Las condiciones del desarrollo regional
La descentralización de las funciones del Estado nacional es una
tendencia relacionada a los cambios en "el modo de acumulación, a la
revolución científica y tecnológica, a la reestructuración del Estado y
a las demandas por espacios de autonomía planteadas por la sociedad
civil (Marsiglia y Pintos, 2001). Por lo tanto, la reforma del Estado
implica una reingeniería de las instituciones orientada al logro de una
mayor eficiencia, y una participación más equitativa en los procesos de
desarrollo regional, de tal forma que los resultados contribuyan a
lograr tasas de mayor igualdad.
Sin embargo, la participación popular legalizada e institucionalizada
que refuerza la gobernabilidad democrática y la descentralización
política es relativamente nueva en el contexto de los gobiernos locales
en Latinoamérica. La introducción de la descentralización política
orientó la descentralización administrativa hacia la persecución de la
gobernabilidad democrática, el combate a la corrupción
institucionalizada, reducir la brecha de las inequidades, facilitar la
participación ciudadana, etc. Por lo tanto, el aliento a la
participación ciudadana mediante procesos de descentralización política
y de reordenamiento territorial, pueden crear las condiciones para
impulsar el desarrollo regional.
Lamentablemente, este tipo de descentralización económica que introduce
externalidades y mecanismos de mercado, crea fuertes disparidades debido
a las diferenciaciones regionales y sociales en la asignación y
provisión de bienes y servicios públicos. Para abatir estas
disparidades, se requiere la transferencia de recursos desde el centro,
mediante mecanismos de compensación al desarrollo regional. Las
transferencias de recursos para lograr una mejor redistribución
territorial puede efectuarse mediante fondos financieros no
condicionados a aportaciones específicas y de libre disponibilidad, así
como aquellas transferencias que si están condicionadas.
La implementación de políticas de descentralización debe estar
acompañada con la creación de nuevos espacios para una mayor
participación de la sociedad. Así la descentralización del aparato del
Estado, debe liberar el potencial democrático representado por los
movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil a
fin de servir como suplemento de oportunidades para la participación
popular, incluyendo la participación político-electoral proveídas por
una democracia más participativa.
Los movimientos sociales que operen al nivel de sociedad civil necesitan
estar respaldados por una voluntad política de una eficiente
administración y para que las acciones de los movimientos populares sean
efectivas, éstos requieren presentarse con un modelo de participación
popular, la cual es inherente a su propio voluntarismo. Pero esta
participación popular, de acuerdo con Castells and Borja (1988:47), se
restringe a la consulta, información y cooperación con la administración
local y no a los procesos de toma de decisiones, las cuales siguen
siendo prerrogativas de los representantes electos. Sin embargo, habrá
que determinar si se liberan de las actividades productivas de bienes y
servicios públicos a las administraciones locales, mediante procesos de
descentralización, las repercusiones en términos de beneficios para el
desarrollo regional
Desarrollo local
En vez de ajustar el desarrollo local y nacional a las tendencias y
patrones globales, una estrategia de desarrollo nacional debe tomar en
cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y
potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales y
culturales, como la base para una más articulada integración en los
procesos de globalización. En este caso el desarrollo nacional que
promueve el desarrollo local y regional, debe avanzar en doble sentido.
Esfuerzos para un desarrollo estructural con una amplia cobertura de
arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las
particularidades de las diferentes localidades y regiones.
Van Hermelrick (2001) define el espacio local como un sistema compuesto
de "un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su
medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades." El
mismo autor entiende el desarrollo local como "un proceso basado en
alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial
inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para el
mejoramiento de su bienestar colectivo."
Los proyectos de desarrollo local deben tener como fundamento la
reconstrucción de su propia realidad y no ser elaborados desde el
escritorio de una oficina del gobierno central, de tal forma que tome en
consideración las necesidades de desarrollo locales, los recursos y
capacidades locales existentes, las áreas prioritarias y el
involucramiento de los principales agentes económicos y actores
políticos y sociales. Estos agentes y actores son el Estado y gobierno
mismo, sociedad civil, empresas privadas, etc. Por lo tanto, no existe
un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de
proyectos.
Enríquez (2001) plantea la apertura del campo del desarrollo local en
tres vertientes: la concepción metodológica de trabajo que impulsan las
organizaciones de la sociedad civil y que impulsa acciones desde abajo
para enfrentar la problemática del crecimiento económico y desarrollo
social; como resultado de los procesos de descentralización y
democratización del Estado, y como respuesta a los requerimientos de la
cooperación internacional, la promoción de la reforma del Estado y la
tendencia democratizadora. Las concepciones extremas de los modelos
autárquicos a los modelos globalizadores, con diferentes componentes.
