El microcredito en el Perú

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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Presentación
En el Perú no hay trabajo, hay “cachuelos”. Esta caricatura popular es confirmada por la ENAHO
2000, que muestra cómo el 72% del empleo se concentra en la microempresa, sector que aporta
solo un 40% del PBI1. Es decir, la productividad media del trabajo en la microempresa es alrede-
dor de la mitad que el promedio de la economía peruana, que es en sí misma una economía
subdesarrollada.
Por ello, resulta evidente que se requiere elevar la productividad de la microempresa para lograr
una reducción significativa de la pobreza en el Perú. Entre las políticas relevantes para dicho fin
destaca la promoción del microcrédito. Con este tipo de financiamiento, los microempresarios
pueden incrementar su productividad a través de la inversión en activos para la producción. Se
generarían así mayores ventas, ingresos familiares y puestos de trabajo. Asimismo, el crédito en
pequeña escala puede beneficiar a las mujeres con iniciativa empresarial, contribuyendo a supe-
rar las barreras de género, tanto en el hogar como en el mercado laboral.
El mercado de microcrédito se aleja del modelo de la competencia perfecta. Existen en él asime-
trías de información, altos costos de transacción, problemas de garantías y barreras socioculturales.
Es por ello necesario diseñar marcos regulatorios y políticas que permitan superar estos obstáculos.
En este sentido, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el auspicio de la
Fundación Ford, viene patrocinando una red de investigación en microcrédito, pobreza y género
en el Perú. Los tres primeros trabajos resumidos en esta publicación son producto de dicha red.
La investigación de Felipe Portocarrero Maisch, profesor de la Universidad del Pacífico, analiza las
principales fuentes de microcrédito formal: algunos bancos, ONG especializadas, cajas municipa-
les, cajas rurales y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Edpymes). Examina
sus características financieras, económicas e institucionales, así como el marco regulatorio y las
funciones que cumplen el Estado y la cooperación internacional en este sector. Finalmente, subraya
la necesidad de ciertas transformaciones institucionales y cambios en el mercado para facilitar la
viabilidad de las instituciones de microfinanzas.
El trabajo de Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), busca identifi-
car y caracterizar a los clientes de las instituciones de microfinanciamiento, formales y no formales.
El documento analiza los datos de las ENNIV 1994, 1997 y 2000, incidiendo sobre las características
socioeconómicas y el acceso al crédito en tres sectores: las mujeres, los microempresarios y los
pobres. La autora desarrolla un modelo que permite estimar la relación entre diversas variables
(edad, género, educación, lengua materna, tasa de dependencia y pobreza, entre otras) con la
probabilidad de acceder al crédito. Constata que las diferencias más significativas se originan en los
niveles de pobreza y de instrucción. Asimismo, el trabajo examina los casos de tres instituciones
proveedoras de microcrédito, accediendo a las respectivas bases de datos sobre sus clientes.
La contribución de Francisco Galarza y Javier Alvarado, ambos investigadores del Centro Peruano
de Estudios Sociales (CEPES), estudia el mercado microfinanciero de Huancayo. El trabajo es parte
de un estudio de caso más amplio sobre esta provincia, que está siendo desarrollado por la red de
microcrédito. Analiza las principales características del sistema financiero formal y no formal; y las
tecnologías crediticias aplicadas por las diferentes entidades prestatarias, así como los mecanismos
utilizados en la captación de depósitos.
1/ SASE (2000). “Estrategias para crear oportunidades de empleo – Documento Base”, Lima: octubre.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Carlos Eduardo Aramburú
Director Ejecutivo
Javier Portocarrero Maisch
Director Adjunto
Los siguientes tres artículos de la presente edición de Economía y Sociedad resumen otras tantas
investigaciones auspiciadas por el Consorcio sobre diversos temas. El estudio de casos de Patricia
Ames, investigadora del IEP, analiza el uso en el aula de los materiales educativos donados por el
Ministerio de Educación en tres escuelas rurales. Mediante un trabajo de tipo etnográfico, examina
las razones de los docentes para utilizar o no dichos materiales. Entre las principales limitaciones
para un mayor uso de los mismos, destacan la baja expectativa del maestro sobre el potencial de
aprendizaje de sus alumnos y la predominancia de las aulas multigrado en el medio rural.
La investigación de Manuel Vargas, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH),
examina y describe la situación actual de los medicamentos en el Perú. Subraya que cerca de dos
tercios de los enfermos que requieren atención no la demandan por falta de recursos. No tanto
por el costo de la consulta, sino por el de las medicinas. Según sus hallazgos, es esencial conside-
rar dentro de una política de medicamentos, el acceso limitado a los medicamentos esenciales
para los sectores pobres, el uso irracional de las medicinas por su inadecuada dispensación y el
control de la calidad.
Máximo Torero, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), estima el impacto de
la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones (ENTEL), a través de la medición del excedente de los consumidores de telefonía fija. El
estudio utiliza datos de las zonas urbanas de las principales ciudades del Perú, para el período 1994-
1998, desde el momento inicial de la privatización hasta el final de la concurrencia limitada.
Por último, Economía y Sociedad recoge una contribución de Fernando Paredes, profesor de la
Universidad Nacional de San Agustín, que analiza los problemas de gobernabilidad regional, a la luz
de las recientes movilizaciones populares contra la privatización en Arequipa. Subraya cómo la
agenda pública regional ha estado marcada por “comisiones que vienen y delegaciones que van”,
pero no existe un espacio de representación y mediación política entre lo regional y lo nacional.
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La oferta de microcrédito en el Perú1
Felipe Portocarrero Maisch - CIUP
Como resultado de la crisis inter-
nacional y del Fenómeno de El
Niño, se interrumpió el ciclo de
rápido crecimiento que experi-
mentó la economía peruana en el
período 1993-1997, y el PBI re-
gistró una caída de 0,4% en 1998
y un débil incremento de 1,4% en
1999. La consecuente recesión en
las actividades orientadas al mer-
cado interno en 1998-1999 y el
menor ingreso de capitales a cor-
to plazo, determinaron que el sis-
tema financiero local enfrentara
una restricción de los niveles de
liquidez y una elevación de la
morosidad. Ello llevó a una reduc-
ción de las colocaciones bancarias,
que pasaron de US$ 13.320 mi-
llones a fines de 1998 a US$
10.732 millones en abril de 2000.
Dentro de este contexto, la banca
comercial tradicional ha reducido
drásticamente su presencia en el
crédito PyME. Así, el portafolio de
microcréditos en la banca múlti-
ple pasó de 1,16% del total a fines
de 1999, a tan solo 0,81% en abril
de 2000. Excluyendo a Mibanco,
las colocaciones vigentes de la ban-
ca múltiple a la microempresa han
disminuido de US$ 153,2 millones
al 31 de diciembre de 1999, a US$
97,24 millones al 30 de abril de
2000; y el número de prestatarios
se ha reducido de 42.249 a
27.773, con un crédito promedio
de US$ 3.491 por cliente.
De esta forma, las entidades espe-
cializadas proveen lo esencial del
financiamiento a las microempre-
sas, especialmente a las de menor
tamaño. Como se puede observar
en el cuadro 1, en las entidades
especializadas, el crédito PyME
vigente promedio ascendió en
1999 a US$ 901, significativamen-
te inferior a los US$ 3.625 regis-
trados por la banca comercial, ex-
ceptuando a Mibanco. Sin embar-
go, existen algunas diferencias in-
teresantes en la composición de la
clientela de las diferentes entida-
des especializadas. Mibanco otor-
ga los créditos más pequeños, por
lo que muestra los mayores nive-
les de cobertura. A su vez, las
CRAC registran los mayores pro-
medios, lo que indicaría que se
dirigen a sectores más consolida-
dos de las PyME. El resto de estas
entidades se sitúa cerca del pro-
medio, confirmando así su clara
orientación al grupo meta.
Márgenes financieros,
costos y sostenibilidad
en las microfinanzas
El examen de los márgenes finan-
cieros de las entidades de micro-
finanzas resulta de importancia
central para establecer el costo del
crédito y la eficiencia en la inter-
1998 1999
Entidades Montos Número de Crédito vigente Montos Número de Crédito vigente
especializadas (US$ millones) créditos promedio (US$) (US$ millones) créditos promedio (US$)
Mibanco 11,9 35.000 340 19,0 42.049 452
CMAC 70,3 84.945 828 85,2 95.061 896
CRAC 58,5 31.933 1.832 48,5 32.151 1.508
Edpyme 13,0 10.372 1.253 14,4 13.662 1.054
Subtotal 153,7 162.250 947 167,1 182.923 913
Financiera Solución s.i. s.i. - 14,8 18.982 780
Total 153,7 162.250 - 181,9 201.905 901
s.i.: sin información
Fuente: SBS
Indicadores de la cartera PyME vigente de las entidades especializadas
(Al final de cada ejercicio)
Cuadro 1
1/ Resumen del artículo homónimo en Micro-
crédito en el Perú: quiénes piden, quiénes dan,
Lima: CIES, febrero 2002. Podrá descargar la
versión completa de esta publicación desde
nuestra página web: www.consorcio.org
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mediación, de los cuales depen-
de su viabilidad. Para llevar a cabo
esta tarea, conviene diferenciar
entre los intermediarios de la ban-
ca de consumo que combinan los
créditos PyME con los préstamos
personales a trabajadores asalaria-
dos y aquellos que orientan sus
colocaciones principalmente ha-
cia la microempresa.
Del examen de los márgenes fi-
nancieros (ver el cuadro 2) pue-
den derivarse varias conclusiones
importantes:
a) La amplitud de los márgenes
depende, en lo fundamental,
del nivel de las tasas de interés
cobradas a los clientes. Esas ta-
sas se sitúan en un nivel inter-
medio en las CMAC y las Edpy-
me, mientras que son más ele-
vadas en la banca de consumo
y en Mibanco y más reducidas
en las CRAC, por el mayor gra-
do de dolarización de sus co-
locaciones y por sus problemas
institucionales y administrativos.
b) Los márgenes financieros son
bastante diferenciados entre
las instituciones financieras in-
termediarias (IFI), alcanzando
sus máximos niveles en la ban-
ca de consumo y en Mibanco
y los menores en las CMAC y
las CRAC, aunque en estas úl-
timas no aseguran su viabilidad
financiera.
c) Los costos de riesgo también
están muy diferenciados. En el
Banco del Trabajo, las provisio-
nes por colocaciones represen-
tan el 11,67% de la cartera pro-
medio, por las deficiencias en
la evaluación y seguimiento
crediticio. En el resto de las IFI,
los costos del riesgo son bastan-
te más reducidos, especial-
mente en Mibanco y Financie-
ra Solución.
d) El otorgamiento de un gran nú-
mero de pequeños créditos se
ve reflejado en los elevados
egresos operativos. Su variabi-
lidad, sin embargo, refleja los
niveles de eficiencia alcanza-
dos. La banca de consumo re-
gistra los mayores costos ope-
rativos (44,45% en el Banco del
Trabajo y 40,39% en Solución),
seguida por Mibanco y las
Edpyme y, en un nivel conside-
rablemente menor, por las
CMAC y las CRAC. No se ad-
vierte una clara relación entre
el tamaño de la entidad y sus
niveles de eficiencia, lo que
indica que no se están gene-
rando economías de escala.
e) Como consecuencia de los fac-
tores señalados, la rentabilidad
es muy variable y alcanza altos
niveles en las CMAC (con un
ROE del 32,14%), resultados in-
teresantes en la banca de con-
sumo y bajos indicadores en
Mibanco y las Edpyme.
De esta manera, las CMAC regis-
tran los mejores logros en cuanto
Ingresos Gastos Márgenes Provisión de Gastos Utilidad ROE
financieros financieros financieros colocaciones operativos neta
Banca de consumo
Banco del Trabajo 92,68 22,83 63,79 11,67 44,45 5,33 27,11
Solución 70,04 14,39 52,40 2,01 40,39 7,05 17,87
IFI especializadas
en crédito PyME
Mibanco 65,52 10,23 52,93 2,73 37,11 5,09 7,86
CMAC 60,03 20,42 36,34 4,74 20,54 7,34 32,14
CRAC 37,42 11,39 24,74 4,76 19,62 0 0
Edpyme 59,02 11,70 45,00 7,75 32,12 1,70 3,54
Fuente: SBS
Indicadores anualizados de resultados en las IFI especializadas, al 30.06.2000
(Como porcentaje de la cartera promedio)
Cuadro 2
«... la
rentabilidad es
muy variable y
alcanza altos
niveles en las
CMAC (con un
ROE del
32,14%)»
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a eficiencia y rentabilidad, aunque
todavía podrían racionalizar sus
costos operativos. Mibanco, así
como la banca de consumo, de-
berían, asimismo, reducirlos signi-
ficativamente para consolidar su
viabilidad. El Banco del Trabajo,
además, requeriría mejorar la eva-
luación y seguimiento crediticio
para reducir sus costos de riesgo.
Por su lado, las Edpyme tienen que
racionalizar sus costos operativos,
mientras que las CRAC precisarían
una reestructuración más general
para mejorar su calidad de cartera
y superar sus pérdidas.
Examen institucional
de las principales
instituciones de
microfinanciamento
Desde el punto de vista institucio-
nal, las instituciones de microfinan-
ciamiento (IMF) más importantes
se agrupan en dos conjuntos fun-
damentales. Por un lado, las enti-
dades bancarias y financieras pri-
vadas que se han especializado en
atender a los sectores de bajos in-
gresos, como el Banco del Traba-
jo, Mibanco y Financiera Solución.
Estos intermediarios están autori-
zados a realizar operaciones múl-
tiples, desarrollan sus actividades
en el ámbito nacional y tienen
mayores requisitos de capital mí-
nimo. Por el otro, los intermedia-
rios financieros no bancarios
(IFINB), como las CRAC, CMAC y
Edpyme, que enfrentan exigencias
de capital mínimo sustancialmen-
te más reducidas, operan en ge-
neral a escala regional y están fa-
cultadas para realizar un conjunto
más limitado de operaciones. To-
dos se encuentran bajo la supervi-
sión de la SBS y utilizan como
fuentes de financiamiento líneas
de crédito y depósitos de ahorro y
a plazo, con excepción de las
Edpymes, que no están autoriza-
das a captar depósitos y, por tanto,
dependen exclusivamente de las
líneas de crédito (ver el cuadro 3).
Los principales productos financie-
ros ofrecidos por el Banco del Tra-
bajo y Financiera Solución inclu-
yen los préstamos de consumo
para asalariados y capital de traba-
jo de corto plazo para la micro-
empresa. Estos intermediarios apli-
can tecnologías crediticias alta-
mente estandarizadas y basadas en
el credit scoring, adoptando una
organización muy centralizada y
jerarquizada, con un amplio des-
pliegue de una fuerza de ventas
remunerada con comisiones varia-
bles en relación con las colocacio-
nes. En Mibanco y en los IFINB,
los productos activos incluyen al
microcrédito de capital de trabajo
y, con una menor gravitación, al
crédito de consumo y al financia-
miento de activos fijos para las
PyME. Estas entidades se organi-
zan en forma más descentraliza-
da, apoyándose en los analistas de
crédito para la evaluación y el se-
guimiento del crédito. Es impor-
tante subrayar que mientras las
CRAC y las Edpyme son interme-
diarios privados, las CMAC son
propiedad de sus respectivos go-
biernos locales, aunque la actual
Ley de Bancos abre la posibilidad
de su privatización, proceso que
se encuentra en curso.
Por otro lado, en las CRAC y las
Edpyme predomina una estructu-
ra difusa de propiedad. En las pri-
meras se presenta una gran frag-
mentación del accionariado, ya
que con la promesa de obtener
crédito se reunió en muchas
CRAC a un numeroso grupo de
accionistas con aportes individua-
les reducidos. Por su parte, en las
segundas, la mayoría del capital se
encuentra en manos de ONG. Esta
configuración del accionariado
plantea problemas en la estructu-
ra de incentivos. Carecen de un
propietario que tenga como prio-
ridad la maximización de los be-
neficios de la entidad y que dis-
ponga de la posibilidad de reali-
zar aportes adicionales de capital
en un momento de crisis. Asimis-
mo, sus accionistas se encuentran
expuestos a conflictos de interés
relacionados con sus restantes ac-
tividades empresariales, en el caso
de los accionistas privados, o con
su orientación y objetivos sociales,
en el caso de las ONG.
Resulta muy importante, entonces,
impulsar reformas institucionales
en las IMF que incluyan:
a) La privatización de las CMAC,
que permita incorporar accio-
nistas estratégicos que generen
una mayor estabilidad institu-
cional, refuercen su base de
capital y tecnología, propicien
una mayor racionalización de
los costos operativos y posibi-
liten ampliar sus operaciones
al área metropolitana, elevan-
do los niveles de eficiencia y
productividad.
b) El refuerzo institucional de las
CRAC y Edpyme, que será pro-
movido por la conformación de
una estructura de propiedad
más definida, con la presencia
de accionistas estratégicos que
asuman el control de la gestión.
« ... el
mercado de
microcrédito
formal se
encuentra
bastante
fragmentado,
en contraste
con la situación
predominante
en la banca
comercial»
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Por esta vía se dotará a estos in-
termediarios de una mejor es-
tructura de incentivos y se su-
perarán muchos de los proble-
mas de gobernabilidad que en-
frentan actualmente.
Es interesante destacar, finalmen-
te, que el mercado de microcré-
dito formal se encuentra bastante
fragmentado, en contraste con la
situación predominante en la ban-
ca comercial. En efecto, las IMF
que operan a escala nacional
–Mibanco y Financiera Solución–
tienen una participación del 18,5%
en el total de colocaciones del
microcrédito. El resto del merca-
do se divide entre las trece CMAC
(46,8%), las trece CRAC (26,7%) y
las siete Edpyme (7,9%), cuyos
ámbitos de operación regionales
les dificultan alcanzar significativas
economías de escala y diversificar
adecuadamente los riesgos credi-
ticios. Las dos reformas planteadas
tendrían un efecto en la reducción
del grado de segmentación del
mercado de microcrédito, así
como la intensificación de las pre-
Fortalezas y debilidades de los IFINB
Cuadro 3
Fortalezas
CMAC
Clara orientación al grupo meta
y ámbito regional
Separación de las funciones de dirección/
supervisión y las ejecutivas
Conformación plural y representativa del
directorio
Desarrollo basado en la captación del
ahorro local
Debilidades
CMAC
Naturaleza pública de la entidad genera
peligro potencial de interferencia políti-
ca en la gestión, así como propicia la ines-
tabilidad institucional con los cambios en
la administración municipal
Rigidez en la gestión como empresa pú-
blica, especialmente en los ámbitos de
personal, adquisiciones e inversiones. Se
dificulta así la competencia con las IMF
privadas
Precaria situación económica del propie-
tario municipal
Concentración regional de las operacio-
nes activas y pasivas
CRAC
Ámbito regional
Especialización
CRAC
Accionariado fragmentado, sin una clara
mayoría de un grupo que controle la ges-
tión. Poca capacidad de los accionistas
para realizar aportes adicionales de capi-
tal para enfrentar las crisis y/o apoyar el
crecimiento de la entidad
Interferencia política en el crédito agro-
pecuario
Dependencia de fondos públicos
Concentración regional y sectorial (en la
agricultura) del portafolio
Edpyme
Clara orientación al grupo meta
Especialización
Flexibilidad en la gestión
Edpyme
Estructura difusa de propiedad, con pre-
dominio de las ONG, que cuentan con
una limitada capacidad para realizar apor-
tes adicionales de capital para enfrentar
crisis y/o apoyar el crecimiento de la
entidad
No están autorizadas a captar depósitos
Dependencia de fondos públicos y de la
cooperación internacional
siones competitivas entre un nú-
mero menor de entidades de ma-
yor dimensión y alcance nacional.
Normas para la
privatización de las
CMAC
Para dotar de mayor transparencia
y seguridad jurídica al proceso de
privatización de las CMAC, sería
necesario aprobar un dispositivo
legal que incorpore las orientacio-
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
nes fundamentales que se descri-
ben a continuación.
En primer lugar, las municipalida-
des deberán desempeñar un pa-
pel central en la privatización de
las CMAC. Cada Concejo estará
facultado para decidir si acepta la
participación de personas natura-
les o jurídicas privadas en el ac-
cionariado de su CMAC, pudien-
do alcanzar esa participación has-
ta el 100% del capital social de una
Caja. Las CMAC podrán asociarse
entre sí para incorporar en forma
conjunta a accionistas privados.
En segundo lugar, el proceso de
incorporación de nuevos accionis-
tas privados deberá realizarse me-
diante una licitación pública con
precalificación, convocada por el
respectivo Concejo Provincial o
Concejos Provinciales en caso de
asociarse varias CMAC. Esa con-
vocatoria deberá contar con la opi-
nión favorable de la SBS. De esta
manera, se asegurará la transpa-
rencia del proceso y se obtendrán
las mejores condiciones, a través
de una licitación competitiva ade-
cuadamente preparada. La preca-
lificación ayudaría a garantizar que
los postores cuenten con la reque-
rida idoneidad técnica y moral, a
como con una amplia solvencia
para lograr el mayor aporte al de-
sarrollo de las CMAC. Asimismo,
una comisión constituida por la
CMAC y ratificada por el Concejo
Provincial deberá encargarse de
todos los aspectos operativos de la
licitación, como elaborar las bases
de la licitación y plantear la moda-
lidad de venta de acciones, cues-
tiones que también deberán ser
aprobadas por el Concejo.
Refuerzo institucional de
las CRAC y las Edpyme
El objetivo central de estas medi-
das sería mejorar la naturaleza de
los incentivos presentes en estas
entidades, propiciando la confor-
mación de una estructura de pro-
piedad más definida, con la pre-
sencia de socios estratégicos que
asuman el control de la gestión.
a) El caso de las CRAC
En primer lugar, si bien el objetivo
básico es consolidar a mediano
plazo un bloque mayoritario de
accionistas privados de buena ca-
lidad en cada Caja, es necesario
un período de transición para re-
forzar a las CRAC, a fin de refor-
mar sus estructuras y mejorar su
gestión, para permitir una poste-
rior incorporación de un socio es-
tratégico privado. De hecho, el
Estado y la cooperación internacio-
nal ya han adquirido una partici-
pación accionaria importante en
las CRAC, en forma directa o indi-
recta, a través de operaciones de
underwriting. Juntos deben orga-
nizar el proceso de transición de
manera eficiente, y diseñar ade-
cuadas estrategias e incentivos
para controlar el problema de
agencia en dicha etapa.
En segundo término, para fortale-
cer la estructura patrimonial de las
CRAC, se debe elevar el capital
mínimo a US$ 1,3 millones (nivel
requerido para pasar al módulo 1
previsto en la Ley de Bancos) para
garantizar que las Cajas puedan
lograr los aportes adicionales de
capital requeridos o se fusionen.
Asimismo, se requiere llevar a
cabo una política de promoción de
las fusiones entre las CRAC y la
ampliación de las operaciones de
underwriting con plazos más dila-
tados y mayores montos para las
entidades más prometedoras.
