Auditoría Pública y tributación ambiental. Aplicación e implementación en Cuba

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LA AUDITORÍA PÚBLICA CON ENFOQUE AMBIENTAL Y EL TRIBUTO AMBIENTAL.
APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN CUBA
THE PUBLIC AUDIT WITH ENVIRONMENTAL FOCUS AND THE ENVIRONMENTAL
TRIBUTE. APPLICATION AND IMPLEMENTATION IN CUBA
Alcides Francisco Antúnez Sánchez1
RESUMEN: La auditoría ambiental, herramienta evaluadora de la gestión ambiental en
las empresas, posee insuficiencias en la ordenación jurídica en el sector estatal,
incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa amigable con el
ambiente. Se argumentan presupuestos jurídicos a partir de su valoración histórica,
doctrinal y exegética, a fin del perfeccionamiento de su ordenación jurídica. Los
métodos utilizados fueron el teórico-jurídico, el histórico-lógico, el exegético-jurídico,
el de derecho comparado, y el de análisis y síntesis. Como resultado se formulan
presupuestos jurídicos para su perfeccionamiento en el sector estatal y las otras
formas de gestión en el contexto económico patrio. Su finalidad es lograr el
desarrollo sostenible con la creación de empresas amigables con el ambiente, que
permitan el equilibrio entre el progreso y la naturaleza.
Palabras clave: control ambiental, formas de gestión, desarrollo sostenible, tributo
ambiental.
SUMMARY: The environmental auditing, appraising tool of the environmental step at
the companies, possess insufficiencies in the juridical sorting in the public sector,
incident in your purpose of environmental control in behalf of the friendly company
with the environment. They argument juridical budgets as from his historic, doctrinal
and exegetic assessment, at the end of the perfecting of his juridical sorting. The
utilized methods were the juridical theoretician, the historic logician, the exegetic
juridical, the by right compared, and the one belonging to analysis and synthesis. As
a result they formulate juridical budgets for his perfecting in the public sector and the
other forms of step in the cost-reducing homeland context. His purpose is to achieve
the sustainable development with friendly companies' creation with the environment,
that they enable the equilibrium between progress and the nature.
Key words: environmental control, forms of step, sustainable development,
environmental tribute.
A MODO DE INTRODUCCIÓN
La aparición de la auditoría ambiental dentro de los mecanismos de control significó
un escalón superior en el orden de integralidad, apuntó no solo a la eficiencia
1Profesor Auxiliar Derecho Ambiental y Mercantil. Carrera de Derecho. Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Universidad de Granma. República de Cuba. Email: aantunez@udg.co.cu, antunez63@nauta.cu
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económica sino a la conformación de la empresa amigable con el ambiente. Toda
vez que representó impulsar y verificar el debido engranaje optimización-legitimidad-
racionalidad-competitividad. Es así, que esta tipología de control, se inserta entre los
factores de estimulación de fórmulas empresariales correspondientes a la resolución
de la contradicción eje de los modelos económicos: ilimitadas necesidades
individuales y colectivas y limitados recursos materiales disponibles para
satisfacerlas, a partir de un desarrollo sostenible.
Es verdad, que los países de mayor desarrollo industrial fueron los abanderados al
instrumentar la auditoría ambiental a través de metodologías y técnicas en su
ejecución dentro de sus ordenamientos jurídicos. Su conformación se aprecia
vinculada a elementos históricos, teóricos, doctrinales, legislativos y culturales con
la práctica de la actividad de la auditoría y la contabilidad social, ligados a la
responsabilidad social a partir de 1953, a partir de su búsqueda epistemológica.
Donde los años 70 del siglo XX, nos señalan al empresariado norteamericano como
los primeros en aplicarla de manera voluntaria en las industrias.
Desde el Derecho Ambiental por su multidimensionalidad, se aprecia como esta
auditoría es reconocida como una herramienta de gestión, toda vez que minimiza
los impactos ambientales negativos generados por la actividad humana y es una
estrategia de la Administración Pública para proteger el bien jurídico ambiental,
considerado como bien público desde de la década de los años 80, como
continuidad de un proceso de conformación jurídica institucional del pretérito siglo
analizado. (GORDILLO, 2006)
Es una realidad, que las Entidades Fiscalizadoras Superiores, le concedieron la
función de dar a conocer los índices de contaminación generados como resultado
de la producción industrial de bienes y servicios y así estimular la implementación
de las tecnologías limpias, los sistemas de gestión ambiental y otros instrumentos
en materia contable, necesarios para obtener la certificación ambiental a partir de
los años 90 del siglo pasado. Es en sí, una respuesta estratégica a la modificación
de los hábitos de consumo y estilos de vida contrarios al desarrollo sostenible, como
efectos negativo del desarrollo tecnológico y las transformaciones económico-
sociales que desde el pasado siglo se implementan. Apreciamos, como se reveló
entonces, el reto de la creación de instrumentos y otras herramientas que
viabilizaran su aplicación y permitieran el equilibrio entre los avances de la
tecnología y el medio ambiente -progreso-naturaleza-
Se valora, como a partir de 1990 empiezan a publicarse estudios desde las ciencias
jurídicas por autores de la talla de CAFERRATA, CARMONA LARA, MARTÍN MATEO y DE
BESSA ANTUNES, los que reflejan el análisis de la política pública ambiental, con la
aplicación de las herramientas de gestión para determinar los niveles de
contaminación, la exigencia de la responsabilidad ambiental, la aplicación de la
evaluación ambiental estratégica, la cuantificación del daño ambiental, los servicios
públicos ambientales, la auditoría ambiental, las tecnologías limpias, los Sistemas
de Gestión Ambiental y la obtención de la certificación ambiental para lograr
beneficios en el comercio interno y foráneo en barreras comerciales más exigentes.
