Apertura de los monopolios y privatizaciones en Costa Rica

INTRODUCCIÓN:

La apertura de los monopolios en poder del Estado ha sido por varios años un tema de discusión diaria, tanto en la clase política, como social de este país. Están por un lado los que aprueban y abogan por que dicha figura se lleve a cabo y por el otro los que la desaprueban. Cada sector expone las razones que justifiquen su punto de vista y los motivos por los cuales se aferran a sus ideales. Con el presente trabajo pretendemos dar una visión panorámica más amplia de lo que significaría una apertura en algunos servicios como telecomunicaciones y seguros y de las consecuencias positivas y negativas que de ello se derivarían. Más que el punto de vista de políticos o de la clase sindical de Costa Rica, que no hacen otra cosa que defender sus intereses, queremos que el lector tome como referencia ambos puntos de vista con sus correspondientes razonamientos y llegue a sus propias conclusiones. Al fin y al cabo creemos que es usted, amigo lector y ciudadano quien paga por un servicio, es el que debe valorar si el mismo se le está dando de la forma idónea de acuerdo a sus necesidades y quien debería, en circunstancias normales, ser tomado en cuenta a la hora de que se tomen las decisiones trascendentales que afectarán al país, como es el caso que desarrollamos a continuación.

LA APERTURA DE LOS MONOPOLIOS

CAPITULO I

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

1.1.1 Creación del ICE e INS

Los monopolios en Costa Rica tienen su origen a partir de la primera mitad del siglo 20 con la creación de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS), como fruto de un afán reformador de las personas que tuvieron a su cargo dicha tarea y que, en su oportunidad, consideraron que lo mas conveniente era que éstas entidades estuvieran en manos estatales. Lo anterior sumado a la necesidad de satisfacer las exigencias de un pueblo que requería un mejor servicio por el cual pagaban y del que no estaban satisfechos y que estaba en manos de compañías extranjeras, en el caso del servicio eléctrico.

Fue así como la creación del ICE en 1949, representó en su oportunidad la culminación de una larga lucha librada por varias generaciones de costarricenses en procura de una solución definitiva al grave problema de la escasez de energía eléctrica y pérdida de soberanía nacional en el campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos del País. Desde 1928 la Electric Bond and Share, una compañía transnacional con sede en Nueva York, se había adueñado de las tres empresas que prestaban el servicio eléctrico en el valle Central. En ese momento se levanta un clamor popular acaudillado por destacados intelectuales que alertan a la población ante la apropiación de un recurso nacional estratégico por parte de una compañía extranjera. Estas fuerzas se aglutinaron en torno a la Liga Cívica Nacional. Uno de los principales líderes de este proceso fue el expresidente don Alfredo González Flores. Sin embargo no es sino hasta la creación del ICE, que se logran las condiciones para rescatar la soberanía nacional en el campo de la explotación de los servicios eléctricos.

Durante 20 años de control extranjero del recurso eléctrico, prácticamente no se construyeron nuevas plantas hidroeléctricas en el país para responder al crecimiento de la demanda. Como resultado de esta situación el país entero se ve sumido en una crisis de constantes apagones y congelamiento de servicios nuevos, lo que se convierte en motivo de descontento popular. El camino a seguir lo señala la comunidad de Heredia cuando en Cabildo Abierto el pueblo determina que la solución es no depender de la empresa extranjera y construir su propia planta hidroeléctrica, se decide así la construcción de la planta Carrillos de Poás.

La construcción de esta planta, que estuvo a cargo del Ing. Jorge Manuel Dengo quien fuera más tarde fundador y principal ideólogo del ICE, demostró que los costarricenses estaban en capacidad de asumir la solución al problema eléctrico. En 1949 el Ing. Dengo junto con un grupo de profesionales proponen a la Junta Fundadora de la Segunda República la creación de un Instituto Costarricense de Electricidad para la recuperación de la soberanía nacional y la solución del problema eléctrico. Don José Figueres Ferrer (don Pepe) -Presidente de la Junta- apoya la idea y el 8 de abril de ese año se aprueba la creación de una entidad que se comprometería a resolver el problema eléctrico, a “hacer de sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros, modelos de eficiencia que no solo garanticen el buen funcionamiento del Instituto, sino que puedan servir de norma a otras actividades costarricenses”. (Ley Constitutiva del ICE). A partir de este momento se echa a andar un plan nacional de 30 años en el campo de la electrificación, mismo que llega a cumplirse al pie de la letra. Desde entonces el país será testigo de un proceso ininterrumpido de construcción de plantas hidroeléctricas, La Garita en 1958, Río Macho en 1963, Cachí en 1966, Tapantí en 1972 y así sucesivamente. Es por medio de una gestión de trabajo sostenido y planificado como logró el ICE resolver el problema eléctrico y desterrar una larga noche de 20 años de oscuridad y pérdida de la soberanía nacional en el ámbito estratégico de la producción de energía eléctrica.

En cuanto al Instituto Nacional de Seguros, éste se creó según la Ley No.12, del 30 de octubre de 1924. En su creación tomaron parte algunos de los estadistas más connotados de nuestro país: el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, Presidente de la República en tres ocasiones y el Lic. Tomás Soley Güell, Secretario de Hacienda y Comercio, en su tercera administración. Don Tomás Soley redactó la Ley de Seguros, que el Presidente Jiménez Oreamuno envió al Congreso Constitucional. Primero comenzó sus operaciones como Banco de Seguros y, en 1948, se convirtió en el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. El INS se fundó con el propósito de responder a las necesidades de protección de la sociedad costarricense. El 05 de noviembre de 1925 se puso a la venta nuestra primera póliza: el Seguro de Vida. El 17 de febrero de 1926, se autoriza al Banco a manejar el Seguro de Incendio y en junio de ese mismo año, por medio de Decreto Ejecutivo No.16, asumimos la administración del Seguro sobre Accidente del Trabajo. Estos fueron los tres primeros productos que el INS puso a disposición de los costarricenses.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El espíritu innovador y la visión fue lo que animó a algunos insignes ciudadanos a introducir tempranamente en nuestro país aspectos como la educación pública universal y gratuita, la creación del Banco Nacional, la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social y, como forma de ejemplo para otras naciones, a la abolición del ejército. Han existido en Costa Rica a lo largo de su historia, sin duda, inspirados dirigentes políticos, dignos de encomio y de emulación por su espíritu patriótico.

Los monopolios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) fueron frutos de ese afán reformador. Durante décadas, ambas instituciones esparcieron progreso por el país y cumplieron con gran eficiencia las funciones que les fueron atribuidas por sus fundadores. Las grandes realizaciones de un país son motivo de satisfacción y orgullo para los ciudadanos que lo conforman. No obstante es hora de reconocer que los tiempos han cambiado y que hoy son otras las necesidades y las posibilidades del país. La revolución informática y la globalización económica avanzan cada día más. Ya no basta con instalar teléfonos públicos en las zonas rurales. Si se quiere competir en el ámbito internacional, si se pretende atraer inversiones extranjeras capaces de potenciar nuestro desarrollo, si se desea que la economía crezca en forma sostenida y se reduzca la pobreza, es preciso contar con servicios de calidad mundial, con teléfonos celulares que no enmudezcan, con conexiones de Internet confiables y a bajo costo, y con seguros cuyo cobro no sea una pesadilla kafkiana. No debería existir mérito alguno en negarse, por apego emocional o prejuicio ideológico, a que la competencia y la inversión privada coadyuven a mejorar servicios que evidentemente resultan inadecuados para satisfacer las aspiraciones de desarrollo que tenga un país determinado. Lo anterior ha originado que en el país se entre a debatir desde hace algunos años sobre la conveniencia o no de que haya competencia en los servicios de telecomunicaciones y de seguros en Costa Rica y que tan conveniente, sana y beneficiosa para los consumidores sería la misma.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.3.1 Objetivo general:

Presentar, en forma detallada, la conveniencia para el país de la apertura de sus monopolios, las razones que justifican el cambio así como sus consecuencias, tanto positivas para los impulsan la apertura como las negativas para los que se oponen a esta posibilidad.

1.3.2 Objetivos específicos:

  • Establecer qué es un Monopolio y cómo opera el mismo.
  • Determinar las ventajas y desventajas de la apertura de acuerdo a los diferentes líneas de pensamiento.
  • Indicar porqué las empresas en poder del Estado presentan problemas de funcionamiento.

CAPITULO II

2.1 CONCEPTOS DE MONOPOLIO:

  • Un monopolio existe cuando la ley impone un único proveedor de algo. Pero si alguien controla todo el mercado, el consumidor está a su merced y puede imponerle altos precios y mala calidad.
  • Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al monopolista el control de los precios.
  • Monopolio se puede definir cuando en un mercado económico en la que hay un único vendedor o productor que oferta un producto para cubrir las necesidades de dicho sector. Para tener éxito se debe tomar en cuenta de que no debe de existir la amenaza de entrada de otro competidor en el mercado.

2.2 ¿PORQUÉ DEBE DARSE LA APERTURA DE MONOPOLIOS?:

A continuación se detallan una serie de razones por los cuales se hace necesaria la apertura de los Monopolios en Costa Rica, de acuerdo al punto de vista de los sectores que apoyan dicha propuesta:

a-Los Monopolios afectan el precio de los productos o servicios:

Cuando en un mercado, hay solo una empresa, es muy probable que la empresa pueda fijar libremente sus precios. Podemos imaginar que el monopolista elige el precio y deja que los consumidores decidan la cantidad que desean comprar de ese bien. Esto representa una composición poco óptima e ineficiente, ya que los consumidores pueden perder recursos gracias a las utilidades extraordinarias que le pueden representar a la firma. Por esto, en economía, la estructura monopólica de mercado no es eficiente y existe el concepto de que es indeseable.

El monopolio establece un precio mayor y ofrece una cantidad menor que la competencia perfecta. El costo social del monopolio en relación a la competencia perfecta, es la diferencia de cantidades y la diferencia de precios.

En un mercado perfectamente competitivo, a cada comprador se le cobra el mismo precio por cada unidad del bien particular (corregido por las diferencias de calidad y de los costos del transporte). Puesto que el producto es homogéneo y como, además suponemos perfecta información por parte de los compradores, no pueden existir diferencias en el precio de unidades de calidad constante.

Cualquier vendedor que tratara de cobrar un precio mayor que el precio corriente, se encontrará con que nadie le compra el producto. Sin embargo, un monopolista puede estar en la capacidad de cobrarle a diferentes personas diferentes precios y/o de cobrar diferentes precios unitarios por unidades sucesivas adquiridas por un comprador determinado. Una fuente del monopolio se encuentra en el costo de establecer una planta de producción eficiente, sobre todo en relación con el tamaño del mercado. Esta situación surge cuando el costo promedio mínimo de producción ocurre a una tasa de producción más que suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio que cubra el costo total.

El precio de monopolio, que no es constante como en la competencia perfecta, es superior al ingreso marginal a diferencia de lo que ocurría en aquella. De otro lado, el monopolista maximizador de beneficios siempre se situará en el tramo elástico, colocando en el mercado un volumen de producción inferior a la abcisa para la que se anula el ingreso marginal.

En el monopolio no existe curva de oferta en el sentido de que desaparece la relación biunívoca entre cantidad y precio (dos o más precios para un mismo volumen de producción, o dos o más outputs para un mismo precio).

A largo plazo el monopolista no necesariamente alcanza la escala óptima, ni utiliza la planta de que dispone en su óptimo; pero lo lógico es que con entrada bloqueada puede obtener beneficios extraordinarios también a largo plazo.

El monopolista con dos plantas establece los volúmenes producidos a través de la condición ingreso marginal igual a coste marginal en cada una de las plantas; el precio se estable sobre la función de demanda y oficina central computa los beneficios.

Se denomina discriminación de precios a cualquier práctica que permita vender unidades iguales de un mismo bien a dos o más precios distintos. Se dice que se da discriminación de precio de primer grado, cuando se vende cada unidad del bien o servicio en cuestión a un precio distinto.

La curva de demanda de mercado se convierte para el monopolio discriminante de primer grado también en la curva de ingreso marginal. El monopolista discriminador obtiene para si el excedente del consumidor. El monopolista discriminador lanza al mercado una cantidad mayor que el monopolista puro.

Generalmente un monopolista puede obtener una ganancia mayor practicando la discriminación de precios, sin embargo para hacer esto se requiere que olas clases de consumidores sean identificables y separables y que aquellos que compran el producto un menor precio no lo puedan revender a aquellos que lo tendrían que comprar, de otra forma, a un precio mayor. El ingreso marginal del monopolio es mayor en el largo plazo que en el corto plazo, puesto que a los compradores les toma tiempo responder a cambios de los precios.

La combinación de precio y producción que maximiza las ganancias se encuentra hallando la tasa de producción a la cual el ingreso marginal es igual al costo marginal y determinando entonces el precio máximo al cual puede venderse dicha cantidad, el cual a su vez, se obtiene a partir de la curva de demanda.

El monopolista no posee una curva de oferta, esta ultima se define como el lugar geométrico de los puntos que muestran los precios mínimos a los cuales se ofrecerán para la venta determinadas cantidades. Cualquier precio particular de monopolio puede resultar en una amplia variedad de tasas de producción y el producto generado dependerá de la forma y la posición de la curva de demanda.

En general, podemos predecir que un monopolio generará una menor tasa de producción y venderá a un mayor precio que una industria competitiva, ceteris paribus. Además, el monopolista generalmente no operará a una tasa de producción a la cual los costos medios de largo plazo sean mínimos.

b-La apertura de los Monopolios facilita la libre competencia:

En todos los mercados, la competencia es el mejor acicate para que los que en él participan, mejoren sus servicios. Una empresa monopólica, propietaria de un mercado cautivo, no gana nada al aumentar su eficiencia de cara al público. Por el contrario, una empresa en competencia, tiene que superarse día a día, para evitar que sus clientes emigren hacia sus competidores. Tal sucedió con la banca estatal costarricense y en el proceso no sólo ganaron los clientes de los bancos privados, sino que más ganaron los sufridos clientes de los hasta entonces monopolios estatales quienes experimentaron de la noche a la mañana una gran mejora en la atención al público. Se espera que una situación similar se produzca cuando servicios como las telecomunicaciones y seguros se abran a la competencia. Claro está que no se ganaría mucho si se pasara de un monopolio estatal a uno privado o a un oligopolio mixto, o peor aún a un oligopolio estatal.

