Los siguientes tres artículos de la presente edición de Economía y Sociedad resumen otras tantas investigaciones auspiciadas por el Consorcio sobre diversos temas. El estudio de casos de Patricia Ames, investigadora del IEP, analiza el uso en el aula de los materiales educativos donados por el Ministerio de Educación en tres escuelas rurales. Mediante un trabajo de tipo etnográfico, examina las razones de los docentes para utilizar o no dichos materiales. Entre las principales limitaciones para un mayor uso de los mismos, destacan la baja expectativa del maestro sobre el potencial de aprendizaje de sus alumnos y la predominancia de las aulas multigrado en el medio rural.
La investigación de Manuel Vargas, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), examina y describe la situación actual de los medicamentos en el Perú. Subraya que cerca de dos tercios de los enfermos que requieren atención no la demandan por falta de recursos. No tanto por el costo de la consulta, sino por el de las medicinas. Según sus hallazgos, es esencial considerar dentro de una política de medicamentos, el acceso limitado a los medicamentos esenciales para los sectores pobres, el uso irracional de las medicinas por su inadecuada dispensación y el control de la calidad.
Máximo Torero, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), estima el impacto de la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), a través de la medición del excedente de los consumidores de telefonía fija. El estudio utiliza datos de las zonas urbanas de las principales ciudades del Perú, para el período 19941998, desde el momento inicial de la privatización hasta el final de la concurrencia limitada.
Por último, Economía y Sociedad recoge una contribución de Fernando Paredes, profesor de la Universidad Nacional de San Agustín, que analiza los problemas de gobernabilidad regional, a la luz de las recientes movilizaciones populares contra la privatización en Arequipa. Subraya cómo la agenda pública regional ha estado marcada por “comisiones que vienen y delegaciones que van”, pero no existe un espacio de representación y mediación política entre lo regional y lo nacional.
