de crisis y de cambio estructural. Un estado que no puede hacerse cargo de pagar
los salarios a sus agentes, ni las cuentas a sus proveedores, etc. es un estado
despedazado. Recalcar el lenguaje moral de la protesta no implica quitarle su
significado político. Pero la multitud alzó su voz para acusar de corrupción a sus
funcionarios y dirigentes políticos. La situación intolerable de corrupción y atropello
pareció ser la creencia generalizada que desencadenó la rebelión.
El tinte moral de la protesta va acompañado de un elemento relacionado: la
personalización del conflicto. Los ataques a las propiedades de los funcionarios y
dirigentes políticos muestran una comprensión personalista de las relaciones de
poder, poniendo en primer plano los lazos personales que estructuran la vida
política.
Se ha considerado que los "estallidos sociales" y sus consecuencias políticas e
institucionales son el emergente del colapso del clientelismo y el caudillismo
como formas de representación política características de los estados provinciales
argentinos, especialmente de los económicamente más rezagados, ocasionado
por los imperativos derivados de la racionalización económica a la que debía ser
sometido el aparato estatal provincial por imposición del gobierno nacional. En
otras palabras, el clientelismo como modo de gestión gubernamental y como
forma de vínculo político entre el liderazgo y la base resultaba contradictorio con el
modelo económico que se pretendía construir. Este es el argumento expuesto por
Novaro, por ejemplo. Por mi parte, no estoy segura de que haya una contradicción
sistémica entre clientelismo y reformas neoliberales; que las presiones del
gobierno nacional en favor del ajuste y los efectos de la política económica
desreguladora en las economías regionales hayan puesto por peso propio en
jaque las formas políticas tradicionales. Antes, no creo que las reformas del estado
puede entenderse como un proceso de modernización económica al modo
sociológico funcionalista clásico, que como tal exija y desencadene una
modernización de los mecanismos políticos. No es mi preocupación aquí pero hay
estudios que muestran los réditos que el clientelismo imperante en las regiones
periféricas ha tenido para la implementación de las reformas económicas por parte
del peronismo (ver Gibson & Calvo 1997). Luego de la exposición del caso de
Santiago del Estero, vuelvo sobre el tema del clientelismo.
Por el hecho de haber inaugurado una manera de expresión del reclamo en el
sector público y por sus singulares características, el "santiagueñazo" merece
nuestra especial atención. A continuación, presento un sintético relato de dicho
acontecimiento.
En la jornada del 16 de diciembre de 1993, una multitud de furiosos estatales que
no cobraban sus haberes desde hacía tres meses saqueó e incendió las sedes de
los tres poderes constitucionales: la casa de gobierno, el palacio de justicia y la
legislatura. En la misma agitada jornada, la multitud saqueó e incendió unos veinte
domicilios de los más encumbrados funcionarios y dirigentes políticos provinciales
(también hubo dos dirigentes sindicales que corrieron la misma suerte). Estos
hechos contaron con un bajo grado de planificación 31/. Si bien era el Frente de
Gremios en Lucha la entidad que venía convocando las sucesivas e innumerables
movilizaciones de los estatales por el pago de los salarios adeudados, las cuales
se sucedieron día a día antes del 16, las asambleas espontáneas en los lugares
de trabajo primaron frente a los canales gremiales el día 16. La CGT provincial,
por su parte, trató de mantenerse al margen de las movilizaciones y huelgas,
abogando por el diálogo con el gobernador para lograr el pago de los haberes
atrasados y para morigerar los alcances del amenazante ajuste.
La crisis económica de la provincia era de envergadura: 3 meses de atraso salarial
en el sector público, para activos y pasivos, en una provincia donde este sector
cubre la mayor porción de la actividad económica, de tal manera que se estaba
ante el colapso de todo el sistema económico provincial.
La provincia atravesaba, al mismo tiempo, una crisis política e institucional
gravísima. Esta crisis no es inteligible sin hacer aunque sea una breve referencia a
la trayectoria del "caudillo" de la provincia: Carlos Juárez.
Juárez comenzó su carrera política de la mano de Perón hacia 1949. Desde
entonces, fue cuatro veces gobernador y fue la pieza clave de la designación de
sus sucesores. En 1987, llegó a la gobernación su protegido, César Iturre, y él fue
designado senador nacional. A los pocos meses, Iturre desafió a su protector.
