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Quien ha mirado lo presente
ha mirado todas las cosas;
las que ocurrieron
en el insondable pasado,
y las que ocurrirán en el porvenir
Marco Aurelio
Esta primera década del milenio muestra a la República Argentina;
atravesando una profunda crisis que estremece a todas sus instituciones
desde las mas privadas como la familia, hasta aquellas más públicas,
como el Estado mismo. Este cambio que está sufriendo la sociedad
cuestiona también al sistema de salud que la sirve y a las premisas
sobre las cuales éste se estableció. Algunos axiomas básicos de las
políticas sanitarias del siglo XX tales como el acceso universal e
igualitario a los servicios de salud comenzaron a resquebrajarse a
mediados de los 90’s al ser cuestionados por el enfoque imperante en el
que el objetivo deseable para la sociedad debe ser la maximización del
beneficio económico, que al ser alcanzado por cada individuo por sí
mismo y por su esfuerzo personal, luego podrá derramarse sobre el resto
de la sociedad. (1,2,3)
Con esta perspectiva en el escenario social, la salud de la población
deja de ser un hecho de la esfera pública para transformarse en un tema
de responsabilidad individual sobre el cual el Estado, entonces, puede
resignar su compromiso quedando este deber sólo reducido a las
situaciones excepcionales o que involucren a grandes grupos de población
(catástrofes, inmunización básica, fuerzas armadas)(4). La crisis
económica e institucional que atraviesa Argentina desde fines del 2001
ocasionó un enorme impacto sobre el sistema de salud cuyas consecuencias
apenas son visibles en el funcionamiento del sistema mismo (aumento de
la demanda hospitalaria, caída de la recaudación de la seguridad social,
aumento en el costo de medicamentos e insumos).
Será necesario esperar aún mas tiempo para observar el impacto concreto
que esta situación socioeconómica provocará sobre la salud de los
habitantes del país (recrudecimiento de patologías “sociales”, aumento
de la mortalidad y morbilidad infantil, cambio del perfil
epidemiológico, etc.). Si bien es necesario conceptualizar esta “crisis”
como una catástrofe sanitaria que requiere una atención urgente para
proteger a la población de los efectos dañinos que ocasiona sobre su
salud; también podemos conceptualizar esta “crisis” como una oportunidad
estratégica ya que ha creado las condiciones de inestabilidad necesarias
para modificar de manera contundente situaciones crónicas de ineficacia
que sufre el sistema de salud argentino desde hace décadas. (5)
Quienes tienen la tarea de imaginar, diseñar, e implementar políticas
sanitarias que se inscriban dentro del marco de convivencia social que
la población de Argentina ha elegido, están obligados a encontrar
modelos que superen los enfoques reducidos; que permitan articular a los
subsistemas sanitarios que coexisten en el país (público, privado, obras
sociales, asociaciones médico-gremiales, asociaciones
medico-empresarias, etc.), para así lograr un sistema de salud que sirva
para mantener sanos a todos los integrantes de la sociedad, y los ayuden
a superar la pobreza.(6,7)
La construcción de estos “modelos” se inicia siempre por la propuesta
teórica en la que intervienen, entre varios factores: la experiencia de
los especialistas, su capacitación, las ideologías políticas imperantes,
las tendencias sociales y económicas; pero también la práctica de los
sistemas de salud aplicados en otras zonas del mundo. Para esto los
especialistas se nutren: a través del examen de publicaciones
internacionales y nacionales referidas a diseños de sistemas de salud,
administración de servicios de salud, auditoría médica; a través de
visitas a otros países, y también a través de los recursos de
información volcados en Internet. (8,9,10,11,12)
Un rápido examen a la bibliografía nacional sobre administración
sanitaria de los últimos diez años permite observar que las referencias
internacionales más frecuentes tienen relación con los sistemas de salud
de E.E.U.U., Canadá, y últimamente de España. Si bien es cierto que el
peso de los modelos que estos países proponen es gravitante, existen
algunos otros estados cuyos datos suelen estar lejos de las
tradicionales fuentes de información que se utilizan en nuestro país y
son por tanto poco conocidos, a pesar de lo cual poseen experiencias
interesantes; algunas exitosas y otras desastrosas; de las que pueden
obtenerse nuevos enfoques para examinar la propia realidad.
