Contratos de impulso a programas de interés público. Caso de Alcaldías locales en Bogotá Colombia

  • Economía
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I
LOS CONTRATOS DE IMPULSO A PROGRAMAS DE INTERÉS PÚBLICO Y LOS
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE FUNCIONES
ESTATALES. UN ESTUDIO DE CASO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES DE BOGOTÁ
(2008 - 2010)
Ladys García Saldarriaga
Jady Shirley Avella Fonseca
Universidad Libre
Facultad de Derecho
Maestría en Derecho Administrativo
Bogotá - Colombia
2013
LOS CONTRATOS DE IMPULSO A PROGRAMAS DE INTERÉS PÚBLICO Y LOS
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE FUNCIONES
ESTATALES. UN ESTUDIO DE CASO DE LAS ALCALDÍAS LOCALES DE BOGOTÁ
(2008 - 2010).
Ladys García Saldarriaga
Yadi Shirley Avella Fonseca
Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de:
Magister en Derecho Administrativo
Directora:
Doctora Melba Luz Calle Meza
Línea de Investigación:
Contratación estatal
Universidad Libre
Facultad de Derecho
Maestría en Derecho Administrativo
Bogotá, Colombia
2013
3
Resumen
Los contratos de impulso a programas de interés público reglamentados por el Decreto
777 de 1992 y los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales
de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, son figuras jurídicas diferentes y no
convencionales con que cuenta la administración para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de sus fines. No obstante, la falta de precisión en la normatividad vigente
ha conducido a que de manera equivoca a nivel de las localidades del Distrito Capital se
celebren indistintamente este tipo de contratos y convenios como causal de contratación
directa para la ejecución de los recursos públicos propios de los presupuestos locales.
Así lo demuestra un estudio de caso a la contratación suscrita por ocho (8) de las veinte
(20) alcaldías locales del Distrito Capital durante el período 2008-2010.
Palabras clave: Contratos de impulso, programas de interés público, convenios de
asociación, alcaldías locales, contratación directa.
4
Abstract
Contracts boost public interest programs regulated by Decree 777 of 1992 and the
association agreements for the joint development of state for which Article 96 of Law 489
of 1998, are different legal concepts and unconventional that account management for the
development of its activities and achieve its objectives. However, the lack of precision in
the current regulations has led to wrong way to level the Capital District locations
interchangeably held such contracts and agreements as grounds for direct recruitment for
the execution of public resources typical of local budgets. This is demonstrated by a case
study of the engagement from eight (8) of the twenty (20) Capital District local
municipalities during the period 2008-2010.
Keywords: Contracts momentum, public interest programs, standards organizations, local
municipalities, private treaty.
5
CONTENIDO
Resumen 3
Lista de figuras 8
Lista de tablas 12
INTRODUCCION 16
CAPITULO I 20
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.1 El problema de Investigación 20
1.2 Hipótesis 20
1.3 Justificación 21
1.4 Objetivos 22
1.4.1 General 22
1.4.2 Específicos 22
1.5 Metodología 23
CAPITULO II 28
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
2.1 La tesis de Iziar Elisa y Maricel Sarmiento Torres sobre los contratos de impulso a
programas de interés público 28
2.2 La teoría de Augusto Ramón Chávez Marín sobre los contratos de impulso a
programas de interés blico y los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de
funciones estatales 30
2.3 La visión de Oscar Javier Fonseca Gómez a partir del Distrito Capital 33
2.4 El concepto de la procuraduría provincial de Girardot Cundinamarca que agrupa en
un solo análisis los contratos de impulso y los convenios de asociación 35
CAPITULO III 37
CONSAGRACIÓN LEGAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL
6
3.1 Antecedentes del Decreto 777 de 1992 37
3.1.1 Marco constitucional del artículo 355 40
3.1.2 Alcance y desarrollo jurisprudencial de la prohibición contenida en el artículo 355 42
constitucional
3.2 La contratación de la administración según el Decreto 777 del 16 de mayo de 1992
Contratos de impulso a programas de interés público 45
3.3 Antecedentes del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 52
3.4 La asociación de la administración según el artículo 96 de la Ley 489 de 1998
Convenios de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales 52
3.5 La contratación derivada 58
CAPITULO IV 60
ESTUDIO DE CASO DE LAS ALCALDIAS LOCALES DE BOGOTÁ. 2008-2010
4.1 El proceso de delegación de facultades contractuales en las localidades del Distrito
Capital 60
4.2 Estadística contratos de impulso y convenios de asociación suscritos por ocho (8)
localidades del D.C. 2008-2010 64
4.2.1. Santa fe (Localidad tercera de Bogotá) 64
4.2.2. Usme (Localidad quinta de Bogotá) 68
4.2.3. Engativá (Localidad decima de Bogotá) 72
4.2.4. Suba (Localidad once de Bogotá) 76
4.2.5. Mártires (Localidad catorce de Bogotá) 80
4.2.6. Candelaria (Localidad Diecisiete de Bogotá) 84
4.2.7. Cuidad Bolívar (Localidad diecinueve de Bogotá) 88
4.2.8. Sumapaz (Localidad veinte de Bogotá) 92
7
4.3 Estadística totalizada contratos de impulso y convenios de asociación suscritos por
ocho (8) localidades del D.C. 2008-2010 97
4.4 Procedimiento agotado por ocho (8) localidades de Bogotá previa suscripción de
contratos de impulso a programas de interés público o convenios de asociación para el
desarrollo conjunto de funciones estatales. 100
4.5 Descripción y análisis del procedimiento agotado por ocho (8) localidades de Bogotá
previa suscripción de contratos de apoyo a programas de interés público o convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales. 102
CAPITULO V 107
CONSIDERACIONES FINALES
5.1 Aspectos comunes 109
5.2 Aspectos disimiles 109
5.3 Contratación posterior 110
CONCLUSIONES 113
BIBLIOGRAFIA 115
ANEXOS
Anexo A
Inspecciones 117
Anexo B
CD Soportes digitalizados de inspecciones
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Presupuesto comprometido por el FDLSF vs presupuesto contratado por el
FDLSF (2008-2010) 65
Figura 2. Presupuesto contratado por el FDLSF vs presupuesto contratado por el FDLSF
a través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010) 66
Figura 3. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF vs presupuesto contratado
por el FDLSF a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 67
Figura 4. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 68
Figura 5. . Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través
del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 68
Figura 6. Presupuesto comprometido por el FDLU vs presupuesto contratado por el FDLU
(2008-2010). 69
Figura 7. Presupuesto contratado por el FDLU vs presupuesto contratado por el FDLU a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 70
Figura 8. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU vs presupuesto contratado
por el FDLU a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010) 71
Figura 9. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 72
Figura 10. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través del Decreto 777
de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 72
Figura 11. Presupuesto comprometido por el FDLE vs presupuesto contratado por el
FDLE (2008-2010). 73
9
Figura 12. Presupuesto contratado por el FDLE vs presupuesto contratado por el FDLE a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 74
Figura 13. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE vs presupuesto
contratado por el FDLE a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 75
Figura 14. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 76
Figura 15. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 76
Figura 16. Presupuesto comprometido por el FDLS vs presupuesto contratado por el
FDLS (2008-2010). 77
Figura 17. Presupuesto contratado por el FDLS vs presupuesto contratado por el FDLS a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 78
Figura 18. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS vs presupuesto contratado
por el FDLS a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 79
Figura 19. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 80
Figura 20. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 80
Figura 21. Presupuesto comprometido por el FDLM vs presupuesto contratado por el
FDLM (2008-2010). 81
Figura 22. Presupuesto contratado por el FDLM vs presupuesto contratado por el FDLM a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 82
Figura 23. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM vs presupuesto contratado
por el FDLM a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 83
Figura 24. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 84
Figura 25. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 84
Figura 26. Presupuesto comprometido por el FDLC vs presupuesto contratado por el
FDLC (2008-2010). 85
Figura 27. Presupuesto contratado por el FDLC vs presupuesto contratado por el FDLC a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 86
10
Figura 28. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC vs presupuesto contratado
por el FDLC a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 87
Figura 29. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 88
Figura 30. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 88
Figura 31. Presupuesto comprometido por el FDLCB vs presupuesto contratado por el
FDLSF (2008-2010). 89
Figura 32. Presupuesto contratado por el FDLCB vs presupuesto contratado por el FDLCB
a través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 90
Figura 33. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB vs presupuesto
contratado por el FDLCB a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 91
Figura 34. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 92
Figura 35. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través
del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 92
Figura 36. Presupuesto comprometido por el FDLS vs presupuesto contratado por el
FDLS (2008-2010). 93
Figura 37. Presupuesto contratado por el FDLS vs presupuesto contratado por el FDLS a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 94
Figura 38. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS vs presupuesto contratado
por el FDLS a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 95
Figura 39. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 96
Figura 40. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 96
Figura 41. Presupuesto comprometido por los FDL vs presupuesto contratado por el FDL
(2008-2010). 97
11
Figura 42. Presupuesto contratado por los FDL vs presupuesto contratado por los FDL a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010). 98
Figura 43. Monto del presupuesto local contratado por los FDL vs presupuesto contratado
por los FDL a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010). 99
Figura 44. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por los FDL a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010). 100
Figura 45. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por los FDL a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010). 100
12
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Presupuesto comprometido contratado por el FDLSF 2008-2010 64
Tabla 2. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993. 2008-2010 65
Tabla 3. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998. 2008-2010. 66
Tabla 4. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLSF a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en %. 67
Tabla 5 Presupuesto comprometido contratado por el FDLU 2008-2010 68
Tabla 6 Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010. 69
Tabla 7 Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010 70
Tabla 8 Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local contratado por el
FDLU a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998 en %. 71
Tabla 9 Presupuesto comprometido contratado por el FDLE 2008-2010. 72
Tabla 10 Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010 73
13
Tabla 11. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998, 2008-2010 74
Tabla 12. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLE a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 75
Tabla 13. Presupuesto comprometido contratado por el FDLS 2008-2010. 76
Tabla 14. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010. 77
Tabla 15. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010 78
Tabla 16. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 79
Tabla 17. Presupuesto comprometido contratado por el FDLM 2008-2010 80
Tabla 18. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010. 81
Tabla 19. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010. 82
Tabla 20. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLM a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 83
14
Tabla 21. Presupuesto comprometido contratado por el FDLC 2008-2010. 84
Tabla 22. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010 85
Tabla 23. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010. 86
Tabla 24. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLC a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 87
Tabla 25. Presupuesto comprometido contratado por el FDLCB 2008-2010 88
Tabla 26. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010 89
Tabla 27. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través del decreto 777
de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010. 90
Tabla 28. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLCB a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 91
Tabla 29. Presupuesto comprometido contratado por el FDLS 2008-2010. 92
Tabla 30. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010. 93
15
Tabla 31. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010. 94
Tabla 32. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010). 95
Tabla 33. Presupuesto comprometido contratado por los FDL 2008-2010 97
Tabla 34. Monto del presupuesto local contratado por el FDL a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010. 97
Tabla 35. Monto del presupuesto local contratado por los FDL a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010. 98
Tabla 36. Monto del presupuesto local contratado por los FDL a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local contratado por los
FDL a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998 en %
(2008-2010) 99
Tabla 37. Comparativo contratos Decreto 777 de 1992 vs Convenios de asociación
artículo 96 de Ley 489 de 1998 110
16
INTRODUCCION
Con fundamento en el Decreto 612 de 2006, el alcalde mayor de Bogotá para el
momento, Luis Eduardo Garzón, radicó en los alcaldes locales la facultad para contratar y
ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de las Alcaldías locales, lo anterior
restringido a algunas materias a saber, ambiente, cultura, desarrollo económico, industria
y turismo y gobierno. No obstante, el decreto 612 de 2006 fue, derogado por el Decreto
101 de 2010 y, en virtud del artículo octavo de esta norma, los alcaldes locales asumieron
la facultad plena de contratación con cargo al presupuesto de los fondos de desarrollo
local.
Desde aquella época, las localidades, en desarrollo de las facultades de contratación
atribuidas, comenzaron a celebrar contratos y convenios con personas jurídicas sin
ánimo de lucro, esto con fundamento en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355
Constitucional, invocando el impulso de programas y actividades de interés público o la
asociación para llevar a cabo de manera conjunta programas y proyectos afines: aquellas
propias del decreto 777 de 1992 en tanto estas derivadas del artículo 96 de la ley 489 de
1998.
Decreto 777 de 1992. Artículo 1:
“Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de
la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de
impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se
sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los
particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan
incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983”1.
Ley 489 de 1998. Artículo 96:
“Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con
la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse
1 Artículo 1 Decreto 777 de 1992
17
con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o
la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación
con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes…”
Ante la cada vez más frecuente utilización a nivel local de este tipo de figuras no
convencionales, se estimó necesario precisar a través de esta investigación el marco legal
que da origen a las mismas así como los presupuestos contractuales concurrentes al
momento de su celebración, lo anterior dado el carácter de entidades públicas que les
asiste a las localidades de Bogotá, y la importancia que a nivel social tiene el manejo de
los recursos públicos, no en vano la institucionalización en el año 1993 de un estatuto
contractual general de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas, al
margen del cual no es hoy admisible la existencia de ninguna modalidad o procedimiento
contractual razón por la cual el fenómeno investigado amerita un análisis y consecuente
pronunciamiento.
Ahora bien, tal y como se planteó desde el proyecto de investigación, metodológicamente
hablando la problemática contractual local se abordó no sólo desde el ámbito jurídico,
también se efectuó un trabajo de campo en el cual se estudiaron casos particulares,
específicamente tres (3) contratos o convenios suscritos por localidad entre el período
2008-2010 que se enmarcaran dentro de los presupuestos en estudio Decreto 777 de
1992 y/o artículo 96 de Ley 489 de 1998 -, lo anterior respecto ocho (8) localidades
seleccionadas aleatoriamente Santa Fe, Usme, Engativá, Suba, Candelaria, Mártires,
Cuidad Bolívar y Sumapaz - que constituyen la muestra de la investigación según modelo
aleatorio simple.
La celebración de contratos y convenios al amparo del Decreto 777 de 1992 y el artículo
96 de la ley 489 de 1998 necesariamente tiene un importante impacto a nivel del
porcentaje de inversión, lo cual hace que también estemos frente a una investigación de
profundización aplicada de corte propiamente socio jurídico.
La contextualización que esta investigación presenta del asunto en estudio, además de
poner en evidencia una tal vez indebida interpretación y aplicación de la norma Decreto
18
777 de 1992 y artículo 96 de la ley 489 de 1998 derivada de la falta de unificación de
fenómeno en comento, busca también precisar el asunto, evidenciar sus falencias y
propender por que a futuro no se proceda de tal manera, esto es, no se pretexte su
aplicación acudiendo a estas figuras contractuales y asociativas derivadas del artículo 355
constitucional para comprometer recursos de manera lapsa y directa, de suerte que esta
investigación propende por mantener incólume la legalidad y el sometimiento al estatuto
general de contratación que vincula a las entidades públicas y específicamente a las
localidades.
Plan de Trabajo
Esta investigación se presentará dividida en tres partes contenidas en cinco capítulos. La
parte inicial agrupa los capítulos I, II y III, en ella se contextualiza el tema investigado. Se
recoge a su vez el estudio y pronunciamientos en torno a los contratos de impulso a
programas de interés público reglamentados por el Decreto 777 de 1992 cuyo origen es el
artículo 355 de la Constitución Política al tiempo que trata el desarrollo dado legal y
jurisprudencialmente a los convenios de asociación consagrados en el artículo 96 de la
Ley 489 de 1998. Así mismo se exponen las diferentes acepciones sobre estas dos
figuras y se estudian los autores más relevantes sobre la materia.
