Evaluación cuantitativa de los riesgos ECR

La Evaluación Cuantitativa de los Riesgos, en lo adelante denominada “ECR”, pretende determinar el número de personas que pueden enfermarse o fallecer como consecuencia de un riesgo en particular.

Éstos deberían ser los mejores momentos para un profesional de la Consultoría en Gerencia de Riesgos. Soy un asesor profesional especializado en gerencia de riesgos, profesión que está rápidamente adquiriendo gran importancia en todo el mundo, particularmente en el más desarrollado. Una de las razones que apuntalan la importancia de la creciente demanda de profesionales en riesgos tiene que ver, en gran medida, con la naturaleza de los riesgos de la salud y el siempre cambiante medio ambiente que, hoy por hoy, confrontamos.

Antes, no necesitábamos realizar evaluaciones de riesgos previas, con un consecuente plan de acción para remediar situaciones adversas como las especificadas, cuando los ríos estaban sumidos en llamas. La nueva generación de amenazas ambientales, por lo general clasificadas como “no muy serias”, son mucho más difíciles de medir y eliminar. Cuando los químicos tóxicos son dispersados en un campo abierto durante varias décadas y algunos de dichos químicos parecen permear a la tierra hasta alcanzar las fuentes subterráneas de agua potable, surgen las preguntas de rigor.

En primer lugar, ¿debería limpiarse el campo contaminado? Y, en segundo término, y si así fuere, ¿hasta dónde deberían llegar las acciones de recuperación ambiental de la zona afectada? Cuando el aire de una fábrica contiene carcinógenos potenciales, ¿se verían los empresarios en la posibilidad de reestructurar drásticamente a sus Empresas y a un mayor costo?

La Evaluación Cuantitativa de los Riesgos intenta proveer de información a los legisladores, en especial a los estadounidenses — esto no es excluyente a nación alguna, para que éstos respondan, racionalmente, a las interrogantes antes formuladas.

La Evaluación Cuantitativa de los Riesgos, pretende determinar el número de personas que pueden enfermarse o fallecer como consecuencia de un riesgo en particular. Esta metodología también pretende determinar cuántos ahorros, en términos de recursos humanos y económicos, se podrían producir con su implementación.

La “ECR” es una disciplina joven, que data desde hace unos 17 años.

En sus comienzos, los asesores de riesgos recibimos un sinnúmero de críticas de la izquierda del espectro político. A lo largo del tiempo, la noción del valor de salvar vidas humanas podría ser, en alguna medida, cuantificado y comparado con los costos de regulación oficial, lo que representaba un anatema para muchos interesados en el interés público. En años más recientes, esta actitud ha cambiado y se ha llegado a pensar que el establecimiento de estos valores, relativamente nuevos, no son inmorales (aun cuando estableciéndoles un costo muy bajo, sí podría serlo).

El más increíble y reciente acontecimiento ha sido la importancia que la derecha le ha conferido a la Estimación Cuantitativa de Riesgos (“ECR”) en los Estados Unidos y, en especial, por la llamada “Reforma Reguladora”, cuyas provisiones centrales estaban contempladas en el “Contrato Republicano con América”. Por las legislaciones pasadas por la Casa de Representantes, el Senado habrá de imprimirle una importancia de gran escala y sin precedentes a la evaluación de los riesgos. De hecho, cada nueva regulación relativa a la salud o ambiente, en esa nación, deberá contar con la certificación del “ECR”. Estoy a favor de crear una mayor demanda de los asesores de riesgos, siempre y cuando las previsiones presupuestarias necesarias y correspondientes se realicen en cualquiera que sea el país del mundo.

¿Por qué, entonces, pienso que éste es el peor momento para ser un asesor de riesgo en los Estados Unidos como ejemplo? La respuesta es que el Congreso de ese país está tratando de reducir los presupuestos de las agencias gubernamentales que practican la “ECR”, tales como la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida en inglés con la denominación y siglas < > (“OSHA”), respectivamente, y la Agencia de Protección Ambiental (“EPA”). No obstante, aún tiene mayor relevancia el gran repudio que, a su manera, el Congreso, las Academias y los medios de comunicación han dispensado a la “ECR” . Algunas reformas se basan sobre el mito de que la actual evaluación de riesgos utiliza métodos qué exageran los riesgos, con un alto costo para la sociedad. En mi opinión, la evaluación de los riesgos corre el peligro que se le omita el otorgamiento de certificación de disciplina científica. A veces, los asesores en gerencia de riesgos se sienten como químicos que consideran que su campo profesional finalmente iba a ser formalmente reconocido para luego descubrir, en la práctica, que el gobierno, en realidad, se estaba preparando para imponer a la alquimia como una ciencia de estado.