Sin embargo, hasta ahora, el desarrollo local sufre de los efectos
recesivos de las políticas de ajuste estructural y de estabilización
económica que arrojaron un incremento masivo del desempleo, elevación de
los niveles de pobreza y desigualdad social.
Por lo anterior, el desarrollo local tienen que ser reorientado en su
objetivo para cubrir o minimizar estas deficiencias y los impactos
negativos en el desarrollo social, impulsando y promoviendo proyectos
que impliquen nuevas formas de organización para incrementar los niveles
de eficiencia pero también la consecución de una mayor igualdad en el
acceso a los recursos y beneficios del crecimiento económico. No
obstante, la promoción del desarrollo económico local se mantiene
solamente con una orientación en el ámbito del mercado, por lo que sería
importante no conceptualizarlo subordinado siempre a la eficiencia de
los agentes económicos. Precisamente, Boisier (1988), lo local es el
escenario óptimo para la participación individual en la orientación del
mercado, pero insuficiente para la participación colectiva.
Así concebida, la posición ideológica de los países avanzados se centra
en la emergencia de un "Tecn.-nacionalismo" (May, 1997) El rol de la
estructura del conocimiento estratégico en la economía política global
está siendo ampliamente reconocida. El futuro pertenece a las economías
del conocimiento, con implicaciones en las transferencias de tecnología
y de instituciones, mediante métodos verticales y horizontales. Los
métodos horizontales facilitan el componente tácito o personal del
aprendizaje de conocimientos del desarrollo local y general.
Los recientes debates relacionados con la competitividad nacional en un
sistema capitalista global, se han centrado en el papel del conocimiento
estratégico en las actividades productivas y de servicios en
organizaciones domésticas y multinacionales. La teoría económica moderna
muestra que la producción y distribución socialmente óptima del
conocimiento, en donde el costo marginal de proveer conocimiento a otro
consumidor es casi cero. Sin embargo, el óptimo de Pareto no optimiza la
producción y la distribución del conocimiento, debido principalmente a
los derechos de propiedad intelectual que bloquean el acceso libre.
En el modelo actual de desarrollo, la integración social, política e
inclusive la integración económica, quedan supeditadas a los mandatos
del mercado y el Estado a renunciado a su facultad para garantizarlas.
No obstante, la formación de redes de información y de conocimiento es
uno de los principales requisitos para esta integración económica,
política y social. La formación de nuevas formas de relación social que
promuevan la dinámica del desarrollo local en los procesos de
globalización.
Si bien muchas de las ONG's desarrollaron un importante papel en la
formulación de denuncias contra abusos de derechos humanos, en ningún
momento se atreven a denunciar las atrocidades cometidas por sus
patrocinadores, casi siempre organizaciones transnacionales. Además,
para imponer la política económica neoliberal, las ONG's proporcionan
ayuda económica para proyectos de auto-empleo, promueven proyectos
locales, apoyan capacitación y adiestramiento laboral, promocionan la
libre empresa con apoyos financieros a la microempresa y suministran
servicios sociales y asistenciales. La articulación de los proyectos de
desarrollo locales y regionales con políticas nacionales o globales
constituye una tarea prioritaria de las ONG's. Por estar más cercas de
las comunidades, las ONGs dirigen la asistencia a los que verdaderamente
la necesitan.
Para que la política social, al igual que todas las políticas públicas,
sean incluyentes y orientadas al desarrollo humano, requieren de la
democracia como plataforma para los procesos de toma de decisiones. El
desarrollo humano se manifiesta en el espacio del desarrollo local como
la expresión del capital social que resulta de la participación de todos
loas agentes económicos y actores políticos en los diferentes procesos
de decisiones. Los tomadores de decisiones y los formuladores de las
políticas públicas deben descentralizar las operaciones de los programas
para llevar los servicios lo más cercano a la gente que tiene que ser
servida. Además, deben saber como garantizar la rendición de cuentas y
buena práctica, a través de las diferentes unidades de servicio en
unidades dispersas.
La tendencia predominante de descentralización política es la del gasto
y vincularlo con las aportaciones locales para infraestructura básica,
educación y salud principalmente. La descentralización de funciones para
la provisión de estos servicios también requiere la descentralización
administrativa de la gestión social. La confrontación de las necesidades
del desarrollo local implica inversiones en infraestructura física que
no pueden ser financiados con los ingresos fiscales anuales y que por lo
tanto requieren de financiamiento externo a través de la emisión de
deuda pública.