La actual competencia de RACSA con él ICE, por ejemplo, no beneficia en nada al cliente ya que cobran idénticas tarifas por idénticos servicios, sin opción alguna. Por lo mismo tampoco se ganaría nada, si se autorizaran más empresas estatales, municipales o de capital mixto -pero con control estatal- a participar en el mercado en áreas geográficas definidas Nos encontraríamos en la peor de las hipocresías: diciendo que tenemos un mercado abierto, cuando en realidad lo que tendríamos sería la segmentación territorial del monopolio.

c-La corrupción en el Sector Público y el mal manejo de los recursos propiedad del Estado:

Una razón poderosa para privatizar lo constituye el abuso que muchos jerarcas y políticos han cometido con las empresas estatales. Los saqueos han estado a la orden del día en los últimos años. Los dineros públicos que se han esfumado son de pertenencia de todos los ciudadanos. Los gobernantes de turno obligan a esas empresas estatales a comprarle bonos cuyos intereses pagan también con bonos. El propósito del Gobierno Central es obtener dinero inmediato para cubrir parte del déficit fiscal. Obviamente, esos bonos jamás se traducen en dinero constante y sonante. Quedan en papeles que aumentan cada vez más la obligación de pagar la deuda interna, cuya cancelación de intereses y principal supera los mil millones de colones (más de un billón de colones).

A las empresas estatales -por el mismo hecho de ser del Estado- no les importa burocratizarse y hacer gastos superfluos, construir enormes edificios -a veces innecesarios-, acondicionar lujosas oficinas, y comprar autos de último modelo. Todo eso son costos que pagará, al final de cuentas, el consumidor o usuario de los servicios. Si se tratase de empresas privadas, se cuidarían mucho de incurrir en esos gastos, pues podrían quedar fuera de mercado al tener rendimientos más costosos en su producción o funciones.

d-Lo avances tecnológicos:

Otro aspecto oportuno de señalar es lo relacionado con la agilidad o la actualización de cara a los avances tecnológicos. Las empresas estatales han demostrado haberse quedado rezagadas en un mundo donde la globalización exige telecomunicaciones con tecnología de punta, y donde la energía es clave en la producción de bienes y servicios, y por eso debe haber una apertura más amplia -por no decir total- en la generación de electricidad. El precio del petróleo se sufre en estos momentos, sube en forma constante, lo cual encarece la producción y los servicios. Costa Rica, que no cuenta con yacimientos de crudo, está obligada a acelerar su producción eléctrica, pues de lo contrario se quedará atrás. Para lograr eso se requiere la participación de la empresa privada en ese campo.

e-Los privilegios de que se goza en algunas instituciones del Estado:

Los vicios enquistados en las empresas estatales también golpean los bolsillos de los ciudadanos. Las convenciones colectivas, los privilegios que se arrogan los grupos sindicales, las prerrogativas que se recetan camarillas de profesionales dentro de esas empresas públicas, ocasiona que se eleven las tarifas. Muy diferente sería si estuvieran en manos privadas, donde no es posible que se otorguen sumas de dinero a los empleados solo por el hecho de contraer matrimonio, así como sobre otras obligaciones o decisiones personales cuyo costo se le traslada a todos los costarricenses. Ese conjunto de limitaciones y vicios, tiene además una consecuencia muy grave: el alejamiento de compañías internacionales que han venido a ver si se pueden instalar en Costa Rica, pero como los servicios claves están atrasados o son ineficientes, y como se colocan a costos muy elevados -muy por encima al de otras naciones-, pues prefieren no establecerse aquí, perdiendo así el país la oportunidad de obtener mayor riqueza y empleo.

Una razón más: mientras otras naciones ajustan sus economías, para hacerlas más dinámicas y eficientes, la de Costa Rica permanece con la distorsión de las empresas estatales -la distorsión de los monopolios-, lo cual significa que cada día nos habremos de quedar más atrás -con mayor pobreza-, en tanto que otros países, que contarán con más ventajas para colocar sus productos y ofrecer sus servicios, nos sacarían del mercado internacional, o al menos nos reducirán las oportunidades para vender nuestros artículos.

f-La apertura mejora y abarata productos y servicios:

Es necesaria la libre competencia en sectores actualmente monopolizados, tales como hidrocarburos, seguros y telecomunicaciones, a fin de mejorar la calidad y abaratar los productos y servicios. Es un imperativo moral para respetar derechos fundamentales como la libertad de elegir y la libertad de empresa. Es un imperativo económico si pretendemos el mejoramiento del sistema productivo nacional y el beneficio de los cuatro millones de costarricenses. No se debe seguir condenando a Costa Rica al subdesarrollo. En hidrocarburos, el país se ha quedado rezagado hasta el punto de que los precios plantel de RECOPE en gasolina superan a los de la mayoría de países centroamericanos, a la vez que los cuestionamientos sobre la calidad del producto y su impacto sobre el ambiente siguen aumentando. En seguros, las encuestas han confirmado continuamente la aceptación de la apertura entre la población en general, pero aún más en el sector empresarial, ya que el costo de los seguros es muy alto, lo que perjudica a agricultores, industriales y demás sectores productivos.

La apertura en telecomunicaciones es necesaria cuando se demuestra que el monopolio no tiene fundamento legal alguno sino que existe de facto, como han demostrado recientemente varios juristas. Mantener un monopolio no autorizado por ley violenta la libertad de elegir de los consumidores, la libertad de empresa de los costarricenses y, aún más, el derecho a la información y la libertad de expresión a través de cualquier medio que prometimos defender al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La apertura en telecomunicaciones es necesaria para que Costa Rica tenga competitividad en una economía globalizada que gira en torno al conocimiento y a la información. Todas las empresas y todos los ciudadanos necesitan y merecen telecomunicaciones de excelente calidad. Esta es una de las razones por las que se ha suscitado un apoyo masivo del pueblo a la apertura, confirmado por las encuestas y por los pronunciamientos diarios de más y más sectores en este sentido. La apertura fortalecerá al ICE y lo volverá eficiente, como ocurrió con la banca estatal cuando se realizó su apertura. El ICE posee una gigantesca capacidad instalada que le da ventajas competitivas sobre las empresas que vengan posteriormente. Aún más, el ICE podrá cobrar “peaje” a las demás empresas que deseen interconectarse con su red, lo que traerá recursos frescos al ICE. Todo esto sin quitar ni un clavo ni un tornillo de la institución. El ICE se verá obligado a eliminar la corrupción interna para ser competitivo, de modo que deberá eliminar el multimillonario gasto superfluo denunciado por el Presidente de la República en febrero del 2003, tendrá que revisar contratos obscuros con las SALES, etc.

2.3 ¿POR QUÉ LOS MONOPOLIOS DEL ICE E INS NO SON CONVENIENTES PARA EL PAÍS?:

ICE:

  • Es una institución monopólica. El ICE funciona bajo un régimen de monopolio. No hay nadie más que brinde servicios telefónicos en Costa Rica, solo el ICE. Ante la ausencia de otros proveedores de servicio, el ICE no se ve obligado a mejorar continuamente, porque no hay nadie que le quite clientes. Las mejoras que realiza no responden a una amenaza de competencia, sino simplemente a pura necesidad. Lo peor es que el monopolio del ICE es legalmente respaldado: no es que el ICE sea el mejor competidor del mercado, es simplemente que la ley no permite que nadie más brinde servicios telefónicos. Puede haber una compañía privada que brinde más servicios, más rápido y a menor costo, y la ley no la deja venir a Costa Rica a servir a los costarricenses porque hay que proteger el poder absoluto del ICE.
  • Responde a las leyes del sector público. Como institución pública que es, el ICE debe regirse por la filosofía del sector público. Mientras que en el sector privado la regla general es “la ley dice que no se puede hacer y el resto es permitido” en el sector privado la regla es “la ley dice que se puede hacer y el resto es prohibido”. Esto significa que para poder realizar compras de equipo y nueva tecnología debe recurrir a licitaciones complicadísimas, lidiar con las quejas de los perdedores de la licitación, y sobre todo someterse a la todapoderosa Contraloría General de la República. No es• nada raro que el ICE tenga ya lista la compra de un nuevo equipo telefónico, y que de repente venga la Contraloría y eche todo abajo… como el ICE es institución pública, no puede hacer nada al respecto.
  • Es fuente de financiamiento para los políticos. Cuando se dice que el ICE es la “caja chica del Estado”, no se está exagerando. El ICE en estos momentos financia muchos proyectos gubernamentales que no tienen que ver con telecomunicaciones ni electricidad, no porque quiera sino porque al ser estatal está obligado a hacerlo. El gobierno le quita al ICE continuamente fondos que deberían ser reinvertidos en expansión de capacidad y atención para usarlos en otro lado… y el ICE no puede decir nada, porque es público.
  • Se encuentra plagado por sindicatos. Montones de ellos… ANTTEC, FIT, ASDEICE, la lista es interminable. Estos sindicatos tienen un solo objetivo en mente: defender los “derechos” de los trabajadores afiliados. Entre estos “derechos” resulta estar el derecho a no trabajar como se debe, el derecho a que no puedan ser despedidos si no sirven, el derecho a declararse en huelga cuando les dé la regalada gana, y una serie de derechos y privilegios que simplemente no deben existir en ninguna institución, pública o privada. Los sindicatos se dedican a meter ruido y distorsiones a los diferentes procesos de transformación del ICE, y terminan haciéndolas imposibles o extremadamente difíciles de realizar.
  • No tiene propietarios. El hecho de que el ICE sea público no significa que sea del pueblo, significa que no es de nadie, salvo los que estén en su dirigencia. Al no ser de nadie, nadie puede reclamarle nada ni puede tomar acciones contra él. En una empresa privada hay propietarios que en caso de que la empresa comienze a fallar pueden tomar su dinero e irse de ahí. En el ICE no. Ningún costarricense, por más impuestos que pague y por más patriota que sea puede llegar, tomar su parte del ICE y cambiarla por otro bien que le sea más beneficioso. Por supuesto, como nadie puede decir “esto no sirve, me voy”, el ICE no siente ninguna presión por dar un mejor servicio a los costarricenses.
  • Tiene que satisfacer a todo el mundo, todo el tiempo. Lo cual resulta completamente ilógico en una empresa, especialmente de telecomunicaciones. Si tengo una cubeta de pintura, puedo pintar una pared con ella. Si empiezo a hacer la capa de pintura más delgada, puedo pintar más. Si pongo una capa micrométrica de pintura sobre la pared, puedo pintar toda una casa. Claro, mi capa micrométrica va a verse horrible, pero pinté toda la casa. Lo mismo ocurre con el servicio telefónico. El ICE, como es una institución pública, tiene que aguantarse las necesidades de los 4 millones de costarricenses que viven en el territorio nacional. Eso significa que si hay cuatro gatos hermitaños en la montaña más alejada del área metropolitana que quieren un teléfono, el ICE tiene que darles un teléfono, y pasarle la factura al resto de los costarricenses. El ICE debe repartir sus limitados recursos entre todos los costarricenses, lo cual significa que a cada uno nos toca menos de todo, para que todos, incluso los que no necesitan para nada un servicio pero de todos modos lo quieren, puedan tener. Entonces al final los que realmente necesitan un servicio del ICE tienen que aguantarse un servicio a medias, para que aquellos que no lo necesitan para nada pero quieren tenerlo también puedan tenerlo.

INS:

  •  Juega con el futuro de las personas. Todos estamos suceptibles en algún momento a sufrir las consecuencias del juego del destino.
  •  En algún momento dado, se inventaron las aseguradoras, que compran el riesgo de las personas y lo distribuyen entre un grupo, el cual en dado caso que un riesgo tenga efectos sobre alguien se encarga de pagarle un cierto monto preestablecido.
  •  Desafortunadamente en Costa Rica el Estado decidió que iba a sacar del mercado a todas las aseguradoras privadas, y que a partir de un cierto momento solo el Instituto Nacional de Seguros estaba autorizado para emitir pólizas y aseguramientos.
  •  El resultado? Pólizas carísimas, que pierden su valor ante la inflación descontrolada del país en muy pocos años, un servicio lento e ineficiente y miles de millones de nuestro dinero quemándose en los infiernos de las cuentas bancarias del INS.
  •  Los seguros es un mercado que debe abrirse lo antes posible. No puede ser que una sola institución tenga el poder absoluto sobre el riesgo de los costarricenses. Existe gran cantidad de aseguradoras en el planeta que pueden brindar un mejor servicio, mejores beneficios y a menor costo que como lo hace el INS, y todos los costarricenses deben tener derecho a venderles su riesgo. El Estado no tiene por qué andar metido vendiéndole seguros a las personas, y mucho menos haciéndolo a la fuerza mediante monopolios creados.

CAPITULO III

3.1 ¿POR QUÉ NO DEBE DARSE LA APERTURA DE MONOPOLIOS?:

Al igual que en el punto anterior, se detallan una serie de razones por los cuales se considera que no es conveniente para el país la apertura de los Monopolios, de acuerdo al punto de vista de los sectores que no apoyan dicha propuesta.