Acusándolo de autoritarismo y proponiendo un nuevo estilo político, creó el
peronismo renovador en la provincia. En las elecciones provinciales de 1991, el PJ
se presentó dividido y Juárez perdió frente a Carlos Mujica, ley de lemas
mediante. Juárez y Zavalía (el líder del radicalismo) denunciaron un fraude
electoral. Zavalía convocó a la "resistencia civil" y encabezó 28 multitudinarias
marchas (de más de 20 mil personas) para denunciar el fraude. Mujica había sido
el candidato para la sucesión que el propio Iturre, siguiendo la tradición de
gobierno elector, había digitado. El gobierno de Mujica estuvo signado por la crisis
económica hasta que el 28 de octubre de 1993 se ve obligado a renunciar para
que asuma Fernando Lobo, quien era el vicegobernador.
Lobo tardó 44 días en designar sus ministros: estos fueron echados de la casa de
gobierno el día siguiente de su asunción por el "santiagueñazo". Con la economía
provincial colapsando, Lobo reclamaba auxilio financiero a la Nación, el que sólo
se otorgaría a cambio de la puesta en vigencia de un paquete de medidas de
ajuste. El equipo del ministro de Economía de la Nación Domingo Cavallo redactó
una ley de ajuste, cuyas principales medidas eran: 1) la anulación de todos los
contratos realizados desde enero de 1993, 2) la vuelta a la situación salarial de
febrero de 1993 y 3) la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación. La
Legislatura aprobó esta ley ómnibus. La medida que mayor indignación provocó
en los estatales fue la reducción de salarios que implicaba la vuelta a los valores
de febrero.
El reclamo principal de los estatales era el pago de los salarios atrasados y la
oposición a las medidas de ajuste que afectaban negativamente el salario y el
empleo. Pero las consignas fueron, en escalada, hasta apuntar contra la clase
política, acusada de corrupta.
Los estatales y los jubilados hacía tres meses que no cobraban mientras los
funcionarios cobraron puntualmente sueldos desorbitantes en contraste con la
sensación de quiebra imperante en la provincia 32/. Las autoridades anunciaron el
día del "estallido" el pago del último mes adeudado con un descuento del 50%. La
ira fue incontenible. Santiago del Estero no pudo conciliar el sueño en la sagrada
siesta de verano.
Juárez, tres veces gobernador y figura emblemática del patronazgo provincial y los
demás dirigentes políticos fueron saqueado por habitantes de su provincia sin que
alguien fuera preso por eso ni nadie socialmente relevante se hiciese cargo de
condenar el hecho 33/. Con lo cual, podemos inferir que el consentimiento fue
generalizado.
El clima de los destrozos era de fiesta. Los relatos de los protagonistas reflejan
esta atmósfera festiva y también herética. Por ejemplo, durante le saqueo de la
vivienda de caudillo máximo algunos se vistieron con la ropa de su esposa,
también famosa por su actuación política y su rigor, y de esa manera conseguían
el aplauso de la multitud. Entre otras cosas, la multitud se refrescó en las piscinas
de sus representantes y exhibió pertenencias íntimas de sus jefes.