(13,14,15,16)
Una mirada amplia al mundo puede aportar variados elementos a la
discusión que hoy atraviesa todos los niveles del sistema de salud
argentino, y
que en ocasiones parece carente de ideas. Describiremos la composición
de los sistemas de salud de diferentes países con heterogéneas
realidades geográficas y culturales, y detallaremos las estrategias
principales adoptadas para resolver los problemas de salud que afectan a
sus propias poblaciones. Con el objeto de sistematizar el análisis
efectuaremos una pequeña introducción histórica, para luego describir en
rasgos generales el sistema de salud; y finalmente destacaremos los
aspectos particulares o novedosos.
Incluiremos en la primera etapa la descripción global de los sistemas de
salud de dos países signados por graves dificultades sociales y
políticas; Israel y Colombia. Destacaremos los rasgos diferenciales de
su organización sanitaria en los aspectos organizacionales, financieros,
y de provisión de servicios. Si bien las poblaciones de ambos países
poseen rasgos culturales, geográficos, e históricos muy diferentes a las
de Argentina, los indicadores demográficos y las características
epidemiológicas muestran similitudes llamativas. (17,18)
Israel
Israel se constituyó como estado moderno recién en 1948 y desde
entonces debió enfrentar, entre otros, el desafío de garantizar a su
población la prestación de los servicios sanitarios que hasta ese
momento y desde principios de siglo habían estado en manos del National
Health Service (Inglaterra). A partir de allí y hasta la actualidad se
construyó un sistema de seguridad social basado en la concepción del
estado de bienestar cuya piedra de toque fue la definición de la
universalidad de la cobertura de la salud para todos los habitantes del
país, basando la prestación de los servicios en los hospitales heredados
del Protectorado Británico y en Hospitales de Caridad. En forma
progresiva a lo largo de las décadas del 60 y 70 las organizaciones de
trabajadores (Histadrut) fueron creando sistemas de seguro de
enfermedad, de afiliación y pago voluntario, que llegaron a abarcar al
85% de la población laboralmente activa en 1980. (17,18)
Estas organizaciones sindicales de inspiración socialista no solo
financiaban la atención de la salud sino que comenzaron a prestar los
servicios a través de efectores propios (personal de salud contratado y
hospitales construidos para atender el crecimiento de la población del
país). A principios de los 90’s los costos en salud comenzaron a
aumentar acompañando la tendencia mundial, los niveles de satisfacción
de la población a descender, y el sistema comenzó a colapsar en los
servicios de cuidado prolongado (psiquiatría, geriatría, atención de la
discapacidad, etc), y en su capacidad de financiar las demandas
crecientes de atención que se generaron, entre varias razones, por la
masiva inmigración de adultos y ancianos desde los países de la Ex URSS.
Una comisión parlamentaria fue creada para efectuar un estudio sobre el
funcionamiento y efectividad del sistema de salud de Israel, y para
plantear las alternativas de solución. De resultas de esta investigación
en 1995 el Parlamento (Knesset) dictó la Ley del Seguro Nacional de
Salud que rige actualmente y muestra las siguientes características:
Ø El Seguro de Salud se convierte en compulsivo, y la cobertura se
extiende a todos los residentes del país
Ø Los servicios de salud son prestados a través de las cuatro
organizaciones (Sick Funds) creadas por los sindicatos de trabajadores.
Ø La canasta de servicios de salud básica, es uniforme para toda la
población, es definida por ley del parlamento, y solo puede ser
modificada por el mismo.
Ø Los asegurados pueden optar por cualquiera de los cuatro Sick Funds
para recibir el servicio teniendo la libertad de cambiarse de uno a otro
en forma semestral.
