Reorganización empresarial en USA y Capítulo 11

LA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA: EL "CHAPTER 11"
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende abordar el estudio de los institutos concursales de carácter
preventivo, o más bien de carácter conservativo reorganizativo, en el sistema jurídico
establecido por medio de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos de América. Este
estudio está dirigido a conocer los aspectos más generales de este sistema tan particular,
donde el sistema jurídico sirve de marco entre los intereses de los acreedores frente a los
propios del deudor-empresario, y los mecanismos para conciliar dichos intereses. Resulta
sumamente importante tener un conocimiento general de esta figura, no sólo por la ayuda
que nos puede brindar en el entendimiento del propio sistema costarricense; sino por
cuanto los efectos que produzcan las crisis en las empresas norteamericanas podrían ser
amortiguados de mejor manera por un profesional que comprenda la mecánica concursal
en los Estados Unidos de América.
Es innegable la conexión entre los mercados de los países del continente americano, ya
sea en mayor o menos grado dependiendo del nivel de conexión comercial existente. Los
problemas de depresión económica en una nación como Estados Unidos, México,
Canadá y Chile, y otros mercados importantes podrían tener consecuencias desastrosas
en nuestro país; especialmente en tiempos en que la globalización y los procesos de
integración económica acercan más nuestros sistemas económicos. Todo esto, pone de
manifiesto la innegable importancia de analizar estos institutos jurídicos aplicables a las
épocas de crisis empresarial.
El presente trabajo se plantea en primer momento tres objetivos generales, los cuales me
ayudarán a delimitar el tema y enfocarme en aquellos aspectos que considero más
relevantes. El primero de ellos es conocer los procesos concursales previstos en la Ley de
Quiebras de los Estados Unidos de América; en segundo lugar poder identificar los
principales elementos del proceso concursal contenido en el "Chapter 11" de la Ley de
Quiebras de los Estados Unidos, y finalmente estudiar los aspectos más relevantes de la
relación entre los acreedores y el deudor.
Con la finalidad de desarrollar dichos objetivos específicamente intentaré identificar
ciertos antecedentes históricos que permitan entender la naturaleza del instituto
reorganizativo estadounidense, y posteriormente las principales diferencias entre los
procesos concursales previstos en los capítulos 7, 11, y 13 de la Ley de Quiebras de los
Estados Unidos de América. Posteriormente determinaré cuales son los requisitos
subjetivos y objetivos para poder presentar una solicitud de reorganización empresarial de
conformidad con el capítulo 11 de la ley norteamericana. Igualmente importante será
describir las diferentes fases del proceso de reorganización empresarial según la
legislación estadounidense, todo ello tomando en cuenta la relación entre el deudor y los
acreedores, los aspectos importantes que la afectan. A lo largo del trabajo, me permitiré
realizar comentarios comparativos entre el instituto procesal que se analiza, y nuestra
legislación, de forma tal que un liviano estudio de derecho comparado ayude a identificar
más efectivamente los aspectos de cercanía y lejanía entre ambos sistemas.
El proceso de reorganización en nuestro país, es de reciente introducción, especialmente
si se toma en cuenta que la normativa aplicable a los procesos concursales preventivos
fue incorporada junto con la promulgación del actual Código Procesal Civil en 1989.
Normas que serían reformadas posteriormente en 1996. Con ello lo que trato de dejar
planteado desde este momento es que comparativamente, la historia y el desarrollo de
ambos sistemas marca una primera y muy importante diferencia.
Finalmente, considero necesario hacer la aclaración de que en esta monografía se utilizan
como sinónimos los términos Capítulo 11 y Chapter 11; y en este mismo sentido al
referirme a la legislación norteamericana le llamo Ley de Quiebras, o Código de Quiebras
y con ello, estoy haciendo referencia al Título 11 del Código de los Estados Unidos, que
es el cuerpo normativo que regula los procesos concursales.
SECCION I. PROCESOS CONCURSALES EN LA LEY DE QUIEBRAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Esta primera sección, busca establecer el marco general del trabajo, por lo cual en primer
lugar intentaré destacar algunos elementos históricos que nos permitan conocer los
antecedentes más importantes del derecho concursal vigente, para posteriormente
esquematizar las diferencias más importantes existentes entre los distintos capítulos de la
Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Es importante indicar que en la segunda parte de
esta sección, no me limitare únicamente a revisar los procesos concursales preventivos,
sino más bien se hará una descripción general de los procesos concursales en general
que resulten más relevantes en la legislación estadounidense.
A. ANTECEDENTES DEL DERECHO CONCURSAL.
El derecho concursal podría pensarse que es de desarrollo muy reciente, no obstante sus
antecedentes podrían ser ubicados desde épocas muy antiguas. Sus orígenes podrían ser
identificados inclusive en el derecho romano; no obstante se muestran rasgos más
fácilmente identificables a partir de la Baja Edad Media. Para el jurista José Leyva
Saavedra, es posible identificar tres fases en la evolución del derecho concursal. La
primera fase se inicia en la Baja Edad Media y concluye con la Primera Guerra Mundial,
en dicha época los procedimientos de insolvencia presentes en los diversos sistemas
legislativos consistían, principalmente, en instrumentos de ejecución del patrimonio del
deudor, que por lo general era comerciante, es decir los procesos concursales tenían una
finalidad netamente liquidatoria. En esta época la situación del deudor comerciante, a
diferencia del civil, resulta aún más grave, ya que su misma Corporación lo sometía, o lo
hacía someterse, a severas medidas de carácter personal quien normalmente huía para
evitar dichos procedimientos. Con el tiempo las distintas legislaciones buscaron velar por
los intereses de la clase de los comerciantes y de los ciudadanos dañados por el deudor
insolvente. Esta época trató de regular conflictos entre particulares y asegurar una
pacífica solución al problema con el único modo posible: la liquidación del patrimonio del
deudor sobre el cual se ejercita la ejecución colectiva. En esta primera fase se considera
la necesidad de contar con órganos de justicia que permitan garantizar el buen desarrollo
de acciones colectivas manteniendo un balance entre los intereses de los acreedores y
del insolvente. Al acercarse el final del siglo XIX, y término de esta primera etapa surgen
los primeros convenios preventivos judiciales, situados en un momento anterior a la
quiebra, los cuales debían ser aprobados primero por los acreedores bajo régimen de
mayoría para ser luego homologados por el juez.
No obstante es importante destacar que en este período, no va a ser la viabilidad
económica de la empresa lo que delimite la apertura del convenio frente a la quiebra, sino
la aplicación de criterios subjetivos, en el sentido de valorar la conducta del empresario o
comerciante, de manera tal que la figura del convenio se limitaba al "comerciante bueno
pero desafortunado", es decir se refiere a la forma en que el comerciante ha desarrollado
su actividad económica, de no ser así se procedería directamente con la quiebra.
La segunda fase se ubica temporalmente después de la primera guerra mundial al darse
la crisis industrial, en esta época comienza a sentirse un especial interés por la
conservación de las empresas en lugar de su liquidación. El sistema jurídico y político en
esta fase realiza una valoración del enfrentamiento o coincidencia de los intereses
privados del empresario, quien podría intentar eludir la quiebra o conservar por los menos
la posibilidad de continuar en el ejercicio de la propia actividad; y los intereses de los
acreedores, quienes eventualmente podrían preferir aceptar las propuestas del deudor
antes que hacer uso de la quiebra, especialmente en los casos en que la opción
liquidadora brindaría un pago muy reducido de los créditos y una opción distinta brinda
una mejor posibilidad de recuperación económica. Dentro de estos sistemas la quiebra
aparece como una opción a la crisis económica que extingue al deudor y a las deudas
frente a los convenios que, como institutos alternativos a la quiebra, buscan la solución a
la crisis por vías conservativas extinguiendo las deudas mediante arreglos; pero
manteniendo con vida al deudor. Durante esta época los sistemas jurídicos se limitaron a
predisponer ciertos instrumentos jurídicos que tenían la finalidad de servir como un
regulador de conflictos entre los acreedores y el insolvente, no obstante es importante
indicar que en esta época aún no se protegían los intereses de los acreedores
minoritarios en el sentido de que pudieran impedir arreglos de la mayoría de los
acreedores con el deudor insolvente. Inclusive en varios sistemas procesales se permitió
una moratoria de pagos para facilitar este tipo de arreglos cuando el deudor no conseguía
recuperar la capacidad financiera íntegramente.
La tercera fase se iniciaría en la segunda post guerra. Esta época se caracterizará por un
mayor interés del Estado en las crisis económicas de las empresas, consecuencia de que
las empresas ya no solamente ponen en riesgo el capital de los socios y de la empresa
misma, sino que ponen en peligro y afectan a una gran masa de inversionistas o
ahorristas al recurrir al crédito y la colocación de valores en el mercado. La aparición de
grandes empresas que acuden a la captación de fondos en el público y de financiamiento
de entidades estatales agrava los efectos perjudiciales de la insolvencia empresarial. Es
posible considerar que en esta fase, la quiebra y los otros procedimientos liquidatorios,
como medios de solución de las crisis de las empresas, entran en un proceso de crisis ya
que:
"Cuando la disgregación de los medios de producción de la empresa insolvente se
considera contraria al interés de la colectividad, es fácil sostener que la crisis se afronte
con otros medios, incluso jurídicos, más eficaces. La quiebra, pues, a estas alturas
deviene en una hipótesis residual: queda destinada a las iniciativas económicas que no
han alcanzado dimensiones e importancia tales como para implicar el interés público".
Se deben plantear entonces los distintos ordenamientos jurídicos la problemática la
búsqueda de una salida que responda en forma más eficiente a los intereses de la
colectividad, entendiendo por ello la inclusión de intereses económicos colectivos: la
estabilidad del mercado.
Algunas fuentes de Derecho Comparado señalan el sistema norteamericano como el
primero en plantear la necesidad de configurar institutos concursales preventivos de
carácter reorganizativo desde finales del siglo XIX. De esta forma el primer antecedente
en esta materia se ubica en la Ley de Compañías Ferroviarias de 1867, en la cual se
estableció un procedimiento de reorganización de empresas ferroviarias y que
posteriormente fue expandido a otras formas de organización empresarial, como un
procedimiento concursal tramitado a través de los "Tribunales de Equity".
Estas formas de solución de crisis económicas se ven aceleradas en su desarrollo
institucional luego de la gran depresión económica y la caída de Wall Street en 1929. Así
la legislación norteamericana sentada en esta materia sobre la base que le daba el
Bankruptcy act de 1898, es sometida a importantes reformas en los años 30’s. En 1934 se
modifica el procedimiento de reorganización de sociedades ferroviarias para ser aplicado
en forma general a todas las sociedades. Pocos años después, en 1938 se introduce una
nueva reforma conocida como "Chandler Act", promulgada de conformidad con el artículo
1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. Esta es una ley que estaría dirigida
a mantener en vida a las sociedades por acciones y, en efecto, reestructurarlas o
reorganizarlas, antes que liquidarlas. En dicha legislación se estableció un procedimiento
especial de reorganización para sociedades capitalistas, y que constituye el antecedente
inmediato de la actual "Reorganización Empresarial", introducida el 6 de noviembre de
1978. En ese momento mediante la "Ley de Reforma a la Ley de Quiebras", nace el
nuevo "Bankruptcy Code" que entraría en vigencia el 11 de octubre de 1979,
posteriormente modificado en 1984 y 1994.
