La eficacia está estrechamente vinculada a la transparencia con que actúan nuestros gobiernos, en sus diferentes actos públicos. Si bien es cierto, la ratificación de la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, aprobada en México en diciembre de 2003, constituye el primer instrumento es a partir de allí que se han venido dando un conjunto de medidas anticorrupción para ser aplicadas por cada uno de los países miembros, dando lugar a que se incremente la cooperación internacional en materia de prevención, repatriar activos (lavado de dinero) y en la fiscalización de la corrupción. Un buen sistema de información pública, que abarque a funcionarios como a proveedores y contratistas y a la ciudadanía en general, permitirá contar con una mejor rendición de cuentas públicas transparentes, que conlleve a reducir la corrupción.
Por lo que se hace necesario dar a conocer herramientas útiles, eficaces y transparentes que contribuyan a despertar el interés público del Estado y la Sociedad, generando una corriente ciudadana de rescate de valores, que sirvan de mecanismos para la lucha contra la corrupción, como comentaré brevemente a continuación en orden de importancia.
Las Compras Electrónicas del Estado un avance en la lucha contra la corrupción
En los últimos años se han venido logrando importantes avances en la lucha contra la corrupción, mediante el establecimiento de programas de compras estatales a través de medios electrónicos como las experiencias de Chile, México, Brasil y Perú. Sabemos que en nuestro país, un buen porcentaje del presupuesto del Estado se destina a la compra de bienes y servicios por US$4,000 millones al año, lo que hace más atractivo para los sobornos a políticos y funcionarios públicos de puestos claves, a través del financiamiento de campañas electorales y después los cobran con creces estos aportes.
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Perú – CONSUCODE, con la finalidad de fortalecer la democracia y la gobernabilidad y contribuir con la lucha anticorrupción viene desarrollando el proyecto “Transparencia en las Adquisiciones” con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), consistente en capacitación y promoción de una red de vigilancia ciudadana, además de un sub proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de Reforma y Modernización del Estado, para implementar un sistema de gobierno electrónico para los procesos de contrataciones y adquisiciones. El Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones Estatales (SEACE), se ha constituido como un mecanismo preventivo de actos de corrupción y en una de las más eficaces medidas para promocionar la transparencia; en las contrataciones públicas participan más de 2,700 entidades públicas contratantes y de 50 a 100 mil proveedores, para un total de 600 mil transacciones al año (hoy se benefician 10,300 proveedores).
Asimismo, proporciona información relacionada al Registro de Proveedores, Listado de Entidades Contratantes, difusión de los procesos (Convocatorias, Bases, Absolución de Consultas y Observaciones, Pronunciamientos, Buena Pro), contrataciones sin acto público y con acto público, datos de gran utilidad para una adecuada fiscalización por parte de la ciudadanía, y un mayor número de interesados. Se espera próximamente disponer de un amplio catálogo de productos, con todo esto se contribuirá a obtener información más confiable y adecuada para la celebración de contratos transparentes con el Estado.
CONSUCODE ha celebrado convenios interinstitucionales, 44 convenios con las principales instituciones públicas y gremios privados, en favor de la Seguridad y Transparencia de los Procesos de Contratación.
Incrementará sus vínculos con Entidades como el Congreso de la República (Comisiones de Fiscalización, Economía, ProInversión), la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras, para la promoción y protección del sistema de contratación pública; de igual manera con los gremios empresariales, fomentando la participación de la Sociedad Civil en la supervisión de la Contratación
Pública.
CONSUCODE viene desarrollando un Módulo Web de Menor Cuantía y está en trámite un Convenio de Cooperación con Brasil para obtener “Pregón Electrónico”. Viene impulsando la creación de la RED HEMISFÉRICA DE ENTIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL ESTADO. Su objetivo es consolidar la cultura de transparencia.
Transparencia, Ética y el acceso a la información pública
Generar mayor información permite fortalecer la participación ciudadana como medio de control, favoreciendo no solo el diálogo entre la administración y los ciudadanos sino que contribuye también a asegurar la transparencia de la acción pública, y al desarrollo de una cultura de honestidad.
