LA APERTURA DE LOS MONOPOLIOS

Autor: Geovanny Leiton Villalobos

Microeconomía

07-2005

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3.2.4 PRIVATIZACIÓN: SIGNIFICADO Y CONSECUENCIAS

Todavía en otros casos, la privatización fue el deseo de una nueva clase orientada hacia extender sus dominios, a la vez que atraía socios inversionistas extranjeros.

Importancia similar tuvieron los superpoderes capitalistas que actuaron a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. El desmantelamiento de modelos de desarrollo alternos, particularmente los enfoques que limitaban el
acceso a los bancos y empresas multinacionales, siempre fue un objetivo compartido por los encargados de diseñar las políticas en Occidente. Junto con las élites civiles y militares, y el surgimiento de los inversionistas transnacionales,
pudieron imponer el modelo de “apertura”, supremacía de las exportaciones, economía política basada en el “mercado”. Una vez establecida esta configuración del poder impuso sus ideas y restringió cualquier debate político o intelectual. Así, a partir de ese momento, la “discusión seria” giró en torno a la teoría económica de la oferta, así como la programación y forma de transferir los recursos públicos a los monopolios privados (la así llamada “economía de mercado”). El asunto del desarrollo basado en la empresa pública se esfumó, en su totalidad, en el Hades.

El punto importante es que todo el proceso de privatización tiene sus raíces en un autoritarismo y que fue resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel del Estado. La privatización nunca formó parte de una consulta pública y cuando, cosa rara, así sucedió los defensores de la privatización perdieron la votación, como sucedió en el caso de Uruguay. Tampoco fue resultado de la prueba de la eficiencia económica del sector privado; más bien fue el resultado de políticas que los economistas dedujeron de una doctrina y de generales convencidos de sus verdades económicas. Finalmente, la decisión no formó parte de un debate nacional, ya que había actores internacionales involucrados en el diseño, promoción y financiamiento del proceso privatizador.

En suma, la privatización fue un proceso dirigido por una élite de alcances internacionales altamente politizado, que avanzó por la vía opuesta al proceso de construcción popular, nacional y pragmático de la empresa pública. La instrumentación del proceso privatizador es un reflejo de sus orígenes intelectuales. La aplicación de la privatización fue decretada en su mayor parte por representantes que no fueron electos, o por poderes ejecutivos que habiendo sido electos ocultaron sus intenciones a lo largo de la campaña electoral. Los poderes ejecutivos que participaron de la privatización por decreto, y para echar a andar medidas específicas, no con poca frecuencia, consultaron con banqueros extranjeros no electos o con sus asesores académicos. Así, todo el proceso de privatización minó severamente los órganos representativos de la sociedad civil y marginó a la opinión pública. Su efecto real, fue movilizar a la élite, mientras desmovilizaba a la sociedad.

Los precios tan bajos que estableció el Estado para la venta de empresas públicas permitieron que las grandes empresas las comprasen con ganancias extraordinarias.

En resumen, la ideología antiestado se convirtió en la reivindicación de un nuevo tipo de estatismo en el que la privatización estuvo financiada y organizada desde el Estado para el sector privado.


3.2.5 EL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN

Las políticas privatizadoras no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: el sistema político, la estructura de clases, el mercado interno, y los sistemas de transporte y comunicaciones.

La privatización ha polarizado la estructura de clase. Por un lado, los compradores de empresas públicas han cosechado, en muchas ocasiones, ganancias inesperadas que los han llevado de millonarios a multimillonarios. Por otro lado, el despido de empleados públicos “excedentes” ha empujado a muchos trabajadores a una nueva clase de pobre urbano, es decir un “empleado informal” mal pagado.

Los trabajadores con seguridad laboral y beneficios sociales han experimentado una erosión seria en sus niveles de vida y un descenso en su movilidad. La caída en las prestaciones sociales ha incrementado los ingresos y ganancias de los
nuevos dueños privados.

El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica, transporte, etc., que acompañan a la privatización, ha causado una caída en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que ha incrementado los beneficios para los monopolios privados que se han apropiado de los públicos.