3.2 CONSECUENCIAS DE LA APERTURA DE LOS MONOPOLIOS PÚBLICOS:

Los procesos de privatización tienen su punto de partida desde hace ya muchos años en el marco de las políticas de Ajuste Estructural y bajo las cuales se vendió la idea del desarrollo con equidad. Los primeros servicios públicos en ser privatizados fueron el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Principalmente por su alta rentabilidad ya que es un mercado que se caracteriza por presentar una demanda cautiva. Con la privatización de los servicios públicos se nos ofrecieron beneficios; tarifas accesibles (con tendencia a la baja por la competencia de mercado), incremento en la cobertura (principalmente en las zonas rurales) y mejoras en la calidad del servicio por la inversión en alta tecnología. Por lo que era necesario la apertura a la inversión de capitales transnacionales asegurando que no existieran restricciones de ningún tipo (ejemplo Marco Regulatorio efectivo y transparente).

Lo que realmente ha sucedido es otro escenario muy diferente del propuesto enun inicio…Siendo la transferencia de monopolios públicos a monopolios y/u oligopoliosprivados, generando una concentración de capitales empresariales dominantes. Incrementos inmediatos de las tarifas de energía eléctrica hasta de 80% en el sector residencial. Además de la venta de activos para la generación; utilizando procedimientos oscuros y poco transparentes que posibilitan manoseos y componendas políticas y económicas.

Privatización de servicios claves dentro del sector a empresas privadas. El establecimiento de un marco regulatorio débil y con poco o nulo poder, así como una autoridad reguladora sin autonomía y bajo condiciones de dominio empresarial.

Y por supuesto, los conocidos abusos e irregularidades cometidos por el sector eléctrico y de telecomunicaciones, debido a vacíos legales y regulaciones inadecuados que favorecen los intereses empresariales sobre  los intereses de los consumidores.

Ante el incremento excesivo de las tarifas y la presión ciudadana los gobiernos se han visto obligados hasta de aprobar acuerdos ejecutivos con el propósito de subsidiar la tarifa eléctrica para el sector residencial, estableciendo precios máximos por rango de consumo; sin embargo la tarifa eléctrica continua mostrando alzas crecientes. Un ejemplo claro de esto es nuestro vecino centroamericano El Salvador.

El proceso de privatización es un movimiento que va contra la continuidad histórica y es parte de un esfuerzo general para subvertir el orden social existente vinculado a la seguridad social, la economía mixta y los movimientos sociales. La privatización de empresas públicas y recursos ha alcanzado proporciones de epidemia en América Latina. Las políticas privatizadoras no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: el sistema político, la estructura de clases, el mercado interno y comunicaciones.

Una razón básica para privatizar es poner fin a los monopolios públicos, con el fin de estimular la competencia y con ello reducir precios y ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy grande entre dicho y hecho. Los compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios privados, inversionistas a gran escala que simplemente suman más a su imperio. Junto con la desregulación de los precios que acompaña a la privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan los servicios para aquellos que no pueden pagarlos, con lo que se crea ineficiencias en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado la competencia no ha sido un resultado de la privatización: simplemente ha concretado la propiedad en manos privadas. El precio al que se venden las empresas públicas por lo general es un “precio político”, nunca alcanza su posible valor en el mercado.

Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo  queprovoca el deterioro en el servicio que proporcionan, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y el apoyo hacia la privatización. El estado sume el costo de los insumos y proporciona subsidios, lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la privatización y no producto de una política deliberada del Estado que trabaja en concertación con la ética privatizadora.

El sector privado no tenía la capacidad o no estaba dispuesto a financiar e invertirlo suficiente (y producir a nivel de costo) para satisfacer las necesidades crecientes de las nuevas clases productivas.

El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica, transporte, etc. que acompañan a la privatización, ha causado una caída en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que ha incrementado los beneficios para los monopolios privados que se han apropiado de los públicos.

El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha sido la principal razón de que los poderes legislativo y judicial hayan sido los grandes perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las instituciones representativas han
sido rebasadas en el proceso de transferencia de la propiedad pública a la privada. Las decisiones importantes se toman en otro lado: en las habitaciones amplias de los bancos extranjeros, mientras que los parlamentos o congresos simplemente reaccionan a medidas ya tomadas.

El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo que la mayoría de los casos ni siquiera está en el país.

En términos de impacto económico en primer lugar, la privatización le quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación. Segundo el Estado pierde una palanca estratégica, al desviar las ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten lucrativos de manera inmediata.

El impacto de las privatizaciones en los servicios públicos a nivel mundial ha sido unos de los problemas que diversos sindicatos algunos partidos políticos y por supuesto que la población desean solucionar, esto debido a que las experiencias vividas con monopolios u/o oligopolios privados las han considerado como negativas al no haber provocado un bienestar palpable a los consumidores finales, esto al reducirse el empleo, elevarse el costo de la vida y profundizarse la crisis fiscal, entre otros.

3.2.1 LA PRIVATIZACIÓN DE MONOPOLIOS

La privatización de monopolios, con su poder para fijar precios no restringido por la competencia, está llena de problemas especiales y pone de relieve la necesidad de esquemas normativos confiables.
Cuando los gobiernos transfieren empresas estatales al sector privado, generalmente tienen una serie de objetivos: mejorar la eficiencia, reducir las obligaciones fiscales del estado, suministrar mejor servicio a los clientes, obtener beneficios de las ventas y sentar las bases para una economía de mercado competitivo.

Sin embargo, pueden haber conflictos entre los objetivos. Por ejemplo, puede aumentar el beneficio de la venta para el gobierno si éste vende una empresa grande como una entidad única, mientras que si se reestructura la empresa en unidades más pequeñas aumenta la competitividad del sector y la economía, pero se reduce el beneficio de la venta. Los dilemas inherentes a la privatización de los monopolios son aún más complejos. Dado que el abuso del poder del monopolio lleva a precios más elevados para los consumidores y a la subutilización de un bien o servicio, los gobiernos a menudo intervienen mediante la reglamentación de los mercados de los monopolios o, lo que es más común en muchas partes del mundo, suministran el servicio directamente por medio de una empresa estatal autoreglamentada. La privatización de tales empresas se critica con frecuencia por convertir un monopolio público en un monopolio del sector privado, donde hay riesgo de posibles abusos adicionales.

En algunos casos se puede reestructurar los monopolios en unidades más pequeñas con lo que se erosiona su poder en el mercado. Los gobiernos también pueden crear un mercado más competitivo aplicando leyes antimonopolio y revocando la capacidad legal que sirvió para crear y apoyar el monopolio.

Para determinada clase de monopolios, sin embargo, la reestructuración no tiene los mismos efectos saludables. Estos son los llamados “monopolios naturales”, que existen cuando las economías de escala son tan importantes que el tamaño óptimo de una empresa es mayor que el mercado mismo. De hecho, con los “monopolios naturales” sólo hay cabida en el mercado para una firma; la competencia no es factible o eficiente.

Ejemplos tradicionales de monopolios naturales son las “industrias de redes”, como las de los servicios públicos de energía, telecomunicaciones y transporte. La privatización de los monopolios naturales requiere que los gobiernos se aseguren cuidadosamente de restringir el poder de monopolio de la firma para que no pueda ser abusado por el sector privado.

3.2.2 RAZONES PARA NO PRIVATIZAR

La privatización en América Latina no es una idea económica aislada, por el contrario, está vinculada con fuerzas políticas más amplias que actúan a través de aparatos coercitivos locales, que no son producto de la “racionalidad” del mercado.

El crecimiento de las empresas públicas fue una respuesta al fracaso y crisis de regímenes de libre mercado anteriores. Es decir, el desarrollo de la empresa pública fue principalmente una respuesta pragmática ante la crisis y la necesidad, más que producto de consignas ideológicas.

La crisis de la empresa pública es, en gran medida, un producto del fracaso de las corporaciones del sector público al no satisfacer la demanda, y del estilo político capitalista.
La privatización se basa en dos cambios: el ideológico y la estructura de clase. Su impacto ha minado los gobiernos representativos locales y ha disparado el autoritarismo.

La privatización en lugar de “corregir” los males causados por la intervención del Estado (monopolios y costos del servicio elevados) los ha profundizado al crear una estructura económica ajena a las necesidades de los usuarios nacionales y los grupos menos favorecidos de la “sociedad civil”.

3.2.3 ORÍGENES DE LA PRIVATIZACIÓN

La privatización no es un fenómeno resultante de las circunstancias locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las décadas de 1960 y 1970).

En este momento hay que entender la privatización como parte de una estrategia mundial que tiene sus raíces en el ataque a la sociedad civil y las políticas democráticas. Hoy día, la privatización se desarrolla con la égida de los bancos “internacionales” que están bajo el control imperial, de sus asesores y agencias gubernamentales, que son quienes idean los programas, deciden los precios e identifican a los compradores potenciales. El marco temporal y alcance de la privatización está dictado por los superpoderes económicos imperiales cuya prioridad es culminarlos a toda costa, para que, en el menor tiempo posible, se transfiera toda propiedad; de tal manera que la transición hacia el capitalismo neoliberal sea irreversible. La privatización es ante todo una acción política, que tiene poco o muy poco “valor intrínseco” como estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no hace nada para generar nuevos empleos ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y no crea nuevas fuerza productivas. La estrategia privatizadora del centro imperial tiene como primer objetivo homogeneizar cada región de la economía mundial sujeta a su penetración, a la vez que diferencia el acceso al mercado mundial de acuerdo con la capacidad productiva de cada región. Entonces, el proceso de privatización no es principalmente o inicialmente un medio para apoderarse de las empresas y penetrar en los mercados, sino eliminar estructuras de producción alternas que pudiesen competir o incluso desafiar al imperio en su dominio mundial. Esta es la razón por la cual el comportamiento tan desastroso de las economías privatizadas no resulta molesto para los que tienen a su cargo, en el imperio, no sólo el diseño de políticas, sino el tiempo y alcance de la privatización. Una vez que se tiene una economía privatizada, se puede cosechar el fruto de esa política, esto es, las cerezas, que no son otra cosa que empresas lucrativas o la captura de mercados, sin temor a los “nacionalistas” o a la “resaca socialista”.

3.2.4 PRIVATIZACIÓN: SIGNIFICADO Y CONSECUENCIAS

Todavía en otros casos, la privatización fue el deseo de una nueva clase orientada hacia extender sus dominios, a la vez que atraía socios inversionistas extranjeros.

Importancia similar tuvieron los superpoderes capitalistas que actuaron a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. El desmantelamiento de modelos de desarrollo alternos, particularmente los enfoques que limitaban el acceso a los bancos y empresas multinacionales, siempre fue un objetivo compartido por los encargados de diseñar las políticas en Occidente. Junto con las élites civiles y militares, y el surgimiento de los inversionistas transnacionales, pudieron imponer el modelo de “apertura”, supremacía de las exportaciones, economía política basada en el “mercado”. Una vez establecida esta configuración del poder impuso sus ideas y restringió cualquier debate político o intelectual. Así, a partir de ese momento, la “discusión seria” giró en torno a la teoría económica de la oferta, así como la programación y forma de transferir los recursos públicos a los monopolios privados (la así llamada “economía de mercado”). El asunto del desarrollo basado en la empresa pública se esfumó, en su totalidad, en el Hades.

El punto importante es que todo el proceso de privatización tiene sus raíces en un autoritarismo y que fue resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel del Estado. La privatización nunca formó parte de una consulta pública y cuando, cosa rara, así sucedió los defensores de la privatización perdieron la votación, como sucedió en el caso de Uruguay. Tampoco fue resultado de la prueba de la eficiencia económica del sector privado; más bien fue el resultado de políticas que los economistas dedujeron de una doctrina y de generales convencidos de sus verdades económicas. Finalmente, la decisión no formó parte de un debate nacional, ya que había actores internacionales involucrados en el diseño, promoción y financiamiento del proceso privatizador.

En suma, la privatización fue un proceso dirigido por una élite de alcances internacionales altamente politizado, que avanzó por la vía opuesta al proceso de construcción popular, nacional y pragmático de la empresa pública. La instrumentación del proceso privatizador es un reflejo de sus orígenes intelectuales. La aplicación de la privatización fue decretada en su mayor parte por representantes que no fueron electos, o por poderes ejecutivos que habiendo sido electos ocultaron sus intenciones a lo largo de la campaña electoral. Los poderes ejecutivos que participaron de la privatización por decreto, y para echar a andar medidas específicas, no con poca frecuencia, consultaron con banqueros extranjeros no electos o con sus asesores académicos. Así, todo el proceso de privatización minó severamente los órganos representativos de la sociedad civil y marginó a la opinión pública. Su efecto real, fue movilizar a la élite, mientras desmovilizaba a la sociedad.

Los precios tan bajos que estableció el Estado para la venta de empresas públicas permitieron que las grandes empresas las comprasen con ganancias extraordinarias.

En resumen, la ideología antiestado se convirtió en la reivindicación de un nuevo tipo de estatismo en el que la privatización estuvo financiada y organizada desde el Estado para el sector privado.

3.2.5 EL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN

Las políticas privatizadoras no sólo impactan sobre la economía sino en toda la sociedad: el sistema político, la estructura de clases, el mercado interno, y los sistemas de transporte y comunicaciones.

La privatización ha polarizado la estructura de clase. Por un lado, los compradores de empresas públicas han cosechado, en muchas ocasiones, ganancias inesperadas que los han llevado de millonarios a multimillonarios. Por otro lado, el despido de empleados públicos “excedentes” ha empujado a muchos trabajadores a una nueva clase de pobre urbano, es decir un “empleado informal” mal pagado.
Los trabajadores con seguridad laboral y beneficios sociales han experimentado una erosión seria en sus niveles de vida y un descenso en su movilidad. La caída en las prestaciones sociales ha incrementado los ingresos y ganancias de los nuevos dueños privados.
El incremento en los precios de los servicios, energía eléctrica, transporte, etc., que acompañan a la privatización, ha causado una caída en los niveles de vida para los trabajadores asalariados, mientras que ha incrementado los beneficios para los monopolios privados que se han apropiado de los públicos.

Entonces, el sector privado se benefició de los subsidios del Estado, a la vez que se benefició de los costos reducidos y la flexibilidad laboral impuesta por el Estado liberal. El crecimiento de una docena de multimillonarios, producto de la privatización, tiene como contraparte la marginación de decenas de millones de trabajadores pobres.

