La economía del manejo de los recursos naturales. La tragedia de los comunes y el teorema de Coase

FICHA TECNICA No. 9
“LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES (GARRET HARDIN)
Y EL TEOREMA DE COASE, UNA VISION ECONOMICA
DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES”
COMPILADO POR:
MARVIN MELGAR CEBALLOS
CONSULTOR ESPECIALISTA EN
PLANIFICACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS.
DEDICADO A:
LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)
BARCENA, VILLA NUEVA, GUATEMALA.
FEBRERO, 2006.
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1. A manera de presentación y resumen ejecutivo
Cuando decidí iniciar la “elaboración” de las “Fichas Técnicas” de la “Escuela
de Planificación Orgánica Evolutiva” (EPOE), considere dos objetivos
específicos:
1. Servir como herramientas de aprendizaje interactivo a personal profesional,
técnico y operativo, con interrelación con la gestión, planificación y manejo de
recursos naturales, biodiversidad y en especial áreas protegidas;
2. Presentar a gestores, planificadores y manejadores, propuestas técnicas que
permitan mejorar, potencializar y maximizar los recursos naturales, biodiversidad y
en especial áreas protegidas. (Fichas Técnicas No. 4, 5 y 6)
La mayoría de las “Fichas Técnica” producidas, se han enmarcado dentro de un
programa que previamente desarrolle, algunas como la Ficha Técnica No. 2 y
No. 8, han surgido en forma espontánea, en el caso de la presente “Ficha
Técnica” (No. 9), tiene como origen la lista “planificada” de temas a tratar dentro
de la Fichas Técnicas de EPOE, pero originalmente la tenía prevista para su
inclusión entre la serie de la 15 a la 20, debido al marco de análisis y reflexión que
conlleva.
Dos variables incidieron en para adelantar la publicación esta primera
ficha técnica, de una serie de tres que tengo prevista publicar (en forma
digital):
Primero: Una recomendación emanada de mi querido colega “Dr. Lothar Mairich”,
el cual a revisar uno de mis estudios técnicos (Propuesta de Compensación
Ambiental para el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier), en sus
sugerencias para readecuar el documento formula algunas preguntas esenciales
¿Quien es Coase?, ¿Qué es la Teoría de Coase?, aunque a mi parecer para el
marco teórico-conceptual de dicho documento responde claramente a una de las
dos interrogantes (Que es la Teoría de Coase), evalué la posibilidad de anticipar
su publicación, debido a que me hizo reflexionar sobre la necesidad de seguir
fundamentado las protestas de Pago de Servicios Ambientales (PSA) y Enfoque
de Compensación Ambiental (CAM).
Segundo: La presente ficha es producto de una serie de readecuaciones, que he
venido desarrollando desde hace dos meses, que ha tenido como producto el
desarrollo de tres diferentes fichas técnicas, que han surgido espontáneamente y
logrando un orden que permitirá fortalecer los conocimiento sobre “economía
ambiental” y en especial posibles aplicaciones para el Pago de Servicios
Ambientales (PSA) y Enfoque de Compensación Ambiental (CAM) dirigido a Áreas
protegidas.
Como indique en el párrafo anterior la presente Ficha Técnica, formara parte de
una serie de tres fichas, que aparecerán en forma continua (No. 9, 10 y 11), en el
caso del presente caso, brindara al lector el marco teórico-conceptual para
comprender los fundamentes económicos y ambientales que pueden sustentar las
propuesta de Pago de Servicios Ambiental (PSA) y Enfoque de Compensación
Ambiental (CAM), la Ficha Técnica No 10 presentara los conceptos prácticos de
la implementación económica-ambiental de “Uso y Sobreuso de Recurso
Suelo” (como enfoque territorial) y la Ficha No. 11 “Pago de Servicios
Ambientales y Enfoque de Compensación Ambiental” (fundamentado en
Teoría de Coase).
La Ficha Técnica No. 9, nace producto de colecta, análisis, compilación y
redacción de una serie de documentos técnicos que me han permitido
fundamentar las propuestas técnicas dirigida a la implementación del “Enfoque
de Compensación Ambiental” (CAM), inicia con la presentación de la tesis del
Biólogo “Garret Hardin” sobre “La Tragedia de los Comunes” que se
fundamento en la propuesta del Dr. Ronald Coase fundador de la “Nueva
Economía Institucional y Ambiental”, para valorar la interacción hombre-
sociedad versus recursos naturales, basado en la externalidades económicas que
en muchas ocasiones no son consideradas al momento de valorar
“financieramente” los bienes, servicios y funciones que los recursos naturales y
biodiversidad presentes en los ecosistemas.
¿Por qué? inicie con “La Tragedia de los Comunes” ya que esta se fundamenta
en las teorías del economista “Ronald Coase”, como especialista en áreas
protegidas y amante de la biología, desee que el lector tuviera primero una óptica
100 % biológica sobre la interacción económica al momento de evaluar los
impactos socio ambientales sobre los recursos naturales, esto es lo que nos
presenta el Biólogo “Garret Hardin”, para posteriormente presentar aspectos más
técnicos (en el ámbito económico), al revisar las teorías, teoremas y postulados
del Dr. Coase.
En forma intencional no presento análisis “personales profundos” (los cuales si
hago en la ficha técnica 10 y 11), con el fin de que los profesionales y técnicos,
puedan en formarse un criterio a partir de parámetros claros, tanto en la redacción,
como compilación trate de omitir las engorrosas discusiones conceptuales basada
en funciones aritméticas y ecuaciones, tratando en muchos de los casos en
adecuarla de manera teórico-conceptual, pudiendo haber cometido algún tipo de
error considerando que aunque no soy “neófito” en económica-ambiental, tampoco
me puedo considerar especialista.
Pero si considero que cualquier “técnico o profesional” que labora en la gestión,
planificación y manejo de recursos naturales, biodiversidad y áreas protegidas,
debe tener nociones básicas del marco ideológico (la tragedia de los comunes) y
teórico-conceptual (Teorema de Coase), que sustentan las tendencias (¿nuevas?)
de sostenibilidad económica-social de lo que deseamos preservar, conservar,
manejar y administrar.
Esperando que este documento sea de su agrado y esperando su
retroalimentación, queda abierto el correo electrónico de la “Escuela de
Planificación Orgánico Evolutiva”.
2. Objetivos de la ficha técnica
Dar a conocer el marco ideológico (La Tragedia de los Comunes) y teórico-
conceptual (Teorema de Coase) que sustentan los nuevos paradigmas de la
“económica ambiental” con el fin de sustentar las propuestas de Pago de
Servicios Ambientales (PSA) y Enfoque de Compensación Ambiental (CAM),
dirigido prioritariamente al gestión, planificación, manejo y administración de
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y en forma individuales en Áreas
Protegidas;
Generar un intercambio técnico fluido que permita afianzar el criterio técnico del
personal operativo, técnico y profesional que conservan, manejan y administran
los recursos naturales y biodiversidad que contienen las áreas protegidas;
Facilitar a personal que interactúa con la conservación, manejo y administración
de recursos naturales información que sustente estrategias que impulsen la
sostenibilidad económica a mediano y largo plazo; y
Establecer el marco teórico-conceptual para la presentación de la Fichas
Técnicas No. 10 y 11 de la Escuela de Planificación Orgánica Evolutiva (EPOE),
que promoverán la ingerencia de la “economía ambiental” en la gestión,
planificación, manejo y administración de las Áreas Protegidas.
3. Marco conceptual de la tragedia de los comunes
3.1 Generalidades
En 1968, un biólogo llamado “Garret Hardin” publicó en la revista Science un artículo
llamado "The Tragedy of the Commons". Los artículos como ése suelen recibir el
nombre de "seminales" porque actúan como una pequeña semilla que se convierte en
frondoso árbol de múltiples ramas. Hoy día se pueden contar por miles los artículos
científicos y libros de economía en los que se trata de analizar "La tragedia de los
comunes".
Podemos empezar describiendo el mismo escenario que presentó Hardin: una aldea en
la que cada familia es propietaria de su ganado, pero comparten en común los pastos.
Todas las familias llevan sus animales a pastar a los terrenos comunes. Ninguna está
estimulada a cuidar los pastos, a procurar que no se agoten o se estropeen, a controlar o
reducir el uso que hace su ganado de esos bienes comunales.
El problema es el mismo de los "bienes públicos" o "los recursos naturales de propiedad
común" y formalmente puede ser descrito con el modelo del "dilema del prisionero". Hay
dos estrategias posibles, cuidar los comunes o no cuidarlos.
El orden de preferencias para cada uno de los jugadores es:
Primero: (Lo más preferido) Que los demás sean cuidadosos con las propiedades
comunes y yo no;
Segundo: Que todos seamos cuidadosos;
Tercero: Que ninguno cuidemos de las propiedades comunes; y
Cuarto: (Lo menos preferido) Que yo sea cuidadoso y los demás no.
De nuevo aquí falla el mercado; "la mano invisible" de Adam Smith nos dirige por al
camino; la mejor estrategia para cada familia, hagan lo que hagan los demás, es no ser
cuidadosa. El resultado de ello será para todas ellas peor que si todas fuesen cuidadosas.
La expresión "la tragedia de los comunes" alude al destino inexorable al que parece estar
condenado cualquier recurso de propiedad compartida.
El éxito de la expresión "la tragedia de los comunes" es posible que sea debido a que
propone de forma muy clara y casi intuitiva las dos posibles soluciones para ordenar el
acceso de los ganados a los prados:
PROPIEDAD PRIVADA: el prado se divide en parcelas. A cada familia se asigna el
DERECHO al uso exclusivo de una parcela. Cada familia estará entonces estimulada a
cuidar de su parcela, a explotar los recursos de la forma más eficaz.
PROPIEDAD PÚBLICA: Las autoridades de la aldea establecen leyes que regulan el uso
y cuidado de la parcela común, organizan un sistema de vigilancia y policía para imponer
su cumplimiento y castigar las infracciones.
En cualquier caso, la solución a "la tragedia de los comunes" parece ser un claro origen
del derecho privado y público que incluso podemos fechar como el momento del inicio de
la economía neolítica. Ciertamente el problema no era perceptible en el sistema de
economía paleolítica, de las pequeñas bandas de cazadores - recolectores. El problema, y
sus diversas soluciones, aparecen solo cuando se inicia la convivencia estable en el
mismo territorio de distintos grupos familiares.
Podemos fechar el comienzo, pero no el final. Los actuales problemas de la contaminación
ambiental o de las especies animales en peligro de extinción son manifestaciones
modernas de la vieja tragedia. Podemos llegar a pensar que el desarrollo de la
economía y la sociedad consisten precisamente en la organización de la explotación
de recursos comunales. Sea cual sea la solución, derecho privado o público, la sociedad
se dota cada vez de normas más complejas que permiten una explotación más eficiente
de los recursos. El grado de desarrollo de una sociedad puede medirse por la complejidad
de sus normas y derechos o por la eficacia que ha conseguido en la explotación de sus
recursos.
La polémica eterna de la ciencia económica, estado o mercado, queda aquí desnuda de
otras connotaciones para mostrarse solo como soluciones alternativas para la explotación
racional de los recursos. Y esa desnudez no permite ninguna respuesta o receta universal.
La solución más eficaz será en unos casos la propiedad pública y en otros la propiedad
privada. Y ante el mismo tipo de recurso es posible que en un país sea más eficaz una
solución y en otro país lo sea la otra. E incluso es posible que el mismo recurso en el
mismo país sea explotado con más eficacia en un momento de la historia de una forma y
en otro momento de otra forma diferente.
3.2 La propuesta de Garret Hardin “Tragedia de los Comunes”
En nuestros días (aunque no en tiempos anteriores) las soluciones técnicas
son siempre bienvenidas. A causa del fracaso de las profecías, se necesita
valor para afirmar que una solución técnica deseada no es factible. Wiesner y
York tuvieron esta valentía publicándolo en una revista científica, e insistieron
en que la solución al problema no se iba a hallar en las ciencias naturales.
Cautelosamente calificaron su afirmación con la frase "De acuerdo con nuestro
ponderado juicio profesional...". Si estaban en lo correcto o no, no es de
relevancia para el presente artículo. Más bien, la preocupación aquí se refiere
al importante conjunto de problemas humanos que pueden ser denominados
"problemas sin solución técnica", y de manera más específica, con la
identificación y la discusión de uno de ellos.
Es fácil demostrar que el conjunto no está vacío. Recuerden el juego del "gato".
Considérese el problema ¿Cómo puedo ganar el juego del gato? Es bien
sabido que no puedo si asumo (manteniéndome dentro de las convenciones
de la teoría de juegos) que mi oponente entiende el juego a la perfección. Puesto
de otra manera, no existe una "solución técnica" al problema. Puedo
ganar solamente dándole un sentido radical a la palabra "ganar". También
puedo golpear a mi oponente en la cabeza o bien puedo falsificar los
resultados. Cualquier forma en la que yo "gano" involucra, en algún sentido, un
abandono del juego de la manera en que, también lo concebimos
intuitivamente. (Puedo, desde luego, abandonar abiertamente el juego,
negarme a jugarlo. Eso es lo que hacen la mayoría de los adultos).
El conjunto de los "problemas sin solución técnica" tiene miembros. La tesis es
que el "problema poblacional", tal como se concibe tradicionalmente, es un
miembro de esta clase. Y dicha concepción tradicional requiere cierta
reflexión. Es válido decir que la mayor parte de la gente que se angustia con el
problema demográfico busca una manera de evitar los demonios de la
sobrepoblación sin abandonar ninguno de los privilegios de los que hoy goza.
Piensan que las granjas marinas o el desarrollo de nuevas
variedades de trigo resolverán el problema "tecnológicamente". Yo
intento mostrar aquí que la solución que ellos buscan no puede ser
encontrada. El problema poblacional no puede solucionarse de una
manera técnica, de la misma forma que no puede ganarse el juego
del gato.