La segunda parte, se dedicará propiamente a un estudio de caso, el cual incluye dos
aspectos a saber: El análisis del presupuesto comprometido y el procedimiento agotado
durante el período 2008-2010 por ocho (8) de las veinte (20) localidades del Distrito
Capital, previa suscripción de contratos de apoyo para el impulso de programas de interés
público y/o convenios de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales.
En cuanto al análisis presupuestal, se tuvo en cuenta el 100% del presupuesto anual
efectivamente comprometido durante las vigencias 2008-2010 por cada una de las ocho
(8) localidades muestra de la presente investigación, una vez obtenida esta información
se procedió a determinar el monto de ese presupuesto total anual que se comprometió
para ser ejecutado a través de las figuras jurídicas en estudio.
19
Ahora bien, en cuanto al procedimiento como tal y teniendo en cuenta que todos los
contratos de impulso y/o convenios de asociación suscritos por la localidades tenían la
misma probabilidad de ser seleccionados para revisión, se seleccionaron aleatoriamente
tres (3) contratos de apoyo para el impulso de programas de interés público y/o convenios
de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales perfeccionados durante las
vigencias 2008-2010 por cada una de las ocho (8) localidades que constituyen la muestra
de la presente investigación, para un total de veinticuatro (24) contratos y/o convenios
inspeccionados.
El estudio del presupuesto fue graficado, en tanto el procedimiento se analizó de manera
consolidada, resaltando aquellos aspectos comunes así como los hechos encontrados
atípicos, finalmente se encuentra consolidado en tablas el paso a paso previo a la
suscripción de este tipo de contratos y/o convenios.
Por último, se hacen unas consideraciones sobre los contratos de impulso y convenios de
asociación y se destaca que son figuras disímiles y no convencionales frente a la
actividad contractual ordinaria de la Administración pública.
20
CAPÍTULO I
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.1 El Problema de Investigación
Durante el período 2008-2010 las localidades del Distrito Capital celebraron contratos de
impulso a programas de interés público - Decreto 777 de 1992 - y convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales - artículo 96 de la Ley 489
de 1998 -, entregando recursos locales de manera directa a particulares para que estos
ejecutaran los proyectos contenidos en los respectivos planes de desarrollo.
La aplicación de estas figuras, contractual y asociativa, se ha dado a nivel de las
localidades de manera equívoca, como una modalidad de contratación directa para
ejecutar sus presupuestos. Por ello en la actualidad la necesidad de establecer criterios
que unifiquen el procedimiento, clarifiquen los eventos en que resulta procedente la
aplicación de cada una de estas figuras evitando con ello la indebida utilización y abuso
de las mismas, lo cual implica el planteamiento del siguiente problema:
¿Se ajustan los contratos de impulso a programas de interés público y los convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales, suscritos por las localidades
del Distrito Capital en el período 2008-2010, a los requisitos y presupuestos legales
dispuestos en el artículo 355 de la CP, el Decreto 777 de 1992 y la Ley 489 de 1998,
respectivamente?
1.2 Hipótesis
Tanto los contratos de impulso a programas de interés público como los convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales celebrados por las alcaldías
locales del Distrito Capital con personas jurídicas particulares durante el período 2008-
2010 se suscribieron sin que concurrieran los presupuestos y requisitos legales
dispuestos en el artículo 355 de la CP, Decreto 777 de 1992 y la Ley 489 de 1998;
utilizando estas figuras sin que la mismas fueran procedentes, obviando con ello el
estatuto general de contratación pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás
reglamentarias).
21
1.3 Justificación
Con fundamento en el Decreto 612 de 2006, el alcalde mayor de Bogotá trasladó a los
alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al
presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local en algunas materias. hoy el decreto 612
de 2006 fue derogado por el Decreto 101 de 2010 y en consecuencia asumida por los
alcaldes locales la contratación de la totalidad de los recursos asignados a los Fondos de
Desarrollo Local -.
Las localidades, en ejercicio de las facultades de contratación en temas como ambiente,
cultura, participación y gobierno e invocando el impulso de programas y actividades de
interés público comenzaron a celebrar contratos y convenios con personas jurídicas
particulares de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 777 de 1992 y artículo 96 de la
Ley 489 de 1998. No obstante; tales figuras se aplicaron para la ejecución de recursos
locales destinados al cumplimiento de los planes de desarrollo siendo esto improcedente.
Lo anterior pudo tener lugar debido a los escasos parámetros procedimentales existentes
para la aplicación de tales figuras. Así durante el período 2008-2010 las alcaldías locales
acudieron a diversos esquemas y procesos contractuales para llevar a cabo los
mencionados contratos y/o convenios.
Ciertamente la normatividad vigente para la celebración de contratos de impulso a
programas de interés público y convenios de asociación para el desarrollo conjunto de
funciones estatales además de no establecer un procedimiento como tal tampoco expone
claramente los eventos en que jurídicamente es viable la utilización de este tipo de
figuras. En consecuencia, no existe un procedimiento contractual unificado para efectos
de llevar a cabo estos contratos o convenios, aspecto en el que radica la importancia del
presente estudio.
Recordemos que la ley 80 de 1993 constituye el estatuto general de contratación instituido
en procura de la legalidad y transparencia, con fuerza vinculante a todas la entidades
públicas sin que este pueda obviarse dando aplicación o alcance a otras modalidades de
contratación, menos aun aplicando parámetros de contratación directa.
22
1.4 Objetivos
1.4.1 General
Establecer, a partir del análisis de la contratación local en el período 2008-2010, la
necesidad de criterios que unifiquen el procedimiento y clarifiquen los eventos en que
resulta viable la celebración de contratos de impulso a programas de interés público Hoy
Decreto 777 de 1992 - y convenios de asociación para el desarrollo conjunto de
funciones estatales Artículo 96 de Ley 489 de 1998.
1.4.2 Específicos
- Estudiar someramente la doctrina colombiana sobre los contratos de impulso a
programas de interés público y los convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de funciones estatales.
- Analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el artículo 355 de la
Constitución Política Colombiana según el cual ninguna de las ramas u órganos
del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas
naturales o jurídicas de derecho privado.
- Verificar el porcentaje del presupuesto anual local que fue comprometido
contractualmente a través de la celebración de contratos de impulso a programas
de interés público y/o convenios de asociación para el desarrollo conjunto de
funciones estatales durante los años 2008-2010.
- Revisar algunos contratos de impulso a programas de interés público y/o
convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales
suscritos por las alcaldías locales del Distrito Capital con personas jurídicas
particulares en el marco del Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la Ley 489 de
1998 durante el período 2008-2010.
- Analizar la normatividad aplicada por las alcaldías locales del Distrito Capital para
la celebración de contratos de impulso a programas de interés público y/o
23
convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales durante
el período 2008-2010.
- Describir el procedimiento contractual agotado por las alcaldías locales del Distrito
Capital previa celebración de contratos de impulso a programas de interés público
y/o convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales
durante el período 2008-2010.
- Establecer que los contratos de impulso a programas de interés público y los
convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales son
figuras jurídicas diferentes que no constituyen una modalidad de contratación
directa a través de la cual puedan entregarse recursos a particulares para que
estos ejecuten los presupuestos de las entidades públicas.
1.5 Estrategia Metodológica
Forma de Investigación
El punto de partida es la aproximación conceptual con el objetivo de establecer las
características principales de las distintas figuras contractuales objeto de análisis:
Contratos de impulso a programas de interés blico y convenios de asociación para el
desarrollo conjunto de funciones estatales; así como la contratación derivada de estos,
sus similitudes, diferencias y los problemas generados con esta tipología contractual de
excepción.
Así mismo, se abordará la problemática desde la aplicación que las alcaldías locales le
dieron durante el período 2008-2010 al Decreto 777 de 1992 y artículo 96 de la Ley 489
de 1998, y su impacto social teniendo en cuenta el porcentaje de inversión contratado a
través de estas figuras. En consecuencia estamos frente a una investigación de
profundización aplicada de corte propiamente socio jurídico.
Tipo de Investigación
Desde el tipo de investigación se agotaran las siguientes fases:
24
- Exploratoria: En la medida en que la celebración de los contratos de impulso a
programas de interés público y los convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de funciones estatales de que tratan el Decreto 777 de 1994 y el artículo
96 de la Ley 489 de 1998, respectivamente, ha sido un tema poco estudiado a
nivel contractual, esta investigación explorará los contratos y convenios suscritos
por parte de las alcaldías locales del Distrito Capital en la aplicación de esta
normatividad durante el período 2008-2010.
- Descriptiva: Se consultará el presupuesto asignado a cada una de las localidades
durante el período 2008-2010 estableciendo el porcentaje del mismo que fue
comprometido a través de contratos de impulso a programas de interés público y
convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales. Así
mismo se revisarán tres (3) contratos y/o convenios por cada una de las
localidades seleccionadas como muestra describiendo el fundamento legal
señalado en los mismos y el procedimiento agotado por estas localidades previa
suscripción de estos, siendo las anteriores sólo algunas de las propiedades
asociadas al problema de investigación que permitirán describir el panorama en
medio del cual concurre en fenómeno contractual investigado.
- Evaluativa: Finalmente una vez establecidas las causales invocadas por las
alcaldías locales durante el período 2008-2010 para suscribir contratos de impulso
a programas de interés público y/o convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de funciones estatales podrá evaluarse el procedimiento y aplicación
actual del Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, analizando
si estas figuras no convencionales se aplicaron de manera adecuada o si por el
contrario han degenerado en una modalidad de contratación directa.
Método de Investigación
Por tratarse de una investigación socio-jurídica en la cual se estudiará la aplicación de las
normas relacionadas con el problema de investigación (Decreto 777 de 1992 y articulo 96
de la Ley 489 de 1998) se acudirá tanto al método cualitativo a través del cual se
identificará la realidad en cuanto a la suscripción de contratos de impulso a programas de
interés público y convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones
25
estatales por parte de las alcaldías locales del Distrito Capital durante el período 2008-
2010 y cuantitativo para lo cual se analizaran datos sobre el porcentaje del presupuesto
local comprometido a través de estas figuras.
Sin perjuicio de la aplicación de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, también se hará
uso de métodos de investigación propios del derecho tales como el método inductivo,
pasando de hechos singulares a proposiciones generales y deductivo a través de la
inferencia lógica teniendo que aquel usualmente va asociado a la investigación cualitativa
en tanto este tiene mucho que ver con lo cuantitativo.
Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Para obtener la información que conduzca al esclarecimiento del problema de
investigación y en consideración al objeto y método de la misma se acudirá a la utilización
de fuentes primarias, secundarias y terciarias acomo algunas técnicas e instrumentos,
del siguiente modo:
Fuentes Primarias:
- Elaboración de oficios con destino a cada una de las alcaldías locales del D.C que
constituyan la muestra de la investigación, solicitando copias e información sobre
los contratos de impulso a programas de interés público y los convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales durante el período
2008-2010.
Fuentes Secundarias:
- Se analizará la información teórica existente sobre el tema, autores, monografías,
textos y normatividad vinculada al mismo (Inciso segundo del artículo 355
constitucional, Decreto 777 de 1992 y articulo 96 de la Ley 489 de 1998, entre
otros).
Fuentes Terciarias:
- El análisis de monografías y documentos similares donde el autor necesariamente
cita a otro autor en el cual ha basado su análisis.
26
Técnicas:
- Se analizará el contenido de los textos, la legislación y la normatividad en general
relacionada con el objeto de investigación, para lo cual se dará aplicación a los
sistemas de evaluación tales como el análisis normativo, jurisprudencial,
documental y económico.
Indicador aplicable: presupuesto local anual ejecutado a través de contratos de
impulso a programas de interés público y convenios de asociación para el
desarrollo conjunto de funciones estatales / total del presupuesto local anual
ejecutado.
Población universo: Veinte (20) alcaldías locales del D.C
Muestra: De tomarán ocho (8) de las veinte (20) localidades, revisando tres (3)
contratos de impulso a programas de interés blico y/o convenios de asociación
para el desarrollo conjunto de funciones estatales suscritos durante el período
2008-2010.
Para la conformación de la muestra se procedió a encontrar el número mínimo de
unidades de análisis que son necesarias para conformar una muestra de tamaño (n) que
asegure el tener un error estándar menor del 0,26 dada la población total (N) de 20
Fondos de Desarrollo Local, la fórmula utilizada para determinar el cálculo fue la
siguiente2:
Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N. entonces se tiene:
2 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. España: Editorial McGraw-Hill, 1997. Pags. 265-267.
27
Para el desarrollo de la presente investigación se planteó el siguiente interrogante ¿Cuál
es el número de FDL que se tienen que analizar, para tener un error estándar menor de
0,26 dado que la población total es de 20 FDL?
N: 20 FDL.
: Valor promedio de un FDL.
Se: Error estándar, 0.26 determinado para la investigación.
V: Varianza de la población (Se)2 del error estándar.
S2: Varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de .
Sustituyendo se tiene:
S2= p (1-p)= 0.9 (1-0.9)=0.9
V= (0,26)2=0.0676
n´=0.9/0.0676=13.313
Ajustando la muestra:
n= 13.313/(1+(13,313/20))=7.992 FDL
Finalmente se concluye que son necesarios ocho (8) FDL para realizar la investigación.
Instrumentos
- Se elaborará un cuestionario dirigido mediante oficio a las diferentes alcaldías
locales del D.C solicitándoles información relacionada con el presupuesto anual
(2008-2010) así como el número de contratos de impulso a programas de interés
público y/o convenios de asociación para el desarrollo conjunto de funciones
estatales suscritos durante el período ya relacionado.
- Se elaborará un cuadro que incluya datos relevantes para efectos de llevar a cabo
inspección a tres (3) contratos de impulso a programas de interés público o convenios
de asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales, suscritos por cada
una de las ocho (8) localidades que constituyen la muestra investigación.
28
CAPITULO II
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A CONTRATOS DE IMPULSO A PROGRAMAS
DE INTERÉS PÚBLICO Y LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO CONJUNTO DE FUNCIONES ESTATALES
Al margen del estatuto general de contratación, la administraciónblica tiene en la
actualidad la posibilidad de celebrar otro tipo de contratos y convenios que, aunque afines
con los postulados del Estado Social de Derecho, son ajenos a la órbita de regulación
general consagrada en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Este es el caso de figuras como los contratos de impulso a programas de interés público y
los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales. Los primeros
regulados por el Decreto 777 de 1992 como excepción a la prohibición establecida en el
artículo 355 constitucional, en tanto los segundos contenidos en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998, norma ésta que tipifica diversas modalidades de unión y de organización
entre la Administración y personas jurídicas particulares para llevar a cabo de manera
conjunta actividades atribuidas a las entidades estatales.
Es poco el desarrollo que a nivel doctrinario se encuentra respecto de estas dos figuras, lo
que quizás obedece precisamente a su naturaleza excepcional cuya celebración procede
al margen del estatuto general de contratación.
2.1 La tesis de Iziar Elisa y Maricel Sarmiento Torres sobre los contratos de impulso
a programas de interés público
Iziar Elisa y Maricel Sarmiento Torres, catalogan como un tipo contractual sui generis los
contratos a que se refiere el artículo 355 de la Construcción Política reglamentados por el
Decreto 777 de 1992 y afirman que los mismos son claramente diferenciables de los
contratos de prestación de servicios tratados en la Ley 80 de 1993. Aquellos obligan a las
29
entidades sin ánimo de lucro al sometimiento del Decreto 777 de 1992 mientras estos son
vedados a los entes con ánimo de lucro.3
Sostienen estas autoras que los contratos sujetos al artículo 355 constitucional, por su
naturaleza, no se someten a ningún proceso de selección para su celebración, sino que
se rigen por las normas entre particulares; por el contrario, los contratos propios de la ley
80 de 1993 implican generalmente un proceso de selección.