En tercera instancia, se deberá pro-
piciar la mejora del portafolio cre-
diticio, a través de un sinceramien-
to de la cartera para poder apreciar
adecuadamente su estado actual,
constituir las provisiones requeridas
y mejorar la imagen de las CRAC.
Simultáneamente, debe mejorar-
se la tecnología crediticia para que
las deficiencias en la evaluación cre-
diticia no vuelvan a generar una
importante cartera pesada. Final-
mente, se deberán incrementar las
captaciones de depósitos de las
CRAC, para lograr la diversificación
y atomización de los pasivos.
b) El caso de las Edpyme
Los problemas en las estructuras de
incentivos no son tan marcados en
las Edpyme como en las CRAC. Sin
embargo, el predominio de las
ONG en su accionariado puede
generar dificultades porque ellas
no cuentan con una adecuada
base patrimonial para realizar
aportes frescos de capital o para
estabilizar su situación en un mo-
mento de crisis, y porque su prio-
ridad social no siempre genera los
incentivos adecuados para alcan-
zar la sostenibilidad.
Por ello, es recomendable apoyar
una creciente participación de
accionistas privados en el acciona-
riado de las Edpyme, de modo que
se permita consolidar un socio es-
tratégico que asuma el control de
la gestión. Esta alternativa puede
ser impulsada por el sector públi-
co y la cooperación internacional,
a través del otorgamiento de finan-
ciamientos subordinados y la inver-
sión temporal de capital de ries-
go; la provisión de asistencia téc-
nica y capacitación; y la promo-
ción de las fusiones entre las Edpy-
me para que puedan graduarse al
módulo 1, lo cual les permitiría
captar depósitos.
El marco regulatorio
y de supervisión de
las IMF
La reforma financiera iniciada en
la década de 1990, ciertamente,
creó un entorno favorable para el
desarrollo de las microfinanzas.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Con el fin de consolidarlo resultan
necesarias ciertas medidas de ca-
rácter general. En primer lugar,
deben mejorarse las condiciones
para ejecutar los contratos y ase-
gurar los derechos de propiedad,
a través de una reforma judicial y
mejora en la titulación y los regis-
tros. En segundo lugar, es necesa-
rio el abandono de las interven-
ciones públicas que distorsionan el
mercado financiero, como los pro-
gramas de crédito subsidiado del
Banco de Materiales, las disposi-
ciones dictadas para reestructurar
la deuda agraria y la ejecución de
garantías (dispuesta mediante De-
creto de Urgencia del 31 de mayo
de 2000). Finalmente, se requiere
el logro de una mayor estabilidad
macroeconómica, evitando mar-
cadas fluctuaciones del nivel agre-
gado de actividad que erosionan
la capacidad de pago de los mi-
croempresarios y propician la ines-
tabilidad en el sistema financiero.
Asimismo, se requieren varias
medidas específicas, como la men-
cionada anteriormente de incre-
mentar a US$ 1,3 millones el ca-
pital mínimo de las IMF que movi-
lizan ahorros; la aprobación de
nuevos límites para las operacio-
nes activas y pasivas de las IMF (que
los préstamos asciendan como
máximo al 5% del patrimonio, que
ninguna fuente de recursos reali-
ce depósitos por más del 30% y
que no se otorguen líneas de cré-
dito por más del 50%); la disminu-
ción de la cobertura del FSD a US$
4.000; entre otras.
El papel del sector
público y de la
cooperación
internacional
El sector público puede fomentar
el desarrollo de las IMF a través
de la creación de condiciones
propicias para la estabilidad y el
crecimiento económico, así como
a través de un marco normativo y
regulatorio adecuado. Sin embar-
go, dados los límites de las IMF en
las captaciones de ahorros, tam-
bién resulta indispensable su res-
paldo financiero. Los fondos públi-
cos deben ser canalizados con ta-
sas de interés positivas en térmi-
nos reales, para evitar distorsiones
en el mercado financiero, y, por
otro lado, deben estar provistos
con incentivos adecuados. Ade-
más, el sector público no debe in-
tervenir directamente en el mer-
cado de las microfinanzas, como
ocurrió, por ejemplo, cuando a tra-
vés del Decreto de Urgencia No.
31 (mayo de 2000), el gobierno
suspendió la ejecución de garan-
tías a los deudores morosos de mi-
crocrédito agrario.
Cofide, la institución pública que
funciona como organismo de se-
gundo piso para canalizar fondos,
muestra una importante apertura
a la participación de las IMF. Ade-
más de garantizar su autonomía y
tener como objetivo la sostenibi-
lidad financiera para generar in-
centivos en su gestión, es nece-
sario que asuma las siguientes
orientaciones:
a) Neutralidad: adoptar criterios
de elegibilidad rigurosos, trans-
parentes y estables para selec-
cionar a las IMF que canaliza-
rán los fondos. Asegurarse de
promover a los intermediarios
más prometedores, reducién-
dose así los riesgos crediticios
de la entidad de segundo piso.
b) Complementariedad: establecer
que los fondos canalizados ten-
gan un costo positivo en térmi-
nos reales y asuman un carácter
complementario con el esfuer-
zo de movilización de recursos
de cada intermediario, fijando
un máximo para la participación
en los pasivos de la entidad de
segundo piso, con el fin de evitar
la dependencia de las IMF.
c) Condicionalidad: estipular me-
tas claras en los financiamien-
tos a ser acordados, relacionán-
dolas con el cumplimiento de
objetivos de importancia clave
en la gestión de las IMF.
d) Diversificación: apoyar a las
IMF en la diversificación de sus
pasivos, otorgando a las más pro-
metedoras, facilidades de ma-
yor plazo y garantías parciales
para facilitar su acceso al mer-
cado interno de capitales.
e) Promover el refuerzo patrimo-
nial de las IMF, para apoyar a las
que exhiben mejores indicado-
res, a través de la inversión tem-
poral de capital de riesgo y de
financiamientos subordinados.
f) Desarrollar un instrumental de
apoyo a las IMF que enfrenten
dificultades temporales de li-
quidez, pero que muestren ade-
cuados niveles de solvencia.
Las tareas de asistencia técnica
para mejorar la eficiencia y pro-
ductividad de las IMF también pue-
den ser desarrolladas por la enti-
dad de segundo piso como tarea
complementaria, pero ello podría
generar un conflicto de intereses
con su papel principal, por lo cual
es recomendable que se enfoque
fundamentalmente en la interme-
diación de fondos. El papel princi-
pal de apoyar a las IMF debe ser
asumido por la cooperación inter-
nacional. En efecto, distintos orga-
«... el sector
público
no debe
intervenir
directamente
en el mercado
de las
microfinanzas...»
1111
1111
11
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
nismos de cooperación internacio-
nal, además de canalizar recursos
a Cofide para incrementar los fon-
dos destinados a las IMF, han pro-
visto a estas de recursos financieros
directos y cooperación técnica.
Perspectivas del
microcrédito
Actualmente, los principales pro-
blemas del mercado de microfi-
nanzas son los siguientes:
Los altos costos del crédito en
términos reales, como conse-
cuencia de la segmentación y
fragmentación del mercado del
microcrédito. Los intermedia-
rios cobran tasas en dólares que
fluctúan entre 26% y 36% al
año, mientras que en soles va-
rían entre 56% y 138% (frente
a una inflación local del 3,7%
anual en 1999). Estos altos cos-
tos perjudican a las microem-
presas y a su capacidad de me-
jorar sus niveles de empleo e
ingresos.
La limitada cobertura en el seg-
mento de la microempresa ru-
ral, que registra un menor ac-
ceso al crédito por su precaria
rentabilidad, dispersión geográ-
fica y mayor exposición a los
riesgos naturales y de mercado.
La poca profundidad del mer-
cado, que cuenta con escasos
recursos de mediano y largo
plazo para la financiación de
activos fijos de las microempre-
sas y para el apoyo a la cons-
trucción progresiva de vivien-
das, que representan muchas
veces la inversión más conside-
rable en este mercado.
La falta de un amplio programa
de reforma institucional que
permita superar los cuellos de
botella que enfrenta el desarro-
llo de las IMF. Solo de esta for-
ma se podrá reforzar una base
institucional capaz de ampliar
a escala masiva el crédito a la
microempresa y reducir sus
costos financieros y de transac-
ción, permitiendo así que la
clientela se beneficie de las
mejoras de productividad y efi-
ciencia alcanzadas por los in-
termediarios.
Es importante considerar, además,
las barreras que enfrentan los más
pobres para acceder al microcré-
dito. Para ampliar la frontera del
sistema financiero e incluir a estos
sectores, es conveniente distinguir
entre pobres urbanos y rurales. Los
primeros podrían ser incorporados
como clientes de las IMF, en ma-
yor medida, por la vía de una ma-
yor competencia y una ampliación
de los puntos de atención al públi-
co, la innovación de las tecnolo-
gías crediticias, la reducción de los
costos operativos de los interme-
diarios y el diseño de productos
apropiados para la demanda de
estos estratos. Los pobres rurales,
por su lado, enfrentan dificultades
más marcadas para acceder al cré-
dito formal, por su dispersión y los
mayores riesgos naturales y de
mercado a los que están expues-
tos. La superación de estas barre-
ras debería ser el resultado de un
esfuerzo sistemático y de mayores
alcances para ampliar el financia-
miento formal en el sector rural,
tarea cuya exploración desborda
el alcance del presente trabajo.
Por último, resulta relevante plan-
tear algunas de las probables ten-
dencias de evolución de las micro-
finanzas en el Perú, si se implemen-
tan las recomendaciones sugeridas:
a) Se generaría una consolidación
de un número menor de IMF de
mayor dimensión por la vía de las
reformas institucionales pro-
puestas, que operando a escala
nacional superaría la actual frag-
mentación de la industria y la
segmentación del mercado.
b) Se reforzaría la sostenibilidad
de las IMF por efecto de las
«Los
intermediarios
cobran tasas en
dólares que
fluctúan entre
26% y 36% al año,
mientras que en
soles varían entre
56% y 138%
(frente a una
inflación local del
3,7% anual en
1999)»
mejores estructuras de incen-
tivos para su gestión, del mayor
papel del sector privado en su
desarrollo y de un entorno más
favorable generado por la inter-
vención del sector público y la
cooperación internacional.
c) Se diversificaría la provisión de
servicios financieros de las IMF:
se incluiría entre los productos
activos el crédito de inversión
e hipotecario; y entre los pasi-
vos, una ampliación de las faci-
lidades de depósito y de reali-
zación de pagos, así como una
mayor integración de las IMF al
mercado interno de capitales,
a través de la emisión de certi-
ficados de depósitos negocia-
bles y de bonos.
1212
1212
12
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Clientes de las instituciones de microfinanciamiento1
Carolina Trivelli - IEP
Introducción
El objetivo del presente estudio es
identificar y caracterizar a los clien-
tes de las principales instituciones
de microfinanciamiento, formales
y semiformales, en el Perú. Cono-
cer el perfil de los clientes de las
instituciones de microfinanzas re-
sulta fundamental para compren-
der el tipo de productos y tecno-
logía financiera utilizada por estas
instituciones; y en esa medida co-
nocer, además, el impacto poten-
cial de este tipo de finanzas en la
economía de los pobladores de
menores ingresos o de aquellos
pertenecientes a grupos vulnera-
bles, como las mujeres.
El estudio se divide en cuatro sec-
ciones. En la primera se comenta
brevemente lo que se sabe de las
entidades de microcrédito en el
Perú. En la segunda sección se
analizará, de acuerdo con los da-
tos de la ENNIV, tres sectores con-
siderados importantes para la de-
manda de microcrédito: las mu-
jeres, los microempresarios y los
pobres. En la tercera sección, se
presentarán los principales resul-
tados de tres estudios de caso rea-
lizados en instituciones microfi-
nancieras del Perú.
¿Qué sabemos sobre
los clientes de las
entidades de micro-
crédito en el Perú?
Los estudios de microcrédito que
se centran en la perspectiva de los
demandantes son muy escasos en
el Perú. Es difícil encontrar estu-
dios sobre las características de los
clientes de las entidades microcre-
diticias, incluso en las instituciones
formales. Además, no existen eva-
luaciones de impacto del crédito.
Estas falencias se pueden explicar
principalmente por dos razones: (i)
es costoso (la mayoría de las enti-
dades microfinancieras está lu-
chando por llegar a ser sostenibles),
y (ii) el “éxito” de una entidad
microfinanciera se mide en fun-
ción del conjunto de resultados fi-
nancieros favorables y no, nece-
sariamente, por el impacto en las
actividades de sus clientes.
Definir el tipo de clientes de las
entidades que ofrecen microcré-
dito resulta una tarea prácticamen-
te imposible. Por un lado, existe
una gama amplia de instituciones
que ofrecen este tipo de servicio
financiero, por lo que es difícil
pensar en una estrategia común y/
o un mismo público objetivo. Por
otro lado, existe una gran hetero-
geneidad entre los clientes actua-
les y potenciales.
Sin embargo, la teoría nos sugiere
que las instituciones que ofrecen
microcrédito atienden especial-
mente a los grupos vulnerables, tra-
dicionalmente desatendidos por el
sector formal. Podemos partir del
supuesto de que los pobladores de
menores ingresos, que no suelen
acceder a crédito formal, consti-
tuyen el universo de posibles clien-
tes de las entidades de microcré-
dito. Dentro de este universo,
existen numerosos subgrupos de
clientes: los campesinos, las mu-
jeres (jefas de hogar y las depen-
dientes), los pobres, los microem-
presarios de distintas ramas y/o
escalas, etc. Nuestro estudio ana-
lizará estos últimos grupos.
Los demandantes
potenciales de micro-
crédito en el Perú
Según la evidencia recogida por
ENNIV, la importancia relativa de
algunas fuentes de crédito ha cam-
biado durante el período 1994-
2000. Los bancos han aumentado
su participación en el mercado de
crédito para los hogares, de 7% en
1994 a 28% en el año 2000 (ver
el cuadro 1). Las CMAC que han
mostrado una trayectoria intere-
sante solo fueron incluidas de ma-
nera explícita en la encuesta del
año 2000, por ello no podemos
discutir la evolución de su impor-
tancia como oferente2 de crédi-
to. Otro sector que ha crecido de
manera importante es el de las
«Definir el tipo
de clientes de
las entidades
que ofrecen
microcrédito
resulta una tarea
prácticamente
imposible»
1/ Resumen del artículo homónimo en
Microcrédito en el Perú : quiénes piden,
quiénes dan. Lima: CIES, febrero 2002. Po-
drá descargar la versión completa de esta
publicación desde nuestra página web:
www.consorcio.org
2/ En 1994 y 1997, las CMAC estuvieron en
Otros.
1313
1313
13
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Fuente de crédito ENNIV 1994 ENNIV 1997 ENNIV 2000
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Individuo 33,1 29,8 38,8 13,6 11,2 19,7 18,1 14,7 25,4
Banco 7,0 10,3 1,4 26,7 33,9 7,2 28,0 32,3 18,9
Caja municipal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,0 4,7
Cooperativa 5,2 7,3 1,4 5,0 5,8 2,9 5,5 7,5 1,2
Empresa 12,5 16,3 5,9 8,5 11,3 1,1 2,7 3,6 0,8
Tienda o bodega 14,2 20,9 40,2 39,7 29,8 66,9 28,9 29,8 27,0
Otros 28,0 15,4 12,3 6,5 8,0 2,2 11,1 7,1 21,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: ENNIV 2000, 1997 y 1994
Elaboración: IEP
Hogares con crédito según fuente: 1994, 1997 y 2000
(En porcentaje)
Cuadro 1
tiendas y bodegas3. Estas empre-
sas prestan pequeños montos, bá-
sicamente a través del “fiado”.
Analizando el acceso al crédito
por nivel de pobreza y sexo del
jefe del hogar para cada tipo de
prestamista, encontramos que no
se registran diferencias significa-
tivas en la participación de hom-
bres y mujeres.
Esta neutralidad con respecto al
sexo del jefe de hogar, se puede
explicar por varias razones. En pri-
mer lugar, por la gran importancia
del sector prestamista de las tien-
das y bodegas, cuyas clientas son
predominantemente mujeres. En
segundo lugar, porque los hogares
conducidos por mujeres no se en-
cuentran necesariamente en los
estratos más pobres (el 37,9% de
los hogares conducidos por muje-
res son pobres, cifra muy inferior al
48,2% de los hogares conducidos
por hombres). En tercer lugar, po-
demos mencionar la inexistencia
de políticas discriminatorias en el
grueso de los prestamistas. La úni-
ca excepción sería el caso de los
créditos agropecuarios, donde la
presencia de mujeres es mínima.
Algunas características
de los prestatarios según
el acceso al crédito
El estudio analiza tres grupos rele-
vantes al tema de microfinancia-
miento: mujeres (usando como
variable proxy los hogares dirigi-
dos por mujeres), microempresa-
rios y hogares pobres, en función
de su acceso a crédito. La presen-
cia del sector formal en cada uno
de los tres grupos ha crecido de
manera considerable en el perío-
do estudiado (ver el cuadro 2).
Este crecimiento es el resultado de
«... (el 37,9% de
los hogares
conducidos por
mujeres son
pobres, cifra muy
inferior al 48,2%
de los hogares
conducidos por
hombres)»
la expansión del crédito, en gene-
ral, y de la estrategia de amplia-
ción de clientela emprendida por
varios intermediarios formales (so-
bre todo los no bancarios y los ban-
cos de consumo). Es importante
señalar que los microempresarios
han visto un marcado cambio de
tendencia en cuanto a su acceso a
financiamiento del sector formal.
Los hogares dirigidos
por mujeres
El porcentaje de hogares dirigidos
por mujeres con crédito en Lima
(18,2%), es ligeramente superior
al promedio nacional. Este hecho
coincide con la mayor oferta cre-
diticia en Lima y con el menor
acceso al mismo por parte de los
hogares rurales4. Las mujeres je-
fas de hogar con crédito formal son
3/ “Tiendas y bodegas” es una categoría muy
amplia. En el caso del ámbito rural incluye
pequeños abastos (crédito de consumo), tien-
das de electrodomésticos y otros artículos para
el hogar, expendios de insumos agropecua-
rios y probablemente comerciantes de pro-
ductos agropecuarios.
4/ Solo el 11% de los hogares dirigidos por
mujeres en la sierra rural tuvo crédito.
1414
1414
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Hogares dirigidos Hogares de Hogares
por mujeres microempresarios pobres
% Nº de % Nº de % Nº de
hogares hogares hogares
ENNIV 1994
% hogares con crédito 16,9 116.664 17,9 407.505 13,5 251.292
% hogares con crédito formal 10,4 12.103 13,9 56.718 4,9 12.434
ENNIV 1997
% hogares con crédito 23,4 179.289 29,4 318.550 23,2 455.094
% hogares con crédito formal 27,7 49.634 28,6 91.040 23,4 106.378
ENNIV 2000
% hogares con crédito 16,0 134.958 19,2 639.161 15,7 358.454
% hogares con crédito formal 35,6 48.027 35,6 227.629 25,9 92.765
Fuente: ENNIV 2000, 1997 y 1994
Elaboración: IEP
Hogares con crédito y con crédito formal: 1994, 1997 y 2000
(En porcentaje)
Cuadro 2
más educadas que aquellas con
crédito no formal y sin crédito.
El promedio de años de educa-
ción de las jefas de hogar con cré-
dito es 8 años. Para el caso del
crédito formal es de 11 años, muy
por encima de los 6 años prome-
dio de las jefas de hogares sin cré-
dito. Además, un 36% de las mu-
jeres con crédito formal posee
educación superior universitaria.
El promedio de educación de las
jefas de hogar con crédito es sig-
nificativamente mayor al nivel
educativo de los microempresa-
rios con crédito formal. El prome-
dio de edad de las mujeres con
crédito formal es 58 años, mien-
tras que las que cuentan con cré-
dito no formal tienen en prome-
dio 51 años. Aquellos hogares que
poseen crédito formal son de ha-
bla castellana en un 86%, mien-
tras que aquellos con crédito no
formal son solo 77%.
El monto promedio adeudado por
los hogares dirigidos por mujeres
es relativamente bajo (US$ 353).
Como era de esperarse, el mon-
to promedio adeudado al sector
formal en Lima Metropolitana, por
hogares dirigidos por mujeres, es
de US$ 1.133,3; mientras que el
monto con fuentes no formales es
apenas US$ 77,6. En la sierra ur-
bana, la brecha entre sector for-
mal y no formal es menor, US$ 608
del primero contra US$ 170 del
segundo. Sorprendentemente, los
hogares de la sierra rural cuentan
con deudas muy pequeñas con el
sector no formal, US$ 67,1 en
promedio, mientras que la deu-
da promedio con el sector formal
es de US$ 752.
La relación entre la deuda y los
ingresos en este sector es en pro-
medio 0,09, aunque es superior en
el caso de los hogares con crédito
formal (0,17). En promedio, el
17% de los hogares cuenta con
ahorros. En el caso de aquellos con
crédito formal, este porcentaje as-
ciende a 28%.
Los microempresarios
El conjunto de hogares de micro-
empresarios (as) representa cerca
del 70% de los hogares del país.
Del total de hogares de microem-
presarios, el 41% se encuentra por
debajo de la línea de la pobreza.
El 19% de los hogares de micro-
empresarios tuvo algún crédito en
el año 2000, de acuerdo con lo
reportado en la ENNIV, y el 36%
de los hogares con crédito lo obtu-
vo de alguna fuente formal. El 88 %
«El monto
promedio
adeudado por los
hogares dirigidos
por mujeres es
relativamente
bajo (US$ 353)»
1515
1515
15
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
del crédito total se concentra en
microempresarios hombres5. La
edad promedio de los jefes de
hogar con crédito fue de 45 años.
Al igual que en el caso de los ho-
gares dirigidos por mujeres, este
promedio fue mayor para el caso
de los hogares con crédito formal
(49 años).
En promedio, los microempresa-
rios con crédito cuentan con 8 años
de educación; sin embargo, la di-
ferencia entre los años de educa-
ción promedio de los que poseen
crédito formal y crédito no formal
es mínima.
El monto promedio de la deuda
para este sector es de US$ 756,5,
prácticamente el doble que la re-
gistrada por los hogares dirigidos
por mujeres. Si se excluyen los cré-
ditos obtenidos por los microem-
presarios rurales para llevar ade-
lante su producción agropecuaria,
este promedio cae a US$ 419. El
promedio de los créditos obteni-
dos por los microempresarios en
la sierra rural (US$ 652) es mayor
a los obtenidos en Lima y la sierra
urbana (US$ 515 y US$ 544, res-
pectivamente), por las caracterís-
ticas del negocio agropecuario.
La relación entre la deuda y los
ingresos en este sector es en pro-
medio 0,24, aunque es muy supe-
rior en el caso de los hogares con
crédito formal (0,41). En prome-
dio, el 14% de los hogares cuenta
con ahorros.