3.2.1 ¿Qué debemos maximizar?
La población, como lo dijo Malthus, tiende de manera natural a
crecer "geométricamente", o como decimos hoy,
exponencialmente. En un mundo finito esto significa que la
repartición per cápita de los bienes del mundo debe disminuir. ¿Es
acaso el nuestro un mundo finito? Se puede defender con justeza la idea de que el
mundo es infinito; o de que no sabemos si lo sea. Pero en términos de los
problemas prácticos que hemos de enfrentar en las
próximas generaciones con la tecnología previsible, es claro
que aumentaremos grandemente la miseria humana si en el
futuro inmediato, no asumimos que el mundo disponible para
la población humana terrestre es finito. El "espacio" no es
una salida.
Un mundo finito puede sostener solamente a una población finita;
por lo tanto, el crecimiento poblacional debe eventualmente igualar
a cero. (El caso de perpetuas y amplias fluctuaciones por encima y
por debajo del cero es una variante trivial que no necesita ser
actualizada). Cuando esta condición se alcance, ¿cuál será la
situación de la humanidad? Específicamente ¿puede ser
alcanzada la meta de Bentham de "el mayor bienestar para la
mayor cantidad de individuos?" No, por dos razones, cada una
suficiente por mismo. La primera es de orden teórico. No es
matemáticamente posible maximizar dos variables (o más) al
mismo tiempo. Esto fue claramente posible demostrado por von
Neumann y Morgenstern, pero el principio queda implícito en la
teoría de las ecuaciones diferenciales parciales, siendo tan viejo al
menos como D'Alambert (1717-1783).
La siguiente razón surge directamente de los hechos biológicos. Para vivir,
cualquier organismo debe disponer de una fuente de energía (comida, por
ejemplo). Esta energía se utiliza para dos fines: conservación y trabajo. Un
hombre requiere aproximadamente 1600 kilocalorías por día ("calorías de
manutención") para mantenerse vivo. Cualquier cosa que haga
aparte de eso se definirá como trabajo, y se apoya en las "calorías
trabajo" que ingiera. Estas son utilizadas no solamente para
realizar trabajo en el sentido en que comúnmente entendemos la
palabra; son requeridas también para todas las formas de
diversión, desde la natación y las carreras de autos, hasta tocar
música o escribir poesía. Si nuestra meta es maximizar la
población, es obvio lo que debemos hacer: lograr que las "calorías
trabajo" por persona se acerquen a cero tanto como sea posible.
Nada de comidas de gourmet, nada de vacaciones, nada de
deportes, nada de música, nada de arte... Creo que cualquiera
coincidirá, sin argumento o prueba, que maximizar la población no
maximiza los bienes. La meta de Bentham es imposible. Para
alcanzar esta conclusión he asumido el supuesto común de que el
problema es la obtención de energía. La aparición de la energía
atómica ha iniciado el cuestionamiento de esta suposición. Sin
embargo, dada una fuente infinita de energía, el crecimiento
poblacional sigue siendo una cuestión ineludible. El problema de la
adquisición de energía es reemplazado por el de su disipación,
como agudamente lo ha demostrado J H. Fremlin. Los signos
aritméticos del análisis están, como lo estuvieron, invertidos; pero
la meta de Bentham sigue inalcanzable.
La población óptima es, por tanto, menor que el máximo. La
dificultad para definir lo óptimo es enorme; hasta donde sé, nadie
ha abordado este problema seriamente. Alcanzar una solución
estable y aceptable seguramente requerirá de más de una
generación de arduo trabajo analítico, y mucha persuasión.
Deseamos los ximos bienes por persona; ¿pero qué es un
bien? Para una persona puede ser la naturaleza preservada, para
otros centros de ski por mayor. Para una pueden ser estuarios
donde se alimenten patos para caza, mientras que para otra
pueden ser terrenos para fábricas. Comparar un bien con otro es,
solemos decir, imposible, porque estos bienes son
inconmensurables, y los inconmensurables no pueden compararse.
Teóricamente esto puede ser cierto, pero en la vida real los
inconmensurables se miden. Solamente se necesita un criterio de
juicio y un sistema de medición. En la naturaleza, dicho criterio es
la supervivencia. ¿Es acaso mejor para una especie ser pequeña y
fácil de esconder, o bien ser grande y poderosa? La selección
natural mide lo inconmensurable. El compromiso alcanzado
dependerá del sopesado natural de los valores de las variables.
El hombre debe imitar ese proceso. No hay duda del hecho de que
ya lo hace, pero de manera inconsciente. Cuando las decisiones
ocultas se hacen explícitas se inicia la discusión. El problema para
los años venideros es lograr una aceptable teoría de medición. Los efectos
sinergéticos, las variaciones no lineales, y las dificultades al dar por hecho el
futuro vuelen difícil este problema intelectual, pero no lo tornan (en principio),
insoluble. ¿Ha solucionado este problema práctico algún grupo cultural en
nuestros tiempos, aunque sea en un nivel intuitivo? Un hecho simple prueba
que ninguno lo ha logrado: no existe ninguna población próspera en el mundo de
hoy que tenga, o haya tenido por algún tiempo, una tasa de crecimiento igual a
cero. Cualquier pueblo que haya intuitivamente identificado
su punto óptimo muy pronto lo alcanzará, después de lo cual
su tasa de crecimiento alcanzará y permanecerá en cero.
Por supuesto, una tasa de crecimiento positiva puede tomarse
como evidencia de que la población se encuentra por debajo de su
óptimo. Sin embargo, bajo cualquier parámetro razonable, las
poblaciones de más rápido crecimiento en el mundo actual son (en
general) las más pobres. Esta asociación (que no es
necesariamente invariable) siembra dudas sobre el supuesto
optimista de que una tasa de crecimiento positiva indica que una
población está en camino de encontrar su óptimo.
Poco progreso lograremos en la búsqueda de un tamaño óptimo
de población mientras no exorcicemos de manera explícita al
espíritu de Adam Smith en el campo de la demografía práctica. En
asuntos económicos La riqueza de las naciones (1776) popularizó
la "mano invisible", la idea de un individuo que "buscando
solamente su propio beneficio", logra "dejarse llevar por una mano
invisible a promover... el interés público". Adam Smith no afirmó
que esto fuera invariablemente cierto, y quizás no lo hizo ninguno
de sus seguidores. Pero contribuyó con una tendencia dominante
de pensamiento que desde entonces interfiere con las acciones
positivas basadas en análisis racionales, a saber la tendencia a
asumir que las decisiones tomadas en lo individual serán, de
hecho, las mejores decisiones para la sociedad en su conjunto. Si
esta suposición es correcta justifica la continuidad de nuestra
actual política de laissez faire en cuestiones reproductivas. Si es
correcta podemos asumir que los hombres controlarán su
fecundidad de tal manera que lograrán una población óptima. Si la
suposición es incorrecta, necesitamos examinar las libertades
individuales para ver cuáles son defendibles.
La tragedia de la libertad sobre los recursos comunes. La refutación de la
mano invisible en el control poblacional se encuentra en un escenario descrito
inicialmente en un panfleto poco conocido de 1833 por un matemático amateur
llamado William Forster Lloyd (1794-1852). Podemos
llamarlo "la tragedia de los recursos comunes", utilizando
la palabra tragedia como la usó el filósofo Whitehead: "La
esencia de la tragedia no es la tristeza. Reside en la solemnidad despiadada
del desarrollo de las cosas". Y continúa diciendo: "Esta inevitabilidad del
destino solamente puede ser ilustrada en términos de la vida humana por los
incidentes que, de hecho, involucran infelicidad, pues es solamente a través
de ellos que la futilidad de la huida puede hacerse evidente en el drama".
La tragedia de los recursos comunes se desarrolla de la siguiente
manera. Imagine un pastizal abierto para todos. Es de esperarse
que cada pastor intentará mantener en los recursos comunes tantas
cabezas de ganado como le sea posible. Este arreglo puede
funcionar razonablemente bien por siglos gracias a que las guerras
tribales, la caza furtiva y las enfermedades mantendrán los números
tanto de hombres como de animales por debajo de la capacidad
de carga de las tierras. Finalmente, sin embargo, llega el día de
ajustar cuentas, es decir, el día en que se vuelve realidad la
largamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, la
lógica inherente a los recursos comunes inmisericordemente
genera una tragedia.
Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su ganancia. Explícita o
implícitamente, consciente o inconscientemente, se pregunta, ¿cuál es el
beneficio para de aumentar un animal más a mi rebaño? Esta utilidad tiene
un componente negativo y otro positivo.
1. El componente positivo es una función del incremento de un
animal. Como el pastor recibe todos los beneficios de la venta, la
utilidad positiva es cercana a +1.
2. El componente negativo es una función del sobrepastoreo
adicional generado por un animal más. Sin embargo, puesto que
los efectos del sobrepastoreo son compartidos por todos los
pastores, la utilidad negativa de cualquier decisión particular
tomada por un pastor es solamente una fracción de -1.
Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional concluye
que la única decisión sensata para él es añadir otro animal a su
rebaño, y otro más... Pero esta es la conclusión a la que llegan
cada uno y todos los pastores sensatos que comparten recursos
comunes. Y a está la tragedia. Cada hombre está encerrado en
un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente,
en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren
todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un
mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad
de los recursos comunes resulta la ruina para todos.
Para algunos esto puede ser un lugar común. ¡Ojalá y lo fuera! En
cierto sentido esto fue aprendido hace miles de años, pero la
selección natural favorece a las fuerzas de la negación
psicológica. El individuo se beneficia como tal a partir de su
habilidad para negar la verdad incluso cuando la sociedad en su
conjunto, de la que forma parte, sufre. La educación puede
contrarrestar la tendencia natural de hacer lo incorrecto, pero la
inexorable sucesión de generaciones requiere que las bases de
este conocimiento sean refrescadas constantemente.
Un simple incidente que sucedió hace años en Leominster,
Masssachusetts, muestra cuán perecedero es este conocimiento. Durante la
época de compras navideñas, los parquímetros de las zonas comerciales fueron
cubiertos con bolsas de plástico con la leyenda: "No abrir hasta Navidad.
Estacionamiento gratuito por parte del Alcalde y del Consejo Municipal". En
otras palabras, ante la perspectiva de un aumento en la
demanda del espacio, ya de por sí escaso, los padres de la
ciudad reinstituyeron el sistema de los recursos comunes.
(Cínicamente sospechamos que ganaron más votos de
los que perdieron con tan retrógrado acto).
De manera similar la lógica de los recursos comunes ha sido
entendida por largo tiempo, quizás desde la invención de la
agricultura o de la propiedad privada en bienes raíces. Pero ha
sido comprendida principalmente en casos específicos que no son
suficientemente generalizables. Incluso en nuestros días,
ganaderos que rentan tierras nacionales en el Oeste demuestran
apenas una comprensión ambivalente al presionar constantemente
a las autoridades federales para que incrementen el número de
cabezas autorizadas por área hasta un punto en el cual la
sobreexplotación produce erosión y dominio de malezas. De
manera similar, los océanos del mundo continúan sufriendo por la
supervivencia de la filosofía de los recursos comunes. Las naciones
marítimas todavía responden automáticamente a la contraseña de
"la libertad de los mares". Al profesar la creencia en los
"inagotables recursos de los océanos", colocan cerca de la
extinción, una tras otra, a especies de peces y ballenas.
Los parques nacionales son otra instancia donde se muestra la
forma en que trabaja la tragedia de los recursos comunes. En el
presente se encuentran abiertos para todos, sin ningún límite. Los
parques en mismos tienen una extensión limitada —sólo existe
un Valle de Yosemite— mientras que la población parece crecer
sin ningún límite. Los valores que los visitantes buscan en los
parques son continuamente erosionados. Es muy sencillo,
debemos dejar de tratar a los parques como recursos comunes... o
muy pronto no tendrán ningún valor para nadie.
¿Qué debemos hacer? Tenemos varias opciones. Podemos
venderlos como propiedad privada. Podemos mantenerlos como
propiedad pública, pero asignando adecuadamente quien ha de
entrar. Esto debe ser con base en la riqueza, a través del uso de un
sistema de adjudicación. También podría hacerse con base en
méritos, definidos por estándares acordados. O podría ser por
sorteo. O bien ser con base en el sistema de que el primero que
llega entra, administrado a partir de filas. Estos, creo, son todos
procedimientos objetables. Pero entonces debemos escoger, o
consentir la destrucción de nuestros recursos comunes llamados
parques nacionales.
3.2.2 La contaminación
De manera inversa, la tragedia de los recursos comunes reaparece
en los problemas de contaminación. Aquí el asunto no es sacar
algo de los recursos comunes, sino de ponerles a —drenajes o desechos
químicos, radioactivos o térmicos en el agua; gases nocivos o peligrosos en
el aire; anuncios y señales perturbadoras y desagradables en el panorama—.
Los cálculos de los beneficios son muy semejantes a los antes mencionados. El
hombre razonable encuentra que su parte de los costos de los
desperdicios que descarga en los recursos comunes es mucho
menor que el costo de purificar sus desperdicios antes de
deshacerse de ellos. Ya que esto es cierto para todos, estamos
atrapados en un sistema de "ensuciar nuestro propio nido", y así
seguirá mientras actuemos únicamente como libres empresarios,
independientes y racionales.
La tragedia de concebir a los recursos comunes como una canasta
de alimentos se desvirtúa con la propiedad privada, o con algo
formalmente parecido. Pero el aire y el agua que nos rodean no se
pueden cercar fácilmente, por lo que la tragedia de los recursos
comunes al ser tratados como un pozo sin fondo debe evitarse de
diferentes maneras, ya sea por medio de leyes coercitivas o
mecanismos fiscales que hagan más barato para el contaminador
el tratar sus desechos antes de deshacerse de ellos sin tratarlos.
