Teoría de los contratos públicos y administrativos

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LOS CONTRATOS PÚBLICOS
1. Concepto e identificación del Contrato Administrativo
2. Contratos Públicos Internacionales
3. Antecedentes de los Contratos Públicos
4. Distinción con el Derecho Privado
5. Elementos esenciales del Contrato Administrativo
6. Extinción del Contrato Administrativo
7. Institutos principales.-
8. Base legal.-
9. Principios que rigen las contrataciones.-
10. Dependencia responsable de las adquisiciones y contrataciones
11. Plan anual de adquisiciones y contrataciones
12. Postores a un proceso de selección de Contrato Público
13. Bienes y servicios a adquirir
14. Requisitos a la convocatoria al proceso.-
15. Procesos de selección
16. Exonerados de procesos de selección.-
17. Comité especial
18. Determinación del proceso de selección.-
19. Etapas del proceso de selección
20. Los contratos
21. Garantías
22. Adquisiciones y contrataciones de las fuerzas armadas y policía
nacional.-
23. Regímenes de excepción.-
24. Recursos impugnatorios
25. Solución de controversias
26. Consejo superior de contrataciones y adquisiciones del estado -
consucode
I. CONCEPTO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Según Forsthofftn, contrato de derecho público “son todos aquellos en que
aparece la imposición unilateral de obligaciones estatales por medio de las
funciones de creación normativa y ejecutiva que se complementan por actos
jurídicos bilaterales en forma de contratos, convenios, acuerdos etc., todos los
cuales tienen de común el emanar de la manifestación de una voluntad
coincidente de las partes".
Bercaitzf relata el avance transformador del contrato, dentro del constante
desarrollo del Derecho en general. Del individualismo pleno ("El mundo existe para
mí", dice, citando un aforismo de Ihering), hasta un cambio del eje, que se
desplaza hacia otro aforismo del famoso jurista: "Existo para el mundo", lo que no
significaba abdicar de la libertad; empero, una indispensable socialización del
Derecho comporta que, en el conflicto de un individuo y el derecho de la
colectividad, ceda aquél. De esto se deriva una necesaria regulación de la Ley,
para equilibrar las prestaciones en el caso del Derecho Laboral; para subordinar el
interés particular en favor del bien común en el Derecho Administrativo; empero,
esto se ceñirá, se definirá y se ejecutará acorde con el principio de legalidad.
El contrato administrativo cobra así vida real, porque comporta no sólo la decisión
de la Administración, a través de un acto administrativo, sino que hay una
expresión de voluntad del contratante, sin cuyo elemento no se generaría el acto
bilateral que es el contrato. Por tal expresión de voluntad, por la necesaria
subordinación (en vez de la coordinación del contrato privado), por el fin público
predominante, por el sentido del colaboración (algunas veces de mayor grado
como en el suministro prolongado), por las garantías especiales internas y
prejudiciales, no hay duda alguna, a nuestro juicio, de la categoría del contrato
administrativo. Podrá por eso verse cómo algunos notables juristas no satisfechos
con la tesis del contrato administrativo convienen en aceptarlo con requisitos que
lo integren a fin de cautelar el derecho particular, aplicando por ejemplo el principio
del rebus sic stantibus.
Para Bielsa la convención que crea derechos y obligaciones para el Estado, como
persona de derecho público, con otra persona pública o privada con un fin público
es un contrato de derecho público, de lo que resulta que “el contrato administrativo
es el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o
Jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública".
Además hay otras consideraciones que, si bien pueden estar implícitas en alguno
de los elementos esenciales, cobran gran importancia tanto en la doctrina como en
la vida administrativa; tal es la noción de la cláusula exorbitante del derecho
común, que son inusuales en la contratación privada e inclusive inadmisibles por
el concepto de la igualdad de las personas; empero, la cláusula exorbitante es
ínsita a la contratación pública, dándole privilegios a la Administración para que
pueda realizar sus cometidos, aunque deba hacerlo con respeto a las formas y al
procedimiento de legalidad.
Las cláusulas exorbitantes del derecho común operan implícitamente, aunque no
estén expresamente en el documento del contrato y aun contra lo que éste pueda
decir cuando, contrariando la esencia de la contratación administrativa, pretende
someterlo al Derecho Privado. En el caso de la Compañía Peruana de Teléfonos
con algunas empresas constructoras sobre un contrato de obra pública, los,
expertos designados por el Colegio de Abogados de Lima, ante una consulta,
estuvieron en parte concordes en que, tratándose de un servicio público, de las
propias formalidades realizadas y de otros elementos, debería considerársele
como un contrato público administrativo y, por ende, con cláusulas implícitas
exorbitantes del derecho común (Informes del 9.12.86, referentes a contratos de la
C.P.T., de obra pública, del 18.02.85) Para Marienhoff, inclusive, si en un contrato
de naturaleza privada que celebre la Administración se introducen de modo
expreso tales cláusulas exorbitantes, convierte a dicho contrato en administrativo
porque se le reconocen a la Administración prerrogativas de poder que no se
conciben en los contratos entre personas particulares. Empero, tales prerrogativas
se justifican sólo para servir el interés general.
En el contrato administrativo concurren nociones, para una concepción justa: una
expresión de voluntad, incluyendo claro está del contratante; un sentido de
colaboración, por encima de aquello de que las partes quieren cosas diferentes del
contrato privado; el aspecto teleológico, pues se concurre hacia un fin de servicio;
el interés de! particular está protegido por la ley y, en ciertos casos, por el principio
rebus sic staníibus en aras del equilibrio económico o ecuación económico-
financiera, y, como ya se ha dicho, el ejercicio reglado -no arbitrario- de las
potestades en la relación de subordinación.
Un tratado especial se refiere a las definiciones de contrato administrativo de
Marienhoff, Cassagne y Escola.
Para Marienhoff el contrato administrativo es un "acuerdo de voluntades generador
de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las
funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con
un particular o administrado, para satisfacer necesidades públicas"
. Cassagne expresa que es "todo acuerdo de voluntades generador de
obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la función
administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del Derecho Privado,
susceptible de producir efectos, con relación a terceros".
Y Escola define los contratos administrativos como los que son "celebrados por la
administración pública con una finalidad de interés público y en los cuales, por
tanto, pueden existir cláusulas exorbitantes del Derecho Privado o que coloquen al
contratante de la administración pública en una situación de subordinación respeto
de ésta".
Bercaitz disiente de Marienhoíf, porque un acuerdo generador de obligaciones
puede ser un acuerdo colectivo o complejo que no constituye un contrato cuando
las voluntades que lo generan no son opuestas. Respecto de Cassagne, critica
que se omite consignar que el régimen exorbitante regula la subordinación del
cocontratante. Y en Escola repara que no tiene en cuenta los casos en el que el
contrato se refiere a ocupaciones del dominio público para una actividad
completamente privada y que no precisa lo relativo a las cláusulas exorbitantes.
También difiere de Bielsa porque no pone énfasis en la subordinación jurídica y
porque "deja fuera de la definición aquellos contratos que no tienen por objeto una
prestación de utilidad pública, como son los relacionados a concesiones de
ocupación del dominio público en beneficio de interés privado".
El tratadista Bercaitz, en su estudio especializado, define los contratos
administrativos diciendo que son, por su naturaleza, aquellos celebrados por la
Administración Pública con un fin público, circunstancia por la cual pueden conferir
al cocontratante derechos y obligaciones frente a terceros, o que, en su ejecución
pueden afectar la satisfacción de una necesidad pública colectiva, razón por la
cual están sujetos a reglas de derecho público, exorbitantes del Derecho Privado,
que colocan al cocontratante de la Administración Pública en una situación de
subordinación Jurídica. También considera como contratos administrativos
aquellos que el legislador "ha sometido a reglas de derecho público, exorbitantes
del Derecho Privado, que colocan al cocontratante de la Administración Pública en
una situación de subordinación jurídica, a pesar de no celebrarse con un fin
público, ni afectar su ejecución la satisfacción de una necesidad pública colectiva.
Como se ve, es difícil encerrar en una definición el complejo de situaciones
contractuales públicas y nos parece que se verá una luz más clara, que ilumine la
cuestión, al revisar los criterios y teorías que se han dado para diferenciar la
contratación administrativa de la administración privada, a como el criterio
Íntegra) que más adelante proponemos para esa distinción.
No obstante, hay que dejar en claro que una contratación entre órganos de la
administración es prístinamente de derecho público, tanto por los sujetos como por
el fin público que los alienta. Esto puede tener otros matices:
Cuando los órganos públicos son de distinta jerarquía, pues allí se dará una
subordinación. Esta, sin embargo, será diferente en esencia a la subordinación
que opera respecto de un cocontratante particular porque, en aquella,
interórganos, la subordinación será por razón de jerarquía;
La contratación con un particular o administrado, la subordinación es por las
prerrogativas de cuidar el interés publico que tiene como deber la administración
pública.
En la contratación administrativa con particulares no cabe la menor duda de que,
siendo la relación de derecho público, no existe la coordinación sino la
subordinación del sujeto privado al ente público; empero tal subordinación, que
opera como privilegio de la administración pública, se justifica solamente por (a
representación de la comunidad que tiene la administración y porque sus
prerrogativas son para servirla, en pro del interés público, en cuyo beneficio se
encuentra también el propio cocontratante.
No obstante, no puede negarse la existencia del contrato administrativo. Lo que
sucede es que tiene sus peculiaridades, su ámbito, de modo similar a lo que
ocurre con la relación laboral entre el trabajador y la empresa. No quiere decir que
porque la ley y la doctrina establezcan cláusulas imperativas y que, inclusive,
exista un control de la administración pública, pueda negarse que hay un elemento
de consentimiento, üe expresión de voluntad de quien se relaciona con la
Administración en un vinculo contractual. Por cierto que si el acto está sujeto a un
régimen específico -caso de concesiones mineras por ejemplo- entra la relación en
otro ámbito Jurídico. En el momento actual hay que tener en cuenta, además, las
distintas modalidades que puede adquirir el contrato público, si se conciertan dos
entidades de la administración. En este caso se define la pureza pública. En
efecto, en el contrato con un particular sucede que las partes, como en los
contratos privados (según criterio de León Duguit), quieren cosas diferentes. En el
contrato administrativo público, entre dos sujetos públicos, hay concordancia
desde el punto de vista teleológico. En et contrato de la administración con un
particular, este último querrá su propio objetivo e interés personal, mientras que el
sujeto público se dirigirá al bien común. Esto distingue, en profundidad, el contrato
entre entidades publicas y el contrato administrativo con una persona privada, sea
natural o jurídica. ^
Es valiosa la opinión de Mariennoff11'. Él se pregunta si existen contratos
administrativos, dado que un sector importante tos niega (entre otros Mayer,
Raneileti, las objeciones de Bandeira de Mello), admitiendo sólo el que se celebra
entre entes administrativos, Marienhorf sigue al sector doctrinario que admite la
contratación sea entre entes administrativos o con particulares y administrados,
que es la doctrina que prevalece, como por ejemplo Gastón Jeze, Fraga, Bielsa,
Escola, Bercaitz. Jean Riveró, García de Enterría, Laubadere y otros.