El segundo impacto más importante de la privatización es el que se da en el sistema político. El vínculo estrecho entre monopolios privados y beneficios de la privatización con el poder ejecutivo de un gobierno ha sido la principal razón de que los poderes legislativo y judicial hayan sido los grandes perdedores en el cambio a la economía de libre mercado. Las instituciones representativas han sido rebasadas en el proceso de transferencia de la propiedad pública a la privada. Las decisiones importantes se toman en otro lado: en las habitaciones amplias de los bancos extranjeros, mientras que los parlamentos o congresos simplemente reaccionan a medidas ya tomadas.

El resultado final de la privatización es el debilitamiento de la democracia y pérdida del poder de vigilancia que tiene el legislativo sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos. La primera responsabilidad de las empresas privadas es hacia su consejo directivo, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Los comités del congreso que vigilan la actividad de las empresas públicas han quedado desactivados. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.
En términos del impacto económico, hay dos cambios básicos, ambos negativos para el desarrollo de la economía nacional. En primer lugar, la privatización le quita a la economía nacional una fuente lucrativa de acumulación, particularmente cuando los nuevos inversionistas envían su ganancia al exterior. Segundo, el Estado pierde una palanca estratégica, al desviar las ganancias hacia sectores de la economía que posiblemente no resulten lucrativos de manera inmediata, pero que pueden tener efectos positivos sobre el empleo y beneficios de largo plazo, en términos de abrir nuevas áreas de inversión; es decir, en infraestructura, educación, diversificación regional, etcétera.

Finalmente, en muchos casos la privatización desarticula la economía al centrarse en la producción e importación fuera de los enclaves. Entonces, las provincias quedan fuera de los fondos de inversión, se eliminan o recortan los ferrocarriles y líneas aéreas regionales, las fábricas que producen para mercados regionales se ven minadas por las importaciones baratas que promueven las élites privatizadoras. Como la privatización profun-diza la integración internacional, avanza en la desarticulación de la economía nacional, dejando a las provincias sin actividad económica, reduciéndolas en última instancia a la dependencia de – actividades puramente administrativas.

En suma, la fuerza política que hace irreversible a la privatización, tiene efectos negativos muy importantes sobre la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Más allá de estos problemas básicos, hay otra serie de impactos negativos producto de la privatización.

3.2.6 LAS TRAMPAS DE LA PRIVATIZACIÓN

De la racionalidad propia del proceso de “privatización” de la empresa pública emergen serios problemas políticos, económicos y éticos. Una razón básica para privatizar es poner fin a los “monopolios” públicos, con el fin de estimular la competencia y con ello reducir precios y ganar en eficiencia. Sin embargo, lo cierto es que hay un trecho muy grande entre dicho y hecho. Los compradores de los monopolios públicos son dueños de monopolios privados, inversionistas a gran escala que simplemente suman más a su imperio. Junto con la desregulación de los precios que acompaña a la privatización, los nuevos monopolios incrementan los precios y recortan los servicios para aquellos que no pueden pagarlos; con lo que se crea “ineficiencias” en términos de no cubrir la demanda real. Por otro lado, la competencia no ha sido un resultado de la privatización: simplemente ha concentrado la propiedad en manos privadas.

El precio al que se venden las empresas públicas por lo general es un “precio político”, nunca alcanza su posible valor en el mercado. El régimen político en consulta con los asesores, que forman parte de los compradores potenciales, establece un precio. Con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen político, socios empresarios del presidente o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización. El proceso privatizador ha llevado la corrupción a niveles sin precedentes. En la transferencia de la propiedad pública a la privada, cientos de miles de millones de dólares han pasado y se han quedado en manos de los políticos, degradando con ello al sistema electoral.

Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporcionan, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y el apoyo hacia la privatización. El Estado asume el costo que significa cubrir el retiro de los trabajadores y empleados, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios; lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la privatización y no producto de una política deliberada del Estado que trabaja en concertación con la élite privatizadora.

Al vender empresas públicas, el régimen y los compradores hacen un gran despliegue publicitario de los nuevos acuerdos firmados por ambas partes, en los que el sector privado está de acuerdo en invertir cientos de millones de dólares, en crear miles de nuevos empleos, en incrementar los ingresos por concepto de exportaciones con base en cierta figura geométrica, en transferir nuevas tecnologías, en proporcionar servicios con bajos costos, etcétera.

De hecho, las obligaciones contractuales son un acto de publicidad. Muy difícilmente se llevan a cabo los compromisos, ni siquiera una fracción. Cuando mucho, la nueva inversión no es otra cosa que los fondos prestados por un banco local, deuda reconvertida o reinversión de ganancias; en muchos casos hay una inversión muy pequeña y frecuentemente se renegocia el acuerdo original o la empresa cita circunstancias “extraordinarias” o problemas económicos que acepta el Estado para explicar la falta de cumplimiento del acuerdo. Una vez que todo está en su lugar, por lo general, la empresa importa más insumos de los que exporta, por lo que la cuenta externa se hace más deficitaria. Las industrias privatizadas desplazan a los productores locales y recortan su fuerza laboral, por lo que exacerban la situación de desempleo en lugar de mejorarla. Hay transferencia de tecnología y se paga su uso, sin embargo, se transfiere muy poco de la investigación y diseño de nueva tecnología al país anfitrión.

La privatización absorbe capital de inversión en las empresas existentes en lugar de dirigirlo a nuevas áreas o sectores. En muchos casos, desplaza capital nacional en lugar de completarlo. Muchas de las empresas privatizadas no cumplen con la expectativa relativa a las exportaciones, a la inversión de capital nuevo o tecnología. La política del Estado puede canalizar capital hacia nuevas actividades de exportación o al sector con altos costos de capital y áreas de innovación tecnológica.

Con frecuencia la privatización ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de la economía, particularmente cuando el comprador es una corporación multinacional.

Las decisiones con respecto a la reubicación de la planta, niveles de inversión y empleo están sujetas a las estrategias globales del consejo directivo de las corporaciones multinacionales. La privatización le quita al país la posibilidad de una “escuela” para la capacitación empresarial y gerencial. Las empresas públicas le proporcionan a los ingenieros locales una oportunidad de “aprender haciendo”, de aplicar los conceptos de planeación estratégica.

Cualquier esfuerzo que busque revertir la polarización social, la desintegración regional y la política autoritaria que emerge bajo el capitalismo de libre mercado, requiere como premisa funda-mental el revertir la privatización y la “globalización”.
Procesos complementarios son la propiedad pública, las cooperativas, los colectivos dirigidos por consumidores y trabajadores, profundizar en la sustitución de importaciones en líneas específicas de la actividad económica y apertura selectiva al mercado mundial. En la medida en que del debate público emerjan enriquecidas estrategias de desarrollo que se sobrepongan a la autoridad de los decretos provenientes de los ideólogos del libre mercado, la noción de libre mercado como culminación de la historia terminará, justamente, en el basurero de la historia.

3.3 LA TRISTE HISTORIA DE LAS PRIVATIZACIONES EN LATINOAMÉRICA

  • Brasil

El 15 de julio de 1998 el ministro de Comunicaciones de Brasil dio a conocer que el gobierno esperaba reunir más de 14,000 millones de dólares por la venta del Sistema Brasileño de Telecomunicaciones -Telebras-. Se esperaba también que la cantidad podría llegar a duplicarse, dado que Telebras aún pertenecía al estado cerca del 20%. Esa proporción sería subastado en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro el 29 de julio por un precio mínimo de 11,713 millones de dólares. Esa fecha se estableció a partir de un atraso, ya que la fecha señalada previamente había sido el mismo 15 de julio.

El sistema completo fue dividido en doce empresas y su precio fue establecido por el consorcio asesor Arthur D. Little, Coopers and Lybrand y Deloitte & Touche Corporate Finance. Para la venta del 29 de julio se esperaba que participaran unas cien empresas nacionales e internacionales, aunque unos diez días antes solo 25 empresas -10 de ellas extranjeras- hicieron consultas técnicas y financiera de Telebras. Entre ellas estuvieron de Estados Unidos: Sprint, Bell South, Air Touch, Southwestern Bell y MCI. Telefónica de España, France Telecom, Stet International de Italia, Portugal Telecom y British Telecom de Inglaterra. Al momento de la venta, Telebras tenía una deuda de unos 870 millones de dólares, equivalente al 5% de los ingresos de 1997-que fueron 17,400 millones de dólares-.

En la contienda participó Telefónica de España también bajo el título de sus filiales Telefónica de Argentina, Telefónica de Perú, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile y la brasileña Compañía Riograndense de Telecomunicaciones (CRT). Se apostaba una posible asociación con el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y la eléctrica Iberdrola para alcanzar la compra de Telebras.

De Asia participaron NTT Mobile Comunication Network Inc., e Itochu Corporation, que también se inscribió como Itochu Media Brasil Holding. Del mismo Brasil participaron el grupo Monteiro Aranha -socio de Ericsson do Brasil-, Globopar, y el grupo Vicuha.
El 29 de julio de 1998 se realizó la subasta de Telebras en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, alcanzando el gobierno ganar unos 19,180 millones de dólares.

Los principales adjudicatarios fueron Telefónica de España y MCI. Las doce empresas en que se dividió Telebras, fueron: Telesp, Tele Centro Sul y Tele Norte Leste en telefonía fija. Embratel, como la única de larga distancia. Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, Tele Celular Sul y Telemig Celular como operadores de telefonía celular móvil. Las otras cuatro operaban también telefonía celular móvil, pero eran menos apreciadas por el mercado que cubren, la Amazonia: Tele Norte Celular, Tele Nordeste Celular, Tele Leste Celular y Tele Centro Oeste Celular.

El descontento al proceso no faltó. El opositor Partido de los Trabajadores (socialista) instauró más de cincuenta demandas contra faltas en el proceso de escisión de Telebras, que había sido aprobada el 22 de mayo de 1998 por la asamblea de accionistas. Dentro de un juego de demandas y rechazos, se avanzó en la privatización a pesar de las advertencias del riesgo de pérdidas de soberanía y violación de leyes claves para el caso. El día de la subasta se hicieron amplias manifestaciones con piedras y barricadas en los alrededores del local, resultando decenas de detenidos. Los principales lemas fueron «Vender Telebras es vender Brasil» y «Contra la entrega de Brasil al capital extranjero».

Con esa adquisición Telefónica de España se convirtió en el gigante de las telecomunicaciones de Brasil, habiendo tomado el 29 de julio Telesp, Tele Sudeste Celular y Tele Leste Celular. Dos meses atrás había comprado CRT, operador de telefonía móvil celular en el Estado de Río Grande do Sul.

Telebras fue creado en 1972 y fue formada por 27 telefónicas regionales. Se dividió en ocho empresas de telefonía celular, tres de telefonía fija y una de larga distancia llamada Empresa Brasileña de Telecomunicaciones -Embratel-, que fuera comprada el 29 de julio de 1998 por MCI.

Merrill Lynch calculó el valor total de Telebras en 65,700 millones de dólares, del que corresponderían al estado los 14,000 millones, hasta incluso unos 16,500 millones de dólares. El exministro de Comunicaciones Sergio Motta, fallecido en abril de 1998, estimaba unos 30,000 millones para esa misma porción.

Sólo en 1997 Brasil recibió cerca de 18,000 millones de dólares por la privatización en los sectores electricidad, telecomunicaciones y bancos. El flujo de inversión extranjera es enorme dentro de las operaciones de adquisición-fusión, si se compara con otros países, llegando al 56% en 1997.

En cuanto a la electricidad, el gobierno decidió conservar hasta el año 2000 la transmisión por medio de Eletrobras, más las generadoras no incluidas en los planes de 1998. La distribución comenzó a ser privatizada en 1996, mientras las grandes generadoras en 1998.
En la tercer semana de septiembre de 1998 fueron privatizadas la generadora Gerasul y la distribuidora Bandeirante, a precios mínimos. La primera fue comprada por Tractebel de Bélgica en 800 millones de dólares, mientras que la distribuidora fue adquirida por un consorcio brasileño en 860 millones. Los precios alcanzados trajeron preocupación a la BNDES -que dirigiera las privatizaciones en Brasil- y al Consejo Nacional de Desestatización (CND), por lo que planificaron establecer una estrategia de aceptar pagos en plazos cortos para las siguientes privatizaciones. Ya en el caso de Telebras se había aceptado el pago en tres cuotas, por el volúmen que representaba. La problemática de los precios tenía sus orígenes en los desbalances financieros nacionales y extranjeros de agosto y septiembre, y se pensó incluso en bajar los precios mínimos de futuras privatizaciones para alcanzar mayor beneficio en las transacciones.

Con estas dos empresas de electricidad Brasil había alcanzado ya para 1998 unos 36,830 millones de dólares, para una meta de 40,000 millones. Para el bienio 1998-99 se tenían una meta de 50,000 millones.

  • Uruguay

El 8 de marzo de 1998 se gastó el primer tiro PIT-CNT para derogar la Ley del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico, promulgada el 17 de junio de 1997. El intento falló al haber escasa asistencia a las votaciones que fueran solicitadas por AUTE -sindicato de la estatal eléctrica-, los que a su vez fueron apoyados por PINCNT y por la coalición izquierdista Frente Amplio (FA).

A mediados de junio de 1998 se pretendió decidir por votación popular el someter poco después a referendo la ley impugnada. Fue una votación para decidir si hacer otra votación. Como se podía esperar, el gobierno lanzó una costosa campaña en radio y televisión para inhibir el voto.

En diciembre de 1992 un 72% de los votantes se pronunció en un plebiscito contra la ley que autorizó en 1991, la privatización de la telefónica ANTEL. Siete empresas extranjeras se habían interesado en la compra.

  • Argentina

Privatizó las telecomunicaciones en 1990, dividiendose en dos partes: la norte, que fuera vendida a un consorcio franco-italiano, y la sur a Telefónica de España.

