Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú

  • Economía
  • 21 minutos de lectura
42 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
A partir de mediados de los años 1990, el Gobier-
no optó por promover la inversión privada median-
te la privatización y concesión de los servicios pú-
blicos y de la infraestructura de transporte de uso
blico. El objetivo fue ampliar la cobertura y me-
jorar la calidad de los servicios, debido a la inca-
pacidad del sectorblico para atender las inver-
siones y el mantenimiento adecuado de la infraes-
tructura. Lamentablemente, la convicción de pro-
mover la participación privada en este ámbito no
se mantuvo firme y las metas planteadas estuvie-
ron lejos de cumplirse.
Hoy, la brecha de infraestructura supera los US$ 23
mil millones y es altamente concentrada fuera de
Lima, precisamente donde el Estado es el principal
operador de la infraestructura pública. Transcurridos
diez años de las principales concesiones en servicios
blicos y del nuevo marco regulatorio, resulta de
gran utilidad evaluar la situación, particularmente las
dificultades encontradas, de tal manera que sea po-
sible plantear las principales líneas de acción que
fortalezcan y profundicen el desarrollo de la infraes-
tructura y la provisión de los servicios públicos. En
ese sentido, los temas elegidos para ser analizados
en esta investigación han sido el marco regulatorio,
las tarifas y la situación de los servicios públicos y la
infraestructura.
Marco regulatorio: diagnóstico y
propuestas
En agosto de 2004 se publi la Ley N° 28337, me-
diante la cual se modifica la Ley Marco de los Orga-
nismos Reguladores de la Inversión Privada. Los prin-
cipales cambios estuvieron relacionados con la con-
formación del Consejo Directivo y con la participa-
ción de los usuarios en los reguladores. Si bien lo
anterior muestra un importante avance en cuanto a
criteriocnico y transparencia, persisten algunos in-
convenientes que se exploran en las siguientes líneas.
Las decisiones de los Consejos Directivos y de los Tri-
bunales de Solución de Controversias pueden ser tra-
badas interponiendo acciones ante el Poder Judicial,
lo que introduce una mayor dilación en el ámbito re-
gulatorio y un riesgo asociado a que los jueces no es-
Roberto Urrunaga y José Luis Bonifaz CIUP
Líneas de acción para el desarrollo de la infraestructura y la
provisión de servicios blicos a través de la inversión privada1
1/ El presente es un resumen del documento Regulación y parti-
cipación del sector privado en servicios públicos e infraestruc-
tura de transporte elaborado por los autores en el marco del
Proyecto Elecciones Perú 2006, cuyo objetivo es elevar el nivel
del debate electoral y brindar opciones de política para el go-
bierno 2006-2011. El proyecto cuenta con la participación del
Acuerdo Nacional, la Asociación Civil Transparencia, el CIES,
el Instituto de Defensa Legal, el JNE y Propuesta Ciudadana.
Podrá descargar la versión completa de este estudio en http://
www.consorcio.org/eleccionesperu2006/
«La autonomía presupuestal de
los reguladores se ha visto
mermada por normas de
austeridad que, en algunos
casos, dificultan una gestión
eficiente»
Brecha de infraestructura. Supera los US$ 23 mil millones.
Foto CIES
43Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
n preparados para resolver un tema cnico en las
materias de competencia y regulación de los servicios
blicos, pues solo conocen de aspectos vinculados
al derecho administrativo. Esta situación podría mejo-
rarse, si se determinara que el Poder Judicial solamen-
te pueda pronunciarse sobre la forma y no sobre el
fondo de los procesos regulatorios y de controversias.
De esta manera, las resoluciones serían declaradas
inaplicables, siempre y cuando se demostrase que no
se han seguido los debidos procesos.
La autonoa presupuestal de los reguladores se ha
visto mermada por normas de austeridad que, en al-
gunos casos, dificultan una gestión eficiente porque
afectan sus decisiones para contratar y para capaci-
tar a sus funcionarios. Estas medidas resultan incluso
más incomprensibles, si se considera que la gestión
de los reguladores no involucra transferencia de re-
cursos alguna de parte del tesoro público. Ante esta
situación, se propone eximir a los reguladores de las
medidas de austeridad y concederles, en materia pre-
supuestal, un trato similar al que tienen los organis-
mos constitucionalmente autónomos. Todo ello debe
ir acompañado de la exigencia de la máxima trans-
parencia posible en sus actos.