Empero, no hay estudios desde el punto de vista jurídico-histórico-doctrinal sobre la
auditoría ambiental para el sector estatal cubano, autores como VIAMONTES
GUILBEAUX, CARABALLO MAQUEIRA, REY SANTOS y CÁNOVAS GONZÁLEZ han valorado
la auditoría dentro de las herramientas de la gestión ambiental, pero pese a ello la
misma aún no se ha aplicado en la mayoría del sector estatal cubano por el órgano
supremo de control en la nación.
En Cuba, también constatamos que algunos aspectos de la auditoría ambiental
fueron aplicados fácticamente a través de la inspección ambiental, sustentada en las
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normas administrativas vigentes y las normas de la Organización Internacional para
la Estandarización 14000 y 19011 por parte del Ministerio de Ciencias, Tecnología y
Medio Ambiente, amparadas en la Ley No. 81 de 1997. Pero esta es reconocida
expresamente como una actividad de control en la Ley No. 107 de 2009 y su
Reglamento del 2011, siendo este último quien le concedió la carta de presentación
en el ordenamiento jurídico cubano. Su relevancia, se aprecia vinculada al respaldo
de la introducción sistemática y acelerada de los resultados de la ciencia, la
innovación y la tecnología en los procesos productivos y de servicios al tener en
cuenta las normas de responsabilidad social y ambiental por las empresas del
sector estatal cubano. La misma gravita sobre la realización y finalidad de la
auditoría, con la permanencia de un sector industrial envejecido en su generalidad
con más de 55 años de explotación, obsoleto y heterogéneo.
Todo lo anterior conllevó al autor al planteamiento científico a partir de las
insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría ambiental para el sector
estatal cubano, incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa
amigable con el ambiente para el desarrollo sostenible. Consecuentemente se
proponen presupuestos jurídicos sobre la auditoría ambiental para el sector estatal
cubano a partir de su valoración histórica, doctrinal y exegética, a fin de perfeccionar
su ordenación jurídica.
HISTÓRICO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN LAS FORMAS DE GESTIÓN
A nivel mundial, es una realidad que la preocupación por la protección del medio
ambiente ha alcanzado importancia y magnitud en los últimos años al convertirse en
temática de interés para el empresariado, abarcando tres dimensiones: la
económica, la social y la ambiental. La misma aparece vinculada al desarrollo
industrial, como factor esencial para la generación de recursos que permitan crear
empleos y promover la educación ambiental como bases del bienestar social y la
calidad de vida, para alcanzar el desarrollo sostenible como meta de la
Administración Pública.
Se ha desarrollado en diferentes países, a través de una construcción legislativa
iniciada desde el Derecho Administrativo hacia el Ambiental, conformándose el
Derecho Administrativo Ambiental; al ser la auditoría reconocida como una de las
herramientas de la gestión ambiental (LOZANO CUTANDA, 2004). Es también una
realidad, que el hombre con el empleo de las tecnologías ha logrado industrializarse
y con ello ha traído contaminación ambiental para el desarrollo adecuado del ser
humano. Factores estos, que permitirán la evaluación de los efectos que produce la
contaminación al distinguir la natural de la industrial; acelerada a partir de la
Revolución Industrial en la Unión Europea en el pasado siglo.
Es así, que estudios desde la doctrina contable y la doctrina ius ambientalista
realizados en Iberoamérica, reconocen a la auditoría ambiental como la herramienta
de gestión capaz de evaluar y sentar las bases a las políticas medio ambientales en
las empresas y las industrias, está ejecuta análisis de los riesgos ambientales
generados y evalúa su impacto con el complemento de otras herramientas como la
Evaluación de Impacto Ambiental (ARISTAZABAL OSSA, 2010); se practica de
forma voluntaria u obligatoria y su ejecución fusiona el objetivo prioritario de la
empresa -obtener beneficios económicos unidos a la protección ambiental-
PACCIOLI, con el método conocido de la “partida doble”, nos muestra la evidencia que
desde el año 254 a.n.e. se inspeccionaban y comprobaban las cuentas, factor este
que permitió la evolución paralela de la actividad de la Auditoría como resultado de
la práctica de la Contabilidad.