Desarrollo sustentable
Dunning (1997), argumenta que los patrones cambiantes de demanda y
avances tecnológicos han impactado los costos de transacción y
coordinación de la actividad de valor agregado. Las instituciones e
infraestructuras culturales sobre las que se desarrolla tal actividad,
han afectado críticamente los méritos de los modos alternativos de la
organización económica, y sobre los años, la combinación óptima de estos
modos ha sufrido un cambio marcado. De hecho, la combinación de los
modos de organización económica es determinante de los diferentes
niveles de desarrollo sustentable. Sin embargo, para que los pueblos
alcancen niveles de desarrollo autosostenible es necesario no solamente
que realicen su revolución capitalista, sino que también logren su
desarrollo democrático.
Si este desarrollo sustentable se relaciona con las formas de
organización económica, entonces las actividades empresariales adquieren
relevancia por ser la base de las actividades económicas de los
individuos consideradas en tanto que son relaciones entre fines y
recursos escasos. Las variables culturales están siendo subestimadas
como obstáculos al desarrollo, y tampoco se toma en cuenta el estudio
prioritario de las necesidades manifiestas por sobre los deseos o
preferencias de la población para la planificación del desarrollo. Las
organizaciones que se diversifican en los mercados internacionales
tienen la tendencia a ser más innovadoras y a desempeñarse mejor que las
organizaciones que no lo hacen. En parte, esto se debe a que participan
en mercados mayores, en los cuales no solamente pueden obtener más altos
retornos sobre las inversiones, sino también para proveerse de los
recursos necesarios para desarrollar nuevas y mejores innovaciones.
El papel de las agencias estatales subnacionales como socios de empresas
y asociaciones de negocios energizan las redes de acción económica
ubicadas localmente, es una de las formas para apoyar el crecimiento
económico y el desarrollo social. Pero este desarrollo económico y
social desigual está muy lejos de un verdadero desarrollo sustentable
sólo delimitado por una cultura propia local y por una moralidad
económica. Para lograr niveles de desarrollo económico sustentable es
necesario que además de las reformas económicas se den las reformas
políticas y democráticas Abordar las discusiones sobre desarrollo
sustentable es preocuparse por los problemas del medio ambiente y por
las cuestiones sociales.
El medio ambiente comprende los elementos ecológicos, económicos,
sociales y políticos. El sistema local se inserta en el ambiente
ecológico o ecoware (Vázquez, 1993) con el que mantienen relaciones. El
ambiente económico, político y social se inserta en el "macro sistema de
referencia" y norma las funciones y relaciones externas al sistema local
que comprende las capacidades instaladas (software), los recursos
financieros (finware) y formas organizacionales (orgware). El modo de
desarrollo económico actual está siendo seriamente cuestionado porque no
es desarrollo que aliente la sustentabilidad ecológica y la justicia
social en todos los habitantes del globo.
De hecho, las soluciones a los problemas sociales y del medio ambiente
parecen que se encuentran implícitos en las formaciones culturales de
los pueblos. Así, el desarrollo sustentable formula severos
cuestionamientos a las prácticas sociales, culturales y ambientales con
respecto a las actividades organizacionales. El desarrollo sustentable
requiere de reformas económicas y reformas institucionales.
Bebbington (2000) previene de usar el término desarrollo sustentable
para significar "buena administración del medio ambiente". En otras
palabras, logra la eficiencia de uso del medio ambiente, o
eco-eficiencia a largo plazo. El imperativo moral del desarrollo
sustentable está orientado a la obtención de la justicia social para
todos los habitantes del mundo, es decir, de una eco-justicia entre las
diferentes generaciones y al interior de cada una de ellas.
Esta eco-justicia tiene un impacto en las operaciones de las actividades
de los negocios que tradicionalmente se han orientado por entregar
riqueza material a ciertos grupos de alto consumo El desarrollo global
sustentable requiere que aquellos que son más ricos, adopten estilos de
vida más de acuerdo con los medios ecológicos. No obstante, es en la
relación medio ambiente y desarrollo en donde se localiza el origen del
desarrollo sustentable y el desarrollo que reconoce que tiene límites
estructurales y de orígenes naturales se orienta a la sustentabilidad.