II. CONTRATOS PUBLICOS INTERNACIONALES
También puede darse la contratación internacional, lo que ocurre con frecuencia
en el contrato de empréstito. Este es un contrato eminentemente público porque
además de contemplar el interés común, pone en juego principios de derecho
internacional, sobre todo de cooperación. La cooperación fatalmente, suele no
ocurrir por e! exceso en que incurren entidades públicas internacionales. Tal es el
caso del Fondo Monetario Internacional que le impone obligaciones a la entidad
prestataria o a un Estado, ocasionando hasta ruina social en las poblaciones. Esto
no sólo viola el principio de la cooperación que rige por la Carta de Naciones
Unidas, sino la propia Carta de Constitución del Fondo Monetario Internacional
que le impone no sacrificar la prosperidad de los pueblos; mientras que, en
realidad no sólo se sacrifica la prosperidad sino también la supervivencia de
sectores de población, a los cuales se daña muy seriamente por las políticas del
referido organismo internacional.
Forsthoff, ya citado, presenta como ejemplos de contratos públicos algunos
tratados firmados entre Alemania y la Iglesia Evangélica y se refiere por igual a los
Concordatos. Empero, pensamos que esos documentos entran en la órbita plena
del Derecho Internacional, cuando se trata del Estado del Vaticano. No son meros
contratos públicos, aunque es verdad que el Tratado tiene algunas de las
características del contrato público.
III. ANTECEDENTES DE LOS CONTRATOS PUBLICOS
El profesor Miguel Ángel Bercaitz se remonta al Derecho romano para señalar las
raíces del contrato, que comprendería cuatro categorías: los contratos RE es decir
los de carácter real que se perfeccionan con la entrega de la cosa; VERBIS, que
reposan en el consentimiento; los UTTERIS, que constan de un reconocimiento
del documental del deudor e inclusive en los libros de! acreedor; y los contratos
CONSENSU, que comportan el acuerdo de las partes. La división con los
contratos verbis sena por la necesidad de "fórmulas o palabras solemnes".
En el Derecho moderno, dice Bercaitz, la noción del contrato "se trabaja y
enriquece con la profunda transformación Jurídica que produce la Revolución
Francesa"; empero, recuerda cómo el individualismo del siglo XIX dio al contrato
su expresión categórica dentro de la igualdad en el inicio, en la marcha de!
contrato y en su terminación.
Esto obedece, como ya hemos dicho, al sistema del liberalismo económico,
sistema que tantos males ocasionara como al respecto hemos ya citado al
profesor de San Marcos, Guillermo U. Olaechea, comentador de la Constitución
Peruana de 1920. Bercaitz no desconoce tal situación, para admitir la legitimidad
de la intervención del Estado; e inclusive recuerda que el Padre Lacordaire dijera:
"que entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y e! servidor, es
la libertad la que oprime y es la ley la que libera". Como ya hemos advertido, este
anatema de Lacordaire se refiere a la libertad económica.
No debe olvidarse que las potestades unilaterales de la administración pública en
un contrato administrativo con un administrado no pueden ser Jamás arbitrarias,
sino regladas o, en todo caso, discrecionales. Además, el administrado puede: a)
Ejercitar los recursos ante la propia administración; b) Agotada la vía
administrativa, ocurrir ante el órgano judicial.
IV. DISTINCIÓN CON EL DERECHO PRIVADO
¿Cuál es la diferencia entre los contratos civiles y los contratos administrativos?
En realidad la categoría de los contratos administrativos no es muy antigua.
Aparece en el siglo pasado dentro del Derecho francés: la contractation
administrative o sea la teoría de los contratos administrativos. Hoy en día esta
teoría es universalmente aceptada. Para explicarla han surgido varios criterios que
han sido agrupados por el tratadista Miguel A. Bercaitzt, quien analiza los distintos
criterios de diferenciación y las teorías elaboradas para distinguir los contratos
administrativos de los contratos civiles. Resume Bercaitz. los siguientes criterios y
teorías:
a) Criterio Subjetivo;
El criterio subjetivo consiste en comprobar si en el contrato es parte la
Administración del Estado. No se requiere necesariamente que sea el Poder
Central del Estado, sino una persona jurídica pública perteneciente a la
Administración Pública. De acuerdo al criterio subjetivo, basta dicha condición
para que se produzca la contratación administrativa; y éste es el criterio seguido
por'el antiguo profesor francés Laferriere en su obra Tratado de la Jurisdicción
Administrativa", y también por el profesor brasilero Brandao Calvalcanti.
b) Criterio de la Jurisdicción;
El criterio de la jurisdicción (sostenido por Adolfo MerkI en su obra: Teoría General
del Derecho Administrativo"): consiste en establecer que hay contratación
administrativa en aquellos casos en que compete conocer a la jurisdicción
administrativa por disponerlo un precepto legal, por haberse pactado o por
decidirse jurisdiccionalmente, por sus modalidades propias, que corresponde a la
Jurisdicción administrativa.
c) Criterio Formal;
El criterio formal: se ha sustentado ciñéndose al procedimiento empleado por la
administración pública para su concertación, como explica el profesor Fernández
de Velasco.
d) teoría del servicio público;
La teoría del servicio público: su más importante y conocido sustentador, León
Duguit, sostiene que lo que importa es el fin; y que, por consiguiente, si el contrato
tiene como fin un servicio público o contribuye a un servicio público, pues allí hay
contratación administrativa. León Duguit compara, como ejemplo, el contrato
comercial con el contrato civil y manifiesta que la diferencia formal y de otro orden
no es mayor, pero en cuanto al fin; agrega que cuando el fin es comercial,
evidentemente hay un contrato comercial diferenciado de la contratación civil.
Similarmente pasa, dice, con el contrato de carácter administrativo en el cual el fin
es el servicio blico. De esta teoría no podía dejar de participar Gastón Jeze,
pues debemos recordar que Gastón Jeze es quien sostiene, como definición
delDerecho Administrativo, que es la ciencia relativa a los servicios públicos; o sea
que, para él. el servicio público agota la noción de Derecho Administrativo (tesis
criticada por distinguidos y variados autores). Sin embargo, Gastón Jeze tiene
algunas salvedades a la teoría del servicio público. Dice, por ejemplo, que no
basta este elemento sino que es indispensable que las partes contratantes hayan
querido someterse a un régimen del Derecho Público.
e) Teoría del Contrato Administrativo por su naturaleza;
La teoría de los contratos administrativos por su naturaleza: León Blum sienta la
doctrina de los contratos administrativos por su naturaleza: "Es necesario que ese
contrato por mismo y por su naturaleza propia, sea de ésos que sólo pueda
concluir una persona pública".
a) Teoría por el fin de la utilidad pública;
La teoría del fin de utilidad pública: coincide en algo con la teoría del servicio
público, pero la descarta. Por ejemplo, Cario Ferrar! manifiesta: "que lo
determinante del contrato administrativo es una prestación de utilidad pública, sin
perjuicio de otros elementos que lo integran, como la intervención de un sujeto de
derecho público y la posibilidad de que la administración pueda variar
unilateralmente el convenio".
Esta teoría es también de Gabino Fraga, el conocido maestro de la Universidad de
México. Reúne, en realidad, requisitos más completos como son el fin de utilidad
pública o sea una prestación de utilidad pública, la intervención de un sujeto de
derecho público y además que la administración pueda variar unilateralmente el
convenio.
g)Teoría de la cláusula exorbitante del derecho común.
Luego, la teoría de la cláusula exorbitante establece que en la contratación
administrativa hay cláusulas espaciales que exorbitan el Derecho Privado. La
diferencia, según los sostenedores de esta teoría, "estriba en la existencia de
cláusulas especiales insertadas, exorbitantes del Derecho Privado que testimonian
un régimen jurídico especial de derecho público". Varios fallos del famoso Consejo
de Estado de la Justicia Administrativa Francesa, han sentado las bases de esta
teoría de la cláusula exorbitante. Por ejemplo, el fallo del 23 de diciembre de 1921,
luego el de! 23 de julio de 1925 y el del 21 de enero de 1938, en las cuales se
expresa que allí donde se encuentran poderes, facultades, atribuciones especiales
de la entidad que representa a la Administración como sujeto de la relación, seda
una contratación administrativa; y, a la inversa, cuando no concurren esas
condiciones, se da una contratación privada.
En realidad, esta interesante teoría no explica tampoco, por sí sola, la contratación
administrativa. A mi juicio, puede no existir ninguna cláusula exorbitante expresa
en determinada contratación de la Administración Pública y, sin embargo haber un
contrato administrativo sujeto al derecho público.
h) Nuestro Criterio.-
En nuestra opinión sostenemos un criterio integral porque, para establecer la
contratación administrativa, deben conjugarse los diversos conceptos y criterios
que acabamos de mencionar o por lo menos, algunos de los más importantes e
indispensables. Por lo pronto, el que haya contratación administrativa si uno de los
sujetos representa a la Administración Pública, lo cual es un aporte del criterio
subjetivo, será necesario un procedimiento formal, es decir, un mínimo de
requisitos o procedimientos que no se hacen en la contratación privada. El criterio
de la jurisdicción es de menor importancia ya que el sistema peruano es siempre
judicialista; empero, podrá estar presente el requisito del agotamiento de la vía
administrativa. Sin la menor duda, obran las teorías del servicio público y de la
utilidad pública que ayudan a definir la naturaleza del contrato dentro de los
parámetros del Derecho Administrativo; y finalmente la teoría de las cláusulas
exorbitantes, que pueden ser expresas o implícitas; pensando por nuestra parte,
que aunque no estén escritas deben operar otorgando prerrogativas a la
Administración Pública, lo cual comporta el contrato administrativo.