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Ya en el siglo XX, al incluirse dentro de las normativas jurídicas por la Administración
Pública se aprecia cómo se fortalece el trinomio Contabilidad, Auditoría y Derecho, lo
que le permitió cobrar nuevas dimensiones como normativa para proteger los
activos, tipificó la protección del bien jurídico ambiental, con reflejo en la contabilidad
directa o indirecta. Esta institución jurídica tiene un nexo causal, la exigencia de la
responsabilidad ambiental y la cuantificación de los daños ambientales, con la
responsabilidad social empresarial vinculada a la economía y a la contabilidad
ambiental dentro de las formas de gestión. La misma, ha evolucionado con el
transcurso del tiempo en relación con el país que la aplique y su desarrollo
tecnológico que el mismo posea. Su conexión, aparece vinculada a los orígenes del
ius ambientalismo como parte de la Agenda Pública Internacional; por esto las
Entidades Fiscalizadoras Superiores señalan al año 1969 como su inicio en su
ejecución por parte de los Estados que la han practicado.
La misma, se originó en los Estados Unidos de América a finales de los años 70 del
pasado siglo XX, apareció con el fin de evaluar la salud de las empresas químicas
con la finalidad de servir como una herramienta de dirección para la gestión
ambiental, ante el aumento y la complejidad de la normativa jurídica Estadual y
Federal en la presidencia de NIXON. En la década de los años 80, se extendió a la
Unión Europea en las subsidiarias estadounidenses radicadas allí. (MURAD
ROBLES, 2009). Como respaldo al compromiso de la Comisión BRUNDTLAND en
1987, al formularse: "un desarrollo sustentable que satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas".
Su íter histórico, a partir de ser reconocida por las Entidades Fiscalizadoras
Superiores en el año 1995, se justiprecia su relación con la Responsabilidad Social
Empresarial -componente ambiental-. En esta propia década, se le adicionan otros
nuevos elementos tecnológicos vinculados al Comercio Internacional, por lo que la
hacen más compleja, completa y dinámica por parte de los sujetos económicos que
la implementan; por lo que las técnicas, métodos y objetivos de la auditoría como
actividad de control, han ido de forma simétrica en evolución para poder atender y
dar respuestas a las nuevas exigencias de los clientes a partir del siglo XX hasta la
actualidad en el mercado de bienes y servicios, donde aparece en este escenario la
empresa amigable con el ambiente.
Su expresión moderna, aparejada a su íter histórico y evolución contrastada, se
considera que es la herramienta evaluadora del Sistema de Gestión Ambiental,
como el mecanismo clave para obtener información sobre la efectividad de la gestión
ambiental de la empresa, al identificar los problemas asociados a su trabajo en
materia de seguridad y ambiente laboral, los nuevos desafíos ambientales, proponer
medidas de prevención y mitigación, y es complementada con la revisión contable
ambiental en la organización auditada. La misma, se valora que aparece vinculada
con las problemáticas ambientales del siglo XXI, surgida como efectos de la crisis
ecológica, ante el aumento de las temperaturas, el agujero en la capa de ozono, la
desertificación, la acumulación de residuos radiactivos, la extensión de
enfermedades como el cáncer, la malaria, la insalubridad del agua dulce, la
inseguridad alimentaria, la contaminación urbana y el agotamiento de los recursos
renovables y no renovables, en relación con los mega problemas ambientales que
hoy acontecen en este siglo (ARNER GUERRE, 2013)
Para ello, las Entidades Fiscalizadoras Superiores, como el sujeto internacional que
la regulan la identifican como la herramienta técnica de gestión para realizar la
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la efectividad de la
organización auditada; la gerencia y los equipos ambientales para proteger el medio
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ambiente con un mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación.
(ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2014)
Las Normas Voluntarias ISO 14001 y 19011 la definen como:…“proceso sistemático,
autónomo y documentado para obtener evidencias de la auditoría, evalúa de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
de auditoría.”…
Ahora bien, su regulación en el ordenamiento jurídico cubano aparece cuando se
crea la Contraloría General de la República como el órgano supremo de control, a
través de la Ley No. 107, de la Contraloría en el año 2009 y esta tipología se regula
en su Reglamento en el año 2010, siendo esta norma su carta de presentación en el
derecho público.
Se corrobora que en la Unión Europea, América Latina y el Caribe en relación a sus
ordenamientos jurídicos, idioma, cultura y realidad económico-social, señalan que
esta evaluación ambiental es capaz de evaluar y sentar las bases de una política
medio ambiental dirigida a los empresarios, tiene como finalidad, ejecutar análisis de
los riesgos ambientales que pudieran generarse en el desempeño de su actividad y
evaluar los impactos ambientales generados. Se aprecia también por este autor en
el análisis epistemológico, que aparece vinculada a los conceptos de Economía
Verde y de la Contabilidad Ambiental, establecidos por el PNUMA necesarios para
ejecutar esta tipología de auditoría por parte de los auditores de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y de las Sociedades Mercantiles; está también
relacionada con otras herramientas de gestión en su ejecución, con la gestión social
empresarial y con la responsabilidad ambiental al evolucionar en este siglo XXI.