A la luz de estos cambios en la legislación norteamericana, que no resulta en un
fenómeno aislado y que luego se extendería al resto de las legislaciones, se puede hablar
de una nueva filosofía concursal. Este nuevo pensamiento supera aquellas ideas de que
ante la insolvencia del deudor como víctima de las fuerzas del mercado, de su mala
suerte, o inclusive de su ineptitud o mala fe, el sujeto debía ser dejado a una liquidación y
desapoderamiento para que se honrara hasta la medida de lo posible sus obligaciones
económicas. Con la inserción del interés público en los problemas económicos de los
comerciantes, el Estado encuentra razones para buscar el mantenimiento de la empresa
como uno más de los medios de producción del país, es decir, al Estado le interesa
mantener en lo posible la estabilidad económica de aquellos mecanismos generadores de
riqueza, y que forma parte esencial del balance financiero del país, de la sociedad.
El sistema desarrollado a partir de este pensamiento, intentará dejar como última opción
el desmembramiento del deudor, para buscar soluciones en las que se puedan satisfacer
de mejor manera los intereses de todos aquellos que se verían afectados por un cese en
las operaciones, incluidos los trabajadores, los terceros, el propio titular, e inclusive los
mismos acreedores. Comienza a nacer aquí un principio moderno del derecho concursal:
El principio de "conservación de la empresa", el cual eventualmente puede llegar a
satisfacer de forma más eficiente los intereses antes indicados. En este sentido
podríamos afirmar junto con Leyva Saavedra que la conservación de la empresa viable
aparece como principio general, rector y medular de la nueva filosofía concursal
existiendo así mayores posibilidades de satisfacción de los acreedores si la empresa se
reorganiza. Los enormes costos que implica la reasignación total de los recursos, el
interés público que se vería afectado por la eliminación de la empresa en crisis y la
esperanza de abaratar los costos administrativos a través de procedimientos adecuados
de conservación, llevan fácilmente a la conclusión de que la liquidación ha dejado de ser
la norma general y se ha convertido en la norma residual del sistema concursal.
En el derecho norteamericano el "equity receivership" como procedimiento reorganizativo
a través de los tribunales de equidad, consistía en el nombramiento por parte del juez de
un administrador, ante la solicitud de un acreedor y en el supuesto de que el deudor se
encontrara en falta de pago de obligaciones vencidas. Este acto judicial suspendía de
inmediato todas las acciones ejecutivas contra el deudor. Los acreedores se organizarían
en comités de acuerdo al tipo de crédito que accionarían en contra del deudor insolvente,
para defender en forma grupal los intereses por naturaleza del título. Estos comités
deberían aprobar un plan de reorganización de la empresa y nombrar los miembros de un
comité de ejecución del plan que se encargaría de llevar a cabo lo dispuesto en el plan.
Normalmente el plan de reorganización preveía la constitución de una nueva sociedad a
la que se transfería el activo de la sociedad deudora, suscribiendo las acciones de la
nueva sociedad los anteriores acreedores, accionistas y demás terceros que gozaran de
alguna obligación en contra del deudor. Para aquellos acreedores, que a lo interno de su
comité no había aceptado el plan, el comité de reorganización les pagaría lo que la
antigua sociedad deudora les debía mediante la venta judicial de ciertos bienes sobre la
base de un precio mínimo fijado por el juez, combinando de esta forma vías liquidativas
con fines reorganizativos.
Este "equity receivership" que podría ser traducido al español como un
"desapoderamiento justipreciado", tendrá un importante efecto en la evolución de los
concursos preventivos, especialmente en lo que corresponde a los procesos
reorganizativos, en el tanto "plantea la necesidad de coordinar la reorganización de la
sociedad deudora con los derechos preexistentes de acreedores, accionistas y terceros
afectados por la crisis de la empresa, regulándose así su participación en la futura
sociedad reorganizada, lo que, constituirá una constante en el Derecho Americano. Con
esta finalidad se constituyen en el «equity receivership» comités de acreedores,
accionistas y obligacionistas que asuman separadamente la protección de los intereses
no siempre coincidentes, de estas categorías de sujetos dentro de la sociedad
reorganizada."
En el citado "Bankruptcy Code" están regulados todos los procedimientos concursales
que el sistema norteamericano pone a disposición de los interesados para la solución de
las crisis económica-financieras tanto de las personas físicas como jurídicas, tenemos así
las siguientes opciones : a) procedimientos liquidativos o "liquidation proceedings" que se
regula en el capítulo 7; b) ajuste de deudas de un municipio o "adjustments of debts of a
municipality" que está definido en el capítulo 9; c) reorganización o "reorganization"
conocido también como capítulo 11; d) ajuste de deudas de familia granjera con un
ingreso anual regular o "adjustments of debts of a family farmer with regular annual
income" localizado en el capítulo 12; y finalmente e) ajuste de deudas de persona física
con ingreso regular o "adjustments of debts of an individual with regular income" capítulo
13. El primero es un procedimiento base del que se excepcionan las sociedades de
gestión de ferrocarriles, de seguridad nacional y las instituciones de crédito. Los otros, por
su parte, se presentan como alternativas al primero, aunque el segundo y el tercero con
carácter especial.
Junto a estos típicos procedimientos concursales encontramos los llamados "friendly
adjustments y assignments for the benefit of creditor", que son procedimientos de
liquidación extrajudicial del patrimonio del deudor. Estos procedimientos se tramitan ante
la National Association of Credit Men, institución que opera a través de un departamento
especial compuesto por expertos concursales. Los bienes del deudor son transmitidos al
"Departamento de Expertos", del Ministerio de Justicia, los que procederán, por medios
extrajudiciales, a su ejecución en beneficio de los acreedores.
Siendo que este trabajo tiene como finalidad adentrarse en el sistema legislativo
norteamericano, y habiendo definido el marco histórico en el cual evolucionaron los
procesos concursales de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, corresponde analizar
3 de las distintas opciones que ofrece dicho sistema.
B. PROCESOS CONCURSALES EN LOS ESTADOS UNIDOS
El sistema para atender crisis empresariales en los Estados Unidos, por medio de la
Legislación de Quiebras, intenta mantener un equilibrio que beneficie tanto al deudor
como a los acreedores, buscando solucionar la existencia de deudas que no pueden ser
asumidas por el deudor, mientras que los acreedores puedan ser pagados mediante
aquellos bienes que no son indispensables para que el acreedor pueda seguir adelante
con su actividad. Los procesos concursales se encuentran regulados por un grupo de
normas federales que en conjunto son conocidas como el Título 11 del "Código de los
Estados Unidos". El título 11 se subdivide en capítulos, algunos regulan aspectos de
manera genérica en cuanto a cuestiones procesales aplicables a todos los tipos de
procesos concursales, mientras que otros capítulos corresponden a formas específicas de
procesos concursales. Por ejemplo, los capítulos 1 y 3 regulan aspectos aplicables a
todos los procesos, como terminología, plazos, legitimación procesal, entre otros; y los
capítulos 7, 11 y 13, establecen procesos concursales específicos.
El Título 11 o "Código de Quiebras", como ley federal tendrá jerárquicamente un nivel
superior en cualquier conflicto que se presente entre éste y la legislación estatal, por ser
una ley especial fundamentada directamente en la Constitución. Como ya se puso en
evidencia en el aparte anterior, existen básicamente cuatro procedimientos concursales
en la Ley de Quiebras que se analizarán a continuación, no obstante trataré de hacer
mención general de algunos capítulos relevantes en la estructura del Código de Quiebras.
1. NORMAS GENERALES.
2.
En relación con las normas generales en materia de quiebras, éstas las encontramos en
los capítulos primero, tres, y cinco del Título 11 del Código de los Estados Unidos. En
estos capítulo encontraremos un marco general aplicable a todos los procesos
concursales contenidos en la legislación norteamericana.
i. CAPÍTULO PRIMERO.
El capítulo primero del código contiene regulaciones de carácter general. Así por ejemplo
la sección 101 define los términos utilizados en el resto de la normativa: ¿Que es un
representante legal?, ¿Qué es una petición? ¿Qué es una deuda de un consumidor?,
¿Qué es un acreedor?. En consideración de los juristas norteamericanos, este tipo de
terminología podría parecer evidente, pero este sistema jurídico opta por establecer
definiciones, ya que los términos simples o amplios podrían prestarse a confusión. De
esta forma, encontramos la definición de "individuo con ingresos regulares", y que
corresponde a "todo aquel cuyo ingreso es suficientemente estable y regular que le
permita a este sujeto realizar pagos dentro de un plan definido según el capítulo
decimotercero de este título, excluido el corredor de bolsa." Este término utilizado en el
capítulo trece lo define el Capítulo Primero junto con una serie de regulaciones cuya
finalidad es dar claridad y uniformidad al título 11 en general. Pero el capítulo primero no
se limita únicamente a definiciones terminológicas, en él encontramos delimitaciones en
relación con la aplicación de normas a algunos de los tipos de procesos contemplados en
este código. En la sección 105 encontramos la definición de las funciones del órgano
jurisdiccional, otro ejemplo de lo previsto en el Capítulo Primero es la indicación de la
sección 107 en relación con la publicidad de los documentos sometidos al procedimiento
concursal por las partes y que con pocas excepciones permite a cualquier de las partes
en el proceso tener acceso a la información del deudor, inclusive la contable. En la
sección 109 se define quien puede gestionar el inicio de un proceso de esta naturaleza y
la sección 110 dispone sobre las acciones de funcionarios para-judiciales y no abogados.
ii. CAPÍTULO TERCERO.
El Capítulo Tercero del código define el rol de las partes involucradas en el proceso, tanto
las funciones del juez como de los curadores, depositarios, e inclusive de los acreedores.
En este capítulo se define el proceso en términos generales y los efectos generales de
iniciar un proceso concursal. En las secciones 301 a la 307 se dispone lo relacionado con
la presentación de acciones judiciales voluntarias y no voluntarias, quiebras grupales, y en
general el procedimiento para iniciar una quiebra, o cualquiera de los restantes procesos
concursales. A lo largo de las secciones 321 a la 331 se instauran los depositarios,
fideicomisarios, curadores, se definen sus obligaciones, y a quien corresponde la carga
financiera del pago de éstos. Igualmente en dichas secciones se establecen el rol y
funciones de los abogados, así como de otros profesionales que participan en el proceso,
asimismo se incluye lo relativo a honorarios profesionales.
En las secciones 341 a la 350, el capítulo contiene disposiciones relativas a las reuniones
de acreedores, envío de edictos y notificaciones, las limitaciones de la Quinta Enmienda
en lo que atiende a la auto-incriminación de actos delictivos, las posibilidades de
conversión de un tipo de proceso en otro, la terminación normal y anormal del proceso.
De la sección 361 a la 366 corresponde lo relativo al uso y destino de los bienes durante
el transcurso del proceso, de forma tal que se definen los parámetros para vender,
arrendar, o mantener activos; de la misma forma se regula lo relativo a la generación de
deudas o préstamos durante el proceso concursal. Específicamente la sección 362, será
la que a partir del momento en que se ha interpuesto la acción judicial detenga toda otra
acción judicial en contra de los activos del sujeto que se ha sometido al proceso.