En el año 2000 se espera reanudar el proceso. Entre 1990 y 1997 Argentina recibió ingresos por 21 mil millones de dólares en concepto de privatización de 104 empresas, 86 licencias petroleras, 42 concesiones de servicios y 9 contratos de asociación -venta de acciones -.

En 1997 sólo se realizó la privatización de la empresa estatal de correos y la hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú, que alcanzaron entre ambas 103.2 millones de dólares. En Argentina se ha dado uno de los pocos fracasos en el proceso de privatización de Latinoamérica. En diciembre de 1994 la Cie. Générale des Eaux, conocida después como Vivendi -en la zona se le conoció como Cia. Aguas de Aconquija-, obtuvo una concesión a 30 años para operar la compañía de aguas y cloacas, en los últimos días del gobernador peronista. Cuando esa fecha se acercaba, varios licitantes se retiraron. Todos sospechaban del fracaso. En 1995 Vivendi elevó las tarifas en cerca del 100% en una combinación de impuestos de agua y honorarios más altos para contribuir a costear el ambicioso programa de inversiones de 380 millones de dólares.

Se dice que si tal vez se les hubiera comunicado los planes a los consumidores…o que definitivamente la población de Tucumán no estaba acostumbrada a pagar por el agua.

Cuando en Tucumán Antonio Bussi tomó el poder como gobernador, sus allegados acusaron a los peronistas del aumento en las tarifas de agua. Después de una renegociación obligada vino un acuerdo que, entre otras cosas, redujeron las tarifas en un 20.6% y se separaban algunas regiones que no querían participar en aquello.

En agosto de 1997 Vivendi canceló el contrato con la provincia, siendo la primera vez que la empresa abandonara una concesión de agua en sus 145 años de historia. Veintiún días después el gobernador ordenó que la compañía tenía que operar 18 meses más, por lo que para 1998 Vivendi perdía 2.8 millones de dólares al mes, con una facturación que no se cancelaba por el 80% de los clientes.
Prácticamente se terminó dando el servicio sin contrato, sin tarifa y sin cobranza.

Los fondos de pensiones privatizados entraron en crisis en agosto de 1998, momento en que muchos de los conocedores del tema culpaban a la Superintendencia de los AFJP.

Se estima que el peligro comenzó en octubre de 1997. Esa entidad estaba a cargo de la vigilancia de la administración de los fondos, y obligaba por mandato legal a las AFJPs a invertir, algo que no siempre es lo adecuado en momentos bien característicos del sistema financiero. En Argentina, los bonos y acciones llegaban a estar en desventaja ante formas más líquidas de depósito. Otro problema estaba en la imposibilidad de poner el 100% en una sola forma financiera, es decir tener todo en un depósito bancarios a plazo fijo. La entidad reguladora justificó su accionar, pero desde la implementación a mediados de 1994, el efecto «tequila» dio su primer lección a las administradoras.

  • Honduras

El 16 de junio de 1998 el Ejecutivo propuso a la Asamblea la aprobación de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que daría autorización a la venta del 47% de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones -Hondutel- a un socio estratégico y un 2% a empleados y sector privado. El restante 51% quedaría en manos del estado. El plan hacía referencia a la venta para el primer trimestre de 1999.

La ley fue aprobada en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 1998, aceptando vender el 50% a una empresa extranjera por medio de una licitación.

Un 4% podría quedar en manos de otras instituciones estatales, empleados y usuarios, mientras que el Estado conservaría el 46%. La Ley de Capitalización de Hondutel establece que se trata de una concesión a empresa extranjera por 25 años, la cual sería incapaz de cambiar la denominación social de la telefónica, que sería Compañía Hondureña de Telecomunicaciones, SA (Cohdetel).

Hondutel tenía activos valorados en unos 1,000 millones de dólares -según otros datos preliminares sólo 600 millones-, pero esperaba obtener unos 650 millones de dólares del porcentaje que vendiera. Según otras versiones, estaría esperando sólo unos 300 millones de dólares por la parte que vendiera. El valor total de la empresa se estimaba en unos 800 ó 900 millones de dólares -posiblemente a 1997- y 632 millones en 1996. En realidad, todas éstas cantidades fueron parte de la incertidumbre misma, la que se viera acrecentada con las caídas asiáticas y latinoamericanas en agosto y septiembre de 1998, que obligaban al gobierno a preocuparse de que los inversionistas no se interesaran en Hondutel.

A pesar de la mayoría partidaria en la Asamblea del partido oficial, no fue fácil convencer a los sectores económicos que se mantenían reacios al proceso. De todas maneras, en la mayoría de casos para el gobierno no ha sido necesario contar con el apoyo de nadie. La Central General de Trabajadores (CGT), después que se supo de la aprobación del Congreso, volvió a mostrar su desacuerdo, pronosticando que las tarifas altas que vendrían harían prohibitivo el servicio para los sectores de bajos ingresos.

Sin embargo, ya en 1998 se encontraba Motorola ofreciendo el servicio de telefonía celular. Para Hondutel -que ya privatizada se llamaría Honducom, según versiones iniciales- el gobierno tenía estimado unos 39 operadores internacionales interesados, como France Telecom, Deutschetelefon de Alemania, ATT de Estados Unidos y Telefónica de España. En resumen, sólo siete multinacionales había presentado sus ofertas.

En Honduras la empresa Hondutel era considerada la única rentable del estado, ocupando el quinto lugar en Centroamérica; la venta buscaría dos objetivos:

Reducción del tamaño del estado y obtener capital para ampliar la red telefónica actual. Se necesitaban unos 2,000 millones de dólares de inversión atender unos 600,000 teléfonos nuevos. Según palabras del presidente de la Comisión de Privatización del Estado, Hondutel manejaba en 1998 un millón de líneas telefónicas, con utilidades de unos 120 millones de dólares anuales. Anterior a la venta, la telefónica sufrió un saneamiento financiero, pagando bonos por 152 millones de dólares correspondientes a deudas en el exterior. Con Siemens y AT&T tenía una deuda que alcanzaba el 65% del total adeudado, unos 270 millones de dólares.

Los bonos se habían emitido a raíz de la ampliación de la cobertura nacional, con 220 mil líneas instaladas alrededor de 1993, con recursos financieros, técnicos y materiales de Siemens y AT&T.

Hondutel se fundó a finales de los setentas y siempre fue manejada por los militares, hasta que el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-98) la llevó a manos civiles.

El mismo gobierno reconoció en agosto de 1998 que de no venderse la empresa telefónica, en Fondo Monetario Internacional no asignaría un préstamo importante a concretizarse en septiembre. Tampoco se podría acceder a una condonación de unos 500 millones de dólares de la deuda de Honduras con el Club de París, que totaliza unos 1,200 millones. En la licitación de Hondutel el gobierno fue asesorado por el consorcio británico Rotschild.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con activos por valor de unos 1,400 millones de dólares, se planea ser vendida a más tardar en el año 2002.

Este anuncio se hizo el 13 de mayo de 1998, cuando el gobierno cediera a una empresa privada -habían ofertado tres empresas- la labor de facturación, como primer paso para la venta de ENEE. Luego se continuaría con la comercialización, distribución y finalmente generación. Empero, a finales de septiembre de 1998 se supo que no sería hasta el año 2002, sino en febrero del 2000, forzados por la necesidad de un acuerdo con el FMI.

En 1994 una ley eliminó el monopolio de ENEE de generación de electricidad, encontrándose para 1998 varias empresas vendiéndole el producto a la estatal.

Para 1998 ENEE operaba la estructura de distribución -con un costo de unos 400 ó 500 millones de dólares-, con tres represas hidroeléctricas, con unos 4,500 empleados y con una deuda de más de 700 millones de dólares. El Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), convencido que el proceso era una imposición de organismos internacionales, luchó por garantizar la mayor estabilidad laboral posible.

A mediados de julio de 1998 se supo que el gobierno concesionaría el manejo de cuatro aeropuertos internacionales a empresas extranjeras en 1999. Los aeropuertos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, el puerto de La Ceiba y la isla de Roatán serían incorporados a contratos de 15 a 25 años. En 1998 juntos recibían cerca de un millón de pasajeros al año. En el primer momento se interesaron tres empresas:

Lufthansa y dos empresas más -una de ellas de Canadá-. Perú Telefónica Internacional pagó en 1994 por la concesión monopólica de telefonía 2,000 millones de dólares. El nuevo operador del sistema completo se denominó Telefónica del Perú.

En septiembre de 1998 se procedió a subastar trece empresas del sector eléctrico, bajo la figura de las ‘acciones doradas’, una cláusula que en principio evitaría monopolios u oligopolios. Para junio de 1998 el Comité Especial de Privatización (CEPRI) ya había aprobado las bases de la subasta de las empresas de distribución Electronoroeste, Electronorte, Electronorte Medio-Hidroandina y Electrocentro, que sumaban una cartera de 850,000 clientes. En buena parte del proceso CEPRI trabajaba junto a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

A finales de 1997 el Parlamento Nacional aprobó una regulación que permitiría mantener para el Estado ‘acciones doradas’ en las trece empresas de generación y distribución eléctrica a privatizar, con miras a poder vetar cualquier medida que fuera contra los intereses nacionales.

Eso incluía incorporación de nuevos accionistas en cualquier modalidad, reducción de capital, emisión de obligaciones convertibles en acciones y cambio de objeto social. Antes de ésta venta el gobierno había recibido ya casi 10 mil millones de dólares en todo el plan de privatización estatal, en un total de 130 proyectos.

A principios de agosto de 1997 la fusión del consorcio chileno de generación de electricidad Enersis, con la española Endesa, vino a impulsar el proceso de privatización. Con eso, la empresa española alcanzaba por medio de Inversiones Distrilima, mayor presencia en Perú. Distrilima alcanzaba para 1998 el 60% de distribución de energía de Edelnor. Para entonces, el 30% de las acciones de Distrilima pertenecían a Endesa España, 29% a Enersis, 26% a Chilectra y 15% a accionistas peruanos. En noviembre de 1998 se planeaba vender las últimas tres refinerías de la estatal PetroPerú, pero en agosto se pospuso para el primer trimestre de 1999. Siderperú, la productora de acero, fue privatizada en 1996. En agosto de 1998 decidió invertir unos 200 millones de dólares en los siguientes cuatro años para modernizar las instalaciones, evaluando la posibilidad de emitir bonos para financiar el proyecto.

  • Costa Rica

El 13 y 14 de julio de 1998 se llevó a cabo la Primera Cumbre de Reguladores y Empresas Operadoras en San José, a patrocinio de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Asistieron más de 15 representantes de entidades reguladoras y más de 50 empresas de telecomunicaciones. Se hizo claro que mostraron gran interés en examinar los ‘exitosos’ casos de Chile y México; además el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, confirmó que el proceso de privatización de las telecomunicaciones era irreversible. A esta reunión asistieron ANATEL de Brasil, SUBTEL de Chile, Telefónica de España y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

A mediados de 1998 el gobierno expresó que se permitiría que la empresa privada trabajara en algunos servicios que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) monopolizara desde 1949. Aunque la ruptura de monopolios siempre ha sonado a privatización en los últimos años en Latinoamérica, al parecer la pretensión se dirigía por el lado de superar algunas ataduras legales de la institución en cuanto a reinversión. En 1998 la telefonía necesitaba una inversión de 100 millones de dólares para cubrir el mercado. Los 20 millones de dólares de utilidades en 1997 no protegían a la institución de las seductoras ofertas de las transnacionales, ni a los grupos sindicalistas. Estos últimos, bien habían conocido los casos de sus vecinos, como para preocuparse: aquel río llevaba piedras. Según los sindicatos, el gobierno pretendía debilitar la empresa para facilitar su venta, -como sucedió en el caso de ANTEL de El Salvador-.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, planeaba ser dado para administración en concesión a mediados de 1998, pero en julio se amplió el plazo hasta el 4 de septiembre para la recepción de ofertas.
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cartel de licitación de 300 dólares había sido adquirido por unas 73 empresas a finales de julio de 1998.

Entre los interesados estaban Lufthansa Consulting GMBH de Frankfurt, Gestión e Ingeniería de Chile, Airport Group International, Aeroport de Montreal Inc, y SNCLavalin de Canadá. Aeroplan Inc de Estados Unidos y la Compañía contratista Nacional, de México. Schiphol Airport de Holanda, AENA de España y Orlando Sandord International Inc.

A mediados de 1998 se agudizó la discusión entre los partidos socialdemócrata y socialcristiano -éste último en el poder desde el 8 de mayo de 1998 y promotor de la privatización- acerca de las telecomunicaciones, seguros y los cuatro bancos estatales. Desde 1996 se tenía en la Asamblea un proyecto para los bancos, pero no había prosperado por la fuerte oposición, incluso dentro del mismo partido que lo había propuesto.

Según un documento oficial costarricense, en 1998 sólo quedaban en Latinoamérica Cuba y Costa Rica con el sistema de seguros privatizado. Según los planes, el Instituto Nacional de Seguros (INS) debía ser desmembrado para vender su cartera al sector privado, parcial o totalmente, creándose además una superintendencia.

El presidente presentó el 1 de septiembre de 1998 al Congreso dos proyectos de privatización completa del servicio eléctrico, anteponiendo como razón de que hasta el 2010 se necesitaría invertir 3,300 millones de dólares. El primer proyecto se denomina La Ley General de Electricidad, siendo el segundo Modificación al decreto Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Tras éstos, se anunciaba ya que en los siguientes días se presentaría un proyecto para las telecomunicaciones.

Otra justificación que utilizaba el gobierno es que para 1998 se necesitaban inversiones de 145.5 millones de dólares, y unos 218 millones para el siguiente año. La demanda pasaría de 799,000 usuarios a más de un millón para el 2004, en telefonía fija. En la móvil, de 124,000 subiría a unos 227,000 en cinco años.

  • México

Teléfonos de México -Telmex- fue vendida en 1991 a la sociedad compuesta por Carlos Slim, Southwestwern Bell y France Telecom. El monopolio del servicio de larga distancia fue eliminado en 1997 y se esperaba para 1999 hacer lo mismo con las llamadas locales.