La misma, como herramienta de control se concibe en los ordenamientos jurídicos
que la regulan como una actividad de control, de servicio público, de fomento y de
gestión económica. Toda vez que la concepción de servicio público, es un concepto
controvertido, entendido de diversas formas y mutando en dependencia de las
circunstancias políticas, económicas y sociales de los Estados, en el caso de esta
evaluación ambiental apreciamos como se práctica por las sociedades mercantiles a
solicitud de los empresarios privados para que su empresa sea valorada y obtener
con ello la certificación ambiental. Como actividad de control -Administración Policía-
sus destinatarios serían los órganos, organismos, organizaciones y entidades
sujetos a las acciones de control que dispone la Ley, obligados a mantener sistemas
de control interno conforme a sus características, competencias y atribuciones
institucionales. Su finalidad mantener, controlar y evaluar la efectividad del sistema
en las instancias de dirección. Su importancia, comprobar la aplicación de las
políticas del Estado en la preservación de las finanzas públicas y el control
económico administrativo, en este caso las destinadas a la protección del medio
ambiente (GORDILLO, 2006).
En materia de protección ambiental este tipo de control ha seguido mutando con el
decursar del tiempo, se valora con ello la aplicación de otros mecanismos de control
incorporados, conocidos como técnicas de tutela ambiental, realizadas a través del
control interno en las formas de gestión, la fiscalización, la inspección, la auditoría, el
ordenamiento ambiental, la información y la educación ambiental. En particular, los
de control ambiental se establecen a través de la auditoría ambiental, la policía
ambiental y la supervisión ambiental. Como actividad de gestión económica en este
escenario aparece el tributo ambiental como el mecanismo utilizado por los Estados
para obtener un desarrollo limpio -Protocolo de Kioto-, permite lograr que
quien contamine pague, vinculado al vertido ambiental de las formas de gestión.
También se aprecia, como el fomento ambiental, es el estímulo para que las
empresas sean menos contaminadoras, se regula en Leyes de Fomento en los
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ordenamientos jurídicos. Conocidos también como “impuestos verdes o reformas
fiscales verdes”, utilizadas como herramientas de mercado, las que son aplicadas al
transporte híbrido o eléctrico, en el reciclaje de botellas plásticas, al control de la
deforestación boscosa, al tratamiento al agua potable y a los desechos sólidos, para
conservar la biodiversidad y el uso de combustibles fósiles -modificar la matriz
energética-
La auditoría, como actividad de control a los bienes públicos ambientales permite a
los empresarios la concreción de la empresa amigable con el ambiente y es la
contrapartida a la inspección ambiental al ser más integral. Puesto que la misma
revisa la implementación dentro de la organización el sistema contable ambiental a
través de procesos y procedimientos por el equipo auditor y la observancia de la
legalidad en relación a las normas contables y de auditoría establecidas. Es
ejecutada conforme al plan anual que conforma la Entidad Fiscalizadora Superior
que la regule y la controle.
Su regulación aparece como institución jurídica a partir de ser reconocida en la firma
de Convenios y Acuerdos Internacionales con las Entidades Fiscalizadoras
Superiores y los Organismos Internacionales, integrándose en las Constituciones de
los Estados, en los derechos internos a través de normas jurídicas como el Código
Ambiental, en la Ley Orgánica Ambiental, la Ley de Auditoría Ambiental y en la Ley
de la Contraloría. Está vinculada en su aplicación por otras normativas jurídicas, en
materias vinculadas a la Administración Pública Ambiental, Orgánicas de la
Administración, de Gestión Ambiental, de Responsabilidad Ambiental, de Control de
la Contaminación Ambiental, de la Salud, del Agua, de la Vida Silvestre, de los
Parques Nacionales, de los Corredores Marinos, en disposiciones Agrarias y
Ordenanzas Municipales, de Cambio Climático, entre otras.
Es complementada con las normas voluntarias ISO, las EMAS y las disposiciones de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores en su ejecución. Al exigirse la
responsabilidad a los sujetos auditados, su tramitación en procesos penales se
ejecuta ante Fiscalías Ambientales, y la solución final de estos conflictos se realiza
en Tribunales Ambientales (BURDYSHAW, 2011). Como herramienta de gestión,
está vinculada en su ejecución con los principios del Derecho Ambiental que la
informan por el equipo auditor, por ser una acción preventiva, de cautela, de
cooperación, de quien contamina paga, de evaluación de impacto ambiental, de
responsabilidad, de participación ciudadana, de equidad intergeneracional, de
progresividad y de sustentabilidad. Ha continuado en evolución con la aplicación de
otros instrumentos que se le han incorporado, con otras regulaciones y
herramientas, entre las que se destacan la cobertura financiera a través del seguro
ambiental, los incentivos fiscales, la tributación ambiental, las tecnologías limpias y
la responsabilidad objetiva. Es a su vez interdisciplinaria, transdisciplinaria y
multidisciplinaria, al intervenir en su ejecución diversos profesionales de las ciencias
-juristas, técnicos y científicos-, de aquí que se describa su multidimensionalidad.