Los hogares pobres
Según la ENNIV del año 2000, el
16% de los hogares pobres obtu-
vo algún crédito. Esto indicaría
que aparentemente no enfrentan
una situación distinta a la de los
otros dos grupos analizados en
este documento. Los hogares po-
bres, con y sin crédito, estarían
dirigidos por jefes de hogar de
edades similares, alrededor de los
47 años. Sin embargo, al compa-
rar las medianas, encontramos
que los hogares con crédito tien-
den a ser los más jóvenes. Al igual
que en los casos anteriores, los
hogares con crédito formal tienen
en promedio jefes de hogar de
mayor edad que los hogares que
tienen crédito de fuentes no for-
males. En todo caso, las diferen-
cias no resultan significativas.
El nivel educativo promedio de
estos hogares es menor que el de
los dos grupos anteriormente ana-
lizados (7 años de educación en
promedio). El porcentaje de jefes
de hogar de habla castellana tam-
bién es menor que en los otros dos
casos (81% en promedio). Sin
embargo, se mantiene el hecho de
que los hogares con mayor edu-
cación son los que acceden a cré-
ditos formales.
El monto de la deuda vigente de
los hogares pobres es, en prome-
dio, muy pequeño (US$ 382,7). Sin
embargo, al eliminar los créditos
agropecuarios, el promedio adeu-
dado por los hogares pobres en el
ámbito nacional baja a US$ 254.
Esto refleja que el crédito de los
hogares dirigidos por mujeres y de
los microempresarios, no es nece-
sariamente para los más pobres.
Este promedio debe analizarse de-
talladamente para cada región. Así,
en Lima, la brecha entre el crédito
formal y el no formal es considera-
ble (US$ 845 contra US$ 114). Esta
brecha también es bastante consi-
derable en la sierra rural, pero es
menor para la sierra urbana. La
relación entre la deuda vigente y
los ingresos de los hogares es de
0,19. Es muy superior en el caso
de los hogares con crédito formal,
0,39. El porcentaje de hogares con
ahorros es menor que en los dos
otros casos (9,6%).
En general, existe gran heteroge-
neidad al interior de cada grupo,
pero existirían variables clave, ta-
les como el nivel educativo, para
identificar a los clientes reales y
potenciales. La estrecha relación
entre acceso a crédito formal y
mayor educación debe ser pro-
fundizada, pues podría interpre-
tarse como que un determinado
nivel de educación resulta condi-
ción necesaria para acceder a
créditos formales. Finalmente, los
resultados presentados indicarían
que existe un sector que actual-
mente tiene crédito (no formal en
su mayoría), que podría ampliar
su endeudamiento.
Una aproximación
a la probabilidad de
tener crédito
Para profundizar en la caracteri-
zación de los prestatarios actual-
mente atendidos, realizamos un
ejercicio con una estimación sim-
ple para identificar las variables
que afectan la probabilidad de
que un hogar cuente con crédi-
to. Para este fin estimamos un
modelo probit, basado en la si-
guiente especificación:
Probabilidad de tener crédito = ƒ
(sexo, edad, edad2, educación, tasa
de dependencia, lengua materna,
nivel de ingreso, pobreza, ámbito)
Se estimaron cuatro modelos. El
primer modelo fue estimado utili-
zando toda la muestra de hogares
de la ENNIV; el segundo, los ho-
gares dirigidos por mujeres; el ter-
cero, el conjunto de hogares de
microempresarios; y el cuarto, los
hogares pobres.
Los resultados del primer mode-
lo muestran que la probabilidad
de acceder a crédito es afectada
5/ El porcentaje de hogares con crédito formal
dirigidos por mujeres es cerca de la mitad del
porcentaje de los hogares dirigidos por mujer.
1616
1616
16
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
positiva y significativamente por
las variables edad, educación y len-
gua materna; y negativamente por
la tasa de dependencia y el hecho
de que el hogar sea pobre. Estos
resultados son bastante sólidos des-
de el punto de vista estadístico.
En el caso del modelo solo para
hogares encabezados por mujeres,
vemos que el impacto de la len-
gua materna es mayor que en los
otros modelos. Los hogares de len-
gua materna castellano tienen 10%
más posibilidades de acceder a al-
gún crédito que un hogar similar,
pero de habla distinta.
Para el caso de los microempresa-
rios, la variable pobreza desempe-
ña un papel importante. La proba-
bilidad de que un hogar de micro-
empresarios tenga crédito es 5%
mayor, si el hogar es no pobre.
Para los hogares pobres, encontra-
mos que las variables significativas
son educación y lengua materna.
Las elasticidades asociadas a cada
una de estas variables revelan que
los impactos son menores a los re-
gistrados en los otros grupos.
Las estimaciones presentadas nos
permiten concluir que la variable
sexo del jefe del hogar, no resulta
significativa en ninguno de los casos.
Tres estudios de caso:
clientes de entidades
de microfinanzas
Los resultados, aquí presentados,
se basan en el análisis de la infor-
mación que los propios prestamis-
tas poseen sobre sus clientes en
tres instituciones de microfinanzas.
El objetivo del análisis de estos ca-
sos es delinear similitudes (si exis-
ten) entre los clientes de estas or-
ganizaciones, que refuercen o nie-
guen las apreciaciones generales
mostradas en la sección anterior.
Los casos seleccionados
Los tres casos seleccionados para
este trabajo son el del Instituto de
Fomento a la Comercialización
Campesina (IFOCC), de la Asocia-
ción Benéfica Prisma (sede Pam-
pas, en San Juan de Miraflores) y
de la CMAC de Huancayo (sede
de la ciudad Huancayo).
Metodología empleada
La metodología utilizada para
abordar estos estudios de caso fue
seleccionar una muestra represen-
tativa y aleatoria de los clientes de
cada una de las instituciones y, so-
bre la base de una ficha común a
estas, recabar la información dis-
ponible sobre determinadas carac-
terísticas de sus clientes (demográ-
ficas, socioeconómicas, sobre cré-
ditos vigentes e historia crediticia
con la institución).
Los resultados
IFOCC
La información recabada en el
IFOCC, del Cusco, nos permite
comprobar que la mayor parte de
sus prestatarios se encontraban en
el ámbito rural (91%). Los prime-
ros resultados muestran que el
37,5% de los clientes del IFOCC
son mujeres, la mayoría de las cua-
les vive en zonas rurales y se de-
dica al comercio. Los clientes va-
rones, por su parte, se dedican a
actividades agropecuarias y al co-
mercio. El promedio de edad de
los clientes del IFOCC es 40 años.
El 13% de los clientes, de los que
tenemos información, reporta no
tener ningún nivel educativo y solo
el 7,7% tiene algún nivel de edu-
cación técnica o superior (comple-
ta o incompleta). El nivel educati-
vo promedio equivale a primaria
completa.
Los créditos otorgados por el
IFOCC son principalmente para
capital de trabajo y, en su mayo-
ría, usan grupos solidarios6. El mon-
to promedio de los créditos vigen-
tes es alrededor de US$ 335 en
zonas rurales y de US$ 930 en
zonas urbanas. Se cobra una tasa
de interés mensual fija de 2,7% en
dólares y 5,3% en soles (igual para
todos los clientes).
Tanto el porcentaje de jefes de
hogar con lengua materna distinta
al castellano, como el de las jefas
de hogar mujeres que tienen ac-
ceso a créditos del IFOCC, están
muy por encima del promedio re-
portado por la ENNIV. El prome-
dio prestado está por encima del
sector informal en este ámbito. En
general, encontramos que esta ins-
titución ha logrado llegar a algu-
nos grupos tradicionalmente de-
satendidos. Asimismo, encontra-
mos que la morosidad (morosidad
“histórica” y no contable) es bas-
tante alta y que existe cierta rela-
ción entre morosidad y variables
como educación, sexo y monto de
la deuda, que deberían ser explo-
radas en detalle para llegar a re-
sultados conclusivos.
«La probabilidad
de que un
hogar de
microempresarios
tenga crédito es
5% mayor, si el
hogar es no
pobre»
6/ En el ámbito urbano, donde se concen-
tran los nuevos créditos, se otorgan crédi-
tos individuales.
1717
1717
17
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Prisma, Sede Pampas (San Juan
de Miraflores, Lima)
La información de los clientes está
basada en una muestra de 15 ban-
cos comunales que agrupan a 200
clientes. Los bancos comunales
operan sobre la base de ciclos (ro-
taciones), con un máximo de 6 ci-
clos por banco. Existe un límite al
monto que Prisma puede otorgar
a cada miembro de un banco (al-
rededor de US$ 300). La tasa de
interés cobrada a los clientes es de
4% mensual en soles (flat), aplica-
ble a los fondos otorgados por Pris-
ma a cada banco, y de entre 5 y
10% mensual en soles, sobre los
recursos propios de cada banco.
Al igual que en el IFOCC, la tasa
es fija para todos los clientes.
Los 15 bancos analizados poseen
colocaciones por 258 mil soles, lo
que implicaría un crédito prome-
dio por cliente cercano a los S/.
1.291 (US$ 360 aproximadamen-
te). Esto se explica por el mayor
monto de crédito registrado en al-
gunos grupos con varias rotacio-
nes, que han acumulado capital
adicional al aportado por Prisma.
Así tenemos que el 64,5% de los
clientes de los bancos comunales
en San Juan de Miraflores son muje-
res, cifra más alta que la reportada
para la institución como conjunto.
Casi todos los clientes se dedican
al comercio. Los clientes de la sede
Pampas son bastante jóvenes (me-
diana de 35 años), todos hablan el
castellano como lengua materna y
tienen en promedio 11 años de
educación. Por otro lado, las mu-
jeres tienen relativamente menos
años de educación que los clien-
tes varones.
Al comparar a los clientes que al-
guna vez han sido morosos con los
no morosos, encontramos que, al
igual que en el caso del IFOCC,
las mujeres resultan mejores paga-
doras que los hombres. De igual
modo, los morosos son relativa-
mente más jóvenes que los no
morosos. Aparentemente, no ha-
bría diferencias significativas en el
nivel educativo de los morosos y
los no morosos.
La CMAC de Huancayo
La CMAC Huancayo es una de las
más importantes fuentes de crédi-
to a las PyME en el centro del país,
en especial a las PyME urbanas.
Los bajos niveles de morosidad se
justifican por el riguroso control de
las operaciones crediticias, la apro-
piada asignación del crédito y el
control efectivo de las aprobacio-
nes de los créditos.
A junio de 2000, el saldo de la car-
tera de colocaciones era de US$
8,16 millones, de los cuales el cré-
dito PyME no agrícola representa-
ba el 72% y la cartera agrícola, el
11,3% del total. El crédito prome-
dio fue de US$ 490, siendo el
préstamo agrícola promedio el
mayor, con US$ 784.
Las tasas de interés que se cobran
en la CMAC Huancayo fluctúan
entre 55,55% como mínimo y
74,52% anual en soles como máxi-
mo, definidas en función de la
evaluación de cada cliente. A pe-
sar de no tener “enfoque de gé-
nero”, el porcentaje de clientes
mujeres es bastante alto (45%). El
grueso de los clientes y clientas
vive en zonas urbanas y se dedica
al comercio o posee una PyME.
La ratio deuda/ingreso para sus
clientes es bastante alto (0,78 en
promedio) e inclusive superior al
hallado basándose en información
de la ENNIV. Esto podría estar evi-
denciando que los microempresa-
rios que solían trabajar con crédi-
to no formal, ahora habrían incre-
mentado su endeudamiento al ac-
ceder a fondos de la CMAC. Asi-
mismo, a diferencia de lo encon-
trado en los otros dos casos, el por-
centaje de mujeres morosas es
mayor. Es decir, no se cumpliría
que las mujeres son mejores pa-
gadoras. Sin embargo, hay que
resaltar que a pesar de que la ins-
titución no hace enfoque de gé-
nero, el 45% de sus clientes son
mujeres. Además, la CMAC apa-
rentemente estaría generando re-
laciones de largo aliento con sus
clientes. Aunque solo el 22% de
ellos han obtenido más de cinco
créditos, estos son los que tienen
mayores ingresos. Inclusive, aque-
llos con más de 5 créditos tienen
deudas por el doble del monto que
aquellos con menos de 5 créditos.
Para cerrar esta sección presenta-
remos algunos de los resultados de
los tres casos, para tener una vi-
sión más general con respecto al
tema de los clientes (ver el cuadro
3). En la sección de las conclusio-
nes comentaremos sobre los prin-
cipales hallazgos y diferencias en-
contradas en los estudios de caso.
Los estudios de caso realizados nos
demuestran la heterogeneidad
existente entre las instituciones de
microcrédito. Las diferencias en
las instituciones son de todo tipo
(tipo de clientes, tecnología, gru-
pos metas, escala, diversificación
de cartera, etc.). Esta heterogenei-
dad dificulta el análisis de los clien-
tes como un solo grupo.
Los resultados de los estudios de
caso llevan a pensar que las enti-
dades de microcrédito proporcio-
nan recursos a mujeres de distin-
tos grupos tradicionalmente de-
satendidas, tanto en zonas urbanas
como rurales. Además, la eviden-
cia sugiere que las mujeres son
mejores pagadoras y que tienden
a ser más fieles a la institución con
la que trabajan.
Los clientes de las tres instituciones
analizadas se encuentran por en-
cima del promedio de su grupo de
1818
1818
18
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
referencia, según la lectura de la
ENNIV. Esto puede deberse tanto a
que las instituciones de microcré-
dito trabajan con los mejores (me-
jor dotados de capital físico y hu-
mano) miembros de los grupos
meta (microempresarios, mujeres,
hogares pobres, etc.), como a que
el acceso a fuentes de crédito se
convierte en uno de los mecanis-
mos para mejorar la situación de
los clientes. La discusión sobre este
punto es amplia y se requiere de
mayor investigación en el tema.
Existe poco consenso en el sector
sobre la importancia de obtener
información acerca de los clien-
tes, sobre cómo usarla, procesar-
la y almacenarla. Las tres institu-
ciones poseen mucha informa-
ción que no usan o que está in-
Clientes
CMAC Prisma IFOCC
Ámbito Huancayo Lima / S.J. Miraflores Cusco
Grupo meta Microempresarios Mujeres Pobres
mujeres pobres sector rural
Sexo del jefe de familia
- % de hombres 55,0 35,5 62,5
- % de mujeres 45,0 64,5 37,5
Edad del jefe de familia (mediana) 43 35 40
% de clientes que se dedica al comercio 54,0 78,5 40,8
Valor de deuda actual (US$) 889,5 198,8 425,5
Tasa de interés anual en soles 55,55% 148,0% 52,6%
Tasa de morosidad 14,0% 28,5% 39,0%
1/: La tasa de interés de la CMAC Huancayo varía entre el 55,55% y el 74,52%.
Fuente: Encuesta de identificación de los clientes de entidades de microfinanzas - IEP
Elaboración: IEP
Comparativo de las características socioeconómicas y crediticias de los clientes
Cuadro 3
completa. El costo para las enti-
dades de microfinanzas de reco-
pilar esta valiosa información es
relativamente bajo. Sin embargo,
el diseño de los sistemas para ha-
cerlo, la capacitación en cómo
archivarla y, sobre todo, en cómo
usarla es inexistente (y podría ser
una función de las entidades como
la asociación de CMAC, Copeme
u otras redes).
Finalmente, es importante recal-
car que este trabajo representa
un primer intento por entrar en
el tema de las características de
los clientes. Sobre la base de esta
exploración podremos avanzar
hacia esfuerzos más orgánicos,
para conocer a los demandantes
reales y potenciales de las enti-
dades de microfinanzas.
«... las
entidades de
microcrédito
proporcionan
recursos a
mujeres de
distintos grupos
tradicionalmente
desatendidas,
tanto en zonas
urbanas como
rurales»
1919
1919
19
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Estudio del mercado microfinanciero de Huancayo1
Javier Alvarado / Francisco Galarza - CEPES
Introducción
El presente informe resume los
principales hallazgos de la investi-
gación “El mercado microfinancie-
ro de Huancayo”, realizada en el
marco de la Red CIES de Micro-
crédito, Género y Pobreza con el
auspicio de la Fundación Ford. Pre-
sentaremos inicialmente el contex-
to socioeconómico de la provin-
cia de Huancayo, para luego pro-
ceder a analizar las principales ca-
racterísticas de los sistemas finan-
cieros formales y semiformales.
Posteriormente, se exploran las
tecnologías crediticias aplicadas
por las diferentes entidades pres-
tatarias y los procedimientos utili-
zados en la captación de depósi-
tos. Finalmente, se resumen las
principales conclusiones y leccio-
nes obtenidas de la investigación.
El contexto
socioeconómico
La población proyectada a junio
de 2002 para la provincia de
Huancayo es de 476.456 habitan-
tes, cifra que representa el 38,2%
de la población departamental. El
78,4% de dicha población es ur-
bana, según información del Cen-
so INEI de 1993. Las actividades
comerciales y de servicios son las
principales fuentes de empleo
(38,4% del total), seguidas por la
agricultura (21,3%) y la industria
(10,8%)2. La importancia del co-
mercio en la actividad económi-
ca provincial constituye un factor
positivo para el desarrollo de ac-
tividades de microfinanciamien-
to, dado que estas actividades re-
quieren de bajos montos de fi-
nanciamiento y rotan rápidamen-
te el capital.
Por otro lado, de acuerdo con in-
formación del III Censo Nacional
Económico (CENEC), el departa-
mento de Junín reúne el 6,6% de
PyME del país. En la provincia de
Huancayo, el 89,3% de las PyME
son personas naturales, el 4,2%
son empresas unipersonales; y
solo el 3,7% tiene formas empre-
sariales formales –2,5% son socie-
dades de responsabilidad limitada
(S.R.L.) y 1,2% son empresas indi-
viduales de responsabilidad limi-
tada (E.I.R.L.)–. Por otro lado, el
69,1% de las PyME se dedica al
comercio, el 9,3% son restauran-
tes y hoteles, y solo el 9,2% se
dedica a la industria. El resto de
establecimientos se concentra
mayoritariamente en actividades
de servicios.
Huancayo cuenta con varias con-
diciones que favorecen el desarro-
llo de las microfinanzas con rela-
ción a otras ciudades del interior
del país. Su ubicación geográfica
y su articulación con Lima, han
hecho que las actividades comer-
ciales adquieran un gran dinamis-
mo e importancia. Además, el alto
grado de urbanización y una po-
blación relativamente instruida fa-
vorecen la actividad económica.
Todo ello contribuye a que Huan-
cayo sea la principal plaza finan-
ciera de la Sierra y una de las más
importantes del interior del país.
El sistema financiero
de Huancayo
Sistema financiero formal
El departamento de Junín ocupa el
octavo puesto en el ámbito nacio-
1/ Podrá descargar la versión completa de este
documento desde nuestra página web:
www.consorcio.org
2/ La actividad económica más importante
del departamento de Junín es la industria ma-
nufacturera, gracias a la producción de la in-
dustria metálica de La Oroya; seguida de las
actividades agropecuarias, que a su vez con-
centran la mayor proporción de la población
económicamente activa (PEA).
3/ Las colocaciones del departamento de Junín
al 31 de diciembre de 2001 representan 12,7
veces las correspondientes a Ayacucho, más
de 2.320 veces las de Huancavelica, 13,1 ve-
ces las de Pasco, 2,7 veces las de Puno, 36,6
veces las de Apurímac e incluso 1,3 veces las
de Cusco.
nal en colocaciones, y el primero
en el nivel regional3. A su vez, el
sistema financiero de Huancayo
concentra el 86,5% de las coloca-
ciones y el 71% de las captacio-
nes del departamento.
A diciembre de 2001, el mercado
financiero formal de Huancayo
estaba constituido por cuatro ban-
cos comerciales (Crédito, Conti-
« ... el sistema
financiero de
Huancayo
concentra el
86,5% de las
colocaciones y el
71% de las
captaciones del
departament
2020
2020
20
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
nental, Wiese-Sudameris e Inter-
bank) que operaban el segmento
de la mediana y gran empresa, dos
entidades especializadas en crédi-
to de consumo (Banco del Trabajo
y Financiera Solución) y tres enti-
dades especializadas en créditos
para la micro y pequeña empresa
(Mibanco4 y dos entidades finan-
cieras regionales: la CMAC5 Huan-
cayo y la Edpyme6 Confianza). Es-
tas cinco últimas son consideradas
organizaciones de microfinancia-
miento (OMF)7. La presencia de
la mayoría de las OMF en Huan-
cayo es un fenómeno relativamen-
te nuevo, pues hasta hace cinco
años prácticamente la única enti-
dad formal que ofrecía servicios
financieros a las PyME era la
CMAC de Huancayo.
En el caso del crédito, los produc-
tos ofrecidos son básicamente de
dos tipos: créditos PyME y crédi-
tos de consumo (personal), con
variantes en modalidades dentro
de un mismo producto. Cabe se-
ñalar que solo la Caja Municipal
y la Edpyme Confianza otorgan
créditos para financiar actividades
agropecuarias, aun cuando solo
en el caso de la Edpyme estas re-
presentan una proporción relati-
vamente elevada de su cartera.
Por otro lado, aún no se aprecia
una incursión decidida en los cré-
ditos hipotecarios, que podría
darse con el uso de la línea MiVi-
vienda (administrada por Cofide),
que ya está siendo implementa-
da por las cinco entidades finan-
cieras consideradas.
Entidad 1999 2000 2001
Cartera MoraaRiesgobCartera MoraaRiesgobCartera % MoraaRiesgob
Bancos comercialesc35.103 n.d. n.d. 24.669 27,1 31,5 26.393 51,7 21,5 48,3
Crédito 9.464 n.d. n.d. 6.122 46,4 59,4 5.021 9,8 48,8 67,0
Continental 10.290 n.d. n.d. 8.417 5,7 7,8 7.192 14,1 9,1 16,1
Interbank 7.179 n.d. n.d. 5.839 38,2 38,2 5.791 11,4 34,2 34,2
Wiese-Sudameris 8.170 n.d. n.d. 4.291 26,2 28,9 8.389 16,4 6,9 6,9
Entidades de consumo 4.930 n.d. n.d. 6.288 0,7 2,0 7.179 14,1 0,7 2,1
Banco del Trabajo 3.542 n.d. n.d. 4.101 0,6 2,7 4.6 21 9,1 0,4 2,2
Serbancod117 n.d. n.d. 483 0,0 0,0 - - - -
Financiera Solución 1.271 n.d. n.d. 1.704 1,0 1,0 2.558 5,0 1,2 1,9
OMF especializ. en PyME 7.466 3,4 4,7 10.172 4,6 6,0 17.437 34,2 4,7 6,0
Mibanco - - - - - - 1.027 2,0 0,0 0,0
CMAC Huancayo 6.742 3,5 4,1 8.686 4,8 6,4 14.220 27,9 4,9 6,4
Edpyme Confianza 723 2,4 10,1 1.487 3,2 3,7 2.189 4,3 5,2 6,4
Total mercado Huancayo 47.499 n.d. n.d. 41.130 17,5 20,7 51.009 100,0 12,8 16,2
Variación -13,4% 24,0%
% mercado de Junín 89,6% 85,8% 86,5%
* Se han excluido los datos de la CRAC Selva Central, actualmente en liquidación.
n.d.: no disponible.
a: Créditos vencidos y en cobranza judicial entre colocaciones brutas (en porcentajes).
b: Créditos vencidos, en cobranza judicial y refinanciados entre colocaciones brutas (en porcentajes).
c: Bancos de Crédito, Wiese-Sudameris, Continental e Interbank.
d: Serbanco fue intervenido por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en setiembre de 2000. Información a julio de 2000.