La existencia de empresas públicas que operan infra-
estructura de usoblico y que prestan servicios pú-
blicos ha generado problemas regulatorios y ha esta-
do acompañada por presiones políticas ejercidas a
través del Congreso y otras instituciones públicas, así
como por la falta de contratos de explotación o con-
cesión. Todo ello ocasiona que las labores de los re-
guladores se vean fuertemente obstaculizadas e in-
clusive limitadas, en tanto las potenciales sanciones
no tienen los efectos esperados. Al respecto, las vías
de solución a estos problemas esn relacionadas con
el logro de una mayor participación del sector priva-
do y el establecimiento de contratos de explotación
con las empresas públicas, ya que en la medida que
estos contratos incorporen cláusulas tarifarias (por
ejemplo, de esndares de calidad de los servicios o
de infracciones y sanciones), la regulación se hará
efectiva en la pctica.
Según los reguladores, la Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales les asigna las competencias en mate-
ria de servicios públicos e infraestructura de manera
poco clara, por lo que existen potenciales conflictos
de competencia. Para superar una posible duplici-
dad de funciones, es necesario establecer un marco
institucional apropiado que permita mecanismos de
coordinación y ayuda entre los reguladores y los go-
biernos regionales.
Durante los últimos años se ha presentado un eleva-
domero de modificaciones a los contratos de con-
cesión; en algunos casos, casi inmediatamente des-
pués de su firma. Una explicación de ello se encuen-
tra en los errores en el diseño de las cláusulas regula-
torias en los contratos, en parte, como consecuencia
de la natural inexperiencia inicial y de la no partici-
pación de los reguladores en el diseño de los contra-
tos. La experiencia adquirida y la incorporación de
los reguladores en la revisión y opinión de los con-
tratos antes de su firma debería aminorar este incon-
veniente, aunque debe precisarse que la opinión de
los reguladores no es vinculante.
De otro lado, la licitación basada en mayor retribu-
ción al Estado maximiza los ingresos que este recibe
en el corto plazo, pero no asegura la provisión de los
servicios en la calidad adecuada y a costos razona-
bles. Por ello y por su impacto negativo en las tarifas,
este tipo de licitaciones debe evitarse. En su lugar,
esta variable debea fijarse desde las bases de la con-
cesión. De todos modos, el Gobierno obtend nue-
vas fuentes de recursos a partir de la recaudación de
impuestos y de los pagos de retribución de las em-
presas concesionarias2. Una alternativa es licitar a la
«De otro lado, la licitación
basada en mayor retribución al
Estado maximiza los ingresos
que este recibe en el corto
plazo, pero no asegura la
provisión de los servicios en la
calidad adecuada y a costos
razonables»
2/ Estos últimos podrían definirse como pagos por el alquiler de la
infraestructura, en cuyo caso podrían establecerse como un
monto fijo en lugar de un porcentaje de los ingresos brutos (como
es actualmente).
Organismos reguladores. Se recomienda concederles mayor autonomía
presupuestal.
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menor tarifa, aunque para evitar que los postores se
comporten estragicamente y luego busquen rene-
gociar, podría establecerse un rango de tarifas (míni-
ma y xima); de igualar varios postores en la tarifa
mínima, podría utilizarse como segunda variable de
competencia el ofrecimiento de los mejores estánda-
res de servicio. Otra alternativa es la utilización del
método de menor valor presente de los ingresos.