Entonces, el sector privado se benefició de los subsidios del Estado, a la vez que se benefició de los costos reducidos y la flexibilidad laboral impuesta por el Estado liberal. El crecimiento de una docena de multimillonarios, producto de la
privatización, tiene como contraparte la marginación de decenas de millones de trabajadores pobres.

El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha sido la principal razón de
que los poderes legislativo y judicial hayan sido los grandes perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las instituciones representativas han sido rebasadas en el proceso de transferencia de la propiedad pública a la privada. Las
decisiones importantes se toman en otro lado: en las habitaciones amplias de los bancos extranjeros, mientras que los parlamentos o congresos simplemente reaccionan a medidas ya tomadas.

El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Los comités del congreso que vigilan la actividad de las empresas públicas han quedado desactivados. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.

En términos del impacto económico, hay dos cambios básicos, ambos negativos para el desarrollo de la economía nacional. En primer lugar, la privatización le quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación, particularmente cuando los nuevos inversionistas envían su ganancia al exterior. Segundo, el Estado pierde una palanca estratégica, al desviar las ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten lucrativos de manera inmediata, pero que pueden tener efectos positivos sobre el empleo y beneficios de largo plazo, en términos de abrir nuevas áreas de inversión; es decir, en infraestructura, educación, diversificación regional, etcétera.

Finalmente, en muchos casos la privatización desarticula la economía al centrarse en la producción e importación fuera de los enclaves. Entonces, las provincias quedan fuera de los fondos de inversión, se eliminan o recortan los ferrocarriles y
líneas aéreas regionales, las fábricas que producen para mercados regionales se ven minadas por las importaciones baratas que promueven las élites privatizadoras. Como la privatización profun-diza la integración internacional, avanza en la desarticulación de la economía nacional, dejando a las provincias sin actividad económica, reduciéndolas en última instancia a la dependencia de - actividades puramente administrativas.

En suma, la fuerza política que hace irreversible a la privatización, tiene efectos negativos muy importantes sobre la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Más allá de estos problemas básicos, hay otra serie de impactos
negativos producto de la privatización.


3.2.6 LAS TRAMPAS DE LA PRIVATIZACIÓN

De la racionalidad propia del proceso de “privatización” de la empresa pública emergen serios problemas políticos, económicos y éticos. Una razón básica para privatizar es poner fin a los “monopolios” públicos, con el fin de estimular la
competencia y con ello reducir precios y ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy grande entre dicho y hecho. Los compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios privados, inversionistas a gran
escala que simplemente suman más a su imperio. Junto con la desregulación de los precios que acompaña a la privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan los servicios para aquellos que no pueden pagarlos; con lo que se crea “ineficiencias” en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado, la competencia no ha sido un resultado de la privatización: simplemente ha concentrado la propiedad en manos privadas.

El precio al que se venden las empresas públicas por lo general es un “precio político”, nunca alcanza su posible valor en el mercado. El régimen político en consulta con los asesores, que forman parte de los compradores potenciales, establece un precio. Con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen político, socios empresarios del presidente o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización. El proceso privatizador ha llevado la corrupción a niveles sin precedentes. En la transferencia de la propiedad pública a la privada, cientos de miles de millones de dólares han pasado y se han quedado en manos de los políticos, degradando con ello al sistema electoral.

Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporcionan, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y el apoyo hacia la privatización. El Estado asume el costo que significa cubrir el retiro de los trabajadores y empleados, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios; lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos.

Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la
privatización y no producto de una política deliberada del Estado que trabaja en concertación con la élite privatizadora.

Al vender empresas públicas, el régimen y los compradores hacen un gran despliegue publicitario de los nuevos acuerdos firmados por ambas partes, en los que el sector privado está de acuerdo en invertir cientos de millones de dólares, en crear miles de nuevos empleos, en incrementar los ingresos por concepto de exportaciones con base en cierta figura geométrica, en transferir nuevas tecnologías, en proporcionar servicios con bajos costos, etcétera.