Unos de los mayores logros de Telmex fue su incursión en Estados Unidos.

El 7 de agosto de 1998 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó que Telmex entrara a ese mercado en sociedad con Sprint, a pesar de la dura oposición de las empresas estadounidenses ATT Corp y MCI
Communications Corp, las que sí ya tenían participación en México por medio de Avantel y Alestra. La nueva empresa se llamaría Telmex-Sprint Communications LLC, abreviada TSC; comenzó inmediatamente a dar servicio de larga distancia entre Estados Unidos, México y otras regiones.

En 1993 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó Imevisión, una pequeña red que fuera adquirida por Ricardo Salinas Pliego -aparentemente no existía parentesco entre ambos-. Esta nueva empresa, que conformaría después Azteca SA, luchó por quitarle parte del mercado a Televisa, habiendo logrado obtener un tercio de la sintonía mexicana ya para 1997.

En 1998 se descubrió que la electricidad que necesitaba México estaba por encima de las posibilidades de producirla. Se había llegado a tener altos costos por la energía, dando desventajas a las empresas locales, muchas de las cuales con inversión extranjera. Las razones tenían más un fondo político que técnico.

Por una parte el presidente y su secretario de energía impulsaban el hecho que el sector privado financiara, construyera y administrara las nuevas plantas. Por su parte, no cede la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que monopoliza la transmisión y distribución de energía, y que hasta 1992 controlaba también la generación.

A finales de septiembre de 1998 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio un plazo adicional de treinta días para licitar en privatización 35 aeropuertos mexicanos, organizados en paquetes: del sureste de México, de la capital, del centro y del norte del país.

  • Panamá

En 1997 el gobierno vendió el 49% de las acciones de INTEL -Instituto Nacional de Telecomunicaciones- a la transnacional Cable & Wireless, de Inglaterra, que pagó unos 652 millones de dólares. Otro 2% fue vendido a los empleados. En 1998 la empresa inglesa inició un programa de inversiones por unos 572 millones de dólares para modernizar la red telefónica. El sistema completo padecía de mal servicio y tarifas altas. La parte en manos del Estado sería vendida en el año 2000.

A principios de 1998 recibió unos 26 millones de dólares por concesiones para operar y administrar los casinos de seis hoteles y catorce salas de máquinas de juego. También vendió el derecho a operar las bandas A y B de telefonía celular, ambas por más de 140 millones de dólares. La banda A es explotada por la estadounidense Bell South y la B por la británica Cable & Wireless Móvil.

El 15 de julio de 1998 se inscribieron 26 consorcios internacionales para participar en la privatización de cuatro empresas generadoras de electricidad. El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) planeaba ofrecer en licitación las cuatro empresas el 15 de octubre de 1998, para lo que tuvo que reestructurarse seriamente en 1997/98. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1998 inició la licitación de tres de las ocho firmas generadoras en que se había dividido el IRHE. Se vendería también el 51% de las acciones de tres empresas de distribución de energía.

A los aspirantes que se inscribieron se les exigía como mínimo tener un capital social de 500 millones de dólares. Entre ellos se encuentran Endesa Internacional SA y Unión Fenosa de España; Gener de Chile, Emgesa de Colombia y Corporación EDC de Venezuela. De Estados Unidos se inscribieron 16:

Dominion Energy Inc, Southern Energy Inc, CMS Transmission & Storage y Enron Caribe III, entre otras.

Participaron también Inglaterra, Bélgica, Canadá, Suecia y Suiza. Contrataron al CFI -Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- para asesoría en el proceso de venta de las acciones de las eléctricas. Se estima que el IRHE tenía unos 4,200 empleados, sobre todo en distribución y comercialización.

Después de las eléctricas, el gobierno de Panamá espera privatizar la compañía de acueductos y alcantarillados, dos ingenios azucareros y el aeropuerto internacional de Tocumen.

Panamá creó un fondo de desarrollo a partir del dinero de las privatizaciones. a mediados de junio de 1998 tenía ya casi 775 millones de dólares, adicionalmente a los 29.4 millones de dólares en dividendos que recibió en esa fecha por su capital en la telefónica que comparte con Cable & Wireless. Realmente es un fondo fiduciario, porque el gobierno no consume los 775 millones, sino que únicamente los intereses son destinados a obras sociales. Según el ex presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, -un defensor incondicional del proceso- para octubre de 1998 las privatizaciones habían aportado unos mil millones de dólares en los últimos cuatro años.

  • República Dominicana

La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) planeaba ponerse en venta a finales de julio o agosto de 1998. Esta empresa realmente había tenido malos antecedentes en sus relaciones con otras exteriores, con una deuda elevada y siendo hogar de forcejeos políticos.

El paquete de CDE incluía tres distribuidoras y dos generadoras. Se esperaba que por ambas dieran 500 y 1,000 millones de dólares. Estos fondos no irían a dar a manos del estado, sino que se recapitalizarían en cada una de las empresas. Se realizó una licitación para cada uno de los grupos, con miras a adquirir el 50% de la empresa respectiva. La transmisión y las plantas hidroeléctricas quedaban en manos del estado.

Al momento de la venta el país contaba con deficiencias en el servicio eléctrico y con un déficit en la producción de unos 150 megavatios.

  • El Salvador

El 51% de la banda celular INTEL fue vendida el 17 de julio de 1998 por US$41,009,900 a Telefónica de España. La nueva presencia se llamaría Telefónica de El Salvador. Hasta ese momento INTEL contaba con nueve compradores -sólo llegaron tres a la apertura de ofertas- y CTE sólo con siete.

La venta de CTE fue el 24 de julio de 1998 a France Telecom, quien ofreció 275 millones 111 mil dólares -unos 2,398 millones de colones- por el 51% de las acciones de CTE/ANTEL. El precio base por esa porción fue de 268.8 millones de dólares. La otra oferta fue de Telmex, por 271 millones de dólares, quien se viera frustrado por segunda vez en El Salvador en el mismo mes.

De los siete interesados inscritos en CTE/ANTEL sólo llegaron dos. El presidente de France Telecom hizo entrega del dinero el 16 de septiembre de 1998, recibiendo a cambio la documentación respectiva de entrega de la institución. Para sorpresa de la mayoría, se supo hasta entonces que dentro de los 275 millones de France Telecom, estaban incluídos 67.3 millones de dólares de inversión local, contando Supermercados Selectos, VISA, Telecorporación Salvadoreña, Banco de Comercio, Grupo Araujo, H. de Sola, Banco Salvadoreño, Fabril de Aceites, TACA, y otros, que en total suman más de 20 personas.

Con este nuevo arreglo se violaba la ley de privatización respectiva, la que establecía que más de la mitad de la telefónica debería quedar en poder de un socio estratégico.

France Telecom, al momento de la adquisición, planeaba invertir 400 millones de dólares en unos cinco años para duplicar el número de líneas en el país, las que entonces eran de 380,000, con una densidad de 6 líneas por cada 100 habitantes.
Los empleados de CTE, que se estimaron en unos 4,800 aparentemente apoyaron en los últimos días la privatización, aunque es difícil saber qué factores impulsarían esta actividad. La compra de acciones de CTE por parte de algunos empleados ascendió a unos 300 millones de colones, un 10% del total de acciones.

Al momento de la venta, CTE contaba con una red digitalizada en un 83%, siendo prácticamente ausente su presencia en zonas rurales y semiurbanas. En el último lustro anterior a la venta, se señaló que el desarrollo de ANTEL era frenado por decisiones políticas, para hacerlo parecer ineficiente y presentarlo como fácil objeto de venta.

Aún en septiembre de 1998, dos meses después de consumada la principal privatización, se discutía sobre el destino de los fondos. Al parecer, después de tanto manoseo político al interior de los partidos de derecha sobre la ley de privatización de ANTEL, no quedaba claro el fin de los fondos. Los expatrulleros del ejército en los ochentas, opinaban ahora que de allí se podía tomar para darles una indemnización por el trabajo que realizaron en forma gratuita -y hasta bajo amenaza- en su momento.

Se mencionaba también acrecentar las reservas, inversión social moderada, y también fines más inmediatos como gastos corrientes, y quien sabe si hasta para financiar la campaña política de 1999.

Por INTEL, Bell South ofreció unos 30 millones de dólares y TELMEX sólo 23 millones. La adquisición la hizo Telefónica de España, la cual ya operaba en Argentina, Chile y Perú. En El Salvador Telefónica de España se convirtió en el tercer operador de telefonía celular y el décimo en llamadas internacionales.

Los ingresos de esa empresa en 1996 en Iberoamérica fueron de más de un billón de dólares, dentro del consorcio denominado Telefónica Internacional. En 1997 obtuvo utilidades netas de 1,254 millones de dólares.

El 49% restante de INTEL se planeaba vender en la Bolsa en dos etapas: 25% en el mercado bursátil el 31 de julio de 1998 y el otro 24% el 31 de agosto de 1999. La primera fecha fue pospuesta ante la inexistencia de autorización de emisión de acciones por parte de la Superintendencia de Valores. Parte del problema surgió a partir del aumento de capital en unos 32 millones de dólares, con lo cual Telefónica se quedó con el 80% y el gobierno con el 20% restante. Para no afectar la ley, la transnacional cedió parte de sus acciones al gobierno.

El 25 de junio de 1998 comenzó a operar GCA-Telecom como la primera empresa privada con servicios de telefonía, internet, localizadores y larga distancia local e internacional. Al iniciar se estimaba alcanzar un 12% del mercado, aunque desde meses antes ya estaban trabajando varias frecuencias adquiridas en subastas. GCA-Telecom se formó de la unión de empresarios salvadoreños con World Access de Estados Unidos, empresa asociada a AT&T , MCI, Sprint y 250 empresas más.

WA trabajaba ya en telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Madagascar, Africa, Italia, Inglaterra, Alemania, Taiwan y China.

La principales fechas para la telefonía, en julio de 1998, fueron precedidas por años de forcejeo político.

Así como en otros países, los que apoyaban la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador fomentaron desde un tiempo atrás serios cambios en tarifa para acostumbrar a los usuarios a precios propios de un negocio con fines de lucro más voraz. Se elevaron los precios del servicio local y se observó una baja en los costos de llamadas internacionales. En El Salvador se establecieron las fechas de venta habiendo tomado en cuenta ‘estratégicamente’ la fecha de Telebras, que consideraron algunos «la mayor privatización en la historia del Capitalismo ». Merryl Linch afirmaba que los principales atractivos de Telebras se fundamentaban en que en Brasil sólo se tenían ocho teléfonos por cada cien habitantes.

El 28 de julio de 1998 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió veredicto en que se obligaba, a la Junta Directiva de ANTEL, a pagar a Delta Ingenieros una indemnización por faltar a un supuesto contrato de licitación de noviembre de 1995. Al privatizarse, en los estados financieros de la telefónica no se comprendía la supuesta obligación, por lo que en septiembre de 1998 CTEANTEl llegó a su mayor punto de preocupación. Sin embargo, en el fondo se hacía obvio un intento de estafa, por cuanto se hablaba de la inexistencia de un contrato firmado; por otra parte, al presidente de Delta Ingenieros se le había encarcelado por una estafa de 325 mil colones. Se trataba de una oportunidad única de esa empresa, en cuyo fraguado se implicarían varios funcionarios, ya que de no responder la telefónica por su estado de transición, se cargaría al Estado entre 28 y 51 millones de colones.

En enero de 1998 la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) dio a conocer que invertiría 2.5 millones de dólares -unos 22 millones de colones- en la adquisición del 10% de las acciones del Banco Hipotecario de El Salvador. Para ello sería necesario una ley específica que permitiera la venta de éste último banco estatal. En marzo de 1996 siete de los once directivos, incluyendo el anterior presidente, habían renunciado por rechazo a la intención del FOSAFFI de reducir del 25% al 15% las acciones que estarían destinadas a los empleados. Al final, los empleados sólo habían pagado la prima del 17.7% de esas acciones.

La CII asesora a gobiernos para privatización de entes estatales, y a la empresa privada le asesora en reeingeniería y reestructuraciones. En el caso del Banco Hipotecario su aporte en capital ayudaría a la obtención de más recursos, como tecnología, fondos y especialización.

La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) fueron privatizadas a través de una subasta en la que ganó la venezolana Enersal -perteneciente a la Corporación Venezolana EDC-, que adquirió el 75% de las acciones de ambas empresas, quedando el 20% para los trabajadores y 5% para la Bolsa de Valores de El Salvador. Se estima que CAESS costó un poco menos de 300 millones de dólares. La venta del 75% de las cuatro distribuidoras se hizo en enero de 1998 y en total el gobierno recibió unos 586 millones de dólares. El 19 de febrero de 1998 se celebró la primera junta de accionistas de CAESS/EEO, en cuya directiva se hizo obvia la aplastante presencia extranjera.

En cuanto a CEL -la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa-, a mediados de 1998 se dio a conocer el plan de dividir la generación de electricidad en cuatro empresas que competirían entre sí, siendo todas propiedad de CEL. Al parecer, de existir la decisión de vender CEL, sería responsabilidad del gobierno que se eligiera en 1999. Para sorpresa de la clase política y económica, el 24 de septiembre de 1998 el Ministro de Hacienda dio a conocer que se sacaría a licitación las centrales térmicas de Soyapango, Acajutla y San Miguel; también que se subastarían para concesión las geotérmicas de Berlín y Ahuachapán. Esto se realizaría a finales de 1998 y los meses siguientes. El 3 de octubre de 1998 se inauguró la Central Hidroeléctrica Nahuizalco, en Sonsonate. El proyecto es propiedad de Sensunapán, SA de CV, y proveería a CLESA.

