El estado actual de las relaciones entre empresas mineras y comunidades en el Perú, se puede caracterizar en general de conflictivo. Desde la perspectiva del Ministerio de Energía y Minas (MEM), este estado de cosas se traduce en aproximadamente 1,4 billones de dólares en inversión minera paralizados.
Desde el punto de vista de las organizaciones críticas del proceso social de la minería, la crisis se traduce en una situación de pérdida sistemática para las comunidades ubicadas en las zonas mineras.
En general, se puede decir que las situaciones de conflicto actual desbordan la capacidad operativa del MEM. En ese sentido, este estudio pretende: i) contribuir al debate en temas de minería y desarrollo sostenible local; ii) identificar recomendaciones estratégicas y de acción para los principales problemas sociales que aquejan a los actores; y, en especial, iii) identificar recomendaciones para fortalecer el papel rector, promotor y fiscalizador del Estado, como también mecanismos de interacción con los actores sociales involucrados en la actividad minera.
Metodología
El trabajo de campo realizado cubrió un total de 8 minas, donde se trabajó con 19 grupos de residencia (ya sean poblados centrales de comunidades o los anexos de estas comunidades), en los departamentos de Ancash y Cajamarca. En todos los casos se trató de poblados rurales con distintos niveles de comunicación, incluyendo algunos muy aislados. Se aplicaron encuestas semi-estructuradas a 100 familias que habitaban en estas comunidades y se sostuvieron 15 entrevistas grabadas con líderes e informantes clave en las comunidades.
La selección de los casos se hizo de modo tal que se cubriese todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta el cierre, y todas las escalas, desde la gran minería hasta la pequeña. En efecto, entre las 8 minas se incluyeron casos de gran minería (Antamina en fase de producción; La Granja en fase de exploración y cierre), mediana minería (Huanzalá, Nueva California y Sipán en producción; La Zanja en exploración) y pequeña minería (Arequipa, Toma la Mano). Además se trabajó en una mina cerrada (Alianza), que constituye un complejo de relaves y pasivos ambientales.
El análisis se llevó a cabo de manera compartida con las poblaciones entrevistadas, a quienes se retornó los resultados y recomendaciones preliminares para su validación en grupos focales. Si bien está emergiendo una corriente de opinión popular en contra de la minería, la población entrevistada mostró una enorme capacidad de análisis objetivo, descarnado, agudo y propositivo sobre las acciones que el Estado y ellos mismo deberían tomar para cambiar la situación actual de pérdida en otra de oportunidad.
¿Es posible desarrollar un modelo y un lenguaje concertado sobre la relación entre minería y comunidad?
Pese a que el estudio ilustra la forma diferente como cada actor interpreta y expresa la problemática de la relación entre minería y comunidades, se detectan puntos en común mínimos que permitirían construir un modelo o visión concertada sobre la relación entre minería y localidad.
Aunque la posibilidad de construir este modelo concertado existe, el camino para lograrlo plantea grandes retos: supone apoyo político del Estado y apoyo empresarial a modelos innovadores y a una mayor inversión social; implica un fuerte compromiso con enfoques de aprendizaje del Estado y las empresas, es decir, con la identificación de metas concretas concertadas con la población local, que son rigurosamente monitoreadas con indicadores cuyo desempeño lleve a la innovación en la relación entre minas y localidades. A continuación presentamos algunas facetas de esta diversidad, así como algunas de las brechas que hace falta acortar y cerrar.