3. TIPOS DE PROCESOS CONCURSALES
En relación con los distintos tipos de procesos concursales, en esta sección haremos una
breve explicación de tres de ellos, me refiero a los contenidos en los capítulos siete, once
y trece. Ello con la finalidad de dar al lector una visión general de las características
generales de cada uno de ellos.
i. CAPÍTULO 7- LIQUIDACIÓN
El Capítulo 7 del Código o Ley de Quiebras corresponde al capítulo liquidatorio, y que en
ocasiones es identificado como la "quiebra directa". Este es el tipo más común de proceso
de quiebra utilizado en el sistema norteamericano, y es al que normalmente se hace
referencia al mencionar el término quiebra. La finalidad del proceso de quiebra
comprendido en el Capítulo 7 es proteger al deudor contra sus acreedores.
Cuando una persona solicita el inicio de un proceso al amparo del Capítulo 7, su meta es
eliminar la mayoría o todas sus deudas. El proceso contenido en este capítulo es
permitido cuando las deudas en su mayoría se encuentran sin garantía o cuando no
existen posibilidades de ejecución. Este tipo de proceso opera sobre todo cuando la
naturaleza de las deudas corresponden a préstamos o tarjetas y juicios de crédito,
Este capítulo se sub divide en cuatro Subcapítulos. El Subcapítulo primero se ocupa de
los deberes del administrador. El Subcapítulo segundo atiende lo correspondiente a
inventarios, liquidación y la distribución de los bienes del quebrado. El Subcapítulo tercero
regula la liquidación del corredor de bolsa y el Subcapítulo cuarto corresponde a la
liquidación de los "commodity brokers" o corredores o comisionistas de mercancías
futuras.
Para los deudores sometidos a este tipo de proceso el Subcapítulo II (sección 721 a 728)
contiene una serie de regulaciones de importancia particular a sus intereses, puesto acá
se establece su derecho de continuar operando su negocio mientras se desarrolla el
proceso de quiebra, se establece la posibilidad de amortización de deudas sobre bienes
inmuebles, el tratamiento de ciertos embargos preventivos, disposición de activos,
descarga de deudas y ciertas disposiciones relativas al pago de impuestos.
Desde el punto de vista del deudor, la meta es obtener la liberación de sus deudas
mediante un acto de naturaleza judicial que establece la eliminación de aquellas deudas
que cumplan con los requisitos necesarios para ello. Las deudas liberadas en este
proceso quedarán totalmente extintas como si nunca hubiesen existido. Existe un límite
de temporalidad periódica en cuanto a la posibilidad de utilizar este recurso. En este
sentido las personas que califican para someterse a este régimen no pueden iniciar este
tipo de proceso más de una vez cada seis años. La filosofía jurídica que da fundamento a
este proceso es permitir la liberación del individuo de sus deudas como fundamento del
sistema democrático estadounidense. Ello debe lograr mantener un equilibrio razonable
entre los intereses de los grandes empresarios financieros (prestamistas) y de los
individuos que son a criterio del legislador quienes colectivamente han construido dicha
sociedad.
El proceso se inicia con la presentación de las correspondientes fórmulas y documentos.
Posteriormente la autoridad judicial designa a un administrador quien será responsable
del manejo de los bienes del quebrado y de asegurar el uso correcto y adecuado de la ley.
Aproximadamente cuatro semanas después del comienzo del proceso, el deudor se reúne
con sus acreedores. Si los activos del deudor están conformados por bienes exentos de
ser liquidados en este proceso de quiebra, la liberación de la deudas será pronunciada
judicialmente alrededor de cuatro meses después del comienzo del proceso. En caso de
que existan activos susceptible de ser liquidados, la ley autoriza al administrador para
proceder inmediatamente a su venta, para pagar según corresponda a los acreedores.
En principio cualquier persona física o jurídica puede solicitar el inicio de un proceso de
quiebra al amparo del Capítulo 7, sin embargo no todo aquel que se someta a este
proceso obtendrá una extinción de sus deudas. Para ello inicialmente el deudor debe
encontrarse en un estado de insolvencia. La condición de insolvencia se establece en
relación con la incapacidad de poseer ingresos disponibles adecuados para pagar a los
acreedores. Esta condición de insolvencia deberá ser debidamente demostrada, y con ello
el sistema se garantiza que el beneficio sea recibido únicamente por aquellos sujetos que
efectivamente se encuentren en dichas condiciones y no exista un abuso por sujetos que
no se encuentren en ese estado.
El Código de Quiebras establece que a partir del momento en que se presenta un proceso
de quiebra bajo el Capítulo 7 se suspenden todas las acciones y procesos iniciados por
los acreedores contra el deudor. Así como se impide el inicio de cualquier otra nueva
acción legal en dicho sentido. Esto se conoce como una "cesación automática" y es
considerada una de las disposiciones con efectos más fuertes entre la normativa federal.
Esta cesación automática abarca prácticamente todo tipo de procesos, desde desahucios,
hasta ejecuciones hipotecarias, el deudor no puede ser demandado, ni ser objeto de
ningún tipo de ejecución patrimonial. Incluso el gobierno mismo no puede realizar ningún
tipo de cobro por deudas, incluyendo la falta de pago de impuestos.
Cuando se solicita la declaratoria de quiebra, se establece una figura conocida como
"patrimonio del quebrado" que contendrá la totalidad de los bienes del deudor al momento
del inicio del proceso. El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos nombrará a un
curador para que administre el patrimonio del quebrado, para lo que se le da completo
control sobre dichos bienes. Aproximadamente 4 semanas después de iniciado el proceso
el deudor se deberá reunir obligatoriamente con sus acreedores, a lo que se le llama
"Audiencia del 341" (ya que se regula en dicha sección del Título 11). Dicha audiencia
será presidida por el curador, y en caso de que el deudor no se presente el proceso se
termina y archiva inmediatamente.
Durante esta única audiencia con los acreedores el deudor cuenta con la oportunidad de
presentar documentos y corregir o completar cualquier información que se considere
necesaria; así como agregar acreedores o activos que fueron omitidos en la presentación
inicial del proceso.
Una particularidad que merece indicarse es el caso de que existan créditos con garantías
reales sobre bienes muebles o inmuebles, ello no impide la posibilidad de excluir a dicha
obligación mientras la misma se encuentre al día y el quebrado se mantenga haciendo el
pago de las obligaciones regularmente a pesar de iniciarse un proceso de quiebra de
conformidad con este capítulo. De esta forma el quebrado no está obligado a entregar
aquellos bienes dados en garantía real y sobre los cuales aún existe una deuda
pendiente, mientras no hayan saldos vencidos. Existen varias formas de proceder en un
caso como este, una primera opción será la de comprometerse a continuar haciendo los
pagos en los mismos términos pactados originalmente, otra segunda opción sería pagar el
valor comercial del bien como abono a la deuda, y dejar la diferencia al régimen normal
del concurso preventivo, claro está que esta opción resulta lógica únicamente cuando el
.valor del bien, no es superior al total de la deuda.
Posterior al inventario de bienes, el curador emitirá un informe y una recomendación con
base en lo cual el órgano jurisdiccional autorizará la venta de bienes cuando éstos
existan, la forma de distribución y pago entre los acreedores y dará por extinguidas las
deudas no pagadas y los saldos insolutos.
La duración del proceso resulta aproximadamente en seis meses, luego de que el
administrador ha concluido su labor de administración, venta de activos, y pago de
acreedores, el proceso se da por terminado. Terminado el asunto se libera al
administrador de sus responsabilidades en cuanto al patrimonio del deudores y se da por
concluida la cesación automática y cualquier nueva obligación podría ser requerida a su
cumplimiento judicialmente sin ningún problema.
Finalmente es importante hacer algunas anotaciones sobre la participación del curador y
del juez en el proceso. En primer lugar debemos indicar que el Juez resulta casi invisible
para el quebrado, ya que no habrá contacto directo entre ellos a menos que exista
conflicto entre los acreedores y el deudor, o entre el curador y el deudor, o bien entre los
acreedores y el curador, de forma tal que el juez deba resolver algún punto debatido entre
ellos; pero de no ser así, por su naturaleza administrativa la quiebra se desarrolla fuera
del ámbito del juez. En cuanto al curador es posible indicar que el rol que desempeña el
curador dependerá obviamente del tipo de proceso concursal en el que nos encontremos.
Si estamos en el proceso contemplado en el Capítulo 7, la intervención del curador es
mucho más limitada que en el proceso de reorganización empresarial del Capítulo 11 en
el cual se podría requerir una mayor participación en las actividades diarias de la
empresa. De esta forma las funciones del Curador se limitan a la custodia del "patrimonio
del quebrado", con excepción de lo referente a la operación diaria del negocio de la
persona física o jurídica sometida a este proceso de quiebra, la cual queda en manos del
deudor durante el curso del proceso. En este período, el deudor se ve limitado por la
imposibilidad de realizar actos de enajenación sobre los bienes de la empresa más allá de
los actos regulares relacionados con el giro normal de la empresa. Pero en general, se
puede indicar que corresponderá al curador la labor de inventario, administración, venta y
liquidación de las deudas a los acreedores. Normalmente el contacto directo entre el
curador y el deudor es igualmente reducido y en ocasiones se limita al encuentro en la
audiencia con los acreedores definida en la sección 341, según ya se ha dicho.
ii. CAPÍTULO 11 - REORGANIZACIÓN
El Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, o Ley de Quiebras, es
frecuentemente identificado como el "Capítulo de la Reorganización". A pesar de que este
capítulo es normalmente utilizado por grandes empresas, nada impide su uso por parte de
individuos particulares o pequeñas empresas. Dentro de los beneficios que brinda este
Capítulo 11 se pueden señalar que el plazo extraordinario o de gracia para el pago de las
deudas ordinarias del sujeto es aplicado inclusive al pago de impuestos y cualquier otra
acreencia estatal. La mecánica de la reorganización normalmente permite que el deudor
continúe con la operación normal de la empresa aún durante el período en que la
empresa se encuentra sujeta al proceso contenido en el Capítulo 11.
La filosofía que respalda el proceso de reorganización consiste en el hecho de que en la
mayoría de los casos es más cuantioso el valor de la empresa como unidad productiva,
que la suma de sus activos valorados en forma individual. La experiencia norteamericana
ha sido más beneficiosa a los intereses sociales en cuanto a la reorganización, que en el
caso de la liquidación, especialmente si se toma en cuenta el beneficio de brindar
mecanismos para lograr mantener operando los medios de producción del país. En
relación con el Capítulo 11, prefiero dejar su análisis para la segunda parte de esta
monografía en el tanto es el objeto central del presente trabajo de investigación, por lo
que pasaré de inmediato a describir en forma genérica el capítulo 13.
iii. CAPÍTULO 13 – AJUSTE DE DEUDAS
El proceso concursal contenido en el capítulo 13 es conocido como "Ajuste de Deudas de
Persona Física con Ingresos Regulares". Este es el segundo tipo más común de proceso
concursal utilizado en los Estados Unidos. El objetivo buscado en este tipo de proceso es
pagar las deudas de una manera ordenada sin llegar a considerarlas extintas en
comparación con lo que sucede en el capítulo 7.