No hemos llegado más lejos en la solución de este problema que
en el primero. De hecho, nuestro particular concepto de la
propiedad privada, que nos impide agotar los recursos positivos de
la tierra, favorece la contaminación. El dueño de una fábrica a la
orilla de un arroyo —cuya propiedad se extiende a la mitad del
mismo- con frecuencia tiene problemas para ver porqué no es su
derecho natural el ensuciar las aguas que fluyen frente a su puerta.
La ley, siempre un paso atrás de los tiempos, requiere cambios y
adecuaciones muy elaboradas para adaptarse a este aspecto
recientemente reconocido de los recursos comunes.
El problema de la contaminación es una consecuencia de la
población. No importaba mucho la forma en que un solitario pionero
americano liberara sus desechos. "El agua corriente se purifica a
misma cada diez millas", solía decir mi abuelo, y el mito estaba
suficientemente cerca de la verdad cuando él era niño, porque no
había mucha gente. Pero conforme la población se ha hecho más
densa, los procesos naturales de reciclado tanto biológicos como
químicos, están ahora saturados y exigen una redefinición de los
derechos de propiedad.
3.2.3 ¿Cómo legislar la moderación?
El análisis del problema de la contaminación como una función de
la densidad de la población descubre un principio de moralidad no
siempre reconocido; específicamente: que la moralidad de un acto
es una función del estado del sistema en el momento en que se
realiza. Usar los recursos comunes como un pozo sin fondo no
daña a la población en general en zonas vírgenes o poco
explotadas, simplemente porque no existe dicha población; el
mismo comportamiento en una metrópolis es insostenible. Hace
ciento cincuenta años un hombre de las praderas podía matar un
bisonte americano, cortarle solamente la lengua para cenar y
desechar el resto del animal. No se podría considerar en ningún
sentido que fuera un desperdicio. Hoy en día, cuando quedan sólo
algunos miles de bisontes, nos sentiríamos abrumados con este
comportamiento.
De paso, no tiene ningún valor que la moralidad de un acto no
pueda ser determinada a partir de una fotografía. No se sabe si un
hombre matando a un elefante o prendiéndole fuego a un pastizal
está dañando a otros hasta que se conoce el sistema total dentro
del que se incluye este acto. "Una imagen vale por mil palabras",
dijo un anciano chino; pero se llevaría diez mil palabras validar esto. Resulta
tentador tanto para los ambientalistas como para los reformadores en general, el
tratar de persuadir a otros por medio de imágenes fotográficas. Pero la esencia del
argumento no puede ser fotografiada; debe ser presentada racionalmente: en
palabras.
El que la moralidad es sensible a los sistemas escapó a muchos
codificadores de la ética en el pasado. "No se debe..." es la forma
tradicional de las directrices éticas que no abren posibilidades a
las circunstancias particulares. Las leyes de nuestra sociedad
siguen el patrón de la ética antigua, y por tanto, se adaptan
pobremente para gobernar un mundo complejo, altamente poblado
y cambiante. Nuestra solución epicíclica es abultar la ley estatutaria
con la ley administrativa. Puesto que resulta prácticamente
imposible mencionar todas las condiciones bajo las cuales es
seguro quemar basura en el patio trasero o manejar un coche sin
control anticontaminante, con las leyes delegamos los detalles a las
oficinas. El resultado es una ley administrativa, la cual es
lógicamente temida por la vieja razón —¿Quis custodie tipsos
custodes? ¿Quién ha de vigilar a los propios vigilantes—. John
Adams señaló que debemos tener un "gobierno de leyes y no de
hombres". Los administradores, al tratar de evaluar la moralidad de
los actos en la totalidad del sistema, están singularmente
expuestos a la corrupción, generando un gobierno de hombres y no
de leyes.
La prohibición es fácil de legislar (pero no necesariamente fácil de
imponer); pero ¿cómo legislar la moderación? La experiencia
indica que ésta puede ser alcanzada mejor a través de la acción de
la ley administrativa. Limitamos innecesariamente las posibilidades
si suponemos que los sentimientos de Quis custodiet nos niegan el
uso de la ley administrativa. Deberíamos mejor tener la frase como
un perpetuo recordatorio de temibles peligros que no podemos
evitar. El gran reto que tenemos ante nosotros es cómo inventar las
retroalimentaciones correctivas que se requieren para mantener
honestos a nuestros guardianes. Debemos encontrar maneras de
legitimar la necesaria autoridad tanto para los custodios como para
las retroalimentaciones correctivas.
3.2.4 La libertad de reproducción es intolerable.
La tragedia de los recursos comunes se relaciona con los
problemas de población de otra manera. En un mundo regido
únicamente por el principio de "perro come perro" -si en efecto
alguna vez existió tal mundo- el número de hijos por familia no sería
un asunto público. Los padres que se reprodujeran
escandalosamente dejarían menos descendientes, y no más,
porque serían incapaces de cuidar adecuadamente a sus hijos. David Lack y otros
han encontrado que esa retroalimentación negativa controla de manera
demostrable la fecundidad de los pájaros. Pero los hombres no son pájaros, y no
han actuado como ellos por milenios, cuando menos.
Si cada familia humana dependiera exclusivamente de sus propios
recursos, si los hijos de padres no previsores murieran de hambre,
si, por lo tanto, la reproducción excesiva tuviera su propio "castigo"
para la línea germinal: entonces no habría ninguna razón para que
el interés público controlara la reproducción familiar. Pero nuestra
sociedad está profundamente comprometida con el estado de
bienestar, y por tanto confrontada con otro aspecto de la
tragedia de los recursos comunes.
En un estado de bienestar ¿cómo tratar con la familia, la religión, la
raza o la clase (o bien con cualquier grupo cohesivo y distinguible)
que adopte a la sobre reproducción como política para asegurar su
propia ampliación? Equilibrar el concepto de libertad de
procreación con la creencia de que todo el que nace tiene igual
derecho sobre los recursos comunes es encaminar al mundo hacia
un trágico destino.
Desafortunadamente ese es justamente el curso que persiguen las
Naciones Unidas. A fines de 1967, unas treinta naciones acordaron
lo siguiente: "La declaración Universal de los Derechos Humanos
describe a la familia como la unidad natural y fundamental de la
sociedad. Por consecuencia, cualquier decisión en relación con el
tamaño de la familia debe residir irrevocablemente en la propia
familia, y no puede ser asumida por nadie más".
Es doloroso tener que negar categóricamente la validez de este
derecho; al negarlo, uno se siente tan incómodo como un habitante
de Salem, Massachusetts, al negar la existencia de las brujas en el
siglo XVII. En el presente, en los cuarteles liberales, algo como un
tabú actúa para inhibir la crítica a las Naciones Unidas. Existe un
sentimiento de que Naciones Unidas son nuestra "última y mejor
esperanza", y que no debemos encontrar fallas en ella; de que no
debemos caer en manos de archiconservadores. Sin embargo, no
hay que olvidar lo que dijo Robert Louis Stevenson: "La verdad que
es negada por los amigos es arma pronta para el enemigo". Si
amamos la verdad debemos negar abiertamente la validez de la
Declaración de los Derechos Humanos, aun cuando sea promovida
por las Naciones Unidas. Deberíamos unirnos a Kingsley Davis
en el intento de tener una población mundial planificada por los
padres para ver el error en sus opciones al abrazar el mismo
trágico ideal.
3.2.5 La conciencia es autoeliminante
Es un error pensar que podemos controlar el crecimiento de la
humanidad en el largo plazo haciendo un llamado a la conciencia. Charles
Galton Darwin señaló esto cuando habló en el centenario de la publicación
del gran libro de su abuelo. El argumento es claro y darwiniano.
La gente varía. Al confrontarse con los llamamientos para limitar la
reproducción, algunas gentes indudablemente responderán más
que otros a la súplica. Aquellos que tengan más hijos producirán
una fracción más grande para la siguiente generación que aquellos
con conciencias más susceptibles. Las diferencias se acentuarán,
generación tras generación. En palabras de C. G. Darwin: "Bien puede tomar
cientos de generaciones para que el instinto progenitivo se desarrolle en
este sentido, pero de lograrse, la naturaleza ya habría
cobrado venganza, y la variedad Homo contracipiens se
habría extinguido y habría sido remplazada por la
variedad Homo progenitivus".
El argumento supone que la conciencia o el deseo de tener hijos
(no importa cuál) es hereditario, pero hereditario solamente en el
sentido formal más general. El resultado será el mismo si la actitud
es transmitida a través de las células germinales o
extrasomáticamente, para usar el término de A. J. Lotka. (Si se
niega la segunda posibilidad al igual que la primera, entonces
¿cuál es el sentido de la educación?) El argumento aquí ha sido
señalado dentro del contexto del problema demográfico, pero es
válido igualmente para cualquier situación en la que la sociedad
inste a un individuo que explota los recursos comunes a que se
restrinja por el bien general, por medio de su conciencia. Hacer ese
llamado es montar un sistema selectivo que trabaje por la
eliminación de la conciencia de la raza.
3.2.6 Efectos patogénicos de la conciencia
Las desventajas a largo plazo de un llamado a la conciencia
deberían ser suficientes para condenarlo; pero también tiene serias
desventajas en el corto plazo. Si le pedimos a un hombre que está
explotando los recursos comunes que desista de hacerlo "en
nombre de la conciencia" ¿qué estamos haciendo? ¿qué está
escuchando? —no sólo en el momento sino también en las
pequeñísimas horas de la noche cuando, medio dormido, recuerda
no solamente las palabras que le dijimos, sino las pistas de
comunicación no verbal que le dimos sin percatarnos—. Tarde o
temprano, consciente o subconscientente, este hombre percibe
que ha recibido dos comunicados, y que son contradictorios:
1. El comunicado pretendido. "Si no haces lo que te pedimos, te
condenaremos abiertamente por no actuar como un ciudadano
responsable".
2. El comunicado no pretendido. "Si te comportas como te pedimos,
secretamente te condenaremos como un tonto que puede ser
humillado a tal punto de hacerse a un lado mientras el resto de
nosotros explota los recursos comunes".
Todo hombre se encuentra atrapado en lo que Bateson ha llamado
un "doble mensaje" como un importante factor causal en la génesis
de la esquizofrenia. El mensaje doble puede no ser siempre tan
dañino, pero constantemente amenaza la salud mental de
cualquiera que lo recibe. "Una mala conciencia —dijo Nietzche—
es una clase de enfermedad".
Conjurar la conciencia de los demás es tentar a cualquiera que
desee extender su control más allá de los límites legales. Los
líderes en los más altos niveles sucumben a esta tentación. ¿Ha
evitado algún presidente durante las últimas generaciones caer en
llamados a los sindicatos para que voluntariamente moderen sus
demandas por mejores salarios, o a las compañías acereras para
que bajen voluntariamente sus precios? No puedo recordar
ninguno. La retórica utilizada en dichas ocasiones está diseñada
para producir sentimientos de culpa en los no cooperadores.
Por siglos se asumió sin prueba que la culpa era un valioso, incluso
casi indispensable, ingrediente de la vida civilizada. Ahora, en este
mundo postfreudiano, lo dudamos
Paul Goodman habla desde un punto de vista moderno cuando
dice: "Nada bueno ha salido del sentimiento de culpa, ni
inteligencia, ni política, ni compasión. Los que sienten culpa no
prestan atención al objeto, sino solamente a mismos, y ni
siquiera a sus propios intereses, lo que podría tener sentido, sino a
sus ansiedades".
Uno tiene que ser un psiquiatra profesional para ver las
consecuencias de la ansiedad. Nosotros en Occidente estamos
emergiendo apenas de una espantosa etapa de dos siglos de
oscurantismo de Eros que estuvieron sustentados parcialmente en
leyes prohibitivas, pero quizás más efectivamente en los
mecanismos educativos generadores de ansiedad. Alex Comfort
ha contado bien la historia en The Anxiety Makers y no es una
historia agradable.
Puesto que la prueba es difícil podríamos incluso conceder que los
resultados de la ansiedad pueden, en algunos casos, desde cierto
punto de vista, ser deseables. La pregunta más amplia que
debemos hacernos es si, como un asunto de política, deberíamos
alguna vez propiciar el uso de una técnica cuya tendencia (sino su
intención), es psicológicamente patogénica. Oímos hablar mucho
en estos días sobre la paternidad responsable; el par de palabras
son incorporadas en los títulos de algunas organizaciones
dedicadas al control natal.
Algunas gentes han propuesto campañas masivas de propaganda para inculcar la
responsabilidad en los futuros reproductores de la nación (o del
mundo). ¿Pero cuál es el sentido de la palabra conciencia? Cuando utilizamos
la palabra responsabilidad en ausencia de sanciones sustanciales, ¿no estamos
tratando de intimidar a un hombre que se encuentra en los recursos comunes para
que actúe en contra de su propio interés? La
responsabilidad es una falsedad verbal para un quid pro quo
sustancial. Es un intento para obtener algo por nada.
Si la palabra responsabilidad se llega a usar, sugiero que debe ser
en el sentido en que Charles Fraenkel la usaba.
"Responsabilidad —dice este filósofo—, es el producto de arreglos
sociales definidos". Observen que Fraenkel habla de arreglos sociales, no de
propaganda.
3.2.7 Coerción mutua, mutuamente acordad
Los arreglos sociales que producen responsabilidad son arreglos
que generan coerción de algún tipo. Considérese el robo de un
banco. El hombre que se lleva el dinero del banco actúa como si el
banco fuera parte de los recursos comunes. ¿Cómo prevenir tal
acción? Ciertamente no intentando controlar su comportamiento
exclusivamente con base en llamados verbales a su sentido de
responsabilidad. En vez de basarnos en propaganda seguimos el
consejo de Fraenkel e insistimos en que el banco no forma parte
de los bienes comunes; buscamos arreglos sociales definidos que
mantendrán al banco fuera de ese ámbito. El que al hacer esto
infringimos la libertad de los ladrones potenciales, no lo negamos ni
lo lamentamos.