Nosotros aplicamos el criterio integral en un estudio sobre el Contrato de
Toquepala, en el año 1967, que presentamos al Congreso de Abogados del Cuzco
en enero de 1968, que fue muy bien recepcionado en esa reunión profesional. En
dicho contrato estaba en Juego la utilidad pública, las minas que son del Estado
(mejor dicho del pueblo administradas por el Estado) y que se otorgan en
concesión bajo obligaciones y deberes que se resumen en la explotación racional;
e inclusive procedimientos de estudios e informes precontractuales, algunos de los
cuales no se cumplieron. Esto comportaba la nulidad del contrato, que puede
declararla la Administración Pública, cuando es nulidad absoluta (Sayagués Laso,
obra citada. Tomo I pág. 565; y Bercaitz obra citada, primera edición, págs. 354 y
355). Fatalmente una Ley 16732 autorizó unas modificaciones, soslayándose la
solución jurídica de la nulidad.
V. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Son tos sujetos; la competencia y capacidad; el objeto; la causa; la finalidad; la
forma, y el elemento moral.
1. Los sujetos deben gozar de la capacidad personal obvia: pero además el
sujeto público que pacta debe tener la competencia por razón de la materia, de
grado y del territorio. Esto, a nuestro juicio, comporta la necesidad de una
aprobación o consentimiento en casos excepcionales, que puede llevar hasta la de
un acto legislativo, como por ejemplo un contrato de empréstito.
2. El objeto "es la consecuencia o efecto que produce y que se persigue al
celebrarlo", según la noción de Bercaitz: La causa está constituida por los motivos
determinantes del acto en los que están insertos el cuidado del servicio público y
en particular el interés público. Para Bielsa en el Derecho Público "la causa se
objetiva siempre en e! interés público".
3. En cuanto a la finalidad, apunta hacia el fin último qua se persigue con el
contrato, particularizando la generalidad del interés público y dirigirse
concretamente a lo que se quiere lograr con el contrato, lo que debe ser muy claro
en el documento o desprenderse de él netamente. Recuerda Bercaitz que para
Sayagués Laso y para Pratts, si el fin es oculto e indebido se da un caso de
desviación de poder, aunque Escola opone ciertos límites a esto por la presencia
en el contrato de un sujeto privado "a quien puede afectar la aplicación lisa y llana
de la teoría".
4. En cuanto a la forma, que es también requisito del acto jurídico en general
(forma prescrita por ley), en el Derecho Público y, por ende, en el contrato
administrativo, es también esencial. Si falta la forma prescrita por la ley o se ha
festinado trámites o seguido un procedimiento irregular, el contrato resulta sin
validez, es decir afectado de nulidad.
5. Finalmente, el elemento moral, que plantea el Prof. Marienhoff de la
Universidad de La Plata, y de cuyo criterio participamos. Es evidente que en
nuestras realidades -como en otras incluyendo del mundo llamado desarrollado-
se han dado -y se dan- casos de corrupción. Por ello, el elemento moral es básico
para el contrato administrativo. Es grato recordar que, en el régimen peruano de
1968-1975 (Gobierno de Velasco Alvarado), se declararon nulos actos
administrativos por violación del elemento moral.
VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
¿Cómo se extingue el contrato administrativo? No ofrece problema alguno el caso
del vencimiento de término del cumplimiento del objeto o de hacer la suelta
permitida por la ley o por el propio contrato.
En cambio, hay que mencionar los casos de revocación, que puede ser por
razones de oportunidad, conveniencia, mérito o por razones de ilegitimidad.
La administración pública puede considerar, por una decisión gubernamental, que
no es conveniente continuar un contrato. Esta decisión es unilateral, en ejercicio
de potestad administrativa, pero comporta el pago de indemnización al que resulte
afectado.
Las decisiones revocatorias por ilegitimidad pueden derivarse de violación de la
ley por parte de la administración y en tal caso habría que examinar la
concurrencia o complicidad de la contraparte en la burla de la ley, para derivar las
responsabilidades.
En cambio, si la ilegitimidad es por la responsabilidad de quien contrata con la
administración, se hace obligatoria la indemnización que debe pagar el responsa
ble a la administración pública.
Similarmente ocurre con la nulidad manifiesta o absoluta.
Cabe también la extinción por hacer suelta del contrato, aceptada por la
Administración por cumplirse el objeto contractual; por vencimiento del término,
por ejemplo en una concesión de servicio público; y por la nulidad del contrato.
Sayagués Laso afirma rotundamente; "Cabe admitir, como principio general, que
ante un contrato afectado de invalidez la administración puede revocar por
ilegalidad el acto administrativo mediante el cual formalizó el contrato y declarar,
en consecuencia, que el vínculo contractual es nulo"
VII. INSTITUTOS PRINCIPALES.-
Los institutos principales en que se basa la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, son las siguientes figuras administrativas se van a realizar los
diferentes tipos de procesos para realizar un contrato público, con el fin de
contratar alguno de estos servicios o instituciones:
a. Las Obras Públicas.- La realización de obras para el bien de la comunidad y
de la sociedad, que corresponde al Congreso fijar en el presupuesto Nacional,
mediante una norma que indique la partida pertinente y el modo de cubrirla,
realizada en este caso por los gobiernos centrales a través de los diversos
Ministerios o los gobiernos locales, a través de las Municipalidades, Gobiernos
Regionales, etc. Ejemplo, la mejora de pistas, la construcción de puentes o
carreteras.
b. Los Servicios Públicos .-Según Bielsa, un gran tratadista argentino, "toda
acción o prestación realizada por la administración pública activa, directa o
indirectamente para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, asegurada
evicción o prestación por el poder de justicia." Los tipos de servicio público son :
Propio e Impropio: La primera es cuando la administración (central,
regional, municipal o autonómica) ejecuta por misma obras o servicios en
beneficio de la colectividad. Los impropios es cuando en cualquier de sus
modalidades no asume por misma las obras o servicios, los que transfiere a los
particulares mediante autorización, licencia o permiso.
Directo e indirecto: El directo, cuando solo la administración actúa con sus propios
medios, financiación, personal y equipo. El indirecto, cuando particulares reciben
expresa delegación de atribuciones, por contratación o concesión, beneficiándose
el aparato público con la contraprestación pecuniaria aceptada por los
concesionarios o contratistas.
c. Las Adquisiciones.- Priman dos figuras fundamentales en el campo de las
adquisiciones, la compra venta y la locación de servicios. (completar)
d. Las Consultorías.- Complementariamente a las áreas afines ala ejecución
de obras públicas ya las adquisiciones, están las consultorías, creadas en el
Gobierno de 19802-1985, con la Ley 23554. Mediante esta ley del presidente
Belaúnde Terry, se consideraba la consultoría, "como nacional, cuando es ejercida
por peruanos en forma individual, en asociación profesional, integrando
sociedades mercantiles, o por personas que reúnan los requisitos de la Decisión
24, del Acuerdo de Cartagena Art. 4.". Sus características más resaltantes son:
coyuntural, consubsancial, aclaratoria y esporádica. Debido a que son realizadas
con un fin específico que sobre el que se le consulta. Con un contrato específico
para tal fin, culminada la consulta, termina el contrato.
e. El arrendamiento .- De bienes del Estado por particulares, o de bienes
privados donde el arrendatario es el Estado.
f. Otras figuras. -
El asesoramiento .-Servicios de expertos cuyas acciones están
dirigidas a facilitar la solución de problemas científicos o tecnológicos en diferentes
campos ya transferir experiencias y capacidades. Esta prestación es permanente y
prolongada, llegando más allá que la consultoría, que normalmente es lo contrario,
siendo esta esporádica. En cada Ministerio hay una comisión consultiva y también,
por consiguiente, varias asesorías.
La Residencia.- Es la función de un arquitecto o ingeniero,
encargado por el contratista de la dirección técnica de una obra en ejecución, de
modo permanente.
El Laboratorio .-Es el local donde se experimentan trabajos técnicos
o investigaciones científicas, en relación con el o los proyectos por realizar.
Laboratorista es el experto en ejecutar los correspondientes trabajos para los
cuales está destinado el laboratorio.
Supervisión.-Observación técnica de campo para enseñar y corregir
parte de la estructura administrativa de una obra p de un servicio. Supervisor es el
profesional o técnico seleccionado para el control de obras.
VIII. BASE LEGAL.-
La Ley base para todo lo referente a las Contrataciones del estado es el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado por
DECRETO SUPREMO 012-2001-PCM y su Reglamento de DECRETO
SUPREMO 013-2001-PCM. Al referirnos durante este trabajo, a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la llamaremos “ley” y lo mismo
sucederá con el “reglamento”.
Complementariamente se utiliza, el Código Civil, el TUPA del CONSUCODE, Ley
de Procedimientos Administrativos, etc.
IX. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.-
1. Moralidad.- Cualidad de las acciones humanas apreciadas como buenas,
dentro de la ética. Los actos referidos a las adquisiciones y contrataciones deben
ser ante todo honradas.
2. Libre Competencia.- Tendencia del Sistema Económico del esto el Estado
Social de Mercado, donde se busca la mayor, más amplia, objetiva e imparcial
concurrencia, pluralidad y participación de de postores potenciales.
3. Imparcialidad.- Proceder con rectitud y sin designio anticipado. Tratando a
todos los postores y personas en igual condiciones. Los acuerdos y resoluciones
de los funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y
contataciones se adoptan de me manera estricta a la Ley y el Presente
Reglamento, atendiendo criterios técnicos que permitan la objetividad en el
tratamiento.
4. Transparencia.- No oculta acciones dudosas. Que todas las actividades y
contrataciones sean blicas y siguiendo los procedimientos de la ley y que eso
sea claro para los ciudadanos. Además todas las contrataciones deben realizarse
sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los
postores.
5. Eficiencia.- Que los bienes y servicios proporcionados sean de la mejor calidad
posible, cumpliendo los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y usando
las mejores condiciones para su uso final.
6. Economía.- Buscar bienes y servicios de precios o costos adecuados.
Siguiendo los principios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el
uso de los recursos en todas las etapas del proceso.
7. Vigencia tecnológica.- Búsqueda y obtención de bienes y servicios de punta, o
sea, de mayor adelanto y garantía de recuperación en caso necesario.
8. Trato justo e igualitario.- Procesar las posturas con el más amplio criterio de
calificación para garantizar la bondad del bien o del servicio. Esta prohibida la
existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo que lo diga la ley.
X. DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
Según el Artículo de la Ley, cada Entidad establecerá la dependencia o
dependencias responsables de planificar los procesos de adquisición o
contratación, señalando en sus manuales de organización y funciones o
dispositivo equivalente las actividades que competen a cada cargo, con la finalidad
de establecer las responsabilidades que le son inherentes. Según el artículo
del Reglamento los funcionarios o dependencias encargadas de estos procesos
son:
El Titular del Pliego Presupuestario, la más alta autoridad de la entidad.
La máxima autoridad administrativa es el funcionario de mayor jerarquía en las
empresas y entidades del estado.
Un Comité Especial, es el órgano designado por el Titular del Pliego o por la
máxima autoridad administrativa para conducir los procesos de selección hasta
consentimiento de la Buena Pro.
La dependencia encargada de planificar los procesos de selección.
La dependencia encargada de efectuar las adquisiciones y contrataciones
establecidas en las normas internas de la Entidad.
XI. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones debe prever los bienes, servicios
y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal y el monto del
presupuesto requerido aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, donde señalará sus necesidades de bienes, servicios
en general, de consultoría y ejecución de obras, en función de sus respectivas
metas, señalando las prioridades, la programación respectiva y un perfil genérico
de las especificaciones técnicas.
El Plan Anual debe contener como mínimo la siguiente información, según el art.
6ª del Reglamento de la Ley. Estas son:
1. Las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones
directas que se realizarán en el año fiscal. Opcionalmente, podrá incluirse
información relativa a las adjudicaciones de menor cuantía.
2. El objeto de la contratación o adquisición.
3. La síntesis de las especificaciones técnicas de los bienes, servicios u
obras a adquirir o contratar.
4. El valor estimado de los bienes, servicios u obras a adquirir o
contratar.
5. La fuente de financiamiento.
6. Los niveles de centralización y desconcentración de la facultad de
adquirir y contratar.
7. Las fechas probables de las convocatorias de los procesos de
selección planificados.
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se aprobado por el Titular del
Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, dentro de los
treinta (30) días naturales siguientes de aprobado el presupuesto institucional, en
concordancia con el monto asignado conforme a las leyes presupuestales de la
República para el ejercicio anual a ejecutarse. Dicha aprobación podrá ser
delegada mediante disposición expresa.
La resolución que apruebe el Plan Anual deberá publicarse en el Diario Oficial El
Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su expedición. En igual
plazo, dicho Plan será remitido al CONSUCODE para ingresar la información
recibida en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del
Estado que, para el efecto, implementará y administrará.
El Plan Anual considerará todas las adquisiciones y contrataciones, conforme a lo
establecido en el literal a) del Artículo 6, incluyendo aquellas que tengan
financiamiento externo y se encuentren comprendidas en el Artículo 49 de la Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado.
El Plan Anual aprobado estará a disposición de los interesados en la dependencia
encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad y en la página Web
de ésta, si la tuviere, pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al precio de
costo de reproducción. La Entidad está obligada a remitir una copia del Plan
Anual a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME
por el medio de comunicación más rápido y en un plazo no mayor de diez (10)
días a partir de su aprobación.
Con el Plan Anual aprobado se efectuarán los procesos de selección previstos
para el período, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley.
El Plan Anual podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal
o en caso de reprogramaciones de metas propuestas.
XII. POSTORES A UN PROCESO DE SELECCIÒN DE CONTRATO PUBLICO
Existen dos Registros en los que deben estar inscritos los postores :
Registro Nacional de Contratistas
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado
Según el Artículo de la Ley, se requiere que en la propuesta el postor presente
una Declaración Jurada de no tener sanción vigente según el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser
favorecido con la Buena Pro, deberá reemplazar por un certificado emitido por el
registro respectivo, salvo en los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía en
los cuales la verificación será efectuada por la Entidad.
Según el Artículo 9º de la Ley, señala que son impedimentos para ser postor y/o
contratista:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los
representantes al Congreso de la República, los ministros de Estado, los vocales
de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del
órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, hasta seis
meses después de haber dejado el cargo;
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos
descentralizados, los alcaldes, los demás funcionarios públicos, los directores y
funcionarios de las empresas del Estado; las personas naturales de la Entidad que
tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones,
evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o
pagos;
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los
literales precedentes;
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se
refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento
del capital social, dentro de los veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;
e) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con
Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; y
f) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la
elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso
de selección y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los
contratos de supervisión.
En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser
postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las
personas a que se refieren los literales a) y b). En el caso de los organismos
constitucionalmente autónomos, el impedimento se circunscribe a las
adquisiciones y contrataciones que realizan dichas entidades.
Las propuestas que contravengan a lo dispuesto en el presente artículo se tendrán
por no presentadas, bajo responsabilidad de los miembros del Comité. Los
contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son
nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
XIII. BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR
Deberá estar definido detalladamente por la dependencia encargada de las
adquisiciones y contrataciones de la Entidad, la cantidad y las características de
los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o contratar, los cuales deberán
cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias
nacionales si las hubiere.
Antes de iniciar los procesos de adquisición o contratación coordinará con las
dependencias de las cuales provienen los requerimientos y efectuará estudios de
las posibilidades que ofrece el mercado, de modo que se cuente con la
información para la descripción y especificaciones de los bienes, servicios u obras,
así como para definir los valores referenciales de adquisición o contratación, la
disponibilidad de los recursos y el proceso de selección mediante el cual se
realizará.
En el caso de obras, además, se debe contar con la información técnica aprobada
y la disponibilidad del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
En los Procesos de Selección según Relación de Ítems, se podrá convocar en
un solo proceso la adquisición y/o contratación de bienes, servicios y/u obras,
estableciéndose un valor referencial para cada ítem. El Reglamento establecerá
los procedimientos adicionales a seguir en los procesos bajo esta modalidad.
XIV. REQUISITOS A LA CONVOCATORIA AL PROCESO.-
1. Realizar la convocatoria a través de la publicación de la misma por
lo menos en el Diario Oficial El Peruano y en uno de circulación nacional o local en
que se realiza la Licitación Pública o Concurso Público. El aviso deberá contener
por lo menos:
a) La identificación de la Entidad que convoca;
b) El tipo de proceso de selección;
c) La descripción básica de los bienes, servicios u obras a
ejecutarse;
d) Las oficinas donde pueden recabarse las Bases y su costo;
e) La fecha prevista para el acto público de presentación de
propuestas y para el acto de otorgamiento de la Buena Pro; y,
f) El valor referencial, salvo en los casos a que se refiere el
penúltimo párrafo del Artículo 26.
2. La existencia de un plazo razonable entre la convocatoria y la
presentación de ofertas. El plazo será establecido por la Entidad atendiendo a las
características propias de cada proceso. En ningún caso el plazo entre la
convocatoria y la presentación de propuestas será menor a veinte días hábiles.
3. La existencia de Bases aprobadas de acuerdo al Artículo 25 de la
presente Ley. En el caso de obras, adicionalmente, se requerirá de la existencia
del expediente técnico.
4. La celebración de acto público para la presentación de propuestas y
para el otorgamiento de la Buena Pro.
XV. PROCESOS DE SELECCIÒN
Los procesos de selección, son procedimientos públicos por los cuales se realizan
los contratos públicos, procesos en los cuales puede participar cualquier persona
que cumpla las bases y requerimientos y este debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado. Son diversos los tipos de procesos que existen,
dependiendo del tipo de bien o servicio que contratar.
Pero, antes de convocar a procesos de selección, según el Art. 11 de la Ley, la
Entidad deberá contar con el expediente debidamente aprobado para la
adquisición o contratación respectiva, el mismo que incluirá la disponibilidad de
recursos y su fuente de financiamiento.
Los procesos de selección son los siguientes, que luego explicaremos al detalle:
1. Licitación Pública
2. Concurso Público
3. Adjudicación Directa y
4. Adjudicación de Menor Cuantía.
Todos estos procesos se inician con la convocatoria y culminan cuando el
otorgamiento de la buena pro haya quedado consentido o cuando se concede el
proceso de selección.
1. LICITACIÓN PUBLICA
La licitación pública es la modalidad más importante entre las forras de la
contratación selectiva, tiene las siguientes variantes:
a. Licitación Pública Nacional. para la adquisición de bienes y
suministros producidos por empresas que cuentan con planta industrial instalada
en el país, así como para la ejecución de obras por empresas que tengan
instalaciones en el país.
b. Licitación Pública Internacional, para la adquisición de bienes y
suministros que no se elaboren en el país o, tratándose de obras, cuando las
características técnicas de éstas requieran de participación internacional.
Las modalidades licitatorias son:
1. Por el Financiamiento .-
Con financiamiento de la entidad. Esta asume el costo de la
obra, servicio, compra o suministro.
Con financiamiento de contratista. Quien asume directamente
el costo total o parcial de la obra, servicio, compra o suministro.
Con financiamiento de terceros, en condiciones similares a los
dos anteriores, más los costos financieros. El compromiso lo adquiere el tercero
con el postor y con la Entidad.
2. Por el Alcance del Contrato.-
Llave en mano. Es cuando el postor ofrece todos los bienes
y/o servicios necesarios para el funcionamiento de la prestación del objeto del
contrato;
Administración controlada. Cuando el contratista se limita a la
dirección dtécnica y económica de la prestación;
Concurso-oferta. El postor concurre ofertando: expediente
técnico, ejecución de obra, plazos y también el terreno.
2. CONCURSO PUBLICO
Es aquel que se convoca para la contratación de servicios en general, de
servicios de consultoría y de arrendamiento de bienes, dentro de los márgenes
establecidos por la Ley Anual de Presupuesto.
c. Se entiende por servicios en general aquellos que la Entidad contrata
con terceros, ya sean éstos personas naturales o jurídicas, para desarrollar
actividades técnicas como limpieza, vigilancia, reparaciones y otras similares.
d. Se entiende por servicios de consultoría aquellos de carácter
profesional, altamente calificados, prestados por personas naturales o jurídicas
para investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones,
gerencias, auditorías especiales distintas a las previstas en el Decreto Legislativo
Nº 850 y las asesorías profesionales especializadas.
Clases de Concurso Público.-
1. Concurso Público Nacional, para la contratación de personas y/o empresas
que presten servicios de consultoría con oficinas instaladas en el país.
2. Concurso Público Internacional, para la contratación de servicios de
consultoría que sólo se pueden prestar contando con participación internacional.
3. Se entiende por arrendamiento el contrato por el cual el contratista se
obliga a ceder temporalmente a la Entidad el uso de un bien a cambio de una
renta convenida.
