En el empiezo (de poner piezas) habría que recordar al maestro Hegel: «A una búsqueda azarosa solo corresponden resultados azarosos«. Desde su inicio la idea o concepción de la Auditoría Pública se originó en la indefinición. Se encontró con lo público más por lo retórico que por la determinación de su estatus teórico y conceptual. Más por la exigencia que la fiscalización pública se rigiera por una herramienta plenamente aceptada y confiable, que del análisis y construcción de sus propios instrumentos conceptuales y metodológicos. En el fondo el descrédito y debilidad de lo público cedió ante la concepción de la supremacía de lo privado. Aunque esta búsqueda inicial fue azarosa, tal como ha devenido en su desarrollo, y ahora sus resultados son azarosos.
¿O no han resultado desafortunadas e inciertas las declaraciones de Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICCJE) “Los auditores hemos hecho y hacemos nuestro trabajo muy bien. De los casi 70.000 informes de auditoría de cuentas que se elaboran anualmente en España podemos contar casi con los dedos de las manos situaciones en las que el auditor incumple sus obligaciones profesionales” (revista Auditores, número 19, junio 2013, p.15). Y, Antoni Gómez, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas, “de los más de 60.000 informes de auditoría que se hacen en un año (2017), sólo hay 59 expedientes sancionadores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Y, dentro de esos 59 casos que hemos mencionado, algunos son de falta de independencia” (elPeriódico.com, 18/06/2019, negritas del autor).
Si el incumplimiento se cuenta casi con los dedos de las manos y representa el 0.09 (aprox.) y de estos solamente algunos son de falta de independencia. Luego, ¿Por qué se ha concluido en el VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, 2014, “Deslegitimación: pérdida de confianza no sabemos muy bien cómo recuperarla”. Y, Antoni Gómez, reconoce “Estamos en el ojo del huracán (…) Tenemos menos prestigio social (…) se ha producido una importante caída de honorarios. ¿Quién quiere ser auditor ahora? Nadie quiere ser auditor” (ibídem).
Y si nadie quiere ser auditor… ¿no es tiempo de buscarlos?
La mejor guía de búsqueda es mirar el presente y entender como el pasado lo ha determinado. Partiendo. En el XVII Congreso AECA, 2013. Tres académicos (una investigadora de la Universidad de Valencia, España y dos investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México) participaron con: Escándalos Financieros y su efecto sobre la credibilidad de la auditoría, M.J. Jaramillo, M.A. García, M.A. Pérez, http://www.aeca1.org/pub/on_line/comunicaciones_xviicongresoaeca/cd/103d.pdf. Donde afirman “los escándalos financieros dejan ver el fracaso de los vigilantes, el auditor”.
Lo anterior coloca a los auditores en el banquillo de los acusados. Y básicamente es el mismo sentido expresado por Manuel Aragón, presidente de Ernest&Young en España, “preguntarme, cómo puede quebrar Enron es cómo cuestionarse por qué se cae un avión. Los errores humanos y de apreciación existen” (Los auditores no damos fe pública de nada, elpaís.com, 11 de febrero de 2002). En consecuencia, las deficiencias y debilidades se originan en los auditores, es decir, de errores personales.
Y recientemente se ha informado que la firma de auditoría KPMG (una de las Big Four) “deberá pagar 50 millones de dólares y una consultora independiente revisará la integridad de los controles que aplica” (EEUU multa a KPMG por alterar auditorías con datos robados y hacer trampas en exámenes de sus analistas”, elpais.com, 17 de junio de 2019). Lo cual resulta absurdo, dado que la sanción económica es totalmente insuficiente, así como la revisión de la integridad. ¿No ha bastado que la misma firma de auditoría haya estado involucrada en construir engaños, farsas contables u omisiones en Emiratos Árabes, Inglaterra, Suiza, Sudáfrica, entre otros países, y se siga poniendo en el centro del análisis los errores personales y se apele a la integridad y ética? Más ésta historia resulta similar en otras firmas de auditoría big o no big.
Y ciertamente como afirman los tres académicos en su resumen “los escándalos financieros siguen ocurriendo en la actualidad que han acarreado que se pongan en entredicho los informes del auditor y los fundamentos sobre los que se basa la profesión contable”. Y si continúan ocurriendo es porque se ha adolecido de la claridad en sus fallas y porque no se ha cuestionado ni dudado de los principios y fundamentos de la auditoría. Puesto que exponen diversas posiciones para restaurar la confianza.
Dicen, unos autores señalan que la confianza se puede ganar incrementando la evaluación de riesgos. Otros proponen mejorar los esfuerzos de los auditores. Y también se reclama una regulación real de conflicto de intereses. Y concluyen en su trabajo “Los organismos profesionales no han descansado en diseñar nuevas técnicas de obtención de evidencias de auditoría que aseguren cierta seguridad en los auditores (…) Todo lo anterior ha tratado de aclararse en la normativa relativa a la contabilidad y en especial a la auditoría (…) siendo la tendencia adaptable a la norma internacional; tratando quizá de esta manera recuperar la confianza pérdida en la profesión del auditor”. En el fondo el trabajo de los académicos no muestra ni demuestra que se ponga en entredicho los fundamentos de auditoría.
Sí, ha resultado más cómodo colocar a los auditores en el banquillo de los acusados. Culpables de sucumbir a la codicia y ambición, violando su independencia, sus principios éticos y las normas que rigen la profesión. La vasta recopilación de escándalos financieros da cuenta de ello, aunque el paradigma dominante impida reconocer que las reglas que han sustentado la práctica de la auditoría, sea privada o pública, se han roto. No hay vuelta atrás. Por lo que resulta inútil deslindar a la auditoría y sus instituciones, tal como “no puede hacerse recaer sobre las instituciones de control la responsabilidad por la no evitación de tales conductas” (Antonio López Díaz, consejero de Cuentas de Galicia, revista Auditoría Pública, número 63, junio 2014, p. 7). Sin embargo, el control de daños, minimizando el problema o poniendo de culpables a los auditores, solo coarta la posibilidad de buscar un nuevo camino en la auditoría.
Desde su origen la auditoría aplicada en el campo público ha sido determinada por la privada. En el esquema que las directrices de la profesión emanan de la “aceptación general” de asociaciones, gremios o instituciones dedicadas al estudio de la materia de auditoría. Y su enseñanza en centros de educación superior o universidades ha radicado en la repetición de reglas “generalmente aceptadas”. Y esto ha significado, despojar a los centros universitarios de su esencia, la crítica y reflexión del saber. No resulta extraño que la auditoría, a la fecha, no sea una disciplina. Porque “Para que haya disciplina es necesario que haya posibilidad de formular, de formular indefinidamente nuevas proposiciones” (Michel Foucault, El orden del discurso, Tusquets editores, 1970, p.33). Y los auditores dedicados al campo público deben hacer preguntas, indefinidamente, no para encontrar respuestas sino para cuestionar las reglas de la auditoría establecidas y que se enseñan como verdad. Y así, tal vez, encontremos a la auditoría pública.