Los fondos de pensiones En cuanto a las administradoras de fondos de pensiones -AFP-, que comenzaran a funcionar el 15 de abril de 1998, en los primeros cien días de operar ya habían formado un fondo de 54.5 millones de colones, sumando aportes patronales y de afiliados. También a esa altura, las AFPs con mayor afiliación acumulada eran Confía y Previsión. Las siguientes eran Porvenir, Máxima y Profuturo. De los 350,000 afiliados, un 25% pertenecía a la primera, y un 3% a la última.

Con ello se había cubierto ya un 70% del total del mercado. Los primeros datos sobre el rendimiento de las AFPs se darían a conocer hasta junio de 1999.

El privatizado sistema de pensiones en El Salvador fue uno de los más agresivos golpes a los presupuestos familiares. La frontera inicial del 3.5% de comisión sobre el ingreso no causó gracia a nadie. Para quien tenía empleo formal, eso representaba más o menos un descuento mensual equivalente a la suma del servicio eléctrico, telefónico y de agua para el mismo mes, en un caso típico de un empleado de clase media. A ese porcentaje había que agregarle el 1% de ahorro, y considerar que la frontera de 3.5% tenía que ampliarse en los siguientes años. Pagar un 3.5% para que le cuidaran un 1% congelaba la cara a cualquiera.

Se planteó en los primeros días de operación de las AFPs la idea de un sistema mixto, pero ya era tarde. Los críticos y expertos extranjeros más consecuentes opinaban que si bien el sistema público tenía deficiencias, bastaba con subir un poco la tasa de cotización tradicional y hacer serias modificaciones a la administración de finanzas de pensiones. En efecto, los defensores de las AFPs se apoyaban en el hecho de que las pensiones que se pagaban hasta 1998 eran miserables. Tenían razón, pero sólo en eso. El sistema de pensiones realmente no estaba en agonía, sólo que tenía pagos muy bajos, pero las instituciones que las manejaban, ISSS e INPEP, mostraban por otra parte estados financieros propios de una institución robusta. Incluso el ISSS en 1998 realizó gastos millonarios en una campaña publicitaria en todos los medios de difusión durante un par de meses para inhibir el apoyo público a la huelga de médicos.

El ISSS, una institución enorme de seguridad social -exclusiva por mucho tiempo para empleados del sector privado-, tenía las condiciones económicas y la estructura para seguir operando las pensiones.

Aunque el INPEP, la institución de pensiones de empleados públicos sí tenía verdaderas dificultades, en los últimos años se habían hecho arreglos para pasar buena carga de éste al ISSS.

En general, el ambiente en que las AFPs se presentaron fue señal de lo que vendría. Fuegos artificiales en San Salvador en la noche del primer día de operación, una campaña publicitaria desbordante comparable sólo a las campañas electorales, gran pompa con visitas de los inversionistas extranjeros al Presidente de la República, una funcionaria de superintendencia con sueldo de récord, edificaciones y equipos nuevos, éxodo de especialistas latinoamericanos en pensiones hacia El Salvador, etc. Los promotores empleados de las AFPs se valían de la confusión y de la obligatoriedad -por la nueva ley- para alcanzar afiliaciones. Aunque los economistas de profesión aconsejaban que no se permitiera que la banca merodeara la manipulación de los fondos, las AFPs abiertamente aceptaban su compadrazgo con instituciones bancarias, como una forma de mostrar solidez.

Tres recursos de inconstitucionalidad fueron denegados por la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto de 1998, después de dos años de haberse presentado. Es muy conocido el mal del sistema de justicia salvadoreño en dar resoluciones tardías, si es que se tiene la suerte de que se den. Así como se da una gran cantidad de casos sin definición en los reos comunes, en las altas esferas las demandas y recursos sufren también un gran retraso, que a simple vista es regulado por la válvula política.

La ley del SAP -Sistema de Ahorros para Pensiones- fue aprobado por la Asamblea el 20 de diciembre de 1996 en medio de un sombrío manejo por parte de la comisión respectiva, en el que se invalidaba el decisivo voto de un diputado de oposición, bajo el pretexto de que no había asistido regularmente. A mediados de agosto de 1998 también se presentaron más de 150 recursos de amparo contra la ley del SAP, aunque casi ninguna tocaba puntos neurálgicos que trajeran abajo el proyecto completo.

Los únicos que quedaron fuera del SAP eran los militares, que manejaban todas sus prestaciones en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada -IPSFA-, institución que se había fortalecido ampliamente en los ochentas, bajo la premura presupuestaria de la guerra.

En la década de los ochentas, la administración demócrata cristiana del Ing. José Napoleón Duarte estatizó los ingenios El Carmen, La Cabaña, Chaparrastique, La Magdalena, Chanmico y Jiboa. Sólo quedaron en el sector privado los ingenios San Francisco, El Angel y Central Izalco. La ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol fue aprobada en septiembre de 1994, con lo que se tubo en octubre la primera venta, el Ingenio El Carmen, por unos 26 millones de colones.

En 1995 se privatizaron otros tres ingenios: La Cabaña, vendido en 112 millones de colones; Chaparrastique, en 76 millones, y La Magdalena, en 32 millones de colones. En 1996 se intentó vender el Ingenio Chanmico, pero el traslado del mismo desde La Libertad hacia la zona oriental del país trajo problemas. La venta se realizó después, tomando el 55% los cañeros y 15% los empleados. El último 30% -propiedad del INAZUCAR- fue vendido en la Bolsa de Valores por ¢20,064,867. En total, el Estado obtuvo por el Ingenio Chanmico 38 millones de colones. Las instalaciones de este ingenio permanecieron cerradas desde 1995, y se utilizaba sólo para proveer repuestos a otros ingenios. El INAZUCAR invirtió para rehabilitarlo, por lo que reinició el 1 de diciembre de 1997.

Finalmente, el Ingenio Jiboa, localizado en San Vicente con un capital social de ¢191,214,900, se pretendió venderse en mayo de 1998. Fue hasta el 10 y 11 de septiembre que se subastaron sus 573,645 acciones -un 30% del total- en un lote por día, en el SENA de la Bolsa de Valores. Los ingresos mínimos esperados eran unos 77.4 millones de colones, pero las negociaciones se vieron ensombrecidas por la poca demanda de las acciones. La venta del 70% restante comenzó en fechas semejantes, para trabajadores, productores y cañeros, con una fecha límite de suscripción del 14 de marzo de 1999.

El rubro de los ingenios fue el menos espectacular dentro del proceso de privatización. El gobierno incurrió en gastos elevados para ‘hacerlos atractivos’ y cubrir las numerosas irregularidades administrativas. Es más, el caso de la planta de alcohol El Carmen fue un triste revés en esta ‘dulce historia de la modernización del Estado’. En abril de 1997 la empresa estadounidense Western Petroleum Importers aceptó pagar 4.8 millones de colones -ése era el precio baseen una subasta sin más ofertantes. Como la empresa operaba la planta en concepto de alquiler desde 1992, dejó de pagar la renta a partir de ese momento. Lo bueno vino cuando tampoco quiso pagar los 4.8 millones. Ya para 1998 estaba clara la incapacidad o falta de voluntad del INAZUCAR y del gobierno para aplicar rigor a aquella empresa, que prácticamente había desaparecido del país.

Otro revés fue el Ingenio El Cármen, que se apuntara antes fue privatizado en 1994. Había sido adquirido por cooperativistas de la Reforma Agraria, que tenían gran experiencia en producción de caña, pero que por su pésima administración, desfallecieron habiendo operado hasta la zafra 1997-98. Fue retomado por el INAZUCAR para entregárselo al BFA como pago de la deuda de 49 millones de colones de los cooperativistas al banco, para que se rehabilitara y fuera sacado de nuevo a la venta.

El Puerto de Cutuco fue objeto del estudio «Reactivación de la Actividad Portuaria en Cutuco» por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Resultaron dos alternativas, invertir 101 millones de dólares, y la otra de sólo 94 millones. El gobierno tomó la segunda alternativa en septiembre de 1998, esperando el financiamiento de Japón. La investigación costó unos 12 millones de dólares, mientras que el diseño otros 5 millones; el proyecto comenzaría a trabajar en el 2005, espezando a operar el puerto en el año 2015. El proyecto incluye la construcción de terminales, carreteras, equipos y una zona franca. Japón ya en 1970 había financiado la construcción del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Parte del estudio comprende la recomendación para privatizar o dar en concesión algunos servicios del puerto, conservando CEPA algunos puntos de administración. El proyecto señala aspectos específicos que deberían privatizarse en el corto y largo plazo, dado que algunas secciones comenzarían a operar mientras avanzara la construcción.

Por otro lado, otro de los proyectos de privatización conocidos en 1998, ya anunciado en la campaña electoral de las elecciones de marzo de 1997, estaba la orientación de la Alcaldía de San Salvador de trasladar algunos puntos del servicio de recolección de basura a pequeñas empresas privadas. Algo parecido estaba pasando en el Ministerio de Obras Públicas desde hacía unos años. Las obras civiles de mayor y mediana envergadura se asignaban a grandes empresas privadas de construcción, en e l marco de negociaciones desconocidas a la opinión pública. Con ello se ataba el andamiaje de la inversión pública en infraestructura a la oscura convivencia de altos funcionarios públicos con los intereses del sector privado.

  • Nicaragua

En 1998 se comenzó a planear la privatización de los fondos de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el cual fuera creado en 1981 y que a fines de abril de 1998 acumulara fondos por unos 31,000 millones de dólares.

Los movimientos de privatización de 1998 en las visitas de funcionarios nicaragüenses a Chile buscaban conocer sobre el modelo y también promover la inversión chilena. La dirección de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) planeó para septiembre realizar una invitación a varias firmas a participar en la venta de un porcentaje de acciones, que incluía 40% para firmas extranjeras, 11% para los empleados y el resto para el gobierno.

La venta de Enitel se planeaba realizar en mayo principios de 1999, esperando recibir unos 250 millones de dólares. La Asamblea Nacional aprobó en junio de 1998 la ley de privatización de la telefónica, por segunda vez.

Ya en 1995 se había aprobado, pero la inestabilidad política había alejado el interés de los inversionistas. El Frente Sandinista introdujo a finales de agosto de 1998 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para detener el proceso. Se intentó modificar la ley para lograr la venta completa, conservando el 11% los empleados y el 89% entregándose a la mejor oferta. La turbulencia política atraída por la privatización forzó en parte la renuncia del presidente de la telefónica, aunque el sucesor, ya en la primera semana de septiembre de 1998 apoyó continuar el proceso.

El 21 de octubre de 1998 las autoridades encargadas de la privatización de Enitel dieron a conocer al cuerpo diplomático el estado del proceso. Se supo que un 10% se vendería a sus 3,150 empleados, mientras un 1% se les donaría. Dentro de los tres años siguientes se privatizaría un 49% en la bolsa de valores o licitaciones internacionales. El 40% restante para la inversión extranjera daría además un período de veinte años de administración, tres años de exclusividad en telefonía básica y otras licencias.

En 1998 había en Nicaragua unas 140,000 líneas, de las cuales el 96% eran digitales. Se estima que se necesitaba duplicar esa cantidad de líneas.

  • Guatemala

TELGUA fue subastado por primera vez el 16 de diciembre de 1997, asistiendo Telmex como único oferente -aunque habían precalificado cinco-, ofreciendo 529.1 millones de dólares por el 95% de la empresa; Crystal Group de Guatemala estimaba un valor de 800 millones de dólares por la telefónica.

Se declaró fracasado el acto por la inexistencia de más empresas que pujaran. En Guatemala el gobierno proyectaba privatizar unas 56 entidades públicas en total. TELGUA resultó como respuesta a los problemas legales que enfrentaba la anterior Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) para su privatización.

Después de observar personalmente la privatización de CTE en El Salvador el 24 de julio de 1998, se aceleró un nuevo intento de subasta para agosto del mismo año, con un mecanismo en el que se ampliaba la participación a consorcios de inversionistas -antes sólo podían los operadores internacionales- y se conservaba la inexistencia de un precio mínimo, reservándose el gobierno la elección de la mejor oferta. Las firmas presentaban dos sobres: uno con el precio por acción que deseaban pagar y en el segundo el porcentaje que esperaban comprar, que tenía que ser entre 51% y 95% del total.

En 1998 TELGUA tenía funcionando unas 500 mil líneas, con una demanda insatisfecha de más de un millón. Esperaba obtener en esa venta unos 600 millones de dólares, que servirían para sanear las finanzas públicas, la inversión social y la productividad, según programas establecidos en la firma de la paz de diciembre de 1996.

El gobierno de Guatemala puso fin a ocho años de monopolio que mantenía una empresa privada en la telefonía celular, al dar en concesión tres frecuencias por un periodo de 15 años y un valor de 14.95 millones de dólares, el 13 de agosto de 1998. La Superintendente de Telecomunicaciones dijo que las empresas ganadoras fueron la estatal Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima (Telgua SA) y Paysandú SA, ambas guatemaltecas. TELGUA se adjudicó las frecuencias A1 y B1 a un costo de 4.91 y 6.23 millones de dólares, respectivamente; mientras que la frecuencia G la ganó Paysandú, por 3.81
millones. La empresa Comunicaciones Celulares (Comcel) mantenía en Guatemala, desde 1990, la distribución del servicio celular en todo el territorio nacional.

El 95% de TELGUA fue comprada por más de 700 millones de dólares por el grupo centroamericano -mayormente guatemalteco- Luca, SA. La fecha, el primero de septiembre de 1998. A juicio de los guatemaltecos, fue la mayor privatización en Centroamérica. Sin embargo, algunos grupos de oposición acusaron de viciado el trato, al existir intereses de familiares del presidente Arzú detrás de Luca, SA., así como manejos dudosos por parte del Ministro de Telecomunicaciones, Fritz García-Gallont.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, SA (EEGSA) fue sometida a una licitación internacional el 30 de julio de 1998, en lo referente a distribución. Se planeó vender primero el 80% de la empresa, cuyo valor total estimado estaba entre 250 y 300 millones de dólares. Entre los interesados se contaban Electricidad de Caracas en sociedad con Houston Industries, AES Americas Inc., de Arlington, Coastal Power Co., de Houston y Enron.