La moralidad de un asalto a un banco es particularmente fácil de
entender porque aceptamos la prohibición total de esta actividad. Estamos de
acuerdo en decir "No robarás un banco", sin excepciones. Pero la moderación
también puede ser generada por medio de la coerción. El cobro de impuestos es
un buen medio coercitivo. Para mantener a los compradores moderados en el uso
de espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad,
colocamos parquímetros para periodos cortos y multas de tráfico
para periodos largos. Realmente no necesitamos prohibirle al
ciudadano estacionarse tanto tiempo como desee simplemente
necesitamos que sea cada vez más caro hacerlo. No es la
prohibición, sino opciones cuidadosamente orientadas las que le
ofrecemos. Un hombre de la Avenida Madison puede llamarlo
persuasión; yo prefiero el mayor candor de la palabra coerción.
Coerción es una palabra sucia para la mayoría de los liberales de
hoy, pero no necesita serlo por siempre. Como en el caso de otras
palabras, su suciedad puede limpiarse por medio de la exposición
a la luz, es decir, diciéndola una y otra vez sin apología o
vergüenza. Para muchos, la palabra coerción implica decisiones
arbitrarias de burócratas distantes e irresponsables; pero esto no
es necesariamente parte de su significado. La única clase de
coerción que yo recomiendo es la coerción mutua, mutuamente
acordada por la mayoría de las personas afectadas.
Decir que acordamos la mutua coerción no es decir que
requerimos disfrutarla o incluso, pretender disfrutarla. ¿Quién
disfruta los impuestos? Todos nos quejamos de ellos. Pero
aceptamos los impuestos obligatorios porque reconocemos que
los impuestos voluntarios favorecerían la inconsciencia. Instituimos
y (gruñendo) apoyamos los impuestos y otros medios coercitivos
para escapar de los horrores de los recursos comunes.
Una alternativa a los recursos comunes no necesita ser
perfectamente justa para ser preferible. Con bienes raíces u otros
bienes materiales, la alternativa que hemos escogido es la
institución de la propiedad privada emparejada con la herencia
legal. ¿Es este un sistema perfectamente justo? Como biólogo
entrenado en genética niego que el sistema lo sea. Me parece, que
deben existir diferencias entre las herencias de los individuos, la
posesión legal debería estar perfectamente correlacionada con la
herencia biológica —que aquellos individuos que son
biológicamente más aptos para ser custodios de la propiedad y del
poder deberían legalmente heredar más—. Pero la recombinación
genética hace continuamente burla de la doctrina "de tal padre, tal
hijo" implícita en nuestras leyes de herencia legal. Un idiota puede
heredar millones, y los fondos de una empresa pueden mantenerse
intactos. Debemos admitir que nuestro sistema legal de propiedad
privada más herencia es injusto, pero nos quedamos con él porque
no estamos convencidos, por el momento, de que alguien haya
inventado un sistema mejor. La alternativa de los recursos comunes
es demasiado aterradora para contemplarse. La injusticia es
preferible a la ruina total.
Esta es una de las peculiaridades del enfrentamiento entre la
reforma y el status quo que está irreflexivamente gobernada por
una doble norma. Frecuentemente una reforma es derrotada
cuando sus oponentes encuentran triunfalmente una falla en ella.
Como lo señaló Kingsley Davis los creadores del status quo
suponen algunas veces que ninguna reforma es posible sin un
acuerdo unánime, una suposición contraria a los hechos históricos. Tan claro
como lo puedo poner, el rechazo automático a las reformas propuestas se basa en
dos suposiciones inconscientes: 1) que el status quo es perfecto; o bien 2) que
la elección que encaramos es entre la reforma y la no acción; si la reforma
propuesta es imperfecta, supuestamente no deberíamos tomar
decisión alguna, y esperar una propuesta perfecta.
Pero no podemos dejar de hacer algo. Eso que hemos hecho por
cientos de años es también acción. Claro que produce males. Una
vez que estamos prevenidos de que el status quo es una acción
podremos descubrir las ventajas y desventajas de la reforma
propuesta, haciendo la mejor aritmética posible dada nuestra falta
de experiencia. Con base en esa comparación, podemos tomar una decisión
racional que no involucrará la suposición inmanejable de que sólo
los sistemas perfectos son tolerables.
3.2.8 Reconocimiento de la necesidad
Quizás el resumen más sencillo del problema de la población
humana es el siguiente: los recursos comunes, si acaso
justificables, son justificables solamente bajo condiciones de baja
densidad poblacional. Conforme ha aumentado la población
humana han tenido que ser abandonados en un aspecto tras otro.
Primero abandonamos los recursos comunes en recolección de
alimentos, cercando las tierras de cultivo y restringiendo las áreas
de pastoreo, caza y pesca. Estas restricciones no han terminado
aún en todo el mundo.
De alguna manera, poco después vimos que los recursos comunes
como áreas para deposición de basura también tenían que ser
abandonados. Las restricciones para la eliminación de desechos
domésticos en el drenaje son ampliamente aceptadas en el mundo
occidental; continuamos en la lucha para cerrar esos espacios a la
contaminación por automóviles, fábricas, insecticidas en aerosol,
aplicación de fertilizantes y centrales de energía atómica.
En un estado aún más embrionario se encuentra nuestro
reconocimiento a los peligros de los recursos comunes en
cuestiones de esparcimiento. Casi no existen restricciones a la
propagación de ondas de sonido en el medio público. El
consumidor es asaltado por música demencial sin su
consentimiento. Nuestro gobierno ha gastado miles de millones de
dólares en la creación de transporte supersónico que podría
molestar a 50,000 personas por cada individuo transportado de
costa a costa tres horas más rápido. Los anuncios ensucian y las
ondas de radio y televisión contaminan la vista de los viajeros.
Estamos muy lejos de prohibir los recursos comunes para
cuestiones de recreación. ¿Se deberá esto a nuestra herencia
puritana, que nos hace considerar el placer como un pecado y el
dolor (en este caso la contaminación de la publicidad) como un
signo de virtud?
Cada nueva restricción en el uso de los recursos comunes, implica
restringir la libertad personal de alguien. Las restricciones
impuestas en un pasado distante son aceptadas porque ningún
contemporáneo se queja por su pérdida. Es a las recientemente
propuestas a las que nos oponemos vigorosamente; los gritos de
"derechos" y de "libertad" llenan el aire. ¿Pero qué significa
libertad? Cuando los hombres mutuamente acordaron instaurar
leyes contra los robos, la humanidad se volvió más libre, no menos. Los individuos
encerrados en la lógica de los recursos comunes son libres únicamente para traer
la ruina universal; una vez que ven la necesidad de la coerción mutua, quedan
libres para perseguir nuevas metas. Creo que fue Hegel quien dijo: "La libertad
es el reconocimiento de la necesidad".
El aspecto más importante de la necesidad que debemos ahora
reconocer es la necesidad de abandonar los recursos comunes, en
la reproducción. Ninguna solución técnica puede salvarnos de las
miserias de la sobrepoblación. La libertad de reproducción traerá
ruina para todos. Por el momento, para evitar decisiones difíciles
muchos de nosotros nos encontramos tentados para hacer
campañas de concienciación y de paternidad responsable. Podemos resistir la
tentación porque un llamado a la actuación de conciencias independientes
selecciona la desaparición de toda conciencia a largo plazo, y aumenta la
ansiedad en el corto. La única manera en que nosotros podemos preservar y
alimentar otras y más preciadas libertades es renunciando a la libertad de
reproducción, y muy pronto. "La libertad es el reconocimiento de la
necesidad", y es el papel de la educación revelar a todos la
necesidad de abandonar la libertad de procreación. Solamente así
podremos poner fin a este aspecto de la tragedia de los recursos
comunes.
3.3. Análisis de la propuesta de la tragedia de los comunes
La paradoja de “la tragedia de los comunes” fue formulada por el matemático
William Foster en 1833, y aplicada por el biólogo Garret Hardin en 1968 para
describir el aparente e inevitable destino de los recursos comunes cuyo uso no se
encuentra sometido a regulaciones estrictas.
Los bienes comunes son recursos compartidos, que pueden ser desde el agua de
un pueblo hasta bienes globales como las áreas de pesca en aguas
internacionales. Esta teoría muestra cómo los individuos en busca de maximizar
sus ganancias, aumentan el grado de uso de los recursos comunes. Se elige esta
última opción porque el costo del uso individual se repartirá
automáticamente entre todos los usuarios, y el beneficio particular será mayor que
el costo individual. También, generalmente se piensa que el recurso puede
absorber dicha pérdida. Debido a que todos los individuos se comportan de ésta
manera el efecto total es insostenible.
El ejemplo que usa la paradoja es un pastizal de uso común. Imagine como
“recurso común” un pastizal comunal. Convencido (e incluso sin
considerar) que un ligero aumento en el rebaño no dañará el campo, un pastor
decide aumentar su rebaño con una oveja más. Sin embargo, cuando cada pastor
hace lo mismo, el “recurso común” se destruye como consecuencia del
sobrepastoreo, y todos los pastores sufren esta pérdida.
Existen dos alternativas para prevenir la destrucción de los recursos comunes.
La primera es el establecimiento de regulaciones gubernamentales estrictas que
controlen las acciones de los usuarios que buscan maximizar sus ganancias. Por
medio de estos controles los gobiernos pueden salvaguardar el carácter público de
los recursos y proteger los intereses de todos los ciudadanos
(incluidos los derechos de quienes no usan directamente los recursos). La
segunda alternativa es la privatización de los recursos. Se considera que la
privatización genera incentivos económicos para que los individuos manejen los
recursos cuidadosamente; sin embargo, por medio de la
privatización se conceden recursos públicos y sus consecuentes beneficios
económicos únicamente a una pequeña parte de la población.
La tragedia de los comunes, como fenómeno que muestra la ineficiencia de la
propiedad común, puede verse como un caso que no cumple con las condiciones
establecidas en el denominado “teorema de Coase”. Dicho teorema, inspirado en
la obra de Coase (1960), puede enunciarse del siguiente modo: si los derechos
de propiedad están bien definidos y no existen costos de transacción,
entonces el equilibrio de mercado es eficiente 1.
La tragedia de los comunes es un ejemplo de derechos de propiedad mal
definidos, ya que varias empresas tienen derechos conjuntos de uso de un
determinado activo, sobre el cual ninguna de ellas tiene el derecho de excluir
a los demás copropietarios. Del mismo modo, la tragedia de los anticomunes
sería un ejemplo de derechos de propiedad mal definidos por la razón opuesta:
varias empresas tienen derechos conjuntos de exclusión sobre un determinado
activo, pero ninguna de ellas tiene derechos exclusivos de uso.
Por otro lado, la existencia de poder de mercado crea una ineficiencia que puede
asociarse con la presencia de costos de transacción positivos. Como las empresas
no pueden discriminar entre las unidades que venden, entonces deben elegir un
único precio y esto las induce a ofrecer menos que la cantidad eficiente. Este
problema desaparece en dos contextos diferentes: cuando hay competencia
perfecta o cuando hay discriminación de precios perfecta. En un caso, los costos
de transacción no importan; en el otro, no existen. Nótese que en la tragedia de
los comunes las ineficiencias originadas por las externalidades reales asociadas
con la propiedad común y por el ejercicio del poder de mercado tienen signos
opuestos, y podrían eventualmente cancelarse en ciertos casos especiales. En la
tragedia de los anticomunes, en cambio, no existe dicha contraposición de
efectos y, cuanto peor definidos están los derechos de propiedad, menor es
la cantidad de equilibrio, que se encuentra a su vez más lejos de la cantidad
eficiente.
Esta manera de analizar la tragedia de los comunes y la tragedia de los
anticomunes nos muestra entonces que la simetría formal entre ambos problemas
no es totalmente exacta. Mientras la tragedia de los comunes es un problema
de definición de derechos de propiedad que tiende a atenuarse cuando los
agentes económicos tienen poder de mercado, la tragedia de los
anticomunes es un problema de definición de derechos de propiedad que se
exacerba con el poder de mercado, y que hace que la ineficiencia asociada
con el ejercicio de dicho poder se magnifique (puesto que implica crear
monopolios complementarios sobre distintos aspectos del uso de un activo).
4. El Teorema de Coase y su incidencia en el manejo de recursos naturales
4.1 Quien es Ronald H. Coase
Economista británico, obtuvo el Premio Nóbel de Economía en 1991 por su
descubrimiento y clarificación del significado de los costes de transacción y los
derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la
economía. Es considerado el iniciador del campo de estudio del Análisis
Económico del Derecho con su publicación en 1960 de lo que se ha dado en
llamar el Teorema de Coase. Estudió en la London School of Economics y
empezó a trabajar como profesor en la Dundee School of Economics and
Commerce (1932-1934), en la University of Liverpool (1934-1935)
y en la London School of Economics (1935-1939 y 1946-1951). Emigró a Estados
Unidos, trabajando en la University of Buffalo, en el Center for Advanced Study in
the Behavioral Sciences, en la University of Virginia y, desde 1964, en la University
of Chicago. Fue editor de la revista "Law and Economics" de 1964
a 1982.
Sus padres habían sido empleados de correos y quizá por eso
manifestó un permanente interés por el estudio de los servicios públicos
británicos habiendo publicado artículos sobre los servicios de correos,
los faros y las emisoras públicas de radio. El artículo de 1960 "The
problem of Social Cost" es considerado el artículo más citado en la
literatura económica de todos los tiempos y países, pero sus ideas
seminales ya estaban explícitas en el artículo "The Nature of the Firm"
de 1937: que cualquier sistema de asignación de precios tiene un coste
y que es posible hacer un análisis económico de las reglas, las formas
organizativas y los métodos de pago. Ronald Coase es considerado el fundador
del Análisis Económico del Derecho Socioambiental y de la "Nueva Economía
Institucional y Ambiental".