Fuente: Banco Central de Reserva (BCRP) – Sucursal Huancayo
Elaboración propia
Las colocaciones del sistema finan-
ciero formal de Huancayo crecie-
ron 24% en el período 2000-2001
(ver el cuadro 1), gracias al buen
desempeño de las OMF especia-
lizadas (principalmente de la
CMAC Huancayo) y de las enti-
dades de consumo.
Evolución de las colocaciones en el sistema financiero de Huancayo*
(Montos en miles de dólares)
Cuadro 1
4/ Mibanco recién opera desde enero de 2001.
5/ Caja Municipal de Ahorro y Crédito. CMAC
Huancayo inició operaciones en agosto de 1988.
6/ Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Mi-
croempresa. Edpyme Confianza inició opera-
ciones en junio de 1998, a raíz de la formali-
zación de las operaciones de crédito de la
ONG Servicios Educativos, Promoción y Apo-
yo Rural (SEPAR).
7/ Las OMF formales incluyen a las especiali-
zadas en créditos a las PyME y aquellas espe-
cializadas en créditos de consumo.
2121
2121
21
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
El índice de morosidad provincial
ha sido típicamente alto, aunque
registra una tendencia decreciente
en los últimos dos años (alrededor
del 20% en 1999, 17,5% en 2000
y 12,8% en 2001). Asimismo,
como es usual en otros mercados
financieros regionales, los bancos
comerciales son los que explican
en gran medida la magnitud de la
morosidad (87% del total provin-
cial). Por el contrario, las OMF es-
pecializadas muestran tasas de
Agropecuario
7,3% Industria
7,0% Minería
5,9%
Otros
27,4%
Consumo
11,4% Servicios
6,2%
Comercio
34,8%
Fuente: BCRP – Sucursal Huancayo
Elaboración propia
Huancayo: distribución de las colocaciones según sector
(Diciembre de 2001)
Gráfico 1
morosidad moderadas. Esto nos su-
giere dos explicaciones no exclu-
yentes. Por un lado, las empresas
corporativas (mediana y gran em-
presa) regionales han sido más afec-
tadas por la crisis económica que las
PyME. Por otro lado, los cuadros
gerenciales locales de los bancos
corporativos han sido quizá menos
competentes que el de las OMF.
Analizando la clasificación de la
cartera de Huancayo según acti-
vidad económica, se observa una
fuerte concentración en el comer-
cio (35%) y, en menor medida, en
el sector agropecuario (7,3%), en
la industria (7%) y la minería (6%),
como se muestra en el gráfico 1.
Asimismo, los créditos de consu-
mo se muestran importantes
(11,4% del total). Las colocaciones
departamentales tienen una distri-
bución similar, salvo en el caso del
sector agropecuario (13%), dife-
rencia que se explica por el me-
nor grado de urbanización afuera
de la provincia de Huancayo.
La evolución de las captaciones en
la provincia de Huancayo ha se-
guido una tendencia decreciente
«... dentro de la
estructura del
mercado de
depósitos existe
una marcada
concentración de
los bancos
comerciales –los
que reúnen el
85% del total de
depósitos–»
(ver el cuadro 2)8. Asimismo, den-
tro de la estructura del mercado
de depósitos existe una marcada
concentración de los bancos co-
merciales –los que reúnen el 85%
del total de depósitos–. La Caja
Municipal experimentó un creci-
miento notable de las captaciones
(98% en 2001) impulsado por las
campañas “Multiahorro”, que otor-
gaban premios y tasas muy com-
petitivas. Por el contrario, los de-
pósitos de los bancos comerciales
disminuyeron en 14% promedio
anual en el mencionado período.
En general, los indicadores finan-
cieros de las OMF locales que ope-
ran en Huancayo han mejorado en
los dos últimos años (ver el cuadro
3). Las dos entidades locales pre-
sentan una situación estable, con
índices de morosidad menores al
5%, niveles de cobertura de car-
tera atrasada importantes, elevados
niveles de rentabilidad de activos
–de casi el 5%– y del patrimonio
–por encima del 20%–. Para las
otras tres entidades financieras se
presenta información agregada,
dado que no se dispuso de datos
de la plaza de Huancayo.
Sistema financiero
no formal
Las organizaciones no
gubernamentales (ONG)
Las principales ONG que otorgan
crédito en la provincia de Huan-
cayo son cuatro: el Instituto de
Desarrollo del Sector Informal
(IDESI) Huancayo, la Asociación
Benéfica (AB) Prisma (agencia
Huancayo), el Grupo Consultivo
para el Desarrollo (GCOD) y el
Centro de Asesoría Laboral (CE-
DAL). IDESI tiene una cartera
8/ En el sistema financiero nacional, por el
contrario, los depósitos crecieron en 0,6%
(2000) y 3,5% (2001).
2222
2222
22
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Entidad 1999 2000 2001
Saldo % Saldo % Saldo %
Bancos comercialesa96.155 100,0 77.842 100,0 71.051 100,0
%96,0% 90,7% 84,9%
Vista 10.914 11,4 7.477 9,6 8.515 12,0
Ahorro 45.582 47,4 34.518 44,3 34.539 48,6
Plazo 39.659 41,2 35.847 46,1 27.997 39,4
Banco del Trabajo 1.031 100,0 1.622 100,0 1.363 100,0
%1,0% 1,9% 1,6%
Vista 24 2,4 32 2,0 30 2,2
Ahorro 201 19,5 236 14,6 180 13,2
Plazo 805 78,1 1.353 83,5 1.152 84,5
Financiera Solución 0 0 0 0 5b100,0
%0,0% 0,0% 0,0%
Serbancoc93 100,0 247 100,0 0 0
%0,1% 0,3% 0,0%
Vista 0 0,0 0 0,0
Ahorro 28 30,2 32 12,8
Plazo 65 69,8 215 87,2
Mibanco 0 0 0 0 143 100,0
%0,0% 0,0% 0,2%
Ahorro 53 37,0
Plazo 90 63,0
CMAC Huancayo 2.837 100,0 6.111 100,0 11.138 100,0
%2,8% 7,1% 13,3%
Ahorro 1.192 42,0 1.865 30,5 3.390 30,4
Plazo 1.645 58,0 4.245 69,5 7.748 69,6
Total mercado Huancayo 100.116 100,0 85.821 100,0 8.700 100,0
%100,0% 100,0% 100,0%
Vista 10.939 10,9 7.508 8,7 8.550 10,2
Ahorro 47.003 46,9 36.651 42,7 38.163 45,6
Plazo 42.174 42,1 41.661 48,5 36.987 44,2
Crecimiento (Huancayo) -14,3% -2,5%
% del mercado de Junín 69,0% 65,9% 71,0%
a: Bancos de Crédito, Wiese-Sudameris, Continental e Interbank.
b: Todo el monto es de depósitos a la vista.
c: Serbanco fue intervenida por la SBS en setiembre de 2000. Información a julio de 2000.
Fuente: BCRP – Sucursal Huancayo
Elaboración propia
Evolución de las captaciones en el sistema financiero de Huancayo
(En miles de dólares)
Cuadro 2
básicamente urbana, mientras que
el GCOD y Prisma participan, ade-
más, en el sector rural.
La cartera bruta conjunta de IDESI
Huancayo, GCOD y Prisma al fi-
nal del ejercicio 2001 representó
US$ 1.124.769, con un total de
5.460 clientes. Este monto es ape-
nas el 6,5% de las colocaciones de
las OMF especializadas en el sec-
tor de las PyME, el 4,6% de las
OMF en su conjunto y solo el 2,2%
de las colocaciones brutas totales
del sistema financiero formal en
dicha provincia.
La evidencia apunta hacia que los
clientes de las ONG poseen me-
nores recursos que los de las enti-
dades financieras formales. Gra-
cias a la mayor flexibilidad de las
condiciones para acceder al cré-
dito en las ONG, el mercado se
ha segmentado de tal manera que
2323
2323
23
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Indicador CMAC Huancayo Edpyme Confianza Mibanco B. del Trabajo F. Solución
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Calidad de activos
Tasa de mora (%) 3,5 4,4 4,8 3,7 3,1 4,2 1,8 1,7 2,8 5,1 4,2 5,8 4,4 1,5 1,9
Cartera en riesgo (%)b4,1 5,6 6,0 11,4 3,6 5,3 1,8 1,7 2,8 7,6 7,0 8,6 4,5 2,0 3,4
Provisiones/
Cartera atrasada (%) 105,2 112,8 124,9 93,5 139,3 116,9 135,9 145,3 147,3 146,5 147,5 105,7 131,6 166,1 157,4
Activos pond. por riesgo/
Patrimonio efectivo 3,5 5,2 6,1 2,8 3,9 4,5 2,0 3,01 4,57 6,3 6,6 7,6 3,3 3,3 4,4
Rentabilidad
ROE (%)c28,2 22,9 30,7 -19,3 15,7 21,6 3,4 8,8 17,4 20,9 23,1 8,0 22,4 25,6 26,6
ROA (%)d5,4 3,7 4,6 -8,1 5,5 4,8 1,6 2,7 4,3 2,9 2,6 0,9 6,3 5,9 5,9
Eficiencia (%)
Gastos operativos/
colocac. brutas promedioe15,0 12,3 10,0 31,7 18,1 16,2 30,4 22,9 17,5 33,9 31,8 20,7 44,7 23,6 17,3
a: Indicadores correspondientes al agregado de todas sus agencias, incluyendo Huancayo.
b: Cartera atrasada y en cobranza judicial entre cartera bruta.
c: Retorno sobre el patrimonio. Para los casos de los bancos y la Financiera Solución, se usa el saldo del activo a fin de período (años 1999 y 2000).
d: Retorno sobre el activo. Para los casos de los bancos y la Financiera Solución, se usa el promedio del patrimonio efectivo para los años 1999 y 2000.
e: Para los casos de la CMAC Huancayo y Edpyme Confianza, se ha tomado los gastos administrativos entre las colocaciones brutas en el año 2001.
Fuente: SBS
Elaboración propia
Indicadores financieros seleccionados de las OMFa
Cuadro 3
las entidades financieras formales
captan a los microempresarios con
mayor capacidad de pago.
Las cooperativas de
ahorro y crédito
cerradas
La principal cooperativa de la
zona es Centrocoop S.R.L., esta-
blecida originalmente por los mi-
neros de la Cerro de Pasco Cooper
Corporation. La sede principal de
esta cooperativa está en la ciudad
de La Oroya (provincia de Yauli) y
tiene sucursales en Huancayo y
Pasco. Opera bajo la modalidad de
“cooperativa cerrada” (es decir,
solo capta depósitos de sus socios,
quienes son a su vez sus únicos
prestatarios). Todos sus servicios
financieros son ofrecidos median-
te convenios con instituciones (pú-
blicas o privadas), lo cual le per-
mite ofrecer créditos bajo la mo-
dalidad de descuento por planilla.
Cuenta con un estimado de 650
socios (la mayoría de los cuales tie-
ne créditos) y aportes totales por
300 mil soles (alrededor de 87 mil
dólares)9. El aporte mínimo obli-
gatorio mensual es de 10 soles. La
cantidad máxima de los créditos es
equivalente a tres veces los apor-
tes acumulados.
Las tecnologías
crediticias
Las tecnologías de las
OMF formales
En el sector formal existe una cla-
ra tendencia a otorgar créditos
con responsabilidad individual en
el pago, así como a la reducción
en el plazo de aprobación del cré-
dito. Además, la creciente compe-
tencia ha llevado al mercado ha-
cia la simplificación de requisitos
formales –como, por ejemplo, la
reducción en la exigencia del aval
para montos menores a mil soles–
y ha acelerado los procedimien-
tos de evaluación crediticia.
Los requisitos exigidos para los cré-
ditos no personales dirigidos a la
microempresa10, son general-
mente los mismos: documentos
de identidad del titular y cónyu-
ge, recibos de pago de servicios
9/ Considerando un aporte promedio de
1.500 soles y 200 socios con crédito.
10/ Debe advertirse que la definición de
“microempresa”, implícita aquí, no está ne-
cesariamente relacionada con la considerada
para fines de clasificación de la SBS.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
público, documentos que acredi-
ten la propiedad de vivienda, te-
ner al menos 6 meses de funcio-
namiento del negocio –en ningún
caso se financia para iniciar un
negocio–; y para el caso de em-
presas formales, la copia de licen-
cia de funcionamiento o del RUC,
pagos a la SUNAT. Para los casos
de montos grandes –15 mil soles
en Solución, 7 mil dólares en la
CMAC y 5 mil dólares en la Edpyme
Confianza–, se exige la inscrip-
ción de hipotecas en registros
públicos. Un porcentaje menor
al 10% de las carteras de las OMF
que operan en Huancayo está
respaldado por garantías reales
–que es uno de los tipos de ga-
rantías “preferidas”, de acuerdo
con la clasificación de la SBS–.
Los plazos de crédito fluctúan en-
tre 12 y 24 meses, excepto en
aquellos dirigidos a financiar ac-
tividades agrícolas, que tienen
plazos promedio de 7 a 8 meses
(o lo que dura el ciclo de siembra
y cosecha de un producto más un
período para su comercialización)
y se pagan en cuotas mensuales.
Una de las características distinti-
vas de Solución y el Banco del Tra-
bajo es que los créditos se ofre-
cen bajo la modalidad de “línea
de crédito”, de tal manera que los
nuevos préstamos pueden apro-
barse sin una nueva evaluación,
hasta el monto de la línea. La
aprobación de los préstamos de-
mora entre 2 y 7 días, en caso
fuese un crédito agrícola. Dichos
plazos pueden incrementarse en
caso se necesite la constitución
de garantías.
En los créditos agrícolas de la Caja
Municipal, se realizan al menos
dos visitas luego de los desembol-
sos correspondientes, para verifi-
car el uso del préstamo. Los ana-
listas de los préstamos agropecua-
rios de la CMAC son profesiona-
les de este campo, lo cual indica
que se busca que el seguimiento
informe sobre los riesgos técnicos
de la actividad.
Cuando una cuota del crédito está
vencida, los analistas de crédito se
encargan de la recuperación en los
casos de la Edpyme y la Caja Mu-
nicipal. En el Banco del Trabajo,
Solución y Mibanco, transcurridos
determinados días de vencido un
crédito, este pasa al área legal den-
tro de la entidad misma o a una
empresa cobradora externa a la
entidad financiera.
Las tecnologías
semiformales
En el caso de las ONG, los requisi-
tos documentarios son similares a
los establecidos por las OMF for-
males, en especial en el caso de
los créditos a comerciantes forma-
les otorgados por IDESI y Prisma.
Las tasas fluctúan entre 60 y 80%,
de acuerdo con su historial credi-
ticio pasado y de las garantías11 .
Además, en algunos casos, se co-
bra una comisión que va entre el
1% y 5%, en función de los costos
operativos. No se aprecia entre las
ONG una perspectiva clara en
cuanto al desarrollo de nuevos pro-
ductos o a su expansión en nue-
vos mercados. Los planes varían de
acuerdo con la realidad y las limi-
taciones que cada una de ellas
enfrenta.
En Centrocoop la tasa de interés
compensatoria, igual para cual-
quier monto de préstamo, es de
42,6% anual en soles, al rebatir. El
plazo de pago puede ser de hasta
12 meses. No existen préstamos
en dólares.
Las tecnologías
de captación de
depósitos
Los requisitos para abrir cuentas
de depósito en todas las entida-
des formales, las únicas autoriza-
das para captar depósitos del pú-
blico, son bastante simples. El trá-
mite es inmediato y solo se re-
quiere la presentación del DNI (y
una copia) del titular.
Las entidades locales tienen mayor
libertad para montar estrategias
publicitarias de acuerdo con el
ámbito, mientras que las entidades
nacionales, por lo general, se “cuel-
gan” de las campañas que se dan
en el nivel nacional. Este es, a nues-
tro entender, uno de los factores
que explica el éxito que ha tenido
la CMAC Huancayo en la capta-
ción de depósitos del público.
(...) Los
productos de
depósitos
ofrecidos por la
Caja Municipal
Huancayo son
los más
rentables del
mercado para
los ahorristas,
pagando
intereses
mayores al 10%
anual en soles y
al 5,25% anual
en dólares»
11/ No es usual dar créditos en dólares, pero
actualmente tienen 5 porque tenían fondos
en esa moneda, para evitar el “descalce”. La
tasa va de 18,2% a 19,6% anual.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Los productos de depósitos ofre-
cidos por la Caja Municipal Huan-
cayo son los más rentables del
mercado para los ahorristas, pa-
gando intereses mayores al 10%
anual en soles y al 5,25% anual en
dólares12.
En las cuatro OMF analizadas, exis-
te una tendencia generalizada a la
reducción de los montos mínimos
de apertura de cuentas. Estos va-
rían entre 20 y 50 soles, mientras
que en los bancos de Crédito y
Wiese se necesitan al menos 500
soles para un mismo tipo de de-
pósito. Además, en estos dos últi-
mos casos, los costos de manteni-
miento son tan altos que para
cuentas de mil soles, por ejemplo,
los intereses ganados no compen-
san los costos de mantenimiento13.
Por el contrario, en las OMF anali-
zadas no existen cobros de comi-
siones de mantenimiento en nin-
guna modalidad de depósito.
Conclusiones y
reflexiones finales
El mercado financiero de la pro-
vincia de Huancayo se divide prin-
cipalmente en dos segmentos: la
banca corporativa y las organiza-
ciones microfinancieras (OMF).
Los primeros han visto disminuida
sensiblemente su cartera de cré-
ditos (13,3%) y sus captaciones
(14%) en el año 2001. En cambio,
las OMF especializadas en PyME
aumentaron sus colocaciones en
52,8%, y sus captaciones en
99,4%. Dentro de este comporta-
miento destaca, sobre todo, la
CMAC Huancayo.
El mercado microfinanciero de
Huancayo está conformado por
cinco OMF –de las cuales solo dos
tienen su sede principal en la pro-
vincia–, cuatro organizaciones se-
miformales (tres ONG y una coo-
perativa cerrada) y algunas casas
comerciales cuya participación en
el mercado es mínima14 . Las cin-
co OMF reúnen el 48,3% de las
colocaciones y el 15,1% de las cap-
taciones realizadas en Huancayo.
De estas, aquellas especializadas
en las PyME concentran el 34,2%
de los créditos y el 13,3% de los
depósitos (en este último caso se
trata casi exclusivamente de la Caja
Municipal). La participación de las
OMF en el mercado de crédito ha
aumentado considerablemente
desde 1999, cuando su contribu-
ción era apenas 15,7%.
El dinamismo de la oferta de cré-
ditos para las PyME ha estado res-
paldado por los buenos resultados
financieros de las OMF. Las tasas
de morosidad han sido menores al
promedio del sistema financiero
de Huancayo y nacional. Por el
contrario, los bancos corporativos
han tenido un pésimo desempe-
ño en cuanto a las colocaciones.
Sus tasas de morosidad han sido
bastante altas en los últimos dos
años –por encima del 20%–, en
especial en el caso del Banco de
Crédito, cuyos índices de mora
fueron 48,8% en el año 2001 y
59,4% en 2000. La mayor renta-
bilidad de las OMF y menor mo-
rosidad pueden ser explicadas por
una mayor capacidad de adapta-
ción y de recuperación, en un con-
texto recesivo, de los clientes de
las PyME con respecto a las me-
dianas y grandes empresas. Ade-
más, cuentan con una mejor apli-
cación de la tecnología crediticia,
en especial en la etapa de selec-
ción de clientes.
Existen indicios que, en el futuro,
el mercado microfinanciero de la
provincia de Huancayo no crece-
rá al mismo ritmo. En ese sentido,
las OMF pueden optar por dos es-
trategias no excluyentes: desarro-
llar tecnologías que permitan ofre-
cer productos a sectores de me-
nores ingresos, y buscar nuevos
mercados. Esta última parece ser
la alternativa escogida por las OMF.
El mercado de créditos se encuen-
tra segmentado según el monto de
los préstamos. Los bancos comer-
ciales se concentran en los gran-
des clientes. Las OMF se concen-
tran en clientes más pequeños,
mientras las ONG prestan a pobla-
dores de extrema pobreza que no
pueden acceder a los préstamos de
las OMF. La tecnología crediticia
utilizada por las OMF analiza la
capacidad de pago y, por lo gene-
ral, no toma en cuenta las garan-
tías reales preferidas (hipotecarias),
como sí lo hacen los bancos cor-
porativos. No obstante, en deter-
minada escala de créditos, los re-
querimientos de garantías se ase-
mejan a los de los bancos grandes.
«... las OMF
especializadas
en PyME
aumentaron sus
colocaciones en
52,8%, y sus
captaciones en
99,4%»
12/ Al 31 de diciembre de 2001, de acuerdo
con la información publicada por el BCR, la
tasa de interés pasiva promedio pagada por la
banca comercial era de 5,1% en soles y 2,2%
en dólares.
13/ Por ejemplo, la cuenta “Costo Cero” del
Banco de Crédito no cobra mantenimiento para
saldos promedio mensual de mil soles y solo se
pueden hacer tres transacciones (una en venta-
nilla y dos en cajeros) sin costo, si el saldo
promedio mensual es mayor a 3.500 soles.
14/ Naturalmente, pueden haber otras orga-
nizaciones semiformales operando, pero no
han sido identificadas en este estudio.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
«Existen
indicios que, en
el futuro, el
mercado
microfinanciero
de la provincia
de Huancayo
no crecerá al
mismo ritmo»
Las tasas de interés activas de los
créditos para las PyME han tendi-
do a la baja, como resultado de la
competencia y de la reducción en
los costos operativos de las OMF.
No obstante, aún son mucho más
altas que las cobradas por la ban-
ca corporativa. Futuras disminu-
ciones serán menos pronuncia-
das, pues los espacios para la re-
ducción en los gastos de opera-
ción son menores.
El fondeo de las carteras de crédi-
tos de las OMF locales varía. En el
caso de la CMAC, tiene como
principal fuente de fondeo las cap-
taciones del público, seguidas en
importancia por los endeudamien-
tos con Cofide; mientras que la
Edpyme, que no puede captar re-
cursos del público, depende prin-
cipalmente de Cofide, seguida de
la cooperación internacional.