Adicionalmente, las autoras citadas hacen la precisión más relevante y distintiva sobre los
contratos de impulso a programas de interés público consagrada por ellas en los
siguientes términos:
“…De la lectura del artículo 355 se desprende que el objeto de los contratos es “impulsar
los programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional de desarrollo”.
Esta norma claramente muestra que los contratos a que se refiere dicha disposición son
aquellos por los cuales el Estado entrega recursos a un ente sin ánimo de lucro para que
el mismo pueda adelantar sus programas.
Los programas a que se refiere no son los programas del Estado sino los programas del
ente privado, porque si fueran los del Estado se trataría no simplemente de impulsar un
programa sino de ejecutarlo, y de otra parte no se requeriría que fuera acorde esto es
que guarde armonía - con el plan, aunque no esté incluido en el mismo, sino que debería
estar comprendido…”.4
Luego, en el año 2005 el Consejo de Estado al pronunciarse sobre la materia parece
seguir el planteamiento de estas autoras5.
De suerte que, a través de los contratos de impulso a programas de interés público el
Estado apoya entidades sin ánimo de lucro, esto es, como excepción a la prohibición del
artículo 355 constitucional hace donaciones, no obstante, los programas impulsados
3 SARMIENTO TORRES, Iziar Elisa y Maricel. Contratación de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bogotá: Editorial Gustavo Ibáñez,
1997.
4 SARMIENTO TORRES, Iziar Elisa y Maricel. Contratación de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bogotá: Editorial Gustavo Ibáñez,
1997.
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia 1626 de 2005. C.P. Gloria Duque Hernández. Véase Capitulo III,
numeral 3.1.2 Pág. 44
30
deben relacionarse con los contenidos en el respectivo plan de desarrollo del ente Estatal
que los apoya.
2.2 La teoría de Augusto Ramón Chávez Marín sobre los contratos de impulso a
programas de interés público y los convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de funciones estatales
En el año 2008, Augusto Ramón Chávez Marín en su tesis titulada “Los convenios de la
administración entre la gestión pública y la actividad contractual6 de manera exhaustiva,
aunque no del todo coincidente con la presente investigación, expone los diferentes tipos
de convenios considerados por él como mecanismos de gestión pública distintos y
autónomos respecto del contrato administrativo o estatal.
Dedica el doctor Chávez Marín dos capítulos de su obra a esta materia. Uno de ellos a los
convenios administrativos de colaboración contenidos en la Ley 489 de 1998, y en el
marco de la misma Ley los contenidos en el artículo 96 llamados por el autor convenios
administrativos de asociación y convenios mixtos de organización. De los primeros, se
ocupa también la presente investigación al hablar de convenios de asociación para el
desarrollo conjunto de programas estatales. Refiriéndose a los convenios de asociación
del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 Chávez Marín argumenta que en estos la
Administración no transfiere a los particulares el ejercicio de una función que le es propia
sino que se asocia temporalmente con ellos para ejecutarla:
“Se presenta la celebración de un compromiso de los que se denominan, como lo hace
expresamente la Ley 489 de 1998, convenios de asociación, que constituyen un vínculo
de carácter temporal entre la administración y personas jurídicas particulares, tendiente a
la realización de objetivos comunes a ambas partes. En este caso la actividad es
desarrollada por ambas partes, conjunta y coordinadamente: administración y
6 CHAVEZ MARIN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario, 2008.
31
particulares. En tal sentido opera una verdadera asociación de personas, una conjunción
de esfuerzos.”7
Afirma además que los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se
sujetarán no sólo a lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, sino también
a las reglas que conforme al ordenamiento jurídico desarrollan esa disposición
constitucional. Es decir, el decreto 777 de 1992. A juicio del autor, lo anterior se infiere
claramente del inciso segundo del artículo 96 de la ley 489, porque este remite a esa
norma constitucional y ella integra un bloque, una unidad normativa, con sus reglamentos.
Según Chávez Marín el inciso segundo del artículo 355 de la CP atribuye al gobierno
nacional la competencia privativa para expedir las normas que deben reglamentar los
contratos celebrados por el gobierno en los niveles nacional, seccional o local con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes
seccionales de desarrollo. Esta atribución, en efecto, fue ejercida por el Presidente de la
Republica mediante los decretos 777, 1403 de 1992 y 2469 de 1993.
Entonces, la aparente remisión de los convenios de asociación al régimen especial del
decreto 777 de 1992, hecha por el inciso segundo del artículo 96 de la ley 489 de 1998,
según este autor tiene dos implicaciones: En primer lugar, constituye una remisión al
régimen propio de los convenios regulados por el artículo 355 constitucional, lo cual
significa someter aquellos a todas las formalidades, requisitos, prohibiciones y demás
aspectos establecidos en detalle por los decretos autónomos, hoy vigentes, 777 y 1403 de
1992. En segundo lugar, la remisión comentada y la consecuencia anotada
anteriormente, implican una regulación de los convenios previstos por el artículo 355 de la
CP, en cuanto se señala cuales compromisos deben ser objeto de la misma. Esta
determinación sobre el ámbito regulatorio del artículo 355, es decir, establecer cuales
compromisos deben ser objeto de las normas que desarrollan el artículo 355, corresponde
al gobierno nacional, de acuerdo con la competencia atribuida por esta misma norma
7 CHAVEZ MARIN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario 2008.
32
constitucional.
Por las razones anteriores, Chávez Marín considera que con la remisión hecha por el
inciso segundo del artículo 96 de la ley 489 de 1998, el Legislador invadió indebidamente
la órbita de la competencia propia del Presidente de la República. No obstante, más
adelante, al tratar el desarrollo jurisprudencial de este tipo de convenios veremos como la
Corte Constitucional en la sentencia C- 671 de 1999 consideró algo diferente.
El otro capítulo que interesa para efectos directos de esta investigación, está dedicado a
los contratos de impulso a programas de interés público derivados del artículo 355 de la
Constitución. Chávez Marín los denomina “convenios de interés público” aclarando que,
en su concepto este tipo de acuerdos, aunque aparecen en la norma constitucional bajo la
denominación de contratos, corresponden a los caracterizados como convenios en el
campo de la Administración concertada y el desarrollo de acciones de fomento.
Ahora bien, al margen de la denominación “convenios” que propone el autor, él también
encuentra que la suscripción de contratos de impulso sólo es viable en el marco
regulatorio de los mismos, esto es, cuando no esté de por medio la satisfacción de un
interés institucional pues éste implicaría necesariamente una contraprestación directa en
favor de la entidad contratante. Dice el doctor Chávez Marín:
“…la entidad contratante busca la satisfacción de un interés puramente institucional, que
le es propio, en cuanto pretende la recepción a su favor de un servicio que le permite el
logro de los objetivos que le competen, aunque la obtención del objetivo institucional
concreto de su único interés, implique un beneficio común a un grupo social determinado
o bien a la comunidad en general. Es claro que la entidad estatal contratante en este
evento no pretende la promoción, el estímulo o fomento de una actividad realizada por
una entidad privada sin ánimo de lucro, congruente con el plan nacional de desarrollo y de
contera la satisfacción de intereses comunes de ambas partes, mediante la conjunción
voluntaria de intereses en el desarrollo de la gestión correspondiente. Por este motivo tal
acuerdo de voluntades no debe llevarse a cabo en el marco regulatorio de los convenios
de interés público, sino que se remite a las regulaciones de la contratación estatal
ordinaria contenida en el estatuto general establecido hoy día por la Ley 80 de 1993”.
33
Vemos entonces como este autor también diferencia los convenios de asociación del
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, de los contratos de impulso a programas de interés
público pese a que estos últimos son denominados por él “convenios de interés público”.
Presentados ambos como instrumentos de gestión pública cuyos fundamentos,
presupuestos fácticos de aplicación y propósitos son diferentes.
2.3 La visión de Oscar Javier Fonseca Gómez a partir del Distrito Capital
Ahora bien, en un análisis más aproximado a la presente investigación porque también es
abordado respecto del Distrito Capital, Oscar Javier Fonseca Gómez en su tesis “Los
convenios de asociación una mirada desde el estatuto contractual y el Distrito Capital”
coincide con la presente investigación al considerar que los contratos de impulso a
programas de interés blico y los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de
funciones estatales han sido de poco desarrollo doctrinario y su aplicación presenta serios
vacíos normativos8.
También es coincidente el planteamiento central de este autor al afirmar que estas figuras
se encuentran al margen del estatuto contractual general y que por tanto no es viable
pretextar su celebración bajo los parámetros de contratación directa puesto que no se
encuentran expresamente consagradas como tal en la Ley 80 de 1993.
Le asiste además razón cuando expone las ambigüedades que a nivel del Distrito Capital
se presentan al momento de suscribir este tipo de actos, todo lo anterior lo recoge
diciendo:
Como quiera que no existe fuente normativa dentro del estatuto contractual que haya
establecido a los convenios de asociación como una causal de contratación directa y bajo
el entendido que no se ha hecho un análisis acucioso en sus supuestas diferencias no por
ellos se pueden crear procedimientos, como los establecidos por la Secretaría de
Gobierno Distrital, donde se solicitaba suprimir como fuente normativa de los convenios
de asociación el Decreto 777 de 1992, bajo el entendido que ambas formas de contratar
son diferentes y con un cuadro comparativo, en el cual se ilustró simplemente las
8 FONSECA GOMEZ, Oscar Javier. Los convenios de asociación una mirada desde el estatuto contractual y el Distrito Capital. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2012.
34
principales diferencias entre contrato y convenio en su naturaleza básica, y sin aterrizarse
en el tema específico de la contratación con entidades sin ánimo de lucro se originó tal
directriz, la cual es contraria a derecho, toda vez que ello indica por encima que no se
estaría aplicando el único decreto reglamentario de la norma que sustenta los convenios
de asociación y por tanto el procedimiento utilizado de entrada presenta serios vacíos de
sustento normativo”.
No obstante, se aleja la posición del autor en comento de la que se pretende demostrar
en esta investigación, cuando aquel afirma que los contratos de impulso y los convenios
de asociación, de que tratan el decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la Ley 489 de
1998, respectivamente, no se diferencian entre y que, por tanto, constituyen la misma
figura jurídica:
“Nótese, que aparentemente lo único que los diferencia es el nombre, en una
reglamentación de decreto reglamentario (Decreto 777 de 1992) denominados contratos
de apoyo, a la otra convenios de asociación (Art. 96 ley 489 de 1998), ambas normas
vigentes, la segunda no modificó la primera de ninguna manera, ni tampoco la derogó o la
subrogó y sus sustento constitucional es el mismo, así como la (sic) los decreto
reglamentarios”.
“El problema de la diferenciación entre contrato de apoyo y convenio de asociación,
puede partir del uso del lenguaje, sin que se pueda perder de vista la esencia de la norma
que regula el tema, teniendo en cuenta que indistintamente de la forma como se llamen,
los mismos son actos jurídicos celebrados con Entidades sin ánimo de lucro, con la
aplicación de la misma normativa analizada en el primer capítulo del presente escrito, no
hay razón de peso suficiente que tenga el poder de diferenciarlos” 9
9 FONSECA GOMEZ, Oscar Javier. Los convenios de asociación una mirada desde el estatuto contractual y el Distrito Capital. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia. 2012.
35
2.4 El concepto de la procuraduría provincial de Girardot Cundinamarca que
agrupa en un solo análisis los contratos de impulso y los convenios de asociación
En lo que a los entes de control atañe, la procuraduría provincial de Girardot
Cundinamarca con auto de archivo definitivo No. 1186 de fecha 31 de agosto de 2010,
encontró ajustado a Derecho el convenio No. 001 de 2007 celebrado entre la alcaldía
municipal de Girardot Cundinamarca y la sociedad tolimense de ingenieros cuyo objeto
era la ejecución de la obra de alcantarillado sector Villa Kennedy-Girardot. El convenio fue
celebrado bajo el Decreto 777 de 1992. Llama la atención el hecho que no hace parte de
la providencia un análisis que permita establecer si, a través del convenio 001 de 2007, el
municipio de Girardot Cundinamarca estaba ejecutando un proyecto incluido dentro de
su plan de desarrollo o si por el contrario simplemente se encontraba efectivamente
apoyando un programa de interés público.
La revisión abordó varios aspectos para desestimar el cargo de violación al principio de
selección objetiva que se le estaba atribuyendo al convenio No. 001 de 2007 celebrado de
manera directa, estableció el ente de control que al no pactarse pago alguno para el
contratista no hay contraprestación a favor de este y por tanto se trata, en efecto, de un
convenio y no de un contrato. Acto seguido advierte que el no contener elemento
retributivo propio del contrato público lo torna un acuerdo de voluntades para la
consecución de fines conjuntos y no contrapuestos.
De manera que lo que por disposición expresa del negocio jurídico No.001 de 2007
celebrado entre el municipio de Girardot Cundinamarca y la sociedad tolimense de
ingenieros se denominó convenio, se fundamenen el Decreto 777 de 1992 aplicable a
contratos de impulso a programas de interés público, fue a su vez entendido por la
procuraduría provincial como convenio de asociación en los términos del artículo 96 de la
Ley 489 de 1998, sosteniendo que tal acto fue celebrado conforme lo dispuesto en el
artículo 355 de la Constitución Política situación que nuevamente remite al Decreto
reglamentario 777 de 1992.
Finalmente, la Procuraduría sostuvo:
“Sin embargo, aunque este Despacho no comparte la escogencia de esta modalidad
restrictiva de contratación, precisamente por la falencia de claridad sobre los elementos
36
integrantes de la misma, no soporta el sinnúmero de pruebas allegadas el fundamento
para determinar de las mismas la posible transgresión del ordenamiento legal, y más aún
cuando la obra a construir era primordial para el sector de Villa Kennedy-San Cayetano y
ello en obedecimiento al precepto constitucional que establece: PARA SERVIR A LOS
ALTOS INTERESES DE LA COMUNIDAD, EL ESTADO DEBE REALIZAR ACTIVIDADES
CON EL FIN DE BUSCAR BENEFICIO COLECTIVO A TRAVES DE LA SOLUCIÓN DE
NECESIDADES INSATISFECHAS”.10
Dicho de otra manera, la Procuraduría llega a la misma conclusión que el doctor Fonseca
Gómez, esto es, equipara los contratos de impulso a programas de interés público del
Decreto 777 de 1992 a los convenios de asociación celebrados por la Administración para
el desarrollo conjunto de sus fines y funciones con la concurrencia de particulares, estos
últimos consagrados en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Indicando el ente de control
que la fuente de ambos es el artículo 355 de la Constitución Política. Finalmente
considera que este tipo de contratos y convenios son una modalidad restrictiva de
contratación respecto de la cual existe falta de claridad.
Ahora bien, contextualizado el tema, y evidenciado el confuso panorama interpretativo
que rodea las normas que sirven de soporte legal tanto a los contratos de impulso a
programas de interés público como a los convenios de asociación para el desarrollo
conjunto de fines estatales; veremos como el efectivo alcance legal y aplicación de estas
figuras ha sido dado mediante desarrollo eminentemente jurisprudencial.
10 Procuraduría Provincial de Girardot. Radicación No. 041-02271-2008 del 31 de agosto de 2008. Mayúsculas dentro del texto.
