México ha carecido de un sistema de seguridad social que asegure a los campesinos una jubilación digna. Los jóvenes han seguido abandonando el campo; y las remesas de dinero de los jóvenes a las personas que han permanecido en el campo se han convertido en un factor muy importante de los ingresos rurales. Por otra parte, no se han creado mecanismos que brinden seguridad e ingreso a unos campesinos de avanzada edad que se aferran a su propiedad para enfrentar la vejez. El traspaso de las tierras de una generación a la siguiente, condición para acelerar los cambios técnicos y consolidar la organización de los productores, así como para atraer al campo a una proporción de jóvenes emprendedores, no ha contado con el apoyo público que la habría hecho posible.
En la misma situación quedó la reforma institucional. La reforma constitucional creó instituciones como los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, pero al igual que en la mayoría de las instituciones de promoción y fomento, permanecieron sin movimientos, quedándose en un estado de reposo.
Antecedentes
Podemos definir la política agropecuaria como “…el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el estado en materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico del campo.” (López, 2013)
En México, la política agropecuaria también conocida como agraria, está conformada por la política agrícola, la política ganadera, y la política pesquera, estas conforman el motor del desarrollo económico de el país y son fundamentales en el medio rural.
Actualmente “México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria…” (Unidas) desgraciadamente desde 1982 hasta el presente comprende un proceso de liberación.
Después de la culminación de la revolución mexicana, al establecer las políticas que regirían nuestro país, establecen las políticas Agrarias y la distribución de la tierra, de la cual emana la reforma agraria y la postura agrarista, mientras algunos solo se preocupaban de la distribución de las tierras, para otros era más importante la producción de las tierras, misma idea que compartía Francisco I. Madero Presidente Revolucionario, la gran problemita surge con la confianza de los mexicanos en que nunca se agotaría la extensión de tierra.
La reforma agraria en México fue vista desde un punto de vista a largo plazo, ya que las reformas aplicada y reestructuradas no lograron el objetivo que se tenía previsto ,ya que lo podemos observar actualmente, nuestros campesinos mexicanos viven en pobreza extrema.
Actualmente la Agricultura y…” su participación en el PIB nacional, que es de apenas 4%,…” Si se considera la producción agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplica sobradamente, superando 9%” cifras reveladas por la ONG. (Unidas)
El crecimiento de la población, el sector rural reformado quedo devastado ya que no se contemplo el crecimiento de la población, estamos hablando que en 1990 el porcentaje era menor en un 50%, y de esta población solo unos pocos se dedicaban al campo.
La política agraria busca la mejora de la vida del campesino, y de sus familias, nacen los ejidos y las pequeñas propiedades pero eso ya no era suficiente, la población incremento y se tenía que buscar una reestructuración de las tierras.
Política Agropecuaria
Las reformas políticas en especial al marco jurídico que se presentaron surgieron como una innovación a el sector agrario ya que buscaba estructurar todas esa variables que no se contemplaron en un principio , como lo es el desarrollo rural, adecuación a el marco jurdico,canalización selectiva de recursos a productores de bajos ingresos, apoyos compatibles con estabilidad macroeconómica e integración gradual de la economía, reducción de la deformación en las cadenas productivas ,tienen como base la promoción de una nueva ley agraria que sonaba muy prometedora.
Se pone fin al reparto agrario en 1915 eliminándose fracciones de el artículo 27 de la constitución “los núcleos de población que carezcan de tierras o aguas o no las tenga en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrán derecho a que se les dote de ellas” (Art.27 de La constitucion )
La obediencia al Gobierno reformado tenía un fuerte apoyo en la ley agraria. Las tierras que se entregaban en provecho permanecían como propiedad de la nación por concesión a una empresa, las cuales eran el ejido o la comunidad. El ejido, un ente poderoso de personalidad jurídica, asamblea de socios y autoridades representativas, era la autoridad pública encargada de vigilar el cumplimiento de la concesión. Las parcelas que se entregaban para disfrute personal a los ejidatarios quedaban inmovilizas a condiciones particulares muy restrictivas:
En primera instancia hablaba de que la tierra debía ser cultivada personalmente por el titular, no podía mantenerse inactiva, venderse, alquilarse ni usarse como garantía; no podía ser quitado a una persona, pero podía ser heredada por un sucesor escogido por el propietario siempre que no hubiese sido dividida. El incumplimiento de estas condiciones implicaba castigos que revocaban sin compensación los derechos de satisfacción de la parcela y la pertenencia al ejido.
Las dependencias agrarias del gobierno eran las únicas con la facultad de convocar a la asamblea ejidal, claro siempre y cuando un fuera validada por funcionarios públicos posterior tomaba las decisiones principales sobre casos como cuando ocurría una privación de derechos agrarios, pertenecía a la autoridad agraria federal asignar tales derechos a otro solicitante de tierras.