El análisis del mercado microfinan-
ciero de Huancayo nos deja va-
rias lecciones que son importan-
tes para tener cuenta en el desa-
rrollo de las microfinanzas en otras
ciudades del interior del país. Por
un lado, es fundamental apoyarse
en las OMF locales, pues son las
que tienen mayor conocimiento y
autonomía en sus decisiones para
la expansión del mercado. A su
vez, es posible que las OMF loca-
les puedan competir en la capta-
ción de ahorros con las OMF na-
cionales y con los bancos corpora-
tivos. Finalmente, al no ser vista la
innovación como una necesidad
por parte de las OMF, se podría
considerar algunos mecanismos de
subsidio muy puntuales, como apo-
yo a estudios de sobre tecnologías,
estudios de mercado, o el finan-
ciamiento de pruebas piloto de
nuevas tecnologías.
2727
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Esta investigación analiza el uso
de materiales educativos (recien-
temente donados por el Ministe-
rio de Educación) en las escuelas
rurales2. El uso de los materiales
ha sido reconocido como un re-
fuerzo fundamental en la meto-
dología pedagógica. La dotación
de materiales en las áreas rurales
representa un soporte básico en
un contexto caracterizado por la
falta de material impreso y letra-
do. Sin embargo, los materiales
por sí solos no garantizan una
mejor educación y no pueden
constituirse en una alternativa a
la mejora de la calidad de los do-
centes. Son justamente los do-
centes quienes determinan, en el
aula, el uso o no que se puede
hacer de dichos materiales.
Por ello, la presente investigación
tuvo como principales objetivos
analizar la manera cómo están sien-
do empleados los materiales en las
aulas, y examinar las razones de
los docentes para utilizarlos o no.
A través de estudios de caso en tres
escuelas rurales, se exploraron al-
gunos de los factores que limitan
o contribuyen al uso adecuado de
dichos materiales.
Los casos
seleccionados
La investigación se realizó en tres
escuelas de la sierra rural, escogi-
das con fines comparativos. Se
consideraron tres criterios para la
selección de casos: la existencia
de aulas multigrado en el ámbito
rural (el 91,7% de las escuelas pri-
marias públicas en el campo pre-
senta esta situación3), la diversidad
cultural y lingüística, y finalmente
que las tres escuelas hubiesen re-
¿Libros para todos?
Maestros y textos escolares en el Perú rural1
Patricia Ames - IEP
cibido los materiales distribuidos
por el Ministerio de Educación.
Se escogieron dos escuelas propia-
mente rurales, Ninaymi y Colli,
que trabajan bajo la modalidad de
polidocencia multigrado4. La ter-
cera escuela, Tambo, por el con-
trario, es una escuela polidocente
completa; es decir, con un docen-
te para atender cada grado.
Tambo no es una escuela propia-
mente rural, dado que se ubica en
una capital distrital. Sin embargo,
recibe alumnos provenientes de
las comunidades aledañas. Los pa-
dres de familia hacen un esfuerzo
especial por enviar a sus hijos a
estudiar a dichas escuelas, que se
consideran mejores. Para motivos
de la investigación, interesaba es-
tablecer si efectivamente existían
diferencias significativas entre esta
escuela y otras propiamente rurales.
El cuadro 1 resume algunos datos
básicos sobre las escuelas y las co-
munidades en que se realizó la
investigación.
Ninaymi Tambo Colli
La escuela
Número de docentes 2 13 2
Número de alumnos 77 453 25
Número de grados 1º - 6º 1º - 6º 1º - 6º
El aula
Tercer grado 3º, 4º, 5º, 6º 3º 1º, 2º, 3º
La comunidad
Ubicación Cuzco Cuzco Lima
Altura (m.s.n.m.) 3.700 2.792 3.000
Número de habitantes 287 5.600 167
Lengua Quechua 1/ Castellano Castellano
Principales productos Cereales, Maíz, artesanías, Alfalfa, flores,
tubérculos comercio quesos
Servicios básicos
Agua Fuera de la Dentro de la Fuera de la
vivienda vivienda vivienda
Electricidad No Sí No
SSHH No Sí No
1/: Esta escuela no es atendida por un programa de educación bilingüe. Se trabaja con los mismos
materiales que en las escuelas de habla castellana.
Información general sobre los casos seleccionados
Cuadro 1
1/ Resumen del libro homónimo, Lima: CIES-
IEP, abril 2001. La investigación fue auspicia-
da por ACDI-IDRC. Podrá descargar la ver-
sión completa de este documento desde nues-
tra página web: www.consorcio.org
2/ Entre 1997 y 1999, el Estado ejecutó un
nuevo programa de dotación de materiales
educativos a las escuelas públicas de todo el
país, como parte de las estrategias de mejora-
miento de la calidad de la educación prima-
ria. La investigación se concentra en el uso de
cuadernos de trabajo (para comunicación in-
tegral y matemáticas de 2º a 6º de primaria) y
en los libros de la biblioteca de aula para cada
grado. Adicionalmente, se distribuyeron pa-
quetes escolares y material didáctico.
3/ Montero, Carmen et al. (2001). La escuela
rural: estudio para identificar modalidades y
prioridades de intervención, Documento de
trabajo No. 2, Lima: Ministerio de Educación.
4/ Al menos un maestro atendiendo más de
un grado, a la vez, en el mismo salón de clases.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
La metodología
Se utilizó la misma metodología
en las tres escuelas. Esta se basó
en una aproximación cualitativa
de tipo etnográfico, que implica-
ba el uso de diversas técnicas: en-
trevistas a los docentes sobre la re-
cepción y el uso de los materiales
educativos; una guía de observa-
ción de aula que permitiera con-
trastar las entrevistas con el uso
efectivo de materiales en el aula;
entrevistas a los niños y sus padres
y/o madres, en forma individual
y/o colectiva; con los niños, ade-
más, se realizaron dibujos y diná-
micas de trabajo grupal sobre sus
nuevos libros.
Adicionalmente, se tuvo entrevis-
tas con los funcionarios de las
USE5 respectivas sobre la distribu-
ción y el uso de materiales edu-
cativos en las escuelas de su zona,
para establecer el contexto en el
cual estas escuelas funcionan y
cómo son distribuidos los mate-
riales educativos.
Inicialmente, se centró la observa-
ción en el aula de tercer grado, de
modo que fuese posible compa-
rar el uso de materiales en las tres
escuelas con un grupo específico.
Sin embargo, en el caso de las es-
cuelas multigrado, al encontrarse
grados agrupados de modo dife-
rente, se observó a todos los gra-
dos. En Tambo se estudió única-
mente el tercer grado.
Los libros en las
escuelas
En los tres casos estudiados, la cla-
se se organiza fundamentalmente
sobre la base del trabajo grupal,
metodología impulsada por la re-
forma en curso. El docente brinda
los materiales necesarios para la
realización del trabajo grupal y
monitorea la ejecución de la acti-
vidad, que culmina con la exposi-
ción de los trabajos. Esta metodo-
logía de trabajo en el aula contras-
ta con el tradicional dictado y co-
piado que aún es posible encon-
trar en otras escuelas y que inclu-
so fue observada, meses atrás, en
uno de los casos.
Sin embargo, no en todos los ca-
sos ni en todas las áreas se observa
uniformemente esta nueva meto-
dología. Ello revela un proceso pro-
gresivo de incorporación del tra-
bajo grupal como parte de la me-
todología de trabajo en el aula,
que proviene de las capacitacio-
nes que han venido dándose en
los últimos años.
Con respecto al uso de los libros y
cuadernos de trabajo, este apare-
ce de modo escaso y limitado
como parte de la clase6. A la poca
frecuencia de su uso se agrega
cierta selectividad en las activida-
des que se realizan con los textos:
se privilegian las relacionadas con
el ejercicio de actividades mecá-
nicas y se dejan de lado las que
promueven el diálogo, la búsque-
da de información, la reflexión y
la comprensión.
En los tres casos es frecuente el uso
intensivo de suministros básicos
(papelógrafos, plumones y otros
útiles escolares), que también han
llegado como parte de los mate-
riales donados a las escuelas.
Las razones que esgrimen los do-
centes para justificar el limitado
uso de los textos son similares: el
nivel de dificultad de los libros, la
poca relación de los contenidos
con respecto al contexto de los
niños y las dificultades que plan-
tea el atender a varios grados a la
vez con libros diferentes para
cada grado.
Tanto en las escuelas de habla pre-
dominante o exclusivamente cas-
tellana como en la escuela que-
chua, encontramos los mismos ar-
gumentos con respecto a la dificul-
tad de los textos. Ello muestra que
la frecuencia en el uso de los libros
no se debe exclusivamente a la
lengua materna de los niños. En los
tres casos se encuentra una crítica
al contenido de los textos por estar
poco relacionados con el contexto
de los alumnos, ya sea que se trate
de población rural indígena o po-
blación rural no indígena.
Sin embargo, existen algunas va-
riaciones significativas entre las
escuelas. En el caso de Colli, los
libros y cuadernos de trabajo son
usados esporádicamente en clase,
lo cual ocurre con menos frecuen-
cia en los otros dos casos. Asimis-
mo, en Colli, los niños tienen ac-
ceso directo a libros y cuadernos
de trabajo –al hallarse estos en su
«Tanto en las
escuelas de
habla
predominante o
exclusivamente
castellana como
en la escuela
quechua,
encontramos
los mismos
argumentos con
respecto a la
dificultad de los
textos»
5/ Unidad de Servicios Educativos.
6/ El poco uso de los libros en la clase se
refiere a la manipulación directa de ellos por
parte de los niños y niñas. Sin embargo, po-
demos decir que los libros sí son usados para
la clase, en el sentido que el docente los em-
plea como material de referencia para prepa-
rar las actividades.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
aula– y tienen también libertad
para usarlos durante las clases e
incluso fuera del horario escolar.
En contraste, en Tambo y Ninay-
mi, los libros de la biblioteca esco-
lar están fuera del alcance de los
alumnos. Guardados en la direc-
ción, en el primer caso, y en los
cuartos de las profesoras, en el se-
gundo. La única manera en que
estos libros llegan a los niños es a
través del profesor. En estos dos
casos también se encontraron di-
ferencias en el uso de los cuader-
nos de trabajo. Los niños de Nina-
ymi poseen sus cuadernos y car-
gan con ellos todo el tiempo, mien-
tras que los de Tambo deben de-
jarlos apilados en el salón, en es-
pera de una orden del profesor
para trabajarlos.
Estas diferencias resultan significa-
tivas, pues en los casos en que los
niños y niñas pueden entrar en
contacto directo con los libros, se
muestra una gran receptividad de
su parte. Altamente motivados por
la curiosidad y el interés que des-
piertan los libros, los niños hacen
un mayor uso de los libros, de-
muestran un mejor y mayor cono-
cimiento de sus contenidos, y
muestran cuidado en su conserva-
ción cuando pueden acceder a
ellos. Aun en los casos de acceso
restringido, la presencia ocasional
de los libros y cuadernos de traba-
jo es recibida con el mismo inte-
rés por parte de los estudiantes.
¿Por qué no se usan
los libros?
Una primera razón de los docen-
tes para utilizar de modo limitado
los libros y cuadernos de trabajo
con que cuentan, tiene que ver con
el nivel de dificultad que atribuyen
a los textos. Esa percepción apare-
ce relacionada con bajas expecta-
tivas respecto de lo que sus alum-
nos saben y pueden aprender. Al
mismo tiempo, los libros y cuader-
nos de trabajo son difíciles de en-
tender para los mismos docentes,
quienes no se sienten preparados
para trabajar con ellos e integrarlos
en la nueva dinámica de clase que
la reforma promueve.
En cuanto a la recurrente queja
respecto de la poca relación de los
textos con la realidad de los niños
rurales, se detectaron serias con-
tradicciones entre esa crítica y el
contenido de las lecciones. Por lo
general, en sus clases, los docentes
tratan temas ajenos a la vida coti-
diana de los alumnos y no hacen
mayor intento por relacionarlos
con su realidad. En relación con los
libros y cuadernos de trabajo, exis-
ten en estos intentos por ofrecer
referentes más variados (y no úni-
camente urbanos y limeños), de
modo que sea posible trabajarlos en
distintas regiones y que favorezcan
el conocimiento de otras realidades.
Ambos temas se vinculan al pro-
blema de la formación docente y
la falta de capacitación en el uso y
manejo de los nuevos libros que
expresan los profesores. Formados
en otra tradición y acostumbrados
a trabajar con escaso material im-
preso, la presencia de los libros es
tan novedosa para los docentes
que no les resulta fácil integrarla
en su dinámica de clases, especial-
mente en un contexto de cambios
donde están sujetos a múltiples
exigencias y no poca confusión.
El hecho de contar con materiales
diseñados para cada grado repre-
senta también un problema para
los docentes que deben manejar
más de un grado a la vez, porque
su visión del aula corresponde a
un modelo monogrado tradicional,
en el cual todos los alumnos de-
ben encontrarse trabajando simul-
táneamente el mismo material. En
el contexto de aulas multigrado, se
pone sobre el tapete el tema de la
pertinencia de ciertos materiales
y la posible necesidad de contar
con otros complementarios, más
adecuados a las características de
ese contexto.
Al explorar las diversas modalida-
des de acceso a los libros y cua-
dernos que los docentes permi-
ten en sus aulas, descubrimos que
la preocupación por cuidar el ma-
terial bajo su responsabilidad hace
que, en dos de los casos, los do-
centes restrinjan el uso directo de
los mismos por parte de los alum-
nos y alumnas. De esa manera, el
docente se constituye en una
suerte de mediador, limitando el
contacto directo de los alumnos
con sus libros y desperdiciando así
oportunidades directas de
aprendizaje.
En la única escuela en que los li-
bros están al alcance de los niños,
los textos se encuentran en bue-
nas condiciones y los alumnos de-
muestran un mayor y más amplio
conocimiento de sus contenidos,
así como interés y entusiasmo al
acercarse a ellos. Esas actitudes se
observan también en las otras es-
« ... acostumbrados
a trabajar con
escaso material
impreso, la
presencia de los
libros es tan
novedosa para los
docentes que no
les resulta fácil
integrarla en
su dinámica
de clases»
3030
3030
30
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
cuelas cuando se dan situaciones
en las que los niños pueden entrar
en contacto directo con los textos.
En las tres escuelas, los alumnos
conservan con cuidado sus textos,
contradiciendo así la opinión pre-
dominante entre los docentes que
los alumnos no sabrán cuidar el
material.
Conclusiones y
recomendaciones
Al examinar las distintas razones
por las que los docentes usan de
forma limitada el material educa-
tivo donado, se encontraron varios
aspectos interrelacionados.
Un primer aspecto es el nivel de
dificultad de los libros y cuadernos
de trabajo. Los resultados del tra-
bajo etnográfico muestran que el
nivel de dificultad atribuido a los
textos está relacionado con las ba-
jas expectativas que los docentes
tienen sobre los alumnos rurales.
El análisis de los textos escapa a los
objetivos de la presente investiga-
ción, pero sería conveniente con-
siderarlo en estudios posteriores
para dilucidar cuáles son los aspec-
tos considerados problemáticos y
por qué.
Es indispensable que se atienda a
las condiciones que afectan el
aprendizaje que tienen que ver
con la salud y la nutrición, frecuen-
temente mencionadas por los do-
centes. Sin embargo, la condición
rural no debe ser excusa para pro-
veer una educación de menor ni-
vel. Reconocer que es necesario
garantizar habilidades básicas no
implica renunciar a habilidades de
mayor nivel cognitivo, que invo-
lucren procesos de razonamiento,
comprensión y reflexión. Es nece-
sario que la capacitación docente
provea a los profesores de los con-
tenidos y las estrategias que le per-
mitan desarrollar esas habilidades
en los alumnos.
Un segundo aspecto se refiere a
la necesaria adecuación de los li-
bros al contexto de los alumnos
rurales. La popularización de esta
postura, sin embargo, ha llevado
a una errónea interpretación de
lo que significa la “adecuación al
contexto”, tomándola en un sen-
tido muy restringido. Al mismo
tiempo que se rechazan los libros
por no hablar del medio social y
natural de los niños, el contenido
de las lecciones que desarrollan
los maestros se refiere mayorita-
riamente a temas ajenos a su con-
texto. Simultáneamente, tanto los
maestros como los niños y sus pa-
dres, reconocen en la escuela un
espacio para la adquisición de
conocimientos que provienen del
mundo que está fuera de la co-
munidad y del ámbito estrictamen-
te local.
El introducir nuevos temas no se
contradice con la contextualiza-
ción de los aprendizajes, pero es
en este sentido que parece darse
una confusión entre los docentes.
Sin embargo, los profesores tam-
bién tienen propuestas que deben
ser recogidas. El planteamiento
que hiciera un docente de Tambo
para crear libros con la participa-
ción de los profesores de la zona
sobre temas propios, sin duda
aportaría a una mayor variedad y
riqueza de los textos que se pue-
den ofrecer en las escuelas rura-
les. Los concursos regionales de li-
teratura infantil, cuyos textos se
recogen en algunos de los libros
que integran la biblioteca escolar,
son un paso en esa dirección.
El tercer problema es la falta de
capacitación de los profesores en
la utilización de los textos. Los
maestros reconocen la necesidad
de capacitarse y actualizarse para
el uso de los nuevos libros y mate-
riales. Pero, a su vez, la rigidez que
ejercen para incorporar los libros
en el aula proviene de ciertos va-
cíos en su formación docente.
La distribución de libros y mate-
riales educativos debería ir acom-
pañada de estrategias de capaci-
tación, orientación y seguimiento,
para garantizar un mejor uso y
manejo de los mismos. Esta capa-
citación no debe verse como un
asunto meramente técnico, sino
que debe apuntar al tipo de habi-
lidades que se quiere desarrollar,
con ayuda de los materiales, en el
marco de la nueva propuesta edu-
cativa. Al mismo tiempo, debe ase-
gurarse que la distribución de ma-
teriales sea oportuna (i.e. al inicio
del año escolar).
El cuarto aspecto estudiado se re-
fiere a la manera cómo son aten-
didas las aulas multigrado. Los do-
centes son formados y capacitados
en estrategias para la atención a
aulas monogrado. Sin embargo, en
las áreas rurales, la mayoría de ellos
deben hacer frente a una situación
muy diferente.
Resulta entonces urgente elaborar
estrategias metodológicas para el
trabajo en aulas multigrado, que
«... el nivel de
dificultad
atribuido a los
textos está
relacionado con
las bajas
expectativas que
los docentes
tienen sobre los
alumnos rurales»
3131
3131
31
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
les permitan utilizar de modo más
flexible los materiales con que
cuentan. Al mismo tiempo, debe
considerarse la elaboración de
materiales educativos comple-
mentarios, especialmente diseña-
dos para el trabajo en aulas multi-
grado. Ello proveería a los docen-
tes de mayores recursos para en-
frentar con éxito su labor cotidiana.
Finalmente, el último tema anali-
zado es el acceso que los alum-
nos tienen a los materiales edu-
cativos donados. Aunque las situa-
ciones examinadas presentan di-
versos grados de restricción en el
uso directo de los textos, en un
caso, se observó los efectos posi-
tivos que tiene el permitir y pro-
mover el contacto y manipulación
directa de los libros y materiales
educativos y su presencia física
en el salón de clases.
Es necesario insistir sobre este
punto con los docentes: si bien es
cierto que hay que cuidar de li-
bros, cuadernos y material didác-
tico, estos se tornan inútiles si no
son utilizados directamente por los
alumnos.
Hay, sin embargo, que reconocer
una serie de aspectos positivos
observados en las escuelas. Desta-
ca el interés generado en los do-
centes por recibir cursos de capa-
«... la
condición rural
no debe ser
excusa para
proveer una
educación de
menor nivel»
citación y actualización que les
permitan desarrollar mejor su tra-
bajo educativo. Una mayor oferta
de cursos de capacitación en los
últimos cinco años, y en el marco
del PLANCAD, parece haber con-
tribuido a ello.
Además, se ha constatado la exis-
tencia de iniciativas locales, como
la organización de talleres y cur-
sos de capacitación para el uso de
materiales, que brindan apoyo y
orientación al docente en su tra-
bajo con los nuevos materiales.
Vale la pena resaltar la opinión de
los usuarios: los alumnos de las
áreas rurales. La posibilidad de
contar con libros y cuadernos de
trabajo atractivos, coloridos, varia-
dos y novedosos es ampliamente
valorada y, aun más, disfrutada. Los
niños aprecian sus libros, los cui-
dan y se acercan a ellos con gran
curiosidad e interés. En un contex-
to marcado por la escasez de tales
materiales, la experiencia de te-
nerlos a su alcance es para ellos
positiva y estimulante.
3232
3232
32
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Aunque el logro de un mejor esta-
do de salud de la población de-
pende esencialmente de las me-
joras a largo plazo en sus condi-
ciones económicas, políticas y so-
ciales, las enfermedades e incapa-
cidades originadas por la desnutri-
ción, las deficientes condiciones
sanitarias y la falta de vivienda,
pueden ser controladas en el cor-
to plazo con un uso adecuado de
medicamentos. En efecto, los me-
dicamentos no solo le confieren
credibilidad, confianza y eficacia
a los sistemas de salud, sino tam-
bién los legitima ante los usuarios.
En particular, los medicamentos
esenciales –es decir, aquellos que
satisfacen las necesidades básicas
del cuidado de la salud de la ma-
yoría de la población– constituyen
herramientas costo–efectivas para
luchar contra las enfermedades.
Sin embargo, amplios sectores de
la población, especialmente los
más pobres, no tienen acceso a
medicamentos eficaces, de bue-
na calidad y bajo costo. Por otro
lado, existen también problemas
por el lado de los prescriptores y
dispensadores, y del de los pacien-
tes y consumidores: es frecuente
que se receten demasiados medi-
camentos, que se prescriban me-
dicamentos costosos cuando exis-
ten alternativas más baratas e igual-
mente efectivas
La finalidad del presente docu-
mento es describir la situación de
los medicamentos en el Perú, iden-
tificando las áreas críticas que de-
ben tomarse en consideración en
la formulación de una política de
medicamentos que asegure el ac-
ceso universal a aquellos conside-
rados esenciales, y que promueva
el uso racional de todos ellos.
Acceso y uso racional de medicamentos en el Pe1
Manuel Vargas G. - UPCH
El escenario
internacional
Desde hace casi dos décadas, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha promovido, entre los
países miembros, políticas de me-
dicamentos que tengan como ob-
jetivo central el uso racional de los
medicamentos y el acceso univer-
sal a medicamentos esenciales. Su
estrategia considera factores como
oferta, promoción, prescripción y
dispensación inapropiadas; cali-
dad subóptima; precios elevados;
ausencia de políticas farmacéuti-
cas nacionales; y últimamente,
acuerdos comerciales que influ-
yen sobre el acceso a medica-
mentos esenciales.
La posición de la Organización
Mundial del Comercio (OMC),
por el contrario, no ha sido tan fa-
vorable. Con su protección a la
propiedad intelectual ha influido
negativamente sobre la transfe-
rencia de tecnología, la capacidad
de producción local y los precios
de los medicamentos de las em-
presas farmacéuticas innovadoras.