Resulta lógico preguntarse, para que pagar las deudas, cuando existe la posibilidad de
declararlas extintas bajo los sistemas previstos en el Capítulo 7. No obstante, existen
condiciones en las cuales el Capítulo 7 no ofrece la mejor solución a los individuos,
resultando más conveniente optar por el Capítulo 13. Estos casos corresponden a
aquellas situaciones en las cuales el deudor opta por pagar en su totalidad las deudas,
pero para ello necesita una prórroga mayor a la que sus acreedores estarían dispuestos a
brindarle. La mayoría de las personas que recurren a este mecanismo, es debido a que se
han retrazado con el pago de sus hipotecas y temen enfrentarse a una posible ejecución
de dicha garantía real. En tales situaciones, este proceso concursal ofrece la posibilidad a
los deudores de contar con un plazo de gracia de hasta tres años para pagar los montos
incumplidos, en el tanto se encuentren en posibilidad de continuar haciendo los pagos
regulares para los saldos no vencidos.
En vista de que el proceso regulado en el Capítulo 13 es prácticamente un plan de ajuste
de deudas, dicho capítulo se enfoca especialmente en regulaciones relacionadas con el
plan de pagos. Las secciones 1301 a 1307 se relacionan con temas como el derecho de
los codeudores, el curador o administrador, el derecho del deudor de participar en nuevos
negocios, la conversión y el rechazo de solicitudes. Las secciones 1321 a 1330 se ocupan
del plan del reembolso, su contenido, modificaciones, la audiencia de confirmación, plan
de pagos, y la descarga de deudas sin pagar.
Ante la interrogante de cuando es conveniente presentar una solicitud de proceso
concursal bajo el Capítulo 13, la respuesta dependerá de la naturaleza de las deudas y de
los objetivos perseguidos por el deudor. Si las deudas corresponden sobre todo a tarjetas
de crédito y deudas sin garantía, resultará más conveniente el proceso establecido en el
capítulo 7; pero si el deudor pretende arreglar una falta de pago de créditos garantizados
mediante hipoteca y necesita varios meses para poder ponerse al día podría ser más
conveniente utilizar el Capítulo 13. Como presupuestos económicos, el sujeto que desee
someterse al proceso deberá tener deudas sin garantía inferiores a $250,000.00 y deudas
con garantía por un máximo de $750,000.00. Es importante recordar lo indicado en el
análisis que se hizo del proceso liquidatorio del Capítulo 7, en el sentido de que a pesar
de que en la Quiebra el deudor podría proteger aquellos bienes garantizados mediante
garantía real, debe ponerse y mantenerse al día con los pagos, o bien comprar el bien en
su valor comercial; ambas situaciones resultan inconvenientes si de lo que se trata es de
la acumulación de un saldo vencido precisamente por no haber podido enfrentar un
crédito garantizado mediante garantía real.
A diferencia del proceso liquidatorio del Capítulo 7, no existe un límite de tiempo en la
frecuencia en que una persona pueda solicitar un "Ajuste de Deudas de Persona Física
con Ingresos Regulares". Esta situación se fundamenta en el hecho de que no se
pretende dejar de pagar las deudas, sino readecuarlas dentro de un plan de pago que así
lo permita. El proceso concursal establecido en el Capítulo 13 es muy similar al
establecido en el Capítulo 7 excepto por la existencia del plan de ajuste de deudas, un
plan que deberá ser aprobado por la corte en una audiencia de confirmación.
El proceso se inicia con la presentación de las correspondientes fórmulas y documentos.
Posteriormente la autoridad judicial designa a un administrador o curador quien será
responsable del manejo de los bienes del quebrado y asegurar el uso correcto y
adecuado de la ley. Aproximadamente cuatro semanas después del comienzo del
proceso, el deudor se reúne con sus acreedores, para la presentación y discusión del plan
de reajuste de deudas. Este plan como ya se ha indicado deberá ser aprobado por la
autoridad judicial a cargo del proceso concursal. Una vez que el plan es aprobado, el
deudor comenzará a realizar el pago de las cuotas a través del administrador o curador
quien hará los desembolsos primero a los acreedores privilegiados y posteriormente a los
acreedores no privilegiados, en caso de que éstos existan y hayan sido contemplados por
el plan. El proceso se dará por terminado una vez que el plan de reajuste ha sido
ejecutado completamente, para lo cual el lapso estándar es de tres años. En condiciones
muy calificadas y en los que exista buena fe el juez podría considerar la aprobación de un
plan por cinco años, extensión máxima en cualquier caso.
El proceso aquí descrito resulta exclusivo para ser utilizado por personas físicas. En el
caso de personas jurídicas que intenten pagar sus deudas por encontrarse en un estado
de crisis y que pretendan continuar funcionando, deberán iniciar un proceso al amparo del
Capítulo 11. Al proceso de "Ajuste de Deudas de Persona Física con Ingresos Regulares"
se le han establecido límites en cuanto a la cantidad de deudas garantizadas y deudas sin
garantía, así como el valor del total de pasivos en mora. Los sujetos que excediendo esos
límites se encuentren en crisis deberá optar por un proceso concursal bajo las
regulaciones del Capítulo 7 o del Capítulo 11 en los cuales no existe ninguna limitación
económica.
El Código de Quiebras, al igual que en los otros procesos que ya han sido comentados
establece una "cesación automática" a partir del momento en que el sujeto inicia el
proceso de "Ajuste de Deudas", lo cual impide a todos los acreedores de iniciar o
continuar cualquier esfuerzo legal o de otro tipo, para cobrar sus créditos; ello les obliga a
incorporarse al proceso para ser agregado su crédito al "Estado de Quiebra". Esta
disposición al igual que el proceso liquidatorio del Capítulo 7 afecta tanto créditos privados
como públicos, incluyendo el pago de todo tipo de impuestos o cargas.
Cuando se solicita la declaratoria de quiebra, se establece una figura conocida como
"patrimonio del quebrado" que contendrá la totalidad de los bienes del deudor al momento
del inicio del proceso. El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos nombrará a un
curador para que administre el patrimonio del quebrado, para lo que se le da control
temporal sobre dichos bienes. Aproximadamente 4 semanas después de iniciado el
proceso el deudor se deberá reunir obligatoriamente con sus acreedores, a los que se le
llama audiencia del 341 (puesto que se regula en dicha sección del Título 11). Dicha
audiencia será presidida por el curador, y en caso de que el deudor no se presente el
proceso se termina y archiva inmediatamente. Posteriormente se llevará a cabo una
audiencia de confirmación del plan ante el juez a cargo del presente proceso.
Finalmente es importante hacer algunas anotaciones sobre la participación del curador y
del juez en el proceso, las cuales resultan sumamente similares a lo descrito supra sobre
el Capítulo 7. En primer lugar debemos indicar que el contacto del quebrado con el Juez
resulta muy limitada excepto en el caso que exista conflicto entre acreedores y deudor, o
entre el curador y el deudor, o bien entre los acreedores y el curador, de forma tal que el
juez deba resolver algún punto debatido entre ellos; pero de no ser así, por su naturaleza
administrativa la quiebra se desarrolla fuera del ámbito del juez. En segundo lugar la
participación del juez prácticamente consistirán en confirmar el plan de reajuste en la
audiencia dispuesta para ese efecto. En cuanto al curador es posible indicar que el rol que
desempeña el curador dependerá obviamente del tipo de proceso concursal en el que nos
encontremos, mientras que en el proceso de reorganización empresarial del Capítulo 11
requiere una gran participación en las actividades diarias de la empresa, en el proceso
contemplado en el Capítulo 13, su intervención es mucho más limitada. De esta forma las
funciones del Curador se limitan a la custodia del "patrimonio del quebrado", con
excepción de lo referente a la operación diaria del negocio de la persona física sometida a
este proceso de quiebra, la cual queda en manos del deudor durante el curso del proceso.
En este período, el deudor se ve limitado por la imposibilidad de realizar actos de
enajenación sobre los bienes de la empresa más allá de los actos regulares relacionados
con el giro normal de la empresa. Pero en general, se puede indicar que corresponderá al
curador la labor de inventario, administración del plan y en consecuencia al pago a los
acreedores según el orden que disponen la ley y el plan. Normalmente el contacto directo
entre el curador y el deudor es igualmente reducido y en ocasiones se limita al encuentro
en la audiencia con los acreedores definida en la sección 341, según ya se ha dicho.
SECCION II. EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
Como ya se ha indicado en la sección anterior el Proceso de Reorganización, como forma
de enfrentar una crisis económica, data en realidad del siglo antepasado, cuando
alrededor de 1867 se establecieron dispositivos legales para atender las necesidades del
sector ferrocarrilero. En ese momento el País tomando en cuenta la importancia de
mantener a las empresas ferroviarias, e impulsado por ciertos pensadores europeos en
materia de derecho concursal, se aventuró a considerar mecanismos que permitieran en
cierta medida la satisfacción de las obligaciones de los acreedores, y por otro lado evitar
la muerte de la empresa como unidad productiva y de desarrollo. No es de extrañarse que
en la Nación del norte, se realizaran esfuerzos por mantener con vida una empresa que
forjaría el futuro desarrollo de la nación misma. Los legisladores que aprobarían el
"Railway Companies Act" con gran visión lograron valorar bajo la lupa de la conveniencia
los intereses públicos frente al mantenimiento o la liquidación de empresas de dicha
naturaleza.
Años después, esta forma tan particular de reorganizar una empresa en crisis fue
extendida a otras personas jurídicas. El proceso de evolución jurídica, no tuvo que
esperar muchos años para que en 1898 se emitiera el "Bankruptcy Act", la cual sería
reformada en varias ocasiones. En los años treintas como consecuencia de la depresión
económica se buscaron formas de darle estabilidad al sector empresarial y comercial del
país, en esta época aparece el "Chandler Act" de 1938. Posteriormente en 1978, se
introduciría el "Edwards Act" o "Bankruptcy Reform Act", que vendría a definir tal y como
se conoce hoy el "Bankruptcy Code", y que finalmente recibiría algunas modificaciones
menores en 1986. En la normativa vigente el proceso concursal preventivo de
"Reorganización" es conocido como el "Chapter 11" o "Capítulo 11", por cuanto el mismo
se regula en dicho capítulo del Título 11 del Código de los Estados Unidos. Actualmente
existe planteada una reforma a esta legislación que se discute tanto en el Senado como
en el Congreso.
En esta sección, esta monografía pretende analizar los elementos estructurales del
proceso de "Reorganización" según es concebido en el sistema norteamericano, es decir
los presupuestos subjetivos, objetivos, y definir en forma genérica las fases del proceso.
A. PRESUPUESTOS SUBJETIVOS
Al identificar los presupuestos subjetivos, deberemos contestar a la pregunta: ¿Quién
puede someterse al régimen conocido como Chapter 11?. Es decir cuales son las
características personales que exige la ley para poder autorizar el inicio de un proceso de
esta naturaleza. En cuanto al tipo de deudor que la ley permite, no existe mayor limitación,
es decir en principio son elegibles para someterse al proceso de reorganización tanto
personas físicas en forma personal o comercial, como también personas jurídicas, en las
distintas formas que puedan existir de acuerdo a la legislación norteamericana.
