¿ES FACTIBLE ADOPTAR BASILEA II EN LOS PAÍSES ANDINOS?

Autor: Martín Naranjo

Macroeconomía

06-2006

Introducción
 
La necesidad de armonizar políticas macroeconómicas para enfrentar los retos de la globalización, ha ocasionado que la integración entre países adquiera una gran importancia. Tal integración está lejos de ser simple, ya que las diferentes economías reaccionan de manera diferente ante los shocks. Por ello, a pesar de que las primeras ideas de unificación europea surgieron hace siglos, recién en 1947 se estableció la Comunidad Económica Europea y, en el año 2001, el euro entró en circulación en 12 países. En los países andinos, por otro lado, los shocks comunes tienen impactos distintos, como en el caso de la crisis asiática y el fenómeno del Niño.
 
En este contexto, es importante analizar si la convergencia regulatoria en los sistemas financieros de los países de la región andina (tal como Basilea II) es conveniente. Para ello comenzaremos describiendo algunos factores institucionales comunes que enfrentan los supervisores financieros en los países andinos (véase cuadro 1).
 
Aspectos institucionales de los países andinos
 
Falta de información y análisis econométrico
 
Las herramientas tradicionalmente empleadas por la regulación financiera para prevenir el riesgo de las entidades bancarias son las provisiones, la suficiencia patrimonial y la migración al riesgo.
Típicamente, las provisiones para préstamos generan un cargo a las utilidades de los bancos. También producen una caída en el valor neto de los activos del banco, debido a la reducción en el valor asignado a los préstamos.
 
En el caso de los países andinos, un principio básico de contabilidad enuncia que las operaciones financieras deben reflejar el resultado de los eventos que ocurrieron antes de la fecha del balance general y no deberían tratar de mostrar eventos que aún no han ocurrido. En consecuencia, no se considera el riesgo esperado al momento de entregar el crédito, sino solo en el momento que este ya se ha producido. Esto ocasiona que las entidades financieras no puedan aumentar o disminuir sus provisiones en previsión a una recesión o expansión de la economía, lo que sería una herramienta para estabilizar sus utilidades y para encontrarse razonablemente capitalizadas.

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Martín Naranjo,

Oscar Basso y Emilio Osambela – CIUP

 

 

 

 

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