La producción de autoconsumo aportaba no sólo seguridad de alimentación al pueblo sino también libertad para continuar con sus hábitos tradicionales. Importante era el ingreso financiero obtenido sobre todo por la generación de empleos; pero la proporción de los alimentos comprados con lo que les pagaban era mínima y menor de la que se obtenía con el autoconsumo: la reforma agraria había cumplido aparentemente su propósito aparentemente.
Las tierras competentes para el cultivo fueron escaseando y cada vez se tenía menos rendimiento; ello se debía a la falta de humedad, al excesivo número de tierras en pendiente, a la vulnerabilidad a las plagas, y a riesgos relacionados con la incorporación de tierras marginales. En el presupuesto de los productores campesinos, la parque que les tocaba de los alimentos de autoconsumo bajo referente al gasto monetario. Se agregaron a la lista de gastos fertilizantes e insecticidas que compensaban la pérdida de fertilidad de las tierras; herramientas, gastos por transportes, medicinas, bienes y servicios que se lograban en el mercado.
La producción agropecuaria había descendido en todo el mundo; durante el siglo XX los precios constantes de los alimentos bajaron un 50 por ciento. Las nuevas tecnologías asociadas a la revolución verde ofrecían «milagrosos» incrementos en los rendimientos a cambio de inversiones muy altas. Sólo los países más ricos pudieron cubrir esos costos mediante subsidios enormes, que distorsionaron los mercados globales. Entre 1960 y 2000 los precios reales de los alimentos descendieron un 40 por ciento, y la disponibilidad de alimentos per cápita creció casi un 20 por ciento.
Quedaba probado que la profecía maltusiana que habla de “…el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética…” (Diaz).Por esta razón, de no intervenir obstáculos represivos (hambre, guerras, pestes, etc.) podría tener consecuencias mayores como la escasez de vida humana.
Las frecuentadas crisis económicas nacionales hicieron que redujese el intervencionismo público y que los inversionistas privados se retirasen del sector primario. El campo mexicano se descapitalizó y la pobreza extrema se concentró en él. Desde 1965 el crecimiento del producto agropecuario fue en promedio inferior al aumento de la población nacional y, en algunos años, fue incluso inferior al aumento de la población rural. A pesar de los cambios en la estructura de la producción agraria, el suministro nacional de alimentos registró un déficit.
La importancia relativa de las exportaciones agropecuarias en la balanza comercial ha disminuido, Desde los 70’s, en promedio cerca de la tercera parte del consumo aparente de granos básicos se ha cubierto con importaciones en vez de producirlos nosotros mismos. A fines del siglo XX un poco más de la quinta parte de la fuerza de trabajo nacional dedicada a la producción agropecuaria aportaba apenas un 5 por ciento del producto interno bruto: esta cifra refleja la pobreza de los trabajadores del campo, la aguda desigualdad existente en el sector rural, y la situación marginal del sector rural en la economía y la política nacionales.
El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un consenso suficiente, aunque distante de la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el atraso y la marginación. La primera etapa ese proyecto de reorientación de largo alcance fue la reforma del artículo 27 Constitucional en materia agraria, así como las leyes reglamentarias derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992, y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y, lo que era más importante, de una reforma institucional que no sólo era complemento sino condición de la reforma integral de gran alcance. La reforma quedó inconclusa; sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la reforma produjo efectos positivos que conviene analizar.
El reparto agrario, entendido como una obligación del Estado, había cumplido su propósito después de 75 años. El ejido, sociedad de propietarios de tierras, permaneció como sujeto jurídico de la propiedad social. A través de la decisión mayoritaria de sus socios, reunidos en asamblea con facultades especiales, el ejido podía vender la tierra de uso común, arrendarla, aportarla como capital a una sociedad mercantil, usarla como garantía hipotecaria, o decidir su explotación colectiva. El ejido podía incluso disolverse o adoptar la forma de una comunidad agraria con objeto de conseguir una mayor protección.
Desde 1992, el crecimiento de la producción agropecuaria ha sido equivalente al crecimiento de la población, que ha descendido al 1,5 por ciento anual. El índice de crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza. Las exportaciones agropecuarias han crecido aceleradamente aprovechando las ventajas proporcionadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La producción nacional de cereales y plantas oleaginosas no ha descendido aunque su estructura se ha modificado a causa del abandono de los cultivos no competitivos.