4.2 Bases genéricas sobre el Teorema de Coase
En 1960 Ronald H. Coase propuso una idea llamada teorema del coste social o
teorema
de Coase que no solo sirvió para comprender con mayor claridad el problema de
los costes externos y sus posibles soluciones, sino que está considerado el origen
del moderno Análisis Económico del Derecho y le ha valido la concesión del
premio Nobel de 1991. Para comprenderlo conviene que lo dividamos en dos
partes.
Primero: “Si las transacciones pueden realizarse sin ningún coste y los
derechos de apropiación están claramente establecidos, sea cual sea la
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asignación inicial de esos derechos se produci una redistribución cuyo
resultado será el de máxima eficiencia”
Derechos de apropiación es la traducción de la expresión inglesa "property rights"
y tiene un significado más general que "derechos de propiedad". Por ejemplo, si se
autoriza a una empresa a verter sus residuos a un río, no se le está concediendo
un derecho de propiedad sobre el río pero sí un derecho de apropiación.
Supongamos que una fábrica de papel vierte sus residuos en un río en el que,
cauce abajo, hay instalada una piscifactoría. Los procesos productivos de ambas
empresas requieren la utilización del río, pero una de ellas lo utilizará de forma
más eficaz que la otra o, lo que es lo mismo, el rendimiento del río será mayor en
alguna de las dos empresas.
Como el vertido de residuos por la papelera impide la utilización del río por la
piscifactoría, los derechos de apropiación estarán claramente establecidos si no
hay lagunas ni contradicciones jurídicas, es decir, si una y solo una de las dos
empresas es titular de los derechos.
Las situaciones posibles pueden ordenarse como se describen a continuación. En
la situación 1ª la piscifactoría es la más eficiente en el uso del río, tiene derecho
a recibir el agua limpia, por lo que obligará a la papelera a cerrar o a que resuelva
de otra forma el problema de sus vertidos. En la situación es la papelera la
eficiente y la titular del derecho por lo que podrá continuar con los vertidos.
Veamos más despacio la situación 2ª. El titular del derecho es la papelera. La
piscifactoría utiliza el río de forma más eficiente: su beneficio es de 10 mientras
que el beneficio de la papelera es 8. La piscifactoría comprará a la papelera su
derecho por un precio entre 8 y 10. Ambas empresas saldrán ganando con la
transacción: la papelera obtendrá, sin producir, un beneficio superior al que tenía
antes de la transacción; la piscifactoría, que no tenía derecho al uso del río y
por lo tanto no podía conseguir al principio ningún beneficio, podrá llevar a
cabo su actividad quedándose con un beneficio positivo aunque menor que
2.
La situación es simétrica de la anterior. La papelera, al ser ahora la más
eficiente, podrá comprar a la piscifactoría su derecho sobre el río. Resumiendo.
Sea cual sea la asignación inicial del derecho, la empresa que funcionará será la
que lo utilice de forma más eficiente.
Figura 2: Ilustración del Teorema de Coase
El derecho lo tiene
Piscifactoría Papelera
La más eficiente
es
Piscifactoría
Situación
“eficiente”, no
requiere
transacción.
Situación
“ineficiente”, la
papelera venderá
derecho.
Papelera
Situación
“ineficiente”, la
papelera comprara
derecho.
Situación
“eficiente”, no
requiere
transacción.
http://www.eumed.net/cursecon/9/index.htm
Segundo: “Si las transacciones implican costes que impiden la
redistribución de derechos, habrá sólo una asignación inicial de los mismos
que permita la máxima eficiencia.”
La compra de derechos ajenos, es decir, cualquier transacción económica, puede
tener unos costes tan elevados que absorban completamente los beneficios
derivados del intercambio. Supongamos que la papelera es más eficiente pero no
tiene el derecho y que en vez de negociar con una piscifactoría, tiene que ponerse
de acuerdo con los pescadores de caña que acostumbran a instalarse en las
orillas de ese río. ¿Cómo podrá identificar a todos y cada uno de los
pescadores y ponerse de acuerdo con cada uno de ellos en la cuantía de la
indemnización? Siempre aparecerán nuevos individuos afirmando que tenían la
intención de ir a pescar a ese río y que por tanto quieren una indemnización.
Siempre habrá alguno que, consciente de que puede impedir por solo que la
papelera entre en funcionamiento, pedirá para una indemnización excesiva. En
el ejemplo anterior suponíamos una diferencia entre los beneficios de ambas
empresas de 10 - 8 = 2. Si los costes de la transacción superan esa diferencia el
intercambio no podrá llevarse a cabo.
En el mundo real son desgraciadamente frecuentes las situaciones en las que la
negociación entre las partes no puede conducir a un resultado económicamente
aceptable. Muchas empresas contaminantes están perjudicando a un
número de personas muy elevado y además de una forma muy poco
eficiente ya que la suma del valor de los perjuicios causados es muy
superior al ahorro que consiguen emitiendo sus contaminantes sin filtrarlos
previamente. La frecuencia de ese caso se debe tanto a la ausencia de criterios
judiciales de eficacia en la asignación de los derechos como a que los costes de la
transacción necesaria para corregir esas situaciones son terriblemente altos.
Imagínese la cuenta de gastos que podría presentar el tesorero de una
"Asociación de damnificados por la Papelera": publicidad del proyecto para
identificación de los damnificados, elaboración de los estatutos de la asociación,
inscripción en el registro, elección de portavoces, negociaciones con la papelera,
elaboración del contrato, establecimiento de un sistema de vigilancia del
cumplimiento del contrato, asesoramiento jurídico en caso de incumplimiento.
Obsérvese (por favor, abogados, sin alegrarse de ello) que gran parte de esos
gastos tienen una relación más o menos directa con los profesionales del
Derecho.
Del teorema de Coase se deduce que el Derecho tiene varias funciones de capital
importancia en la consecución de la eficiencia económica.
Primera: La eficiencia requiere en cualquier caso que los derechos estén
establecidos con claridad, sin lagunas ni contradicciones.
Segunda: Si los costes de transacción van a impedir los intercambios es posible
establecer una asignación inicial de derechos que garantice la máxima eficiencia.
(La expresión "es posible" es deliberadamente ambigua; también es posible utilizar
otros criterios en la asignación de derechos, por ejemplo, el criterio de equidad,
aunque estén en contradicción con el de eficiencia; sin embargo la eficiencia debe
ser, al menos, considerada).
Tercera: El Derecho puede aumentar la eficiencia global del sistema reduciendo
los costes de transacción. Y los costes de transacción más altos derivan
precisamente de la falta de seguridad jurídica, de la necesidad de prevenir y
desalentar el incumplimiento de los contratos.
En muchas ocasiones es posible un acuerdo contractual que beneficie a las partes
contratantes pero cuyo incumplimiento beneficiaría notablemente a una de ellas.
Si el sistema jurídico no ofrece garantías suficientes de que el quebrantamiento
del contrato será detectado, perseguido y penalizado a un coste bajo, en un
plazo de tiempo corto y con mucha probabilidad, se estará desalentando ese
acuerdo.
4.2.1 La Contaminación y los costos externos
Además de la manipulación del precio por agentes con poder de mercado, hay
otras razones que impiden el funcionamiento de la competencia perfecta. En
ocasiones una empresa tiene capacidad para hacer recaer sobre otras partes de
los costes de su proceso productivo. Otras veces surgen dificultades para
impedir que se beneficie de un bien el que no ha
pagado por él. En ambas situaciones el Derecho tiene
un papel destacado en la explicación del origen y en
las posibles soluciones de los problemas.
Se llaman externalidades o efectos externos las consecuencias que tiene un
proceso productivo sobre los individuos o empresas ajenos a su industria. Si, por
ejemplo, los productores de aceite de girasol deciden aplicar a sus plantaciones un
nuevo pesticida, conseguirán así una mayor producción pero se pueden
derivar de ello varios tipos de efectos externos. Por una parte habrá efectos
pecuniarios sobre otras industrias si sus productos están relacionados; como
sabemos, la mayor producción de aceite de girasol provocará la disminución de
su precio y desplazamientos en los mercados de aceite de oliva y de patatas fritas,
entre otros.
Otras industrias sufrirán efectos tecnológicos, es decir, cambios en la estructura de
costes; los nuevos pesticidas serán arrastrados por la lluvia hasta los ríos
próximos a las plantaciones de girasol, causando mortandad entre los peces; las
piscifactorías instaladas en esos ríos verán muy reducida su producción por lo que
aumentará su relación costes/producto. Puede haber también efectos externos
tecnológicos positivos: las plantaciones de tomates próximas a las de girasol
quedarán igualmente protegidas contra algunos insectos consiguiendo así un
aumento de la producción sin necesidad de aumentar los factores.
La diferencia entre efectos externos tecnológicos y pecuniarios está por tanto en si
hay o no modificación en el proceso productivo, en la cantidad de factores que es
necesario aplicar para conseguir la misma producción final. En el caso de las
patatas fritas, la cantidad de aceite necesaria por cada kilo de patatas no se ha
modificado, sólo su precio. Las piscifactorías, en cambio, requerirán más trabajo o
más depuradoras para conseguir mantener su producción de truchas. También
hay que considerar efectos tecnológicos externos los que provocan modificaciones
en los procesos de consumo, los que requieren que el consumidor adquiera
más bienes para obtener la misma utilidad.
Se llama coste externo al coste que tiene un proceso productivo sobre otros
agentes económicos. El coste social es igual a la suma de los costes externos y
los costes internos, es por tanto el coste de un proceso productivo sobre toda la
sociedad. Como hemos visto, el mercado genera una tendencia a que se iguale el
precio de un producto al coste marginal de su producción y ese resultado es
socialmente eficiente, un óptimo paretiano. En el caso de que haya efectos
externos, la producción socialmente eficiente sería la que igualase el precio al
coste marginal social. En cambio, si no existe ninguna intervención externa
al mercado, la producción será la que iguale el precio al coste marginal interno.
La consecuencia económica de los efectos externos es la disminución de la
eficiencia en la asignación de recursos: La producción de bienes con efectos
externos negativos será superior a la socialmente deseable y las producciones con
efectos externos positivos eran insuficientes. Para que siguiese siendo eficiente el
sistema, el precio de los bienes con procesos productivos contaminantes tendría
que igualarse al coste marginal social, es decir, a la suma del coste marginal
externo y el coste marginal privado.
Todos los procesos de producción o consumo que causan un impacto nocivo
sobre el medio ambiente tienen efectos externos negativos sobre otros agentes
productores o consumidores. La clasificación de esos efectos es
desgraciadamente larga:
destrucción del suelo mediante deposición de residuos o alteración de la
cubierta vegetal
provocando su erosión o empobrecimiento en nutrientes;
contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas por focos
industriales o urbanos;
contaminación atmosférica por industrias, calefacciones, vehículos,
aerosoles;
pérdida de biodiversidad y con ello de las potencialidades sociales y
económicas, que colateralmente pueden brindar a la hombre;
sedimentación acelerada de embalses hidroeléctricos, que incrementan
sus precios de mantenimiento y de vida útil; y
degradación de suelos rurales y urbanos para vivienda-habitación.
4.2.2 Los bienes públicos
Hay algunos bienes cuyo suministro no varía por el hecho de que una o muchas
personas los estén consumiendo; por ejemplo, las emisiones de TV por ondas
aéreas: sea cual sea la cantidad de receptores que tengan sintonizada una
emisora, cualquier otro podrá sintonizarla también sin que haya ninguna pérdida
de calidad. No hay por tanto rivalidad en su consumo y el aumento de la audiencia
no implicará nunca un aumento de los costes de producción y emisión de
programas. Además, cuando las emisiones de TV son sin codificar, no es posible
impedir a nadie que las reciba en su casa. Ambas características, la no rivalidad
en el consumo y la imposibilidad de exclusión son las que definen a los bienes
públicos. Conviene por tanto evitar la confusión entre los bienes públicos y los
bienes de titularidad pública. Estos últimos son todas las propiedades del Estado;
los bienes públicos puede que sean servidos por el Estado y puede que no. Los
bienes públicos pueden ser opcionales o no opcionales. Las emisiones de TV son
opcionales ya que la decisión de sintonizar o no la emisora es potestativa del
consumidor. La defensa nacional en cambio es un bien público no opcional ya que
inevitablemente se proporciona la misma cantidad de ella a todos los ciudadanos
del país, sea cual sea su interés en ser defendidos.
Algunos bienes públicos no presentan claramente las características que
requeríamos en su definición, son los llamados bienes públicos impuros. La
educación es el ejemplo más habitual. En principio, el hecho de que asista un
alumno más a las clases en nuestra Facultad no provoca que la cantidad de
educación percibida por los demás disminuya por lo que no parece que haya
rivalidad en el consumo, pero lo que es cierto para un sólo individuo no se cumple
para un número más elevado; una Universidad masificada y una clase abarrotada
implican una disminución evidente de la calidad de la enseñanza. Otra
característica de la educación es que, aunque toda la sociedad se beneficia de las
mejoras en el sistema educativo y del aumento de la calificación de los
profesionales del país, algunos individuos se benefician más que otros: los propios
receptores de la educación, sus familiares, sus empleadores.
Si se dejara exclusivamente a la iniciativa privada la provisión de los bienes
públicos, estos serían ofrecidos en una entidad muy inferior a la socialmente
eficiente. Como la producción de esos bienes tiene un coste, pero no puede
excluirse a nadie de su uso aunque no hayan pagado por ellos, la iniciativa privada
no podría percibir los ingresos necesarios para compensar la producción. La
intervención del Estado, bien encargándose directamente de la producción, bien
subvencionando a empresas privadas, es la solución que puede garantizar el
suministro suficiente de bienes públicos. Pero esa intervención plantea dos
problemas: determinar cuál es la provisión óptima, en qué cantidad deben ser
suministrados, y determinar sobre quién deben repercutir los costes y en qué
cuantía.