En todo este análisis se justiprecian las pautas que han ido trazando los bloques
comerciales regionales -UNASUR, MERCOSUR, ALBA, GATT, UNION EUROPEA,
la Agenda 21, el Protocolo de Montreal, la Convención sobre Diversidad Biológica-,
estos señalan el impacto en las decisiones de los empresarios y su repercusión
económica al no implementarse la contabilidad ambiental en la mayoría de los
países, lo que permitirá trascender desde la competitividad hacia la cooperación en
estos bloques. Donde dentro de la ejecución de esta actividad de control, también
deberán quedar definidos los conceptos de economía ambiental, la persecución
social del ambiente, los principios universales del Derecho Ambiental y desde el
punto de vista de la generación de la contaminación, deberán definirse cuál son de
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responsabilidad de la Naturaleza y cuales por las actividades del Hombre; estos
análisis permitirán actuar conforme a derecho para pagar por el daño en la
evaluación realizada por los auditores a las formas de gestión auditadas.
Las interrogantes a realizarse dentro de la empresa a los empresarios, permitirán
obtener las respuestas adecuadas por el equipo auditor en cuanto a ¿Se deberá
acatar la legislación de protección del ambiente por convicción o por obligación?,
¿Por qué lo hacen los empresarios? ¿Todos lo hacen? ¿Por qué tiene que intervenir
el Derecho Ambiental? En materia de seguridad y salud laboral las empresas
radicadas en el país cumplen de manera adecuada la legislación, contrario a lo que
ocurre cuando estas son vendidas a empresarios extranjeros. Es por ello, que la
temática contable dentro de esta acción de control consideramos sea de gran
relevancia, al permitirle al empresario conocer los costes asignados a la protección
ambiental en su empresa, para evaluarlos a través del control interno y cuando sea
solicitada una evaluación interna a través de la actividad de control ambiental con la
-auditoría pública-
LOS ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN SU EJECUCIÓN EN LAS FORMAS DE
GESTIÓN
Los elementos subjetivos que se reconocen en este relación administrativa se
identifican con el Auditor: auditores certificados que pertenecen a las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y a las Sociedades Mercantiles de Auditoría -Título
Habilitante en el Registro de Auditores- auxiliados por otras instituciones. Auditados:
formas de gestión estatal y no estatal -técnicos, juristas y científicos- Sus elementos
objetivos serían la formalización de la auditoría a través de un contrato de servicio
público, de manera voluntaria u obligatoria, en su práctica se integrarán dentro del
equipo auditor diversas profesiones de las ciencias y saberes -Transversalidad-, se
realiza para conocer los índices de contaminación, para su ejecución utilizará un
programa auditor, la que concluye al entregar el informe y el certificado ambiental
con la -ecoetiqueta-. Sus elementos formales yacerían en la notificación inicial del
control ambiental y el contrato de servicios, donde se evalúan la implementación de
las tecnologías limpias -parámetros-, normas voluntarias ISO y las EMAS, las
directrices y procedimientos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Sistema
de Gestión Ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental, y las normas de auditoría
y los principios contables.
LA EMPRESA AMIGABLE CON EL AMBIENTE EN EL ESCENARIO MERCANTIL PATRIO
El Programa Naciones Unidas Medio Ambiente, ha considerado la necesidad de
implementar la economía ambiental para lograr la sostenibilidad. Lo que contribuirá
al aumento económico con patrones de sostenibilidad al permitir mayor inclusión
social, mejor bienestar humano y más oportunidades de empleo y trabajo decente
para todos, con ello se mantendrán saludables los ecosistemas al utilizarse los
Sistemas de Gestión Ambiental; es a la vez un instrumento y una herramienta para
la Administración Pública en la toma de decisiones jurídicas -Paradigmas
Ambientales-, dirigidas al ciudadano en la protección del medio ambiente y sus
recursos naturales en la construcción de la empresa amigable con el ambiente
-formas de gestión-
En Cuba, los estudios realizados en el 2013 por el PNUMA demuestran que no ha
existido una construcción jurídica adecuada de los conceptos de economía y
contabilidad ambiental dentro del Sistema Nacional Contable, que permitirían
transitar a la aplicación en el sector estatal con la Auditoría Ambiental para
conformar la empresa amigable con el ambiente y pasar de la certificación de la
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calidad hacia la ambiental -desarrollo sostenible- que desde el pasado siglo se viene
ponderando. Es también una realidad, que por la transversalidad de la cuestión
ambientalista y la influencia dentro de los ordenamientos jurídicos analizados de
América Latina, el Caribe y la Unión Europea, evidencian a los autores que dentro
del nuevo constitucionalismo como figuran un número importante de disposiciones,
referidas a la preocupación por la protección medio ambiental y a la promoción del
desarrollo sostenible, al insertárseles cuestiones ambientales que parten de las
Leyes fundamentales desde el pasado siglo hasta la actualidad con una dimensión
interdisciplinaria, como un derecho a la naturaleza otorgado por el hombre. Hechos
estos que confirman la existencia de democracia participativa por parte del
ciudadano en la protección ambiental para fomentar la empresa amigable con el
ambiente. Nos permiten señalar, la necesidad de actualizar la legislación cubana a
partir de la norma constitucional, la ley marco ambiental y el derecho sustantivo
vinculado a la política ambiental patria. Se reconoce a la vez el trabajo realizado por