Se ha logrado importantes avances en materia de transparencia, aprobando leyes de acceso a la información pública con la finalidad de mantener informados a los ciudadanos; la obligatoriedad de los funcionarios públicos de presentar su declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. El Congreso de la República ha logrado importantes avances a nivel del Parlamento y del Estado Peruano, donde hoy en día los ciudadanos pueden participar libremente en algunas decisiones políticas del país, a través de la página Web (www.congreso.gob.pe), convocando a los ciudadanos a participar antes de votar una Ley, con este procedimiento consultivo permite mejorar la calidad en la toma de decisiones, promoviendo la participación ciudadana.
Asimismo, a través del Portal del Estado se permite el acceso a la información y a los servicios que producen las Entidades Públicas (www.peru.gob.pe), mediante una efectiva difusión y descentralización de la información, proporcionando estandarización y transparencia en la información básica de las Instituciones Públicas, estar enlazado con otros Portales, tales como: Portal de Servicios al Ciudadano, Portal de la Comisión Nacional Anticorrupción, Portal de Compras Estatales, Portal de Transparencia Económica, Portal Tributario, entre otros.
La difusión y promoción de los códigos de ética pública, la formación de valores y una buena reforma educativa servirán de mucho, sobre todo en la educación pública mejorando la calidad de esta, teniendo en cuenta el avance tecnológico en cuanto a la informática, el incremento de las horas de estudio para hacerla más competitiva, y asignándole un mayor presupuesto.
El desarrollo de una cultura de transparencia implica acciones concretas de prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito de los contratos del Estado, compartiendo liderazgo y responsabilidades entre los sectores público y privado. Sin embargo, el nivel de divulgación pública en América Latina aún se mantiene bajo en comparación con países donde hay menos índices de corrupción como Finlandia, Canadá, Reino Unido, Japón, Suiza, Estados Unidos, etc.
Decisión política para legislar
Luchar seriamente contra la corrupción en el Perú requiere de la voluntad de partidos políticos e instituciones, y liderazgo estatal, no solo por parte del Ejecutivo, sino principalmente del Poder Judicial y del Congreso, los partidos políticos están incorporando este tema como punto central de sus agendas de gobierno, a fin de asegurar su continuidad en el futuro.
Se está avanzando lentamente en la desregulación, de manera que el exceso de normas deje de ser una fuente de corrupción, para evitar las trabas burocráticas. Es muy importante la actuación decidida de algunos congresistas, al votar las leyes recogiendo la opinión de los ciudadanos.
Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial
Si bien es cierto se creó un subsistema judicial anticorrupción, sus resultados no son muy alentadores, una de sus recomendaciones es que el Presidente de la Corte Suprema y la Fiscal de la Nación colideren la cruzada anticorrupción y formulen propuestas desde adentro, sobre todo para robustecer la labor de jueces y fiscales. Para que los procesos no sean tan lentos, los jueces y fiscales deben cumplir con los plazos procesales bajo responsabilidad, que se concedan ampliaciones de instrucción solo en ocasiones excepcionales, que los magistrados hagan del juicio oral un acto más dinámico, se prioricen las imputaciones más graves, evitando interrogatorios inconducentes y desestimando los testimonios débiles.
Se demanda de una procuraduría anticorrupción autónoma, facultada para participar activamente en las investigaciones y los procesos penales. Las cifras hablan, de 1,500 implicados de los 217 procesos iniciados, solo 58 fueron condenados mediante la emisión de 24 sentencias, mientras que 193 procesos están en trámite. La mayoría de procesos terminados obtuvo sentencias tras 41 meses (3.5 años) de trámite. Una lucha histórica dentro de un proceso democrático, es el proceso que se inició hace casi cinco años contra ministros, congresistas, jueces y fiscales, militares y empresarios, existe un grupo de magistrados que cumple sus funciones de manera idónea y ha emitido fallos y actos procesales importantes. Podemos mencionar, en el caso Alberto Fujimori, tiene 22 procesos abiertos, 16 de ellos por corrupción, 5 por violación de los derechos humanos y uno por rebelión, de estos, 9 se hallan recién en etapa de instrucción, 7 ya recibieron acusación fiscal, otros 5 están listos para iniciar juicio oral. En el caso Vladimiro Montesinos, tiene 72 procesos abiertos, de los cuales ya ha recibido 5 condenas por 15 años de prisión y ha salido absuelto de 4 acusaciones. La sentencia la recibió por la comisión de delitos de peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir en el caso de la compra de medios de comunicación.
