Actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción lo que genera un impacto negativo en la economía de un país.
Veamos el caso peruano, para ello tomemos como referencia el impacto de la corrupción en la percepción de los ejecutivos peruanos.
Un 82% de los ejecutivos del país consideran que el fraude y la corrupción en el Perú son prácticas muy extendidas dentro de las empresas del país, según los resultados de la décimo quinta Encuesta Global de Fraude de EY, la cual consultó a 2.550 ejecutivos en 55 países.
El informe también refleja que un 16% de ejecutivos peruanos ha sufrido un fraude significativo en los últimos años.
De esta forma, la escala del soborno y la corrupción no ha mostrado mejoras a nivel mundial desde 2012 y el Perú se incluye en el núcleo duro de países donde más arraigadas se encuentran este tipo de prácticas ilícitas. La tendencia refleja que el fraude y la corrupción siguen teniendo una mayor ocurrencia en los mercados emergentes.
Por otro lado, se observa a nivel global una diferencia de tendencia generacional en los resultados de la encuesta en cuento a la disposición a cometer actos corruptos.
Los resultados arrojaron que el 20% de los encuestados menores de 35 años justificaría pagos en efectivo ilícitos para ganar o retener contratos, si esto ayudaría a la sobrevivencia del negocio.
Sin embargo, a nivel local, el panorama no es del todo desalentador. El 100% de los peruanos encuestados reconocen que es importante demostrar que su organización opera con integridad, ya que genera una mejor percepción de los clientes y la opinión pública hacia las empresas.
Por último, la encuesta indica que existe poca claridad sobre quién es el responsable dentro de una organización de actuar con integridad. Se identificó que en Perú solo uno de cada seis encuestados considera que es cada empleado a nivel individual quien debe asumir la responsabilidad de comportarse con integridad.
A nivel regional, en cambio, se observa que, solo uno de cada cuatro considera que son los individuos quienes deben asumir la responsabilidad personal. El resto todavía considera que la responsabilidad recae en otros, principalmente en áreas como Recursos Humanos, Legal y Cumplimiento, la Gerencia General o incluso el Directorio, antes que en uno mismo.
«Las organizaciones deben esforzarse en mejorar la eficacia de sus programas de cumplimiento, a través de una adecuada evaluación y monitoreo, desde la perspectiva de integridad, de su cultura y clima ético; así como de los controles y mecanismos de gobierno», puntualiza Rafael Huamán, socio líder de los Servicios de Riesgos de Integridad y Forenses de EY Perú.
De acuerdo a los resultados de este estudio, que es muy preocupante, es necesario, por el bien de nuestro país, que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados ejemplarmente, conforme al marco legal vigente. Solo así la ciudadanía y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones.