De esta manera, dolencias como
el VIH/SIDA requieren medica-
mentos que mantienen protec-
ción de patentes y que resultan
caros por el manejo oligopólico de
mercados terapéuticos y/o por el
posicionamiento de marcas regis-
tradas. Estas políticas de la OMC
fueron materia de un intenso de-
bate en la reunión ministerial de
Qatar el año 2001, concluyéndo-
se finalmente en una resolución
que permite a los países usar de
manera flexible las salvaguardas
contenidas en el acuerdo, como
son las importaciones paralelas y
las licencias obligatorias.
En el Perú, la actual ley de paten-
tes ha fallado en la formulación de
algunas disposiciones. Así, por
ejemplo, se ha establecido que la
explotación de la patente incluye
importación, distribución y co-
mercialización del producto, lo
cual no favorece la transferencia
de tecnología. Una situación dife-
rente se aprecia en otros países.
En Brasil, por ejemplo, si el pro-
ducto patentado no es producido
localmente en un plazo de tres
años luego de haberse otorgado la
patente, el gobierno puede dar li-
cencia a terceros para que fabri-
quen localmente el producto.
Asimismo, en la década de 1990,
el Grupo Andino (hoy Comunidad
«En Brasil, por
ejemplo, si el
producto patentado
no es producido
localmente en un
plazo de tres años
luego de haberse
otorgado la patente,
el gobierno puede
dar licencia a
terceros para que
fabriquen
localmente el
producto»
1/ Resumen del artículo homónimo en La sa-
lud peruana en el siglo XXI, Lima: CIES 2002,
pp. 141 - 184. La investigación fue auspiciada
por DFID y el proyecto Policy-USAID. Puede
descargar la versión completa del documento
desde nuestra página web: www.consorcio.org
3333
3333
33
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Andina de Naciones) intentó me-
jorar las legislaciones y normas del
campo farmacéutico en áreas crí-
ticas, como registro de medica-
mentos, control de calidad, precios
de medicamentos, normas farma-
cológicas y promoción farmacéu-
tica, entre otras. Sin embargo, en
el Perú, estas propuestas fueron
mayoritariamente ignoradas o solo
parcialmente aplicadas.
La situación farmacéu-
tica en el Perú
El acceso a medicamentos
El acceso a medicamentos no solo
significa que estos bienes estén
oportunamente disponibles en el
mercado y en los sistemas de sa-
lud, sino que tengan un precio que
permita su adquisición por quie-
nes los requieran. La disponibili-
dad, oportunidad y el ser asequi-
bles constituyen los componentes
fundamentales del acceso.
Un estudio realizado en 1996 re-
veló que solamente el 45% de los
pacientes atendidos en los estable-
cimientos de salud (ES) del Minis-
terio de Salud (MINSA de aquí en
adelante) adquirió la totalidad de
los medicamentos prescritos, prin-
cipalmente debido a la falta de di-
nero o a un costo muy elevado de
los medicamentos desde el punto
de vista de los pacientes. Asimis-
mo, en 1997, la Encuesta Nacio-
nal de Niveles de Vida (ENNIV)
mostró que únicamente el 50% de
los pacientes enfermos pudo com-
prar los medicamentos prescritos.
Dos factores principales que afec-
tan el acceso a medicamentos son:
la cobertura de los sistemas de sa-
lud y la pobreza. Con respecto al
primero de ellos, es evidente que
donde no llegan los sistemas de
salud tampoco llegan los medica-
mentos, y las poblaciones tienen
que usar otras estrategias para com-
batir las enfermedades. Ello ocu-
rre entre el 40% de los habitantes
de las principales provincias del
país y entre el 70% de las 187 pro-
vincias restantes. La pobreza, por
su parte, representa otro serio pro-
blema para el acceso a medica-
mentos, pues no solo ha pasado de
42,7% en 1997 a 54,1% en el año
2000, sino que incluso en 1996,
antes del proceso recesivo actual,
el 65% de los enfermos que re-
quería atención no la demandó por
falta de recursos, según la ENAHO.
Por otra parte, el valor del merca-
do privado de medicamentos ha
mostrado una clara tendencia al
crecimiento. Como se muestra en
el gráfico 1, de US$ 126,1 millo-
nes en ventas anuales en 1977,
pasó a un poco más de 457 millo-
nes en 1997, lo que significa un
crecimiento del 245,3%. Luego,
hacia el año 2000, había bajado a
314 millones de dólares. En todo
el período, el crecimiento en va-
lores fue de 149%. Sin embargo,
las unidades consumidas en dicho
año representaron solo el 40% de
«(...) El valor
promedio de cada
unidad vendida
pasó de US$ 0,93
en 1977 a US$
5,40 en el año
2000... lo que
resulta finalmente
en la exclusión de
mayores
segmentos de la
población»
las consumidas en 1977. El valor
promedio de cada unidad vendi-
da pasó de US$ 0,93 en 1977 a
US$ 5,40 en el año 2000, tal como
puede observarse en el gráfico 2.
Ello significa que el crecimiento del
mercado de medicamentos se ha
realizado sobre la base del aumen-
to de sus precios, lo que resulta
finalmente en la exclusión de ma-
yores segmentos de la población.
Evolución del número de unidades y valores en el mercado
farmacéutico peruano, 1977-2000
Gráfico 1
500,000
450,000
Número de unidades y valores (USA$)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Años
Valores (miles de US$)
Unidades (miles)
3434
3434
34
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Evolución de los precios unitarios promedio en el mercado
farmacéutico peruano, 1977 - 2000
Gráfico 2
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
Años
Precio unitario (USA $)
Precios Unitarios (US$)
Los principales hechos que influ-
yeron en el mercado de medica-
mentos y que provocaron estas
tendencias fueron dos: la desregu-
lación de los precios de los medi-
camentos y la liberalización del
mercado farmacéutico. En efecto,
tras una década en la cual los go-
biernos de Acción Popular y el
APRA insertaron mecanismos de
control de precios, a partir de 1990
se eliminaron los controles y los
precios pasaron a definirse por
oferta y demanda. Paralelamente,
como parte de la liberalización de
la economía, se redujo la regula-
ción del registro sanitario. A partir
de entonces se podía registrar casi
cualquier producto farmacéutico
en el país, sin importar que no
haya mostrado eficacia terapéuti-
ca o seguridad, que contenga com-
binaciones irracionales o que sea
innecesario para el país. Así, se
amplió el número de productos
farmacéuticos, sin que ello haya
conducido a una mejora en el ac-
ceso a medicamentos.
Una forma de aumentar el acce-
so a los medicamentos es a través
de los productos genéricos. En la
década de 1990, el gobierno es-
tableció la obligatoriedad de la
prescripción en nombre genéri-
co. Los medicamentos genéricos
son usualmente más baratos y,
además de promover la compe-
tencia en el mercado, represen-
tan una alternativa eficiente para
mejorar el acceso a los medica-
mentos. Un estudio realizado por
Acción Internacional para la Sa-
lud (AIS)-Perú en abril de 2001,
encontró que, en nuestro país, los
precios de los medicamentos de
las marcas innovadoras eran en-
tre 2,7 a 9,8 veces el precio de
los medicamentos genéricos más
baratos del mercado.
Muchos países, por otra parte, tie-
nen experiencias de sistemas in-
termedios para la fijación de pre-
cios, ya sea con una parte del mer-
cado de medicamentos bajo el
control del gobierno o mediante
una estricta regulación de precios
para evitar incrementos no justifi-
cados. Es necesario que, basándo-
se en las características del país, se
establezcan los mecanismos más
apropiados para disminuir los pre-
cios de los medicamentos.
El uso de medicamentos
En el último siglo se han produci-
do importantes progresos que han
disminuido notablemente la mor-
talidad y han incrementado la ex-
pectativa de vida. El desarrollo cul-
tural de los pueblos, el gran avan-
ce científico registrado, el mejo-
ramiento de las condiciones sani-
tarias y de nutrición, y la provisión
de medicamentos, especialmente
los esenciales, han aportado en
forma sustancial a estos cambios.
Los medicamentos esenciales son
los que satisfacen las necesidades
de salud de la mayoría de la pobla-
ción. Como consecuencia, deben
estar disponibles en todo momen-
to, en las cantidades adecuadas y
en las formas farmacéuticas que se
requieran. Además de sus propie-
dades intrínsecas de eficacia, se-
guridad y calidad, contribuyen al
logro de los objetivos de equidad,
universalidad y accesibilidad. Es-
tos medicamentos proporcionan
tratamientos efectivos para la ma-
yor parte de enfermedades infec-
ciosas, así como para las enferme-
dades no transmisibles. La mayoría
de las principales enfermedades
que conducen a malestar perma-
nente, invalidez y muerte prema-
tura pueden prevenirse, tratarse o,
por lo menos, aliviarse con medi-
camentos esenciales. Además, le-
gitiman a los sistemas de salud
ante la población, aumentando su
credibilidad y efectividad. Final-
mente, mejoran la relación costo/
efectividad del gasto farmacéutico.
Un uso racional de los medica-
mentos implica, precisamente, no
3535
3535
35
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
solo que los pacientes reciban los
medicamentos apropiados en las
dosis necesarias por un período
adecuado, sino también que los
reciban al menor costo posible. El
uso de los medicamentos costo/
efectivos reduce la morbilidad y
mortalidad por enfermedades
transmisibles y no transmisibles y,
al mismo tiempo, contribuye a la
disminución de costos y a la equi-
dad de los servicios de salud. De
esta manera, para lograr un uso
racional de los medicamentos, es
necesario que las autoridades rea-
licen campañas de capacitación
para mejorar la prescripción y que
estas se acompañen de otras inter-
venciones que involucren la selec-
ción, adquisición, distribución y
uso de los medicamentos.
La experiencia
peruana en el campo
de los medicamentos
Acceso a medicamentos
Diversos gobiernos de nuestro país
se han preocupado por el acceso
a los medicamentos necesarios
para la población de menores re-
cursos. De hecho, el Perú es un
precursor en cuanto a los progra-
mas de medicamentos esenciales.
En efecto, en el año 1959 se de-
terminaron veinte medicamentos
“sociales”, los que eran ofrecidos
a un tercio del precio de los de
marca en los establecimientos pú-
blicos de salud. Este esfuerzo fue
formalizado con el Programa de
Medicinas Sociales en 1962.
En 1971 esta iniciativa dio paso al
Programa de Medicamentos Bási-
cos, cuya cobertura era mayor que
el primero. El programa se basaba
en la participación de las empre-
sas productoras de medicamentos
en el país, a las cuales el gobierno
militar les ofrecía licitaciones en
un “mercado estable” y les solici-
taba a cambio precios bajos. Sin
embargo, el programa solo cubría
el 20% del consumo por los pa-
cientes; registraba problemas de
calidad que afectaban su eficacia;
mostraba problemas de financia-
miento que originaban dificultades
en el abastecimiento; y, finalmen-
te, su uso no se promovía de ma-
nera eficiente, lo cual creaba una
fuerte resistencia a la prescripción
por parte de los médicos.
En 1982, asimismo, el gobierno de
Acción Popular puso en marcha el
Programa de Medicamentos Esen-
ciales, con el fin de asegurar el
suministro de medicamentos en los
primeros niveles de atención. Este
programa, sin embargo, fracasó
casi desde su inicio por la insufi-
ciente cobertura de los servicios
de salud, la ausencia de financia-
miento y la persistencia de los pro-
blemas de abastecimiento. En
1985, el gobierno aprista recibió
el programa en estado deplorable,
pero logró algunas mejoras al es-
tablecer un acuerdo con las em-
presas farmacéuticas, las cuales se
comprometieron a abastecer al
programa con medicamentos de
buena calidad y bajo costo. No
obstante, la falta de promoción
entre los prescriptores, los proble-
mas de financiamiento, la inefi-
ciencia logística y, finalmente, la
grave crisis económica hicieron
fracasar nuevamente al programa.
En la década de 1990 se han de-
sarrollado algunas experiencias
que buscan superar problemas
identificados en los programas an-
teriores. El Sistema Local de Sumi-
nistro de Medicamentos Esencia-
les (Silomed), desarrollado en Apu-
rímac, Cusco, Ayacucho y Huan-
cavelica, garantizó el abasteci-
miento oportuno y permanente de
medicamentos esenciales. El Pro-
grama de Revitalización de Servi-
cios de Salud (Proresep), desarro-
llado en Chimbote y Lima, fue una
experiencia piloto que, con la par-
ticipación de la comunidad en la
gestión, mostró la factibilidad de
los fondos rotatorios para el sumi-
nistro de fármacos. Finalmente, el
Programa de Administración Com-
partida de Farmacias (Pacfarm)
tomó como base las experiencias
anteriores. Este programa permi-
tió mejorar el abastecimiento de
medicamentos en los centros y
puestos de salud de manera des-
centralizada y con la cogestión de
la comunidad, aunque se han de-
tectado problemas como la falta de
promoción del uso racional de los
medicamentos y la falta de parti-
cipación de la comunidad.
No obstante, en el Perú no ha exis-
tido un política de medicamentos,
por lo menos de manera explícita
y formal. El conjunto de estas di-
versas iniciativas muestra una con-
ducta del sector que puede ser
considerada errática y de corto
plazo, y que incluso, en los últimos
años, ha mostrado contradicciones
entre los objetivos y las decisiones
y prácticas institucionales. En efec-
to, hasta la dación de la Ley Ge-
neral de Salud en 1997, el Perú
tenía una normatividad dispersa
en lo que se refiere a medicamen-
tos. El capítulo sobre medicamen-
tos de la mencionada Ley, sin em-
bargo, no hace sino consolidar las
tendencias que se habían visto en
anteriores normas. Por citar algu-
nos ejemplos, se llega a un regis-
tro de medicamentos en el cual el
Estado renuncia a su facultad de
evaluar los medicamentos que so-
licitan registro sanitario, no se de-
finen mecanismos de regulación o
control de precios, y tampoco se
define el control o regulación de
la publicidad y otras prácticas de
promoción de los medicamentos.
Por lo demás, luego de casi cuatro
años de haber sido aprobada, la
Ley General de Salud no termina
de ser reglamentada.
Finalmente, como también ha ocu-
rrido en otros sectores, las decisio-
3636
3636
36
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
nes de política en el área de me-
dicamentos han sido tomadas sin
contar con la participación de la
sociedad civil. En este caso, sin
embargo, ello no ha sucedido úni-
camente por un manejo autorita-
rio de la administración estatal, sino
también porque muy pocas orga-
nizaciones de la sociedad civil es-
tán capacitadas para participar
como interlocutores calificados en
este campo. En la ultima década,
la conducta de los colegios profe-
sionales, particularmente de mé-
dicos y farmacéuticos, ha sido más
bien gremialista frente a lo que
ocurría en el campo de los medi-
camentos. Además, han exhibido
una escasa comprensión de lo que
significa una política de medica-
mentos, sus objetivos estratégicos
y el papel que les toca desempe-
ñar en su formulación.
Uso de medicamentosUso de medicamentos
Uso de medicamentosUso de medicamentos
Uso de medicamentos
Entre los factores más estrecha-
mente vinculados al uso de medi-
camentos, se pueden encontrar
problemas asociados a la prescrip-
ción, información, educación y
calidad. Por el lado de la prescrip-
ción, diversos estudios han demos-
trado que un alto porcentaje de los
medicamentos prescritos no se
encuentra incluido en la Lista Na-
cional de Medicamentos Esencia-
les, que ha sido actualizada de
manera descentralizada en 1987,
1992 y 1998. Asimismo, aunque
en 1990 se estableció la obligato-
riedad de la prescripción en for-
ma genérica, este dispositivo se ha
convertido en letra muerta debi-
do a la resistencia de los médicos
(influidos por la industria farma-
céutica), a la debilidad del orga-
nismo de regulación de medica-
mentos y a la falta de educación
en adecuadas prácticas de pres-
cripción. Una evaluación del MIN-
SA determinó que en 1996, solo
el 48% de los medicamentos fue
prescrito con su nombre genérico.
Otro serio problema se encuentra
por el lado de la información y la
educación. Un sistema de salud
puede permitir el acceso a medi-
camentos de muy buena calidad,
pero si estos no se usan adecuada-
mente pueden producir beneficios
intrascendentes o efectos adversos
inesperados. En el Perú, una eva-
luación realizada en 1999, en cin-
co hospitales regionales, reveló que
solo el 54,8% de los pacientes te-
nía conocimiento correcto de la
dosis de los medicamentos receta-
dos. Esto pone en evidencia las
deficiencias en la información a los
pacientes, lo cual muchas veces
conduce a un insuficiente compro-
miso con sus tratamientos. En cuan-
to a la educación, por el lado de las
universidades, únicamente la Uni-
versidad Nacional de Trujillo ha
avanzado en la implementación de
un curso de Farmacología Clínica
en el nivel de pregrado en los estu-
dios de Medicina.
Por último, en el Perú también
existen problemas de calidad en
los medicamentos: en el año 2000,
la Dirección Nacional de Medica-
mentos Insumos y Drogas (Dige-
mid) reportó que 68 de 272 me-
dicamentos genéricos (25%) y 130
de 496 medicamentos de marca
(26,2%), presentaron observacio-
nes en sus pruebas de calidad. No
obstante ser menores a los porcen-
tajes encontrados entre 1997 y
1999, resulta evidente que el nú-
mero tan exagerado de productos
farmacéuticos no permite mejorar
el control de calidad significativa-
mente. A ello se agrega el hecho
de que solamente 7 de 383 labo-
ratorios farmacéuticos se encuen-
tren acreditados en Buenas Prác-
ticas de Manufactura, cuando este
requisito es una de las principales
garantías de calidad que puede
exhibir la industria farmacéutica.
Áreas críticas
identificadas
Las áreas críticas identificadas con
relación al acceso y uso racional
de medicamentos son las siguien-
tes: i) acceso limitado a medica-
mentos esenciales, sobre todo para
los sectores en pobreza y pobre-
za extrema; ii) uso irracional de
medicamentos, como resultado de
una inadecuada prescripción, dis-
pensación y uso; iii) deficiente
control y vigilancia de la calidad
de los medicamentos; iv) inade-
cuada legislación y regulación de
medicamentos, así como debili-
dad del organismo regulador de
los mismos.
Propuesta para
mejorar la situación
de los medicamentos
Para mejorar la situación de los
medicamentos en el país, resulta
imprescindible que, sobre la base
de las áreas críticas identificadas,
se formule una Política Nacional
«... aunque en
1990 se
estableció la
obligatoriedad
de la
prescripción en
forma genérica,
este dispositivo
se ha convertido
en letra muerta
en 1996... solo
el 48% de los
medicamentos
fue prescrito
con su nombre
genérico»
3737
3737
37
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
«... una
evaluación
realizada en
1999, en cinco
hospitales
regionales, reveló
que solo el
54,8% de los
pacientes tenía
conocimiento
correcto de la
dosis de los
medicamentos
recetados»
de Medicamentos (PNM) articula-
da a la Política Nacional de Salud
(PNS), que introduzca la perspec-
tiva de género, que tome en con-
sideración el contexto de pobre-
za del país y que incluya a la me-
dicina tradicional. Esta PNM debe-
rá tener dos objetivos principales:
garantizar el acceso universal de
medicamentos esenciales de bue-
na calidad y promover el uso ra-
cional de medicamentos. Cada
uno de estos objetivos requiere el
desarrollo de una serie de accio-
nes sobre los diferentes factores y
actores que influyen sobre los
medicamentos. A continuación se
enumerarán solo algunas de las
principales tareas que deben lle-
varse a cabo.
Acceso universal a
medicamentos esenciales
Creación del Programa Nacio-
nal de Medicamentos Esencia-
les, el cual garantizará la dispo-
nibilidad y accesibilidad de me-
dicamentos esenciales de bue-
na calidad.
Fortalecimiento de la produc-
ción, comercialización y uso de
medicamentos genéricos.
Aplicación de políticas de pre-
cios de medicamentos, las cua-
les deben apuntar a disminuir
los precios de los medicamen-
tos en el mercado farmacéuti-
co para lograr una mayor equi-
dad en el acceso.
Promoción del uso ra-Promoción del uso ra-
Promoción del uso ra-Promoción del uso ra-
Promoción del uso ra-
cional de medicamentoscional de medicamentos
cional de medicamentoscional de medicamentos
cional de medicamentos
Mejora de la prescripción y dis-
pensación de medicamentos a
través del desarrollo y aplicación
de guías de tratamientos estan-
darizados, capacitación perma-
nente, promoción de estudios,
creación de servicios de infor-
mación, entre otros.
Educación y capacitación para
un uso racional de medicamen-
tos, para lo cual se deben crear
cursos de Farmacología Clínica
y Farmacoepidemiología en el
nivel de pregrado y posgrado,
favorecer el uso racional de
medicamentos y la automedi-
cación responsable en el públi-
co en general.
Promoción responsable de me-
dicamentos, mediante la mejora
de normas referidas a la promo-
ción farmacéutica, la regulación
y el monitoreo de la misma.
Control de la calidad de los
medicamentos, para lo cual se
requiere la promoción de nor-
mas y estándares, mejora del
sistema de monitoreo de ma-
nufactura y almacenamiento,
capacitación de personal, for-
talecimiento de la capacidad
del Centro de Control de Cali-
dad y difusión de informes so-
bre la calidad de los productos
farmacéuticos.
Fortalecimiento del organismo
de regulación y control de me-
dicamentos, lo cual implica no
solamente asignarle mayores
recursos y mejorar su desem-
peño profesional, sino también
dotarlo de las facultades nece-
sarias que le permitan realizar
su tarea eficazmente.
Finalmente, las propuestas plantea-
das exigen que la nueva política
de medicamentos sea una política
de Estado y no solo sectorial. Es
decir, debe estar articulada den-
tro de la política de salud. Asimis-
mo, no debe tratarse de una for-
mulación de política a partir de
grupos técnicos vinculados al Po-
der Legislativo y/o Ejecutivo, sino
a través de una amplia participa-
ción de representantes del gobier-
no y de la sociedad civil y otros
actores. Existen instrumentos vi-
gentes cuya composición puede
ser mejorada para incluir a todos
los actores involucrados en la pro-
blemática de la salud y los medi-
camentos. Uno de ellos es el Con-
sejo Nacional de Salud, que se
creó como un órgano de concer-
tación para la formulación de las
políticas de salud, pero también es
importante crear consejos regio-
nales de salud para dirigir un pro-
ceso de discusiones y recojo de
propuestas y puntos de vista. Es
importante contar con una instan-
cia de trabajo en los niveles regio-
nal y nacional, que esté dedicada
al área de medicamentos y que
incluya a representantes del Minis-
terio de Salud y de la sociedad ci-
vil, a productores y distribuidores
de medicamentos, así como a re-
presentantes de organismos inter-
nacionales pertinentes.