De hecho, las obligaciones contractuales son un acto de publicidad. Muy difícilmente se llevan a cabo los compromisos, ni siquiera una fracción. Cuando mucho, la nueva inversión no es otra cosa que los fondos prestados por un banco local, deuda reconvertida o reinversión de ganancias; en muchos casos hay una inversión muy pequeña y frecuentemente se renegocia el acuerdo original o la empresa cita circunstancias “extraordinarias” o problemas económicos que acepta el Estado para explicar la falta de cumplimiento del acuerdo. Una vez que todo está en su lugar, por lo general, la empresa importa más insumos de los que exporta, por lo que la cuenta externa se hace más deficitaria. Las industrias privatizadas desplazan a los productores locales y recortan su fuerza laboral, por lo que exacerban la situación de desempleo en lugar de mejorarla. Hay
transferencia de tecnología y se paga su uso, sin embargo, se transfiere muy poco de la investigación y diseño de nueva tecnología al país anfitrión.

La privatización absorbe capital de inversión en las empresas existentes en lugar de dirigirlo a nuevas áreas o sectores. En muchos casos, desplaza capital nacional en lugar de completarlo. Muchas de las empresas privatizadas no cumplen con la
expectativa relativa a las exportaciones, a la inversión de capital nuevo o tecnología. La política del Estado puede canalizar capital hacia nuevas actividades de exportación o al sector con altos costos de capital y áreas de innovación tecnológica.

Con frecuencia la privatización ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de la economía, particularmente cuando el comprador es una corporación multinacional.

Las decisiones con respecto a la reubicación de la planta, niveles de inversión y empleo están sujetas a las estrategias globales del consejo directivo de las corporaciones multinacionales. La privatización le quita al país la posibilidad de
una “escuela” para la capacitación empresarial y gerencial. Las empresas públicas le proporcionan a los ingenieros locales una oportunidad de “aprender haciendo”, de aplicar los conceptos de planeación estratégica.

Cualquier esfuerzo que busque revertir la polarización social, la desintegración regional y la política autoritaria que emerge bajo el capitalismo de libre mercado, requiere como premisa funda-mental el revertir la privatización y la “globalización”.

Procesos complementarios son la propiedad pública, las cooperativas, los colectivos dirigidos por consumidores y trabajadores, profundizar en la sustitución de importaciones en líneas específicas de la actividad económica y apertura
selectiva al mercado mundial. En la medida en que del debate público emerjan enriquecidas estrategias de desarrollo que se sobrepongan a la autoridad de los decretos provenientes de los ideólogos del libre mercado, la noción de libre mercado como culminación de la historia terminará, justamente, en el basurero de la historia.


3.3 LA TRISTE HISTORIA DE LAS PRIVATIZACIONES EN LATINOAMÉRICA

Brasil

El 15 de julio de 1998 el ministro de Comunicaciones de Brasil dio a conocer que el gobierno esperaba reunir más de 14,000 millones de dólares por la venta del Sistema Brasileño de Telecomunicaciones -Telebras-. Se esperaba también que la cantidad podría llegar a duplicarse, dado que Telebras aún pertenecía al estado cerca del 20%. Esa proporción sería subastado en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro el 29 de julio por un precio mínimo de 11,713 millones de dólares. Esa
fecha se estableció a partir de un atraso, ya que la fecha señalada previamente había sido el mismo 15 de julio.

El sistema completo fue dividido en doce empresas y su precio fue establecido por el consorcio asesor Arthur D. Little, Coopers and Lybrand y Deloitte & Touche Corporate Finance. Para la venta del 29 de julio se esperaba que participaran
unas cien empresas nacionales e internacionales, aunque unos diez días antes solo 25 empresas -10 de ellas extranjeras- hicieron consultas técnicas y financiera de Telebras. Entre ellas estuvieron de Estados Unidos: Sprint, Bell South, Air Touch, Southwestern Bell y MCI. Telefónica de España, France Telecom, Stet International de Italia, Portugal Telecom y British Telecom de Inglaterra. Al momento de la venta, Telebras tenía una deuda de unos 870 millones de dólares, equivalente al 5% de los ingresos de 1997-que fueron 17,400 millones de dólares-.