La adquisición del 80% -unos 17.2 millones de acciones- de EEGSA la hizo Iberdrola de España junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) de ultramar y Electricidad de Portugal. El grupo pagó 520 millones de dólares, mientras que el gobierno estaba esperando sólo un poco más de 200 millones. Al momento de la venta solo acudieron otros tres consorcios. Uno de ellos, el integrado por Unión Fenosa Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció 475.5 millones. Los otros dos fueron Energua (Electricidad de Caracas) con una oferta de 319.2 millones de dólares, y AES Corporation con 240 millones de dólares.

El gobierno guatemalteco fue asesorado por Salomon Smith Barney. Al momento de la venta EEGSA tenía una deuda de 43 millones de dólares y distribuía el 70% de la energía de Guatemala, teniendo el resto otra empresa. La deuda debía ser absorbida por comprador. La empresa había operado con pérdidas en 1995 y 1996, pero a raíz del aumento de las tarifas para 1997 tuvo ganancias netas de tres millones de dólares. Desde 1972 EEGSA pertenecía al Estado en un 96.1%, mientras la que diferencia de 3.9% estaba en manos privadas.

Las 3.46 millones de acciones restantes de EEGSA, correspondientes al 16.1%, serían colocadas en la Bolsa de Valores Nacional (BVN) en agosto de 1998. Un año antes el gobierno de Arzú había iniciado la privatización, cuando la estadounidense Guatemalan Generating Group adquirió por 30 millones de dólares las dos plantas generadoras de energía de EEGSA. El trato se refería al derecho exclusivo de generar y suministrar electricidad por 18 años, para lo que invertiría 200 millones de dólares.

En lo que restaba de distribución del INDE -Instituto Nacional de Electrificación- se planeó su venta en noviembre de 1998, quedando en manos del Estado la generación y transmisión. Para ese acto el gobierno contrató la asesoría de Schroders-Citibank, estableciéndose también que esa parte de distribución sería dividida en dos partes, la del Este del país, con unos 200,000 usuarios, y la del Oeste, con más de 375,000 usuarios.

El gobierno de Arzú estuvo de la mano de grandes empresarios guatemaltecos para forzar la privatización -gustaban llamarle desincorporación- y pasar por encima de una gran cantidad de obstáculos, como la oposición política, los grupos sindicalistas, desinterés de la inversión extranjera y las quejas de muchas irregularidades en el proceso mismo de privatización, avalado por el Comisionado Presidencial para la Modernización. El plan contemplaba la concesión de terminales aéreas, puertos marítimos, correos, y los institutos Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Guatemalteco de Turismo -Inguat-.

  • Colombia

En 1997 se vendió el 48% de los activos de la Empresa de Energía de Bogotá, que fueran tomados por inversionistas de Chile y España.

El 15 de julio de 1998 el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer la decisión de vender el 65% de las acciones de sus empresas de electricidad de la región Caribe, como son los departamentos del Atlántico, César, Magdalena y Guajira. La fecha señalada era el 23 de julio de 1998 y se refería al denominado paquete Electrocaribe. En la misma fecha se planeaba realizar igual trato para las empresas eléctricas del norte de Colombia: los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magangue y Sucre.

Ambos grupos pertenecían a la Corporación Eléctrica de la costa Atlántica (CORELCA), entidad señalada en el pasado de grandes hechos de corrupción y otras irregularidades, por lo que tuvo que ser sometida a profundas reformas. El proceso de privatización de 1998 siguió el ejemplo de 1997. Los candidatos depositaron sus ofertas en dos urnas; en la primera contenía los detalles técnicos y legales, y las pólizas de seguro. En la segunda urna se depositaban las ofertas económicas, que se supone se mantenían secretas hasta la fase final de la adjudicación.

El 28 de julio de 1998 se planeaba definir la venta del 65% de la electrificadora de San Andrés y Providencia, archipiélago sobre el mar Caribe. El destino de los ingresos de la venta era cubrir los pasivos de éstas empresas. Se pretendía también con la co-inversión eliminar los déficit con que se había estado operando.

A pesar de la oposición sindical a la venta de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Colombia (Telecom), se concedieron licencias a operadores privados para competir con los servicios del estado. El servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional se planeaba ser abierta en diciembre de 1998 a la competencia privada.

  • Ecuador

En 1997 el gobierno dividió la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) en dos sociedades anónimas. ANDINATEL para la sierra andina y la Amazonia y PACIFICTEL para la costa. En noviembre de 1997 se puso a la venta el 35% de las acciones de ambas empresas, pero los inversionistas extranjeros no mostraron interés.

En agosto de 1998 el Consejo Nacional de Modernización dio a conocer la evaluación de un tercer intento de vender la telefonía, probando las bolsas de valores. La presión presupuestaria nacional fue lamentable sobre todo en 1998, ante el hecho de tener en mayor índice de evasión fiscal de Latinoamérica, alcanzando un 70%.

  • Chile

Ya para fines de los noventas todo lo vendible en telecomunicaciones estaba privatizado. En 1998 se contaban nueve empresas telefónicas matriciales de cobertura nacional e internacional, entre las cuales CTC captaba el 70% del mercado.

En 1980 comenzaron a operar las administradoras de fondos de pensiones -AFPs-, siendo hasta cinco años después que se les permitió invertir en acciones de empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores. Doce años después la Superintendencia de Pensiones de Chile les autorizó el invertir en el extranjero.

Para 1998 habían 5 millones 300 mil empleados chilenos afiliados al sistema de pensiones, compuesto por unas doce administradoras, equivalente al 95% de la fuerza laboral, A esa altura, los países que trabajaban con ese sistema eran Argentina, México, Bolivia, Colombia y El Salvador. Julio Bustamante, Superintendente de Pensiones de Chile y furioso defensor del sistema, evaluó los primeros cien días de las AFPs en El Salvador, asistiendo personalmente durante varios días a la Superintendencia de ese país. ‘Dejemos que el sistema funcione’
fue su cuña de justificación a ese momento, en que algunos sectores políticos pedían amplias reformas a la ley respectiva.

En el momento en que los chilenos se jactaban de que en El Salvador se había seguido su modelo de pensiones, en Santiago de Chile la Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CEPCH) denunciaba serias violaciones sistemáticas de las AFPs y despidos masivos sin indemnizaciones, dentro de un desorden de malos manejos y una tasa de rendimiento real decadente. Para septiembre de 1998 los proximadamente 30 mil millones de dólares administradas por las AFPs sufrían cierto desequlibrio que se atribuía a la crisis asiática, habiendo bajado la rentabilidad en un 2.1% a pesar de que sólo una pequeña fracción de los fondos se invertía en el extranjero.

La Cámara de Comercio de Santiago de Chile calculó que las privatizaciones en Latinoamérica alcanzarían en 1998 unos 80 mil millones de dólares, más del doble de 1997. Por otra parte, Securites Data Co calculó en 1998 que las privatizaciones de 1997 habían llegado a los 31 mil 400 millones de dólares, siendo un incremento del 142.7% con relación a 1996.

El 28 de agosto de 1998 Chile sacó a licitación el manejo de cuatro muelles en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente-Talcahuano, por los que pasa el 48% de las 22.3 millones de toneladas que transportaba la empresa estatal Emporchi. Las ofertas fueron recibidas hasta finales de diciembre. Inicialmente se pensó en dar a conocer el ganador en enero de 1999.

  • Venezuela

El campo petrolero Boquerón, perteneciente a la petrolera estatal PDVSA, fue adjudicada a Union Texas de Estados Unidos en mayo de 1998, en un contrato para operar la extracción durante 20 años. La operación se hizo en conjunto con Preussag de Alemania, que posee el 33.33% del contrato de Boquerón. Con los otros dos tercios de Union Texas, el contrato costó en total US$175 millones.

PDVSA, que había tenido en 1997 una producción de 3.76 millones de barriles diarios, no aspiraba en el momento del contrato a cumplir en 1999 con la meta de 4 millones de barriles diarios.

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue parcialmente privatizada en 1991, mediante una subasta en la que el 40% de las acciones fueron adquiridas por un consorcio formado por GTE y ATT de Estados Unidos, Telefónica de España, y de Venezuela el Banco Mercantil y Electricidad de Caracas. En agosto de 1998 BellSouth de Estados Unidos aumentó a casi el 78% de su participación en Telcel Cellular al pagar 210 millones de dólares por otro 21% de la telefónica celular.

El grupo EDC abarca empresas dedicadas a electricidad, telecomunicaciones, agua y otras actividades.

A EDC de Venezuela pertenecen Luz Eléctrica de Venezuela, la Electricidad de Guarenas y Guatire, y Luz Eléctrica de Yaracuy.

En agosto de 1998 el presidente saliente Rafael Caldera intentaba dar un impulso a las privatizaciones que nadie pudiera detener, al fijar el 17 de septiembre siguiente como la fecha del tercer intento de venta de las empresas de aluminio, con un nuevo llamado a subasta a la que únicamente parecían estar interesados Billiton de Gran Bretaña, Kaiser de EEUU y Sural de Venezuela, los que formaban un consorcio. La fecha anterior fracasada fue el 25 de julio de 1998, y la primera el 24 de marzo del mismo año. En ese entonces los interesados habían considerado muy elevado el precio base de 2 mil 100 millones de dólares, de los que el Estado recibiría unos 592 millones, ante la necesidad de pagar una deuda de más de un mil 100 millones de dólares de la Corporación Aluminio de Venezuela. Este grupo estaba conformado por Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca, cuya privatización fue encomendada al Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV).

El 15 de septiembre de 1998 el gobierno logró privatizar la primera empresa eléctrica, el Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENE), que abastece a las islas de Margarita, Coche y Cubagua, al oriente de Venezuela. Con un precio base de 35 millones de dólares, el contrato para operar por 50 años fue vendido por 90.01 millones al grupo Enelmar, compuesto por CMS Electric & Gas, de Estados Unidos, y las venezolanas Casa Paris y Consultores Occidentales. La entidad a cargo fue el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), estimando como un éxito la operación, después de que serios problemas ocasionaran la huida de nueve de los once grupos calificados.

El otro que se quedó a ofertar fue Fuerza Eléctrica de Nueva Esparta, ofreciendo 52.2 millones de dólares. A eso se añadía la desventaja de la obsolescencia de la red eléctrica.

Enelmar estaba comprando el 70% del SENE, quedando un 20% para los empleados y el 10% restante para el mercado local de capitales.

Según Argentaria de España, en 1998 Venezuela tenía la moneda más sobrevalorada de Latinoamérica, viéndose ante una gran presión a la devaluación.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse que los procesos de apertura de los Monopolios Públicos podrían traer mucho más perjuicios que beneficios a la mayoría pobre del país de no hacerse de una forma estudiada y fríamente analizada. Agregar aún mayores penurias a esa población, enajenar la economía y deteriorar aún más las condiciones de vida, ejercerían sobre el sistema político un indudable efecto desestructurador. Ya sea, por la vía del incremento del autoritarismo que será necesario para controlar la presión o por la aún mayor deslegitimación de los partidos políticos que apoyen dicho proceso.

La privatización de algunos servicios públicos como la electricidad, telecomunicaciones, seguros, etc., no es un fenómeno resultante de las circunstancias locales en un marco de tiempo limitado (como fue el caso durante las décadas de 1960 y 1970), sino, mas bien,.ante todo una acción política, que tiene poco o muy poco “valor intrínseco” como estrategia económica nacional, por lo que, en efecto, no haría nada para generar nuevos empleos ni incrementar el nivel de ahorro e inversión, y no crearía nuevas fuerza productivas si no se aplica correctamente si, como se mencionó anteriormente, la misma no se lleva a cabo como el resultado de un estudio general de las instituciones dueñas de los monopolios que se pretenden abrir y vender a la empresa privada.

RECOMENDACIONES

Quienes elaboramos este trabajo recomendamos que deben darse una serie de situaciones alternas a la privatización en la que las relaciones entre lo público y lo privado resulten compatibles con las necesidades de las mayorías nacionales. O en su defecto, que en la decisión de proceder o no con la apertura de los Monopolios Públicos en poder del Estado no se incluyan solamente las fuerzas políticas y sindicales de este país que, en la mayoría de las ocasiones, no hacen nada mas defender sus intereses personales como es de todos conocido, sino que se tome en cuenta también la opinión de los ciudadanos quienes son los que sufren por un mal servicio por el que pagan y del que no tienen otra alternativa para escoger. Consideramos también que es de suma importancia de que, en el caso de que se de una apertura, las empresas que vengan a operar en el país lo hagan con la total supervisión del Estado de manera que no se den los abusos que se puedan generar en cuanto a los precios y calidad de servicios. Aún cuando lo anterior suene un poco utópico, por las experiencias vividas en situaciones anteriores.

Se debe pensar en el desarrollo de la nación pero no en detrimento de las clases sociales que son las que la conforman y le dan el soporte para su existencia.

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Leiton Villalobos Geovanny. (2005, julio 25). Apertura de los monopolios y privatizaciones en Costa Rica. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/apertura-de-los-monopolios-y-privatizaciones-en-costa-rica/
Leiton Villalobos, Geovanny. "Apertura de los monopolios y privatizaciones en Costa Rica". GestioPolis. 25 julio 2005. Web. <http://www.gestiopolis.com/apertura-de-los-monopolios-y-privatizaciones-en-costa-rica/>.
Leiton Villalobos, Geovanny. "Apertura de los monopolios y privatizaciones en Costa Rica". GestioPolis. julio 25, 2005. Consultado el 1 de Septiembre de 2015. http://www.gestiopolis.com/apertura-de-los-monopolios-y-privatizaciones-en-costa-rica/.
Leiton Villalobos, Geovanny. Apertura de los monopolios y privatizaciones en Costa Rica [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/apertura-de-los-monopolios-y-privatizaciones-en-costa-rica/> [Citado el 1 de Septiembre de 2015].
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