La idea de que la evaluación de riesgos sea exageradamente conservadora apareció por primera vez, hace una década, en algunos artículos académicos, con títulos como los siguientes: “Los Peligros de la Prudencia: ¿Cómo las Estimaciones Conservadoras Distorsionan a las Regulaciones Legales?”. Muchas figuras públicas han adoptado esta posición. Stephen Breyer, ahora Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, en su libro “Rompiendo al Círculo Vicioso”, editado en 1993, argumenta que hay un deseo público irracional de temerle a lo peor y que los estimadores de riesgos aúpan a ese temor. Él concluye su obra señalando que muchos de los riesgos grandes, conforme a las estimaciones del gobierno, son en realidad “risiblemente pequeños”. En otro pasaje de su obra, como ejemplo, Breyer narra la historia de una compañía de New Hampshire que ha sido ordenada, por instrucciones directas de la “EPA”, a desembolsar 9 millones de dólares para limpiar un “sitio de desechos”, a objeto de que los niños puedan “comer, ahí, tierra por 245 días al año”, aún cuando el lugar referido es, por definición práctica, un pantano.

Muchos en el Congreso estadounidense creen que anécdotas como éstas son correctas e ilustrativas. En respaldo a la reforma legal de la ley que el Sr. Breyer, Senador Bob Dole, Senador J. Bennett Johnston (demócrata por Louisiana) arguyen que “las agencias federales del presente no están usando una “buena ciencia” y que sus regulaciones son desastrosas”. La Ley Dole-Jonhston, al igual que la sancionada con anterioridad por el Congreso, resolvería los problemas planteados, a través del establecimiento de un marco de trabajo para los asesores de riesgos sobre como estimar dichos riesgos. Los procedimientos “conservadores” antes aludidos, que hoy día utilizamos, serán reemplazados por aquellos que coadyuven a alcanzar el “mejor estimado”. Consecuentemente, esto implica que los reguladores sólo se concentrarán en los riesgos a los que una “persona promedio” está expuesta. Según la modificación a la ley ya explicada, de igual modo habría que calibrar diferentes teorías en cuanto a la evaluación de los riesgos, procurando promediar los resultados en conjunto (no obstante, que la Ley tiene como mandato escoger a la teoría más “plausible”, sin importar que los resultados obtenidos estén, en la realidad, por debajo del promedio).

La generación del “mejor” o del más “plausible” estimado de riesgo aparenta ser, en principio, el resultado del sentido común que todos debemos proponernos seguir.

¿Es éste realmente el propósito? Para decidirse, Ud. necesita contestar dos preguntas que los críticos de la actual “ECR” se harían. Primero, ¿cuál es la evidencia a evaluar, aparte de la anécdota del Juez Breyer, de que los estimados de los riesgos de hoy se sesgan hacia una metodología excesivamente conservadora? En segundo plano, si los estimados de riesgos están realmente sesgados hacia una metodología conservadora, la difícil solución al serio problema social que se requiere es compatible con el estimado verdaderamente “mejor”?