las ONGs ambientalistas. Los que demuestran la coyuntura de la democracia
participativa a partir del nuevo constitucionalismo en América Latina, discernible en
las Constituciones del Ecuador, Venezuela y Bolivia. (CAFFERATA, 2008)
Factores estos, que entrarán a jugar un rol para lograr el equilibrio entre los avances
tecnológicos y la construcción de la empresa amigable con el ambiente. Con
ventajas distinguidas en la aplicación de Sistemas de Gestión Ambiental eficaces y
eficientes, la implementación de las tecnologías + limpias para obtener producciones
menos contaminadoras al medio ambiente, el acceso a coberturas financieras a
través de la póliza ambiental, la implementación de la contabilidad ambiental, el
cumplimiento de la legislación ambiental y de la política ambiental, el acceso a
mercados exigentes al tener mayor competitividad los productos o la prestación de
los servicios, la mejoría de la imagen y de la credibilidad de la empresas. (CONESA
FERNÁNDEZ, 2003)
Con limitantes que serían la obsolescencia tecnológica de las formas de gestión, la
heterogeneidad industrial, los costes elevados de las tecnologías limpias y las
formas de organización. De aquí que declaremos que su importancia se ubica en ser
empresas no contaminadoras al medio ambiente, que obtendrán la certificación
ambiental -ecoetiqueta- acorde al desarrollo sostenible-competitividad y la
satisfacción de las necesidades socio-económicas con un mínimo de coste
ambiental. (MARTÍN MATEO, 1994). No obstante, los primeros albores del control
ambiental en la nación cubana, se constatan con la ejecución de la auditoría de
gestión coordinada al recursos hídrico de las cuencas de Vento y el Almendares en
el 2014, en respuesta a las regulaciones de la OLACEFS en cuanto a las nuevas
modalidades de las auditorías públicas dirigidas al control ambiental hacia los
recursos hídricos, a la biodiversidad y al seguimiento del cambio climático como
expresión jurídica de las políticas públicas. (ANTUNEZ SANCHEZ, 2015) Hoy se
aprecia un nuevo cambio de escenario el que se valora como necesario en la
segunda decena del XXI de la empresa hacia la naturaleza en pos de preservar la
especie humana y con ello la biodiversidad en el planeta.
LA AUDITORÍA PÚBLICA CON ENFOQUE AMBIENTAL Y LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL.
APLICACIÓN EN CUBA EN LAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SECTOR ESTATAL
Antes de entrar a analizar la regulación tributaria cubana y en particular la ambiental,
es necesario sentar bases sobre la realidad del siglo XXI la que nos muestra el
deterioro del medio ambiente, generado en los últimos tiempos un gran debate sobre
la necesidad de adoptar determinadas políticas fiscales que ayuden a modificar
comportamientos de las formas de gestión acrecentado a niveles no permisibles ni
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adecuados, donde a través de la fiscalidad ambiental reconocida esta como el
conjunto de tributos cuya base fiscal posee una relevancia medio ambiental
significativa, la que encuentra su fundamento constitucional en el deber de los
poderes públicos de proteger el medio ambiente y desincentivar aquellas
actuaciones que contribuyan a su deterioro.
Ante esta realidad, la humanidad está cada vez más consciente de la escasez de los
recursos naturales y de la fragilidad de los ecosistemas ha decidido actuar en
consecuencia de la preservación de la especies. Por lo que, esa conciencia quizás
es producto de las consecuencias derivadas de ignorar los límites físicos de nuestro
planeta en las decisiones económicas a nivel micro y macro. Con el aumento de la
temperatura media de la Tierra ha traído consecuencias mortales para los habitantes
de algunos lugares del planeta: la ola de calor en Europa en el 2003, la precipitación
en forma de nieve en Hawái, el deshielo de los polos, la pérdida del 14% de los
arrecifes del mundo en los últimos 19 años, etc. como evidencias de dicho
fenómeno. Éstos, entre otros acontecimientos de mayor o menor escala se han
observado a lo largo de las tres últimas décadas y han llevado a repensar la relación
entre los seres humanos y la naturaleza.
Para la región de América Latina y el Caribe la situación es muy particular. Esta
región posee grandes riquezas naturales, las cuales desafortunadamente han
sufrido importantes presiones debido a las estrategias empleadas para superar la
situación de pobreza y desigualdad en la que vive su población. Algunas cifras
señaladas en el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Por lo que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro
ambiental, las emergencias causadas por los desastres naturales, la escasez de
agua y la urbanización acelerada hacen urgentes cambios firmes y decididos en la
gestión ambiental, pero en particular en la integración de la misma en los programas
de desarrollo de los países. (PNUMA, 2010b: 5)
Este autor aprecia que con la tributación ambiental aplicada como el instrumento que
coadyuvará al resto de medidas de política ambiental y energética, y que no solo
debería permitir cumplir con el principio de quien contamina paga desde el Derecho
Ambiental, sino que debería incentivar la realización de conductas que reduzcan la
contaminación, o desincentivar actividades contaminantes, apartándose de figuras
que obedecen exclusivamente a una finalidad recaudatoria. Con la Segunda Guerra
Mundial muchos Estados empezaron a poner en sus agendas los problemas
derivados de la degradación y el deterioro ambiental. Así las cosas, la cada vez
mayor preocupación por la naturaleza y su conservación hicieron necesario el paso
de una defensa basada en la ética y la estética hacia el campo más pragmático de la
reflexión económica (NAREDO, 2006).