La ira se descargaba sobre los bienes, sobre las cosas de los acusados de
corruptos y ladrones. La dinámica de la jornada de protesta fue la siguiente. Una
multitud reunida en gran parte espontáneamente (tenía ya varios días de gimnasia
movilizatoria) en las primeras horas de la mañana clamaba frente a la Casa de
Gobierno el pago de los haberes que se debían. Se enardecieron con el anuncio
de la reducción del 50% del último salario, el único que cobrarían ese día, según el
mismo anuncio. El blanco de los primeros ataques fue el edificio de la
gobernación. Los muebles (el sillón del gobernador causó la mayor euforia) caían
desde las ventanas a la calle y eran quemados en una gran hoguera. Los
funcionarios que se hallaban en el edificio, incluido el gobernador, huyeron con la
ayuda de los bomberos antes de que la multitud, luego del saqueo, incendiara
completamente la sede del gobierno. El próximo objetivo fue la Legislatura y luego
el Palacio de Justicia. Ambos corrieron la misma suerte. Atacados los tres
símbolos del poder institucional, los manifestantes dirigieron su ira desde las
instituciones a las personas. Con precisión y con cierta disciplina, los
manifestantes fueron eligiendo los domicilios de los más encumbrados
funcionarios, dirigentes políticos y sindicales, como objetivos de saqueos, burlas e
incendios. Las anécdotas recogidas de esta faena son bien floridas. Taxis,
remises, taxi-fletes hacían colas en cada casa asaltada para levantar pasajeros
que cargaban bienes saqueados. Cada uno se apropiaba de lo que podía:
muebles, heladeras, televisores, aires acondicionados, ventiladores, ropa, vajilla,
etc., etc. La mayoría de los domicilios quedaban totalmente destruidos. Lo que no
era robado, por su bajo valor por ejemplo, era quemado en una hoguera en la calle
improvisada para la ocasión. Finalmente, se procedía al incendio del inmueble. El
desarrollo de la protesta fue, en gran medida, espontáneo, pero ello no implicó que
la multitud se moviera sin objetivos definidos.
En respuesta a la rebelión, el gobierno nacional dispuso la intervención de los tres
poderes constitucionales de la provincia. El interventor Schiaretti esgrimió como
prioridades el ajuste y el combate a la corrupción. Hubo numerosas marchas
contra las medidas de ajuste que Schiaretti implementó a lo largo de 1994, pero
ninguna reportó hechos de violencia.
En las primeras elecciones para gobernador realizadas después del mandato de la
intervención (en mayo de 1995), Juárez fue electo gobernador por cuarta vez. Su
casa seguía cerrada y con las ventanas tapiadas cuando eso ocurrió. Si bien a
menudo se llama la atención sobre el alto porcentaje de votos en blanco y de no
concurrencia a las urnas, este dato no debe eclipsar la curiosidad que provoca que
Juárez se haya recuperado luego de los ataques que parecían haber condenado
irreversiblemente a toda la clase política nativa 34/. No es un detalle menor para
interpretar qué "estalló" en Santiago del Estero el 16 de diciembre de 1993.
Volver sobre los rasgos generales de los "estallidos", sobre todo sobre el carácter
local, moral y personalizado de la protesta, nos permite pensar dos cuestiones la
respecto.
Primera cuestión. La violencia contra los símbolos de la política comunica la
ruptura del contrato entre la sociedad y sus representantes. Contrato que
establecía un equilibrio entre gobernantes y súbditos. La moneda de cambio entre
la población y el poder en estos casos era en gran medida el empleo y los
recursos públicos. Este era uno de los principales factores de aquel equilibrio. El
sector público suplía las incapacidades del mercado para garantizar la
subsistencia de una importante porción de la población en las provincias,
principalmente en las más atrasadas económicamente. Esta función correctiva es
afectada por las reformas de mercado: privatizaciones, recortes del gasto público,
etc..
Segunda cuestión. La rebelión tuvo un sentido restaurador. Restaurador de un
pacto que no dejó de afirmarse a pesar de algunos esfuerzos de la clase dirigente
local para "nacionalizar" el conflicto. Mientras que ésta solía colocarse en el
contexto de una discusión más amplia acerca de la viabilidad de las reformas de
mercado exigidas por el gobierno nacional a las provincias, el conflicto quedaba
confinado al espacio local, consumiéndose en la exorcización del mal (los políticos
corruptos y ladrones) y se puntualizó en el pago de los salarios atrasados 35/.
5. Los cortes de rutas
En el transcurrir del año 1997, hizo su aparición una forma de protesta novedosa:
el corte de ruta. Seguramente, no se trata de un modo de protesta inaudito en
Argentina. Sin ir más lejos, los estatales jujeños los utilizaron un par de años antes
para oponerse a medidas de ajuste. No obstante, sea por la magnitud misma de
las protestas o por la cobertura mediática que tuvieron, fueron la novedad en el
campo de la protesta social durante el año 97.
