“La reforma financiera, planteada mediante la Ley 45 de 1990, estuvo
inspirada por los propósitos de fijar un conjunto de normas prudenciales
que garantizara la sanidad del sistema en una forma en que fuera
enteramente compatible con los desarrollos que en la materia se estaban
presentando en Basilea y los países de la OCDE; propósitos "de liberar
al mismo tiempo al sistema para hacerlo más competitivo y eficiente pero
rentable; de limitar las regulaciones a unas que fueran fácilmente
verificables por la Superintendencia Bancaria; y de establecer una
autoridad monetaria independiente".
El diagnóstico giraba alrededor de la ineficiencia existente en el
sector, atribuida en buena parte a la falta de competencia al interior
del mismo, así como la necesidad de apoyar el proceso de
internacionalización de la economía con un sector financiero más
eficiente, más moderno, más pujante.
Durante los años 70 y 80 en Colombia, los márgenes de intermediación se
consideraban altos en comparación con los niveles mundiales, incluso con
los niveles latinoamericanos. El sistema financiero era altamente
reprimido, ineficiente y no competitivo, debido a que los bancos estaban
expuestos a altos impuestos financieros y exhibían altos costos
operacionales. Entre ellos, "la Junta Monetaria había estimado que cerca
de la mitad del margen de intermediación era explicado por los encajes y
las inversiones forzosas".
Estos márgenes muestran un sistema financiero rentable, cuando son los
intermediarios los que se apropian de la diferencia entre las tasas de
interés de colocación y las de captación (y por la posibilidad de
generar ingresos por la prestación de servicios diferentes a la
actividad intermediadora), además de presentar una estructura
oligopólica.
El marco regulatorio del sistema antes de la reforma fue y ha sido uno
de los factores que más ha contribuido a que éste adquiriera una
estructura oligopolística”.1
Este panorama de los años 70 y 80 se vería gradualmente modernizado a
través de los cambios estructurales que se adelantaron desde principios
de la década pasada; una serie de reformas legislativas, operativas y de
política económica, acompañadas de un intenso proceso de liberalización
y apertura del sector financiero, arrojaría como resultado una banca
múltiple, más ágil, con amplia diversificación de servicios y en
especial con menores costos para las transacciones financieras.
A continuación se pretende presentar un bosquejo general de la evolución
del sector financiero colombiano en los años 90, y la manera en que éste
respondió a las fuerzas de carácter externo e interno que configuraron
de manera conjunta el Sistema Financiero que en la actualidad opera.
CAMBIOS EN LA LEGISLACION
En un principio el sistema financiero colombiano, se conforma dentro de
las políticas de Banca especializada. Sin embargo es mediante la ley 45
de 1990, que por medio de la exigencia de capital y respaldo económico,
permitiendo la inversión extranjera en la banca hasta el 100%,
permitiendo la innovación en productos financieros (previa aprobación de
la Superintendencia bancaria), enfoca el sistema financiero colombiano
hacia la figura de la multibanca, donde todas las entidades pueden hacer
prácticamente lo mismo y se eliminan las fronteras que constituían las
competencia de cada tipo de entidad.
Además, permitía ciertas inversiones de compañías del sector dentro de
otro tipo en el sector financiero o fuera de éste de la siguiente
manera:
- A las Compañías de Seguros y Capitalización y Ahorro se les permite
tener acciones de cualquier tipo de compañía del sector financiero.
- A los establecimientos de crédito se les permite ser accionistas de
las compañías de servicios financieros (fiduciarias, almacenes generales
de depósito y administradoras de pensiones y cesantías) y de las
sociedades comisionistas de bolsa.
- A las capitalizadotas, las aseguradoras, las Corporaciones Financieras
y las Compañías de Financiamiento Comercial se les autoriza a invertir
en el sector real con algunas limitaciones.
Y por último esta ley, conjuntamente con la 35/1993 expide el estatuto
orgánico del sector financiero.
La ley 35 de 1993 dicta normas generales y señala los criterios y
objetivos para el Gobierno Nacional a la hora de regular cada una de las
actividades del mercado financiero, bursátil y seguros, o cualquier
actividad relacionada con el aprovechamiento e inversión de recursos del
público. Su primer capítulo corresponde a intervención regulatoria en
las actividades financiera, bursátil y aseguradora. El segundo capítulo
contiene disposiciones en materia de inspección trasladando competencias
de naturaleza legal y el tercero trata sobre el procedimiento de venta
de las acciones del Estado en las instituciones financieras y las
entidades aseguradoras.