Se espera una oportuna y eficaz tutela, y protección Judicial para impedir la impunidad, y que este poder del Estado no se convierta en una traba mas. Buscando la equidad, un nuevo ordenamiento procesal penal, con un nuevo Código Procesal Penal, autonomía e independencia para la designación de Jueces y Fiscales. Actualmente se vienen seleccionando por concurso público y previa capacitación a través de la Academia de la Magistratura.
Actuación de la Contraloría General de la República
La actuación de la Contraloría es fundamental, esta tiene como misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, estando dentro de sus actividades la prevención, monitoreo y seguimiento. Mientras más temprana sea la medición y detección del riesgo identificando las áreas críticas servirá para adoptar acciones de control reduciendo los posibles hechos de corrupción, o que ocurran con menor frecuencia, alertando posibles debilidades. En su afán por incorporar y fortalecer las medidas preventivas de lucha contra la corrupción, a través de políticas acertadas, ha elaborado un proyecto “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional” introduciendo en su ámbito las Veedurías, las mismas que asumirán el papel de asesores de las entidades, sin carácter vinculante en materia de licitaciones públicas y de Contrataciones.
Algunas medidas para regular el financiamiento político
El financiamiento político vinculado a la corrupción representa un peligro para las democracias, urge por ello establecer un marco legal en el cual candidatos y partidos puedan competir en términos equitativos.
Recién se está incorporando alguna legislación pero se enfrenta a una escasez de recursos salvo los países más desarrollados. En los países en vías de desarrollo todavía siguen permitiendo contribuciones de cualquier origen. No obstante ello, ya se está exigiendo para que los partidos y candidatos informen de sus ingresos antes y después de asumir sus cargos.
Participación Ciudadana: Sociedad Civil, medios de comunicación
La lucha anticorrupción apunta a que la ética pública incluya no solo a las administraciones gubernamentales, sino que convoquen al gran aporte de honestidad de los ciudadanos .
Buscando entre otros, generar una fuente de información para los líderes de opinión, representantes académicos de Universidades, autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, sobre el tratamiento y los mecanismos de fortalecimiento del sistema anticorrupción; fortalecer el convencimiento de que las prácticas corruptas son perjudiciales para la democracia, la gobernabilidad, el empleo y la lucha contra la pobreza; comprometer a todos los sectores en participar como alianza estratégica de lucha contra la corrupción: Estado, medios de comunicación, partidos políticos, sociedad civil organizada, universidades, colegios profesionales, Iglesia, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público entre otros.
Aquí debemos destacar, en especial la participación y vigilancia ciudadana sobre las decisiones judiciales cuestionables, a tal punto que lograron que varias de estas se reviertan, como la excarcelación de principales implicados y la prescripción de otros casos importantes.
La participación activa de los medios de comunicación, son un elemento crucial en toda estrategia conducente a hacer cada vez más transparentes las compras y contrataciones del Estado. Los Organismos No Gubernamentales, las redes de la sociedad civil, y como se ha señalado la cooperación de organismos internacionales como Transparencia Internacional están contribuyendo de manera decidida a prevenir la corrupción. También es destacable la colaboración del sector privado actuando como un aliado valioso en el monitoreo de las inversiones públicas.
Pactos de Integridad.
Los pactos de integridad son acuerdos voluntarios, suscritos entre los actores que intervienen en un proceso de contratación pública, para fortalecer la transparencia, la equidad y la probidad en el mismo, para evitar los sobornos; el Estado y los contratistas asumen ciertos compromisos que tienden a garantizar la transparencia de los procesos de selección.
Constituyen un buen marco ético el respeto a los pactos de integridad, de manera que las leyes se hagan cumplir, y sirva de un importante incentivo para la probidad; a la larga significará un cambio de conducta gradual en cualquier proceso por ejemplo en los casos de las licitaciones públicas.
Sabemos que esta lucha no es de un día, es de todos los días, y requiere del esfuerzo conjunto de los diversos sectores involucrados y no solo de modificaciones o reformas normativas.
Estaremos cada uno de nosotros comprometidos, para encaminarlo desde cualquier entidad en que nos encontremos laborando, sobre todo los que pertenecemos a los órganos de control; otros desde el Poder Judicial actuaremos velando por el fortalecimiento de nuestras instituciones, reforzando el control preventivo. Solo así, esa visión distorsionada de la corrupción “si todo el mundo lo hace, por qué no yo”, terminará por erradicarse.