Esta forma de proceso concursal preventivo no distingue entre grandes o pequeños
empresarios, es decir, no establece un límite respecto de activos, pasivos, porcentajes
adeudados, tipos de deudas que cargue el deudor, etc. Igualmente este tipo de proceso
puede ser solicitado por quienes sufran de una crisis financiera no en virtud de su
actividad comercial ordinaria, sino también por aquellos que se encuentran soportando
grandes cargas impositivas ya sea estatales o federales. Dichos sujetos deberán tener su
residencia, domicilio, centro de operaciones o bienes en Estados Unidos, de conformidad
con la Sección 109 del Capítulo 1, del Código de Quiebras. En la práctica este tipo de
procesos son más utilizados por grandes e importantes empresas y sociedades de capital,
mientras que el sujeto individual opta por el "Ajuste de Deudas" previsto en el Capítulo 13,
por cuanto le resulta más sencillo y menos costoso, que la reorganización.
Quedan excluidos de la posibilidad de acudir a este procedimiento las compañías
aseguradoras, entidades de crédito, corredores y agentes involucrados en el mercado de
valores, y los "commodity brokers" o corredores o comisionistas de mercancías futuras.
Para estos dos últimos casos existen disposiciones específicas en los Subcapítulos 3 y 4
del Capítulo 7 según se indicó supra. Esta situación es comparable con las exclusiones
que en Costa Rica realiza el artículo 712 del Código Procesal Civil para los bancos, y
demás entidades públicas o privadas sometidas a fiscalización directa de la
Superintendencia General de Entidades Financieras, las que se rigen tanto por la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional como por la del Banco Central de Costa Rica.
En el caso de nuestra legislación los requisitos objetivos son distintos a los contenidos en
la legislación norteamericana en el sentido de que no se permite la utilización de este tipo
de proceso preventivo para el patrimonio personal de individuos en una situación de crisis.
De conformidad con lo establecido en el artículo 709 del Código Procesal Civil, es posible
que el proceso de Administración y reorganización con intervención judicial sea iniciado
tanto por personas físicas o jurídicas, pero en función de un patrimonio en crisis no
personal sino empresarial. Es decir, no interesa la naturaleza de la persona, sino del
capital o patrimonio que se encuentra en crisis, de forma tal que este instituto únicamente
protege empresas en crisis. Ahora bien en relación con el tipo de empresas, ello se
discutirá más profundamente al analizar los requisitos de carácter subjetivo. Lo importante
es dejar establecido que mientras en nuestro país no se permite el uso de este tipo de
soluciones para una crisis en el patrimonio personal, en los Estados Unidos ello si es
posible. Un aspecto que merece destacarse es que en nuestro país el artículo 710 del
Código Procesal Civil excluye de someterse al proceso de administración y reorganización
con intervención judicial las empresas cuyos funcionarios, dueños o socios hayan
incurrido en culpa grave o dolo, con el fin de someterse a dicho proceso.
Es importante aclarar que en la legislación norteamericana, no es necesario tomar en
cuenta consideraciones de tipo económico social, como si sucede en nuestra legislación.
En el caso de Costa Rica, el artículo 709 exige como un requisito de carácter subjetivo y
de valoración obligatoria por parte del juez, que la desaparición de la empresa pueda
provocar efectos sociales perniciosos, sin posibilidades de fácil sustitución. Para realizar
esta valoración el juez deberá tomar en cuenta entre otros, el número de empleados
cesantes, de proveedores y acreedores afectados, y de los clientes de los cuales la
empresa afectada sea proveedora. Esta decisión el juez la debe tomar ayudado por un
peritaje que analice precisamente dichos aspectos.
Un segundo elemento subjetivo y que resulta similar en ambos sistemas es que no se
establecen requisitos en relación con el tamaño de la empresa o del capital a reorganizar
o intervenir. Indistintamente, de los requisitos adicionales que pueda establecerse en
cuanto a la relevancia de la actividad o rol desempeñado por la empresa, no existe ningún
elemento en ninguno de los dos sistemas en cuanto al tamaño de las deudas, patrimonio,
activos, o cualquier otro elemento que esté dirigido a clasificar la empresa como grande,
pequeña o mediana. En el caso del Capítulo 11, existe claridad en cuanto a la irrelevancia
de este hecho, no obstante en Costa Rica, en forma indirecta el juez podría excluir una
empresa y aceptar otra en función del tamaño de la empresa, argumentando razones de
relevancia de la empresa.
En relación con el tema de quienes pueden solicitar la apertura de un proceso bajo el
Capítulo 11, ha existido cierta discusión en relación con la posibilidad de que las figuras
denominadas "partnerships" que se encuentran en proceso de disolución puedan ser
sujeto de protección por el Capítulo 11. En relación con este tema, es necesario destacar
las razones que justifican el proceso de reorganización contenido en el Código de
Quiebras norteamericano, y que consiste precisamente en el beneficio para todas las
partes (deudor, acreedores, empleados, y otros terceros afectados) de proceder a una
reorganización en lugar de proceder a una liquidación, siempre y cuando el costo sea
razonable. Varias resoluciones de Tribunales Federales han resuelto sobre el tema. Por
ejemplo, en el caso de C-TC 9th Avenue Partnership v. Norton Co. el juez analizó que si
bien el Capítulo 11 habla sobre "partnerships" como posibles sujetos a someterse al
proceso de reorganización, no se refiere nunca al tema de la disolución de éstas, por lo
que se debe optar por retomar la legislación de fondo, y en el tanto este Tribunal
consideró que una vez que el "partnership" entra en un proceso de disolución deja de
serlo. Adicionalmente valoró que en el tanto dicha entidad se encuentra en un proceso de
disolución no tiene ningún sentido permitir la aplicación del Capítulo 11 en el tanto no es
factible pensar en la reorganización de un ente que más bien se encuentre en proceso de
disolución. No obstante, a pesar de ser indiscutible que una entidad de esta naturaleza y
en dichas condiciones no puede ser reorganizada, el Tribunal Superior Federal de
Quiebras estableció que a pesar de la incapacidad de reorganización, nada impide que
este tipo de entidades en proceso de disolución, realice el proceso de liquidación de
deudas y disolución de la empresa bajo el marco del Capítulo 11, especialmente
existiendo la posibilidad de que a través de este proceso se aumenten las posibilidades
de recuperación para los acreedores. Como conclusión en este asunto, es posible
señalar, que los beneficios de la reorganización son extensibles inclusive a aquellas
formas de organización empresarial que por distintas razones se encuentran en un
proceso de disolución. De esta forma podrían recibir los beneficios del proceso concursal
de reorganización, con la finalidad no de continuar el ejercicio de la actividad comercial,
sino con el objeto de obtener el beneficio del plazo y poder operar un plan que satisfaga
más eficientemente las obligaciones que deban ser liquidadas. En este caso estaríamos
ante una reorganización con fines liquidatorios, caso contrario del "equity receivership" en
que existía una liquidación con fines de reorganización.
B. PRESUPUESTOS OBJETIVOS
En relación con los presupuestos objetivos, corresponde plantearnos la interrogante:
¿Cuándo un sujeto puede ser sometido al proceso de reorganización? ¿Cuál es la
condición en que debe encontrarse el deudor para poder iniciarse un proceso de
reorganización?. A este respecto es importante indicar que el presupuesto objetivo se
encuentra delimitado por las secciones 301 y 303.H del Código de Quiebras, y que dichos
presupuestos resultan comunes tanto a los procesos liquidatorios, como a los
conservativos. En el caso de que la reorganización sea solicitada por el mismo deudor, es
decir estemos en el caso de una "solicitud voluntaria", la sola petición constituye una
causa automática de apertura del procedimiento, independientemente de la situación
económica en que se encuentre la empresa. Por esta razón la doctrina ha considerado
que la reorganización es un derecho casi indiscutible del deudor.
En el caso de que estemos ante una solicitud planteada por un agente distinto al deudor,
será necesario que se cumpla alguna de las condiciones contempladas en la Sección 303,
del Título 11 del Código de los Estados Unidos. Dicha sección establece dos supuestos
bajo los que se puede iniciar un proceso concursal, cuando lo solicitan los acreedores, el
primer caso es el de falta de pago con carácter general de las deudas a su vencimiento, y
el segundo es el nombramiento dentro de los 120 días anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de apertura de un "Custodian".
En relación con el primer presupuesto objetivo de apertura de la reorganización, es decir
en función de una falta de pago con carácter general, al momento de aprobar la actual
legislación en el Senado de los Estados Unidos se discutieron distintas propuestas. En el
proceso de creación de la norma se discutió si sería relevante o no el estado de
insolvencia en que se pudiera encontrar el deudor, es decir, si además de la falta de pago
se exigiría que existiese una crisis económica, ya sea que se tratase de un desbalance o
falta de liquidez, y cubrir así inclusive aquellos casos en los que el deudor hubiese dejado
de pagar no por imposibilidad material, sino por una cuestión simplemente voluntaria.
Finalmente el legislador norteamericano optó por limitar el inicio del proceso concursal a
la falta general de pago, con independencia de la situación económica de fondo
subyacente, se alegó en ese momento que era necesario adelantar el momento de
apertura del procedimiento para facilitar con ello la reorganización.
Un segundo aspecto importante de definir, sería lo relacionado con el nivel o grado de
pagos incumplidos necesarios para considerar si existe una "falta de pago general" o no.
Un sector de la doctrina ha interpretado que el concepto "general" tiene un sentido
numérico, y que por tanto no sería suficiente para la apertura del proceso que el deudor
hubiese incumplido el pago tan solo de una pequeña parte de sus deudas. Otro sector de
la doctrina, considera que lo relevante no es el número de acreedores insatisfechos, sino
la importancia de las deudas y la relación proporcional con su pasivo. A este respecto y
como bien cita Pulgar: "La Comisión de Derecho Concursal señaló que tal cuestión, por
ser de hecho, debía dejarse a la apreciación de los tribunales, quienes "habrían de tener
en cuenta tanto el número como el importe de las deudas".
El otro presupuesto objetivo de apertura del procedimiento, consiste en el nombramiento
de un "custodian" dentro de los 120 días anteriores a la fecha en que los acreedores
presenten la solicitud de apertura. El concepto "custodian" es definido por la Sección 101
de la Ley de Quiebras, como el nombramiento de un sujeto para que se haga cargo de los
bienes del deudor, y ello fue interpretado por el legislador norteamericano como evidencia
o presunción de una situación financiera grave, por lo que resultaba importante proteger a
los acreedores. Resumiendo, se puede apuntar, que el sistema norteamericano exige una
de dos condiciones externas, la cesación de pagos, o el nombramiento del
custodian. Como se ha indicado estos son hechos o situaciones externas, que nada tiene
que ver con la situación económica del deudor, por lo que ello para el legislador resultó
irrelevante. El sistema americano ha preferido optar por dos condiciones externas que
puedan ser consideradas como indicios de una situación financiera que implique la
existencia de una eventual crisis. El problema, es que se ha limitado únicamente a estas
dos, sin dejar una fórmula abierta que permita aplicarlo a situaciones análogas de igual
sentido en la valoración de una posible o eventual situación de quiebra. Para corregir este
problema la doctrina norteamericana, ha venido interpretando que el concepto "falta de
pago" debe ser entendido en sentido amplio, abarcando cualquier hecho externo que sea
indicativo de una imposibilidad de pago de las deudas a su vencimiento, este supuesto
incluiría situaciones tales como ocultación del deudor, pagos preferentes, cesiones
fraudulentas de bienes, préstamos ruinosos, cierres de locales, entre otros.