3. ADJUDICACIÓN DIRECTA
Adjudicación Directa, que se convoca para la adquisición, suministro o
arrendamiento de bienes; para la contratación de servicios en general, de servicios
de consultoría y de ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos en
la Ley Anual de Presupuesto. La Adjudicación Directa puede ser pública o
selectiva.
La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la adquisición o
contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido
para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Requiere de
publicación para la convocatoria del proceso y para el otorgamiento de la Buena
Pro.
La Adjudicación Directa Selectiva se convoca cuando:
a. El monto de la adquisición o contratación es igual o menor al
cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación
Directa en la Ley Anual de Presupuesto; y
b. Una Licitación Pública o Concurso Público ha sido declarado desierto
en dos (2) oportunidades.
La Adjudicación Directa Selectiva no requiere de publicación. Se efectúa por
invitación, debiéndose convocar a por lo menos tres (3) proveedores. Por
excepción, el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
o en quien éstos hubieran delegado la función, mediante resolución sustentatoria,
podrá exonerar al proceso de selección del requisito establecido, siempre que en
el lugar en que se realice la adquisición o contratación no sea posible contar con
un mínimo de tres (3) proveedores y que los bienes, servicios o ejecución de obras
a adquirir o contratar estén destinados a satisfacer necesidades de la Entidad en
la localidad en que se realiza el proceso.
A fin de garantizar la publicidad de las adjudicaciones directas selectivas,
las convocatorias respectivas serán notificadas a la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Microempresa - PROMPYME, la que se encargará de difundirlas entre
las pequeñas y microempresas.
Tanto para la Adjudicación Directa pública como para la Adjudicación
Directa Selectiva, la declaración de desierto obliga a una segunda convocatoria
del mismo tipo que se utilizó en la primera.
4. ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÌA
La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y
contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte
del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o
Concurso Público, según corresponda. Este tipo de proceso se convoca para:
1. La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así como
para la contratación de servicios en general, servicios de consultoría y de
ejecución de obras, cuyos montos sean inferiores a la décima parte del límite
mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para las licitaciones públicas
o concursos públicos, según corresponda;
2. Las adquisiciones y contrataciones que se efectúen como
consecuencia de las exoneraciones señaladas en el Artículo 19 de la Ley;
3. Los supuestos a que se refieren los literales b) de los incisos 1) y
2) del Artículo 32 de la Ley; y
4. La contratación de expertos independientes para que asesoren a
los Comités Especiales o los integren.
Las adjudicaciones de menor cuantía, destinadas a la adquisición de bienes y
servicios así como para la contratación de obras, serán notificadas a PROMPYME,
según lo dispuesto en los Artículos 93 y 100.
XVI. EXONERADOS DE PROCESOS DE SELECCIÒN.-
a. Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los criterios de economía
que establezca el Reglamento;
b) Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas cuando éstas sean
únicas;
c) En situación de emergencia o de urgencia declaradas de conformidad con
la presente Ley;
d) Con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, que deban mantenerse en reserva conforme a Ley,
previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. En ningún caso
se referirán a bienes, servicios u obras de carácter administrativo u operativo de
acuerdo al Reglamento;
e) Por las Misiones del Servicio Exterior de la República, para su
funcionamiento y gestión, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento;
f) Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos;
g) Para prorrogar el plazo de contratos de arrendamiento de inmuebles
ocupados por la Entidad, siempre y cuando la renta no se incremente en una tasa
mayor al crecimiento del índice general de precios al por mayor; y,
h) Para servicios personalísimos, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento.
XVII. COMITÉ ESPECIAL
Según el artículo 23ª de la Ley, para cada proceso de selección la Entidad
designará un Comité Especial que deberá llevar adelante el proceso. Asimismo
podrá designar un Comité Especial permanente para los casos previstos en el
Artículo 17 de la presente Ley.
El Comité Especial estará integrado por no menos de tres miembros y se
conformará con la participación de personas que tengan conocimiento técnico de
los bienes o servicios a adquirir. En caso de bienes sofisticados, servicios
especializados u obras, podrán participar en el Comité Especial uno o más
expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que no laboren
en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades del Sector
Público. El Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
según corresponda, designará mediante resolución al Comité Especial encargado
de conducir el proceso de selección. En la designación se indicará el número de
miembros, el cual será siempre impar, con un mínimo de tres (3) y un máximo de
cinco (5) integrantes, los nombres de éstos y de los miembros suplentes y quién
actuará como presidente.
La designación del Comité Especial podrá ser para más de un proceso de
selección, siempre que así lo establezca la resolución mediante la cual se
formaliza el encargo y se cumplan las condiciones señaladas en la Ley y el
presente Reglamento.
El Comité Especial tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de la
integridad del proceso hasta antes de la suscripción del contrato.
XVII. DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.-
Se considera como objeto principal del proceso de selección a aquél que define la
naturaleza de la adquisición o contratación en función de la prestación a
ejecutarse.
A tal efecto, para la determinación del proceso de selección aplicable se
considerará el Valor Referencial establecido por la Entidad para la adquisición o
contratación prevista y los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
para la adquisición o contratación de bienes, servicios, arrendamiento o ejecución
de obras, según corresponda.
En el caso de adquisiciones o contrataciones que conlleven adicional o
complementariamente la ejecución de otro tipo de prestaciones, el objeto principal
del proceso de selección se determinará en función a la prestación que represente
la mayor incidencia porcentual.
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios
entre sí, se consideran incluidos en la adquisición o contratación objeto del
contrato.
XVIII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Según el Artículo 49ª del Reglamento las según el calendario de los procesos de
selección contendrá las etapas siguientes, salvo las excepciones previstas en el
presente Reglamento:
1. Convocatoria;
2. Venta de Bases;
3. Presentación de consultas, absolución y aclaración de las Bases;
4. Formulación de observaciones a las Bases e integración de éstas;
5. Presentación y entrega de propuestas;
6. Evaluación de propuestas; y
7. Otorgamiento de la Buena Pro.
1. Convocatoria.-
La convocatoria de los procesos de selección se efectúa mediante publicaciones,
en el Diario el Oficial el Peruano y el diario de mayor circulación local, salvo las
excepciones previstas en el presente Reglamento.
2. Venta de Bases.-
Las Bases de una Licitación o Concurso Público serán aprobadas por el Titular del
Pliego que lo convoca o por el funcionario designado por este último o por el
Directorio en el caso de las empresas del Estado y deben contener
obligatoriamente cuando menos, lo siguiente:
a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de
postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y
económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia
de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las
Bases;
b) El detalle de las características de los bienes, servicios u
obras a adquirir o contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, según
el caso. Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o,
en el caso de obras, en un Expediente Técnico;
c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento;
d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la
efectiva posibilidad de participación de los postores;
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual será
uno de los establecidos en el Reglamento;
f) El calendario del proceso de selección;
g) El método de evaluación y calificación de propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones
de la operación. En el caso de contratos de obras figurará necesariamente como
anexo el Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma de los
Desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico;
i) Fórmulas de Reajustes de Precios, de ser el caso;
j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento
otorgado por Entidades Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y
k) Mecanismos que aseguren la confidencialidad de las
propuestas.
Las Bases deberán además indicar las condiciones especiales, criterios y factores
a considerar en la calificación previa en la que sólo cabe evaluar a los postores
con el fin de determinar su experiencia en la actividad y en la ejecución de
prestaciones similares, su capacidad y/o solvencia técnica y, de ser el caso, en
equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el bien,
servicio u obra por adquirir o contratar.
Según el artículo 47 del Reglamento, toda persona que desee participar en un
proceso de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa debe
comprar las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio,
bastará que uno de sus integrantes las haya adquirido.
Igualmente, deben comprar las Bases los postores de ejecución y consultoría de
obras en procesos de adjudicación de menor cuantía.
Las Bases estarán a disposición de los interesados, a fin de que éstos puedan
informarse sobre su contenido durante el plazo establecido para su venta.
Las Bases se venden desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día
después de haber quedado integradas, bajo responsabilidad del Comité Especial.
La persona que adquiere las Bases se adhiere al proceso de selección en el
estado en que éste se encuentre.
El precio de venta de las Bases será fijado por la Entidad y no puede exceder el
costo directo de reproducción de los documentos que la integran.
3. Presentación de consultas, absolución y aclaración de las
Bases;
Según el artículo 51º del Reglamento los adquirientes de Bases podrán formular
consultas o solicitar la aclaración de cualquiera de sus extremos, o plantear
solicitudes respecto a ellas.
El Comité Especial es el órgano encargado de absolver las consultas, aclarará las
Bases o se pronunciará sobre las solicitudes, según corresponda, mediante un
pliego absolutorio que, debidamente fundamentado y sustentado, se hará de
conocimiento de todos los adquirientes en forma simultánea y quedará a
disposición de éstos en el local de la Entidad.
Las respuestas y aclaraciones a las Bases se consideran como parte integrante de
éstas y del contrato.
Al absolver las consultas, el Comité Especial no podrá exigir requerimientos
mayores ni distintos que los originalmente establecidos en las Bases.
El calendario a que se refiere el inciso f) del Artículo 25 de la presente Ley debe
contener un plazo para la presentación de consultas sobre las Bases, el que podrá
variar de acuerdo a la complejidad de la adquisición o contratación y un plazo para
su absolución.
Las respuestas a las consultas deben ser fundamentadas y sustentadas, se harán
de conocimiento oportuno y simultáneo de los adquirentes de las Bases y se
considerarán como parte integrante de las Bases del proceso.
4. Formulación de observaciones a las Bases e integración de
éstas;
Según el Artículo 52 del Reglamento, mediante escrito debidamente
fundamentado, los adquirientes podrán formular observaciones a las Bases, las
que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se
refiere el Artículo 25 de la Ley o de cualquier disposición en materia de
adquisiciones y contrataciones del Estado.
El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas y, de ser el caso, las
acogerá comunicando a todos los adquirientes la corrección a que haya lugar.
En caso que el Comité Especial no acoja las observaciones formuladas, las
elevará junto con un informe técnico al CONSUCODE, el mismo que resolverá en
última instancia, dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento. El
CONSUCODE notificará su pronunciamiento al Comité Especial, de conformidad
con el Artículo 24.
Contra el pronunciamiento del CONSUCODE, no cabe la interposición de recurso
alguno.
Una vez acogidas o resueltas, en su caso, todas las observaciones, o si éstas no
se han presentado dentro del plazo indicado, las Bases quedarán integradas como
reglas definitivas del proceso y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular
del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según sea el
caso, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una
impugnación.