Los cortes de rutas se conectaron desde un comienzo con el crecimiento del
desempleo. Fue precisamente esta asociación la que los colocó en el centro del
debate público. La televisión acudió a las localidades más perdidas del territorio
para recoger imágenes y testimonios en las rutas cortadas. Señalo a continuación
los principales rasgos de este tipo de protesta, los cuales, tomados en su conjunto
pueden definir, en lo hice en para los estallidos, un tipo histórico de protesta.
Quienes cortaron rutas son, a grandes trazos, grupos de desocupados de lo más
heterogéneos. Pero los principales casos adquirieron la dimensión de verdaderas
"puebladas", esto es, contaron con la participación de múltiples sectores sociales y
el apoyo de asociaciones intermedias de las comunidades locales. Cabe destacar
la frecuente presencia de mujeres, jóvenes y docentes en las rutas. Se los llamó
"piqueteros" y "fogoneros".
Los reclamos son fundamentalmente soluciones puntuales y ya estudiadas por
los protagonistas a la falta de empleo a nivel local. El problema del empleo es
relacionado por los manifestantes con alguna cuestión local: la privatización de
alguna empresa pública o el cierre de industrias son las cuestiones más
recurrentes. Cabe resaltar el carácter puntual y "realista" de los reclamos. Se
proponen soluciones concretas: creación de puestos de trabajo, la instalación de
empresas determinadas, subsidios para desocupados (desde 300 a 800 pesos),
prórrogas del pago de impuestos, etc.
La forma de expresión es la obstrucción de rutas nacionales. Se impide la
circulación de personas y bienes con barricadas y fogatas. Los protagonistas usan
su rostro cubierto con pañuelos o pasamontañas, o los rostros tiznados. Son
resaltables tres elementos respecto a esta forma de expresión: (1) Es resaltable
(en contraste con los estallidos) la presencia de formas organizadas de
coordinación de la acción y la generación de pautas de comportamiento que
apuntan a la cohesión, homogeneización y disciplinamiento del grupo. La toma de
decisiones por parte del grupo se implementa generalmente mediante asambleas.
Esta modalidad permitió que estas protestas devinieran algunas veces en formas
de organización nuevas: por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales,
como la Coordinadora Provincial de Desocupados de Jujuy (el caso más ilustre),
recreando o estableciendo nuevas redes sociales. (2) Otro rasgo destacable fue la
presencia de los medios (de la televisión principalmente), bienvenidos por los
participantes, y el rechazo de la presencia y las gestiones de dirigentes políticos,
ya sea del oficialismo o la oposición. La televisión formó parte de la estrategia de
la protesta. La presentación mediática de los manifestantes, potenciada por el
efecto simbólico de cortar la circulación de personas y mercancías dentro del
territorio nacional, concitó la atención de las autoridades y de la población en
general. Los manifestantes a veces se presentaron mediáticamente llevando sus
rostros cubiertos, evocando a los ojos del mundo la sublevación zapatista
mexicana y complicando la imagen del gobierno argentino frente al mundo de los
negocios internacionales. La red mediática fue, a su vez, el espacio de
reconocimiento entre los distintos focos de protesta. (3) Por último, los
manifestantes se armaban con piedras, hondas, palos, y demás armamento
precario para enfrentar a la policía y la gendarmería, produciéndose violentos
enfrentamientos y durísimas represiones (en Cutral en marzo de 1997, la
represión provocó la muerte de Teresa Rodríguez; en Libertador General San
Martín en Jujuy, el enfrentamiento con la Gendarmería dejó un saldo de 200
heridos).
El alcance de estas movilizaciones fue local. Los cortes de ruta tuvieron lugar, en
general, en localidades pobres del interior del país y donde, también en general,
se efectuaron privatizaciones de empresas públicas.
Algunos casos adquirieron la dimensión de "puebladas", como en Cutral y
Plaza Huincul. En cuanto al alcance temporal, los cortes se prolongaban durante
varios días y a veces acontecieron simultáneamente (en Jujuy llegó a haber 19 a
la vez durante varios días). El destinatario de los reclamos era claramente el
Estado nacional y sus instancias competentes para dar solución a los reclamos:
por lo general, esta fue el gobierno provincial.
Atendiendo ahora al lenguaje de la protesta, queremos resaltar los siguientes
elementos.