37
CAPITULO III
CONSAGRACIÓN LEGAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL
3.1 Antecedentes del Decreto 777 de 1992
El artículo 355 de la Constitución Política de 1991 dispone:
“Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones
en favor de personas naturales o jurídicas de derechos privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes seccionales de Desarrollo.
El Gobierno reglamentará la materia
El modelo unitario consagrado en la Constitución de 1886 entrañaba la necesidad de
resolver la manera como habrían de distribuirse las responsabilidades y los recursos
públicos entre el poder central y las entidades territoriales.
La Constitución consagraba el principio de centralización política y la descentralización
administrativa, pero las dificultades fiscales de los entes territoriales, particularmente de
los Departamentos, ponían en entredicho su autonomía administrativa y los llevó a
depender en algunos casos casi de manera absoluta, del presupuesto nacional. 11
Los congresistas, constitucionalmente habilitados para ello, promovían innumerables
iniciativas legislativas de gasto público destinadas a financiar obras en sus respectivas
regiones y con frecuencia se resolvían bajo la modalidad de auxilios para entidades
públicas o privadas.
Esta última posibilidad encontraba amparo en la disposición constitucional según la cual el
Congreso podía expedir leyes para “fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de
estímulo y apoyo…” (Artículo 76, numeral 18 Constitución de 1886).
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1168 DE 2001. M.P Luis Eduardo Montealegre Lynett.
38
Tal situación había dado lugar a un gran desorden en el manejo de los recursos públicos y
al derroche de los mismos, al punto que en 1944 el entonces Ministro de Gobierno Alberto
Lleras Camargo expresaba que para combatir tal desorden y derroche “desde los tiempos
de la Misión Kemmerer se viene luchando por imponer el orden en la hacienda pública, al
elaborar el presupuesto, al gastar los fondos, al controlarlos12. Resulta particularmente
ilustrativo destacar como el Ministro Lleras Camargo señalaba que la legislación, que
inicialmente se había adoptado para combatir los mencionados problemas, fue luego
silenciosamente desmantelada por congresos y gobiernos.
Por las anteriores consideraciones se incorporó, en la reforma constitucional de 1945 la
restricción a la iniciativa parlamentaria en materia de gasto público. Dentro del mismo
propósito de racionalización y control se incluyó como ordinal 4 del artículo 76 de la Carta
la función del Congreso de “fijar los planes y programas a que debe someterse el fomento
de la economía nacional, y los planes y programas de todas las obras públicas que hayan
de emprenderse o continuarse”. Se trataba de someter a un proceso de planeación la
desordenada distribución del gasto público.
Sobre estas reformas se insistió en el año 1968, cuando mediante una nueva modificación
a la Carta se avanzó tanto en la depuración del concepto de planeación como en la
pretensión de restringir la iniciativa parlamentaria en materia de gasto público.
Particularmente importante era la fuerza restrictiva sobre el gasto que se asignaba al Plan
de Desarrollo, el cual determinaba la ley de presupuesto en cuanto a las apropiaciones. 13
Las normas sobre planeación, sin embargo, no tuvieron los efectos deseados por las
dificultades en la conformación de la llamada comisión del plan. Por otra parte se
mantuvo la norma sobre fomento de empresas útiles y benéficas a cuyo amparo era
posible, tal y como en su momento lo expresó la Corte Suprema de Justicia, expedir leyes
de gasto público no cobijadas por la restricción de iniciativa y tampoco vinculadas a los
planes de desarrollo.
En 1968 se aprobó también la reforma que consagra el denominado situado fiscal, que
disponía la manera como participarían los entes territoriales en los ingresos de la Nación
para efectos de atender especificas responsabilidades. Esta disposición racionalizaba la
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1168 DE 2001. M.P Luis Eduardo Montealegre Lynett.
13 Ibídem
39
asignación del gasto en consonancia con las responsabilidades de la Nación y los entes
territoriales, y tenía perfecta correspondencia con la privación de la iniciativa de gasto
para los parlamentarios. Así, si bien los parlamentarios ya no estaban en condiciones de
promover, mediante iniciativas de gasto, la canalización de recursos hacia sus regiones,
ese mecanismo altamente subjetivo y desordenado se sustituía por otro, más técnico, en
virtud del cual se preveía tanto la distribución de responsabilidades como de los recursos
para cumplirlas.
No obstante, los auxilios continuaron existiendo, no tanto ya como mecanismo para
canalizar recursos hacia las regiones, que tenían en el situado fiscal una herramienta
importante de racionalización presupuestal, sino en la medida en que respondían a los
intereses políticos de los congresistas a quienes se les asignaban.14
Este cambio de naturaleza puede apreciarse con el paulatino cambio en el destinatario de
los auxilios o el ejecutor de las partidas presupuestales. Mientras que en una época la
ejecución estaba a cargo de entes públicos, con frecuencia los municipios, luego los
destinatarios preferentes fueron fundaciones privadas, en muchos casos creadas por los
propios parlamentarios para canalizar los auxilios. En esas condiciones los auxilios se
mantuvieron hasta 1991 y fueron uno de los factores que dieron lugar al movimiento en
pro de la reforma constitucional.15
El constituyente de 1991 trade erradicarlos y al efecto tomó varias determinaciones en
materia de planeación, gasto público, presupuesto, y de manera expresa prohibió en el
artículo 355 los auxilios para personas de derecho privado. Sin embargo, el artículo 355
ha resultado insuficiente frente a nuevas modalidades de distribución del gasto público
que, aunque en principio no resultan contrarias al texto de la norma, si contradicen su
espíritu, en la medida en que, en realidad, no son cosa distinta que la reedición de la
práctica de los auxilios. La Corte Constitucional en varias ocasiones se había encargado
de precisar el alcance del artículo 355 para señalar que el mismo comprende también
esas modalidades que si bien no comportan donación a personas privadas si implican
aprovechamiento político de recursos públicos.
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1168 DE 2001. M.P Luis Eduardo Montealegre Lynett.
15 ibídem
40
3.1.1. Marco Constitucional del artículo 355
La Constitución de 1991, retomó, depuró y adicionó los instrumentos que desde hace
sesenta años se habían venido construyendo para eliminar los auxilios, racionalizar el
gasto público, perfeccionar el sistema político y depurar las costumbres políticas.16
Como ya se mencionó, desde 1945 se adoptó la decisión de restringir la iniciativa de los
congresistas en materia de gasto público y presupuesto. Había sido claro que los
congresistas sucumbían con facilidad a la tentación de determinar el gasto por
consideraciones político-electorales. Para ello la Constitución Política de 1991 introdujo
conceptos como:
Planeación: Se estableció la necesidad de que la ejecución de los recursos públicos
obedezca a un criterio de planeación que permita identificar las prioridades y asignar de
manera adecuada los recursos.
Participación: Como componente de la planeación se incorporó la participación
ciudadana, de manera que la asignación de los recursos se haga con trasparencia,
mediante procedimientos públicos, abiertos al escrutinio de todos.
Presupuesto: El presupuesto debe guardar correspondencia con la planeación
participativa. Su aprobación corresponde al Congreso, el cual debe sujetarse, entre otros,
a los principios de universalidad, por virtud del cual, todos los gastos deben figurar en el
presupuesto y especialidad, que impone que la distribución de los recursos guarde
armonía con el objeto de las entidades a las cuales los mismos se asignan.
Desarrollo Regional: Se ha avanzado en el diseño de un sistema que permita el adecuado
reparto de responsabilidades y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, a
través de la institución del situado fiscal, las trasferencias a los municipios y la
identificación de las responsabilidades estatales en los distintos niveles de la
administración.
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1168 DE 2001. M.P Luis Eduardo Montealegre Lynett.
41
Se eliminó entonces la posibilidad de las partidas de iniciativa parlamentaria para fomento
de obras útiles o benéficas y se prohibió de manera expresa la posibilidad de que por
cualquier rama del poder se decreten auxilios en favor de persona privadas.17
3.1.2. Alcance y desarrollo jurisprudencial de la prohibición contenida en el artículo
355 constitucional
De modo pues que a partir de 1991 el artículo 355 de la CP prohibió perentoriamente que
cualquier rama u órgano del poder decrete auxilios o donaciones a favor de personas
naturales o jurídicas de derecho privado.
Una primera interpretación de esta disposición parece llevar a la conclusión de que ella
únicamente prohíbe que las autoridades estatales, por pura liberalidad, entreguen, sin
contraprestación alguna, recursos públicos a los particulares. Y efectivamente, la mayor
parte de los casos en que la Corte ha debido estudiar si una norma legal desconoce o no
esa prohibición constitucional han estado relacionados con disposiciones que transferían
a particulares recursos públicos. En esos eventos, la Corte Constitucional ha examinado
si esas cesiones gratuitas configuraban o no auxilios o donaciones constitucionalmente
prohibidos. Así, por citar algunos ejemplos, la Corte ha concluido que el aporte del Estado
a una fundación de carácter mixto, constituye un auxilio o donación, y no puede
realizarse.
Igualmente ha señalado que la prohibición de los auxilios no impide al Estado apoyar
económicamente a las víctimas de calamidades y desastres naturales, dada su situación
de debilidad manifiesta y en atención a los principios constitucionales de solidaridad e
igualdad.
Posteriormente, la sentencia C- 506 de 1994 precisó el alcance de la anterior evolución
jurisprudencial y señaló que la interdicción de los auxilios no impide que el Estado ofrezca
incentivos económicos y colabore con los particulares en la creación de personas jurídicas
dedicadas a la investigación y a la actividad científica y tecnológica, pues el estímulo a
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1168 DE 2001. M.P Luis Eduardo Montealegre Lynett.
42
esas actividades es un cometido constitucional de las autoridades según los artículos 69 a
71 de la CP. Por el contrario, la jurisprudencia ha indicado que la financiación de becas
con los recursos provenientes de la participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación es un auxilio constitucionalmente prohibido, ya que se traduce en
una donación en favor de un particular y puede dar lugar al resurgimiento de la práctica
abolida de los auxilios.
Así mismo ha afirmado la Corte en la Sentencia C-205 de 1995: “Según la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional, la prohibición de decretar auxilios y donaciones a
personas naturales o jurídicas de derecho privado, sólo tiene las excepciones que la
misma Constitución establece o que se derivan de sus normas. Todo subsidio estatal a
usuarios de un servicio público o beneficiarios de una inversión pública, necesariamente
posee un componente de trasferencia de recursos del Estado a un particular, que deja de
tener una inmediata contraprestación; total o parcial, a cargo de este. A la luz del artículo
355 de la CP, puede afirmarse que los subsidios del Estado a los particulares, por regla
general, se encuentran prohibidos. La excepción sólo es procedente si el subsidio,
concedido por la ley, se basa en una norma o principio constitucional, y resulta imperioso
para realizar una finalidad esencial del Estado”
Puede entonces advertirse en las providencias transcritas que la jurisprudencia
constitucional deja claro el carácter de prohibición general de decretar auxilios o
donaciones aplicable a las ramas u órganos del poder público, las excepciones son
expresas, como la prevista en el artículo 368 de la Constitución Política sobre subsidios
en el campo de los servicios públicos domiciliarios y aquellas concedidas por la ley
basadas a su vez en una norma o principio constitucional, y para la realización de una
finalidad esencial del Estado. Estos son los casos del subsidio del 50% de las cuotas de
recuperación de inversiones de los proyectos, con destino a los pequeños productores
usuarios de los distritos de adecuación de tierras previsto en la ley 41 de 1993 o del
fomento de la ciencia y la cultura constitucionalmente previsto en los artículo 69 y 71 de la
Carta y desarrollado por el decreto ley 393 de 1991, o del auxilio a ancianos indigentes
previsto en la ley 100 de 1993.
43
Luego en 1996 la sentencia C-254 sintetizó los lineamientos básicos sobre el sentido y el
alcance de la prohibición constitucional de los auxilios señalando, entre otras cosas, que:
“(4) Por vía negativa no se consideran auxilios o donaciones las transferencias
presupuestales que se hacen a entidades descentralizadas. (5) No se estima que viole el
artículo 355 de la CP, cuando el Estado otorga subsidios, estímulos económicos, ayudas
o incentivos, en razón del cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional
que describen actividades públicas irrenunciables”.
A partir de estos, y otros pronunciamientos similares, la Corte ha elaborado una doctrina
consistente y reiterada sobre el alcance de la prohibición de transferir recursos públicos a
particulares, sin contraprestación alguna, concluyendo que dichas transferencias son un
auxilio y se encuentran prohibidas, salvo si esas cesiones gratuitas tienen sustento en
principios y derechos constitucionales. En tal caso “no se trata de una donación prohibida
por la Carta, sino por el contrario, del cumplimiento de deberes constitucionales atribuidos
al Estado”. Estas transferencias deben contar entonces con un “fundamento
constitucional expreso”, como ocurre, por ejemplo, con la “actividad de fomento de la
investigación y de la actividad científica y tecnológica”, tal y como lo preci la sentencia
C- 506 de 199418
Criterio fue reiterado por la sentencia C- 671 de 1999, que resumió los precedentes
jurisprudenciales sobre el alcance del artículo 355 de la Carta en relación con la
transferencia de recursos públicos a particulares.19
De conformidad con lo antes expuesto, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico
existe el deber de apoyo y fomento como mecanismo para impulsar el progreso y la
construcción social, elevado a rango constitucional a través de los denominados contratos
administrativos de apoyo y fomento, consagrados en el artículo 355 superior. Este
instrumento faculta al Estado colombiano para otorgar recursos económicos a entidades
privadas sin ánimo de lucro, en aras de adelantar programas y actividades de interés
público acordes con el Plan Nacional y/o Seccional de desarrollo. Dichos recursos son el
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-506 DE 1994. M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
19CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-671 DE 1999. M.P Alfredo Beltran Sierra.
44
fruto de la excepción a la prohibición de otorgar auxilios, contenida en la norma
constitucional.20
Las actividades de interés que se pretendan apoyar por parte del gobierno en los
diferentes niveles con fundamento en el artículo 355 constitucional no son de libre
escogencia. Por el contrario, deben ser acordes con el plan de desarrollo. Cosa distinta
es que la entidad sin ánimo de lucro en favor de la cual se efectúa el traslado de recursos
reciba los mismos con el objeto de llevar a cabo actividades expresamente consagradas
en el plan de desarrollo a que haya lugar, por cuanto, de ser así, esto implicaría una
contraprestación directa en favor de la entidad que trasladó el recurso y por tanto no
constituiría dicho traslado un impulso de actividades de interés público como tal, sino la
simple entrega de recursos a particulares que se tornan en ejecutores de los programas y
proyectos del plan de desarrollo, sin la observancia de los procesos de selección de que
trata el estatuto general de contratación.
Esto queda totalmente aclarado en la providencia No. 1626 de 2005 donde la sala de
consulta del Consejo de Estado afirma
“…De la lectura del artículo 355 se desprende que el objeto de los contratos es “impulsar
los programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional de desarrollo”.
Esta norma claramente muestra que los contratos a que se refiere dicha disposición son
aquellos por los cuales el Estado entrega recursos a un ente sin ánimo de lucro para que
el mismo pueda adelantar sus programas. Los programas a que se refiere no son los
programas del Estado sino los programa del ente privado, porque si fueran los del Estado
se trataría no simplemente de impulsar un programa sino de ejecutarlo, y de otra parte no
se requeriría que fuera acorde esto es que guarde armonía - con el plan, aunque no
esté incluido en el mismo, sino que debería estar comprendido…”21
20 SANCHEZ GUEVARA, Carlos Alberto. Caracterización de los contratos administrativos de apoyo o fomento en la cultura. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho y ciencias políticas, 2003.