Ø Todos los servicios incluidos en la canasta básica son financiados por
un solo impuesto (national health tax) recaudado por el estado a través
del Instituto Nacional del Seguro. Este impuesto es aportado como un
porcentaje fijo del salario mensual de todos los trabajadores activos y
pasivos. Por los desocupados, el Estado aporta un porcentaje igual al de
los trabajadores pasivos.
Ø La aplicación de los fondos se realiza sobre la base de una fórmula de
capitación cuyo elemento definidor es el grupo etario
A pesar de ser los servicios sanitarios prestados a través de los ‘Sick
Funds’ que son de gestión no estatal; el estado israelí ha conservado
para sí la planificación del crecimiento y desarrollo de los servicios
de salud nacionales. Es así que no puede ampliarse la dotación de camas
de un hospital, instalarse una unidad de neurocirugía, o poner en
funcionamiento un equipo de RNM, sin contar con la autorización previa
del Ministerio de Salud. Tan importante es la fuerza de este Ministerio
de Salud en la determinación de las políticas sanitarias que a pesar de
ser este país ampliamente militarizado, no existe ningún hospital que
sea exclusivo para militares, recibiendo este segmento de la población
la atención dentro de los mismos hospitales que el resto de los
habitantes del país. (19)
En 1999 para una población de casi seis millones de habitantes solo
existían instalados en Israel: 9 equipos de RNM, 63 Tomógrafos
computados, y 13 equipos de litotripsia extracorpórea; a pesar de ser
Israel el tercer exportador mundial de esta clase de tecnología médica.
El control del Ministerio de Salud se extiende también a las Facultades
de Medicina de las diferentes Universidades que poseen un cupo máximo de
ingresantes definido anualmente sobre la base de las necesidades de
profesionales previstas para la atención de la población del país. Sin
embargo la relación médico / habitante se ha elevado en los últimos diez
años hasta llegar a 1/350 (1998), situación originada a partir de la
inmigración de un gran número de profesionales médicos originarios de
las repúblicas pertenecientes a la Ex URSS que emigraron hacia Israel
luego de la desintegración del bloque soviético.
Si bien esta política de planificación centralizada ha contribuido a
mantener el gasto en salud dentro de niveles aceptables (8,2% del PBI en
1999) ha generado efectos negativos tales como listas de espera en los
exámenes no urgentes, y congestionamiento en los servicios de emergencia
que son la mayor causa de insatisfacción de la población. Además el
estudio de las tasas brutas (mortalidad, mortalidad infantil, etc) de
las poblaciones minoritarias (palestinos, drusos) muestra resultados
peores a los de la población general lo que denuncia que los conflictos
sociales del país, y las características culturales provocan diferencias
en la accesibilidad a los servicios.
El acceso de la población al sistema de salud se efectúa a través de
médicos generalistas que se localizan en pequeños centros de atención
primaria en los barrios de las ciudades y localidades del país. Cada uno
de los centros está referenciado a un Hospital para los servicios de
mayor complejidad. En los centros periféricos se ejecutan además los
planes de salud preventiva (odontológica, inmunización, planificación
familiar, etc.). La población mayor de 65 años de edad (edad de retiro)
se encuentra empadronada con un médico de cabecera individual asignado
por localización geográfica que es el responsable integral de la
atención de los ancianos. Israel ha desarrollado a partir de mediados de
los 90’s un amplio sistema de atención y cuidados progresivos
domiciliarios para esta franja de la población que se soporta sobre
cuidadores y acompañantes domiciliarios coordinados por el médico de
cabecera, y referenciados al centro periférico de salud. (20)
Los servicios de internación hospitalaria son prestados por los ‘Sick
Funds’ y abonados a sus efectores: a través de la modalidad de
prestación modulada (basados en los DRG), o a través de la modalidad de
contrato capitado por precio fijo para la atención de internación de una
población determinada, y a través de la asignación de presupuesto
operativo para los efectores de su propiedad.