Vamos a abordar a la primera interrogante. Los insto a que pensemos acerca de cuál es el significado de proteger a la “persona promedio” del “riesgo promedio”. En lo que a riesgos concierne, la gran mayoría de los individuos no son el promedio, variando su grado de exposición a los riesgos notablemente, así como en su susceptibilidad a la contaminación (tal como podría variarse el peso del cuerpo). ¿Dirían Uds. que una escalera para una persona de 63 kilogramos es la “mejor”, mientras otra podría soportar a una persona de 90 kilogramos se le consideraría como un ejemplo fútil y parcializado hacia una actitud de que “es mejor estar seguro que estar lamentando los imponderados?.” La respuesta a esto es probablemente “NO”. Empero, cuando la OSHA calcula el riesgo de un trabajador que labora en la misma industria y respira los mismos contaminantes por un lapso de 40 años, quizá el doble del promedio nacional de Estados Unidos, entonces se le acusa de aplicar una “mala ciencia”. Por lo tanto la “EPA”, cuando evalúa el riesgo de los pesticidas residuales en los jugos de manzana, bajo la asunción de que los niños son más vulnerables que los adultos y consideran que éstos últimos llegan a beber hasta tres vasos de jugo al día (aún cuando el promedio de la población bebe menos que uno vaso), nosotros diseñamos regulaciones para proteger a la persona promedio, constituyéndose en presunta justificación para el asesor de riesgos, nosotros podríamos dejar de proteger (la salud), adecuadamente, a segmentos numerosos de la población. ¿Estaría esta práctica, de veras, muy comprometida con la “buena ciencia”?

Luego, está la pregunta de cuánto costaría determinar el valor de un “riesgo promedio”. Todos los estimados de riesgos involucran a la incertidumbre.

Por ejemplo, cuando Ud. procura estimar, a partir de estudios de laboratorio y de epidemiología, cuán potente un carcinógeno puede llegar a ser, y partiendo de la premisa de que Ud. es honesto consigo mismo, obtendrá toda una gama de respuestas. Escoger el valor promedio a partir de una gama de resultados no es más científico que la instrumentación de otras alternativas. Todas las escogencias son juicios de valor en lo concerniente a que ellas impactan al equilibrio entre la salud y los costos económicos, infraestimando al riesgo y a los costos de la supraestimación. El proceso de la “escogencia imparcial del promedio”, tal como suena, meramente implica que esos costos son exactamente iguales, lo cual es real y absolutamente una gran parcialidad.

Permítanme explicarme con otra analogía. Suponga que a Ud. le dicen que la cantidad promedio de tiempo que necesita para llegar al aeropuerto desde su casa es de 20 minutos, pero, en la realidad, este trayecto podría tomar de 5 a 80 minutos. Si Ud. prefiriera llegar con 4 minutos de tardanza a su avión, en vez de arribar al aeropuerto con 5 minutos de adelanto, entonces Ud. debe guiarse por el tan llamado “promedio estimado”. Pero para aquellas personas que consideran perder el avión (o permitir que la polución cause decesos innecesarios) como más adverso que esperar por algunos minutos adicionales (o malgastar algún dinero en el extremadamente estricto control de la polución), se requiere un estimado aún más prudente. Los asesores de riesgos tradicionalmente se concentran en el “razonablemente peor escenario”. Ellos procuran darse a si mismos más que una oportunidad de sobrestimar al riesgo con la finalidad de estar razonablemente seguros de que los riesgos no serán subestimados.

Si, en lugar de promediar los variados estimados de riesgos, simplemente optamos por considerar los estimados “plausibles” entre todos, estaríamos en peores condiciones. ¿Cómo decidimos cuál de los dos métodos es el más “plausible”? La respuesta sería, acaso, a través del conocimiento del voto de varios expertos en el área. Supónganse, si se me permite compartir con Uds. otra analogía, que un huracán se aproxima a las costas de Florida, teniendo, por consiguiente, en la balanza dos teorías sobre las posibilidades y las probabilidades del comportamiento de tal movimiento eólico. Un cuarenta por ciento de los expertos reconocidos creen que una tormenta se dirigirá a la costa y desembocaría en la ciudad de Miami, mientras que el otro sesenta por ciento cree que se desvanecería en el océano. En consecuencia, deberíamos decidirnos por la última teoría, ya que es más “plausible”, y, por ende, omitir alertar a la ciudad de Miami.