21 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia 1626 de 2005. C.P. Gloria Duque Hernández.
45
Para celebrar los contratos de impulso a programas de interés público de que trata el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 777 de 1992 hoy modificado por el Decreto 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de
1993, a través del cual reglamentó el traslado de recursos a entidades privadas sin ánimo
de lucro.
3.2 La contratación de la administración según el Decreto 777 del 16 de mayo de
1992 Contratos de impulso a programas de interés público
El Decreto 777 de 1992 ha sido modificado por Decreto 1403 del mismo año y el Decreto
2459 de 1993, y comprende veintitrés (23) artículos contenidos en dos (2) capítulos, el
primero de ellos dedicado a las disposiciones generales y el segundo al régimen para el
sector salud.
Para los efectos de la presente investigación interesa abordar los artículos 1 y 2 de los
primeros dieciséis (16) que conforman el capítulo de disposiciones generales y donde se
fijan los parámetros y requisitos generales para este tipo de contratos así:
ARTICULO 1o. CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO. Los
contratos que, en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la
Constitución Política, celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de
impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se
sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los
particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan
incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983.
Inciso subrogado por el inciso 1o. del artículo 1o. del Decreto 1403 de 1992. Los contratos
cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse
en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la
correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, deberán someterse a la aprobación
del Consejo de Ministros aquellos contratos que celebren la Nación, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de
46
economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas, cuando dichas entidades
descentralizadas pertenezcan al orden nacional, y la cuantía del contrato sea igual o
superior a cinco mil salarios mínimos mensuales.
Inciso subrogado por el inciso 2o. del artículo 1o. del Decreto 1403 de 1992. Se entiende
por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la
capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el
objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá
evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado.
De modo que, según el artículo 355 de la Constitución política, este tipo de convenios
deben sujetarse a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
particulares, salvo lo previsto en el decreto 777 de 1992 con las modificaciones
posteriores, decretos que por constituir una regulación especial prevalecen sobre las
normas del Derecho Privado. Sin embargo, vale la pena reiterar que los convenios de que
trata el artículo 355 constitucional por regla general se someten a las normas de derecho
privado que regulan la contratación entre particulares.
Principia el análisis de los requisitos legales dispuestos en el régimen especial para la
celebración de los contratos de que trata el artículo 355 de la CP, abordando el artículo
primero del decreto 777 de 1992 transcrito anteriormente, de modo que están autorizados
para celebrar este tipo de contratos los gobiernos nacional, departamental, distrital y
municipal; pero al referirse al orden nacional, el gobierno no es un órgano permanente ni
de composición fija, sino una manera de cumplir sus funciones el presidente de la
república, con la participación de diversos funcionarios según el ramo del cual se trate en
cada evento. Por ello, el artículo 1 del decreto 777 modificado por el artículo 1 del decreto
1403 de 1992, corrige y precisa la referencia hecha por la Constitución al gobierno de los
distintos niveles y establece que tales contratos pueden ser celebrados por la nación, los
departamentos, los distritos y los municipios, así como por los establecimientos públicos,
las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta sujetas al
régimen de dichas empresas de los órdenes nacional, seccional y local.
Además debe tenerse en cuenta que el artículo 5 del decreto 1403 de 1992 establece que
cuando de conformidad con la ley, en virtud de un contrato de fiducia o de encargo
fiduciario, una entidad fiduciaria celebre por cuenta de una entidad pública los convenios
47
que se comentan, la entidad fiduciaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por este
régimen especial.
De otra parte, los contratos de que trata el decreto 777 de 1992, y según el mismo artículo
1, deben celebrase con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.
El Código Civil en su artículo 633 define las personas jurídicas así:
“Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y fundaciones de
beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”.
En consecuencia, la expresión “sin ánimo de lucro” puede ser entendida en el sentido de
que el objeto principal de la entidad excluye la realización de actividades comerciales o
mercantiles en cuanto su realización conlleve el reparto de utilidades entre las personas
que se vinculan al nacimiento de la persona jurídica correspondiente o al acrecentamiento
puramente comercial y patrimonial de la entidad, sin mirar su proyección al servicio de los
intereses generales o de utilidad común22.
Conforme a lo anterior, es importante precisar, como lo hace el autor Chávez Marín
citando al Consejo de Estado, que el criterio de lucro o las finalidades de esta naturaleza
no hacen relación a la imposibilidad de la búsqueda de utilidades, sino más bien a la
destinación que se asigne a las mismas.23 Lo cual conduce a observar la característica
desde el punto de vista positivo, que va más allá de la negación del lucro, en el sentido de
que las organizaciones mencionadas y sus actividades son de beneficencia pública, de
utilidad común, de interés público o social.24
Continuando con el análisis de los artículos del decreto 777 de 1992 y los conceptos
jurídicos vinculados a los mismos, se tiene la necesidad de que la persona jurídica sin
ánimo de lucro sea de reconocida idoneidad, elemento mencionado en el inciso tercero
22 CHAVEZ MARIN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario 2008.
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección cuarta, expediente 1444, Sentencia del 6 de febrero de 1997 C.P. Policarpo Castillo Dávila.
24 CHAVEZ MARIN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario 2008.
48
del artículo 1 del decreto 777, subrogado por el inciso 2o. del artículo 1o. del Decreto
1403 de 1992. Por reconocida idoneidad se entiende la experiencia con resultados
satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin
ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. Está calidad deberá constatarse
mediante evaluación motivada por la entidad estatal contratante.
Además, las entidades sin ánimo de lucro deberán estar constituidas con seis meses de
antelación a la celebración del contrato y tener vigente el reconocimiento de su personería
jurídica. Así mismo, el término de duración de estas entidades no podrá ser inferior al del
contrato respectivo y un año más.
Aquellas entidades que estén obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio
o declaración de renta, deben suministrar copia de las declaraciones correspondientes a
los tres últimos años gravables si es del caso.
Es necesario anotar que no todo contrato celebrado con entidades sin ánimo de lucro se
ubica por este solo hecho en este régimen especial, como a veces equivocadamente se
entiende. Es decir, no basta que se trate de un contrato celebrado con una entidad de
esta clase para que al vínculo se aplique este régimen especial, ya que se requiere la
concurrencia de los demás requisitos previstos por este ordenamiento.
De tal suerte que el mismo régimen especial establece los objetos sobre los cuales no
pueden versar los contratos de que trata el decreto 777 de 1992, así:
ARTICULO 2o. EXCLUSIONES. Están excluidos del ámbito de aplicación del presente
Decreto:
1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin
ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la
entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas
privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes.
2. Las transferencias que se realizan con lo recurso de los Presupuestos Nacional,
Departamental, Distrital y Municipal a personas de derecho privado para que, en
cumplimiento de un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios
49
públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y
las normas que la desarrollan.
3. Las apropiaciones presupuestales decretadas a favor de personas jurídicas
creadas por varias entidades públicas, como son las cooperativas públicas, o de
corporaciones y funciones de participación mixta en cuyos órganos directivos esté
representada la respectiva entidad pública, de acuerdo con las disposiciones estatutarias
de la corporación o fundación. Modificado por el Decreto Nacional 1403 de 1992.
4. Las transferencias que realiza el Estado a personas naturales en cumplimiento de
las obligaciones de asistencia o subsidio previstas expresamente en la Constitución y
especialmente de aquellas consagradas en los artículos 43, 44, 46, 51, 368, 13 transitorio
y 46 transitorio de la misma.
5. Los contratos que de acuerdo con la Ley celebra la entidad pública con otras
personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por
cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última
les imparta.
Parágrafo: Para efectos del presente decreto se consideran entidades públicas, además
de las otras previstas por la Constitución y la Ley, a las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas
empresas.
Interesa para efectos de la presente investigación las excepciones a la aplicación de este
régimen de que tratan los numerales 1 y 5 del artículo 2 de la Ley 777 de 1992 antes
transcrito. Los contratos de prestación de servicios que tienen por objeto desarrollar una
actividad estatal por intermedio de un particular no se sujetan a la reglas que establece el
artículo 355, ni a su reglamentación contenida en el decreto 777 de 1992, que es de
excepción y que excluye expresamente de su ámbito de aplicación los contratos que
impliquen una contraprestación directa para la entidad.
Entiéndase que existe contraprestación directa cuando la entidad recibe un bien o se ve
liberada de una obligación. Esto ocurre cuando la entidad pública compra un bien, pero
también sucede cuando debe desarrollar un determinado proyecto y para ello contrata a
50
un particular para que lo haga, lo cual se da por cuenta de la entidad pública y acuerdo
con las precisas instrucciones que esta última le imparta. De modo que si con el contrato
la entidad se ve liberada de una obligación, esa contratación tendrá que adelantarse de
conformidad con las normas establecidas en la ley 80 de 1993 y no con el reglamento
(Decreto 777 de 1992) del artículo 355 constitucional (Decreto 777 de 1992).25
Como se expresó anteriormente, de la norma constitucional se desprende que los
contratos a que se refiere el artículo 355 tienen por objeto la entrega de recursos o bienes
del Estado a una entidad sin ánimo de lucro para apoyar un programa de esta última, lo
anterior indica que corresponde a la entidad sin ánimo de lucro dirigir el programa aunque
existan algunos criterios en el contrato de apoyo. De esta manera se establece una
radical diferencia con los contratos que tienen por objeto ejecutar un proyecto
gubernamental de acuerdo con los parámetros fijados por el ente público y de
conformidad con sus instrucciones.26
Se deberá, por tanto, verificar la finalidad de la contratación con entidades sin ánimo de
lucro, para determinar las normas aplicables. La aplicación del decreto 777 de 1992, sólo
procede cuando se trate de la finalidad establecida en el artículo 355 de la Constitución,
porque aplicar este proceso para una contratación regida por la Ley 80 de 1993, lo que
implica una contraprestación a favor de la entidad y la aplicación de las instrucciones
dadas por está en uno de sus programas, sería ilegal, con las consecuencias señaladas
en el artículo 16 del Decreto 777 de 1992, según el cual:
Artículo 16º. Violaciones. La violación de las prohibiciones previstas en el presente
decreto dará lugar a lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 222 de 1983.
A su vez el artículo 13 en mención disponía:
De las sanciones a los contratos celebrados contra expresa prohibición. La contravención
de las prohibiciones establecidas en este estatuto, obligará al representante legal de la
respectiva entidad a dar por terminado el contrato y a proceder a su liquidación en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de
25 SARMIENTO TORRES, Iziar Elisa y Maricel. Contratación de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bogotá: Editorial Gustavo
Ibáñez, 1997. P. 67-113.
26 SARMIENTO TORRES, Iziar Elisa y Maricel. Contratación de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bogotá: Editorial Gustavo
Ibáñez, 1997. P. 67-113.
51
indemnización alguna. La entidad, además, hará efectiva la cláusula penal pecuniaria
pactada en el contrato.
Los funcionarios que hayan celebrado el contrato y el contratista, responderán
solidariamente por los perjuicios causados, tanto a la entidad contratante como a terceros,
sin detrimento de la responsabilidad penal que les correspondiere.
La Procuraduría General de la Nación velará por el cumplimiento de la presente
disposición”.
En esta materia es necesario precisar dos cuestiones: En primer lugar, a cuales
prohibiciones se refería la norma y, en segundo lugar, el alcance de la remisión al decreto
222 de 1983.
Respecto de las prohibiciones, el doctor Augusto Chávez Marín considera que debe
entenderse que se trata de las inhabilidades establecidas expresamente por el artículo 9
del decreto 777, por cuanto el parágrafo de esta disposición identifica esas situaciones
como prohibiciones, por lo cual debe tenerse en cuenta que es a ellas a las que se refiere
al artículo 16 del mismo decreto.27
De otra parte, como el decreto 222 de 1983 se hallaba vigente al ser expedidos los
decretos 777 y 1403 de 1992, es necesario entender que con la adopción del actual
estatuto de contratación administrativa, la referencia hecha al ordenamiento anterior debe
ser aplicada conforme a la nueva legislación contenida en la ley 80 de 1993.
El artículo 13 del decreto 222 de 1983 se refería a las sanciones a los contratos
celebrados contra expresa prohibición, por lo cual es necesario ubicar las consecuencias
que en la misma materia prevé el estatuto actual, cuyo artículo 44 establece que los
contratos del Estado son absolutamente nulos, entre otros eventos, en los casos previstos
en el derecho común y además cuando se celebran con personas incursas en causales
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución o el la ley (numeral 1) y
cuando se celebran contra expresa prohibición constitucional o legal (numeral 2) .
Entonces, si en las contrataciones con entidades sin ánimo de lucro se debían aplicar las
formalidades de la ley 80 y se aplicó el procedimiento de excepción señalado en los
27 CHAVEZ MARIN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual. Editorial
Universidad del Rosario 2008.
52
reglamentos del gobierno, para la contratación del artículo 355, las contrataciones así
concebidas serán nulas y fraudulentas. 28
3.3 Antecedentes del artículo 96 de la Ley 489 de 1998
El 29 de diciembre de 1998 el Congreso de la Republica expidió la Ley 489 “Por la cual se
dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones”, hoy modificada por el Decreto 19 de 2012 y la
Ley 1474 de 2011.
La Ley 489 de 1998 conformada por 121 artículos, fue concebida con el propósito de
adelantar un proceso de modernización del Estado, basado en la eficiencia, eficacia y
transparencia de sus actuaciones de manera que se convirtió en un instrumento
importante que actuali y adecuó las normas de organización y funcionamiento de la
Administración Pública a las disposiciones de la Constitución de 1991.
Esta Ley incorporó elementos innovadores para la gestión y la gerencia pública tales
como los sistemas de desarrollo administrativo y de información administrativa del sector
público, el control interno y los incentivos a la gestión pública.29
En el artículo 96 de la Ley en comento encuentran sustento los denominados convenios
de asociación para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones estatales.
3.4 La asociación de la administración según el artículo 96 de la Ley 489 de 1998
Convenios de asociación para el desarrollo conjunto de fines estatales
El primer inciso del artículo 96 de la ley 489 de 1998 a su vez habla de dos tipos de
convenios en los siguientes términos: “Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados
28 SARMIENTO TORRES, Iziar Elisa y Maricel. Contratación de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Bogotá: Editorial Gustavo
Ibáñez, 1997. P. 67-113.
29 Estatuto Básico de organización y funcionamiento de la Administración Pública. Departamento Administrativo de la Función Pública.
Bogotá: Imprenta Distrital, 2000.
53
en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la ley…”.
Frente a los primeros se tiene que “El concepto de asociación evoca la participación
voluntaria en un acuerdo de mutua colaboración, la unión de personas con un objeto
definido que los beneficia mutuamente. La figura asociativa aunque no ha estado
totalmente ausente del derecho público ha sido especialmente utilizada en el derecho
privado”. 30
Por su parte la conformación de personas jurídicas se entiende como “acuerdos de
voluntades celebrados entre dos o más personas jurídicas públicas o entre una o varias
de estas y personas naturales o jurídicas de carácter particular con el objeto de crear una
nueva entidad de naturaleza pública o de modificar el carácter de la misma”. 31
Los incisos segundo y tercero del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 disponen: “Los
convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin
ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las
asociaciones civiles de utilidad común…”
Los convenios de que trata el artículo antes transcrito son celebrados entre la
administración y los particulares, este tipo de acuerdos constituye vínculos jurídicos de
naturaleza distinta a la de los convenios de que trata el capítulo XVI de la misma ley y
según los cuales se atribuye temporalmente a un particular el ejercicio de funciones
30 CHAVEZ MARIN. Augusto Raó. Los oveios de la adiistraió: etre la gestió púlia y al atividad otratual Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario 2008. Página 236-237.