Es importante destacar que en Costa Rica no existe nada relacionado con la figura del
"Custodian" y que ello consiste en una figura típica del derecho anglosajón. En nuestro
país, se contempla únicamente el presupuesto de falta de pago. Sin embargo nuestro
Código Procesal le ha dado un tratamiento diferente, ya que de conformidad con su
artículo 709, se refiere a los casos en que la empresa se encuentra en una situación
"económica financiera difícil, con cesación de pagos o sin ella, que sea superable, y que
no se haya declarado la quiebra, el concurso civil, o se encuentre en un procedimiento de
convenio preventivo". Nótese, que en el sistema contenido en el Código Procesal Civil,
expresamente se indica que no es necesario la falta de pago, aunque la comprende como
una posibilidad. De la letra del Artículo 709 se desprende con claridad, que al legislador
costarricense si le interesó la situación económica subyacente de la empresa. Existe en
este artículo una combinación de dos elementos de importante trascendencia, en primer
lugar la situación económica en crisis y en segundo lugar que dicha situación económica
sea superable. Lo cual no resulta un requisito en la Ley de Quiebras, para poder
someterse al Capítulo 11, de hecho, ya se indicó que en el caso de los "partnerships" en
disolución, según la jurisprudencia de ese país nada impedía que el proceso de
reorganización, fuese utilizado aun cuando el "partnership" estuviese disolviéndose. Ello
deja en duda si interesan las posibilidades de recuperación; pareciera más bien que
interesa determinar si existe posibilidad de ejecución del plan y los posibles beneficios
que ello pueda implicar a favor de los acreedores.
C. FASES DEL PROCESO
En el caso de la reorganización norteamericana, para lo efectos del presente trabajo se
identificarán dos fases, que son las que considero como principales en este proceso
concursal preventivo. Dichas fases corresponden en primer lugar a la fase o etapa de
apertura o inicio del proceso; y una segunda que identifico como de ejecución del plan o
fase reorganizativa. En la primera fase trataré de analizar aquellos aspectos relacionados
con la gestión de la solicitud, y el trámite que se le da exclusivamente, por cuanto lo que
corresponde a requisitos objetivos y subjetivos acaba de ser analizado. En relación con la
segunda fase, dirigiré los comentarios a los pormenores de la aplicación del plan y de la
eventual terminación del proceso una vez que se haya logrado o no ejecutarlo.
1. FASE INICIAL: APERTURA DEL PROCESO.
Como ya se indicó la solicitud de proceso de reorganización debe ser presentada ante el
Tribunal de Distrito con competencia territorial, junto con una serie de formularios y
documentación que debe ser cuidadosamente preparada. Si la solicitud es presentada
directamente por el deudor, la apertura del proceso resulta automática, como ya indiqué
anteriormente. Normalmente los procesos de reorganización son gestionados por el
deudor, quien deberá presentar un inventario de activos y pasivos, e identificar los veinte
acreedores más cuantiosos que no gocen de garantías crediticias. El sistema procesal
requiere información completa por parte del deudor, el ocultamiento de información por
parte del deudor podría implicar el archivo del expediente y posibles sanciones para el
deudor.
En el caso de que la apertura sea solicitada por un sujeto distinto al deudor, el tribunal
deberá realizar una doble valoración, por una parte deberá comprobar que existen los
presupuestos legales para la apertura del procedimiento y en segundo lugar un juicio de
oportunidad en el que valorará si los intereses económicos de los acreedores estarían
más protegidos con la apertura del procedimiento de reorganización que con el uso de un
proceso liquidatorio como el del Capítulo 7. Según nos indica Juana Pulgar, esta es la
primera decisión de contenido económico que realiza el juez en el proceso de
reorganización, y que se configura como un procedimiento de marcado carácter
judicialista. Debe destacarse además que en el momento de apertura del procedimiento el
tribunal sólo tomará en consideración intereses privados, lo que es una característica que
lo diferencia con nuestro sistema, en el cual como ya indicamos existe una valoración de
intereses públicos en el sentido de tomar en cuenta el impacto que pueda tener la
desaparición de la empresa. En un segundo lugar, en nuestro sistema aún cuando la
petición la presente el deudor, siempre existe una valoración económica de la situación
financiera de éste. No será hasta que se verifique que se cumplen los requisitos de ley,
que nuestro juez dicte el auto de apertura del proceso de administración y reorganización
con intervención judicial. Encontramos así dos diferencias muy importantes entre ambos
sistemas.
El deudor continuará manteniendo la posesión, gestión y administración de sus bienes,
pudiendo continuar un desarrollo normal de sus negocios. Esta forma de operar es lo que
se conoce como "debtor-in-possession" o sea deudor-en-posesión. En situaciones muy
calificadas, el Ministerio de Justicia y a solicitud del juez, designará un "trustee" figura
similar al curador costarricense que realizará ciertos actos de administración. Esto será
posible únicamente en las causales taxativas enumerados en la sección 1104 del Capítulo
11, en los que el deudor será sustituido para ciertos actos por el "trustee" o curador.
Dentro de las obligaciones del deudor se destacan la oposición contra la reclamación
de créditos improcedentes, yla actualización de la información contable y financiera de
la empresa mediante reportes mensuales. El deudor podrá contratar para efectos del
proceso contratar abogados, contadores, peritos, subastadores y otros profesionales,
siempre con la autorización del órgano jurisdiccional.. En el mismo sentido el deudor
requerirá autorización judicial para realizar actos de administración extraordinaria. Todo
esto implica, como ya se ha dicho que luego de la apertura del procedimiento, la empresa
seguirá funcionando en forma normal en manos del deudor y sólo excepcionalmente será
dirigida por el curador.
En relación con los efectos que produce la apertura del proceso, podemos indicar que al
darse por iniciado el proceso de reorganización, se produce lo que hemos identificado
como una "cesación automática" de todos los cobros. Esto implica que se paralizan todas
las acciones judiciales y administrativas contra el deudor, incluyendo todo tipo de embargo
contra los activos del deudor. El órgano judicial de oficio deberá constituir un comité de
acreedores y uno de accionistas, de forma que los intereses de los diferentes grupos
involucrados logren estar debidamente representados.
La finalidad de establecer esta cesación automática es que una vez que el plan de
reorganización es aprobado por el órgano jurisdiccional, se obligue tanto al deudor como
a los acreedores, liberando al deudor de toda acción anterior. Esto concederá un respiro
al deudor para poder así poner en ejecución todos los compromisos que contenga el plan
de reorganización.
2. FASE DE REORGANIZACIÓN: EL PLAN
Una vez declarada la apertura del proceso se inicia inmediatamente con el proceso de
reorganización. De esta forma se empieza a concretar la finalidad misma del proceso, sea
la conservación de la empresa a través de la ejecución del plan. Este plan, es pues, el
centro de gravedad del proceso mismo.
En el caso de que no se haya requerido el nombramiento de un curador, el deudor tendrá
un derecho de exclusividad para la proposición y aprobación del plan, frente a los demás
sujetos que acabo de indicar. Ello implica que durante los primeros 120 días, luego de la
apertura del proceso, solamente el deudor podrá proponer el plan y obtener su aceptación
durante los 180 días siguientes a esta apertura. Es decir ningún otro sujeto, podrá
proponer ni obtener la aceptación de plan alguno. En caso de que se haya nombrado un
curador que sustituya al deudor a estas alturas del procedimiento, la exclusividad antes
indicada será compartida con el resto de sujetos legitimados, entendiéndose por ello
cualquier interesado, el trustee o curador, el comité de accionistas, el comité de
acreedores y el deudor mismo.
En cuanto al contenido del plan, puede indicarse que éste se regula con mucha precisión
en la sección 1123 de la Ley de Quiebras, en donde se indica cual debe ser el contenido
obligatorio, y que se puede considerar como contenido voluntario. El contenido obligatorio
del plan debe ser homologado por el tribunal en un acto que se denomina "Confirmation".
Este plan deberá contener disposiciones en dos direcciones: solucionar el
cumplimiento de pago de los pasivos, y lograr la conservación de la empresa a través
de la "Reorganización".
El primer contenido obligatorio mencionado, se refiere a todas las medidas necesarias
para dar un adecuado tratamiento a los pasivos, esto es quitas y/o esperas que, en el
supuesto del deudor sea una sociedad, deberán concretarse sobre la base del trato que
se dará a todos los tipos de acreedores que existan. La legislación norteamericana presta
especial atención en la forma de afrontar la crisis, y la manera en que se afectarán los
intereses y derechos de todos los acreedores, y los accionistas, debiendo indicarse las
vías de participación de cada categoría en la futura sociedad reorganizada. Por ello el
plan debe ser muy claro en la forma en que se agrupen los acreedores, para lo cual será
necesario la semejanza sustancial entre los derechos de que son titulares los acreedores,
obligacionistas y accionistas a incluir en cada grupo, según se establece en la Sección
122.a del Código de Quiebras. De igual forma deberá concretarse quienes se verán
afectados, de conformidad con la sección 1123.a.2 del Capítulo 11, se entiende que un
grupo es afectado por el plan, si éste modifica los derechos del grupo que no puedan ser
satisfechos sus derechos de crédito totalmente (quitas) o a su vencimiento (esperas) o no
puedan ejercitar todos los derechos derivados de la titularidad de las acciones u
obligaciones. Esta afectación no podrá ser discriminatoria entre los integrantes de cada
grupo particular. En el caso de que el deudor sea una sociedad anónima, el plan deberá
prever la inclusión del mismo en el pacto social, de una prohibición de la emisión de
acciones sin derecho a voto, y garantizando la adecuada distribución del derecho al voto
entre los accionistas. Esta prohibición, tiene por finalidad garantizar que quienes las
suscriban, sean excluidos de una futura participación en la sociedad reorganizada.
En relación con el 2° contenido obligatorio sobre medidas reorganizativas, encontramos lo
dispuesto en la sección 1123.a.5 del Capítulo 11 en dichas normas se indica que el plan
deberá establecer los medios adecuados para su ejecución, sugiriendo medidas como la
retensión de todos o parte de los bienes de la masa; transferencia de toda o parte de los
bienes a una o más sociedades creadas antes o después de la homologación del plan,
produciéndose la transferencia del activo de la sociedad deudora a la nueva y la
suscripción de las acciones de la nueva sociedad por parte de los sujetos legitimados en
participar en el plan. Entre estas personas se encuentran los acreedores quienes verán
transformados sus créditos en acciones, sobre la base de la aportación de aquellos a
título de desembolso . En otras palabras, se da una fusión del deudor con sus acreedores,
ya sea por absorción o por constitución de una nueva sociedad. Dentro de las medidas
que ha de contener el plan se deberá incluir cuando sea necesario la venta total o parcial
de los bienes, ya sea que estén o no gravados, o bien la distribución de bienes entre los
acreedores con garantías o privilegios sobre ellos.
En relación con el contenido voluntario del plan, el mismo se regula en la sección 1123.b
del Capítulo 11. En dicha sección se indica que el contenido voluntario podría estar
enfocado a aspectos reorganizativos, así como algunos modos de arreglo del pasivo. Una
vez propuesto el plan, éste deberá ser aprobado en dos fases obligatorias, la primera
consiste en la aprobación por parte de todos los grupos de acreedores y accionistas, la
segunda corresponde a la homologación del juez.