Bajo esta óptica, la evaluación de los riesgos refleja más que el simple “promedio del riesgo” para “la persona promedio” y que son resultados tanto conservadores como también plausibles, comenzando a procurarse el indispensable sentido común. De hecho, son las bondades del sentido común que nuestra sociedad ha aplicado cuando está confrontada con otros problemas, logrando o el éxito o una gran aproximación a él. Tratamos con amenazas inciertas apoyándonos en la prudencia. Ésta es una de las razones por la cual no había un clamor de condición automática de “ser acertados” en cuanto a la exacta probabilidad de una agresión soviética durante la guerra fría. En cambio, se actuó basados en la posibilidad razonable de que la amenaza sería suficientemente seria para merecer una respuesta realmente onerosa. Reconocemos que los individuos, cada día, varían con respecto a las expectativas del promedio cuando construimos puertas lo suficientemente grandes para personas cada vez más altas y escaleras para personas cada vez más pesadas (sin embargo, no es éste el caso de polarizarnos al otro extremo y, por ejemplo, construir puertas y escaleras para personas de 2,5 metros y 180 kilogramos, respectivamente).

Se le ha dado mucha importancia a la idea de que el “mejor estimado” nos guiará al camino natural de regulaciones “objetivas” o propias al sentido común. Sin embargo, la gran ironía del actual debate es la sorprendente falta de evidencia confiable sobre la cual las evaluaciones de riesgos de hoy día se sesgan hacia una tendencia altamente conservadora. Se ha convertido en un diario quehacer la subestimación de los experimentos con animales, por parte de los asesores de riesgos especializados, a la hora de evaluar carcinógenos presuntivos. Los críticos de los asesores de riesgos dicen que: “se incrementen las dosis de químicos en los ratones de laboratorio” y, por su puesto, veremos cómo la ocurrencia del cáncer es sobrestimada en personas cuyas exposición a tales químicos es mínima.

¿Pero cuál es la realidad fáctica? En 1988, un equipo de científicos en Louisiana trató de investigar, mediante la comparación sistemática de los resultados en los animales estudiados con los mejores análisis disponibles de epidemiología del cáncer, concentrándose ellos en la exposición a carcinógenos en el lugar de trabajo. Los investigadores consideraron a todos los 23 carcinógenos conocidos, incluyendo al benzeno, clorhidrato de vinil y asbestos, análisis para el cual se utilizó una matriz cuantitativa de comparaciones. Estos investigadores concluyeron que, en promedio, el número de decesos humanos pronosticados en función a los estudios practicados a los animales sólo excedía, muy levemente, al nivel real de fallecimientos. Adicionalmente, por el orden de 23 estudios practicados a animales subestimaban los daños perjudiciales, en general, para las personas.

Recientemente, un estudio de 24 casos ha dramáticamente ilustrado lo absurdo de descartar los resultados en las pruebas realizas con animales. En 1990, la OSHA estaba preparada para regular un gas tóxico en una medida al 1,3, para la producción de gomas sintéticas. Los estudios con animales han predicho que los humanos expuestos a este gas tienen 8 probabilidades entre 1.000 de desarrollar cáncer por esta causa (la derivada a la exposición al gas tóxico en cuestión). La OSHA deseaba reducir el límite permitido del gas tóxico de la referencia de 1.000 a 2 unidades de medida. Luego, a comienzos de los noventa, una serie de artículos académicos y editoriales aparecieron denunciando a esta iniciativa gubernamental como excesiva, en base de que los resultados obtenidos con ratones de laboratorios eran irrelevantes para los seres humanos. Para salvaguardar su credibilidad, la industria del plástico continuo los estudios epidemiológicos con sus propios trabajadores, expuestos al gas tóxico antes aludido. Hace algunos meses, los resultados preliminares de los estudios, por cuenta de los industriales, parecen sugerir que su fuerza laboral había desarrollado un nivel de cáncer que era cónsono con los resultados y las predicciones obtenidos a partir de los estudios con animales. Ahora, la industria del plástico, los sindicatos respectivos y la OSHA están exigiendo, con carácter de urgencia, que se decrete una regulación inmediatamente, que permita reducir el nivel del explicado gas tóxico a un 50% menos de la cantidad sugerida en el mejor escenario, representando a la mitad de lo que originalmente fue propuesto. Si se hubieran considerando, hace seis años, los estudios practicados a animales, se hubieran prevenido algunos casos de cáncer.