El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades. Satisface las necesidades
básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de realizar sus
aspiraciones para un mundo mejor (UNWCED, 1987:8). El desarrollo
sustentable se define como el desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sustentable es un
valor que permite hacer una elección moral para aceptar la equidad y la
justicia social. La preocupación del desarrollo sustentable es la
satisfacción de las necesidades de todas las personas en el mundo ahora
y en el futuro, y por lo tanto, los beneficios y los costos del
desarrollo deben distribuirse entre todos.
Streeten (1992) hace referencia a que el término "desarrollo
sustentable" tiene seis diferentes significados: 1) mantenimiento,
reemplazo y crecimiento de capitales activos, ambos físicos y humanos;
2) mantenimiento de las condiciones físicas del medio ambiente para la
constitución del bienestar; 3) la recuperación del sistema para que le
permita ajustarse a las crisis y a los shocks; 4) evitar las cargas a
las futuras generaciones de deudas internas y externas; 5)
sustentabilidad fiscal, administrativa y política. La política tiene que
ser creíble y aceptada por los ciudadanos, de tal forma que exista
suficiente consenso para llevarla a cabo; y 6) la habilidad para manejar
proyectos por la administración por los ciudadanos de los países en
desarrollo en los cuales se llevan a cabo, de tal forma que los expertos
extranjeros pueden retirarse sin poner en peligro su éxito.
Redclift (1987) sugiere que "el desarrollo debe ser sujeto a una
redefinición, ya que es imposible que la acumulación tenga lugar dentro
del sistema económico global que hemos heredado sin costos del medio
ambiente no aceptables. Ante todo, el desarrollo plantea
cuestionamientos a los valores humanos y actitudes, así como las metas
definidas por la sociedad y criterios para determinar los costos que
tienen que hacerse y por quien.
El desarrollo sustentable, si es que hay una alternativa al desarrollo
no sustentable, implicaría un receso dentro del modelo lineal de
crecimiento y acumulación que finalmente sirve para debilitar los
sistemas de apoyo de la vida del planeta." El desarrollo sustentable se
usa para motivar las iniciativas económicas, políticas, legales, que
buscan resolver la problemática del medio ambiente, económica y social.
La sustentabilidad debe asegurarse en las áreas económicas, sociales,
políticas, culturales, científicas, tecnológicas y del medio ambiente El
desarrollo, por tanto, se encuentra limitado a los costos ambientales
aceptados. Sin embargo, el actual desarrollo económico no es sustentable
porque los costos humano y del medio ambiente son inaceptables.
Sin embargo, el desarrollo actual es un desarrollo económico que
privatiza los beneficios y socializa los costos. El mismo proceso de
integración comercial es apoyando por el Estado-nación que está solícito
a pagar socializando los costos y riesgos de las empresas. Las
corporaciones empresariales están obligadas a dirigir sus energías a
satisfacción de todos los aspectos del desarrollo de las generaciones
actuales y futuras en el contexto industrial.
El propio concepto de desarrollo sustentable debe estar relacionado con
la competitividad de la economía, el nivel de desarrollo social y por un
modelo de nación. Para alcanzar el desarrollo sustentable es necesario
lograr resultados en las reformas económicas y en las institucionales.
La satisfacción de las necesidades de la población está influida por el
nivel de desarrollo económico y social. Las raíces epistemológicas de un
desarrollo no sustentable pueden localizarse en la concepción lineal de
progreso de la era moderna.
Tampoco resulta fácil determinar hasta qué grado los regímenes
supranacionales y las administraciones nacionales necesitan modificar
sus agendas y prescripciones de las políticas en virtud de la creciente
movilidad de los recursos. En un extremo, la definición por una mayor
función de las instituciones del mercado para autorregular las formas de
organización económica y la asignación de los recursos, y en el otro
extremo, la concepción neoestructuralista de las limitaciones del
mercado como asignador óptimo de los recursos. Es en este sentido que la
organización económica está íntimamente relacionada con el desarrollo
sustentable de los pueblos.
La práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan
un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una
política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los
beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar
las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano. Así por
ejemplo, la preservación del medio ambiente es necesaria para el futuro
desarrollo humano, la cual es una condición necesaria pero no suficiente
para el desarrollo sustentable. Planteado el desarrollo sustentaba como
política de Estado no ha producido los resultados esperados, ni los
cambios en comportamientos y actitudes requeridos.