En la contienda participó Telefónica de España también bajo el título de sus filiales Telefónica de Argentina, Telefónica de Perú, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile y la brasileña Compañía Riograndense de Telecomunicaciones (CRT).

Se apostaba una posible asociación con el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y la eléctrica Iberdrola para alcanzar la compra de Telebras.

De Asia participaron NTT Mobile Comunication Network Inc., e Itochu Corporation, que también se inscribió como Itochu Media Brasil Holding. Del mismo Brasil participaron el grupo Monteiro Aranha -socio de Ericsson do Brasil-, Globopar, y el
grupo Vicuha.

El 29 de julio de 1998 se realizó la subasta de Telebras en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, alcanzando el gobierno ganar unos 19,180 millones de dólares.

Los principales adjudicatarios fueron Telefónica de España y MCI. Las doce empresas en que se dividió Telebras, fueron: Telesp, Tele Centro Sul y Tele Norte Leste en telefonía fija. Embratel, como la única de larga distancia. Telesp Celular,
Tele Sudeste Celular, Tele Celular Sul y Telemig Celular como operadores de telefonía celular móvil. Las otras cuatro operaban también telefonía celular móvil, pero eran menos apreciadas por el mercado que cubren, la Amazonia: Tele Norte
Celular, Tele Nordeste Celular, Tele Leste Celular y Tele Centro Oeste Celular.

El descontento al proceso no faltó. El opositor Partido de los Trabajadores (socialista) instauró más de cincuenta demandas contra faltas en el proceso de escisión de Telebras, que había sido aprobada el 22 de mayo de 1998 por la asamblea de accionistas. Dentro de un juego de demandas y rechazos, se avanzó en la privatización a pesar de las advertencias del riesgo de pérdidas de soberanía y violación de leyes claves para el caso. El día de la subasta se hicieron amplias manifestaciones con piedras y barricadas en los alrededores del local, resultando decenas de detenidos. Los principales lemas fueron «Vender Telebras es vender Brasil» y «Contra la entrega de Brasil al capital extranjero».

Con esa adquisición Telefónica de España se convirtió en el gigante de las telecomunicaciones de Brasil, habiendo tomado el 29 de julio Telesp, Tele Sudeste Celular y Tele Leste Celular. Dos meses atrás había comprado CRT, operador de telefonía móvil celular en el Estado de Río Grande do Sul.

Telebras fue creado en 1972 y fue formada por 27 telefónicas regionales.

Se dividió en ocho empresas de telefonía celular, tres de telefonía fija y una de larga distancia llamada Empresa Brasileña de Telecomunicaciones -Embratel-, que fuera comprada el 29 de julio de 1998 por MCI.

Merrill Lynch calculó el valor total de Telebras en 65,700 millones de dólares, del que corresponderían al estado los 14,000 millones, hasta incluso unos 16,500 millones de dólares. El exministro de Comunicaciones Sergio Motta, fallecido en
abril de 1998, estimaba unos 30,000 millones para esa misma porción.

Sólo en 1997 Brasil recibió cerca de 18,000 millones de dólares por la privatización en los sectores electricidad, telecomunicaciones y bancos. El flujo de inversión extranjera es enorme dentro de las operaciones de adquisición-fusión, si se compara con otros países, llegando al 56% en 1997.

En cuanto a la electricidad, el gobierno decidió conservar hasta el año 2000 la transmisión por medio de Eletrobras, más las generadoras no incluidas en los planes de 1998. La distribución comenzó a ser privatizada en 1996, mientras las
grandes generadoras en 1998.