Para ello, con el afán de responder a esta demanda de la sociedad, y ante el
indiscutible vacío dejado en casi un siglo de predominancia del pensamiento
económico marginalista, se trazaron dos senderos desde los cuales retomar el tema
de la naturaleza y sus recursos: el primero consistió en extender a los elementos del
medio físico, la misma lógica económica basada en la valoración en términos de
costos, precios y beneficios monetarios, utilizando la metodología y el instrumental
tradicional; el segundo consistió en aplicar los conocimientos de las ciencias
naturales a la gestión del entorno de los seres humanos, lo cual implicaba
circunscribir los procesos económicos y considerarlos como un subsistema dentro
de la biósfera, sujeto a sus leyes y restricciones (NAREDO, 2006).
El primero de estos enfoques es el de la economía ambiental, que no es más que la
respuesta del paradigma neoclásico vigente a la necesidad de incorporar los
servicios proporcionados por los ecosistemas a las decisiones económicas y al
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diseño de políticas. Desde esta visión, los recursos naturales siguen siendo una
fuente de materiales pero requieren un manejo particular por tener características
diferentes de los bienes producidos por la industria: su uso produce externalidades
que deben ser consideradas dentro de los procesos económicos. Se busca,
entonces, una tasa óptima, sea de extracción o de inserción en el medio físico. Todo
esto se hace desde los mismos principios y con la misma metodología del análisis
económico tradicional, es decir, mediante mecanismos de mercado. Su principal
objetivo es asignar un valor monetario al impacto de los procesos productivos y de
consumo en la naturaleza, así como a los bienes y servicios que ella presta de tal
forma que los agentes económicos puedan incorporar esta información en sus
decisiones. Tales correcciones en los mercados permiten llevar a cabo el tradicional
análisis costo-beneficio –entre otras metodologías de evaluación– y evitar, así,
varios de los problemas de contaminación y de explotación excesiva del medio
ambiente. En otras palabras, la economía ambiental “(…) canaliza todos sus
esfuerzos a poner precios a las ‘externalidades’ para poder reducir los problemas a
una única dimensión monetaria y aplicarles, al fin, el análisis coste-beneficio para
llegar a soluciones pretendidamente objetivas” (NAREDO, 2006).
El segundo enfoque, la economía ecológica surge como una respuesta a toda la
crítica hacia la corriente ambientalista. Se caracteriza por ser transdisciplinaria,
pues se fundó bajo la idea de unir dos grupos de académicos: los ecologistas,
entrenados en la metodología falsacionista de las ciencias naturales, y los
economistas neo-clásicos formados en el positivismo lógico (SPASH, 1999). En
términos de KUHN, la economía ecológica podría considerarse una revolución
científica o un salto de paradigma Uno de los puntos de mayor discordancia entre la
economía ambiental y la economía ecológica es el origen del valor de los elementos
que conforman la naturaleza. A este respecto nacen varias preguntas: ¿qué es
aquello susceptible de valorarse?, ¿quién y cómo se asignan esos valores? Para
ello, debido a la falta de consideración de los límites físicos en el sistema
económico, como se mencionó anteriormente, las decisiones de consumo y
producción no toman en cuenta las consecuencias que pueden tener sobre terceros
que nada tuvieron que ver con la toma de esas decisiones; tales efectos se conocen
como externalidades (GRIFFITHS y WALL, 2004) y pueden ser positivas o
negativas. El análisis del medio ambiente y los recursos naturales desde la
economía también va por el lado de los bienes públicos. En el caso de problemas
ambientales, las externalidades negativas generadas afectan bienes o servicios
públicos como la atmósfera, las fuentes de agua, los bosques, etc. Al tratarse de
bienes o servicios no excluyentes, por definición, se generan problemas de free
riding porque no hay un incentivo directo para que los individuos contribuyan para
su mantenimiento. Esto significa que, sin intervención estatal, el mercado proveerá
una menor cantidad (menor calidad) de dichos bienes que la que sería socialmente
deseable. Aquí es importante mencionar que esta condición no incluye aún otros
principios éticos ni ecológicos.
Así pues, el Estado puede hacer uso de varios instrumentos de política ambiental.
Por un lado están las medidas de comando y control, que se refieren a regulaciones
a través de la normativa legal (límites, prohibiciones, licencias de funcionamiento,
especificación de requerimientos a productos, etc.). Por el otro lado están los
mecanismos de mercado o instrumentos económicos, denominados así porque
buscan “corregir” los precios de bienes y servicios para que incorporen el costo
social, además del privado, incurrido en su producción o consumo; ejemplos de
estos son los impuestos ambientales y los permisos de emisión negociables. Esta
11
clasificación, no implica de ninguna manera que la política ambiental opte por un tipo
de instrumentos u otro; por lo general, ambos se complementan.