En cuanto a la aprobación que realizan los acreedores, ésta no se lleva a cabo en forma
individual, sino por el contrario de forma grupal, de conformidad con las categorías que
han sido previamente establecidas. La legislación norteamericana realiza una distinción,
entre los grupos que deberán aceptar expresamente el plan y aquellos grupos que no es
necesario que acepten expresamente, siendo posible presumirse la aceptación o rechazo
del plan. En el caso de los acreedores se considera que un grupo ha aceptado el plan,
cuando voten favorablemente al menos dos tercios del importe de los créditos y más de la
mitad del número total de créditos reconocidos del grupo que efectivamente voten. Esta
doble exigencia tanto de número de créditos como del volumen que representen los
acreedores, busca garantizar un nivel de equilibrio entre el factor numérico y el elemento
económico. En el caso de grupos de accionistas y obligacionistas, se entenderá que el
plan ha sido aceptado si es aprobado por dos tercios del importe de los derechos
reconocidos del grupo. Una vez superada esta primera etapa de aprobación del plan, el
mismo deberá ser sometido a la aprobación judicial, a lo que se le atribuye el término de
"Confirmation".
Lo relativo a la homologación se encuentra establecido en la sección 1129.a del Capítulo
11, y en ella se pormenoriza el contenido, los aspectos relacionados con los grupos de
acreedores, el proponente del plan, la viabilidad y la ejecución del plan en sí. Durante
dicha homologación, el juez deberá verificar el trato que se la ha dado a cada uno de las
partes en el proceso, tutelando los intereses de éstos. Deberá verificar que el plan cumple
con el contenido obligatorio requerido por la ley, y deberá analizar si el proponente del
plan muestra buena fe en su proposición. Igualmente analizará los actos previos, entre
ellos el proceso mismo de aprobación por parte de los acreedores y accionistas, pagos
por servicios y gastos efectuados con relación al procedimiento, y el trato que se ha dado
a cada grupo de acreedores, entre otros.
Para la homologación del juez no es indispensable la aprobación por parte de todos los
grupos afectados, por lo que el juez verificará que la aprobación del plan fue hecha por
parte de quienes están llamados a hacerlo, así como cuales grupos no lo aceptaron. La
homologación puede ser viable, aún cuando sólo un grupo lo haya aprobado, ya que bajo
ciertas circunstancias, muy claramente definidas en la ley, es factible la imposición forzosa
del plan a los grupos que no hayan aprobado el plan. Estas circunstancias se definen en
la sección 1129.b del Capítulo 11, y que consisten básicamente en que el plan no
discrimine injustamente a ninguno de los grupos que no apoyaron el plan, de forma tal
que el grupo disidente reciba un trato igual o equivalente al dado a los aceptantes, y
finalmente el plan deberá ser considerado por el juez como justo y equitativo.
En forma similar, el juez deberá comprobar que el plan protege los derechos de aquellos
que no votaron a favor del plan, a pesar de que su grupo lo haya aprobado. Para ello, el
juez analizará que los miembros del grupo reciban al menos lo mismo que recibirían en el
caso de que en lugar de una reorganización se hubiera procedido a una liquidación según
se dispone en el capítulo 7. A su vez, el juez deberá verificar si el plan prevé tratamientos
específicos para algunos créditos preferentes o con prioridad; en concreto, para créditos
derivados de gastos de administración, respecto de los que debe preverse su pago en la
fecha en que se homologa el plan, como créditos tributarios, salarios, créditos por
aportaciones a fondos de pensiones en beneficio de los trabajadores, y créditos de
depósitos de consumidores.
El órgano judicial deberá también comprobar su viabilidad y cuestiones relacionadas con
su ejecución. La viabilidad es entendida en el sentido de que el juez determine que existe
capacidad para llevar a cabo el plan, y que las perspectivas de que la empresa recupere
la solvencia luego del proceso reorganizativo son reales. Se considera que este es el
mayor poder de discrecionalidad que se le otorga al juez en este tipo de proceso
concursal. En cuanto a la ejecución del plan, el tribunal se limita a examinar eventuales
conflictos de intereses o de parentesco entre los directivos, el curador, los socios en la
sociedad reorganizada, frente a los intereses de los acreedores e intereses públicos.
Este proceso de aprobación del plan, presenta grandes diferencias con nuestro sistema,
en el sentido de que mientras en el proceso norteamericano, se debe dar una aprobación
por parte de las otras partes interesadas y luego una homologación del juez, en el Código
Procesal Civil, únicamente se contempla la aprobación del plan por parte del juez. En
Costa Rica previo a la aprobación del plan por parte del Juez se les concede a los
acreedores la oportunidad de presentar observaciones al plan propuesto por el deudor,
igualmente el interventor y los miembros del comité presentarán un informe sobre el plan
en el cual emitirán su opinión. En esta fase, el juez eventualmente podrá ordenar las
pruebas que considere necesarias para pronunciarse sobre el mismo.
En relación con los efectos de la homologación judicial, se pueden identificar al menos
tres: a) el carácter obligatorio del plan para todos los interesados, b) el deudor recobra su
gestión, si excepcionalmente la perdió; y c) la liberación del deudor de todas las deudas
reconocidas en el proceso. Luego de que el plan ha sido homologado tanto por los
acreedores, así como por el juez, se deberá proceder a ejecutarlo, a partir de este
momento el deudor ya no será más un deudor-en-posesión sino que será un deudor
reorganizado. La cesación automática dejará de ser aplicable, aunque la prohibición de
acciones judiciales por deudas anteriores a la entrada en vigencia del plan, se mantendrá
invariable. El deudor se obligará a pagar todas las sumas requeridas por el plan como
parte del proceso de reorganización. El plan definirá las relaciones a partir de ese
momento como un nuevo pacto entre el deudor, sus acreedores, y sus accionistas.
El proceso de reorganización podrá llegar a término de dos formas: una de ellas es la
ejecución exitosa del plan y la otra corresponde a la imposibilidad de su ejecución. En
este último caso, se debe proceder a la conversión del proceso de reorganización en un
proceso de liquidación con arreglo de lo dispuesto en el capítulo 7. Dicha conversión se
puede producir por el propio deudor en el supuesto que haya sido él quien inició el
proceso; por el curador en caso de que éste haya sido nombrado, y finalmente por el
tribunal en aquellos casos en los que de los autos se desprende que es imposible
continuar con la ejecución del plan. En los casos en que exista un fraude por parte del
deudor en proceso de reorganización, el órgano judicial revocará el plan y tomará las
medidas necesarias para que estos actos sean debidamente sancionados.
En la Administración y Reorganización con Intervención Judicial, del Código Procesal
Civil, se contemplan también tres posibles formas de terminar el proceso. En primer lugar
debemos hablar de una conclusión normal del proceso, tal y como se nos indica en el
artículo 738, y que se de una vez transcurrido el plazo de ejecución del plazo, ejecutado
éste, y normalizada la situación de la empresa. Se entenderá por normalizada la situación
de la empresa cuando a pesar de la existencia de saldos insolutos, éstos puedan seguirse
atendiendo en los mismos términos y condiciones en que fueron pactados originalmente,
aún cuando se trate de créditos posteriores a la instauración del proceso mismo.
Una segunda posibilidad consistiría en la conclusión normal anticipada del proceso por
solicitud del deudor, o del deudor y el resto de las partes. Esta opción es prevista por el
artículo 739 de nuestro Código Procesal Civil, y corresponde al caso en que antes de
transcurrido el plazo la empresa logre superar la situación de crisis que justificó el inicio
del proceso.
La última de las tres posibilidades se identifica como el fenecimiento anormal del proceso,
y ello sucederá cuando se compruebe que la crisis económica y financiera de la empresa
se ha tornado irrecuperable, cuando el deudor incumpla las obligaciones impuestas tanto
por el Código como por el plan; o cuando se logre constatar que ha existido un
ocultamiento de activos por parte del deudor, aumentando pasivos, o falseado
documentos o información. En estos casos se deberá proceder según se indique en el
artículo 740 del Código Procesal Civil y decretar la quiebra o concurso civil..
Como podemos ver, existe cierta similitud entre la forma de concluir el proceso según el
Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, y el Código Procesal Civil de
Costa Rica. En el sentido de que, fuera de lo previsto sobre la terminación normal
anticipada, existen dos posibilidades: que el proceso tenga éxito o que no lo tenga. En
caso de que el proceso sea exitoso se archivaría el proceso, y en caso de que no lo sea
se procede a transformar el proceso conservativo en un proceso liquidatorio, en el caso
norteamericano ello se hace de conformidad con el Capítulo 7, en nuestro caso mediante
el proceso de quiebra o concurso civil, según sea el caso.
D. EL DEUDOR-EN-POSESIÓN FRENTE AL COMITÉ DE ACREEDORES
En general, bajo la sección 1107, el Deudor tiene los derechos y poderes de un curador, y
es autorizado por la ley a continuar controlando la empresa casi normalmente. La idea
fundamental en esta estrategia de la reorganización, es permitir la continuidad en la
gestión empresarial, y evitar el perjuicio que un tercero entre a sustituir la administración
del negocio. Se parte de la premisa que los administradores existentes tendrán una mayor
experiencia y conocimiento para manejar la empresa en una manera eficiente, por lo que
se le da una considerable discreción en la operación de los negocios. Sin embargo esto
no implica que no puedan ser cuestionadas las decisiones del deudor. Los derechos y
obligaciones concedidas al deudor se pueden clasificar en tres categorías: 1) funciones
administrativas, lo cual incluye contratación de personal, presentación de informes
relacionadas con la operación del negocio durante la reorganización; 2) funciones
operativas, lo cual incluye la capacidad discrecional de decidir el uso, venta, o alquiler de
activos, obtener financiamiento y continuar con la operación de la empresa; y 3) funciones
protectoras, que abarcan la oposición a créditos, término o mantenimiento de contratos en
ejecución, presentación y preparación del plan . La naturaleza de estas funciones permite
que en el proceso de operación el deudor tome decisiones que afectarán las distintas
categorías de créditos y personas involucradas. Por ello no es de extrañarse que en una
buena cantidad de ocasiones existirá conflicto entre el deudor y el comité de acreedores.
Por su parte el Comité de Acreedores, está llamado a realizar una serie de funciones,
entre ellas se destacan su participación en la aprobación del plan y su posterior ejecución;
solicitar el nombramiento de un curador o de un auditor en casos que lo amerite, y en
general participar del proceso de reorganización buscando la protección de los intereses
de quienes integran el Comité. El comité está llamado a proteger especialmente los
intereses de los acreedores sin garantías, tanto en la negociación del plan de
reorganización como durante todo el proceso concursal. El Comité deberá desempeñar
estas funciones dentro de un marco de completa fidelidad e imparcialidad hacia los
acreedores que representa. De esta forma se busca que el proceso de reorganización sea
suficientemente dinámico entre las partes y así lograr resultados efectivos y negociados.
En aquellos casos en que las decisiones del deudor no son aceptables para el Comité, el
resultado deviene en una lucha entre ambas partes, aún cuando el resultado esperado
por las partes sea el mismo: lograr una reorganización exitosa. Esta lucha se desarrolla
ante el órgano jurisdiccional, y el juez deberá determinar quien es el contendor que gane
dicha lucha. Normalmente para que las decisiones del deudor sean consideradas
inapropiadas, es decir para que el juez conceda la razón al Comité, éste deberá
demostrar con claridad que existe abuso por parte del deudor, caso contrario no será
posible sustituir su voluntad y decisión.
