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Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú

  • Economía
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A partir de mediados de los años 1990, el Gobierno optó por promover la inversión privada mediante la privatización y concesión de los servicios públicos y de la infraestructura de transporte de uso público.

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El objetivo fue ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, debido a la incapacidad del sector público para atender las inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura. Lamentablemente, la convicción de promover la participación privada en este ámbito no se mantuvo firme y las metas planteadas estuvieron lejos de cumplirse.

Hoy, la brecha de infraestructura supera los US$ 23 mil millones y está altamente concentrada fuera de Lima, precisamente donde el Estado es el principal operador de la infraestructura pública. Transcurridos diez años de las principales concesiones en servicios públicos y del nuevo marco regulatorio, resulta de gran utilidad evaluar la situación, particularmente las dificultades encontradas, de tal manera que sea posible plantear las principales líneas de acción que fortalezcan y profundicen el desarrollo de la infraestructura y la provisión de los servicios públicos. En ese sentido, los temas elegidos para ser analizados en esta investigación han sido el marco regulatorio, las tarifas y la situación de los servicios públicos y la infraestructura.

Marco regulatorio: diagnóstico y propuestas

En agosto de 2004 se publicó la Ley N° 28337, mediante la cual se modifica la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada. Los principales cambios estuvieron relacionados con la conformación del Consejo Directivo y con la participación
de los usuarios en los reguladores. Si bien lo anterior muestra un importante avance en cuanto a criterio técnico y transparencia, persisten algunos inconvenientes que se exploran en las siguientes líneas.

Las decisiones de los Consejos Directivos y de los Tribunales de Solución de Controversias pueden ser trabadas interponiendo acciones ante el Poder Judicial, lo que introduce una mayor dilación en el ámbito regulatorio y un riesgo asociado a que los jueces no están preparados para resolver un tema técnico en las materias de competencia y regulación de los servicios públicos, pues solo conocen de aspectos vinculados al derecho administrativo. Esta situación podría mejorarse, si se determinara que el Poder Judicial solamente pueda pronunciarse sobre la forma y no sobre el fondo de los procesos regulatorios y de controversias. De esta manera, las resoluciones serían declaradas inaplicables, siempre y cuando se demostrase que no se han seguido los debidos procesos.

La autonomía presupuestal de los reguladores se ha visto mermada por normas de austeridad que, en algunos casos, dificultan una gestión eficiente porque afectan sus decisiones para contratar y para capacitar a sus funcionarios. Estas medidas resultan incluso más incomprensibles, si se considera que la gestión de los reguladores no involucra transferencia de recursos alguna de parte del tesoro público. Ante esta situación, se propone eximir a los reguladores de las medidas de austeridad y concederles, en materia presupuestal, un trato similar al que tienen los organismos constitucionalmente autónomos. Todo ello debe ir acompañado de la exigencia de la máxima transparencia posible en sus actos.

La existencia de empresas públicas que operan infraestructura de uso público y que prestan servicios públicos ha generado problemas regulatorios y ha estado acompañada por presiones políticas ejercidas a través del Congreso y otras instituciones públicas, así como por la falta de contratos de explotación o concesión.

Todo ello ocasiona que las labores de los reguladores se vean fuertemente obstaculizadas e inclusive limitadas, en tanto las potenciales sanciones no tienen los efectos esperados. Al respecto, las vías de solución a estos problemas están relacionadas con el logro de una mayor participación del sector privado y el establecimiento de contratos de explotación con las empresas públicas, ya que en la medida que estos contratos incorporen cláusulas tarifarias (por ejemplo, de estándares de calidad de los servicios o de infracciones y sanciones), la regulación se hará efectiva en la práctica.

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Económica Y Social (CIES) Consorcio de Investigación. (2006, junio 1). Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú". GestioPolis. 1 junio 2006. Web. <https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/>.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú". GestioPolis. junio 1, 2006. Consultado el 16 de Julio de 2019. https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. Infraestructura y servicios públicos a través de inversión privada en Perú [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/infraestructura-servicios-publicos-inversion-privada-en-peru/> [Citado el 16 de Julio de 2019].
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