El capital privado externo o de otros sectores no se ha invertido en gran escala en la producción agropecuaria debido a la falta de incentivos, y los porcentajes de ganancia no han resultado atractivos. La privatización abusiva y el restablecimiento de los latifundios por las grandes empresas no han tenido lugar. Se crearon unas diez empresas agropecuarias mercantiles, que no prosperaron; dos de ellas se asociaron a distintas formas de propiedad. La privatización de las tierras ejidales ha sido inferior al 1 por ciento de las tierras de propiedad social. Las tierras privatizadas se han incorporado casi siempre al sector urbano en desarrollo, del cual los ejidos han obtenido enormes plusvalías.
La transmisión de los derechos ejidales, no siempre registrada a pesar de su carácter legal, parece haber aumentado ligeramente. En una situación de mayor seguridad, ha habido señales de un modesto proceso de capitalización que los propietarios rurales sociales o privados han llevado a cabo con sus propios ahorros.
Aparentemente, el mercado de tierras no ha conocido progresos. Para que ese mercado tuviese auge habría sido necesario poner un término a los títulos y registros de propiedad no fiables. Desde 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) ha expedido a los ejidos y a cada uno de los parceleros unos certificados que son conformes a los requisitos de calidad jurídica y cartográfica. Hasta el año 2000, el Programa había logrado la certificación de casi el 80 por ciento de los ejidos del país, pero a nivel regional los progresos seguían siendo desiguales.
Registro Agrario Nacional, otra institución creada por la reforma, ha conseguido apoyar con firmeza el mercado de tierras. Sin embargo, los registros públicos estatales de la propiedad rústica privada han sido menos eficaces que los registros de la propiedad social federal, y no han podido dar fiabilidad a sus escrituras. La falta de financiamiento ha sido uno de los problemas que ha entorpecido la formación de un mercado de tierras. El sistema financiero bancario privado no ha operado en el campo, y el sistema financiero bancario público ha sido desmantelado con objeto de su ulterior reorganización. El financiamiento, una de las condiciones de una reforma rural de gran alcance, ha estado ausente del proceso reformista.
El sistema de financiamiento público rural, que técnicamente estaba en quiebra, fue desmantelado para ser reorganizado posteriormente; este proceso aún no ha culminado. El aparato institucional y su burocracia no han seguido el ritmo de las nuevas normas legales ni se han adaptado al espíritu de la reforma. Persiste un centralismo de carácter autoritario y paternalista.
Conclusión
Aún no es posible hacer un balance de una reforma muy reciente, afectada por una crisis económica profunda y por la alternancia política del Gobierno. La reforma presenta signos alentadores pero no está exenta de incertidumbre y señales de alarma. Los conflictos agrarios han sido menos frecuentes e intensos, aunque persisten focos aislados de riesgo en regiones indígenas, donde los conflictos se utilizan como instrumento para la satisfacción de otras demandas. Aparentemente se ha detenido el deterioro económico del sector agropecuario, aunque su crecimiento ha sido modesto e insuficiente para compensar los atrasos acumulados. Los ingresos y el nivel de vida de la mayor parte de los sectores más pobres del campo no han disminuido, aunque las aspiraciones y las expectativas creadas por las reformas distan de haberse realizado.
Hay desaliento, confusión e incertidumbre entre los productores rurales; y pese a la movilización reciente de las organizaciones rurales, las instituciones públicas se han mostrado indiferentes o ineficaces al atender sus peticiones.
En la opinión y en los debates sobre cuestiones nacionales, el campo no ha tenido prioridad; los partidos políticos no han formulado propuestas claras y alternativas posibles, y la opinión sólo ha reaccionado ante desastres o enfrentamientos. El debate legislativo sobre el campo ha sido escaso, y ha omitido considerar el problema central: sin un auténtico desarrollo rural sostenible que combata la pobreza y el atraso no podrá haber en México un progreso económico y democrático. Las soluciones de mediano plazo sólo serán posibles si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas que pongan fin a una reforma inconclusa y quizá imperfecta. El campo se encuentra rezagado y aumenta las protestas encabezadas por los campesinos y productores.
Necesitamos una política agropecuaria que ayude de manera tangible y de raíz la reducción de la pobreza que se vive en el medio rural, fortalecer la seguridad alimentaria, necesitamos una verdadera transformación agropecuaria en todo el país. Se requiere urgente una verdadera política agropecuaria que mejore los precios al consumidor y las ganancias para los productores.
Los Ejes más importantes que deben cubrirse:
- Respaldo a los pequeños productores
- Incrementar la disponibilidad de fertilizantes mexicanos
- Incrementar el riego en todo el país
- Mayor crédito y servicios financieros para el campo
- Sincronizar la oferta y demanda de productos agropecuarios
- Contar con un moderno marco legal para el sector.
Bibliografía
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- López, R. L. (2013). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Gaceta Parlamentaria, Número 3870-II,.
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- Simpson, E.N. 1952. El ejido, única salida para México. Problemas agrícolas e industriales de México, IV (4): octubre-diciembre. México, D.F.
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