Supongamos que se está planeando la construcción de una presa en el cauce de
un río. Muchas personas se beneficiarán con ello en diferentes formas: los
campesinos que podrán utilizar las aguas del pantano para regadío, la
empresa hidroeléctrica que explotará su capacidad energética, los
habitantes de los pueblos que reciben protección ante las crecidas del río,
los que acudirán a las instalaciones deportivas de las orillas del pantano.
Pero si se intenta que la presa sea costeada por los beneficiarios y en proporción
al beneficio que van a obtener, aparecerán muchos parásitos o gorrones (free-
riders) que no reconocerán estar interesados en su construcción para eludir el
pago, confiando en que las aportaciones de los demás sean suficientes y poder
así disfrutar del servicio sin tener que costearlo.
Es necesario que se revelen las verdaderas preferencias de los consumidores
para poder estimar la cantidad óptima de bienes públicos que deben ser
suministrados. Pero aunque los bienes vayan a suministrarse de forma gratuita,
los consumidores estarán tentados de falsear sus preferencias, exagerándolas,
para obtener con mayor probabilidad sus deseos. Si se realiza una encuesta para
conocer los beneficios e inconvenientes que reportará la construcción gratuita de
una carretera para un pueblo, los partidarios de su construcción declararán una
previsión de beneficios muy superior a la real.
4.2.3 Las especies en extinción y los recursos naturales
Actualmente existe una inquietud generalizada ante la desaparición de extensas
zonas de selva tropical y la posibilidad de extinción de especies animales por
sobreexplotación. Este problema presenta características similares a los efectos
externos y a los bienes públicos y tampoco es resuelto de forma satisfactoria por
el mercado. A diferencia de los bienes públicos, los recursos naturales de
propiedad común provocan o pueden llegar a provocar rivalidad en el
consumo. A diferencia del problema de los efectos externos, que son efectos
tecnológicos provocados por bienes privados sobre bienes privados, la
sobreexplotación de recursos naturales comunes incluye efectos tecnológicos y
pecuniarios provocados por el acto de privatización de una propiedad común.
En muchos países sudamericanos como Brasil, Guatemala, o Costa Rica, la selva
tropical está siendo quemada para roturar nuevas tierras que permitan la
instalación de colonos. En las selvas tropicales de extremo oriente, especialmente
en Indonesia y Filipinas, el ritmo de explotación de su riqueza maderera dobla a la
tasa de reproducción agravándose la situación en las especies de maderas
nobles, más demandadas, algunas de las cuales están ya en peligro de
desaparición.
Varias especies de mamíferos marinos tienen su supervivencia gravemente
amenazada por exceso de capturas. Muchos bancos de peces, aunque no estén
en peligro de extinción, han visto reducida su población hasta el punto de arruinar
a muchas poblaciones pesqueras en Perú, Islas Británicas y Noruega. Las
razones son similares en todos esos casos. Las selvas, bosques, pastos
comunales, cazaderos o pesquerías no están sometidos al régimen de
propiedad privada. Cualquier individuo o empresa puede acceder a ellos por
lo que cada uno intentará obtener el máximo rendimiento sin preocuparse
por su preservación para el futuro. La ciencia económica estudió el
problema por primera vez para el caso de las pesquerías que se han
convertido así en el ejemplo tradicional.
Algunos ecologistas radicales, mal informados, proponen que consideremos las
especies animales como un "capital heredado" del que podemos aprovechar sus
rentas pero que debemos transmitir "íntegro" a las futuras generaciones. Eso no
es posible en la realidad. Cualquier volumen de capturas de peces de un banco
supone inevitablemente la disminución de su población. Con la expresión "capital
heredado" esos ecologistas se están refiriendo al punto de equilibrio natural de la
población, el tamaño que tendría la población de peces si no existiéramos los
humanos. La única forma de mantener "íntegro" ese número de peces sería no
pescar. La figura No.3, muestra la relación existente entre la tasa de
crecimiento y el tamaño de la población de una especie animal. Cuando el
número de individuos es muy grande, a la derecha del punto Pa en el gráfico, la
tasa de crecimiento de su población se hace negativa debido a las mayores
dificultades para el forrajeo o la caza y a la aparición de epidemias. El punto Pa es
por tanto un punto de equilibrio que marca el número de individuos a que tenderá
la especie en estado salvaje si no existe intervención humana. Si la población se
redujera excesivamente por sobreexplotación del hombre o cualquier otra
circunstancia, se podría llegar a un punto, Pc en el gráfico, en el que la tasa de
reproducción se hiciera negativa lo que conduciría a la especie inexorablemente a
la extinción. (Pulsa en la gráfica para ver la explicación en formato multimedia)
Figura 3: Relación entre tasa de crecimiento y el tamaño de la población
http://www.eumed.net/cursecon/9/index.htm
Supongamos en cambio que partimos de una situación intermedia, cualquier
tamaño de la población de peces entre Pa y Pc, en la que la tasa de
crecimiento es positiva, por ejemplo del 3% anual. Si limitásemos nuestras
capturas anuales precisamente a esa tasa, al 3% de la población total, el
tamaño del banco se mantendría estable indefinidamente. El problema puede
plantearse por tanto en términos estrictamente biológicos: cuál es el volumen
máximo de capturas que puede conseguirse de forma indefinida o, en otras
palabras, cuál es el tamaño de la población en el que su tasa de crecimiento es
máxima, el punto Pb en el gráfico. Los biólogos son capaces de resolver
perfectamente ese problema y lo consiguen con un alto grado de
sofisticación, determinando la edad óptima de los peces capturados y la época del
año en que debe realizarse la campaña. Se llama management o gestión de
pesquerías al conjunto de estudios y técnicas que permiten una explotación
óptima a largo plazo.
Pero, una vez que se tiene una solución óptima, se trata de ver si somos capaces
de aplicarla. Cada individuo, cada barco pesquero, tiene que elegir entre dos
alternativas en un ambiente que puede ser modelado según el Dilema de los
Presos. Vamos a llamar "cooperar" a la estrategia consistente en respetar las
cuotas y la reglamentación acordadas por una cooperativa o por un organismo
supranacional y establecido según criterios racionales de gestión de pesquerías.
Vamos a llamar "traicionar" a la estrategia consistente en tratar de obtener el
máximo beneficio individual a corto plazo aunque ello implique sobrepasar cuotas
o usar artes de pesca prohibidas.
4.2.4 El Teorema de Coases y sus implicaciones según “el problema de coste
socioambiental”
Para entender la esencia del Teorema de Coase, es obligado conocer previamente
el sencillo concepto de "externalidad", que Coase prefiere llamar "efecto
externo". Definiremos externalidad como el beneficio o perjuicio que recibe un
agente económico (ya sea consumidor o empresa) como consecuencia del acto de
producción o consumo de un segundo agente económico. Así el receptor de la
externalidad puede ser un consumidor o productor, y el emisor de la misma
también, por lo que podemos tener cuatro tipos de externalidad:
1. De productor a consumidor
Ejemplo: el humo que suelta la chimenea de una gran fábrica situada cercana al
núcleo urbano de una ciudad, que afecta a la salud de los ciudadanos. También la
vacuna desarrollada por una compañía farmacéutica que previene de
enfermedades a muchas personas.
Figura 4: Visualización de coste socioambietal “productor-consumido
Fuente: Melgar, M. 2006
2. De productor a productor
Ejemplo: la empresa papelera, que también es usado por una piscifactoría.
3. De consumidor a productor
Ejemplo: el cambio de moda en el consumo de un nuevo tipo de
coche, que incorpora una mejor tecnología, lo que obliga a las
empresas automovilísticas a modificar sus esquemas
productivos.
4. De consumidor a consumidor
Ejemplo: un señor, saltándose la norma, fuma en un lugar público. Ese acto
causará un perjuicio físico a otras personas.
Según el efecto que reciba el receptor de la externalidad (beneficioso o dañino), se
habla de externalidades positivas y negativas, siendo éstas últimas las más
habituales. El Teorema de Coase va a servir de aplicación para ambas. De entre
los ejemplos anteriormente comentados, externalidad positiva sería el caso de la
vacuna y negativa la de fumar en presencia de no fumadores.
4.2.4.1 Posicionamiento de Pigou y réplica de Coase
Acepta Pigou que los intereses de cada uno llevan al bienestar económico,
porque las instituciones humanas se han creado para ese fin. Sin embargo,
ante presencia de externalidades se producen divergencias entre productos
sociales netos y privados. Para mejorar esas tendencias naturales (ineficientes)
aumentando el bienestar general y renta nacional, es necesaria la intervención
pública. Pigou, siendo consciente de las limitaciones de esa intervención (que
varían en tiempo y lugar), soluciona esas deficiencias con la figura de los comités
o comisiones, que dice no presentan estos problemas.
Sin embargo los hechos han mostrado que esto es claramente mentira. Coase
arguye esa simplificación por parte de Pigou en base al objetivo de buscar una
teoría general más que una profundización en ciertos aspectos. Según Pigou, la
externalidad es caso de intervención gubernamental, ya sea con un
impuesto en caso de externalidad negativa sobre su productor o un subsidio
en caso de externalidad positiva. También plantea la posibilidad (que ha
trascendido menos a la literatura económica) de la regulación. Pigou pone el
ejemplo de una locomotora que despide chispas a bosques cercanos. Según
Pigou los ferrocarriles causan un daño y éstos deben compensar a quienes se
incendian los bosques.
Coase invalida este argumento por varios motivos: primero, porque Pigou no
establece que la recaudación del impuesto vaya a los "damnificados" de la
externalidad y así, se dispersa en la economía (aunque la literatura
económica a veces cometa el error de considerar todo lo contrario).
Segundo, porque ha trascendido la idea del impuesto pero no de la
subvención. Tercero, porque con un impuesto sobre una externalidad
negativa ésta disminuirá. Pero no siempre es deseable eliminar toda la
externalidad, porque es posible que lo que se gane con ello sea menos de lo que
se pierde con la eliminación de la actividad productora de externalidades. Y cuarto,
y lo más importante, porque lamenta Coase que sólo se hable de impuestos al que
cause la externalidad, porque no se reconoce así la naturaleza recíproca del
problema. En un supuesto extremadamente retorcido y perverso en "El problema
del coste social" (1960), Coase propone que el impuesto se establezca sobre
generador y receptor de externalidad; aún así, esa vía intervencionista nos
llevaría a una situación ineficiente. Por eso, se puede reconocer mejor esa
naturaleza recíproca, según veremos, vía negociación de las partes implicadas,
asegurando un resultado eficiente.
Señala Coase que la intervención usualmente conlleva altos costes, incluso
mayores que el beneficio buscado. Aún en el supuesto de que la negociación no
se de por altos costes de transacción, ¿quién nos garantiza que pueda
solucionar eso el Gobierno? Además, incluso si se aceptara la intervención
pública, no debería generalizarse y se debería adaptar a las condiciones de
coste de la economía. Y además, cualquier intervención pública que lleve a una
situación ineficiente; podrá revertirse a otra situación eficiente vía negociación.
Finalmente añade Coase que los argumentos de Pigou son confusos, porque dice
que algunos sistemas de compensación puede agrandar la divergencia entre
productos social y privado, pero no bajo qué condiciones. Hoy día todavía se sigue
a Pigou, pero Coase dice que con un mayor distanciamiento respecto al mundo
real.
4.2.4.2 La solución de Coase
Según Coase, en contraposición a Pigou, la intervención no siempre es necesaria
y a veces se debe permitir la externalidad, llegando a un óptimo social mediante la
negociación, si los costes de transacción son menores de lo que se persigue con
el intercambio. Sólo si el beneficio que se pudiera obtener eliminando la
externalidad fuera mayor que el daño que se produce al eliminar la actividad
generadora de la misma, tiene sentido la intervención, aunque en tal caso es
mejor llegar a ese óptimo mediante negociación.
A través de esta negociación consistente en la maximización del producto social
en vez de la comparación del producto social y privado, es indiferente si al
causante del efecto dañino se le puede asignar responsabilidad por daños o no,
porque en ambos casos se puede llegar a una situación óptima. Y lo más
importante de eso es que se produce a través de un proceso espontáneo, por
inercia de la gente. Así se reconoce, en palabras de Coase, la naturaleza
recíproca a la hora de solucionar el problema de las externalidades, a través
de la negociación entre productor y "consumidor" o receptor de las mismas,
en lo que es una compra-venta de derechos legales. Pero para ello, esa
negociación conducente a ese resultado sólo será viable con costes de
transacción o de negociación nulos y unos derechos de propiedad claramente
establecidos que puedan defenderse en los tribunales (con independencia de cuál
sea esa distribución de derechos). Si bien es indiferente asignar o no
responsabilidad por daños para llegar a una situación de máxima eficiencia, no lo
es en cuanto al proceso de negociación:
Según Coase, si suponemos dos agentes en una economía (A y B) y hay
responsabilidad por daños del agente A que causa la externalidad (porque
así lo establecen los tribunales), A puede compensar a B de tal manera que
lo que pierda B por seguir llevándose a cabo la actividad (ya sea de
producción o de consumo) generadora de externalidad (o debido a los
gastos por protegerse de la misma), sea menor que lo que gana como
consecuencia de la compensación o indemnización por parte de A; mientras que el
pago que realiza A deberá ser inferior a la pérdida que podría tener si tuviera que
cesar su actividad o trasladarse a otro lugar para efectuarla.