3838
3838
38
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Impacto de la privatización de la telefonía fija en el
bienestar de los consumidores urbanos1
Máximo Torero – Grade
Introducción
La presente investigación tuvo
como propósito estimar el impac-
to de la privatización de la Com-
pañía Peruana de Teléfonos (CPT)
y la Empresa Nacional de Teleco-
municaciones (Entel Perú), a ma-
nos de Telefónica de España, a tra-
vés de la medición del exceden-
te de los consumidores de telefo-
nía fija de las zonas urbanas de
algunas de las principales ciuda-
des del Perú. Se estudió el perío-
do comprendido entre 1994 y
1998, desde el momento de la
venta hasta el final de la concu-
rrencia limitada.
Este resumen se inicia con una
breve revisión de los principales
cambios ocasionados por la pri-
vatización por el lado de la oferta
(cobertura, calidad del servicio,
tarifas). Posteriormente se esbo-
za la metodología utilizada para
medir el excedente al consumi-
dor, incorporando los cambios en
acceso y uso. Una vez realizado
los cálculos, se detallan los resul-
tados obtenidos y se presentan las
principales conclusiones y reco-
mendaciones.
Antes y después de
la privatización
El mercado de las telecomunica-
ciones peruano se mostraba estan-
cado a inicios de 1990. El nivel de
cobertura llegaba a solo 2,9 líneas
por cada 100 habitantes en 1993,
cuando de acuerdo con el PBI
peruano debería haber sido de 11
líneas. Este nivel era marcadamen-
te inferior al de otros países de la
región (ver el cuadro 1).
El sector no contaba con los recur-
sos necesarios para expandir la
cobertura de la red. Su rentabili-
dad había sido socavada por el
cobro de tarifas subsidiadas y por
no contar con el apoyo de ingre-
sos fiscales adicionales. La baja co-
Ps Densidad Penetración PBI per cápita
telefónica 1/ telefónica 2/ U$
Bolivia 3,0 11,0 700
Ecuador 5,3 19,7 1.150
Colombia 11,3 33,9 1.305
Perú 2,9 10,1 1.450
Brasil 7,5 21,0 2.550
Chile 11,0 39,1 3.035
México 8,8 25,3 3.880
Argentina 12,3 27,9 6.910
1/ Líneas por 100 habitantes
2/ Líneas por 100 hogares
Fuente: Indicadores de las Telecomunicaciones Mundiales (1993)
Densidad telefónica, 1993
Cuadro 1
bertura telefónica se reflejaba en
el tiempo promedio de espera para
la instalación de una nueva línea,
118 meses en 1993.
Los indicadores de calidad de la
CPT S.A., y de Entel Perú S.A., an-
teriores a la privatización, estuvie-
ron por debajo de los estándares
internacionales. En 1992 solo se
completaban entre 35% y 40% de
las llamadas. Este bajo nivel de efi-
ciencia fue producto del reduci-
do tamaño de la red, de la no re-
novación de tecnología y del limi-
tado mantenimiento de los cables.
Hacia 1993, solo el 33% de la red
se encontraba digitalizada.
La estructura tarifaria estuvo basa-
da en subsidios a ciertos servicios
(telefonía local), a través del cobro
de tarifas elevadas a otros servicios
(larga distancia internacional). Así,
aproximadamente el 5% de los
clientes de Entel Perú S.A. explica-
ban el 29% de sus ingresos. En el
« La baja cobertura
telefónica se
reflejaba en el
tiempo promedio
de espera para la
instalación de una
nueva línea, 118
meses en 199
1/ Resumen del documento Logros y retos en
el sector telecomunicaiones: un balance a seis
años de la privatización en el bienestar de los
consumidores urbanos de telefonía fija, 2000.
La investigación fue auspiciada por ACDI-IDRC.
Podrá descargar la versión completa de este
documento desde nuestra página web:
www.consorcio.org.
3939
3939
39
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
caso de la CPT S.A., el 6% explica-
ba el 28% de sus ingresos. En com-
paración con las tarifas de otros
países de la región, el precio de
instalación estaba muy por encima
del promedio latinoamericano
(US$ 1.500 en 1993) y la tarifa
básica mensual era muy baja (U$ 2
en 1993).
En el marco de la política de pri-
vatizaciones del gobierno de Al-
berto Fujimori, el consorcio enca-
bezado por Telefónica de España
se adjudicó, en 1994, el 35% de
Entel Perú S.A. y de la Compañía
Peruana de Teléfonos S.A. por US$
2.002 millones. El 65% restante se
encontraba en poder de accionis-
tas minoritarios (36,4%) y del Esta-
do peruano (28,7%). Posterior-
mente, en julio 1996, el Estado
vendió el 26,6% de las acciones
en un proceso de accionariado
difundido llamado “participación
ciudadana”. Se estableció un pe-
ríodo de concurrencia limitada de
cinco años, en el cual no se per-
mitía la entrada de nuevos com-
petidores en el servicio de telefo-
nía básica: telefonía local, larga
distancia nacional (LDN) y larga
distancia internacional (LDI). Los
restantes servicios de telecomuni-
caciones –tales como telefonía
móvil, transmisión de datos y tele-
visión por cable– quedaron en una
situación de libre competencia.
Asimismo, el gobierno creó el Or-
ganismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel) en sustitución de la Co-
misión Reguladora de Tarifas de
Telecomunicaciones, con la finali-
dad de regular y supervisar el de-
sarrollo del mercado de las teleco-
municaciones.
El contrato de privatización con-
templó un programa de rebalan-
ceo tarifario con el objetivo de
reducir progresivamente las distor-
siones existentes durante la admi-
nistración estatal. Se establecieron
las tarifas promedio tope de reba-
lanceo, aumentando considerable-
mente la tarifa básica mensual,
mientras se disminuyó el costo de
las llamadas locales y las de larga
distancia (ver el cuadro 2). Al res-
pecto, es importante mencionar
que si bien el programa de reba-
lanceo tarifario buscó reducir la ta-
rifa local por pulso1, esto se vio alte-
rado, en parte, para el caso de Lima
cuando se redefinió el área local,
que de la ciudad de Lima pasó a
abarcar al departamento de Lima.
Nominal Real
Fecha IPC Renta Instalación Local 2/ LDN LDI Renta Instalación Local 2/ LDN LDI
93.00 0,820 5,00 987,00 0,170 0,484 4,860 6,10 1.203,99 0,207 0,590 5,928
94.00 0,946 11,99 1.009,86 0,180 0,628 3,860 12,68 1.067,63 0,190 0,664 4,081
95.00 1,000 14,17 982,10 0,185 0,629 3,871 14,14 982,10 0,185 0,629 3,874
96.00 1,166 25,15 906,69 0,207 0,618 3,824 21,57 777,55 0,178 0,530 3,279
97.00 1,241 36,67 791,78 0,213 0,603 3,477 29,54 637,79 0,172 0,486 2,801
98.00 1,316 43,22 728,30 0,234 0,597 3,360 32,84 553,41 0,178 0,454 2,547
1/: 1995 promedio.
2/: El precio de la telefonía local está medido en pulsos. Para el año 1998 se utilizo la información reportada por Osiptel, que incluye la
conversión de la tarifa de 3 a 1 minuto para poderla llevar a tres minutos (pulso).
Fuente: Osiptel
Evolución de las tarifas de telefonía
(A precios de 1995)1/
Cuadro 2
Desde ese momento, llamar a cual-
quier lugar dentro del departamen-
to de Lima era considerado llama-
da local y no llamada de larga dis-
tancia nacional. Este cambio condu-
jo a un incremento real del precio
de llamadas locales e implicó un sub-
sidio cruzado en contra de Lima2.
Hacia 1998, el sector de teleco-
municaciones peruano había ex-
pandido sus redes en aproximada-
mente 167%, en comparación con
1993, mientras que la densidad
telefónica se incrementó de 2,9 a
comienzos de 1990 a 7,8 en 1998.
Este crecimiento fue, sin embar-
go, heterogéneo y superior en
aquellos departamentos de mayo-
res ingresos. El 99% de las llama-
das locales llegaba a completarse
y se había digitalizado el 90% de
la red. Dado que para ese año Te-
lefónica del Perú había cumplido
casi todas las metas establecidas en
2/ El pulso es la unidad de medición de las
llamadas telefónicas equivalente a tres minu-
tos de uso del servicio.
3/ Ahora bien, al mismo tiempo, ello implicó
una reducción en el precio efectivo de las
llamadas de larga distancia nacional para los
usuarios que se comunicaban dentro del de-
partamento de Lima. Este punto tendrá que
evaluarse en una futura investigación.
4040
4040
40
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
el contrato de concesión, se deci-
dió por común acuerdo entre TdP
y Osiptel, dar fin al período de
concurrencia limitada.
Metodología para
medir el bienestar
de los consumidores
Para medir el efecto neto en los
consumidores, se estimaron las
ecuaciones de demanda parcial
para el acceso y uso de los distin-
tos servicios ofrecidos (telefonía
local, LDI, LDN). Esto se realizó
utilizando un panel específico de
hogares encuestados ad hoc en
1997, acerca de su consumo de
servicios de telecomunicación.
Este procedimiento se llevó a cabo
en dos pasos:
Se modeló el mercado de
cada producto bajo los esce-
narios de preprivatización y
posprivatización.
Se identificaron cambios en el
acceso y utilización de cada ser-
vicio, y se midieron los cambios
en el excedente del consumi-
dor en cada etapa.
La demanda de cada mercado se
modeló como una regla de deci-
sión de dos etapas. Dado un pre-
cio de utilización, los consumido-
res comparan su excedente con los
cobros de renta que tendrían que
pagar para decidir si solicitan o no
una línea. Utilizando este marco,
se estimaron funciones de deman-
da por el acceso y el uso para ho-
gares y empresas, para comparar
las situaciones de pre y posventa.
Luego de calibrar las funciones de
demanda utilizando la informa-
ción de líneas de acceso, cobros
de renta e instalación y el núme-
ro de subscriptores potenciales en
lista de espera, se procedió a
medir el bienestar del consumi-
«Hacia 1998... el
99% de las
llamadas locales
llegaba a
completarse y se
había
digitalizado el
90% de la red»
dor cinco años antes y después de
la privatización.
El gráfico 1 ilustra el efecto en el
bienestar del consumidor, de in-
crementar las líneas instaladas y re-
ducir los cobros de acceso simul-
táneamente. El cobro de renta
mensual promedio (la suma del
cobro de servicio de renta básico
y el pago único de instalación en
una base mensual) cae de rp0 a rp1.
La función de demanda qda =
q
da(p, y, x), donde p es un vector
de todos los precios relevantes (co-
bro de renta mensual promedio,
bienes sustitutos y complementa-
rios), y es el ingreso y x un vector
de otras variables explicativas, tam-
bién puede ser expresada en for-
ma inversa rpda = rpda(q, y, x), para
reflejar el precio máximo que un
hogar, definido por el par (y, x),
está dispuesto a pagar por el ac-
ceso a una línea telefónica. Da-
dos estos cobros y una restricción
de oferta, q0, se tiene una lista de
espera dada por la diferencia
qda(rp0, y0, x0) – q0. Dado el in-
cremento en las líneas de acceso
instaladas hasta un nivel q1, la nue-
va lista de espera viene dada por
qda(rp1, y1, x1) – q1.
Observando el gráfico, los com-
ponentes a ser estimados serían
las áreas ACFrp1 y ABDrp0. La di-
ferencia entre ellas daría el incre-
mento en el excedente del con-
sumidor, debido a la mayor can-
tidad de hogares con acceso a lí-
neas residenciales3.
La estimación de las funciones de
demanda por llamadas (local, LDI,
B
A
Cargo de
instalación
Número de
líneas
Efectos en el bienestar de relajar las restricciones de oferta y cambiar
los precios regulados en el mercado de acceso a líneas telefónicas
Gráfico 1
4/ Naturalmente, la metodología de estimación
sería la misma para los usuarios comerciales.
4141
4141
41
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
LDN) es una tarea bastante direc-
ta, dado que se conocen las canti-
dades y precios del mercado. Es-
tas funciones ya incluyen los efec-
tos de un nuevo equilibrio en el
mercado de acceso, reflejados por
un desplazamiento de la función
de demanda de a .
El gráfico 2 muestra un ejemplo
de los efectos de incrementos si-
multáneos en las líneas de acceso
y cobros por minuto de llamada,
para cualquier servicio relaciona-
do con las líneas residenciales (lo-
cal, LDI, LDN ). El incremento en
las líneas de acceso (ver el gráfi-
co 1) se explica por la reducción
en el costo de acceso de rp0 a rp1,
y está representado por el despla-
zamiento de la curva de deman-
da a . Por otro lado, el incre-
mento en el cobro por minuto de
llamada está representado por el
cambio en el precio de p0 a p1
4
(ver el gráfico 2).
Entonces, para registrar el cambio
en el bienestar se calcula la dife-
rencia entre las áreas ACp1 y BDp0 .
Estimaciones
empíricas
Se estimaron las demandas por
servicios de telefonía básica de los
hogares de los NSE A y B de Cuz-
co, Arequipa, Chiclayo y Trujillo,
para posteriormente calcular los
excedentes de los consumidores
siguiendo la metodología detalla-
da en la sección anterior. Adicio-
nalmente, se utilizaron los resulta-
dos obtenidos por Torero, Schroth
y Pascó-Font (2000)5 para los ho-
gares de los NSE A, B, C, y D para
Lima Metropolitana.
El excedente del consumidor de
los servicios de telefonía fija, LDI
y LDN para Lima Metropolitana
(la diferencia entre el valor total
que reporta el consumo del telé-
Efectos en el bienestar de cambiar los precios regulados y tener
más usuarios en el mercado de uso de servicios de líneas telefónicas
Gráfico 2
Precio A
por
minuto +
renta fija B
C
fono al consumidor y la cantidad
total que pagan por él), decrece
para el período 1997-98, después
de haber crecido por encima del
15% durante cuatro períodos (ver
el gráfico 3).
Al analizar el bienestar de los ho-
gares de acuerdo con su nivel so-
cioeconómico, queda claro que
son los estratos de mayores ingre-
sos que ya poseían teléfono, los
que mejor han absorbido el impac-
to del rebalanceo tarifario (ver el
gráfico 4). Pero inclusive en los
estratos de menores ingresos que
Evolución del excedente al consumidor desde la privatización
Gráfico 3
25,0% 25,9%
20,0%
25,0%
30,0%
Tasa de crecimiento
5/ De acuerdo con el programa de rebalan-
ceo de tarifas mostrado en el cuadro 1.
6/ “Welfare Impacts on Consumers of the Pe-
ruvian Telecommunications Privatization”, mi-
meo. Lima: Grade.
4242
4242
42
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Excedente al consumidor por nivel socioeconómico desde la privatización
(Evolución de la tasa de crecimiento)
Gráfico 4
se beneficiaron fundamentalmen-
te por poder acceder a teléfono
(el número de teléfonos por cada
100 habitantes en el estrato de
menor ingreso socioeconómico
pasa de 0,01 a 0,25), se aprecia
una fuerte caída en el crecimien-
to del excedente con respecto al
período 1995-96.
Los resultados para provincias
muestran que la disminución en el
bienestar de los consumidores es
menor por el significativo incre-
mento en el acceso al servicio te-
lefónico. Esto implica que un nú-
mero significativo de usuarios no
podía acceder anteriormente al
servicio, a pesar de estar dispues-
tos a pagar por el mismo. El cam-
bio porcentual del excedente al
consumidor no cae en 1997 para
el caso de Chiclayo (crece en
aproximadamente 4%) y, práctica-
mente, se mantiene constante para
Arequipa. Por otro lado, Trujillo es
el departamento que enfrenta la
mayor caída, 4% y Cuzco la me-
nor, 0,44%. Esto se puede expli-
car por el menor consumo de los
estratos A y B en estas ciudades, y
una ratio de penetración menor
que la de Lima Metropolitana.
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
-34,2%
-11,7%
-7,0% -5,7%
50,4%
14,0%
36,4%
12,0%
15,9%
17,0%
385,4%
55,5%
10,1%
7,7%
57,6%
26,1%
17,5%
32,3%
25,8%
22,8%
La caída en el excedente del con-
sumidor para el período 1997-98,
puede tener su origen en que los
precios de la llamada local y la ren-
ta básica aún no se encuentran en
niveles competitivos internacional-
mente. La renta mensual casi se ha
duplicado en términos nominales
para el período 1994-98, mientras
que la tarifa de la llamada local ha
cambiado la unidad de medición,
pasando de pulsos de tres minutos
a un minuto en 1998. La renta fija
alta afecta especialmente a los es-
tratos socioeconómicos bajos,
cuyo mayor bienestar está funda-
mentalmente en poder acceder al
teléfono para recibir llamadas. Si
bien el rebalanceo tarifario esta-
blecido redujo gradualmente las
distorsiones tarifarias, el continuo
incremento en la renta básica afec-
tó el bienestar de los consumido-
res, en especial en los estratos de
menores ingresos.
Si comparamos los precios de la
renta básica del Perú con los de
Argentina y Chile, dos países que
también han estado atravesando
un proceso de apertura a la com-
petencia, es claro, tal como lo
muestra el gráfico 5, que los pre-
cios locales y de renta básica en el
Perú son los más altos de los tres
países comparados6.
Aun cuando los beneficios obte-
nidos a partir de la privatización
son claros en términos de incre-
mentos en la eficiencia producti-
va, acceso y bienestar de los con-
sumidores, se necesita mayores
esfuerzos por parte de la entidad
reguladora en términos de estruc-
turas tarifarias, para evitar una re-
ducción en la ganancia de benefi-
cios de los consumidores.
Finalmente, en el servicio de larga
distancia (nacional e internacio-
nal), se observa una ganancia en
10
12
14
16
18
US$
Tarifa local por minuto
(promedio ponderado por el número de horas
disponibles para tasas regulares y reducidas)
Renta básica
Gráfico 5
7/ El cálculo de la renta para Argentina y Chile
es un ponderado de las diferentes rentas exis-
tentes en esos países reportado en Tarífica.
4343
4343
43
Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
el excedente al consumidor en
todos los años. A pesar de este re-
sultado positivo, queda claro que
este incremento no logró compen-
sar la caída del efecto total en
1997, tal como se esperaba que
sucediera. Una posible explica-
ción es que los precios de llama-
das de LDI aún no se encuentran
en niveles competitivos interna-
cionales. El minuto de llamada de
Lima a Estados Unidos es 7,1% más
caro en la tarifa regular y 55% más
caro en la tarifa reducida, que el
mismo minuto de Santiago de Chi-
le a Estados Unidos7. Se espera
que el bienestar de los consumi-
dores aumente en la medida que
las tarifas de larga distancia caigan
hasta niveles internacionales.
Conclusiones
Los resultados advierten que au-
mentó el excedente de todos los
consumidores en su conjunto lue-
go de la privatización, lo que im-
plica que esta política fue Pareto-
eficiente. Al analizar el bienestar
de los consumidores de Lima Me-
tropolitana se observó que, luego
de cuatro períodos de crecimien-
to por encima del 15%, el exce-
dente decrece en 1997. En las
principales ciudades de provin-
cias, la disminución en el bienes-
tar es menor por el incremento sig-
nificativo en el acceso al servicio
telefónico.
La caída en el excedente del con-
sumidor se puede explicar por los
altos precios de las llamadas loca-
les y de la renta básica, los cuales
no se encuentran aún en niveles
competitivos internacionalmente.
Una renta fija alta afecta especial-
mente a los estratos socioeconó-
micos bajos, cuyo mayor bienes-
tar está fundamentalmente en po-
der acceder al teléfono para reci-
bir llamadas, más que en la canti-
dad de llamadas realizadas (sean
nacionales o internacionales). El
rebalanceo tarifario, al continuar
incrementando la renta básica,
afectó el bienestar de los consu-
midores, en especial en los estra-
tos de menores ingresos.
Es importante mencionar que si
bien el programa de rebalanceo
tarifario buscó reducir la tarifa lo-
cal por pulso, este objetivo se vio
alterado, en parte, para el caso de
Lima, cuando se pasó el área local
de la ciudad de Lima al departa-
mento de Lima. Este cambio oca-
sionó un incremento real del pre-
cio de las llamadas locales y, a su
vez, implicó un subsidio cruzado
en contra de Lima.
Aun cuando los beneficios obte-
nidos a partir de la privatización
son claros en términos de incre-
mentos en la eficiencia producti-
va, acceso y bienestar de los con-
sumidores, hay una necesidad de
mayores esfuerzos de la entidad
reguladora en términos de estruc-
turas tarifarias para evitar una re-
ducción en la ganancia de benefi-
cios de los consumidores. Es en
este sentido que la entrada de
nuevas firmas en el servicio local
e internacional, generará más
competencia por los consumido-
res y, por lo tanto, los precios ten-
derán a alcanzar lo estándares in-
ternacionales.
Una recomendación de corto pla-
zo, para aumentar el bienestar de
los consumidores, es la utilización
de planes en los que se den des-
cuentos por volumen de consumo.
Este tipo de planes son factibles en
realidades heterogéneas como la
peruana y no solo beneficiarán a
los consumidores sino también a
las firmas, dado que les permitirán
discriminar precios. Por ejemplo,
una rebaja en la renta fija para ho-
gares del estrato socioeconómico
más bajo, junto con un pequeño
incremento en el costo de las lla-
madas locales, incrementará sin
duda alguna su bienestar, sin afec-
«Los resultados
advierten que
aumentó el
excedente de
todos los
consumidores en
su conjunto
luego de la
privatización»
tar las ganancias de las empresas
proveedoras. En el caso de los ho-
gares de mayores ingresos sería el
caso opuesto, dado que estarían dis-
puestos a pagar una mayor renta fija
por una menor tarifa por minuto.
Finalmente, es importante resaltar
que este estudio es un primer es-
fuerzo que solo ha tratado de cuan-
tificar el impacto en la telefonía fija
por el lado de los consumidores, y
no es una evaluación integral del
proceso de privatización. Aún
quedan aspectos por investigar,
como el fuerte incremento en la
penetración de teléfonos públicos
y la reducción de sus tarifas8, la
presencia de planes tarifarios
como el “teléfono popular”, la
evaluación de la neutralidad en el
nivel socioeconómico de cambiar
la medición de las llamadas loca-
les, de tres a un minuto, entre
otros, y finalmente, buscar ampliar
el modelo para considerar todos
los mercados relevantes y sus efec-
tos cruzados.
8/ Cifras ponderada de las tarifas de los dos
mayores proveedores de Chile, BellSouth y
Manquehue, para 1998.
9/ La tarifa nominal que efectivamente paga-
ban los usuarios se redujo cuando se dejó de
usar las fichas “RIN” y se utilizaron monedas,
que permitían pagar el consumo exacto. Ade-
más, se mantuvo la tarifa en términos nomi-
nales por cuatro años.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
El país está conmocionado por
movimientos regionales que reve-
lan en sus reivindicaciones la pro-
testa de los excluidos por el cen-
tralismo y, al mismo tiempo, esta-
mos en un período de contienda
electoral por gobiernos locales y
regionales, que ha culminado su
fase de inscripción de listas y can-
didatos. En este contexto es posible
hacerse algunas preguntas acerca
de la gobernabilidad regional.