31 CHAVEZ MARIN. Augusto Raó. Los oveios de la adiistraió: etre la gestió púlia y al atividad otratual. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario 2008. Página 244-245.
54
administrativas en el marco de la participación social y ciudadana, en la modalidad de
colaboración o descentralización por colaboración. La diferencia radica en que en los
convenios de que trata el artículo 96 de la ley 489- hoy invocados por las localidades para
ejecutar sus presupuestos -, la administración no transfiere a los particulares el ejercicio
de una función pública que le es propia, como ocurre en los convenios del capítulo XVI de
la misma ley, sino que se asocia temporal o permanentemente con ellos para ejecutarla o
garantizar su mejor realización32. Además de esta diferencia conceptual, el régimen
jurídico establecido para unos y otros es distinto, tal como aparece regulado en la propia
ley 489 de 1998.
Para la realización de funciones administrativas o prestación de servicios que se hallan a
su cargo, las entidades públicas pueden optar por asociarse con otras instancias de la
Administración que desempeñan funciones afines o complementarias mediante la
celebración de convenios. Esos convenios fundamentados en el concepto de asociación,
están regulados por el artículo 95 de la ley 489 de 1998 y pueden ser de dos tipos:
interadministrativos de cooperación, que tienen carácter temporal, y convenios públicos
de organización, que tienen carácter permanente en cuanto originan una nueva persona
jurídica pública.
Ahora bien, en virtud del artículo 96 de la ley 489 de 1998, también puede ocurrir que para
garantizar la ejecución de los objetivos y funciones atribuidas a una entidad estatal ella
opte por asociarse con particulares que tienen intereses comunes frente a la ejecución de
las actividades que el Estado se propone realizar.
Y en forma semejante a lo que sucede cuando se trata de asociación entre entidades
públicas, la unión entre el Estado y los particulares puede ser de carácter temporal o
permanente, según se busque la realización de actividades que tengan uno u otro
carácter.
32 CHAVEZ MARIN. Augusto Raó. Los oveios de la adiistraió: etre la gestió púlia y al atividad otratual. Editorial
Universidad del Rosario 2008.
55
En el primer evento, se da la celebración de un convenio de los que se denominan
expresamente por el artículo 489 de 1998 de asociación, que constituyen un vínculo de
carácter temporal entre la Administración y personas jurídicas particulares, tendiente a la
realización de objetivos comunes a ambas partes. En tal sentido opera una verdadera
asociación de personas, una conjunción de esfuerzos33.
En el segundo caso, conforme al artículo 96 de la ley 489 de 1998, las entidades
estatales cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, podrán, con la
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse
con personas jurídicas particulares, para la creación de entes nuevos de participación
mixta, con el fin de lograr a través de estos, el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley. Se trata en este
último evento, de la celebración, de convenios que originan concretamente nuevas
asociaciones o fundaciones de participación mixta.
De tal suerte que el inciso primero del artículo 96 de la ley 489 de 1998 al prever la
celebración de este tipo de compromisos, reserva el nombre de convenios de asociación
para el primero de ellos, es decir, para el acuerdo de carácter temporal que no originan
una persona jurídica nueva. Por ello, debe entenderse que el inciso segundo del mismo
artículo se refiere y aplica únicamente a estos acuerdos convenios de asociación y no
a los segundos convenios mixtos de creación de personas jurídicas nuevas - .
El mismo inciso segundo del artículo 96 dispone: “Los convenios de asociación a que se
refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo
355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término,
obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se
consideren pertinentes.
Por las razones ya expuestas la disposición transcrita aplica únicamente a los
denominados convenios de asociación y según ello tales convenios deben sujetarse a las
normas del artículo 355 de la Constitución. Es decir, todos los convenios de asociación
33 CHAVEZ MARIN. Augusto Raó. Los oveios de la adiistraió: etre la gestió púlia y al atividad otratual. Editorial
Universidad del Rosario 2008.
56
que las entidades estatales celebren con personas jurídicas particulares para los efectos
previstos por el primer inciso del artículo 96, “para el desarrollo conjunto de actividades
en relación con los cometidos y funciones que le sean asignados a aquellas por la ley”.
Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-671 de 1999 afirmó la
exequibilidad del artículo 96 y planteó un enfoque diferente al del párrafo anterior al
manifestar que la remisión hecha por dicha disposición al artículo 355 de la Carta debe
entenderse realizada con dos fines: en primer lugar: Si el legislador autoriza la asociación
de entidades estatales con personas jurídicas particulares con las finalidades ya
mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia del manejo de los dineros
públicos, que los convenios de asociación a que se hace referencia serán celebrados "de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política", lo que
significa que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para
otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado
En segundo lugar, en consideración de la Corte, cuando el artículo 96 de la ley 489 de
1998 se remite al artículo 355 de la Constitución, impone:
“la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, pero "con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo", tal cual lo ordena el citado
artículo 355 de la Carta Política”.
Lo anterior significa que, en concepto de la Corte, esa remisión implica la aplicación a los
convenios de asociación del régimen propio de los contratos que prevé el artículo 355 de
la Carta. Es decir, cuando se celebre un convenio de asociación entre la Administración y
los particulares el mismo debe reunir los requisitos de los contratos que autoriza el
artículo 355 de la Carta.
Las consideraciones anteriores también se recogen en la Consulta No. 1626 del 24 de
febrero de 2005 del Consejo de Estado, donde se citan apartes de la sentencia C-712 de
2001 así: “…el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en cuanto
57
prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la celebración
de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes con los
planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, es el de la acción benéfica del Estado, de las actividades de fomento que
dentro de un Estado Social de Derecho corresponden como función pública, insoslayable,
a la organización estatal. Se trata de apoyar la acción de organizaciones de origen
privado, que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más
variadas actividades que las personas realizan en la sociedad, buscan la satisfacción de
finalidades no simplemente lucrativas”.
En el concepto del 24 de febrero de 2005 el Consejo de Estado cita el pronunciamiento C-
671 de 1999 donde la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 96 de la
Ley 489 de 1998 reiteró que la remisión al artículo 355 de la Constitución, significa “que
no podrá, en ningún caso pretextarse, la celebración de los mismos para otorgar o
decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional
mencionada, impone la celebración de contratos con entidades sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad, pero con el fin de impulsar programas y actividades de interés
público, acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo”.
Finalmente, el pronunciamiento No. 1626 de 2005 del Consejo de Estado precisa “Debe
aclararse que lo anterior no significa que los convenios de cofinanciación entendidos
como aquellos a través de los cuales se establecen mecanismos de cooperación, queden
proscritos per se. Es viable su suscripción siempre y cuando el régimen de contratación
de los recursos públicos sea el de la Ley 80 de 1993, esto es, “las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta
ley” (Art. 13)”.
Esta última consideración resulta de trascendental importancia para la presente
investigación ya que con fundamento en ella queda claro que al momento de celebrar
convenios de asociación al amparo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, esto es, al unir
esfuerzos con un particular, los recursos aportados por la entidad pública de igual forma
tendrán que contratarse de conformidad con el estatuto general de contratación, es decir,
58
no por que se celebre un convenio de asociación pueden entregarse directamente los
recursos públicos al asociado para que este ejecute, puesto que de ser así no estaríamos
frente a un convenio de asociación sino ante una contratación directa.
3.5 De la contratación derivada
El 25 de abril de 2011 el Departamento Nacional de Planeación emitió en concepto No.
20118010249191 en el cual se recoge de manera interesante y clara el marco legal de los
convenios que aquí se tratan y de manera ilustrativa luego de abordar tanto los contratos
de impulso a programas de interés público Decreto 777 de 1992 como los de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estatales Articulo 96 Ley 489 de
1998 se refiere a una figura que denomina “Contratación Derivada”34 entendida como
aquella que deviene con posterioridad a la celebración de alguno de estos contratos o
convenios, este concepto expresa que:
“Una vez celebrado un contrato con entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar
programas y actividades de interés público, o, un convenio de asociación para el
cumplimiento de las actividades propias de las Entidades Públicas con participación de
particulares, o un convenio de asociación entre entidades públicas para cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo; es posible que para el desarrollo y/o ejecución de su objeto se requiera
la celebración de contratos posteriores para el logro del cometido propuesto con la
celebración del contrato o convenio principal o matriz”.
En este sentido, el DNP cita el concepto No. 1.626 de 2005 del Consejo de Estado y
afirma que es necesario distinguir la celebración del contrato o convenio, de la
contratación derivada de éstos; en especial, para determinar el régimen aplicable de los
últimos. Así: “Teniendo en cuenta que no se trata de “otorgar” recursos de la entidad
pública a la entidad privada para la ejecución de obras por parte de éste última, sino del
aporte conjunto de los mismos para un proyecto común, es claro que la ejecución
contractual correspondiente a la parte que ha de ejecutarse con recursos de aquella […],
34 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Concepto No. 20118010249191 (25, abril, 2011).
59
ha de cumplirse con plena observancia de las disposiciones legales que la regulan, ya sea
el Estatuto General de Contratación - ley 80 de 1993 -, o las disposiciones especiales, en
caso de existir y resultarle aplicables; pues el régimen jurídico de excepción consagrado
para los convenios de colaboración, con entidades privadas sin ánimo de lucro, no se
extiende a los contratos que para su ejecución, cada una de las partes suscriba con otras
personas jurídicas diferentes”.
Ahora bien, el DNP refiriéndose tanto a contratos como a convenios sostiene: “…la
ejecución de los recursos entregados por la entidad pública por medio del contrato o
convenio, debe someterse a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, o a las normas especiales que en materia de contratación rijan a
la entidad pública dueña de los recursos si la entidad pública se encuentra por fuera de la
aplicación de dicho Estatuto; y no, al régimen contractual de la entidad, privada o pública,
ejecutora. Por su parte, la ejecución de los recursos de la entidad privada sin ánimo de
lucro, estará sometida a las disposiciones previstas en el contrato o convenio, o en su
defecto, por la legislación civil y comercial”. No obstante, debe entenderse que tal
interpretación aplica a los convenios de asociación, no ocurre lo propio con los contratos
de impulso dado que en estos últimos la entidad pública transfiere los recursos a la
entidad sin ánimo de lucro cuyo programa o proyecto se dispuso apoyar.
Con lo todo lo dicho hasta ahora quedan expuestos los antecedentes y el desarrollo
constitucional, legal y jurisprudencial del artículo 355 de la constitución política, el decreto
777 de 1992 y el artículo 96 de la ley 489 de 1998, siendo el momento de resaltar
específicamente la conclusión de la providencia No. 1626 de 2005 en cuanto al régimen
contractual aplicable a los recursos que las entidades estatales destinan para la
celebración de contratos de impulso a programas de interés público y convenios de
asociación para el desarrollo conjunto de funciones estales. Es decir, tanto los contratos
de impulso a programas de interés público como los convenios de asociación para el
desarrollo conjunto con fines estatales son figuras excepcionales y no constituyen una
modalidad contractual a través de la cual la Administración pueda ejecutar entregando a
particulares de manera directa los recursos asignados para cumplimiento de sus planes
de desarrollo.
CAPITULO IV
60
ESTUDIO DE CASO DE LAS ALCALDIAS LOCALES DE BOGOTÁ 2008-2010
4.1 El proceso de delegación de facultades contractuales en las localidades del
Distrito Capital
El proceso descentralizador bogotano se inició en 1954 con el Decreto 3640 en virtud del
cual se dividió a la ciudad en zonas, permitiendo que los que antes eran municipios
circunvecinos entraran a ser parte de la ciudad. Lo anterior se orientó mediante un
esquema de desconcentración según el cual cada zona tiene un Alcalde menor, con
funciones de inspector de policía siendo así un subalterno y representante del Alcalde
Mayor en su respectiva zona35. Luego en 1972 se expidió el Acuerdo 26, por el cual se
delegó la responsabilidad de contratación de obras menores con recursos especiales a
las Alcaldías Menores, esto con el ánimo de fortalecer los gobiernos locales36.
Posteriormente, a través del Acuerdo No. 8 de 1977, reformado por el Decreto 2621 de
1982, se otorgó el carácter y denominación de alcaldías zonales.
Con estas reformas se pretendió otorgarle a Bogotá un esquema con prevalencia de
participación ciudadana y autonomía local: Se creó una ciudad con zonas, en las cuales
cada alcalde podía elaborar un plan zonal con la asesoría del Departamento de
Planeación y también un Concejo de Coordinación de Servicios Zonales.
Después, el Decreto 1333 expedido el 25 de abril de 1986 Código de Régimen
Municipal- estableció la creación de las Juntas Administradoras Locales -JAL- y las
Alcaldías Locales, con funciones adicionales a las de ser inspectores de policía.
Mediante Acuerdo 9 del 17 de diciembre de 1986 se creó la Alcaldía Menor Rural de
Sumapaz.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Régimen Municipal, se expidió el
Acuerdo 8 de 1987, con el cual se crearon 20 Juntas Administradoras Locales, elegidas
35 BOTERO, María Helena SUÁREZ ESPINOSA, Camilo. Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una historia inconclusa.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010.
36 Artículo 6 Acuerdo 016 de 1972.
61
popularmente en cada zona, con recursos propios que les permitieran desempeñar
funciones relacionadas con la planeación, vigilancia y control de la prestación de servicios
públicos, de la Administración Pública, así como funciones de control y destinación
presupuestal en las zonas para las cuales habían sido electas. Estos recursos se
manejarían bajo la figura de los Fondos de Desarrollo Local. Es de anotar que el Acuerdo
8 de 1987 fue anulado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por tanto nunca
tuvo aplicación.
La expedición de la Constitución de 1991 y sus principios descentralizadores supusieron
un importante cambio para Bogotá por cuanto fue catalogada constitucionalmente como
Distrito Capital, acomodándose a los requerimientos de la ciudad más grande del país,
capital de Departamento y de la Nación, sede del poder central y por tanto sujeta a la
expedición de un régimen especial.
De manera que la Ley 1 de 1992, previa a la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá,
reguló ámbitos políticos, fiscales y administrativos del Distrito, desde lo local. La Ley
estableció un período fijo para los alcaldes locales, los requisitos para ser edil y alcalde
local, así como la autonomía en la destinación de los recursos públicos, previa aprobación
de las JAL, esto dió mayor organización política a las localidades. No obstante, al parecer
la puesta en ejecución de estas disposiciones generaron altos grados de corrupción en la
contratación que se hacía con cargo a los Fondos de Desarrollo Local.
Posteriormente con base en las disposiciones de la Constitución de 1991 sobre el Distrito
Capital, se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Bogotá -, que
estableció la actual estructura político administrativa de la ciudad, en aras de consolidar
un mejor desarrollo, un gasto publico más eficiente y el espacio para que los ciudadanos
tuvieran participación en los asuntos de la ciudad. El artículo 87 de este estatuto
establece que en cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con
personería jurídica y patrimonio propio. 37
37 Artículo 87 Ley 1421 de 1993.
62
El alcalde mayor de la época Jaime Castro fue quien, con la pretensión de ajustar las
competencias otorgadas a Bogotá para autorregularse y limitar las facultades dadas por
la Ley 1 de 1992, presentó ante el Congreso el Estatuto Orgánico de Bogotá. Entre las
principales reformas, se encuentra el nombramiento de los alcaldes locales por parte del
alcalde mayor, pero con libre nombramiento y remoción, de acuerdo con su desempeño,
la recentralización del gasto público de las localidades quedando el alcalde mayor como
representante legal de los fondos de desarrollo local y por tanto ordenador del gasto e
inversión de las localidades. Así mismo se otorgó a las localidades funciones específicas
pero sin autonomía, así que todas las inversiones locales estaban dadas desde la alcaldía
mayor. Por tanto, a pesar de tener un sistema descentralizado prevaleció el centralismo
dentro de la administración de la ciudad38.