La integración de las Bases deberá informarse al CONSUCODE cuando éste
hubiese emitido pronunciamiento sobre ellas, para lo cual el Comité Especial
deberá remitirle una copia autenticada de las Bases integradas en el mismo
momento en que notifique a los adquirientes.
5. Presentación y entrega de propuestas;
Según el artículo 30. de la Ley, la presentación de propuestas y el otorgamiento de
la Buena Pro en los procesos de Licitación o Concurso Público se realizará en
acto público en una o más fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de
Notario Público o Juez de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera
el primero. Los procedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados
por el Reglamento.
Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento se levantará un acta
que será suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los postores
que deseen hacerlo.
En todos los procesos de selección sólo se considerarán como ofertas válidas
aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases.
Los resultados correspondientes en los casos de Licitación o Concurso se
publican, y en los demás se hacen de conocimiento por lo menos de los
interesados.
Según el artículo 55 del Reglamento las propuestas se presentarán en dos (2)
sobres, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la
propuesta económica.
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios
mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas
correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el
postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo
el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin.
Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la
de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
En el caso de los procesos de selección convocados según relación de ítems, las
propuestas que sean presentadas en cada uno de los ítems contendrán todos los
conceptos antes indicados.
Según el artículo 59 el acto de presentación de propuestas y apertura de sobres
se desarrollará de la siguiente manera:
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el
orden en que adquirieron las Bases, para que entreguen los sobres que contienen
las propuestas técnicas y económicas. Si al momento de ser llamado el postor no
se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si
algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante
del pago de las Bases. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar
propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta
técnica de cada postor. La propuesta técnica se presentará en original y en el
número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad
de miembros que conforman el Comité Especial.
Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el Comité
Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los
solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité
Especial los devolverá al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste
exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y
el Notario Público o Juez de Paz autenticará una copia de la propuesta, la cual
mantendrá en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación o
deje consentir la devolución.
Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
a) Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores
subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la
propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días,
desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso
la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.
b) Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las
propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario Público o Juez de Paz
procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas
económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y
firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo
deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las
propuestas técnicas.
c) Evaluadas y/o calificadas las propuestas técnicas, el Notario Público
o Juez de Paz procederá a abrir en acto público, los sobres de las propuestas
económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido lo
que se hará de conocimiento de los postores.
d) Las propuestas económicas serán presentadas en original y con el
número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad
de miembros que conforman el Comité Especial, aplicándose el procedimiento
establecido para las propuestas técnicas, salvo en lo referente a las omisiones o
errores en los que no cabe subsanación alguna. Serán evaluadas en la fecha
prevista en las Bases.
e) En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema
de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial deberá verificar la sumatoria de la
propuesta de mayor puntaje y, de existir alguna incorrección aritmética, deberá
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponde. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
6. Evaluación de propuestas;
El método de Evaluación y Calificación de Propuestas que será establecido en el
Reglamento, debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología
requeridas dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total.
El método deberá exigir la presentación de los documentos estrictamente
necesarios por parte de los postores.
Según el Artículo 65 del Reglamento la evaluación integral de una propuesta
comprende tanto la referida a la propuesta técnica como a la propuesta
económica.
Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de
acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación que se establezcan
en las Bases del proceso.
La suma de los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica y a la
propuesta económica deberá ser igual a cien (100) puntos, de los cuales no
menos de cincuenta (50) deberán ser asignados para la propuesta económica,
excepto en los casos en que el presente Reglamento indique lo contrario. Dicha
asignación de puntajes deberá estar expresada en las Bases.
La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo
total, el cual equivale al mayor puntaje total calculado como se describe en el
presente Reglamento. La Buena Pro se otorga a la propuesta evaluada como la
mejor.
En la evaluación no se tomarán en cuenta las disposiciones sobre reajuste de
precio aplicables al período de ejecución del contrato.
Para la evaluación técnica, las Bases establecerán los requerimientos mínimos a
cumplir para que la propuesta sea admitida. Asimismo, señalarán los factores
necesarios para la evaluación, los puntajes máximos que se le asignan y los
respectivos criterios de evaluación y calificación.
Las garantías comerciales, de funcionamiento u otras análogas, así como el plazo
de entrega, el mantenimiento del bien requerido y similares, serán considerados
siempre factores técnicos.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
oferta económica de menor monto.
7. Otorgamiento de la Buena Pro.
La Buena Pro se otorgará en mesa y en el mismo acto a la propuesta que obtenga
el mejor costo total, salvo que las Bases hayan previsto actos separados para la
evaluación y calificación y para el otorgamiento de la Buena Pro.
El Comité Especial anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden en que
han quedado calificados los postores, a través de un cuadro comparativo.
Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de
otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las
propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de la
solicitud, bajo responsabilidad del Comité Especial.
El Comité Especial notificará en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la
Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de
la Entidad.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la
Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas
ganadoras, de conformidad con la Ley Nº 27268; o
b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en
el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o
c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de
sus propuestas, siempre que aquéllos manifiesten su voluntad de cumplir la parte
correspondiente del contrato; o
d) A través de sorteo en el mismo acto.
XIX. LOS CONTRATOS
Según el artículo 36º el contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la
pro forma incluida en las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad
durante el proceso de selección. El contrato entra en vigencia cuando se cumplan
las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar
otras modificaciones, siempre que no impliquen variación alguna en las
características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el
proceso de selección.
Según el artículo 41 los contratos de bienes, servicios u obras incluirán
necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a:
1. Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán
otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo, sin
perjuicio de las penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento
de la presente Ley. A falta de estipulación expresa en el contrato, se aplicarán las
penalidades establecidas en el Reglamento.
2. Cláusula de Solución de Controversias: Cuando en la ejecución o
interpretación del contrato surja entre las partes una discrepancia, ésta será
definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según
lo acuerden las partes.
3. Cláusula de Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya
sido previamente observada por la Entidad, esta última podrá resolver el contrato,
en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del acuerdo o
resolución en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho
acuerdo o resolución será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de
aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho
a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual derecho
asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones
esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y
ésta no haya subsanado su incumplimiento.
Según el Reglamento y en el Título III, sobre los Contratos, menciona que el
contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas
y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que
establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente
señalados en el contrato, también forman parte de éste.
En los casos de Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el contrato se
formalice mediante una orden de compra o de servicios, salvo los casos de obras
y consultoría de obras, en los que debe suscribirse el respectivo documento.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este Título
y, supletoriamente, por las normas del Código Civil.
Los contratos serán suscritos por el funcionario que cuente con las facultades
suficientes para ello. Antes de la suscripción, el postor al que se le hubiera
otorgado la Buena Pro deberá presentar la constancia vigente de no estar
inhabilitado para contratar con el Estado y, adicionalmente, en el caso de obras,
de disponer de la capacidad libre de contratación que expedirá el CONSUCODE.
Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su representante
debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato dentro del plazo
señalado en las Bases. Para tal efecto, la Entidad deberá citarlo con no menos de
cinco (5) días de anticipación, señalando una fecha que no podrá exceder a los
diez (10) días siguientes a la fecha de consentido el otorgamiento de la Buena
Pro.
3. En caso de que el postor ganador no se presente en el día previsto, la
Entidad lo citará para una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5)
días siguientes de la originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor
no se presenta en esta segunda oportunidad perderá la Buena Pro. En este
supuesto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la Entidad llamará al
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el
contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el postor
ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del
contrato. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la
Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción
administrativa aplicable.
Los plazos de vigencia de los contratos se computan por días naturales, desde el
día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las
condiciones establecidas en las Bases, en el presente Reglamento o en el propio
contrato. Los plazos referidos a la ejecución de los contratos y al cumplimiento de
determinadas obligaciones o prestaciones se computan también por días
naturales. En ambos casos, son de aplicación supletoria los Artículos 183 y 184
del Código Civil. El contrato finaliza con su liquidación, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 139.
Las Bases pueden considerar que el plazo del contrato sea por uno o más
ejercicios presupuestales, hasta un máximo de tres (3) años o, tratándose de
obras, por el plazo previsto para su culminación.
Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el Reglamento establecerá
los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado residente
designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad, así como las
características, funciones y las responsabilidades que éstos asumen. Asimismo, el
Reglamento establecerá las características del cuaderno de obra y las
formalidades para la recepción de obras y liquidación del contrato.
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser
emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
y, tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación final.
Cuando la propuesta económica fuese inferior al Valor Referencial en más del
veinte por ciento (20%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con
idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía
adicional por un monto equivalente a la diferencia entre el Valor Referencial y la
propuesta económica.(*)
La Entidad bajo responsabilidad, llevará un Registro Público de los procesos de
selección que convoque, de los contratos suscritos y su información básica,
debiendo remitir trimestralmente una estadística de dicha información al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en la forma que
establezca el Reglamento.
En cuanto a la Liquidación del contrato, el contrato culmina con la liquidación, la
misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista según los
plazos y requisitos señalados en el Reglamento debiendo ésta pronunciarse sobre
aquélla en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad
del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo,
debidamente fundamentado, en el plazo antes señalado la liquidación presentada
por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales. La
liquidación debidamente aprobada cerrará el expediente de la adquisición o
contratación.
El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato dentro de los
quince (15) días siguientes de haberse realizado la última prestación. La Entidad
deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento
dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por
aprobada la liquidación presentada por el contratista.
Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber
recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con
las observaciones formuladas por la Entidad.
En el caso de que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la
Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo
anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las
partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación ylo
arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los Artículos 185 ylo 186.
En cuanto a la resolución del contrato, mencional la Ley que, las partes podrán
resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso
fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.
Cuando se ponga término al contrato, por causas imputables a la Entidad, ésta
deberá liquidarle al contratista la parte que haya sido efectivamente ejecutada y
resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva
la parte efectivamente ejecutada.
La Entidad deberá reconocer en el acto administrativo resolutorio los conceptos
indicados en los párrafos precedentes. Para hacer efectiva la resolución deberá
contar con la aprobación del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa
de la Entidad, bajo responsabilidad.
La resolución del contrato por causas imputables al contratista le originará las
sanciones que le imponga el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
En la resolución de los contratos de obra, ésta se paralizará en forma inmediata,
salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones
reglamentarias de construcción, ello no sea posible.