La actual política determina compromisos de inver-
sión a partir de la fijación de montos de inversión,
determinación de obras concretas, fijación de fechas
específicas o, peor aún, de todas ellas. Esto puede
afectar de manera significativa la eficiencia en la pres-
tación de los servicios, en la medida que no conside-
ra la demanda y que puede resultar en un innecesa-
rio encarecimiento de las tarifas. En lugar de incluir
compromisos de inversión en los contratos de con-
cesión, se recomienda establecer el cumplimiento
obligatorio de indicadores de servicio (de cantidad y
calidad) para dar mayor libertad de acción a los con-
cesionarios y así mejorar su eficiencia. En todo caso,
si fuese indispensable incluir compromisos de inver-
sión (por ejemplo, por consideraciones políticas que
hagan viable las concesiones), se recomienda que se
asocien a la demanda; es decir, que se activen una
vez que se alcancen determinados indicadores que
midan la utilización de la infraestructura o el servi-
cioblico por parte de los usuarios.
Tarifas: diagnóstico sectorial
No todo servicioblico regulado requiere una fija-
ción de sus tarifas. El regulador, alternativamente,
puede permitir el acceso regulado de otros provee-
dores que compitan con el operador principal; de esta
manera, las tarifas se determinan por el mercado. En
función de lo anterior, la determinación de tarifas
debería circunscribirse a los servicios regulados en
los que no sea posible el acceso de algún otro pro-
veedor, sea por motivos tecnológicos, contractuales,
de eficiencia ecomica o de otra índole.
En el caso de la infraestructura de transporte, existen
temas importantes en cuanto a las principales tarifas
que aplica actualmente el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, las que hasta 2008 están fijadas por el
Contrato de Concesión y luego las determina el Or-
ganismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público (Ositran). Entre estos te-
mas destacan: 1) la discriminación en contra de las
aeronaves de mayor peso, pues la tarifa por tonelada
es mayor para los rangos de mayores pesos; y 2) el
tratamiento diferenciado para los vuelos internaciona-
les, cuyas tarifas son pcticamente el triple que las
correspondientes para los vuelos nacionales, y la cláu-
sula según la cual el 20% de los ingresos por el cobro
a los pasajeros en vuelos internacionales debe transfe-
rirse a CORPAC, sin que exista alguna contrapresta-
ción por ello, lo que encarece la tarifa al usuario final.
En el caso de la infraestructura terrestre, los peajes y
los derechos de uso de vía rrea, así como sus me-
canismos de ajuste o indexación, están fijados por
los respectivos contratos de concesión; mientras que
los peajes y derechos de uso de vía rrea de las in-
fraestructuras no concesionadas no son determina-
dos ni supervisados por Ositran, sino por el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En este
ámbito existen también distorsiones; por ejemplo, el
hecho de que las vías administradas por PROAS
cuenten con peajes subsidiados fijados por el MTC,
los que no alcanzan siquiera para cubrir los gastos
de operación y mantenimiento. Por ello, cuando se
realiza la concesión de alguna carretera, normalmente
se establece un cronograma de incrementos en los
peajes para hacerla rentable, lo que genera el males-
tar de la población, que asocia participación privada
con encarecimiento.
El ámbito portuario no es ajeno a esta problemática.
Así, por ejemplo, se han presentado algunos inconve-
nientes en el Puerto de Matarani y en los puertos ad-
ministrados por la Empresa Nacional de Puertos (Ena-
pu). En el primer caso, el contrato de concesión esta-
bleció una distorsión en las tarifas ximas que de-
«la determinación de tarifas
debería circunscribirse a los
servicios regulados en los que
no sea posible el acceso de
algún otro proveedor…»
Licitaciones. Se sugiere no licitar con el criterio de mayor retribución
al Estado.
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45Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
an regir durante los primeros 5 años (hasta agosto
de 2004), al introducir un tratamiento diferenciado al
interior de la carga fraccionada3: US$ 7 por tonelada
métrica en general y 50% de dicho valor para alimen-
tos, harina de pescado y abonos. Como quiera que un
principio tarifario fundamental es la no discriminación
y que el propio contrato de concesión lo plantea en
su cláusula 7.1, Ositran tuvo que corregir esta distor-
sión a partir de agosto de 2004: estableció una sola
tarifa máxima (US$ 3,50 por tonelada métrica), lo que
fue apelado por el concesionario.