Ahora bien, fue también durante la administración de Jaime Castro (1992-1994) donde en
desarrollo de la política descentralizadora del Estatuto Orgánico de Bogotá, se expidió el
Decreto 533 de 1993, con delegación de potestad de contratación y ordenación del gasto
a la las alcaldías locales, con cargo a los Fondos de Desarrollo Local. En este mismo
sentido los Decretos Distritales 698 de 1993 y 50 de 1994 facultaron a los alcaldes locales
para hacer contratación directa hasta por el monto de 2000 salarios mínimos mensuales
vigentes, aumentando la autonomía local. Sin embargo, en la administración de Enrique
Peñalosa (1998-2000) nuevamente se centralizaron las competencias delegadas en el
sector local, de manera que el Decreto Distrital 022 de 1998 centralizó y suspendió la
delegación hecha en materia de contratación a los alcaldes locales. Luego el Decreto 176
del mismo año creó la Unidades Ejecutivas de Localidades UEL -, encargadas de
centralizar el gasto39.
Más adelante, durante la segunda administración de Antanas Mokus (2001-2003), por
medio del Decreto Distrital 367 de 2001 se efectuaron algunas delegaciones en materia
de representación judicial y extrajudicial de los Fondos de Desarrollo Locales y se enfatizó
en que las alcaldías locales son entes dependientes y pertenecientes al Nivel Central de
la Secretaría de Gobierno.
38 BOTERO, María Helena SUÁREZ ESPINOSA, Camilo. Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una historia inconclusa.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010.
39 Ibídem
63
El Decreto 854 del año 2001 delegó en los Alcaldes Locales de Bogotá D.C., la Gerencia
General de los proyectos y la Supervisión General de los contratos que se adelanten con
cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local; así como la interventoría de los
contratos según criterio de la Unidad Ejecutiva de Localidades, como parte del proceso de
viabilización de los proyectos de inversión local y conforme a la capacidad técnica local40.
Por su parte, el Alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2007), a través del Decreto Distrital
421 del 2004, asignó en las Secretarías, Departamentos Administrativos y
Establecimientos Públicos de la Administración Distrital la facultad para contratar, ordenar
los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en los
programas, subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo Local.
A su vez, también durante la Administración de Luis Eduardo Garzón se expidió el decreto
612 de 2006 que otorgó a los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los
gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en el objetivo
de "Gestión Pública Humana" o el que haga sus veces en el Plan de Desarrollo Local y en
la provisión de los bienes y servicios en temas como ambiente, cultura, Desarrollo
Económico, Industria y Turismo y Gobierno. Lo anterior fue derogado por el artículo 24 del
Decreto 101 del 11 de marzo de 2010, expedido en la administración de Samuel Moreno
Rojas (2008-2011) y por medio del cual “Se fortalece institucionalmente a las Alcaldías
Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las
localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se
determinan otras disposiciones”. Artículo que fue aclarado en el Decreto 153 del mismo
año.
El artículo 8 del Decreto 101 de 2010 delegó en los alcaldes locales la facultad para
contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de
Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local
que esté vigente, está es la disposición que actualmente orienta la contratación en los 20
Fondos de Desarrollo Local (FDL) que constituyen el Distrito Capital.
40 Artículo 3 Decreto 176 de 1998
64
Este ir y venir de la política descentralizadora del Distrito repercute directamente en la
autonomía y facultad de contratación que en uno y otro momento han tenido las
localidades. Ciertamente los cambios normativos inciden en los incrementos o
decrecimientos de los montos contratados por los FDL.
Aquí interesan especialmente las normas expedidas en el período de la investigación
(2008-2010). Así mismo en este capítulo se analiza especialmente el porcentaje (%) del
presupuesto mucho o poco a su cargo según el nivel de autonomía otorgado por las
políticas descentralizadoras de la administración de turno - que las localidades
comprometen haciendo uso del Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la Ley 489 de
1998.
4.2 Estadística contratos de impulso y convenios de asociación suscritos por ocho
(8) localidades del D.C. 2008-2010
De acuerdo con lo expuesto en la estrategia metodológica sobre la conformación de la
muestra tenemos:
4.2.1. Santa fe (Localidad tercera de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20110320049381 del 12-08-2011 procedente del FDLSF
Tabla. 1. Presupuesto comprometido contratado por el FDLSF 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLSF
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLSF
%
2008
$ 13.774.892.869,95
$ 6.437.797.732,95
46,73
2009
$ 18.724.530.056,00
$ 9.845.066.695,00
52,57
2010
$ 15.223.965.048,00
$ 13.609.841.472,00
89,39
En la Tabla 1 se observa el presupuesto del FDLSF comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLSF. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
65
presupuesto contratado por el FDLSF el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 46,7% en el 2008 al 89,3% en el 2010, un aumento del 42.66%.
Figura 1. Presupuesto comprometido por el FDLSF vs presupuesto contratado por el
FDLSF (2008-2010)
En la Figura 1 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 1.
Tabla 2. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993. 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR
EL FDLSF A TRAVES DE LAS
MODALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 80
DE 1993
%
2008
$ 5.974.997.732,95
92,81
2009
$ 6.104.828.671,00
62,00
2010
$ 13.609.841.472,00
$ 9.991.047.375,00
73,41
En la tabla 2 se muestran los datos encontrados para el FDLSF en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLSF. En la tabla
se observa que en el año 2008 fue del 92.8% la contratación realizada directamente por el
FDLSF mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 73,4%, lo que representa una
disminución del 19,4% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 2. Presupuesto contratado por el FDLSF vs presupuesto contratado por el FDLSF
a través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
66
En la Figura 2 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 2.
Tabla 3. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998. 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR
EL FDLSF A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL
ART. 96 DE LA LEY 489 DE
1998
%
2008
$ 462.800.000,00
7,18
2009
$ 3.740.238.024,00
37,99
2010
$ 3.618.794.097,00
26,58
En la Tabla 3 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLSF a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLSF
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 7.18% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLSF, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 26.58% con un aumento del 19.4%.
Figura 3. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF vs presupuesto
contratado por el FDLSF a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
67
En la Figura 3 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 3.
Tabla 4. Monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLSF a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en %.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLSF A TRAVES
DEL DECRETO 777 DE 1992 Y EL ART. 96
DE LA LEY 489 DE 1998 en %
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLSF A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
7,19%
92,81%
2009
37,99%
62,01%
2010
26,59%
73,41%
En la Tabla 4 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través
de las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLSF a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
mostradas anteriormente y en ellas se observa cómo mientras entre 2008 y 2010 aumentó
la figura de contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998
paulatinamente, y en la misma medida se disminuyó la contratación realizada con
aplicación de la Ley 80 de 1993.
Figura 4. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
68
La Figura 4 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLSF
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 5. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLSF a través
del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 5 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLSF
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.2. Usme (Localidad quinta de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20110520041451 del 21-06-2011 procedente del FDLU
Tabla 5. Presupuesto comprometido contratado por el FDLU 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLU
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLU
%
2008
$ 19.143.723.213,00
$ 5.383.465.320,00
28,12
2009
$ 28.249.554.425,00
$ 12.772.478.060,00
45,21
2010
$ 25.424.193.149,00
$ 21.339.559.300,00
83,93
En la Tabla 5 se observa el presupuesto del FDLU comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLU. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
69
presupuesto contratado por el FDLU el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 28,12% en el 2008 al 83.93% en el 2010 un aumento del 55.81%.
Figura 6. Presupuesto comprometido por el FDLU vs presupuesto contratado por el
FDLU (2008-2010).
En la Figura 6 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 5.
Tabla 6. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLU
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLU A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 5.383.465.320,00
$ 3.486.891.106,00
64,77
2009
$ 12.772.478.060,00
$ 7.948.346.962,00
62,23
2010
$ 21.339.559.300,00
$ 18.166.423.200,00
85,13
En la tabla 6 se muestran los datos encontrados para el FDLU en cuanto a la contratación
realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en los años del
2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLU. En la tabla se observa que
en el año 2008 fue del 64.77% la contratación realizada directamente por el FDLU
mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la contratación
realizada mediante esta Ley fue del 85,13%. Lo que representa un aumento del 20,36%
en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 7. Presupuesto contratado por el FDLU vs presupuesto contratado por el FDLU a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
70
En la Figura 7 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 6.
Tabla 7. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR
EL FDLU A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL
ART. 96 DE LA LEY 489 DE
1998
%
2008
$ 1.896.574.214,00
35,22
2009
$ 4.824.131.098,00
37,76
2010
$ 3.173.136.100,00
14,86
En la Tabla 7 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLU a través del
decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLU
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 35.22% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLU. Ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 14.86% con una disminución del 20.36% de la
contratación en aplicación a la Ley 80 de 1993.
Figura 8. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU vs presupuesto contratado
por el FDLU a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
71
En la Figura 8 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 7.
Tabla 8. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local contratado por el
FDLU a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998 en %.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLU A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLU A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
35,23%
64,77%
2009
37,77%
62,23%
2010
14,87%
85,13%
En la Tabla 8 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través
de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLU a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta esta tabla es un cuadro resumen de las anteriores
y en ellas se observa cómo mientras entre los años 2008 y 2009 aumenta la figura de
contratación según el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998, luego ésta disminuye entre
el 2009 y 2010. La contratación realizada en aplicación a la Ley 80 de 1993 disminuyó
entre 2008 y 2009 registrando aumento para el año 2010.
Figura 9. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
72
La Figura 9 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLU
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 10. Monto del presupuesto local contratado por el FDLU a través del Decreto 777
de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 10 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLU
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.3. Engativá (Localidad decima de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20111020110601 del 28-06-2011 procedente del FDLE
Tabla 9. Presupuesto comprometido contratado por el FDLE 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLE
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLE
%
2008
$ 31.599.237.456,87
$ 19.090.788.559,00
60,41
2009
$ 38.998.078.247,00
$ 21.058.413.035,00
53,99
2010
$ 31.367.514.242,00
$ 25.373.723.616,00
80,89
73
En la Tabla 9 se observa el presupuesto del FDLE comprometido a 31 de diciembre en los
años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLE. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
presupuesto contratado por el FDLE el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 60.41% en el 2008 al 80,89% en el 2010, un aumento del 20.48%.
Figura 11. Presupuesto comprometido por el FDLE vs presupuesto contratado por el
FDLE (2008-2010).
En la Figura 11 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 9.
Tabla 10. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLE
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLE A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 19.090.788.559,00
$ 17.161.969.987,00
89,89
2009
$ 21.058.413.035,00
$ 15.168.883.047,00
72,03
2010
$ 25.373.723.616,00
$ 23.227.414.879,00
91,54
En la tabla 10 se muestran los datos encontrados para el FDLE en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLE. En en la tabla
se observa que en el año 2008 fue del 89.89% la contratación realizada directamente por
el FDLE mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 91,54%, lo que representa un aumento
del 1,65% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 12. Presupuesto contratado por el FDLE vs presupuesto contratado por el FDLE a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
74
En la Figura 12 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 10.
Tabla 11. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLE
MONTO DEL
PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL
FDLE A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY
489 DE 1998
%
2008
$ 19.090.788.559,00
$ 1.928.818.572,00
10,10
2009
$ 21.058.413.035,00
$ 5.889.529.988,00
27,96
2010
$ 25.373.723.616,00
$ 2.146.308.737,00
8,45
En la Tabla 11 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLE a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLE
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 10.10% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLE, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 8.45% con una disminución del 1.65%.
Figura 13. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE vs presupuesto
contratado por el FDLE a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
75
En la Figura 13 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 11.
Tabla 12. Monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLE a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLE A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLE A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
10,10%
89,90%
2009
27,97%
72,03%
2010
8,46%
91,54%
En la Tabla 12 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través
de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLE a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
mostradas anteriormente y en ellas se observa cómo mientras entre los años 2008 y 2009
aumentó la figura de contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998
luego ésta disminuye entre el 2009 y 2010 paulatinamente, siendo inversamente
proporcional al aumento y disminución la contratación realizada durante los mismos
períodos en aplicación a la Ley 80 de 1993.
Figura 14. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
76
La Figura 14 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLE
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 15. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLE a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 15 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLE
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.4. Suba (Localidad once de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20111120097961 del 01-06-2011 procedente del FDLS
Tabla 13. Presupuesto comprometido contratado por el FDLS 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLS
%
2008
$ 32.237.776.660,00
$ 16.151.781.914,00
50,10
2009
$ 40.508.479.556,00
$ 20.700.928.135,00
51,10
2010
$ 34.671.336.608,00
$ 28.482.438.158,00
82,14
En la Tabla 13 se observa el presupuesto del FDLS comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLS. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
77
presupuesto contratado por el FDLS el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 50,1% en el 2008 al 82,14% en el 2010, un aumento del 32.04%.
Figura 16. Presupuesto comprometido por el FDLS vs presupuesto contratado por el
FDLS (2008-2010).
En la Figura 16 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 13.
Tabla 14. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLS A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 16.151.781.914,00
$ 11.423.447.247,00
70,72
2009
$ 20.700.928.135,00
$ 12.041.484.199,00
58,16
2010
$ 28.482.438.158,00
$ 25.787.336.348,00
90,53
En la tabla 14 se muestran los datos encontrados para el FDLS en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLS. En la tabla se
observa que en el año 2008 fue del 70.72% la contratación realizada directamente por el
FDLS mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 90.53%, lo que representa un aumento
del 19,81% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 17. Presupuesto contratado por el FDLS vs presupuesto contratado por el FDLS a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
78
En la Figura 17 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 14.
Tabla 15. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR
EL FDLS A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL
ART. 96 DE LA LEY 489 DE
1998
%
2008
$ 16.151.781.914,00
$ 4.728.334.667,00
29,27
2009
$ 20.700.928.135,00
$ 8.659.443.936,00
41,83
2010
$ 28.482.438.158,00
$ 2.705.101.810,00
9,49
En la Tabla 15 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLS a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLS
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 29.27% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLS, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 9.49% con una disminución del 19.78%.
Figura 18. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS vs presupuesto
contratado por el FDLS a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
79
En la Figura 18 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 15.
Tabla 16. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLS A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLS A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
29,27%
70,73%
2009
41,83%
58,17%
2010
9,50%
90,50%
En la Tabla 16 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través
de las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
mostradas anteriormente y en ellas se observa cómo mientras entre 2008 al 2009
aumentó la figura de contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998
luego esta disminuyó entre el 2009 y 2010 paulatinamente, siendo inversamente
proporcional el aumento y disminución la contratación realizada durante los mismos
períodos en aplicación a la Ley 80 de 1993.
Figura 19. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
80
La Figura 19 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLS
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 20. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 20 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLS
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.5. Mártires (Localidad catorce de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20111420047641 del 10-06-2011 procedente del FDLM
Tabla 17. Presupuesto comprometido contratado por el FDLM 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLM
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLM
%
2008
$ 6.203.828.062,80
$ 2.050.199.384,80
33,04
2009
$ 8.953.180.451,00
$ 7.090.046.451,00
79,19
2010
$ 14.449.916.202,00
$ 9.107.850.994,00
63,03
En la Tabla 17 se observa el presupuesto del FDLM comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLM. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
81
presupuesto contratado por el FDLM el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 33,04% en el 2008 al 63,03% en el 2010. un aumento del 29.99%.
Figura 21. Presupuesto comprometido por el FDLM vs presupuesto contratado por el
FDLM (2008-2010).
