Con la llegada del Capitalismo Financiero en el último cuarto del siglo pasado, cuando los cuantiosos excedentes de la industria acumulados durante un siglo, se trasladaron al sector terciario de la economía y probablemente en manos de otros propietarios diferentes a la generación de empresarios que lo acumuló con arduo trabajo y mucha dedicación, fuertes cambios han ocurrido en la política fiscal de los países pobres que ha traído consecuencias funestas en la estabilidad social y la calidad de vida de los pueblos. El Estado ha dejado de ser el ente que se inspiró en el pensamiento burgués del siglo 18, cuando se concibió con funciones derivadas del racionalismo burgués, que en todo caso consideraba las clases populares y el conglomerado social en su conjunto, como una de las razones de existir.
Hoy el Estado de los países latinoamericanos se ha convertido en simple recaudador de impuestos, pero no como se pensó en aquella época, para administrar los bienes públicos y contribuir a la redistribución del ingreso, sino para atender el gran negocio que ha construido el Capitalismo Rentista en esta fase histórica del sistema económico. El gran negocio de quienes heredaron los grandes capitales del siglo pasado y el de las formas postmodernas de negocio como los fondos mutuales de inversión, que ha sido posible gracias al avance de la microelectrónica, es colocar el capital comprando papeles de renta fija emitidos por el gobierno, que es un deudor que siempre paga cumplido sus obligaciones.
Ahora no le permiten al Estado financiar el faltante de ingresos, que el poco ingreso tributario le ocasiona, con préstamos bancarios, y mucho menos se le permite, emitir dinero para cubrir el déficit. Hoy el capitalismo financiero internacional, a través del FMI y el Banco Mundial, obliga a los países pobres a vender las empresas estatales rentables para pagar las viejas deudas y a conseguir los fondos que completen las necesidades colocando nuevos papeles de inversión en los mercados de capitales que operan de manera globalizada abriendo las puertas a la especulación. Crear nuevas deudas con la colocación en el mercado de capitales de nuevos papeles de inversión, para con ese dinero pagar las viejas deudas de los papeles colocados en años anteriores. Abrir un hueco para tapar otro, con el agravante de que la nueva deuda está incrementada con el valor de los intereses de la vieja deuda, haciendo un espiral geométrico interminable.
Anteriormente, los Estados cobraban impuestos y con ese dinero cumplían las funciones de básicas de administrar lo público y financiar la política social, que era la manera de proteger a los pobres. Hoy la gente, después de haber pagado los impuestos, debe adquirir los bienes públicos en el mercado pagando la tarifa que las empresas privadas cobran a precios que son rentables para ellas pero duros para el pueblo. Y en política social, el Estado a duras penas aporta un subsidio que cubre parcialmente el costo de los satisfactores de las necesidades básicas del pueblo. No puede hacer nada más, porque el dinero de los impuestos está destinado al servicio de la deuda, es decir a quedar bien con el negocio de los agiotistas y especuladores internacionales del dinero, para que estos tengan buenas ganancias en su negocio. Ganancias que el mismo Estado protege con la política antiinflacionario que evita la disminución del poder adquisitivo de la renta fija de los papeles de inversión.
Cualquier situación de riesgo en el presupuesto del gobierno, que constituya amenaza para atender cumplido el flujo del servicio de la deuda, es intervenida con la debida antelación, como se está viendo en Colombia con la venta del 20 % del patrimonio de la empresa oficial petrolera Ecopetrol, con el fin de evitar que una pérdida en actividades de exploración o perforación que ella debe hacer para no quedar rezagada, afecte el presupuesto nacional que debe dedicar su prioridad al servicio de la deuda. En esto ha quedado reducida la política fiscal de los países latinoamericanos.