En el caso de la infraestructura eléctrica, la Ley de
Concesiones Eléctricas describe las metodologías que
se deben emplear para obtener los precios máximos
de generación, transmisión y distribución de electri-
cidad. Además, la ley designa al Organismo Supervi-
sor de la Inversión en Energía (Osinerg) como el ór-
gano regulador encargado de fijar las tarifas aplican-
do dichas metodologías. La mencionada norma fue
modificada en diciembre de 2004, de manera que se
introdujeron cambios solo en el mercado regulado,
variando el procedimiento para la fijación de la tari-
fa en barra (ase el gráfico 1).
Las modificaciones introducidas generan mayor es-
tabilidad en los precios y mejoran la predictibilidad
de los supuestos que realizan las empresas para efec-
tuar sus inversiones de corto plazo. De esta forma, se
reducen los errores en las estimaciones que se reali-
cen sobre el comportamiento del mercado eléctrico,
un problema que se venía presentado con mucha re-
gularidad en el pasado, tanto por el lado de la pro-
yección de la demanda como por el de la oferta. Esto
contribuirá a que los inversionistas tengan mayor pre-
dictibilidad sobre el futuro de los precios y, así, se
logren las garantías necesarias para sentar las bases
para atraer capitales destinados a la construcción de
nuevas centrales eléctricas que puedan aprovechar
el gas natural. No obstante, a pesar de los avances
recién descritos, queda pendiente la introducción de
una mayor competencia, que permita una reducción
en las tarifas de generación.
El sistema tarifario del sector saneamiento está defini-
do en el Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y tiene como objetivo la aprobación
de fórmulas tarifarias, las que contienen la forma de
lculo y los parámetros para determinar los reajustes
de las tarifas de las Entidades Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS) para un período de cinco años.
Sin embargo, a la fecha, solo 6 EPS cuentan con fór-
mulas tarifarias aprobadas; mientras que otras 14 adi-
cionales cuentan con metas anuales que datan del año
1999, lo cual debilita la capacidad del regulador (Su-
perintendencia Nacional de Servicios de Saneamien-
to-Sunass) para llevar adelante un control de calidad
en función de las metas de inversión.
Por su parte, la regulación tarifaria a empresas públi-
cas ha tenido diversos problemas de aplicación. El
Gráfico 1
Lima: evolución de la tarifa en barra
3/ Se refiere a la carga sólida que es movilizada embalada, en sa-
cos, bultos, paquetes o suelta.
Fuente: Osinerg
Elaboración propia.
EPS. Solo seis cuentan con fórmulas tarifarias aprobadas.
Foto CIES
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46 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
principal problema es que los alcaldes, mediante la
Junta de Accionistas de las EPS, son quienes aprue-
ban y aplican las fórmulas tarifarias determinadas por
la Sunass. Es decir, a pesar de que el directorio de las
EPS lleva a cabo el proceso de regulación según las
normas del sector y somete a la Sunass sus fórmulas
tarifarias, el alcalde es quien tiene la última palabra.
Como dicho cargo responde a motivaciones políti-
cas, se tiene el incentivo para no elevar tarifas, lo
que a su vez limita la capacidad de financiamiento
de las EPS para ampliar la cobertura de los servicios.
Finalmente, en el caso de la regulación de las tarifas
de telecomunicaciones, los principales temas de dis-
cusión esn relacionados con la regulación de los
precios en los cargos de terminación en redes de ser-
vicios viles, que hasta hace poco correspondían a
un mercado en libre competencia, y la aplicación del
factor de productividad. Por su parte, el mercado de
telefonía móvil aún es un mercado en competencia,
con un potencial de crecimiento durante los próxi-
mos años (véase el cuadro 1).
Recomendaciones respecto de la
regulación tarifaria
A continuación se presentan algunas propuestas frente
a los principales problemas en materia de regulación
tarifaria. Sobre los ajustes en tarifas: los incrementos
tarifarios han estado vinculados al cumplimiento de
inversiones más que a mejoras en la calidad del ser-
vicio. Por ello, se propone ligar estos aumentos a
mejoras en la infraestructura y no al cumplimiento
de inversiones, ya que estas no redundan necesaria-
mente en mejoras en la calidad del servicio.