En términos generales, las acciones del deudor pueden ser cuestionadas por el Comité,
pero a menos que se logre demostrar que existe un abuso en las acciones objeto de
discusión, el órgano jurisdiccional no desautorizará la decisión del deudor. El órgano
jurisdiccional da en esta forma un gran poder al deudor en el ejercicio de su
administración. En el sistema costarricense, la administración está sujeta a un estricto
control del sistema, la cual podríamos analizar antes y durante la ejecución del plan. El
artículo 725 del CPC nos indica que mientras se discute y aprueba el plan, la
administración de la empresa la ejercerán los órganos previstos en los estatutos de las
personas morales correspondientes, el titular de la empresa, y en casos excepcionales
cuando haya sido necesario separar a los administradores por actuaciones dolosas o
fuera de sus atribuciones, el interventor. Esta administración deberá limitarse a los actos
regulares de gestión de la empresa, indispensables para asegurar su funcionamiento
normal. Quien ejerza la representación y administración de la empresa requerirá
autorización del juez para realizar actos de enajenación que no formen parte del giro
normal de la empresa; ceder, permutar o arrendar inmuebles de la empresa; y
realizar actos que puedan comprometer el estado económico y financiero de la empresa.
Es evidente, que en nuestro país el deudor no tiene tanta libertad de acción como si existe
en los Estados Unidos, la principal diferencia la marca el hecho de que en ese sistema, la
intervención judicial sea únicamente a gestión de parte, mientras que en Costa Rica está
claramente requerida la intervención judicial para los casos indicados. En otras palabras,
la discusión ante el órgano jurisdiccional sólo se lleva a cabo ante el cuestionamiento del
Comité de acreedores, y no está definido taxativamente en una lista. Como ya se indicó,
las acciones del deudor sólo podrían cuestionarse de existir mala fe o abuso en su
gestión, caso contrario está en plena libertad de realizar cualquier tipo de actuación.
Una vez aprobado el plan, éste se deberá ejecutar de conformidad tal y como se indica en
los artículos 733 del CPC, y que lo limita a lo contenido en él. La ejecución estará sujeta a
la fiscalización obligatoria del interventor y de los demás miembros del comité asesor, bajo
la dirección y supervisión del juzgado. Los informes sobre la ejecución del plan, deberán
ser presentados por el interventor y los otros miembros del comité, en forma trimestral,
mientras que según el Capítulo 11 los informes serán presentados por el deudor
mensualmente.
CONCLUSIÓN
Esta monografía permite acercar al lector a un sistema concursal preventivo muy
interesante, y cuyas diferencias responden a las características particulares de una
sociedad con una política económica y un sentido de mercado en el cual se da especial
importancia al mantenimiento y la continuidad de la empresa. Hay una serie de aspectos
muy especiales que me permitiré comentar como mecanismo para enriquecer esta
conclusión.
En primer lugar, llama poderosamente la atención el desarrollo del "equity receivership" a
partir de los proceso reorganizativos de las compañías ferroviarias del siglo antepasado, y
que llegó a evolucionar incorporándose en el sistema vigente. De forma tal que nos
resulta sumamente curioso, pensar en que el acreedor termina siendo socio de su deudor,
mientras él mantiene control de la empresa. La transformación de créditos en acciones,
resulta en una idea extraña pero interesante, en el sentido de que en tanto el proceso de
reorganización tenga éxito logrará satisfacer los intereses de dichos acreedores. Para
poder entender esta medida debemos ubicarnos en el marco cultural, económico, y
financiero de una sociedad en la que el juego del mercado accionario provoca un efecto
directo inclusive en los momentos en que la empresa entra en crisis. Difícil sería
imaginarnos que ello se convierta en una propuesta en nuestra sociedad, donde
posiblemente en primer lugar se alegaría ante la Sala Constitucional una violación al
derecho de libre asociación en el sentido de que estaría obligando al acreedor a formar
parte de una nueva empresa y que además está en crisis.
Un segundo aspecto interesante, es la forma en que nuestro sistema se ha preocupado
por dar la oportunidad de reorganización únicamente a aquellas empresas cuya
desaparición cause efectos perniciosos en la economía. Nuestro sistema concede gran
importancia a los efectos que pueda causar la desaparición de la empresa, mientras que
en el sistema cubierto por el Capítulo 11, no existe tal análisis, y por el contrario, la sola
solicitud del deudor da por iniciado el proceso. En el caso de que la solicitud sea iniciada
por los acreedores, entonces se realiza una valoración económica sobre la situación de la
empresa y se daría por iniciado el proceso en forma involuntaria para el deudor, en caso
de que se encuentre en una situación de incumplimiento de pagos, sin llegar a valorarse
ese concepto nuestro de "efectos perniciosos".
Un aspecto igualmente importante de destacar, es el hecho de que el sistema contenido
en el capítulo 11 se aplica tanto a empresas como a individuos; no obstante que por
razones de costo procesal, es más común que los individuos sometan sus problemas
patrimoniales al sistema contenido en el capítulo 13. En todo caso la diferencia es
notable, en el sentido de que en el Código Procesal Civil, si existe una prohibición para
que el individuo pueda acudir a un proceso de reorganización para solventar una crisis
económica personal.
Como un último aspecto a resaltar, es la situación en la que se ubica al deudor, frente a
sus acreedores. Creo personalmente que se le ubica en una situación bastante
privilegiada, en el sentido de que sus facultades son sumamente amplias, y permiten que
pueda administrar con total libertad los negocios, el activo, y en general la operación
comercial fuente de ingresos. El contrapeso de esta libertad se sitúa en una obligación de
informar constantemente sobre todo movimiento financiero, contable, y de administración
general; de forma tal que el Comité de Acreedores, pueda verificar sus actuaciones y el
cumplimiento del plan. Las decisiones del deudor-en-posesión y del deudor reorganizado
sobre el manejo del negocio resulta casi incuestionable, a menos que el Comité
demuestre que existe abuso por parte del deudor o mala fe. En dicho caso, los actos del
deudor podrán ser revocados y ser sustituido por un curador para el enderezamiento de
cualquier decisión del deudor inconsistente con sus obligaciones.
Finalmente, parece interesante destacar que a diferencia del proceso preventivo
contenido en nuestro Código Procesal Civil, la participación del juez es mucho más
limitada en la reorganización estadounidense. Existen tres actos judiciales importantes en
manos del juez norteamericano: 1) El trámite de inicio del proceso ya sea voluntario o
involuntario; 2) La homologación del plan; y 3) La conclusión del proceso. Mientras que en
nuestro sistema, la participación del juez es mucho más proactiva, y tiene a su cargo
inclusive la evacuación de prueba a gestión de oficio. Es decir, si se compara la
participación del juez en ambos procesos, el juez costarricense, realiza una labor mucho
más constante y participativa en el desarrollo de proceso como tal.
BIBLIOGRAFÍA
AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE, Bankruptcy Overview: Issues, Law and
Policy, Third Edition, http://www.abiworld.org/media/chapters.html
BANKRUPTCY LAW INSTITUTE, United States Bankruptcy Law: Case
Administration,: http://www.bankruptcylawinstitute.com/lawadmin.asp
BANKRUPTCY LAW INSTITUTE, United States Bankruptcy Law: Chapter 13
Laws,: http://www.bankruptcylawinstitute.com/lawch13.asp
BANKRUPTCY LAW INSTITUTE, United States Bankruptcy Law: Chatper 7 Laws,:
http://www.bankruptcylawinstitute.com/lawch7.asp
BANKRUPTCY LAW INSTITUTE, United States Bankruptcy Law: The Structure of
Bankruptcy Law,: http://www.bankruptcylawinstitute.com/lawstructure.asp
BERMAN (Phyllis) y GOLDMAN (Lea). Let Us Prey En: Forbes; New York; Abril 2
del 2001.
DUETT A. (Blanch). The "Clashing of the Titans": The Debtor-in-possession vs. the
reditors’ Committee, en: Cracking the Code, A Newsletter of Insolvency Issues. Julio 13,
2001.
DUETT A. (Blanch). The Right to Convert: To be or Not To Be "Absolute", En:
Cracking the Code, A Newsletter of Insolvency Issues. Julio 13, 2001.
GLANTZ (Robert), Are all partnerships eligible for Chapter 11 Protection?
http://www.abiworld.org/newslet/98decglantz.html
GLANTZ W. (Robert). The Debtor-in-possession and the Creditors’ Committee: The
Wrestling Match, en: Cracking the Code, A Newsletter of Insolvency Issues. April 12, 2000.
GOODHEART (Kenneth) y BOBO (Stephen), When your customer goes belly-up,
En: Journal of Accountancy; New York; Abril 1999.
HAMILTON (Megan), The absolute priority rule and new value: Before and after
Bank of America National Trust and Savings Association v. 203 North La Salle Street
Partnership, En: Commercial Law Journal; Chicago; Fall 2000.
LEYVA SAAVEDRA (José), Crisis de empresas y soluciones concursales,
documento disponible en la red Internet en la dirección:
http://comunidad.derecho.org/dermercantil/derechoconcursal.html
MESSEGER (Gary), The road ahead: Stop, slow down, change lanes or exit, En:
Video Store; Dec 3 – Dec 9, 2000. Volume 22, Issue 49, p.16
MORNING (Frank Jr.), Orbcomm Seeks Time in Chapter 11 Filling, En: Aviation
Week & Space Technology; New York; 25 de Septiembre, 2000
PIOTROWSKY (Julie), Post-acute firms see slow recovery, En: Modern Healthcare;
Chicago, Enero 28 del 2002
PULGAR (Juana), La Reforma del Derecho Concursal Comparado y Español (Los
nuevos institutos concursales reorganizativos), Editorial Civitas, S.A. 1° Edición, 1994.
RICE, ROBINSOS & SCHILLER P.A., Chapter 11 Issues,
www.ricerobinson.com/chapter11.html
STEINBERG (Hillary), DELAWARE (Wilmington), y LAYTON and FINGER
(Richards), Are partnerships in dissolution able to become Chapter 11 Debtors?
http://www.abiworld.org/newslet/novstein.html
TATE (Joshua), Game Over, En: The Yale Law Journal; New Haven, Mayo 2000.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO, The Tobacco Companies and
Bankruptcy, http://www.library.ucsf.edu/tobacco/ustl/brief05.html
Aportado por: Douglas Alvarado Castro

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Alvarado Castro Douglas. (2003, julio 25). Reorganización empresarial en USA y Capítulo 11. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/reorganizacion-empresarial-en-usa-y-capitulo-11/
Alvarado Castro, Douglas. "Reorganización empresarial en USA y Capítulo 11". GestioPolis. 25 julio 2003. Web. <https://www.gestiopolis.com/reorganizacion-empresarial-en-usa-y-capitulo-11/>.
Alvarado Castro, Douglas. "Reorganización empresarial en USA y Capítulo 11". GestioPolis. julio 25, 2003. Consultado el 20 de Septiembre de 2018. https://www.gestiopolis.com/reorganizacion-empresarial-en-usa-y-capitulo-11/.
Alvarado Castro, Douglas. Reorganización empresarial en USA y Capítulo 11 [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/reorganizacion-empresarial-en-usa-y-capitulo-11/> [Citado el 20 de Septiembre de 2018].
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