En la Figura 21 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 17.
Tabla 18. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLM
MONTO DEL
PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL
FDLM A TRAVES DE LAS
MODALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA
LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 2.050.199.384,80
$ 1.686.484.384,80
82,25
2009
$ 7.090.046.451,00
$ 5.646.238.183,00
79,63
2010
$ 9.107.850.994,00
$ 7.426.691.818,00
81,54
En la tabla 18 se muestran los datos encontrados para el FDLM en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLM. En la tabla
se observa que en el año 2008 fue del 82.25% la contratación realizada directamente por
el FDLM mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 81,54%, lo que representa una
disminución del 0,71% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
82
Figura 22. Presupuesto contratado por el FDLM vs presupuesto contratado por el FDLM
a través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
En la Figura 22 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 18.
Tabla 19. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través del decreto 777
de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR EL
FDLM
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLM A TRAVES DEL DECRETO
777 DE 1992 Y EL ART. 96 DE LA
LEY 489 DE 1998
%
2008
$ 2.050.199.384,80
$ 363.715.000,00
17,74
2009
$ 7.090.046.451,00
$ 1.443.808.268,00
20,36
2010
$ 9.107.850.994,00
$ 1.681.159.176,00
18,45
En la Tabla 19 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLM a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLM
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 17.74% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLM, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 18.45% con un aumento del 0.71%.
Figura 23. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM vs presupuesto
contratado por el FDLM a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
83
En la Figura 23 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 19.
Tabla 20. Monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLM a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLM A TRAVES
DEL DECRETO 777 DE 1992 Y EL ART. 96
DE LA LEY 489 DE 1998 en %
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLM A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
17,74%
82,26%
2009
20,36%
79,64%
2010
18,46%
81,54%
En la Tabla 20 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través
de las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLM a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
mostradas anteriormente y en ellas se observa cómo mientras entre 2008 y 2009 aumentó
la figura de contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998 luego
ésta disminuye entre el 2009 y 2010 paulatinamente, siendo inversamente proporcional el
aumento y disminución la contratación realizada durante los mismos períodos en
aplicación a la Ley 80 de 1993.
Figura 24. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
84
La Figura 24 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLM
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 25. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLM a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 25 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLM
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.6. Candelaria (Localidad Diecisiete de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20111720019061 del 15-06-2011 procedente del FDLC
Tabla 21. Presupuesto comprometido contratado por el FDLC 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLC
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLC
%
2008
$ 2.884.956.129,65
$ 2.226.814.441,65
77,18
2009
$ 5.392.547.395,00
$ 3.818.397.905,00
70,80
2010
$ 7.012.224.000,00
$ 6.682.133.207,00
95,29
En la Tabla 21 se observa el presupuesto del FDLC comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLC. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
85
presupuesto contratado por el FDLC el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 77,18% en el 2008 al 95,29% en el 2010, un aumento del 18,11%.
Figura 26. Presupuesto comprometido por el FDLC vs presupuesto contratado por el
FDLC (2008-2010).
En la Figura 26 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 21.
Tabla 22. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR EL
FDLC
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLC A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 2.226.814.441,65
$ 1.780.040.671,65
79,93
2009
$ 3.818.397.905,00
$ 2.517.345.185,00
65,92
2010
$ 6.682.133.207,00
$ 4.012.247.668,00
60,04
En la tabla 22 se muestran los datos encontrados para el FDLC en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLC. En la tabla se
observa que en el año 2008 fue del 79.93% la contratación realizada directamente por el
FDLC mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 60,04%, lo que representa una
disminución del 19,89% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 27. Presupuesto contratado por el FDLC vs presupuesto contratado por el FDLC a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
86
En la Figura 27 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 22.
Tabla 23. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLC
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR
EL FDLC A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL
ART. 96 DE LA LEY 489 DE
1998
%
2008
$ 2.226.814.441,65
$ 446.773.770,00
20,06
2009
$ 3.818.397.905,00
$ 1.301.052.720,00
34,07
2010
$ 6.682.133.207,00
$ 2.669.885.539,00
39,95
En la Tabla 23 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLC a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLC
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 20.06% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLC, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 39.95% con un aumento del 19.89%.
Figura 28. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC vs presupuesto
contratado por el FDLC a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
87
En la Figura 28 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 23.
Tabla 24. Monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLC a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLC A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLC A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
20,06%
79,94%
2009
34,07%
65,93%
2010
39,96%
60,04%
En la Tabla 24 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través
de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLC a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
anteriores y en ellas se observa cómo mientras entre 2008 y 2009 aumentó la figura de
contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998 luego entre el 2009 y
2010 continua en aumento, en la misma medida disminuyó la contratación realizada con
aplicación de la Ley 80 de 1993.
Figura 29. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
88
La Figura 24 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLC
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 30. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLC a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 30 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLC
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.7. Cuidad Bolívar (Localidad diecinueve de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20111920035861 del 26-05-2011 procedente del FDLCB
Tabla 25. Presupuesto comprometido contratado por el FDLCB 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLCB
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLCB
%
2008
$ 44.580.412.907,27
$ 21.389.914.308,00
47,98
2009
$ 55.879.965.678,00
$ 34.741.976.068,00
62,17
2010
$ 45.748.061.510,00
$ 38.403.731.764,00
83,94
En la Tabla 25 se observa el presupuesto del FDLCB comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLCB. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
89
presupuesto contratado por el FDLCB el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 47,98% en el 2008 al 83,94% en el 2010 un aumento del 35.96%.
Figura 31. Presupuesto comprometido por el FDLCB vs presupuesto contratado por el
FDLSF (2008-2010).
En la Figura 31 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 25.
Tabla 26. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLCB
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLCB A TRAVES DE LAS
MODALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 80
DE 1993
%
2008
$ 21.389.914.308,00
$ 17.882.344.083,00
83,60
2009
$ 34.741.976.068,00
$ 28.031.189.235,00
80,68
2010
$ 38.403.731.764,00
$ 28.112.203.524,00
73,20
En la tabla 2 se muestran los datos encontrados para el FDLCB en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLCB. En la tabla
se observa que en el año 2008 fue del 83.60% la contratación realizada directamente por
el FDLCB mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 73,20%, lo que representa una
disminución del 10,4% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 32. Presupuesto contratado por el FDLCB vs presupuesto contratado por el
FDLCB a través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
90
En la Figura 32 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 26.
Tabla 27. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través del decreto 777
de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO
POR EL FDLCB
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLCB A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL
ART. 96 DE LA LEY 489 DE
1998
%
2008
$ 21.389.914.308,00
$ 3.507.570.225,00
16,39
2009
$ 34.741.976.068,00
$ 6.710.786.833,00
19,31
2010
$ 38.403.731.764,00
$ 10.291.528.240,00
26,79
En la Tabla 27 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLCB a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLCB
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 16.39% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLCB, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 26.79% con un aumento del 10.4%.
Figura 33. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB vs presupuesto
contratado por el FDLCB a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
91
En la Figura 33 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 27.
Tabla 28. Monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLCB a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLCB A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLCB A
TRAVES DE LAS MODALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE 1993
en %.
2008
16,40%
83,60%
2009
19,32%
80,68%
2010
26,80%
73,20%
En la Tabla 24 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a
través de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto
local contratado por el FDLCB a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de
1998 en % entre los años 2008 y 2010. Esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
anteriores y en ellas se observa cómo mientras entre 2008 y 2010 aumentó la figura de
contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998 paulatinamente, en
la misma medida se disminuyó la contratación realizada con aplicación de la Ley 80 de
1993.
Figura 34. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través
de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
92
La Figura 34 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLCB
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 35. Evolucion del monto del presupuesto local contratado por el FDLCB a través
del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 35 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLSCB
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.2.8. Sumapaz (Localidad veinte de Bogotá)
Fuente: Radicado No. 20112020007351 del 26-05-2011 procedente del FDLS
Radicado No. 20112030019191 del 20-12-2011
Tabla 29. Presupuesto comprometido contratado por el FDLS 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLS
%
2008
$ 18.009.893.089,00
$ 10.813.316.662,00
60,04
2009
$ 25.288.601.522,00
$ 15.290.183.516,00
60,46
2010
$ 20.329.511.542,00
$ 16.648.307.694,00
81,89
En la Tabla 29 se observa el presupuesto del FDLS comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por el FDLS. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
93
presupuesto contratado por el FDLS el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 60,04% en el 2008 al 81,89% en el 2010 un aumento del 21.85%.
Figura 36. Presupuesto comprometido por el FDLS vs presupuesto contratado por el
FDLS (2008-2010).
En la Figura 36 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 29.
Tabla 30. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR
EL FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLS A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993
%
2008
$ 10.813.316.662,00
$ 8.672.407.156,00
80,20
2009
$ 15.290.183.516,00
$ 10.846.729.313,00
70,93
2010
$ 16.648.307.694,00
$ 14.554.235.817,00
87,42
En la tabla 30 se muestran los datos encontrados para el FDLS en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por el FDLS. En la tabla se
observa que en el año 2008 fue del 80.20% la contratación realizada directamente por el
FDLS mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la
contratación realizada mediante esta Ley fue del 87.42%, lo que representa un aumento
del 7,22% en la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 37. Presupuesto contratado por el FDLS vs presupuesto contratado por el FDLS a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
94
En la Figura 37 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 30.
Tabla 31. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR EL
FDLS
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO POR EL
FDLS A TRAVES DEL DECRETO
777 DE 1992 Y EL ART. 96 DE LA
LEY 489 DE 1998
%
2008
$ 10.813.316.662,00
$ 2.140.909.506,00
19,79
2009
$ 15.290.183.516,00
$ 4.443.454.203,00
29,06
2010
$ 16.648.307.694,00
$ 3.618.794.097,00
21,73
En la Tabla 31 podemos observar el presupuesto local contratado por el FDLS a través
del decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por el FDLS
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 19.79% del total del presupuesto
contratado directamente por el FDLS, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 21.73% con un aumento del 1.94%.
Figura 38. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS vs presupuesto
contratado por el FDLS a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
95
En la Figura 38 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 31.
Tabla 32. Monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLS A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE 1992 Y
EL ART. 96 DE LA LEY 489 DE 1998 en
%
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR EL FDLS A TRAVES
DE LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS
EN LA LEY 80 DE 1993 en %.
2008
10,16%
89,84%
2009
16,21%
83,79%
2010
17,71%
82,29%
En la Tabla 32 se muestra el monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través
de las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs monto del presupuesto local
contratado por el FDLS a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % entre los años 2008 y 2010, esta tabla es un cuadro resumen de las tablas
anteriores y en ellas se observa cómo mientras entre los años 2008 al 2010 aumenta la
figura de contratación con base en el Decreto 777 de 1992 y Ley 489 de 1998, siendo
inversamente proporcional el aumento y disminución la contratación realizada durante los
mismos períodos en aplicación a la Ley 80 de 1993.
Figura 39. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través de
las modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 en %, (2008-2010).
96
La Figura 39 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLS
utilizando la Ley 80 de 1993.
Figura 40. Evolución del monto del presupuesto local contratado por el FDLS a través del
Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 en %, (2008-2010).
La Figura 40 muestra la evolucion que tuvo porcentualmente la contratacion del FDLS
utilizando el Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 de la Ley 489 de 1998.
4.3 Estadística totalizada contratos de impulso y convenios de asociación suscritos
por ocho (8) localidades del D.C. 2008-2010
97
Tabla 33. Presupuesto comprometido contratado por los FDL 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE FDL
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO POR FDL
%
2008
$ 168.434.720.388,54
$ 83.544.078.322,40
49,60
2009
$ 221.994.937.330,00
$ 125.317.489.865,00
56,45
2010
$ 194.226.722.301,00
$ 159.647.586.205,00
82,19
En la Tabla 33 se observa el presupuesto de los FDL comprometido a 31 de diciembre en
los años del 2008 al 2010. De la misma manera se encuentra el presupuesto total
comprometido por los FDL. En la Tabla se puede ver la evolución porcentual del
presupuesto contratado por los FDL el cual tuvo un aumento significativo en los años en
mención pasando del 49,6% en el 2008 al 82,19% en el 2010 un aumento del 32.59%.
Figura 41. Presupuesto comprometido por los FDL vs presupuesto contratado por el FDL
(2008-2010).
En la Figura 41 se observan graficamente los resultados presentados en la Tabla 33.
Tabla 34. Monto del presupuesto local contratado por el FDL a través de las modalidades
establecidas en la ley 80 de 1993, 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE
DICIEMBRE CONTRATADO FDL
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO POR FDL A TRAVES
DE LAS MODALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE
1993
%
2008
$ 83.544.078.322,40
$ 68.068.582.368,40
81,47
2009
$ 125.317.489.865,00
$ 88.305.044.795,00
70,46
2010
$ 159.647.586.205,00
$ 131.277.600.629,00
82,22
98
En la tabla 34 se muestran los datos encontrados para los FDL en cuanto a la
contratación realizada mediante las modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993 en
los años del 2008 al 2010 del total del presupuesto contratado por los FDL. En la tabla se
observa que en el año 2008 fue del 81.47% la contratación realizada directamente por los
FDL mediante la utilización de la Ley 80 de 1993, pero ya para el año 2010 la contratación
realizada mediante esta Ley fue del 82,22%, lo que representa un aumento del 0.75% en
la utilización de la Ley 80 de 1993.
Figura 42. Presupuesto contratado por los FDL vs presupuesto contratado por los FDL a
través de la Ley 80 de 1993 (2008-2010).
En la Figura 42 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 34.
Tabla 35. Monto del presupuesto local contratado por los FDL a través del decreto 777 de
1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 2008-2010.
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO A 31 DE DICIEMBRE
CONTRATADO FDL
MONTO DEL PRESUPUESTO
LOCAL CONTRATADO FDL A
TRAVES DEL DECRETO 777 DE
1992 Y EL ART. 96 DE LA LEY 489
DE 1998
%
2008
$ 83.544.078.322,40
$ 15.475.495.954,00
18,52
2009
$ 125.317.489.865,00
$ 37.012.445.070,00
29,53
2010
$ 159.647.586.205,00
$ 29.904.707.796,00
18,73
En la Tabla 35 podemos observar el presupuesto local contratado por los FDL a través del
decreto 777 de 1992 y el art. 96 de la ley 489 de 1998 entre los años 2008-2010
enfrentado de manera porcentual contra el total del presupuesto contratado por los FDL
entre los años 2008 al 2010. En la tabla se observa que para el año 2008 la contratación
realizada por medio de estas modalidades equivalía a un 18.52% del total del presupuesto
contratado directamente por los FDL, ya para el año 2010 la contratación realizada por
estas modalidades ascendía al 18.73% con un aumento del 0.21%.
99
Figura 43. Monto del presupuesto local contratado por los FDL vs presupuesto contratado
por los FDL a través del Decreto 777/1992 y la Ley 489/98, (2008-2010).
En la Figura 43 se muestran gráficamente los resultados presentados en la Tabla 35.
Tabla 36. Monto del presupuesto local contratado por los FDL a través de las
modalidades establecidas en la ley 80 de 1993 % vs Monto del presupuesto local
contratado por los FDL a través del Decreto 777 de 1992 y el Art. 96 y Ley 489 de 1998
en % (2008-2010).
AÑO
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO FDL A TRAVES DEL
DECRETO 777 DE 1992 Y EL ART. 96 DE
LA LEY 489 DE 1998 en %
MONTO DEL PRESUPUESTO LOCAL
CONTRATADO FDL A TRAVES DE LAS
MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LA
LEY 80 DE 1993 en %.
2008
18,52%
81,48%