En cuanto a las tarifas al inicio de la concesión, en
algunos casos, estas han estado subsidiadas. Por ello,
se debe asegurar que las tarifas previas a la conce-
sión cubran, al menos, los costos de operación y
mantenimiento para cada uno de los servicios, y evi-
tar así el problema que posteriormente podría gene-
rar la aplicación de tarifas con subsidios cruzados
implícitos.
Algunos contratos de concesión no han especificado
las metodologías de fijación tarifaria con claridad, lo
cual perjudica la predictibilidad del regulador en la
metodología de fijación tarifaria. Para subsanar esta
omisión, el organismo responsable debe informar
sobre la metodología de fijación tarifaria con la de-
bida anticipación y evitar cambios injustificados.
Respecto de la autoridad de la Sunass para fijar tari-
fas, se propone introducir una modificación a la Ley
General de Servicios de Saneamiento para que otor-
gue autoridad tarifaria a la Sunass en la fijación de la
tarifa de agua y alcantarillado en las EPS municipa-
les. En otras palabras, debe otorgársele carácter man-
datorio a las tarifas aprobadas por la Sunass, como
ocurre con el resto de los organismos reguladores de
servicios públicos.
Por último, se deben introducir mecanismos, que do-
ten de mayor transparencia a la gestión de las enti-
dades prestadoras, diferentes a los de las audiencias
blicas actuales.
Servicios públicos e infraestructura
Como se ha mencionado, el Perú presenta un gran
ficit de infraestructura que genera importantes so-
brecostos. Según estimados del IPE
4, el sector de in-
fraestructura de transporte es el que presenta mayo-
res necesidades, con una brecha que asciende a US$
7.684 millones; le sigue el sector de energía y gas,
4/ Instituto Peruano de Economía (IPE), Asociación de Empresas
Privadas de Servicios Públicos (Adepsep) (2005). La infraestruc-
tura que necesita el Pe: brecha de inversión en infraestructura
de serviciosblicos. Lima: IPE, Adepsep.
Cuadro 1
Cargos de interconexión telefónica: fijo-móvil
Período Tarifa tope Tarifa tope
(US$/sg) (Soles/min)
Primer semestre 2004 0,0067 1,398
Segundo semestre 2004 0,0061 1,248
Primer semestre 2005 0,0049 1,020
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunica-
ciones (Osiptel)
Tarifas aprobadas por la Sunass. Deben tener carácter mandatorio.
Foto CIES
47Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
cio eléctrico (6,5 millones de habitantes). En las zo-
nas rurales, esta situación es particularmente grave,
puesto que únicamente el 32% de la población en
dichas áreas posee suministro eléctrico.
Finalmente, en el sector de telecomunicaciones es
importante destacar que en la mayoría de países de la
región, incluido el Pe, se ha observado un estanca-
miento en la evolución de los indicadores de telefonía
fija y, a su vez, un crecimiento en los servicios móvi-
les, superando desde 2001 a la telefonía fija. En cuan-
to al ámbito rural, un análisis elaborado por el Fondo
de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) señala que
de las 188 provincias del Pe, 138 tienen una pene-
tración de teléfonos públicos menor a uno por cada
500 habitantes. El estudio estima que para obtener una
penetración de un teléfonoblico por cada 300 ha-
bitantes, faltarían un total de 13.662 aparatos. Aun-
que los resultados antes descritos, como señala Fitel,
son teóricos, por lo menos, brindan una referencia de
la demanda que queda aún por atender.
Con el fin de superar progresivamente esta carencia
de infraestructura en diversos sectores, se debe in-
centivar una mayor participación privada. Asimismo,
en el plano académico, se deben invertir recursos en
realizar estudios específicos sobre la evolución del
bienestar y de la pobreza y su relación con la infra-
estructura y la provisión de los servicios públicos.