Si por el contrario no hay responsabilidad por daños, también caben los márgenes
a la negociación. A pesar de lo sorprendente que pueda parecer en un principio,
no lo es tanto el hecho de que B realice un pago al agente generador de la
externalidad (A), con tal de que la de su utilidad que le conlleva el pago a B sea
menor que la utilidad que le proporciona el cese de actividad o traslado de la
misma para el que está destinado ese pago; mientras que A estaría dispuesto a
renunciar a su actividad o trasladarla (con lo que de incremento de costes supone)
si esa pérdida es menor que lo que obtiene con el pago de B. Este segundo caso
se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: si un fumador molesta con el humo a un
no fumador, el no fumador puede pagar al fumador para que deje de fumar. Al
pagar, el no fumador tiene una pérdida que, posiblemente, se ve compensada con
una ganancia al dejar de fumar el fumador. Y el fumador, igual gana más con el
pago del no fumador que lo que pierde con dejar de fumar.
Sintetizando todo lo dicho, Coase interpreta el ejemplo de Pigou de la
locomotora que despide chispas así: un impuesto sobre la locomotora
puede evitar un daño (externalidad), que bien puede causar un mayor
perjuicio a la colectividad si se reducen los servicios que presta el tren y
éstos tienen más valor de la madera que se queme por las chispas. Hay que
ver el efecto total en base a un análisis coste-beneficio, en un sistema general:
¿qué es más perjudicial? ¿Qué se queme la madera del bosque ó que el tren deje
de prestar servicios para que no se queme la madera (afectando por tanto a los
usuarios del tren)?. Es por eso que no siempre es deseable ni la intervención ni la
responsabilidad por daños.
Así se ve la importancia de la negociación. Pero en determinadas circunstancias,
sólo si los costes de transacción son extremadamente altos, puede tener sentido
la implantación de estatutos por parte del Estado, protegiendo actividades que
para algunas personas pueden llegar a ser molestas, porque se interpretan en
base a un beneficio público. Obviamente, estos estatutos sólo deben permitir
los costes inherentes a la prestación del servicio, no otros adicionales. Éstos
estatutos pueden ser a veces una buena vía de escape cuando las decisiones
judiciales no se basen en consideraciones económicas (lo cual ocurre
frecuentemente), o al menos no lo hagan explícitamente (y implícitamente,
como en la habitualidad), que condicionaran el funcionamiento del sistema
económico en una dirección no deseable. Tal es el caso de la doctrina por cesión
perdida.
El propio Coase reconoce que una economía sin costes de transacción es irreal.
Ello no invalida el teorema de Coase, porque éste teorema nos describe una
situación ideal que los agentes persiguen. En efecto, el sistema económico tiende
hacia la supresión de obstáculos que impiden tener costes de negociación lo
suficientemente bajos. La teoría económica siempre se ha asentado sobre el
supuesto de costes de transacción nulos, y dado que hay instituciones
(mercado y empresa) que surgen para tratar de disminuir esos costes
(aunque el objetivo será a menudo limitado); esta teoría (aún vigente por
desgracia, según Coase) se ha basado en unas instituciones no
suficientemente bien explicadas. Es por ello que Coase no niega la teoría
existente (que es aplicable a diversas ciencias sociales), sino la base sobre la que
se aplica: el mercado y la empresa, nunca estudiadas a fondo pese a ser las
instituciones principales en una economía, lo que ha hecho que no se entienda
bien el funcionamiento económico.
La empresa es una organización que según Coase disminuye los contratos
mercantiles entre individuos haciéndose con los derechos legales de las partes ya
no mediante contratos, sino como resultado de una decisión administrativa sobre
cómo deben emplearse los derechos, con los consecuentes ahorros de costes.
Naturalmente la empresa sólo surgirá si no son necesarios más costes
(administrativos) que los que se ahorran y si lo que se gana por
reacomodación de actividades supera el coste de organización de las
mismas. La crítica es que los costes administrativos suelen ser altos, sobre todo
con N agentes. Ante eso habría una regulación estatal obligatoria subsidiando
numerosos productos y servicios, con los problemas asociados de estimaciones
falsas, un sistema de impuestos que hiciera variar los precios, supresión de
autonomía financiera... y en definitiva ineficiencia.
Respecto al mercado, incide Coase en que la teoría económica moderna no
estudia la esencia del mismo, sino sólo el mecanismo de formación de precios.
Para que los costes de transacción se reduzcan debe haber regulación, no
necesariamente estatal; regulación que puede ser en dos sentidos: para
ampliar el mercado y recortar la competencia. Si el sistema legal se hace difícil,
interviene el Estado, con los problemas vistos. De ahí que el propósito de estas
instituciones sea limitado.
4.2.4.3 Comentarios que hace Coase a su teoría
Para él, lo más interesante y difícil a la vez es que propone un análisis coste-
beneficio dentro de un sistema general (lo que llama estudios de estética y moral).
Dice que su análisis se queda corto porque se centra en una economía de
mercado, no mixta, y por tanto inexistente. El análisis se puede quedar corto en
cuanto a contenido, pero en mi opinión nunca en cuanto a aplicación. Coase
señala la limitación del hecho de considerar los derechos de propiedad más como
factores de producción que como derechos, algo bastante frecuente, lo cual
imposibilita llegar al máximo de producción o bienestar. Entre las ventajas, destaca
la rapidez en las transacciones y asignación de recursos ante costes de
transacción bajos.
4.2.4.4 Las críticas recibidas por Coase y su respuesta
Samuelson dice que con el teorema de Coase usualmente la riqueza no será
máxima aún con costes de transacción nulos, porque siempre habrá en la
negociación un monopolio bilateral que lleve a un resultado indeterminado, por
miedo a empeorar una situación de status quo. Coase dice que esta
argumentación es errónea porque si ya había contrato, las condiciones del
mismo se cumplen, y si no hay contrato no hay condición que poner en
peligro.
Dice Coase que Samuelson dice esto porque quizá considera una situación en
que no existe contrato ni intercambio, al no ponerse de acuerdo las partes, y ello
afecta a las ganancias. En ese caso, es posible que no se maximice la riqueza,
pero dice Coase que esas situaciones serán mínimas; sin embargo Coase no
argumenta por qué eso es así (en el fondo no dice nada), por lo que cabe
poner en tela de juicio la postura de ambos.
Otra crítica a Coase es que, realmente, existen efectos renta que varían la
asignación de recursos. Pero lo que hace Coase es suponer un efecto total de
ingreso cero tras la negociación, por lo que no debería haber una modificación en
la asignación de recursos que invalide el teorema. Respecto a los costes de
transacción, Coase ha recibido la crítica de que los omite, lo cual ya hemos
explicado que no es cierto, quien los omite es la teoría tradicional. También
se dice a Coase que ante costes de transacción, la regla de responsabilidad
puede ser no óptima porque se oculte información. Coase no niega eso, pero
dice que en esa situación la ley tomará las medidas necesarias para maximizar el
nivel de producción. Argumento también convincente, pero que se cae por los
suelos si la intervención estatal es amplia. En referencia a la asignación de
derechos, Coase afirma que si hay costes de transacción nulos, aunque cambie la
situación legal la asignación de recursos no varía. En cambio dicen sus críticos
que ante una modificación de las leyes varía la distribución de la riqueza, lo cual
da lugar a variaciones de la demanda y consecuentes cambios en la asignación de
recursos. Coase niega esto, porque se ha explicado ya que la distribución de
riqueza no varía ante cambios de leyes.
4.2.4.5 Algunos comentarios adicionales
Como ventaja, decir que éste teorema es aplicable a las externalidades no sólo de
producción o consumo, sino también de no hacer nada (por ejemplo: no cuidar un
bosque). Los costes de transacción son pequeños con pocos agentes; con más,
se multiplican. Pero para solucionar eso, nacen instituciones como la bolsa. Por
otra parte Coase no introduce el peso de cada agente en la economía a la hora de
pactar, cuando en verdad existen oligarquías. Coase simplifica este problema
dando por supuesto que los poderes de unos con los de otros se pueden
compensar, lo cual no es necesariamente cierto; o al menos, no se puede
prever de antemano. Además los individuos no siempre buscan lo mejor
para ellos en la negociación: puede haber ineficiencia por cuestiones de
envidia.
Si los tribunales no se fijan metas económicas (lo hacen sin querer, según Coase),
su papel parece irrelevante en épocas donde el sistema económico funcione bien.
Hay cierta ambigüedad en el planteamiento de Coase. Dice que en su análisis es
conveniente introducir elementos morales, ¿por qué no lo hace? Por ejemplo:
Coase supone asignados unos derechos de propiedad y que se puedan defender,
pero no si hay más equidad o menos en la distribución de esos derechos.
En conclusión, estamos ante un planteamiento de equilibrio general, que parece
tener tanto más sentido cuanto nos movamos más en una economía de mercado,
que se basa en unos supuestos que no se dan, aunque las barreras que impiden
esos supuestos ideales sean cada vez menores. De ahí la importancia del
Teorema de Coase, que tiene la ventaja de promover la máxima eficiencia,
independientemente del uso o motivo que se vincule al derecho de propiedad, muy
contrariamente de lo que dicen muchos economistas del pasado.
5. El que contamina paga (aplicación de Teoría del Coase)
El principio que se enuncia en el título fue adoptado por primera vez a nivel
internacional en 1972 por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Postula básicamente que los responsables
de contaminar deben pagar el costo de las medidas necesarias para evitar o
reducir esa contaminación de manera de cumplir con las normas y medidas
de calidad ambiental.
La fundamentación de este principio es que el aprovechamiento de los bienes
comunes como bienes libres desde el punto de vista de su utilización, y gratuitos
en cuanto a su costo de uso o explotación, ha conducido a un creciente deterioro
de la calidad del medio ambiente. Lo que se persigue no es determinar culpables
ni inmiscuirse en el terreno de las obligaciones de indemnización. Se busca
incorporar a los costos internos de las actividades o procesos productivos aquellos
costos que actualmente son externos a ellos y que generan deseconomías
sociales, es decir, incorporar las externalidades ambientales negativas.
El artículo establece diversos criterios para la imputación de los costos
ambientales y pasa revista a algunos instrumentos para la aplicación del principio.
Analiza también situaciones especiales en las que la aplicación inmediata de
normas muy restrictivas podría causar serias perturbaciones económicas, por
lo que en estos casos recomienda gradualidad y asistencia, y concluye con un
examen de las insuficiencias del principio, en especial respecto de actividades
cuyas consecuencias ambientales sean extremas.
5.1 El abuso de los bienes comunes
El surgimiento del principio "quien contamina, paga", también conocido
como principio "contaminador-pagador", tiene mucho que ver con lo que el
biólogo Garret Hardin llamó la tragedia de los bienes comunes (Edmunds y
Letey, 1975). Se entiende por bienes comunes, para estos efectos, los elementos
del ambiente que no pertenecen a nadie y que pueden por lo mismo ser utilizados
por todos sin que nadie pueda alegar derechos exclusivos sobre ellos. Tal es
el caso, por ejemplo, de la atmósfera y de la alta mar y sus fondos marinos, con
todos sus recursos hidrobiológicos y minerales. La generalidad de las
legislaciones reconoce la existencia de este tipo de bienes. Así, por ejemplo, el
Código Civil chileno, desde su dictación en 1885, habla de "las cosas que la
naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar", agregando
que estas cosas "no son susceptibles de dominio" y que "ninguna nación,
corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas" (artículo 585).
Atendida su condición de comunes, estos bienes son libres desde el punto de vista
de su utilización y gratuitos desde la perspectiva del costo de su uso o
explotación, lo que significa que cualquiera puede usados o sacar de ellos el
provecho que desee sin tener para ello y por ello que pedir permiso ni pagar nada
a nadie. Así se hizo desde siempre, hasta que a contar de fines del siglo pasado,
tras el advenimiento de la revolución industrial, la explotación irrestricta y cada vez
a mayor escala de estos bienes, por una parte, y su creciente empleo como
sumidero de un volumen cada vez mayor de todo tipo de desechos y desperdicios,
por otra, puso de manifiesto su carácter finito y vulnerable a la acción humana y
encendió una luz de alerta sobre el riesgo de que por este camino pudiera llegar a
causárseles daños irreversibles o, cuando menos, daños de muy lenta y costosa
restauración, de los que la humanidad entera tendría que sufrir las consecuencias.
No pasó inadvertido que la ruina de estos bienes traería perjuicios para todos.
Conforme a la lógica de la codicia privada, sin embargo, los resultados de la
ecuación beneficio-perjuicio se mantenían favorables para quienes los usaran o
explotaran excediendo los umbrales de su tolerancia a la intervención humana, ya
que los perjuicios que les fueran causados se dividirían entre todos, en tanto que
los beneficios que se obtuvieran de su aprovechamiento irían en exclusivo
provecho de sus usuarios o explotadores. En otras palabras, a fin de cuentas, se
ganaba más de lo que se perdía. Además, se argumentaba, siempre estaba
presente el riesgo de que lo que dejara de ganarse por una menor presión sobre
estos bienes pudiera prestarse para que otros, menos escrupulosos, hicieran
mayores ganancias a expensas de esta menor presión, puesto que dispondrían de
estos bienes en mayor cantidad o cualitativamente menos deteriorados. Y, si lo
que no hicieran unos lo harían otros, en condiciones aun más lucrativas, ¿por
qué entonces renunciar al máximo provecho que pudiera obtenerse de los
bienes comunes, si todos tienen igual derecho a servirse y a beneficiarse
gratuitamente de ellos?
De esta reseña de argumentaciones puede desprenderse que la causa de la
expoliación y degradación de los bienes comunes ha residido más en su gratuidad
que en su condición de comunes, pues si aun manteniendo este último carácter
les hubiera estado asignado un precio que tuviera que reflejarse como costo en las
cuentas de ganancias y pérdidas o en los balances de resultados, la ecuación
beneficio-perjuicio, incluso en el marco del utilitarismo más egoísta, habría
desalentado el sobreuso y la sobre explotación de que han sido objeto.