En la tercer semana de septiembre de 1998 fueron privatizadas la generadora Gerasul y la distribuidora Bandeirante, a precios mínimos. La primera fue comprada por Tractebel de Bélgica en 800 millones de dólares, mientras que la distribuidora fue adquirida por un consorcio brasileño en 860 millones. Los precios alcanzados trajeron preocupación a la BNDES -que dirigiera las privatizaciones en Brasil- y al Consejo Nacional de Desestatización (CND), por lo que planificaron establecer una estrategia de aceptar pagos en plazos cortos para las siguientes privatizaciones. Ya en el caso de Telebras se había aceptado el pago en tres cuotas, por el volúmen que representaba. La problemática de los precios tenía sus orígenes en los desbalances financieros nacionales y extranjeros de agosto y septiembre, y se pensó incluso en bajar los precios mínimos de futuras privatizaciones para alcanzar mayor beneficio en las transacciones.

Con estas dos empresas de electricidad Brasil había alcanzado ya para 1998 unos 36,830 millones de dólares, para una meta de 40,000 millones. Para el bienio 1998-99 se tenían una meta de 50,000 millones.

Uruguay

El 8 de marzo de 1998 se gastó el primer tiro PIT-CNT para derogar la Ley del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico, promulgada el 17 de junio de 1997. El intento falló al haber escasa asistencia a las votaciones que fueran solicitadas por
AUTE -sindicato de la estatal eléctrica-, los que a su vez fueron apoyados por PINCNT y por la coalición izquierdista Frente Amplio (FA).

A mediados de junio de 1998 se pretendió decidir por votación popular el someter poco después a referendo la ley impugnada. Fue una votación para decidir si hacer otra votación. Como se podía esperar, el gobierno lanzó una costosa
campaña en radio y televisión para inhibir el voto.

En diciembre de 1992 un 72% de los votantes se pronunció en un plebiscito contra la ley que autorizó en 1991, la privatización de la telefónica ANTEL. Siete empresas extranjeras se habían interesado en la compra.

Argentina

Privatizó las telecomunicaciones en 1990, dividiendose en dos partes: la norte, que fuera vendida a un consorcio franco-italiano, y la sur a Telefónica de España.

En el año 2000 se espera reanudar el proceso.

Entre 1990 y 1997 Argentina recibió ingresos por 21 mil millones de dólares en concepto de privatización de 104 empresas, 86 licencias petroleras, 42 concesiones de servicios y 9 contratos de asociación -venta de acciones -.

En 1997 sólo se realizó la privatización de la empresa estatal de correos y la hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú, que alcanzaron entre ambas 103.2 millones de dólares. En Argentina se ha dado uno de los pocos fracasos en el proceso de
privatización de Latinoamérica. En diciembre de 1994 la Cie. Générale des Eaux, conocida después como Vivendi -en la zona se le conoció como Cia. Aguas de Aconquija-, obtuvo una concesión a 30 años para operar la compañía de aguas y cloacas, en los últimos días del gobernador peronista. Cuando esa fecha se acercaba, varios licitantes se retiraron. Todos sospechaban del fracaso. En 1995 Vivendi elevó las tarifas en cerca del 100% en una combinación de impuestos de
agua y honorarios más altos para contribuir a costear el ambicioso programa de inversiones de 380 millones de dólares.
Se dice que si tal vez se les hubiera comunicado los planes a los consumidores... o que definitivamente la población de Tucumán no estaba acostumbrada a pagar por el agua.

Cuando en Tucumán Antonio Bussi tomó el poder como gobernador, sus allegados acusaron a los peronistas del aumento en las tarifas de agua. Después de una renegociación obligada vino un acuerdo que, entre otras cosas, redujeron las tarifas en un 20.6% y se separaban algunas regiones que no querían participar en aquello.

En agosto de 1997 Vivendi canceló el contrato con la provincia, siendo la primera vez que la empresa abandonara una concesión de agua en sus 145 años de historia. Veintiún días después el gobernador ordenó que la compañía tenía que
operar 18 meses más, por lo que para 1998 Vivendi perdía 2.8 millones de dólares al mes, con una facturación que no se cancelaba por el 80% de los clientes.

Prácticamente se terminó dando el servicio sin contrato, sin tarifa y sin cobranza.

Los fondos de pensiones privatizados entraron en crisis en agosto de 1998, momento en que muchos de los conocedores del tema culpaban a la Superintendencia de los AFJP.

