Al celebrarse en Lima, la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (V Cumbre ALC-UE), quedará en la agenda pendiente de los gobiernos de la región latinoamericana, diversos aspectos de la deuda social que no se debatieron en la capital peruana.
Si bien es cierto que la denominada "Declaración de Lima contra la
pobreza, desigualdad y exclusión" pretende reforzar las políticas
gubernamentales, también es real que urge un mayor compromiso económico
de las naciones europeas industrializadas para impulsar el desarrollo
social de América Latina.
En la agenda del viejo mundo, integrado por 27 países, los esfuerzos
económicos y financieros se orientan hacia las naciones del este europeo
que vivieron bajo el dominio de la ex Unión Soviética que son las más
atrasadas del continente. América Latina tiene que competir con esas
prioridades y debe hacerlo con proyectos sociales viables y atractivos
para la inversión privada extranjera.
Asimismo, en la región no todos los países tienen las mismas prioridades
por intereses de políticas internas. Chile y Perú son las
administraciones más interesadas en abrir sus economías con otros
mercados, sean europeos como asiáticos. Ambas naciones conjuntamente con
México, Estados Unidos y Canadá son las únicas cinco economías del
hemisferio americano que son miembros del exclusivo foro Asia Pacific
Economic Cooperation (APEC), que también celebrará en Lima la Cumbre
Mundial APEC en noviembre próximo.
Las conclusiones de la V Cumbre ALC-UE son retos que cada administración regional debe asumir a la brevedad posible. Queda pendiente una agenda basada en la deuda social que tienen los gobiernos: Pobreza, desempleo, inestabilidad política, exclusión social, racismos, violación de derechos humanos y deterioro del medio ambiente. Los dos temas que se abordaron: "Pobreza, desigualdad e inclusión" y "Desarrollo sostenible: Medio ambiente, cambio climático y energía", son resultados de la deficiente gestión pública de los recursos económicos y naturales, en algunos casos, hasta coludidos con actos de corrupción.
Se estima que en América Latina viven 220 millones de pobres y en algunos países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, América Central y el Caribe, la extrema pobreza supera el promedio regional. Y son precisamente éstos países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador quienes postulan concepciones totalitarias, casi reñidas con los principios democráticos.
Desde estas perspectivas, la internacionalización de la economía exige mayor visión de futuro, acuerdos bilaterales, liberalización de aranceles, libertades democráticas, estabilidad jurídica y respeto a la inversión extranjera. El nuevo orden económico mundial así lo exige y las reglas de juego deben ser transparentes.
La experiencia nos enseña que países europeos como España, Irlanda, Portugal y las economías del sudeste asiático como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, se desarrollaron económica y socialmente con nuevas y mayores inversiones foráneas.
La deuda social que tiene América Latina es una prioridad que las diversas administraciones de gobierno, cualquiera sea su color político, debe tenerla en la agenda pendiente para los próximos años.
