CONSIDERACIONES PARA UNA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL PERÚ

Autor: Luis Carranza y David Tuesta

Macroeconomía

06-2006

El Perú ha seguido modelos de gestión pública descentralizada que no han dado resultados. El actual Gobierno ha emprendido una reforma que tendría como pilar la descentralización política, económica y administrativa, y que serviría como instrumento para aumentar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, dado el riesgo de generar desequilibrios fiscales, es indispensable analizar la aplicación de criterios o restricciones fiscales y reglas de comportamiento.
 
Marco general
 
La descentralización puede definirse como el proceso de devolución de poderes políticos, económicos y administrativos a los órganos de Gobierno local y regional, básicamente, como consecuencia de la democratización de las sociedades. En ese sentido, se
distinguen hasta cuatro tipos de descentralización: la política, la administrativa, la fiscal y la económica.
 
Estos tipos no son independientes ni mutuamente excluyentes entre sí; por el contrario, siguen procesos que se traslapan unos a otros.
 
Adicionalmente a la influencia de la sociedad, existen aspectos de optimización económica que justifican la descentralización. En ese aspecto, la eficiencia
del gasto tiende a ser mayor, porque las autoridades proveedoras de los servicios públicos conocen con mayor acuciosidad las preferencias de la población y porque existe un mayor control por parte de la última sobre la primera. A pesar de ello, se han manifestado problemas en los procesos de descentralización latinoamericanos, por la poca capacidad técnica con la que cuentan los gobiernos subnacionales y el escaso desarrollo institucional de la sociedad civil.
 
El proceso de descentralización en el Perú
 
El Perú es uno de los países más centralizados de Latinoamérica. Dicha característica está asociada con la trayectoria de gobiernos autocráticos, combinada con los fracasos económicos y políticos de los anteriores intentos de descentralización.
 
Es a partir del año 2002, con la Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización (Ley 27680), que se establecen principios claros acerca de la forma de organización del Estado, la creación de las regiones, su autonomía política y administrativa, la conformación de su estructura orgánica y los alcances del poder que detentan. Asimismo, se estableció la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683) y la Ley Bases de la Descentralización (Ley 27783). Uno de los puntos más importantes de la Ley de Bases es la creación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), encargado de la dirección y conducción del proceso.
 
En el ámbito fiscal, la normatividad señala el mecanismo de sostenibilidad del proceso de descentralización que deberá incorporar la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

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Luis Carranza y David Tuesta

 

 

 

 

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