En primer lugar, la interpelación al Estado nacional. Quienes cortaron las rutas
se presentaron frente al Estado en actitud negociadora en busca de soluciones
puntuales. Los cortadores de ruta interpelaron al Estado nacional comprometiendo
uno de los atributos básicos de su integridad: el territorio. Cortar las rutas es dividir
al Estado. Los cortes de ruta escenificaron el abandono por parte del Estado
sufrido por comunidades que sienten que tienen derecho a formar parte del
mismo. Presentaron a la opinión pública las zonas relegadas, abandonadas por el
Estado. Apareció muchas veces en boca de los manifestantes la expresión
"pueblo fantasma", comunidad sin realidad. El reclamo de quienes cortaron las
rutas estaba anclado en un derecho digamos mínimo: el derecho a existir.
Existencia, o subsistencia, que pone como condición la pertenencia al Estado, la
existencia en el Estado, en la nación (el levantamiento de los cortes de ruta de
Jujuy se celebró cantando el himno nacional).
Las implicancias simbólicas del acto de cortar las rutas llegan aún más lejos que la
amenaza a la integridad del territorio estatal. Los pobladores relegados del interior
del país encontraron la manera de interceder en el ámbito del cual están
excluidos: en el mercado, en el tránsito libre de la mano de obra y las mercancías.
Los cortes de ruta pusieron en relación al Estado con el mercado, remitiendo al
deber del Estado de garantizar el funcionamiento del mercado y comprometiendo
la relación del gobierno con el poder económico.
En segundo lugar, el rechazo de las mediaciones políticas, esto es, de los
actores políticos. Sea como interlocutores, como acompañantes, como apoyo o
como cogestores de la solución de los problemas, los políticos eran rechazados.
Si hubo un interlocutor, ese fue el Estado nacional. Los manifestantes no admitían
intermediarios; querían negociar en forma directa con el Estado. Y los reclamos,
como dijimos, estaban formulados en un formato negociable, realista y puntual.
En general, los cortes de ruta tuvieron lugar en las localidades más pobres de las
áreas pobres del país: Cruz del Eje en Córdoba, Belén en Catamarca, Oran en
Salta, Montero en Tucumán, en las cuales el porcentaje de hogares con
necesidades básicas insatisfechas supera el de la provincia. También presentan
mayor índice de desocupación que en el resto del país. Otro dato sumamente
relevante para analizar los cortes de ruta es que, en general, tuvieron lugar en los
sitios donde se efectuaron privatizaciones de empresas públicas 36/.
De acuerdo al registro de cortes de ruta construido por Giménez & otros en base a
los archivos de Todo Noticias accesibles vía internet, hubo 49 días de corte de
rutas en 110 días de información. En su mayoría tenían como principal reclamo el
empleo. En total, se pueden identificar más de 50. Muchos de ellos se realizaron
simultáneamente. Por ejemplo en Jujuy, donde se mantuvieron simultáneamente
19 cortes durante varios días. Los medios de comunicación, las autoridades e
incluso los mismos actores muestran dificultades para nombrar a los
protagonistas. Este es un indicador de su pluralidad y novedad. Como siempre, la
nominación del actor se transforma en un conflicto en sí, cada nombre lleva
implícita una interpretación de la situación. Es resaltable también la aparición de
las asambleas populares como mecanismos de toma de decisiones. Las protestas
generaron prácticas políticas autónomas y nuevas, ancladas localmente.
