Actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción. En el caso peruano uno de los casos emblemáticos de trascendencia actual es el referido al caso Odebrecht, donde denuncias de corrupción afectan a las gestiones de varios gobiernos y a diversos ex candidatos presidenciales, durante campañas electorales anteriores. Veamos un proyecto de ley presentado recientemente en el Perú que plantea un emponderamiento de la Contraloría General de la República, para sancionar casos de corrupción.
Recientemente, el contralor general de la República, Nelson Shack, presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el Informe de Gestión y proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, con la finalidad de asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control gubernamental.
La iniciativa legal propone la modificación de los artículos 9, 22, 42, 43, 45, 46, 56 y 57 de la Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y plantea 120 días hábiles para ejecutar la reforma institucional.
En ese sentido, propone que la Contraloría apruebe su estructura orgánica, el reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su modernización.
Durante los 120 días hábiles de plazo, la Contraloría no estará comprendida en los alcances de la Ley N°30057- Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias.
Entre las principales modificaciones se propone la transferencia de recursos durante el mes de enero del 2018, para el financiamiento de la incorporación progresiva de los Órganos de Control Institucional (OCI) a favor de la Contraloría, de tal manera que exista una verdadera independencia y objetividad en la labor del auditor. Cabe señalar que en la actualidad los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo.
El proyecto de ley plantea además ampliar la competencia a la Contraloría General de la República para suspender y vacar a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los Gobiernos Regionales; así como a los alcaldes y regidores de los Gobiernos Locales, de incurrir en infracciones graves o muy graves.
Shack Yalta manifestó que en la actualidad, las autoridades elegidas por votación popular se encuentran exceptuadas de responsabilidad administrativa, por ello, explicó la necesidad de una reforma legal que amplíe la competencia de sanción de la Contraloría en esta materia.
Indicó, en ese sentido, que constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional el incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades; incurrir en acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios éticos; realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento; así como incurrir en acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de la función.
De igual forma, manifestó, que la Contraloría planteará fijar en 50 Unidades Impositivas Tributarias – UIT – (S/ 202,500) la multa, según la gravedad de la infracción cometida, cuando los funcionarios o servidores públicos incurran en irregularidades al ejercicio del control.
Sobre el mencionado proyecto de ley debo indicar que en principio me encuentro de acuerdo, aun cuando mantengo ciertas dudas sobre la idoneidad, transparencia e imparcialidad de las acciones de control, así como su eficacia y eficiencia, dado que considero que uno de los pilares de una gestión eficiente y eficaz de toda organización pública es el contar con recursos humanos idóneos y cuya alta dirección no obedezca a intereses de grupos de poder o políticos.
En consecuencia podemos concluir que la corrupción debe de ser combatida frontalmente en toda sociedad para crear un clima de negocios favorable para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, para así contribuir al desarrollo de los países en el mundo, pero las medidas a tomarse tienen que ser oportunas y debidamente planificadas, y cualquier emponderamiento de una organización que contribuya a combatir la corrupción debe de ir acompañada de un cambio estructural que garantice que ésta cuente con cuadros técnicos y directivos competentes que no obedezcan a intereses de grupos de poder o políticos, para asegurar su independencia, transparencia e idoneidad.