Razones y dilemas
Queremos tomar distancia de la
razón “centralista-tecnocrática”,
temerosa de las decisiones regio-
nales y tan solo preocupada por
financiar el equilibrio macroeco-
nómico y de la razón que “calcula
la correlación de corto plazo”, y
que probablemente mira a la des-
centralización solo como un pro-
ceso administrativo que incide en
la correlación de fuerzas.
La perspectiva que afirmamos se
basa en una razón democrático–
descentralista, que ve en la des-
centralización un reto para encon-
trar y construir caminos imaginati-
vos y viables para resolver el en-
trampamiento del desarrollo y para
una evidente redistribución de
poder, que señala la necesidad de
contar con una alianza de fuerzas
endógenas para el crecimiento
abierto y competitivo; y, al mismo
tiempo, para la democracia y la
justicia social.
Hoy enfrentamos dilemas tales
como: ¿existe un intercambio en-
tre el ejercicio de una democra-
cia–descentralista y la generación
de recursos para el crecimiento y
Gobernabilidad regional: preguntas desde Arequipa
Fernando Paredes N.1 - Universidad Nacional de San Agustín
la reactivación?, ¿estamos acaso
bajo un juego de fuerza en el cual
ganar en uno es perder en el otro?,
¿inversión a costo de sujeción al
centro?, ¿respeto a las institucio-
nes y a los pueblos a costo de po-
breza y desempleo?, ¿es posible
avanzar en ambos sentidos?
Enfrentar los retos y dilemas exige
una manera de actuar diferente
hoy, con una visión de mediano
plazo; por tanto, se requiere per-
filar propuestas que tengan un de-
rrotero, donde el presente es tan
solo un punto de partida. Las re-
glas del “juego estratégico” para
los actores de la descentralización,
debieran establecer los incentivos
necesarios para lograr soluciones
cooperativas; pues no se trata de
que cada una de las partes elija su
estrategia sin tener en cuenta el
bienestar de las otras partes y de
la sociedad regional como un todo,
o que se piense que todo se “jue-
ga en un solo tiro” (en el corto pla-
zo). Percibir así las cosas, lleva a
conductas no-cooperativas y a la
ruina social.
Lecturas del contexto
La evaluación macroeconómica
señala la precariedad de las cuen-
tas fiscales, las dificultades del de-
sempeño productivo, el estanca-
miento de la inversión, el pe-
queño y rezagado impacto en el
empleo,….. En esa situación es
clara la tendencia de austeridad
fiscal y de escasez de recursos
para la inversión pública, y son
previsibles las dificultades que
seguirán atravesando los munici-
pios y las que enfrentarán los go-
biernos regionales.
«La perspectiva
que afirmamos...
ve en la
descentralización
un reto para
encontrar y
construir caminos
imaginativos y
viables para
resolver el
entrampamiento
del desarroll
Frente a ello, las tentaciones polí-
ticas de los actores locales o na-
cionales involucrados en diferen-
tes frentes o espacios son muy
grandes; por ejemplo, empujar
desde el centro” a que los go-
biernos regionales enfrenten la
protesta local, para descargar las
presiones nacionales; o en el otro
lado, impulsar “desde las bases”
que los gobiernos regionales se
pongan al frente de las reivindi-
caciones de su zona con claro
perfil contestatario. En ambos ca-
sos ganan las inercias centralistas,
entendidas como diseño y funcio-
namiento del Estado, pero tam-
bién como estilo de hacer políti-
ca, por lo que el fracaso de la ex-
periencia está cantado.
Sin embargo, los peligros pueden
venir también desde los gobiernos
regionales o locales, los que pue-
den asumir un “comportamiento
miope”, buscando “liderazgos y
prestigios” de soporte local que
1/ Profesor Principal de la Facultad de Economía
de la Universidad Nacional de San Agustín.
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permitan reposicionar tan solo una
cuota de poder en la nueva situa-
ción o con la idea (que también
es compartida en instancias nacio-
nales de gobierno) de que se trata
de establecer un conjunto de “rei-
vindicaciones”, correspondiéndo-
le al Estado “resolver”, “atender”,
“solucionar”, sin tener en cuenta
que el presupuesto es finito y el
gasto debe respetar la equidad y
la eficiencia. Esas conductas son
funcionales con las inercias y lógi-
cas del centralismo, pues alimen-
tan la idea de que “las regiones no
están preparadas para gobernarse
y que precipitarán indeseados de-
sequilibrios macroeconómicos”.
Lo inédito del proceso requiere de
un avance cuidadoso en varias di-
recciones: en el planteamiento del
presupuesto descentralizado y la
elevación de la eficiencia del gas-
to, en el paso de una lógica secto-
rial centralizada a una organización
con decisiones espacialmente des-
centralizadas, en la asignación de
competencias,…. Pero cauteloso
no significa timorato y requiere
actuar sin prisa, aunque también
sin pausa. Por cierto, la precondi-
ción es un gobierno nacional pro-
activamente facilitador de la des-
centralización, pero también go-
biernos regionales con orientacio-
nes y programas claros, capaces de
generar escenarios cooperativos al
interior de una manera nueva de
hacer política, en torno al creci-
miento económico territorial, la
lucha contra la pobreza y, en am-
bos, el fortalecimiento de la demo-
cracia y la ciudadanía.
Lo “local/regional”
sí importa para la
gobernabilidad
Las agendas públicas regionales
están marcadas por “comisiones
que vienen y delegaciones que
van”, pero no existe un espacio de
representación y mediación polí-
tica entre lo “local/regional” y lo
“nacional”, lo cual es más que un
hecho anecdótico, va más allá de
“malos vendedores de un produc-
to (la privatización, por ejemplo)”
o “la desinformación de la gente
(acerca de las características con-
cretas de la propuesta)”.
En el país no tenemos mecanismos
ni canales estatales que permitan
una interacción fluida y cotidiana
entre las distintas regiones, y en-
tre ellas y las instituciones nacio-
nales. Pese al avance que significó
el distrito múltiple para la repre-
sentación congresal, no es claro
que el Parlamento y los congresis-
tas desempeñen ese papel de in-
termediario y de representación
política de intereses espacialmen-
te localizados. Tampoco los alcal-
des han estado a la altura de las
circunstancias, no las han enfren-
tado presentando propuestas via-
bles y de conjunto, pues normal-
mente están absorbidos por las
angustias de administrar una juris-
dicción sin recursos. Quizá tam-
poco hemos terminado de enten-
der la configuración social actual
de nuestras regiones y sus formas
de representación.
La descentralización supone no
solo el diseño de estructuras perti-
nentes y mecanismos de funciona-
miento adecuados; implica tam-
bién actores, aun más, personas
concretas, comprometidas con los
objetivos que se propone. Estruc-
turas descentralizadas se corres-
ponden con actores (políticos y
técnicos) conscientes de sus posibi-
lidades, con autonomía responsable
y propositiva: alternativas serias y
viables, amplia convocatoria, pers-
pectiva de largo aliento. Aprove-
charse de las circunstancias para
agudizar contradicciones con el
gobierno central (mientras peor va-
yan las cosas … mejor para “acumu-
lar” fuerzas y expectativas) expresan
su amplia dependencia de este.
«... cauteloso
no significa
timorato y
requiere actuar
sin prisa, aunque
también sin
pausa»
En adelante, para un proceso de
descentralización exitoso se re-
quiere que el gobierno nacional
tome en cuenta “el dato regional/
local” como un insumo para sus
decisiones, que los gobiernos re-
gionales y locales consideren “el
dato nacional” como un marco
para sus programas, y que tanto el
gobierno nacional, los gobiernos
regionales y locales aprendan a
interactuar y concertar en el es-
cenario de lo globalizado, aprove-
chando las oportunidades de com-
petitividad para el crecimiento
económico difundido espacial-
mente, como sorteando los riesgos
de los choques externos o defen-
diéndose de las amenazas de la
concentración del poder económi-
co y de las condicionalidades de
política económica.
Como círculos que
se tocan pero no
se cruzan
El proceso de conformación de lis-
tas para las elecciones regionales
y locales ha revelado varias pautas
de comportamiento, conocidas en
política como la búsqueda de acu-
mulación de fuerzas, la lógica del
posicionamiento de corto plazo, la
simplicidad de los objetivos en las
organizaciones. El indicador más
4646
4646
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
«La
descentralización
supone no solo
el diseño de
estructuras
pertinentes y
mecanismos de
funcionamiento
adecuados;
implica
también...
personas
concretas,
comprometidas
con los objetivos
que se propone»
evidente es la multiplicidad de pro-
puestas y la ausencia de grandes
bloques de fuerzas más o menos
homogéneos. En esa lógica tam-
bién encontramos la incidencia de
las decisiones, orientaciones y pac-
tos de líderes y agrupaciones na-
cionales (mejor dicho “desde
Lima”), y los consecuentes alinea-
mientos de los dirigentes locales.
La “gestión política” se limita en-
tonces a la confección de las listas
(“Arequipa es tierra de caciques”…
dirían para explicar las doce listas.
Además, es “muy sencillo”, al mo-
mento de inscribirse, entregar las
dos carillas en A–4 y en disquete
que “reseñan el programa”) y lue-
go a la preocupación por una cam-
paña “mediática”, que gane los
votos necesarios.
Esta dificultad de los grupos políti-
cos regionales (y nacionales) en
materia de objetivos con horizon-
te de mediano plazo y la carencia
de propuestas complejas, ocasio-
na que las posibilidades de alian-
zas amplias, la búsqueda de con-
sensos, las posibilidades de en-
cuentro y concertación sean pe-
queñas, cuando no imposibles.
Tenemos como círculos que se to-
can pero no se cruzan, no se bus-
can las áreas comunes, lo que hace
difícil construir programas conver-
gentes que vayan más allá (“impi-
damos el triunfo de los privatiza-
dores” versusquitemos Arequi-
pa de manos de quienes buscan
su autodestrucción”).
Estos comportamientos se retroa-
limentan de actitudes y ahondan
las distancias. En esta segunda opor-
tunidad aparece la comedia, ¿ha-
brá que fracasar nuevamente para
entender que debemos caminar
en otra dirección?
¿Qué resuelven
las elecciones?
La Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Arequipa acaba de
pronunciarse declarando improce-
dente (tres opiniones) el Recurso
de Amparo de un ciudadano, re-
vocando así la resolución de la pri-
mera instancia, pues ese no es el
procedimiento adecuado para
ventilar el asunto de la propiedad
de Egasa. Es decir, si pertenece a
la Región Arequipa, a Fonafe o en
qué proporción ambas la detentan.
Los tres vocales también afirman
la existencia jurídica de la Región
Arequipa; por lo tanto, el proce-
dimiento correcto es un recurso
por Conflicto de Competencias
que debiera iniciarse ante el Tri-
bunal Constitucional, lo cual pone
en cuestión el tema de la vigencia
de la Constitución de 1979 o la de
1993, la estabilidad jurídica de lo
actuado luego de 1993 y el pro-
ceso de reforma en curso.
Sin embargo, uno de los tres vo-
cales opina que existe un proble-
ma de ausencia de personería le-
gal (“falta de legitimidad para ac-
cionar”) con relación a quién de-
biera representar a la Región Are-
quipa en el reclamo de la propie-
dad. Además, considera que el
proceso de privatización debe
quedar suspendido mientras se
instalan las nuevas autoridades re-
gionales o se ponen de acuerdo
las partes en conflicto. El mecanis-
mo judicial continuará hasta que
una opinión tenga los tres votos
necesarios.
De otro lado, el asunto de la pri-
vatización es un tema materia de
debate en el orden político. El pro-
cedimiento judicial la detuvo, es-
tableciendo el problema de la pro-
piedad. La evaluación dominante
es que el pueblo de Arequipa se
ha pronunciado mayoritariamen-
te por “no-privatizar” y que esto
se condice estrechamente con la
dignidad de Arequipa”; por con-
traste, quien tenga un asomo de
opinión o de duda a favor de pri-
vatizar está en contra de Arequi-
pa. Por tanto, el criterio de lectura
del fallo judicial es “a favor o en
contra de Arequipa”.
A una posición tal como “privati-
zar con garantías suficientes para
fortalecer el capital-social de la
región, contribuir a la elevación de
su competitividad, definida para
impulsar el desarrollo descentrali-
zado, y planteada e informada de
tal manera que ganara la acepta-
ción de la ciudadanía”, le es difícil
abrirse campo en este cuadro de
posiciones paralelas.
Aparentemente las elecciones pue-
den resolver, definiendo el asunto
de la hegemonía entre las fuerzas
regionales y locales, o pueden ser
llevadas a un contexto que refleje
un esquema de confrontación. No
es extraño escuchar opiniones
como: “es el último esfuerzo que
hacemos por poner a la región en
la senda del progreso” o “el voto
ciudadano se inclinará para derro-
tar a los privatizadores”.
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
Evidentemente, el voto ciudada-
no es lo suficientemente claro para
dirimir sobre una direccionalidad
(no es un cheque en blanco para
hacer cualquier cosa), pero la sola
vía electoral es lo suficientemente
imprecisa como para indicar si una
medida es o no la adecuada (los
representantes deberán evaluar
con profundidad los pro y los con-
tra, los costos y los beneficios).
Recordemos, de otro lado, que los
llamados “mecanismos de demo-
cracia directa” pueden encerrar
procedimientos abiertamente ma-
nipuladores de la opinión pública
y los llamados “delegados” no
siempre tienen la legalidad y legi-
timidad de representación reque-
rida, pues cuando han sido elec-
tos, les dieron poderes específicos
en una materia y no generales para
la decisión política.
Si las “elites renuncian” a su capa-
cidad de “formar y orientar opi-
nión” en situaciones complejas, es
muy fácil que se elija la opción
demagógica del corto plazo. Una
perspectiva descentralista requie-
re un consenso amplio, democrá-
tico, que permita acumular fuer-
zas endógenas (organizaciones de
productores, gremios laborales,
colegios profesionales, colectivos
de vecinos, …) y diseñar arreglos
institucionales y acuerdos políticos
entre actores sociales y ciudada-
nos, en favor de la articulación
económica, la transformación pro-
ductiva y la competitividad. Un
“enfoque de clase”, es decir uno
que no incluya una propuesta de
frente o consenso de diferentes
intereses, cualquiera que este sea,
llevará al fracaso el proceso de
descentralización como camino al
desarrollo.
En ese sentido, quienes sostienen
que el dilema es privatizar o no,
equivocan la pregunta pues la tor-
nan ideológicamente prejuiciada,
utilizando la fácil fórmula de igua-
lar privatización y neoliberalismo.
A nuestro criterio, la cuestión
abierta es: ¿cuál es el camino via-
ble y sostenible para el desarrollo
regional?, y la respuesta a ella se
vuelve el criterio para validar una
medida concreta, e incluso para
diseñar las condiciones reales en
que se debiera operar. Frente a la
posición radical “no a la privatiza-
ción”, la población está retrucan-
do legítimamente al preguntar:
“¿Entonces qué… ?, ¿luego de eso
… qué hacemos?, ¿de qué mane-
ra enfrentar el crecimiento pro-
ductivo, el empleo…?, ¿cuál es el
futuro que queremos construir?”.
Un poderoso
intangible
En una situación en la cual Arequi-
pa se nos desgrana entre las ma-
nos, afirmar “Arequipa Dignidad”
expresa fundamentalmente el en-
frentamiento con una lógica de
Gobierno y de Estado, que no res-
peta una perspectiva efectivamen-
te democrática (¿por qué tienen
que decidir por nosotros?, ¿por
qué utilizarán el recurso para fi-
nanciar el déficit fiscal?, ¿la forma
de administrar “bienes públicos”
no es una decisión que debe ser
tomada por caminos democráti-
cos?). En ese sentido, privatizar o
no las eléctricas se puede leer
como un tema segundo.
Por ello, “Arequipa Dignidad” ex-
presa un sentimiento, una identi-
dad convocante de multitudes y
generadora de unanimidades en
torno a la “inclusión” democráti-
ca y económica de las “provin-
cias”. Allí está la radicalidad del
cuestionamiento al “modelo eco-
nómico” centralista y excluyente
del Estado, y pone en jaque a la
lógica “tecnocrático–centralista
en cuanto a la forma de hacer
política desde el Gobierno nacio-
nal (¿Por qué el mapa de prefe-
rencias de la tecnocracia de los
«... quienes
sostienen que el
dilema es
privatizar o no,
equivocan la
pregunta a
nuestro criterio,
la cuestión
abierta es ¿cuál
es el camino
viable y
sostenible para
el desarrollo
regional»
ministerios del gobierno nacional
es mejor, es el único razonable y
es el benéfico para el país?).
Podríamos decir que las mismas
veinte mil personas que celebra-
ron alborozadas en la Plaza de Ar-
mas con el Himno a Arequipa la
firma de la “Declaración de Are-
quipa”, son las mismas y muchas
más, que se juntaron en una sola
emoción solemne y profunda con
el develamiento de las torres de la
Catedral reconstruida, la Mamita
de Chapi en el atrio y la cascada
de luces mientras escuchaban Mi
Canto Arequipa.
¿Cómo administrar este poderoso
activo intangible logrado por la ciu-
dadanía arequipeña, consideran-
do que es imposible conservarlo
intacto y para siempre? Es induda-
blemente una reserva de futuro y
una prolongación de una vocación
ciudadana de “cholos y repúbli-
cos”, que “no en vano nacieron al
pie de un volcán”.
Una posibilidad es el escenario
confrontacional, desgastante e in-
fecundo en el mediano plazo,
aunque sea el caldo de cultivo de
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Economía y Sociedad 46, CIES, octubre 2002
ciertos liderazgos “miopes” y
“exitosos” en el corto plazo. La
otra posibilidad es canalizar este
poderoso intangible, poniéndolo
al servicio de un escenario coo-
perativo donde “todos ganen”,
basados en un proyecto regional,
en un clima de credibilidad y con-
fianza, de una nueva manera de
hacer política, que convoque a
todas las potencialidades y capa-
cidades humanas, para ponerse
de acuerdo acerca de:
una visión compartida sobre el
departamento y una estrategia
para llevarla adelante, recogien-
do buenas prácticas para el de-
sarrollo regional y local;
una priorización de cartera de
proyectos en diferentes niveles
y un esquema para su imple-
mentación y modalidades de fi-
nanciamiento;
una institucionalidad para vali-
darla política, económica y so-
cialmente, para llevarla adelante
y para vigilar su cumplimiento.
En esa perspectiva, el peso de la
institucionalidad descentralista a
construir requiere de articulacio-
nes y entrelazamientos entre dis-
tintos componentes políticos, so-
ciales y productivos, que permitan
establecer el ambiente necesario
para la competitividad, la innova-
ción y el despliegue tecnológico.
Se requiere de redes locales y re-
gionales para la identificación de
oportunidades, y amplios mecanis-
mos de colaboración para impul-
sarlas. Al mismo tiempo, no se pue-
de soslayar que habrá que encon-
trar maneras para asumir y proce-
sar las diferencias, políticas, socia-
les e ideológicas, que son parte de
la naturaleza de los actores que
forman la unidad arequipeña.
Es en todos estos campos donde
deben desarrollar y demostrar es-
peciales competencias, los gobier-
nos regionales y locales y, en ge-
neral, las fuerzas descentralistas.
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Institución / Institución /
Institución / Institución /
Institución / RepresentanteRepresentante
RepresentanteRepresentante
Representante
PROVINCIASPROVINCIAS
PROVINCIASPROVINCIAS
PROVINCIAS
UniversidadesUniversidades
UniversidadesUniversidades
Universidades
. Universidad Nacional de Piura, Facultad
de Economía / Humberto Correa
. Universidad Nacional del Altiplano,
Facultad de Ingeniería Económica /
Manglio Aguilar
. Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco, Facultad de Economía /
José Cáceres
. Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Facultad de Economía /
Adolfo Prado
. Universidad Católica de Santa María,
Arequipa, Centro de Investigaciones /
Edgar Borda
. Universidad Nacional de Trujillo - CEPUN,
Facultad de Ciencias Económicas /
Enrique Rodríguez
CentrosCentros
CentrosCentros
Centros
. Centro Bartolomé de las Casas /
Jean-Jacques Decoster
. Centro de Investigación y Promoción al
Campesinado - CIPCA / Bruno Revesz
. Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP / Dennis del Castillo
Dirección Ejecutiva del CIES
Antero Aspíllaga 584, San Isidro, Lima 27, Perú
(altura cuadra 2-3 Av. Santa Cruz)
Teléfonos: (51-1) 421-8082, 421-7968, 442-0463
Página web: www.consorcio. org
LIMALIMA
LIMALIMA
LIMA
UniversidadesUniversidades
UniversidadesUniversidades
Universidades
..
..
. Escuela de Administración de Negocios
para Graduados-ESAN / Santiago Roca
. Pontificia Universidad Católica del
Perú, Departamento de Economía /
Efraín Gonzales de Olarte
. Universidad de Lima, Centro de
Investigaciones Económicas y Sociales /
Fermín Cabrecos
. Universidad del Pacífico, Centro de
Investigación / Felipe Portocarrero S.
. Universidad Nacional Agraria La
Molina, Facultad de Economía y
Planificación / Alvaro Ortiz
. Universidad Nacional de Ingeniería,
Facultad de Ingeniería Económica y
Ciencias Sociales / Víctor Valdivieso
. Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Instituto de Investigaciones
Económicas / Enrique Palacios
. Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Facultad de Salud Pública y
Administración / Patricia García
CentrosCentros
CentrosCentros
Centros
. Centro de Estudios para el Desarrollo y
la Participación - CEDEP / Félix Wong
. Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo - DESCO / Julio Gamero
. Centro Peruano de Estudios Sociales -
CEPES / Fernando Eguren
. Grupo de Análisis para el Desarrollo -
GRADE / Santiago Cueto
. Instituto Apoyo / Gabriel Ortiz de Zevallos
. Instituto Cuánto / Moisés Ventocilla
. Instituto de Estudios Peruanos - IEP /
Carolina Trivelli
. Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI / Gilberto Moncada
. Instituto Peruano de Administración de
Empresas - IPAE - Centro de Estudios
Estratégicos / Juan Díaz
. Macroconsult S.A. / Elmer Cuba
. PRISMA / Delia Haustein
. Seguimiento, Análisis y Evaluación para
el Desarrollo - SASE / Ricardo Vergara
. Sociedad Nacional de Industrias,
Instituto de Estudios Económicos y
Sociales / Alberto Rey

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Económica Y Social (CIES) Consorcio de Investigación. (2005, julio 9). El microcredito en el Perú. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/el-microcredito-en-el-peru/
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "El microcredito en el Perú". GestioPolis. 9 julio 2005. Web. <https://www.gestiopolis.com/el-microcredito-en-el-peru/>.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "El microcredito en el Perú". GestioPolis. julio 9, 2005. Consultado el 7 de Diciembre de 2018. https://www.gestiopolis.com/el-microcredito-en-el-peru/.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. El microcredito en el Perú [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/el-microcredito-en-el-peru/> [Citado el 7 de Diciembre de 2018].
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