Para estar seguros en sus prácticas, la mayoría de los asesores de riesgos hacen asunciones que tienden a exagerar los riesgos Por ejemplo, estas personas acostumbran asumir que las unidades expuestas (personas, animales, etc.) están confrontadas con el riesgo de los carcinógenos las 24 horas del día en vez de considerar 8 horas al día. La legislación pendiente permitiría que los tribunales desafíen a cualquier regulación que se fundamente en las asunciones aquí explicadas, con base en que estas asunciones introducen sobre-estimaciones de exposición al riesgo. No obstante, docenas de asunciones están asociadas a la evaluación de riesgos y los críticos tienden a ignorar aquellas asunciones que nos son adversas, sino por el contrario favorables. Por ejemplo, los toxicólogos rutinariamente sacrifican ratones de laboratorio con una edad de 24 meses. Esta edad en los animales a prueba no es compatible (o equivalente) con un ser humano de unos 70 años de edad. El estadístico británico, Richard Peto, ha demostrado que, si ellos esperaran que los animales murieran por causas naturales, llevando la cuenta de todos los tumores producidos por sustancias de prueba, sus estimados de generación de carcinógenos podría crecer exponencialmente.

Después de todo, nadie todavía ha tenido éxito en detectar una parcialidad sistemática en los actuales procedimientos de evaluación de riesgos, salvedad hecha del deseo, no siempre satisfecho, de proteger a las gentes que no están dentro de las aristas de los promedios. Vale decir que estas gentes representan a la gran mayoría de los casos, como ya lo explicara con anterioridad. Algunos de las historias más llamativas acerca de riesgos absurdamente exagerados son, sin duda, ciertas. La evaluación de riesgos es difícil e, incluso, lo es para profesionales maduros y con muy buenas intenciones, que, de vez en cuando, también podrían ser sorprendidos por los resultados obtenidos. En todo caso, la gran mayoría de las anécdotas no arrojan, en la práctica, elementos de información que sirvan para arbitrar fórmulas de precaución. Como ilustración, veamos el caso de “Alar”, el regulador de crecimiento utilizado por los productores de manzanas, quienes se retiraron del mercado en 1989 cuando la Agencia de Protección Ambiental (“EPA”) los sometió a una prohibición. Este caso, en particular, se ha convertido en una acción muy notoria como muestra de lo que representa la sobre-celosa regulación citada. En 1991, un estudio practicado en animales por “Alar”, detectaba que ésta causaba tantos tumores como la “EPA” había asumido y con dosis aún menores.

Asimismo, podría considerarse la fábula de “los niños que no comen tierra en el patio” en New Hampshire De hecho, el sitio de desechos tóxicos no estaba propiamente en el pantano, estaba, más bien, en una tierra al aire libre y suburbanizada. No obstante, la tierra estaba zonificada para ser urbanizada en su momento. Tampoco la “EPA” asumió, como el Sr. Breyer lo implicaba, que “los niños llevaran tierra a sus bocas 245 días al año” cuando entonces terminó ordenando un trabajo especial de rescate ambiental. Se estaba asumiendo que las cantidades de contaminantes encontrarían, inevitablemente, una forma de permear a los niños con sustancias tóxicas contenidas en la tierra con la que estarían jugando. Los estudios de toxicidad sugieren que las cantidades de sustancias nocivas detectadas serían suficiente para poner a los niños en cuestión ante un nivel inaceptable de riesgo. ¿Valió la pena el trabajo de recuperación ecológica con un costo por el orden de 9 millones de dólares, considerando cuán difícil es procurar fondos, hoy día, para un sinnúmero de problemas sociales? No estoy seguro, pero la responsabilidad, si alguna existiere, reposa en las capacidad de respuesta con que nos provea la evaluación de riesgos, y no la respuesta genérica que la ciencia per se nos pueda facilitar.