Se estima que el peligro comenzó en octubre de 1997. Esa entidad estaba a cargo de la vigilancia de la administración de los fondos, y obligaba por mandato legal a las AFJPs a invertir, algo que no siempre es lo adecuado en momentos bien
característicos del sistema financiero. En Argentina, los bonos y acciones llegaban a estar en desventaja ante formas más líquidas de depósito. Otro problema estaba en la imposibilidad de poner el 100% en una sola forma financiera, es decir tener
todo en un depósito bancarios a plazo fijo. La entidad reguladora justificó su accionar, pero desde la implementación a mediados de 1994, el efecto «tequila» dio su primer lección a las administradoras.


Honduras

El 16 de junio de 1998 el Ejecutivo propuso a la Asamblea la aprobación de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que daría autorización a la venta del 47% de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones -Hondutel- a un socio estratégico y un 2% a empleados y sector privado. El restante 51% quedaría en manos del estado. El plan hacía referencia a la venta para el primer trimestre de 1999.

La ley fue aprobada en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 1998, aceptando vender el 50% a una empresa extranjera por medio de una licitación.

Un 4% podría quedar en manos de otras instituciones estatales, empleados y usuarios, mientras que el Estado conservaría el 46%. La Ley de Capitalización de Hondutel establece que se trata de una concesión a empresa extranjera por 25 años, la cual sería incapaz de cambiar la denominación social de la telefónica, que sería Compañía Hondureña de Telecomunicaciones, SA (Cohdetel).

Hondutel tenía activos valorados en unos 1,000 millones de dólares -según otros datos preliminares sólo 600 millones-, pero esperaba obtener unos 650 millones de dólares del porcentaje que vendiera. Según otras versiones, estaría esperando sólo unos 300 millones de dólares por la parte que vendiera. El valor total de la empresa se estimaba en unos 800 ó 900 millones de dólares -posiblemente a 1997- y 632 millones en 1996. En realidad, todas éstas cantidades fueron parte de la incertidumbre misma, la que se viera acrecentada con las caídas asiáticas y latinoamericanas en agosto y septiembre de 1998, que obligaban al gobierno a preocuparse de que los inversionistas no se interesaran en Hondutel.

A pesar de la mayoría partidaria en la Asamblea del partido oficial, no fue fácil convencer a los sectores económicos que se mantenían reacios al proceso. De todas maneras, en la mayoría de casos para el gobierno no ha sido necesario contar con el apoyo de nadie. La Central General de Trabajadores (CGT), después que se supo de la aprobación del Congreso, volvió a mostrar su desacuerdo, pronosticando que las tarifas altas que vendrían harían prohibitivo el servicio para los sectores de bajos ingresos.

Sin embargo, ya en 1998 se encontraba Motorola ofreciendo el servicio de telefonía celular. Para Hondutel -que ya privatizada se llamaría Honducom, según versiones iniciales- el gobierno tenía estimado unos 39 operadores internacionales
interesados, como France Telecom, Deutschetelefon de Alemania, ATT de Estados Unidos y Telefónica de España. En resumen, sólo siete multinacionales había presentado sus ofertas.

En Honduras la empresa Hondutel era considerada la única rentable del estado, ocupando el quinto lugar en Centroamérica; la venta buscaría dos objetivos:reducción del tamaño del estado y obtener capital para ampliar la red telefónica actual. Se necesitaban unos 2,000 millones de dólares de inversión atender unos 600,000 teléfonos nuevos. Según palabras del presidente de la Comisión de Privatización del Estado, Hondutel manejaba en 1998 un millón de líneas telefónicas, con utilidades de unos 120 millones de dólares anuales. Anterior a la venta, la telefónica sufrió un saneamiento financiero, pagando bonos por 152 millones de dólares correspondientes a deudas en el exterior. Con Siemens y AT&T tenía una deuda que alcanzaba el 65% del total adeudado, unos 270 millones de dólares. Los bonos se habían emitido a raíz de la ampliación de la cobertura nacional, con 220 mil líneas instaladas alrededor de 1993, con recursos financieros, técnicos y
materiales de Siemens y AT&T.