La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora
para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una
anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en
presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y levantarán un
acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta con el Notario
Público o el Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad
de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el Artículo
164.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación
se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas
conforme a lo dispuesto en los Artículos 142 y 144, pudiendo la Entidad optar por
culminar lo que falte de la obra mediante las modalidades de administración
directa o por encargo, o por la convocatoria al proceso de selección que
corresponda de acuerdo con el Valor Referencial respectivo.
Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá al
contratista el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el
saldo que se deja de ejecutar.
Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió,
salvo disposición distinta del laudo arbitral.
XX. GARANTIAS
Las garantías que deberán otorgar los contratistas son las de fiel cumplimiento del
contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus montos y
condiciones serán reguladas en el Reglamento.
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las
mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de
Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco
Central de Reserva.
Pueden ser:
1. La carta fianza
2. La póliza de caución
Estas deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización
automática al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido
emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de
Banca y Seguros.
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser
emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
y, tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación final.
La garantía podrá ser ejecutada cuando el contratista no la hubiere renovado
oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el
contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de
propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la
Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de
resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la
Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
Del mismo modo, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento cuando
transcurridos tres días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final
del contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecución será
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
XXI. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA NACIONAL.-
Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden
interno que deban realizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, están
exoneradas del proceso de selección respectivo, previa opinión favorable de la
Contraloría General de la República. Dicha opinión deberá emitirse dentro del
plazo de quince (15) días de presentada la solicitud. Transcurrido este plazo sin
que medie pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad tendrá por aprobada la
solicitud, sin perjuicio del control posterior.
Los bienes, servicios o ejecución de obras de carácter administrativo y operativo, a
que se refiere la última parte del inciso d) del Artículo 19 de la Ley, son aquellos
necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional que no comprometen la seguridad nacional ni el
orden interno.
XXII. REGÍMENES DE EXCEPCIÓN.-
a. Situación de Urgencia.-
Se considera situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e
imprevisible de determinado bien o servicio compromete en forma directa e
inminente la continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones
productivas que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a
la adquisición o contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o
cantidad, según sea el caso, necesario para llevar a cabo el proceso de selección
que corresponda. La situación de urgencia debe entenderse como una medida
temporal ante un hecho de excepción que determina una acción rápida a fin de
adquirir o contratar lo indispensable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se
realice el proceso de selección correspondiente para las adquisiciones y
contrataciones definitivas.
b. Situación de Emergencia.-
Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten la defensa
nacional. En este caso la Entidad se exonera de la tramitación del expediente
administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para
remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse
a los requisitos formales de esta Ley. De este acuerdo se dará cuenta inmediata al
Consejo de Ministros para la aprobación del Decreto Supremo correspondiente y
al Ministerio de Economía y Finanzas, quien girará los recursos de acuerdo a lo
que establecen las normas presupuestales. El resto de la actividad necesaria para
completar el objetivo propuesto por la Entidad ya no tendrá el carácter de
emergencia y se adquirirá o contratará de acuerdo a lo establecido en la presente
Ley.
La situación de emergencia la Entidad deberá adquirir o contratar lo necesario
para remediar los desastres o demás hechos producidos que tengan el carácter de
emergencia, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes; después de
lo cual deberá convocar los procesos de selección que correspondan.
La exoneración de procesos de selección por la causal de situación de
emergencia a que se refiere el presente numeral, se aprueba de conformidad con
el procedimiento dispuesto en el Artículo 20 de la Ley.
Mediante Decreto Supremo, que cuente con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, se declara las zonas en estado de emergencia, así como a las
Entidades involucradas en dicha declaratoria según lo establecido en la Ley del
Sistema Nacional de Defensa Civil. Asimismo, el citado Decreto Supremo
determinará el plazo del estado de emergencia, el cual no puede exceder de
sesenta (60) días naturales, pudiendo ser prorrogado por una sola vez.
XXIII. RECURSOS IMPUGNATORIOS
Durante el proceso de selección las Entidades están en la obligación de resolver
las solicitudes y reclamaciones que formulen los postores con arreglo a las normas
de esta Ley y del Reglamento. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado constituye la última instancia administrativa y sus resoluciones son de
cumplimiento y precedente administrativo obligatorio.
Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se
resolverán obligatoriamente mediante los procedimientos de conciliación o
arbitraje. Si la conciliación concluyera con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las
partes deberán someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre las diferencias
no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.
El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un Tribunal Arbitral designados
de conformidad a lo que establezca el Reglamento.
El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes. Asimismo,
se comunicará de inmediato al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, quien
impondrá las sanciones correspondientes.
Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la
convocatoria hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar
lugar a la interposición de los recursos de apelación y revisión. El Reglamento
establecerá los plazos, requisitos, tasas y garantías.
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases.
La apelación será conocida por el Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad que convocó al proceso. Lo resuelto por esta instancia
puede ser materia de recurso de revisión presentado ante el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad está obligada a remitir el
expediente correspondiente, bajo responsabilidad.
La interposición de la acción contencioso-administrativa cabe únicamente contra lo
resuelto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; dicha
interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el referido Tribunal.
1. Recurso de apelación.-
Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos dictados dentro del
desarrollo del proceso de selección, con excepción de las resoluciones del Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
El recurso de apelación se presentará ante el Comité Especial, quien lo elevará,
para su correspondiente resolución, al Titular del Pliego o a la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda. Esta competencia es
indelegable.
Las Bases no podrán impugnarse por esta vía.
Las apelaciones deben interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes de
haber tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y resolverse dentro
de los cinco (5) días siguientes de haber sido interpuestas.
Las apelaciones contra los actos anteriores a la presentación de propuestas o al
otorgamiento de la Buena Pro no suspenden el proceso de selección sino desde
un (1) día antes de la celebración de dichos actos, día desde el cual se
suspenderá hasta que los recursos interpuestos sean resueltos.
Cuando, según lo previsto en las Bases, la presentación de propuestas y el
otorgamiento de la Buena Pro se realicen en un solo acto, las apelaciones pueden
formularse en ese momento, debiendo regularizarse dentro de los cinco (5) días
posteriores.
Después de otorgada la Buena Pro, cualquier apelación que se interponga
suspende el proceso de selección hasta que dicho recurso y, en su caso, el de
revisión sean resueltos.
Cuando la Buena Pro haya quedado firme administrativamente, los actos
posteriores sólo pueden ser impugnados hasta el quinto día posterior a la última
fecha prevista para la suscripción del contrato.
El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) Estar dirigido al Presidente del Comité Especial;
2) Identificación del impugnante, debiendo
consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su
denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se
acompañará la documentación que acredite tal representación;
3) Señalar domicilio procesal y número de facsímil
o dirección electrónica propia, si los tuviere;
4) El petitorio, que comprende la determinación
clara y concreta de la pretensión;
5) Los fundamentos de hecho;
6) Los fundamentos de derecho;
7) Las pruebas instrumentales en caso de
haberlas;
8) El comprobante de pago de la tasa
correspondiente, de conformidad con el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Entidad, si fuese el caso;
9) Firma del impugnante o de su representante;
10) Copias simples del escrito y sus recaudos para
la otra parte, si la hubiera; y
11) Autorización de abogado, en los casos de
licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y
siempre que la defensa sea cautiva.
La resolución expedida por la Entidad que resuelve el recurso de apelación deberá
contener tres (3) partes claramente diferenciables:
a. La expositiva, en la que se indica los antecedentes y la determinación de
los puntos controvertidos;
b. La considerativa, en la que se desarrolla el análisis de cada uno de los
puntos controvertidos sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho,
así como de la evaluación de los medios probatorios correspondientes; y
c. La resolutiva, en la que se expone la decisión respecto de cada uno de los
extremos del petitorio.
2. Recurso de revisión.-
Mediante el recurso de revisión se impugnan:
a. Las resoluciones que declaran inadmisible, improcedente o
infundado el recurso de apelación;
b. La denegatoria ficta recaída sobre el recurso de apelación; y
c. Las resoluciones del Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, distintas a las derivadas de la
interposición del recurso de apelación.
El plazo para interponer el recurso de revisión es de cinco (5) días contados a
partir del día siguiente de la notificación o publicación de la resolución respectiva,
lo que ocurra primero. Igual plazo es para el caso de la denegatoria ficta del
recurso de apelación, el cual se computará desde el a siguiente del vencimiento
del plazo para resolver dicho recurso.
El recurso de revisión se presentará ante el Tribunal, quien lo resolverá.
Los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión son los siguientes:
1) Estar dirigido al Presidente del Tribunal;
2) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y
número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En
caso de actuación mediante representante, se acompañará la documentación que
acredite tal representación;
3) Señalar domicilio procesal en la ciudad de Lima y número de facsímil
o dirección electrónica propia, si lo tuviesen;
4) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la
pretensión;
5) Los fundamentos de hecho;
6) Los fundamentos de derecho;
7) Las pruebas instrumentales pertinentes;
8) El comprobante del pago de la tasa correspondiente;
9) La garantía conforme a lo señalado en el Artículo 176;
10) Firma del impugnante o de su representante, si lo hubiere;
11) Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la
hubiera; y
12) Autorización de abogado, sólo en los casos de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y siempre que la defensa
sea cautiva en la circunscripción donde se originó el recurso.
Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal deberá resolver de una de las
siguientes formas:
a. En caso de considerar que la resolución impugnada se ajusta a la Ley, al
presente Reglamento y demás normas conexas o complementarias, el Tribunal
declarará infundado el recurso de revisión y confirmará la resolución objeto del
mismo.
b. Cuando en la resolución impugnada se advierta la aplicación indebida o
interpretación errónea de la Ley, del presente Reglamento o demás normas
conexas o complementarias, o en la misma se hubiere apreciado indebidamente o
probado insuficientemente los actos impugnados, el Tribunal declarará fundado el
recurso de revisión y revocará la resolución impugnada.
c. Si el acto o los actos impugnados están directamente vinculados a la
evaluación de las propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, el Tribunal
además efectuará el análisis pertinente sobre el fondo del asunto y otorgará la
Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior
impugnación administrativa a dicho otorgamiento.
d. Cuando se contravengan las normas de un debido proceso, se infrinjan las
formas sustanciales en los actos practicados o se incurra en las demás causales
de nulidad previstas en el Artículo 57 de la Ley, de tal modo que no se pueda
resolver sobre el fondo del asunto, el Tribunal declarará nula la resolución
recurrida, en virtud del recurso interpuesto o de causales detectadas en el
expediente, siendo irrelevante que se pronuncie sobre el petitorio. En este caso,
el Tribunal determinará claramente el estado al que se retrotrae el proceso de
selección.
e. Cuando el recurso de revisión infrinja los requisitos de admisibilidad o
procedencia, el Tribunal lo declarará inadmisible o improcedente, según
corresponda.
f. Cuando el Tribunal declare infundado o improcedente el recurso de revisión,
ordenará la ejecución de la garantía referida en el Artículo 176.