Así como destacábamos que la prestación de los servicios es efectuada a
través de los ‘Sick Funds’(en hebreo Kupat Holim) muchos de estos
servicios son prestados a través de efectores no propios, contratados,
en algunos casos el prestador es el Estado a través de sus hospitales,
centros de salud, etc. Esta clase de imbricación de los efectores y
financiadores ha provocado gran cantidad de dificultades, pero también
una interesante cultura de búsqueda de eficiencia que se revela en
algunos ejemplos:
q En la región norte del país ocho hospitales (tres de propiedad
estatal, cuatro de propiedad de ‘Sick Funds’ y uno privado) han
invertido en un centro automatizado de tratamiento de ropa, y material
descartable que abastece a los ocho hospitales propietarios y a otros
seis que lo han contratado, tercerizando sus propios servicios. Este
modelo de integración vertical y ampliación de la ‘línea de productos’
tradicional de un hospital genera una genuina disminución de los costos
de la provisión de servicios de salud, generando rentabilidad en un área
marginal, y sin afectar la atención de los pacientes.
q En la región central del país se construyó un hospital pediátrico de
tercer nivel con 150 camas que sirve como hospital de referencia a toda
la población pediátrica de Israel. La propiedad del hospital corresponde
al ‘Sick Fund’ denominado Kupat Holim Clalit (el de mayor tamaño de los
existentes en el país). El hospital sirve a todos los otros Sick Funds,
y desde 1997 a partir de convenios internacionales establecidos, el
hospital funciona como centro de referencia de alta complejidad
pediátrica para Jordania, Autoridad Palestina, Chipre, y Grecia. En 1999
el 24% de la facturación total del hospital correspondió a servicios
brindados a pacientes extranjeros.
Los indicadores de salud de la población revelan datos interesantes
acerca de la eficiencia del sistema: la mortalidad infantil asciende al
7,4 por mil; y la expectativa de vida al nacer para 1999 es de 76.2 años
para varones y 79.9 años para las mujeres. La población total del país
es de alrededor de 6,5 millones de habitantes con un incremento anual en
la década 1990-2000 mayor por inmigración que por crecimiento
vegetativo. (21,22)
Colombia
Colombia está ubicado en la región norte de América del Sur, tiene una
población de 42 millones de habitantes, con un PBI per cápita de 2.140
dólares. El gasto en salud per cápita asciende al 9,3% del PBI y la
expectativa de vida al nacer es 68.1 años para varones y 74.1 años para
mujeres. La mortalidad infantil de 25 por mil nacidos vivos (UNICEF
1999). El país se halla atravesado por una situación de violencia social
que involucra: guerra de guerrillas, narcotráfico, y grupos
paramilitares; y una situación económica inestable con índices de
desocupación crecientes. Estos factores han influido profundamente en la
articulación social de la población, y han otorgado características
particulares a los indicadores de morbilidad y mortalidad de los
colombianos, que hace que la primera causa de muerte en varones adultos
(15 a 49 años) sea el homicidio. La tasa de natalidad ha descendido del
6,6% en 1960 al 2,6% en 1990, y la mortalidad infantil se ubica en
promedio en 31,9 por mil con amplios diferenciales sociales. (23,24)
A partir del año 1993; el Sistema de Salud de Colombia adoptó una
reforma a través de una ley del Parlamento denominada “Ley 100” que
centró el objetivo en la modificación de los mecanismos de
financiamiento de los servicios de salud considerando como referencia
deseable al modelo de Chile, que llevaba mas de diez años de
experiencia. La percepción existente en ese momento en el ambiente
sanitario y político de Colombia era, que se estaba gastando
excesivamente y en forma anárquica en el sistema de salud, y que se
necesitaba un cambio drástico. Es interesante recordar que en 1992
Colombia renegoció su deuda externa con el Fondo Monetario
Internacional, y que los fondos necesarios para las reformas del sistema
de salud determinadas en la “Ley 100” fueron otorgados por organismos
multilaterales de crédito.