Obviamente, si la limpieza solamente hubiera costado US$ 9.000, el Juez Breyer no hubiera, presumiblemente, accionado de la manera que lo hizo si se hubiera requerido una suma, más bien, de US$ 9 billones y la “EPA” se hubiera interesado en otros riesgos ambientales. A fin de tomar decisiones comprometidas con la respectiva costo-efectividad, obviamente Ud. necesita conocer los costos y los beneficios de la acción que Ud. está contemplando tomar. El Congreso de los Estados Unidos ahora está considerando la prescripción de una docena de reglamentaciones atinentes a la evaluación de riesgos, sin aludir, en forma alguna, los problemas del análisis del costo propiamente dicho. Sin duda, calcular el costo de la economía de las regulaciones de salud o ambientales es tan difícil como pleno de incertidumbres en la evaluación de los propios riesgos. Por otra parte, la evidencia de que los costos, de facto, son rutinariamente exagerados mucho más contundentemente que la evidencia sobre la vigencia de los riesgos propiamente dichos.

Medir el costo directo que una compañía tiene para cumplir con la regulación es la parte fácil de la evaluación de costos, acción que muchas veces es equivocada por los asesores de riesgos. Los asesores de riesgo, por lo general, están obligados a estimar el preció tecnológico aún antes de que se produzca el requerimiento de instrumentar las correspondientes tecnologías. Es decir, los oferentes de tecnologías han encontrado algunas facilidades para reducir sus precios antes de que los usuarios hayan aprendido a cómo usarla eficientemente o antes de que cada uno de los grupos haya desarrollado formas enteramente nuevas para dar el cumplimiento tecnológico. En ciertos casos, bajo peor escenario, las agencias reguladoras deben, frecuentemente, confiar parcialmente en ingenieros de las compañías reguladas por ellos mismos en cuanto a lo que se refiere a los estimados de costos. Esos ingenieros (empleados) están obviamente contrapuestos a realizar subestimaciones de los costos para sus compañías. Anecdóticamente, las agencias reguladoras tienen la misma aversión: si los costos son sobrestimados, ellos serán menos vulnerables en un tribunal para accionar sobre las bases de haber incorrectamente declarado una regulación económicamente factible.

Por todas estas razones, los costos directos tienden a ser sobrestimados cuando son, por primera vez, implementados. Como ejemplo, uno de los más onerosos programas de la “EPA” involucra el control de emisiones de óxido de nitrógeno provenientes de fábricas y plantas eléctricas. Los fabricantes de los equipos de control de emisiones recientemente reportaron de que ahora cuesta entre un quinto y un medio la cantidad que los reguladores inicialmente habían estimado. En un estudio exhaustivo muy reciente, la ahora extinta “Oficina de Evaluación Tecnológica” de los Estados Unidos examinó los costos de siete programas medulares de regulación bajo mandato de la OSHA. En ningún caso, las compañías han erogado cantidades superiores a las predichas por la OSHA y en cinco de siete casos dichas compañías han gastado sustancialmente menos.

Además, el costo del cumplimiento de las regulaciones sólo es el comienzo de la historia. Cuando la OSHA reguló al clorhidrato de vinil, un carcinógeno utilizado en la producción del plástico, los controles fueron muy costosos, pero ellos se pagaron por si mismos mediante el incremento de la cantidad de productos valiosos recuperados. Cuando se reguló al polvillo de algodón, se controló que existiera una economía de cientos de miles de trabajadores que padecieran enfermedades en los pulmones, al mismo tiempo que se ayudaba a modernizar y revitalizar a la cada vez más declinante industria textil de los Estados Unidos. El caso de “Alar” es otro ejemplo de una mala presentación de un estimado subcalculado. Mientras mucho productores de las manzanas, especializados en dos variedades, dependen al máximo de “Alar”, “Red Delicious” y “McIntosh”, sufrió inclemencias económicas por un número de años antes de su retiro. En consecuencia, agricultores de otras variedades de frutas experimentaron un incremento exponencial en sus ventas. En términos generales, la demanda de los consumidores de manzana, así como la rentabilidad de la respectiva industria, prácticamente se ha duplicado desde que se dejó de utilizar el químico carcinógeno. Las pérdidas incurridas por agricultores no desaparecieron, ya que ésta no es toda la historia. Algunos sectores de una industria regulada puede, en la realidad, beneficiarse de las regulaciones, así como es el caso de otras industrias como la de equipos de control de la polución, la cual no está usualmente enfocada hacia métodos económicos para el análisis de costos.

