Cuando los representantes de Worldcom reconocieron un fraude de $4
mil millones de dólares, se desató una verdadera ola de cólera en torno
a las irregularidades corporativas. No teniendo otra cosa que hacer,
frente al clamor público generalizado, el Senado de los EE.UU. votó
mayoritariamente una enmienda en ese sentido, pese a los e$fuerzo$
desenfrenados de los cabilderos de Washington. Con revelaciones casi
diarias de nuevos escándalos, incluyendo una investigación del Security
Exchange Commission (SEC) a Time Warner AOL, uno de los gigantes de los
medios de difusión, la reforma legislativa fue finalmente aprobada.
Los negociadores del Senado y la Cámara de Representantes llegaron a un
acuerdo el 24 de julio pasado, para afinar los detalles de una Ley que
podría pasar rápidamente por la aprobación de ambas cámaras. El proyecto
fue finalmente firmado por presidente Bush, se convertió en Ley.
Para los profesionales de la contabilidad, el aspecto más duro de la
nueva legislación es la prohibición total de dar nueve clases de
servicios no relacionados con la auditoría. Estos incluyen: desarrollo
de sistemas financieros de información, servicios legales y actividades
bancarias de inversión. En el futuro, cualquier trabajo que no sea de
estrictamente de auditoría, que se contrate con firmas contables, deberá
ser aprobado previamente por el Comité de Auditoría de la Compañía
cliente. El proyecto de Ley, sin embargo, no fuerza a las firmas de
auditoría rotar a sus clientes cada cierto tiempo, requisito que está en
vigencia en Gran Bretaña.
La nueva Ley creará una Junta Controladora que supervisará la auditoría
de empresas que ofrecen acciones al público (public companies) con el
poder de investigar y poner multas a los auditores. Para mayor
preocupación de los contadores, que hasta ahora se regulaban a sí
mismos, la Junta será independiente tanto de la forma que se financia y
contrata personal, teniendo también poder para fijar los estándares de
auditoría.
La nueva legislación da jurisdicción a la Junta Controladora, sobre las
firmas de auditoría extranjeras que auditan empresas de los EE.UU., lo
cual no será muy bien visto en la Comunidad Europea.
El proyecto de Ley presentado por el congresista Sarbanes, será
seguramente modificado dando más poder al Security Exchange Commission,
y aumentando los castigos para los Ejecutivos. La violación de la nueva
obligación de certificar la veracidad de los registros contables tendrá
una pena de 20 años de prisión inconmutable. El activo cabildeo (lobbying)
de las compañías puede hacer posible que esas penas no se apliquen a los
miembros de las Juntas Directivas, sino únicamente a los Ejecutivos
Altos de las áreas Administrativa y Financiera.
Las nuevas medidas - calificadas de draconianas - serán muy dolorosas
para altos ejecutivos y firmas de auditoría. Algunos republicanos han
manifestado que son demasiado duras. Pero, entendiendo que el delito
corporativo será el tema principal en las elecciones del Congreso a
fines de año, los políticos se han visto obligados a hacer algo para
restablecer la confianza en la democracia, en los negocios y en el caído
mercado de valores.
No hay duda que los escándalos corporativos han lastimado seriamente a
los Republicanos y al presidente Bush. Los negocios en los EE.UU. se
basan en la confianza, como ha dicho Grinspan. Cuando juraron al nuevo
presidente en Enero del 2001, el promedio industrial Dow Jones estaba
fijo en 10.600. La última semana de Julio el índice Dow estaba debajo de
8.000. Es una caída superior a la del 24% que Herbert Hoover sufrió en
sus primeros 18 meses en la presidencia, la cual incluyó la caída de
Wall Street en 1929.
Juzgando por el conocido índice Standard & Poor's que incluye 500
acciones, el primer año de Bush Jr. ha sido el peor año de la economía
registrado en la historia del país del Norte.
Los Republicanos están comenzando a preocuparse ya que si la economía se
desliza nuevamente dentro de la recesión el año próximo, Bush Jr. podría
incluso perder su reelección en el 2004. Todo depende ahora de la nueva
legislación, y el poder que tenga de prevenir los abusos corporativos y
restablecer la débil confianza en el mercado de valores.
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