En los considerandos de la Ley 100 se define que el objetivo básico de
la reforma es permitir el acceso de toda la población a la salud,
independientemente de la situación económico-social individual. El
modelo de financiamiento se articula sobre la base de una contribución
específica del 12% del salario por cada trabajador activo que se
recolecta por organismos estatales descentralizados sin relación alguna
con las organizaciones de trabajadores (2/3 partes de la contribución es
abonada por el empleador; y 1/3 parte es abonada por el empleado). La
contribución originada por cada afiliado es girada a una Entidad
Promotora de Salud (EPS) que recibe y administra los fondos contratando
para la prestación de los servicios a una Institución Prestadora de
Salud (IPS), a través de un mecanismo de pago capitado.
Este es un modelo de recaudación descentralizado, administrado por
organizaciones privadas no estatales; regulado y monitoreado por el
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), organismo público que maneja
un fondo de compensación entre las diferentes EPS.
Además el FOSYGA administra los fondos que el Estado aporta mensualmente
para cubrir la atención de la población desempleada y sin aportes. Los
fondos para la atención de esta última franja de la población son
administrados a través de Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS) que
contratan como un cliente mas a las IPS para la prestación del servicio
asistencial requerido.
En consecuencia, los mecanismos de financiación se han modificado de
manera radical en todo el sistema de salud de Colombia, tanto en el
ámbito público como en el privado. Se ha abandonado el tradicional
subsidio de la oferta que estuvo vigente mientras el sistema se sostenía
de los aportes del presupuesto del estado colombiano a través de rentas
generales, para introducir el concepto de subsidio a la demanda. Este
cambio en el financiamiento ha introducido la necesidad de una drástica
modificación tanto en la estructura como en la gestión de los hospitales
públicos (que representan la mayor oferta de efectores), y ha provocado
la aparición del concepto de ‘mercado‘ en la gestión de los servicios
públicos de salud. Paralelamente se ha producido una progresiva y
marcada reducción de los fondos aportados a los hospitales públicos por
el estado desde rentas generales con el objetivo de promover la
autonomía económica de los efectores institucionales. En este esquema
han resultado beneficiados los hospitales de alta complejidad de las
grandes ciudades que prestan servicios percibidos de elevado valor. Como
efecto se ha dificultado la gestión de los pequeños hospitales urbanos y
rurales con escasa infraestructura que asisten a la población campesina
del país, y que otorgan servicios de atención primaria percibidos de
bajo valor. (25,26)
Las acciones preventivas (vacunación, programas sanitarios de
infraestructura y saneamiento, defensa civil, etc.) han quedado en manos
del Ministerio de Salud, y son financiadas de forma centralizada y
ejecutadas como planes propios. La condición de aquellas franjas de
población hasta entonces fuera del circuito del sistema de salud debiera
mejorar dado que al acompañar la asignación de fondos al paciente,
cualquier habitante del país podría, en teoría, asistirse en cualquier
efector del sistema sea de éste de gestión estatal o privada. El
analfabetismo, las escasas vías de comunicación, la inadecuada
distribución de los servicios de salud con concentración en las áreas
urbanas, la baja proporción de médicos por habitante (1/1280) y la
violencia social han impedido que las franjas más pobres de la población
hicieran uso del derecho de consumo de servicios sanitarios básicos.