Constituiría una simplificación errónea, sin embargo, reducir el problema de
los bienes comunes a una mera cuestión de mayores o menores beneficios o
costos económicos, aunque sólo fuera con el propósito de apuntar a la búsqueda
de soluciones. Un planteamiento integral del tema exige hacerse cargo de sus
repercusiones sociales y, muy especialmente, de las graves distorsiones que crea
en el ámbito de la justicia distributiva, pues sucede que una proporción
abrumadoramente mayoritaria de las personas que sufren las consecuencias del
deterioro o degradación de los bienes comunes no han contribuido en modo
alguno a provocar estos efectos ni reciben por el daño o privaciones que
experimentan forma alguna de reparación o compensación.
Habría que añadir que la suerte de los bienes comunes ha sido también la de
ciertos bienes nacionales de uso público que pueden ser gratuitamente utilizados
por todos los habitantes del país a que pertenecen, por causas y con
consecuencias similares, lo que ha incidido también en la génesis y el desarrollo
del principio "quien contamina, paga".
5.1.1 Las externalidades ambientales negativas
La teoría económica habla de externalidades o "efectos de derrame o de
desborde" (externalities, spillover effects) para referirse a determinadas
interacciones susceptibles de producirse entre las ganancias de una empresa y los
costos de otra (Edmunds y Letey, 1975). En términos amplios puede decirse que
se está ante una externalidad cada vez que los actos de un agente social
proporcionan a otro una ganancia o beneficio sin obtener retribución por ello, o le
infligen un daño o costo sin concederle por ello compensación alguna. En la
primera hipótesis se habla dem externalidades positivas; en la segunda, de
externalidades negativas.
Las externalidades negativas guardan estrecha relación con los llamados "costos
externos" y se producen, generalmente, con motivo de la utilización de recursos
escasos sobre los que nadie puede invocar derechos exclusivos de propiedad o
de aprovechamiento. El empleo de elementos del ambiente que no tienen precio
asignado representa una economía para quienes se sirven de ellos. Puesto que,
en efecto, estos componentes ambientales no son considerados bienes
económicos y se encuentran al margen, por lo mismo, del sistema de precios,
cualquier operador económico puede usarlos o aprovecharlos sin tener que incurrir
por ello en costo interno alguno.
Desde el momento, sin embargo, en que se traspasa el límite más allá del cual el
uso o aprovechamiento de estos bienes provoca su deterioro o degradación, lo
que implica una economía para quienes se sirven de ellos deviene en una
deseconomía o costo externo para quienes resultan afectados por su destrucción
o condición desmejorada. Los gastos para la recuperación de la salud y el
bienestar humanos, para la restauración de los componentes ambientales
degradados cuantitativa o cualitativamente o para el restablecimiento del
equilibrio funcional de los sistemas ecológicos a los que estos
componentes se encuentran integrados, por mencionar algunos ejemplos,
se inscriben en este tipo de costos.
Cuando estos daños no son asumidos o compensados por quienes los han
causado o han contribuido a causarlos se está ante una externalidad ambiental
negativa. Como la sociedad, en su conjunto, no puede desentenderse de estos
daños y debe, por lo mismo, hacerse cargo de su reparación, los costos externos
resultantes terminan por convertirse en "costos sociales". Debido, en otras
palabras, a que los costos internos de los usuarios o explotadores de los
elementos ambientales no han sido reales, se ha producido una transferencia de
los mayores costos a la colectividad social, de manera general e indiscriminada,
bajo la forma de costos ocultos, lo que significa que el provecho de unos pocos se
ha conseguido a costa de un subsidio social indirecto.
Para revertir o poner atajo a esta situación, que pugna con los principios de la
justicia distributiva, se han propuesto diversas soluciones, todas ellas orientadas a
obtener lo que se ha venido en denominar la "internalización de las
externalidades", es decir, que los costos externos involucrados en la prevención
y combate del deterioro de los elementos ambientales de uso común sean
asumidos y contabilizados como costos internos por parte de quienes producen o
contribuyen a producir su degradación. En la medida que esta imputación directa y
personalizada de los costos externos haga más lucrativo no deteriorar el ambiente
que deteriorarlo, se pretende, adicionalmente, desalentar la presión sobre estos
elementos ambientales, reorientándola hacia otros bienes o hacia el desarrollo y
aplicación de tecnologías menos dañinas que conduzcan a una más razonable y
equitativa asignación y utilización de los mismos.
En el ámbito productivo existirá siempre la eventualidad más que probable de que
quienes vean incrementados sus costos internos de producción con los costos
externos que deberán incorporar a ellos busquen la manera de trasladar los
mayores costos a los compradores de sus productos o a los usuarios de los
servicios que ofrecen, de lo que resultará que serán estos últimos, en definitiva,
quienes carguen con su peso. Aparte el hecho que esta contingencia no
parece reñida con la justicia, sobre todo tratándose de bienes de demanda
elástica, es posible, no obstante, que una imposición progresiva y compulsiva
de los costos externos lleve a incrementos tales en los costos productivos internos
que, por razones de competitividad, ya no resulte posible continuar transfiriéndolos
a los precios. Con esto, la empresa productora deberá comenzar a asumir tales
costos con cargo a sus utilidades, a riesgo de no poder seguir colocando sus
productos o servicios en el mercado.
5.1.2 Las desventajas competitivas
Puede suceder que una empresa llegue al extremo de no poder seguir cargando
los mayores costos internos que le son impuestos ni al precio de los productos o
servicios que ofrece ni a las utilidades que obtiene de su funcionamiento, lo que la
dejará de hecho fuera del mercado. Situaciones límites de este tipo deben
considerarse socialmente beneficiosas si se las juzga en relación con los
objetivos a que apunta el proceso de internalización de las externalidades
ambientales negativas. Existe el riesgo, sin embargo, de que una aplicación
demasiado rígida de las medidas que se adopten pueda traer aparejadas
desventajas competitivas no justificables ni convenientes a la luz del interés
general. Así podría ocurrir, por ejemplo, si se impusiera el empleo de determinadas
tecnologías que no deterioran el ambiente sin contemplar plazos diferenciados
para su adopción según se trate de plantas productivas ya instaladas y en
funcionamiento, o de plantas nuevas en proyecto de instalación. Es obvio que las
nuevas plantas podrán incorporar estas tecnologías a sus procesos productivos
sin tener que efectuar los cambios estructurales y operativos a que se verán
enfrentadas las ya instaladas, con las consiguientes mayores necesidades de
tiempo y costos más altos.
Asimismo, pueden producirse desventajas competitivas en el ámbito del
comercio internacional cuando los sectores exportadores de un determinado
país deban satisfacer exigencias de calidad ambiental significativamente
superiores a las que pesan sobre los sectores exportadores de otros países, en la
medida que, a diferencia de lo que acontecerá con estos últimos, sus costos de
producción reflejen o se aproximen a reflejar costos reales y no se vean
favorecidos, en la misma extensión, con los subsidios sociales indirectos a que da
lugar la existencia de costos sociales no internalizados.
Lo anterior mueve a sostener, como regla general, que toda forma de ayuda o
subvención social que haga menos gravosa para los sectores productivos la
absorción de las deseconomías sociales que provocan, falsea las condiciones de
producción y de consumo y se presta a distorsiones de la competencia que
pueden gravitar negativamente sobre las transacciones comerciales y la
localización de las inversiones. A ello obedece que estas ayudas, salvo
excepciones calificadas, tiendan a ser puestas en interdicción y que se
hayan desarrollado y aplicado principios como el de "quien contamina,
paga".
5.2 Conceptualización e instrumentos para la aplicación del principio
5.2.1 Conceptualización
El principio "quien contamina, paga" fue adoptado por primera vez a escala
internacional en 1972, cuando el 26 de mayo de ese año el Consejo de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos aprobó una
recomendación sobre principios directores relativos a los aspectos económicos
internacionales de las políticas ambientales (OCDE, 1983). Dos años más tarde, el
14 de noviembre de 1974, el Consejo de la OCDE apro una nueva
recomendación, sobre la implementación del principio "contaminador-pagador", en
la cual precisaba algunos aspectos relacionados con la limitación de las
derogaciones de que puede ser objeto este principio (OCDE, 1983b). Fue, sin
embargo, en el seno de las Comunidades Europeas donde el principio se definió
con mayor precisión y le fueron señalados sus alcances concretos.
Para el Consejo de las Comunidades Europeas el principio "quien contamina,
paga" significa que "las personas físicas o jurídicas, sean de derecho público
o privado, responsables de una contaminación, deben pagar los gastos de
las medidas necesarias para evitar la contaminación o para reducida con el
fin de cumplir las normas y las medidas equivalentes que permitan alcanzar
los objetivos de calidad o, en caso de que no existan estos objetivos, con el
fin de cumplir las normas y medidas equivalentes establecidas por los
poderes públicos". "Por consiguiente" -agrega- "la protección del medio
ambiente, en principio, no debe estar garantizada por políticas basadas en la
concesión de ayudas y que impongan a la colectividad los gastos de la lucha
contra la contaminación".
El principio, en consecuencia, no se refiere a la responsabilidad que pueda recaer
sobre los contaminadores por los daños que causen con la contaminacn. No
postula que quien causa perjuicios al contaminar debe responder por ellos,
convirtiéndose en algo así como una versión ambiental de la ley del Talión. La
obligación de indemnizar los daños causados por la contaminación existe, por
supuesto, pero no tiene su fuente en este principio sino en las reglas
generales sobre responsabilidad civil extracontractual. Nada obsta, por lo tanto, a
una aplicación simultánea del principio "quien contamina, paga" y de las
normas sobre responsabilidad civil por daños causados a terceros, aunque bien
puede darse que, encontrándose adoptado el principio, no haya lugar, por
incumplimiento de requisitos, a exigir la reparación pecuniaria de los daños
causados por la contaminación; o, a la inversa, que pudiéndose exigir la
reparación de estos daños, no haya lugar a hacer efectivas las consecuencias del
principio, por no encontrarse éste adoptado por la legislación.
Conviene dejar bien aclarado este punto, pues no faltan quienes suponen que el
principio "quien contamina, paga" se resuelve en hacer recaer sobre el
contaminador las consecuencias dañosas de sus actos. Quienes dan este alcance
al principio atribuyen normalmente a la responsabilidad indemnizatoria del
contaminador el carácter propio de la responsabilidad "objetiva" o "por riesgo"
que no discurre sobre la base de la culpabilidad del agente causante del daño sino
de la sola circunstancia de que éste haya ejecutado un acto generador de una
contingencia probable de daño, es decir, un riesgo. Sostener, pues, que "quien
contamina, paga", equivaldría a decir, en su concepto, que quien perjudica a otro
a resultas de haber generado un efecto contaminador se encuentra obligado a
indemnizarle los perjuicios causados, al margen de que haya actuado con dolo o
culpa o con toda la diligencia y cuidado debidos.
Quienes atribuyen este alcance al principio suelen ser los mismos que ven en él
una suerte de licencia para contaminar. Esta licencia estaría implícita en su misma
postulación, puesto que si el principio no proscribe la contaminación sino que se
limita a hacer recaer sobre el contaminador el resarcimiento de los perjuicios
causados por sus actos, ello estaría significando que quien está dispuesto a pagar,
puede contaminar. Contribuye, a nuestro juicio, a esta errada interpretación, hablar
del "principio del causante" o del "principio de la responsabilidad del
agente" para referirse al principio "quien contamina, paga". A juicio de un
distinguido tratadista, esta confusión de ideas es consecuencia de que se haya
difundido más la denominación del principio, que su contenido.
El principio, en su correcta significación, no busca determinar culpables ni se
inmiscuye en el campo de sus obligaciones indemnizatorias. Lo que persigue, ni
más ni menos, es que los costos involucrados en la prevención y lucha
contra la contaminación sean asumidos y solventados por quienes la
producen, y no por la colectividad social en su conjunto. Cuando postula que
el que contamina debe pagar se está refiriendo a estos costos, y no a otros.
Está aludiendo, en otras palabras, a las deseconomías sociales o costos externos
a que nos hemos referido y está diciendo que estos costos deben ser
incorporados a los costos internos de las actividades o procesos productivos que
los generan, de tal manera que estos costos internos reflejen costos reales y no
costos falseados o ficticios. Lo de que "quien contamina, paga" se traduce,
pues, en definitiva, en el deber de proceder a la internalización de las
externalidades ambientales negativas. Esto confiere al principio un carácter
fundamentalmente económico, más que un carácter jurídico, bien que, para su
operatividad, deba encontrarse explícita o implícitamente consagrado en la
legislación interna de los países o en tratados internacionales.
Tras el principio subyace la convicción de que, en la medida que los
contaminadores se vean obligados a asumir los costos de las externalidades que
provocan, se verán indirectamente incitados a reducir los efectos contaminantes
de sus actividades, recurriendo, por ejemplo, al empleo de materias primas o a la
utilización de tecnologías menos deteriorantes del ambiente. También subyace la
voluntad de poner término a las distorsiones distributivas implícitas en un orden de
cosas en el que el lucro de unos pocos se está consiguiendo a costas del sacrificio
y del mal de muchos.
5.2.2 Criterios para la imputación de costos
La forma como el principio es definido por el Consejo de las Comunidades
Europeas en su recomendación del 3 de marzo de 1974 no deja lugar a dudas de
que los sujetos sobre quienes recae la obligación de pagar por la contaminación
son "los responsables de la contaminación". Por tales entiende la recomendación
a quienes "deterioran directa o indirectamente el medio ambiente o crean las
condiciones para que se produzca este deterioro", habiendo quedado constancia,
en una nota de pie de página, que la noción de "responsable de la contaminación"
no afecta a las disposiciones relativas a la responsabilidad civil.
A primera vista pareciera que la definición de la expresión "responsables de
la contaminación" contribuye muy poco a acotar su alcance y que, por el
contrario, le atribuye una extensión aun más dilatada que la que pudiera
colegirse del tenor literal de sus palabras. Porque incluir en ella no ya a los que
"indirectamente" deterioran el ambiente, que implica ir bastante lejos, sino también
a "quienes crean condiciones para que se produzca este deterioro", import