Las Resoluciones del Tribunal que interpreten de modo expreso y con carácter
general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento, constituirán
precedente de observancia obligatoria, el cual será determinado clara y
expresamente en las referidas resoluciones, las mismas que deberán ser
publicadas en el diario oficial El Peruano. Los precedentes de observancia
obligatoria conservarán su vigencia mientras no sean modificados por el Tribunal o
por norma legal o reglamentaria.
La interposición de un recurso impugnativo suspende el proceso de selección en
la etapa en que se encuentre, según lo previsto en el Artículo 167. Si el proceso
de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos, la
suspensión afectará al ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado formando
parte de un conjunto.
XXIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes pueden establecer en el contrato que cualquier controversia sobre la
ejecución o interpretación de éste deberá solucionarse por conciliación o arbitraje.
Durante el proceso de selección las Entidades están en la obligación de resolver
las solicitudes y reclamaciones que formulen los postores con arreglo a las normas
de esta Ley y del Reglamento. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado constituye la última instancia administrativa y sus resoluciones son de
cumplimiento y precedente administrativo obligatorio.
Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se
resolverán obligatoriamente mediante los procedimientos de conciliación o
arbitraje. Si la conciliación concluyera con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las
partes deberán someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre las diferencias
no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.
El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un Tribunal Arbitral designados
de conformidad a lo que establezca el Reglamento.
XXV. CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO - CONSUCODE
1. CONCEPTO
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE- es un organismo público descentralizado, con personería jurídica
de derecho público, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, creado por
Ley N° 26850.
2. MISION DEL PLIEGO
Resolver en última instancia administrativa, las discrepancias que se produzcan
entre las entidades licitantes o contratantes y los postores o contratistas de obras
públicas, a nivel nacional.
Administrar el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas, a fin de
garantizar la idoneidad técnica y económica de los que contratan la ejecución de
obras públicas.
Velar por el cumplimiento de la legislación normativa de los procedimientos de
licitación y contratación de obras públicas.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
2.1 Generales
Oportunidad y eficacia de los pronunciamientos del Tribunal
respecto a las discrepancias que se produzcan entre las entidades licitantes o
contratantes y los postores o contratistas de obras públicas, a nivel nacional.
Participación institucional en el proceso de modernización de
las adquisiciones y contrataciones del Estado
Atención y calificación de expedientes en el Registro Nacional
de Contratistas dentro de los plazos más breves.
2.2 Parciales
Garantizar que los pronunciamientos emitidos por el Tribunal
se dicten acorde a la normatividad de la obra pública en el momento oportuno.
Apoyar en el manejo de la Gestión Institucional para mejorar
la calidad y oportunidad de los servicios.
Garantizar el pago de las pensiones, beneficios y otros.
Formular y recomendar mejoras en la legislación materia de
competencia del CONSUCODE.
Brindar una mejor atención rápida y oportuna a los usuarios
2.3 Específicos
1. Optimizar el tiempo requerido para informar al Tribunal los
Expedientes y Consultas.
2. Sistematizar la legislación y jurisprudencia vinculada a las
Licitaciones y contratos de obras públicas.
3. Actualizar el TUPA.
4. Hacer fácil, rápido y directo el acceso de las partes sobre las etapas
procedimentales del expediente en trámite.
5. Implementar el sistema de notifícación por nota y edicto.
6. Estructurar mecanismos de orientación al usuario.
7. Difusión de la legislación que regula la contratación de obras
públicas.
8. Brindar apoyo administrativo y asesoramiento a la Alta Dirección y
dependencias del CONSUCODE.
9. Cumplir con las normas y los plazos establecidos por los sistemas
administrativos.
10. Otorgar al pensionista, cesante o jubilado los pagos, beneficios y
otros en forma oportuna.
11. Apoyar en el proceso de implementación de las normas que regirán
los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones.
12. Mejorar la automatización del Registro Nacional de Contratistas, lo
que redundará en una mejor y más rápida atención al público usuario.
13. Comunicación permanente del RNC con diferentes Entidades del
Estado para el cruce de información.
3. FUNCIONES
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tiene las
siguientes funciones:
a) Supevisar el debido cumplimiento de la Ley, su Reglamento y demás
normas complementarias, dictando para el efecto resoluciones y pronunciamientos
y, pudiendo requerir información y la participación de las Entidades para la
implementación de las medidas correctivas que disponga;
b) Elaborar Directivas de Orientación sobre las materias de su competencia;
c) Administrar el Registro Nacional de Contratistas y el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado
d) Absolver las consultas sobre las materias de su competencia;
e) Pronunciarse sobre observaciones a las bases de los procesos de
selección;
f) Dictar normas complementarias respecto a los registros que administra, de
acuerdo a la ley y reglamento, así como los criterios de calificación.
g) Brindar servicios de administración de procedimientos de conciliación y/o
arbitraje, pudiendo designar a los conciliadores o árbitros correspondientes,
cuando así lo decidan las partes y en los casos previstos en la normativa de la
materia;
h) Designar al árbitro o miembro del Tribunal Arbitral, ante la rebeldía de
alguna de las partes en cumplir con dicha designación;
i) Aplicar sanciones a los postores y contratistas que contravengan las
disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias;
j) Pronunciarse, en última instancia administrativa, sobre las controversias
entre los postores o los contratistas y las Entidades sometidas a su competencia
conforme a la Ley y su Reglamento;
k) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos
en que detecte indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad
detectados en el ejercicio de las funciones en las Entidades.
l) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros el perfeccionamiento de
la normativa materia de su competencia;
m) Conducir la cobranza de sus acreencias, de manera directa o a través de
terceros;
n) Ejecutar coactivamente sus acreencias, directamente o mediante la
celebración de convenios de encargo de cobranza; y
o) Las demás que le asigne la normativa.
4. ORGANIZACIÒN
Presidencia del CONSUCODE: Es el órgano de mayor nivel jerárquico de la
Institución y está a cargo del Presidente, quien es el Titular del Pliego
Presupuestario, la máxima autoridad administrativa de la Institución y ejerce la
representación legal de la misma. Es nombrado por Resolución Suprema,
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de tres años
renovable.
El Presidente ejerce funciones jurisdiccionales únicamente en reemplazo de
un Vocal del Tribunal, en cuyo caso ejerce la presidencia del Tribunal.
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado: Es el órgano
encargado de resolver, en última instancia administrativa, las controversias que
surjan entre las Entidades y los postores durante el proceso de selección, así
como de aplicar las sanciones de suspensión o inhabilitación a proveedores,
postores y contratistas por infracción de las disposiciones de la Ley, su
Reglamento y demás normas complementarias. Se organiza en Salas, las cuales
están conformadas por tres Vocales. Estos serán nombrados mediante Resolución
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de
tres años renovable.
El número de Salas se establecerá por Decreto Supremo, refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Gerencia de Auditoría Interna: Es el órgano encargado del control interno
posterior de la gestión del CONSUCODE, en función de los lineamientos de
políticas, planes y programas institucionales y en armonía con las disposiciones
del Sistema Nacional de Control.
Secretaría General: Es el órgano encargado de conducir la administración
documentaria, el Archivo Central y la Biblioteca. Está a cargo de un Secretario
General y depende directamente de la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Administración y Finanzas: Es el órgano responsable de la
operación y funcionamiento de los sistemas administrativos. Está a cargo de un
Gerente y depende directamente de la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación: Es el órgano
encargado de planificar, organizar, dirigir y evaluar la ejecución de los planes, del
proceso presupuestario de la Institución, así como de las actividades de
cooperación técnica, nacional e internacional. Está a cargo de un Gerente y
depende directamente de la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Asesoría Jurídica: Es el órgano encargado de brindar
asesoramiento legal a los órganos del CONSUCODE en materia de administración
y gestión de la Institución. Asimismo, tiene a su cargo el patrocinio de la Institución
ante todo tipo de instancias administrativas, judiciales, arbitrales y otras de
solución de controversias. Está a cargo de un Gerente y depende directamente de
la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Sistemas: Es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir y
evaluar el uso y aplicación racional en la Institución de las tecnologías de
información vigentes. Está a cargo de un Gerente y depende directamente de la
Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Capacitación e Informaciones: Es el órgano encargado de la
capacitación externa, de la generación y mantenimiento de las relaciones
institucionales tanto internas como externas, así como de la permanente
proyección de la imagen institucional en el ámbito interno y externo. Está a cargo
de un Gerente y depende directamente de la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia Técnico Normativa: Es el órgano encargado de brindar asesoría de
carácter técnico y legal a los usuarios del sistema en materia de adquisiciones y
contrataciones del Estado, monitorear los procesos de selección, y sistematizar los
pronunciamientos emitidos por la Institución en el ámbito de su competencia. Está
a cargo de un Gerente y depende directamente de la Presidencia del
CONSUCODE.
Gerencia de Conciliación y Arbitraje: Es el órgano encargado de proporcionar
apoyo en los servicios de conciliación y arbitraje. Está a cargo de un Gerente y
depende directamente de la Presidencia del CONSUCODE.
Gerencia de Registros: Es el órgano encargado de administrar y mantener
actualizados el Registro Nacional de Contratistas y el Registro de Inhabilitados
para Contratar con el Estado. Está a cargo de un Gerente y depende directamente
de la Presidencia del CONSUCODE.
Celia Lira Ubidia
Universidad San Martin de Porres – Lima
LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Aportado por: Celia Lira Ubidia -

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Ubidia Celia Lira. (2003, octubre 20). Teoría de los contratos públicos y administrativos. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-contratos-publicos-y-administrativos/
Ubidia, Celia Lira. "Teoría de los contratos públicos y administrativos". GestioPolis. 20 octubre 2003. Web. <https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-contratos-publicos-y-administrativos/>.
Ubidia, Celia Lira. "Teoría de los contratos públicos y administrativos". GestioPolis. octubre 20, 2003. Consultado el 20 de Abril de 2018. https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-contratos-publicos-y-administrativos/.
Ubidia, Celia Lira. Teoría de los contratos públicos y administrativos [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-contratos-publicos-y-administrativos/> [Citado el 20 de Abril de 2018].
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