Por tanto, en una economía capitalista, los modos en que se organiza la
actividad económica tales como los roles de los mercados, las
jerarquías, las alianzas entre empresas y los gobiernos, se han vuelto
más complejos. En las economías en desarrollo, son las fuerzas libres
del mercado las que orientan sus objetivos de crecimiento económico y su
desarrollo social, la propuesta de los países capitalistas
desarrollados, aunque no señalen como lograr el equilibrio de un
desarrollo sustentable en el logro de estos objetivos, una vez que se
han rebasado los ánimos iniciales.
Por supuesto que aquí el concepto de desarrollo sustentable está
enfocado hacia la obtención de una racionalidad de medios-fines según el
concepto Weberiano. En un sistema de libre mercado, por ejemplo, no
existe forzamiento para la producción de acuerdos sobre cualquier cosa,
de tal forma que cualquier acción puede ser tomada, pero ajustándose a
esta racionalidad en la relación medios-fines. Mientras, el sistema
socialista pregonaba que los medios de producción y distribución debían
ser propiedad y administradas por el Estado en substitución del mercado.
Las tensiones que existen entre el crecimiento económico y el desarrollo
se fundamentan principalmente en la concepción del desarrollo
sustentable, el cual formula serios cuestionamientos sociales,
culturales y ambientales a las prácticas de las organizaciones. Para
alcanzar el desarrollo sustentable es necesario lograr resultados
positivos en las reformas económicas e institucionales. Lamentablemente,
este enfoque de desarrollo no ha producido los resultados esperados.
En este sentido es necesario establecer nuevos esquemas de colaboración
entre la sociedad y el mercado. Los cambios endógenos de los procesos de
desarrollo económico tienen su origen en las nuevas combinaciones de
estos recursos, descrito ya por Schumpeter (1962, 1943), como una
destrucción creativa como un proceso evolutivo que "incesantemente
revolucionaliza la estructura económica desde dentro, incesantemente
destruyendo la vieja estructura e incesantemente creando una nueva".
La discusión por la búsqueda de una mayor significación al valor del
trabajo frente al capital no concluye todavía Las formas de organización
económica en las economías de mercado consisten en distintas formas de
llevar a cabo y coordinar las actividades económicas dentro y entre las
diferentes unidades de acción económica. Si el desarrollo sustentable
está íntimamente relacionado con estas formas de organización económica,
por lo tanto, las actividades empresariales desempeñan un papel
importante en este desarrollo, porque crean las bases de las actividades
económicas.
Gestión pública local del desarrollo
El desarrollo de los proyectos y las reformas para la transformación,
siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores
(Giddens, 1984; Clegg, 1990). Los costos y beneficios de la reforma
económica, política y social pueden ser compartidos por los diferentes
agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación
ciudadana. La reforma económica implica reformas al sistema político, el
desarrollo de las instituciones políticas y la reforma del Estado. La
participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los
objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática. Para que la
asociación y la participación ciudadana adquiera valor como instrumento
democrático debe ir acompañada de libertad de expresión.
La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la flexibilización de
los sistemas de producción y acumulación que junto con la perspectiva de
los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen a ser
más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal. La
fricción de la distancia se incrementa en importancia proveyendo un
fuerte incentivo para el aglomeramiento geográfico (Appelbaum and
Henderson, 1995) Esta flexibilización se expresa en estructuras de redes
que facilitan las interrelaciones que tienen que desarrollarse en los
diferentes niveles espaciales: local, nacional, regional y global, dando
paso a la emergencia de una sociedad de redes apoyadas en la tecnología
informática. La formación e integración de un sistema de redes de
participación directa en la gestión pública local permiten la
reinvención del espacio geopolítico y otorgan a los gobiernos locales
las competencias requeridas para afrontar los retos de la
globalización.
Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación
que de su inminente eliminación. Sin embargo, las transformaciones y
mutaciones del Estado-nación no van siempre siguiendo una misma
dirección. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene
coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder
internacional y como resultado de una racionalidad de intereses. El
espacio político del Estado-nación ya no se identifica ni depende del
ejercicio soberano sobre un territorio nacional delimitado. El
territorio se redefine para centrarse más en la gestión pública local
bajo una nueva estructura territorial local.
Lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la
responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a
los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de
las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización
política es la descentralización del poder político de las instancias
del centro a las instancias locales. Para que la reforma del Estado se
centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el
mercado y el Estado, requiere de procesos de descentralización para
lograr una gestión pública más eficiente.
La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de
abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno
local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la
gestión pública. El desarrollo local es un proceso orientado por
estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes
económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para
lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores
niveles de bienestar de la población. Son actores y agentes todos los
que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos,
2001). Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino
distintas propuestas de proyectos.