Fija las normas generales sobre organización del Registro Nacional de
Valores y de Intermediarios del mismo. Determina respecto de los tipos
de documentos susceptibles de ser colocados por oferta pública, aquellos
que tendrán el carácter y prerrogativas propias de los títulos valores,
sean estos de contenido crediticio, de participación o representativos
de mercaderías, además de aquellos expresamente consagrados como tales
en las normas legales.
Además de las leyes 45/90 y 35/93 es bueno destacar las siguientes
reformas con respecto al sistema financiero :
- Artículo 335 de la Constitución Nacional. Pone la regulación de las
actividades financiera, bursátil y aseguradora como actividades de
interés público y dice que solo podrán realizarlas quienes hayan
obtenido una autorización del Estado.
- Ley 510 de 1999. Se hacen algunos cambios con respecto al
funcionamiento del sistema. Se hace énfasis en la capitalización, la
forma de constitución, las inversiones, el FOGAFIN, las funciones de las
Superintendencias bancaria y de valores, y sobre la intervención de las
entidades financieras.
- Ley 543 de 1999. Crea el sistema de UVR. Se da un plazo de tres años a
las corporaciones de ahorro y vivienda para convertirse en bancos.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
La desregulación de los mercados, los procesos de apertura, el
crecimiento del consumo y la competencia de jugadores globales estimuló
las fusiones, alianzas y adquisiciones en la región latinoamericana en
los años 90. El número de transacciones pasó de 58 en 1988 en toda la
región a más del millar en 1998 y el valor de las mismas llegó a los
US$85.100 millones, 12 ó 13 veces más que a finales de los años 80.
Igual sucedió en Colombia: las operaciones se multiplicaron en los 90 y
en 1997 se batió el récord con operaciones por más de US$5.000
millones.
El sector financiero no fue ajeno a este proceso y experimentó grandes
cambios en su estructura durante los años 90. A principios de la década,
el sistema era reducido, los márgenes de intermediación altos al igual
que los costos operativos lo que se representaba en costos de
transacción excesivos. Sin embargo se notó una clara reactivación de la
inversión directa en la banca colombiana, que alcanzó el 18% de los
activos totales del sector. La década ha dejado como resultado un alto
grado de concentración de la banca, en manos de importantes grupos
económicos y el Estado. Sin embargo, esta concentración puede ayudar a
la evolución del sistema, que mostraba un importante rezago con respecto
a los mercados financieros mundiales en gran parte ocasionado por el
tamaño de las instituciones.
El gran boom de las fusiones, que se dio a partir de la mitad del
decenio, respondió más que a cuestiones estratégicas, a una coyuntura
desfavorable que demandaba altos niveles de respaldo económico; además
ya se pensaba en cerrar las compañías de leasing como independientes de
los bancos, en repensar el negocio de las fiduciarias, y en posicionar a
las corporaciones financieras como líderes de la banca de inversión. Las
entidades financieras necesitaban de economías de escala para hacer más
rentable su negocio sin incrementar los costos para el consumidor.
El sistema, que había sido objeto de intensas políticas de liberación al
mercado internacional tardó en percatarse del “enanismo” de sus
entidades. Las políticas de incentivo a la inversión extranjera en la
economía, atraían a los gigantes bancos foráneos, que con su entrada,
terminarían de configurar un escenario poco favorable para aquellas
entidades especializadas y “pequeñas” sin el suficiente respaldo
económico que la regulación y la competencia exigían.
El sector público fue el primero en darse cuenta de estas necesidades e
inició procesos de integración tales como el intento de fusión de La
Previsora, la Caja Agraria y el BCH, previo al cual se había concebido
el caso de los Bancos de Colombia y Popular. Se mencionó también la
absorción del Banco del Estado por parte del BCH-ISS. También el gremio
cafetero tomó la decisión de fusionar su banco con una Corporación de
Ahorro y Vivienda de la cual el Fondo Nacional de Café poseía la tercera
parte. Esta fusión a pesar de ir en contra de la política de salida del
mercado financiero que se pregonaba, auguraba la percepción de un
difícil momento para el sector. También se vieron importantísimos
procesos de fusión en el sector privado. Uno de los más representativos
fue el de, el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano,
realizado en 1997, que daría origen como nuevo banco a “Bancolombia” en
el año de 1999.
El sistema logró percibir su necesidad de “achicarse” y los problemas lo
fueron llevando a una fuerte reducción en el número de entidades
existentes. Entre 1995 y 1999, el país fue testigo de la liquidación o
fusión de un total de 7 bancos, 5 Corporaciones de Ahorro y Vivienda, 14
Corporaciones Financieras, 10 Compañías de Financiamiento Comercial, 24
leasing y 10 fiduciarias.
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