Hondutel se fundó a finales de los setentas y siempre fue manejada por los militares, hasta que el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-98) la llevó a manos civiles.

El mismo gobierno reconoció en agosto de 1998 que de no venderse la empresa telefónica, en Fondo Monetario Internacional no asignaría un préstamo importante a concretizarse en septiembre. Tampoco se podría acceder a una condonación de unos 500 millones de dólares de la deuda de Honduras con el Club de París, que totaliza unos 1,200 millones. En la licitación de Hondutel el gobierno fue asesorado por el consorcio británico Rotschild.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con activos por valor de unos 1,400 millones de dólares, se planea ser vendida a más tardar en el año 2002.

Este anuncio se hizo el 13 de mayo de 1998, cuando el gobierno cediera a una empresa privada -habían ofertado tres empresas- la labor de facturación, como primer paso para la venta de ENEE. Luego se continuaría con la comercialización,
distribución y finalmente generación. Empero, a finales de septiembre de 1998 se supo que no sería hasta el año 2002, sino en febrero del 2000, forzados por la necesidad de un acuerdo con el FMI.

En 1994 una ley eliminó el monopolio de ENEE de generación de electricidad, encontrándose para 1998 varias empresas vendiéndole el producto a la estatal.

Para 1998 ENEE operaba la estructura de distribución -con un costo de unos 400 ó 500 millones de dólares-, con tres represas hidroeléctricas, con unos 4,500 empleados y con una deuda de más de 700 millones de dólares. El Sindicato de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), convencido que el proceso era una imposición de organismos internacionales, luchó por garantizar la mayor estabilidad laboral posible.

A mediados de julio de 1998 se supo que el gobierno concesionaría el manejo de cuatro aeropuertos internacionales a empresas extranjeras en 1999. Los aeropuertos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, el puerto de La Ceiba y la isla de Roatán serían incorporados a contratos de 15 a 25 años. En 1998 juntos recibían cerca de un millón de pasajeros al año. En el primer momento se interesaron tres empresas:

Lufthansa y dos empresas más -una de ellas de Canadá-. Perú Telefónica Internacional pagó en 1994 por la concesión monopólica de telefonía 2,000 millones de dólares. El nuevo operador del sistema completo se denominó
Telefónica del Perú.

En septiembre de 1998 se procedió a subastar trece empresas del sector eléctrico, bajo la figura de las 'acciones doradas', una cláusula que en principio evitaría monopolios u oligopolios. Para junio de 1998 el Comité Especial de Privatización
(CEPRI) ya había aprobado las bases de la subasta de las empresas de distribución Electronoroeste, Electronorte, Electronorte Medio-Hidroandina y Electrocentro, que sumaban una cartera de 850,000 clientes. En buena parte del
proceso CEPRI trabajaba junto a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

A finales de 1997 el Parlamento Nacional aprobó una regulación que permitiría mantener para el Estado 'acciones doradas' en las trece empresas de generación y distribución eléctrica a privatizar, con miras a poder vetar cualquier medida que
fuera contra los intereses nacionales.

Eso incluía incorporación de nuevos accionistas en cualquier modalidad, reducción de capital, emisión de obligaciones convertibles en acciones y cambio de objeto social. Antes de ésta venta el gobierno había recibido ya casi 10 mil millones de
dólares en todo el plan de privatización estatal, en un total de 130 proyectos.

A principios de agosto de 1997 la fusión del consorcio chileno de generación de electricidad Enersis, con la española Endesa, vino a impulsar el proceso de privatización. Con eso, la empresa española alcanzaba por medio de Inversiones
Distrilima, mayor presencia en Perú. Distrilima alcanzaba para 1998 el 60% de distribución de energía de Edelnor. Para entonces, el 30% de las acciones de Distrilima pertenecían a Endesa España, 29% a Enersis, 26% a Chilectra y 15% a accionistas peruanos. En noviembre de 1998 se planeaba vender las últimas tres refinerías de la estatal PetroPerú, pero en agosto se pospuso para el primer trimestre de 1999. Siderperú, la productora de acero, fue privatizada en 1996. En
agosto de 1998 decidió invertir unos 200 millones de dólares en los siguientes cuatro años para modernizar las instalaciones, evaluando la posibilidad de emitir bonos para financiar el proyecto.