Principales opciones de política en
servicios públicos e infraestructura
Para ayudar a cerrar la brecha de infraestructura y
disminuir los sobrecostos, se debe propiciar una ma-
yor participación privada, lo que supone priorizar las
concesiones, principalmente de infraestructura de
transporte, de los servicios de saneamiento y de ge-
neración y distribución eléctrica; así como estimular
las asociaciones público-privadas, allí donde no sea
posible otorgar concesiones.
con US$ 5.943 millones; luego, el sector de teleco-
municaciones, con requerimientos por US$ 4.633
millones; y, finalmente, el sector saneamiento, con
US$ 4.619 millones (ase el cuadro 2).
«Con el fin de superar
progresivamente esta carencia
de infraestructura en diversos
sectores, se debe incentivar una
mayor participación privada»
Cuadro 2
Resumen de brecha de inversión
Sector Brecha 2005
(US$ millones)
Transportes 7.684
Red vial 6.829
Puertos 695
Aeropuertos 143
Ferrocarriles 17
Saneamiento 4.619
Urbano 4.182
Rural 437
Energía y Gas 5.943
Electricidad 5.523
Ampliación de cobertura 1.316
Infraestructura de transmisión 228
Ampliación de capacidad instalada 3.979
Gas natural 420
Telecomunicaciones 4.633
Telefonía fija 1.184
Telefonía móvil 3.449
Total 22.879
Fuente: IPE 2005
La brecha en la infraestructura de transporte corres-
ponde a los requerimientos de inversión para aten-
der la demanda de corto plazo y, a su vez, superar
las deficiencias existentes. En el caso del resto de sec-
tores, la brecha de inversión se define en función de
los niveles de cobertura de los servicios públicos que
existen en Chile y/o Colombia.
En el caso del sector eléctrico, al año 2004, el 24%
de la población nacional carecía de acceso al servi-
Brecha en infraestructura de transporte. Asciende a US$ 7.684 millones.
Foto CIES
48 Econoa y Sociedad 59, CIES, marzo 2006
La priorización de los fondos públicos ha seguido
criterios políticos y no técnicos, ran por la cual se
propone priorizar y presupuestar los recursos que re-
quieren las asociaciones público-privadas sobre la
base de la evaluación de indicadores socioeconómi-
cos y no políticos.
Existen casos en los que se introducen algunas res-
tricciones de acceso a otros operadores que, en la
práctica, impiden la competencia. Con el objetivo
de limitar esta situación, se propone contemplar, de
manera previa a cada concesión, la realización de
un estudio sobre las condiciones de competencia
existentes y sobre la estructura de mercado que se
quiere desarrollar. Asimismo, se deberá facilitar el
acceso a diversos operadores en los casos que se haya
optado por el esquema de competencia.
La especificación de las inversiones, ya sea de su
monto, del plazo en el que deben ser realizadas o de
las obras que deben efectuarse, es perjudicial por-
que resta flexibilidad al concesionario. Sin embargo,
los esndares de servicio que deberá cumplir el con-
cesionario, sí se deberán establecer en el contrato.
Asimismo, de modo meramente referencial, el con-
trato deberá contemplar las inversiones que se esti-
man necesarias para alcanzar los estándares de ser-
vicio que se fijen. Así como, describir las mejoras en
los esndares de servicio o inversiones espeficas
asociadas a niveles de demanda.
En cuanto a la ampliación de la vigencia de las con-
cesiones, se plantea reducir la discrecionalidad del
regulador y del concedente, y generar los incentivos
adecuados para un mejor desempeño del concesio-
nario, a través de la definición de los indicadores que
deben alcanzarse para obtener la ampliación de la
vigencia de la concesión. A manera de ejemplo, po-
drían determinarse estándares de servicio por enci-
ma de los mínimos establecidos para la vigencia ori-
ginal de la concesión.
Vigencia de las concesiones. Se plantea reducir la discrecionalidad del
regulador y del concedente.
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Económica Y Social (CIES) Consorcio de Investigación. (2006, junio 1). Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú". GestioPolis. 1 junio 2006. Web. <https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/>.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú". GestioPolis. junio 1, 2006. Consultado el 20 de Junio de 2018. https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/> [Citado el 20 de Junio de 2018].
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