Los economistas tienen más de dos siglos utilizando esos métodos, pero todavía dichos métodos no son muy prácticos. ¿Por que, entonces, muchos economistas son tan impacientes y desatinados en sus apreciaciones para con los asesores de riesgos? El estudio más reciente en evaluación de riesgos, un esfuerzo realizado por dos expertos a lo largo de tres años, seleccionados por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, arribó a la conclusión de que “los métodos de evaluación de riesgos son fundamentalmente correctos, no obstante las críticas con frecuencias presentadas” Si los miembros del Congreso que ahora están tratando de re-escribir esos métodos por órdenes políticas estuvieren al tanto del estudio antes mencionado, ni siquiera dichos miembros estarían impresionados.

La práctica de la evaluación de los riesgos, como lo mencionara al comienzo, es tan relativamente joven que todavía podría ser severa e injustificadamente desdeñada por un grupo de calificados profesionales de visión enconada (sobre-especializada).

Para realizar evaluaciones de riesgos, uno necesita tener un conocimiento básico acerca de toxicología, química ambiental, estadísticas, fisiología y otros campos de especialización. Los especialistas abundan en la mayoría de cada una de las especialidades, pero ellos tienen graves dificultades comunicándose con sus contrapartes de otras especialidades, pero estos especialistas también tienen dificultad en comunicarse con los especialistas de su propia área, y, entre tanto, los tan necesarios generalistas escasean en demasía. Hay un punto sobre el cual yo estoy de acuerdo con el Juez Breyer, por ejemplo, él sugiere la creación de un grupo altamente profesional y de funcionalidades cruzadas, que se especialice en los riesgos y que se rote a través de las diferentes oficinas regulatorias, el poder judicial, las oficinas del congreso, para ayudar a mejorar el campo de la Evaluación de los Riesgos y que está mejora se compatibilice con las creciente expectativas de la población.

Mientras tanto, no le podemos requerir a la evaluación de riesgos mayor cantidad o calidad de las que nos puede ofrecer, particularmente de caras a la “dinámica de los cambios”, a la aceleración de ésta y al aparentemente súbito arribo del Futuro a nuestro Presente. Sobre todo, no deberíamos pretender la promoción de la llamada “buena ciencia” cuando realmente estamos impulsando a la ideología política, llegando a un punto convergente de que una regulación gubernamental menos, especialmente en donde estén la salud y el medio ambiente involucrados, siempre es un avance. No se trata de que exista algún juego pernicioso con los juicios de valor. En realidad, la evaluación de riesgos puede prescindir de los juicios de valor. Solamente se trata de que esos juicios de valor deben ser explícitos y no permitírseles que actúen como la encubierta de la objetividad. Aquí les ofrezco mis valores, los primeros que me impulsaron hacia esta actividad profesional desde los inicios. Creo que la evaluación de riesgos, tal como es hoy día practicada y continuamente mejorada, puede ayudarnos a proteger nuestra salud y el ambiente más económica y eficientemente, previniéndonos de innecesarias lesiones corporales, enfermedades y la muerte. Opino que cualquier sociedad que se preocupe acerca de cuán importante es salvar una vida o proteger su ecosistema. La genuina y “mejor” evaluación de los riesgos es una práctica que incentiva a que los centros decisiorios sean honestos acerca de las incertidumbres, llevando a efecto medidas inteligentes y humanas para revertir las incertezas.

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Agostini Durand Andres Eloy. (2007, marzo 20). Evaluación cuantitativa de los riesgos ECR. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/evaluacion-cuantitativa-de-los-riesgos-ecr/
Agostini Durand, Andres Eloy. "Evaluación cuantitativa de los riesgos ECR". GestioPolis. 20 marzo 2007. Web. <https://www.gestiopolis.com/evaluacion-cuantitativa-de-los-riesgos-ecr/>.
Agostini Durand, Andres Eloy. "Evaluación cuantitativa de los riesgos ECR". GestioPolis. marzo 20, 2007. Consultado el 14 de Noviembre de 2018. https://www.gestiopolis.com/evaluacion-cuantitativa-de-los-riesgos-ecr/.
Agostini Durand, Andres Eloy. Evaluación cuantitativa de los riesgos ECR [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/evaluacion-cuantitativa-de-los-riesgos-ecr/> [Citado el 14 de Noviembre de 2018].
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