Algunos conceptos regresivos que se han instalado en el sistema de salud
colombiano tales como: el copago (que se exige y retiene en forma
compulsiva del salario mensual del trabajador estatal y es aplicable a
una lista de prácticas y servicios actúa como una barrera a la
accesibilidad al sistema que ha provocado diferenciales de uso de los
servicios sanitarios sobre todo en las áreas urbanas pobres y en las
zonas rurales del país); y la necesidad de la definición jurídica de
“familia” para extender la cobertura a los hijos han ocasionado que en
el año 2000 alrededor del 40% de la población rural no se encuentre
inscripta como cotizante en las EPS, y por tanto carezca de servicios
básicos de salud. (27,28)
CONCLUSIONES
Israel es un estado gobernado por una democracia parlamentaria, que en
la última década ha tenido gobiernos de signo diferente pero que
aplicaron políticas económicas y sociales con una clara concepción de la
salud como bien social. La mayor parte de las acciones en salud se
financian con fondos estatales (75%) representando el pago de bolsillo
sólo 19% del gasto total en salud. La reforma del sistema de salud fue
iniciada a consecuencia de un cambio en el balance político del
parlamento producido en 1994-5 siendo la consecuencia principal de la
reforma la aplicación del concepto de seguro público obligatorio como
modelo de sistema de salud único, de gestión no estatal, y financiado
por un impuesto específico (national health tax) que se aplica sobre el
trabajo. Este impuesto que es recaudado en forma centralizada por un
organismo público, era antes de la reforma recaudado en forma directa
por las organizaciones sindicales de trabajadores.
La prestación de los servicios se efectúa por prestadores de variada
dependencia pero a través de sólo 5 proveedores que son los “Sick Funds”
, cuyo desempeño es atentamente monitoreado por el Estado.
Las fallas en la equidad del sistema de salud están relacionadas con
cuestiones raciales y religiosas, se observa menor cobertura y peores
indicadores de estado de salud en la población no judía (árabes, drusos,
etc.) que en la población judía. Las quejas de la población asientan
sobre las fallas de accesibilidad en los servicios especializados. El
sistema de salud tiene una clara orientación preventiva, y con amplio
desarrollo de servicios ambulatorios facilitados por la alta densidad de
población del país y su reducido territorio. Los servicios de
saneamiento, agua potable, y cloacas son extensos y suficientes. La
relación médico-habitante es 1/330, con datos acerca de subocupación
médica.
Colombia es un país en el que el régimen de gobierno es una república
con un presidencialismo fuerte y que en la última década ha tenido
gobiernos que aplicaron políticas económicas y sociales de estilo
liberal, donde la salud es conceptuada como un bien individual, y bajo
la responsabilidad personal. Las acciones en salud se financian con
fondos estatales sólo en el 54% siendo el pago de bolsillo de 26% del
gasto total en salud. Luego de la reforma del sistema de salud
colombiano en 1993 la recolección de los fondos y la prestación de los
servicios se efectúan a través de mecanismos variados y en el marco de
instituciones no estatales. Los hospitales de dependencia estatal
funcionan en la práctica como entes autónomos, con escaso peso de los
planes sanitarios nacionales.
Las fallas en la equidad de los servicios de salud están relacionadas
con la localización geográfica (escasa cobertura en la población rural),
y con el nivel sociocultural de la población (analfabetismo). La
orientación general del sistema de salud colombiano es hacia la curación
con escasas intervenciones en prevención. El desarrollo de los servicios
domiciliarios es escaso. Las mayores quejas de la población están
originadas en las fallas de accesibilidad a los servicios, al peso de
los copagos, y al costo de los medicamentos. Se observa un amplio
desarrollo de “medicina indígena” y del uso de estrategias de salud.
Los servicios de saneamiento, agua potable, y cloacas están limitados a
las grandes ciudades. La relación médico-habitante es 1/1.350.
Aún en las mas complejas circunstancias políticas y sociales que
atraviesen las comunicades nacionales, persiste la necesidad de un
sistema de salud que esté en condiciones de cumplir con el objetivo de
mantener a la población sana; para así permitirle crecer y desarrollarse
a cada individuo y a la comunidad toda.
Los datos básicos sobre los que sustenta el presente trabajo se
obtuvieron en forma directa de funcionarios de los sistemas de salud de
cada uno de los países que se describirán. La información se recopiló
inicialmente en 1999 en ocasión de una estadía en el Technion Institute
(Israel) durante el cual se discutieron los sistemas sanitarios de
quince países de África, Asia, Europa, y América Latina. Posteriormente
la información fue ampliada sobre la base de una investigación efectuada
de bases de datos seleccionadas.
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