Costa Rica

El 13 y 14 de julio de 1998 se llevó a cabo la Primera Cumbre de Reguladores y Empresas Operadoras en San José, a patrocinio de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Asistieron más de 15 representantes de entidades reguladoras y más de 50 empresas de telecomunicaciones. Se hizo claro que mostraron gran interés en examinar los 'exitosos' casos de Chile y México; además el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, confirmó que el proceso de privatización de las telecomunicaciones era irreversible.

A esta reunión asistieron ANATEL de Brasil, SUBTEL de Chile, Telefónica de España y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

A mediados de 1998 el gobierno expresó que se permitiría que la empresa privada trabajara en algunos servicios que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) monopolizara desde 1949. Aunque la ruptura de monopolios siempre ha sonado a privatización en los últimos años en Latinoamérica, al parecer la pretensión se dirigía por el lado de superar algunas ataduras legales de la institución en cuanto a reinversión. En 1998 la telefonía necesitaba una inversión de 100 millones de
dólares para cubrir el mercado. Los 20 millones de dólares de utilidades en 1997 no protegían a la institución de las seductoras ofertas de las transnacionales, ni a los grupos sindicalistas. Estos últimos, bien habían conocido los casos de sus vecinos, como para preocuparse: aquel río llevaba piedras. Según los sindicatos, el gobierno pretendía debilitar la empresa para facilitar su venta, -como sucedió en el caso de ANTEL de El Salvador-.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, planeaba ser dado para administración en concesión a mediados de 1998, pero en julio se amplió el plazo hasta el 4 de septiembre para la recepción de ofertas.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cartel de licitación de 300 dólares había sido adquirido por unas 73 empresas a finales de julio de 1998.

Entre los interesados estaban Lufthansa Consulting GMBH de Frankfurt, Gestión e Ingeniería de Chile, Airport Group International, Aeroport de Montreal Inc, y SNCLavalin de Canadá. Aeroplan Inc de Estados Unidos y la Compañía contratista
Nacional, de México. Schiphol Airport de Holanda, AENA de España y Orlando Sandord International Inc.

A mediados de 1998 se agudizó la discusión entre los partidos socialdemócrata y socialcristiano -éste último en el poder desde el 8 de mayo de 1998 y promotor de la privatización- acerca de las telecomunicaciones, seguros y los cuatro bancos
estatales. Desde 1996 se tenía en la Asamblea un proyecto para los bancos, pero no había prosperado por la fuerte oposición, incluso dentro del mismo partido que lo había propuesto.

Según un documento oficial costarricense, en 1998 sólo quedaban en Latinoamérica Cuba y Costa Rica con el sistema de seguros privatizado. Según los planes, el Instituto Nacional de Seguros (INS) debía ser desmembrado para vender su cartera al sector privado, parcial o totalmente, creándose además una superintendencia.

El presidente presentó el 1 de septiembre de 1998 al Congreso dos proyectos de privatización completa del servicio eléctrico, anteponiendo como razón de que hasta el 2010 se necesitaría invertir 3,300 millones de dólares. El primer proyecto
se denomina La Ley General de Electricidad, siendo el segundo Modificación al decreto Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Tras éstos, se anunciaba ya que en los siguientes días se presentaría un proyecto para las
telecomunicaciones.

Otra justificación que utilizaba el gobierno es que para 1998 se necesitaban inversiones de 145.5 millones de dólares, y unos 218 millones para el siguiente año. La demanda pasaría de 799,000 usuarios a más de un millón para el 2004, en telefonía fija. En la móvil, de 124,000 subiría a unos 227,000 en cinco años.

 

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Geovanny Leiton Villalobos

Departamento Administrativo Aduana Central

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