El Perú ha seguido modelos de gestión pública descentralizada que no han
dado resultados. El actual Gobierno ha emprendido una reforma que
tendría como pilar la descentralización política, económica y
administrativa, y que serviría como instrumento para aumentar la
eficiencia del gasto público. Sin embargo, dado el riesgo de generar
desequilibrios fiscales, es indispensable analizar la aplicación de
criterios o restricciones fiscales y reglas de comportamiento.
Marco general
La descentralización puede definirse como el proceso de devolución de
poderes políticos, económicos y administrativos a los órganos de
Gobierno local y regional, básicamente, como consecuencia de la
democratización de las sociedades. En ese sentido, se distinguen hasta
cuatro tipos de descentralización: la política, la administrativa, la
fiscal y la económica.
Estos tipos no son independientes ni mutuamente excluyentes entre sí;
por el contrario, siguen procesos que se traslapan unos a otros.
Adicionalmente a la influencia de la sociedad, existen aspectos de
optimización económica que justifican la descentralización. En ese
aspecto, la eficiencia del gasto tiende a ser mayor, porque las
autoridades proveedoras de los servicios públicos conocen con mayor
acuciosidad las preferencias de la población y porque existe un mayor
control por parte de la última sobre la primera. A pesar de ello, se han
manifestado problemas en los procesos de descentralización
latinoamericanos, por la poca capacidad técnica con la que cuentan los
gobiernos subnacionales y el escaso desarrollo institucional de la
sociedad civil.
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