Por ser los casos más importantes y más conocidos, me referiré a los cortes de
ruta de Cutral Có, Plaza Huincul y Jujuy. En junio de 1996, se produce la primera
gran protesta de Cutral y Plaza Huincul. Ambas son localidades de la
provincia patagónica de Neuquén que fueron afectadas por la privatización de
YPF, hecho que provocó despidos masivos y el retiro de una serie de beneficios
asociados a la función social de las empresas públicas que cumplían en esas
comunidades: provedurías, hospital, etc. De los 4000 empleados de YPF,
quedaron sólo 400 (Favaro & otros. 1997). Los manifestantes reclamaban la
instalación de una planta de fertilizantes, prometida pero nunca realizada por
todos los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. Durante 6 días, alrededor
de 5000 personas apostadas en barricadas de neumáticos en llamas sitiaron
ambas localidades. Fueron denominados "piqueteros" por la prensa local. No está
clara la procedencia de este vocablo. Se manejan dos versiones. Pudo tener
origen en el lenguaje sindicalista: los "piquetes" de huelga (uso que deriva de las
avanzadas de soldados durante la primera guerra mundial) o en las "picadas",
nombre que se le daba a los caminos abiertos por las empresas petroleras, en las
que instalaban señalamientos o "piquetes" (Sánchez 1997). Los manifestantes
eran venes pobladores, un grupo heterogéneo que abarcaba desde obreros de
la construcción a docentes y cuentapropistas. La medida contó con el apoyo de la
Cámara de Comercio local y otras asociaciones intermedias. Se interrumpieron
todas las actividades: el comercio, el transporte aéreo y terrestre y la ruta de
acceso a los centros urbanos. Se pedía la presencia del gobernador Felipe Sapag
en la zona del conflicto con una propuesta concreta sobre la planta de fertilizantes.
El protagonismo de la gente desbordó a los punteros políticos. Los "piqueteros",
armados de piedras, hondas y palos, con la cara cubierta y tiznada se enfrentaron
con la Gendarmería. No tenían formalmente dirigentes pero había definidas
asignadas dentro del grupo de manifestantes. Entre éstas, cabe señalar al
"brazalete", el encargado de autorizar el ingreso tanto de víveres como la salida de
vehículos, y al "vocero", quien se encargaba de los comunicados. Emergieron en
el grupo, asimismo, una serie de reglas de comportamiento que apuntaban a la
cohesión, a la homogeneización y al disciplinamiento (no se permitía, por ejemplo,
la circulación de bebidas alcohólicas y la información era canalizada por el
vocero). Se trató de una pueblada, en el sentido de su generalización. La
estrategia de Sapag fue capitalizar la protesta, direccionando el reclamo contra el
gobierno nacional.
Cuando se levantaron los piquetes, los esfuerzos de los pobladores no terminaron
allí. Durante meses una comisión de representantes locales analizó en la
legislatura provincial la cesión del yacimiento gasífero El Mangrullo, para el
funcionamiento del cual era necesario una inversión considerable. Este yacimiento
quedó para la provincia después de las privatizaciones de 1992 y el gobierno
provincial se comprometió a pasarlo a los municipios, además de a llamar a
licitación para construir la planta de fertilizantes, implementar un programa de
obras públicas a corto plazo y dotar de lo necesario al hospital de Plaza Huincul.
Mientras tanto, el gobierno provincial se comprometía a atender con subsidios las
necesidades básicas de unas 1000 familias.
El problema siguió latente. Nueve meses después, la huelga docente que estalla
en Neuquén en marzo de 1997 es el detonante de la segunda pueblada en las
localidades petroleras, donde surge un grupo de jóvenes autodenominados
"fogoneros", quienes cortan la ruta de acceso a Cutral en apoyo de las
demandas docentes. No eran más de cien jóvenes cuyas edades iban de los 14 a
los 20 años. Luego de varios días, el gobierno provincial apeló a la acción
represiva de la Gendarmería. Los fogoneros enfrentaron la represión con las
armas que tenían: palos, fierros y hondas. La violenta represión y la intervención
de la policía provincial derivaron en la muerte de Teresa Rodríguez. Esta víctima
aglutinó la comunidad cutralquense reavivando el problema de la desocupación y
las promesas incumplidas de Sapag. Se generalizó el conflicto en manifestaciones
provincia y las manifestaciones contra la represión, y la repercusión de la noticia
de la muerte convocó a todo el país.
Cabe aclarar que los "fogoneros" de la segunda protesta no son los mismos que
los "piqueteros" de la primera pueblada. Ellos mismos se diferenciaban acusando
a los piqueteros de haber negociado con el gobierno traicionando a los demás.
Estos actores están lejos de cualquier planteo ideológico y descreen tanto de los
funcionarios como de las dirigencias políticas y gremiales. Se mueven
anárquicamente y no participan de las asambleas de las localidades. Estas se
realizan alrededor de una torre, símbolo de la actividad petrolera. En las
asambleas populares participan piqueteros, estatales, amas de casa, concejales y
legisladores provinciales. Tiene una organización