Los actores son las personas e instituciones que desarrollan acciones
directas en un territorio, así como también a las "estructuras,
organismos y personas que por misión o acción tienen un lugar y un papel
en los engranajes de los intercambios locales (Cachón, 1996). Tomando en
consideración que el término local se asocia tanto a un territorio
físico definido, como también a un grupo en movimiento en un espacio
móvil, van Helmerick (2001) define una localidad o un sistema localizado
como "un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado
dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en
función de un fin". Una redefinición del territorio es la base para el
nuevo espacio geopolítico que requiere la nueva gestión pública local
para involucrar a los diferentes actores y agentes en la promoción del
desarrollo de la sociedad.
Este conjunto de elementos se refiere a las personas que viven
habitualmente y a las unidades económicas establecidas en un territorio.
Marsiglia y Pintos (2001) conceptualizan el territorio local/regional
como "una dimensión económica, una dimensión identitaria e histórica,
una comunidad de intereses y como espacio con un potencial endógeno para
potenciar el desarrollo. La reinvención del espacio geopolítico del
gobierno local implica una nueva estructura territorial en la cual la
gestión pública municipal se manifiesta como el escenario en que los
diferentes actores y agentes interactúan en proyectos de colaboración
conjunta para la solución de sus propios problemas.
La creación de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y
municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los
asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la
identidad comunitaria. La reinvención política del gobierno local tiene
su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del
municipio en materia de desarrollo. Las tres relaciones más importantes
en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre
los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y
supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las
relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability)
que se dan entre los ciudadanos y los políticos
La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los
ingresos de los pobres no han cambiado mucho durante el período de la
globalización, que anteriormente. El análisis entre las variables
pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, muestran una
correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el
área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al
equilibrio macroeconómico.
Esta gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco
variables que profundiza los retos consecuencia de una participación
ciudadana y de procesos de descentralización: la ciudadanía efectiva,
desarrollo económico local, gestión territorial, sociedad de la
información y desarrollo sostenible. Sin embargo, este gasto social en
la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la década, pero
los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores
diversos tales como la corrupción.
El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y
persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. El
gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que
limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y
decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado. La
reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la
determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia
arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en
la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la
concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores
público y privado. Esto entre la mayor parte de los líderes de los
grupos representados en los consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que
no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de
poder local.
La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no
debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. Pueden
asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política
social y de servicios públicos que estén menos centralizados. Pueden
participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto
público e inversiones, así como en la obtención de fondos e ingresos
presupuestales.
Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es
conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones que
mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen
propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos
de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional. La
gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura
territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y
estrategias del asociacionismo.
Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y
entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma
para en contar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más
efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las
limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos. Los municipios
orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del
mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de
los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la
competitividad
En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de
decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles
locales inferiores. La gestión pública local requiere de un nuevo diseño
y una nueva reingeniería de la estructura territorial, para aprovechar
las ventajas de la participación social local. La participación en la
gestión administrativa se extiende a las organizaciones políticas y
sociales.
La participación ciudadana en los procesos de descentralización política
son muy limitados. La descentralización política permite a los gobiernos
locales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema
redistributivo, más equitativo, con mayor diferenciación y eficiencia en
la provisión de bienes y servicios públicos. La participación ciudadana
debe ser alentada por los gobiernos locales en los procesos de gestión
pública, tales como en las decisiones presupuéstales de gasto e
ingresos, sobre todo en aquellas decisiones que afectan el uso eficiente
de sus propios recursos y el aprovisionamiento de bienes y servicios
públicos
Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de
auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de
actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una
identidad, lo cual implica la necesidad de "construir" la región en
términos sociales (Boisier, 1987: 143; Schönwälder, 1997:763). La falta
de flexibilidad del Estado nación para reaccionar a los acelerados
cambios de la globalización económica y la inercia de sus pesadas
estructuras que no responden a las actuales demandas de la ciudadanía,
hace necesario fortalecer a las regiones.
La región se define en general como" un área de territorio sobre la que
puede identificarse una marcada unidad de problemas humanos y caracteres
físicos con una fuerte tendencia hacia tal unificación. Es decir, con el
predominio de ciertos factores tanto comunes como complementarios, que
generan una suerte de identidad" siguiendo a Boisier (1988). Una nueva
delimitación del espacio territorial del gobierno local es un
requerimiento para promover una gestión pública orientada a lograr la
participación social de los principales actores y agentes en la solución
directa de sus problemas.
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