Ante esta problemática apreciamos que dentro de los instrumentos económicos, la
política fiscal puede jugar un rol importante en la consecución de ciertos objetivos
ambientales, a través de dos vías: la recaudación de impuestos y el uso de los
fondos públicos. La primera de ellas, los impuestos, actúa a través del cambio en la
estructura de incentivos de los hogares y empresas lo cual afecta las decisiones de
consumo, inversión y producción. La segunda, el gasto gubernamental, influye no
sólo mediante los gastos recurrentes sino también mediante la inversión en
infraestructura, al apoyo al desarrollo tecnológico, al fomento de sectores
encaminados a proteger o mejorar la calidad del medio ambiente o a reducir los
impactos negativos de las actividades económicas (PNUMA, 2010a).
Es por ello que la política fiscal tradicionalmente tiene tres roles: asignación,
distribución y estabilización. La fiscalidad ambiental añade a éstos un objetivo más:
la penalización (motivación) de ciertas conductas con el fin de coadyuvar a la política
ambiental. Este nuevo objetivo es “extra fiscal” ya que no se centra en el
financiamiento del Estado, si bien ésta es una ventaja que se consigue con la
aplicación de ciertas medidas como los impuestos verdes o la subasta de permisos
de emisión negociables. Antes de pasar al tema puntual de los impuestos
ambientales, vale la pena mencionar que el concepto de la fiscalidad ambiental toma
en cuenta los impactos en el medio ambiente que tienen el sistema fiscal actual y las
posibles reformas. En esa línea, cualquier intento de “enverdecer” la política fiscal
debe necesariamente pasar por una evaluación del efecto de las estructuras
vigentes sobre el medio ambiente.
Es así, que dentro de los instrumentos fiscales que podrían aplicarse en la política
ambiental están: los impuestos, que pueden ser creados con fines ambientales o
recaudatorios pero que recaen sobre la sustancia perjudicial para el medio ambiente
o sobre bienes cuyo uso está directamente relacionado con la sustancia
contaminante; los cargos y tasas por el uso de los recursos naturales o de los
servicios ambientales que prestan, que están des- tinados a cubrir los costos
operativos de los servicios (como la provisión de agua o la gestión de residuos) o
algún programa que controle el abuso y la contaminación gene-rada; los incentivos
fiscales como el gasto tributario (tarifas reducidas, exenciones, depreciación
acelerada), los subsidios o las subvenciones. Generalmente, tales incentivos están
dirigidos a promover actividades con externalidades ambientales positivas
(ACQUATELLA, 2005). De todas estas herramientas de política, debido al alcance
de este estudio, la siguiente sección analiza el tema tributario con más profundidad.
Desde el plano jurídico, los impuestos ambientales en general son pagos forzosos
desde el sector privado hacia el Estado, por los cuales no existe una
contraprestación por parte de este último. Los impuestos ambientales, o impuestos
verdes, son aquellos que recaen sobre bienes o servicios contaminantes. De forma
más general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
señala que un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad
física, o una aproximación que tiene un impacto negativo específico comprobado en
el medio ambiente. Sin embargo, existen otras definiciones que toman en cuenta los
objetivos de los impuestos así como sus efectos, más que la base gravada.
Es también reconocido que los impuestos ambientales, desde el punto de vista
teórico, surgen con la propuesta del economista ARTHUR PIGOU (1920), quien planteó
la necesidad de la intervención del Estado ante la existencia de discrepancias en los
beneficios marginales sociales y privados. Aunque PIGOU no habló de forma
específica acerca de externalidades medio ambientales, su análisis permitió la
12
aplicación posterior a este tema. Así, un impuesto que recaude el valor monetario de
los daños ambientales permitiría corregir este fallo ya que internaliza los costos
externos causados por las actividades contaminantes; la tasa óptima sería aquella
que haga que el costo marginal privado coincida con el costo marginal social. Así,
los precios “corregidos” permitirían que se alcance un nivel de contaminación
“óptimo”, diferente de cero, por supuesto. Los impuestos pigouvianos son la base de
la visión tradicional de la economía ambiental y por lo tanto, su único afán es la
búsqueda de la eficiencia económica mediante la corrección de las externalidades.
De esta formulación nació el principio “quien contamina paga” que ha regido la
política ambiental de los países de la OCDE desde 1972, y, más adelante, la de toda
la comunidad internacional en consonancia con la doctrina del Derecho Ambiental.
Aunque son herramientas de mercado, los impuestos ambientales son aceptados
por la economía ecológica, si bien con más reservas acerca de sus bondades. Para
que un impuesto tenga el carácter de ecológico, éste debe guardar una relación
estrecha entre lo que se busca corregir y la base imponible; su objetivo no debe ser
recaudar sino incentivar cambios de comportamiento (finalidad “extra fiscal”), por ello
un impuesto ecológico cae dentro de la clase de impuestos reguladores (ROCA,
1998). Dado que no se puede hacer una valoración monetaria exacta de los
impactos ambientales de una determinada actividad, los impuestos se consideran
sólo una herramienta complementaria a otro tipo de medidas (regulación e
información), todas encaminadas al cumplimiento de los objetivos ambientales
definidos por la sociedad. Esto hace indispensable la coordinación entre las distintas
áreas del gobierno, sobre todo la ambiental y la financiera, y la construcción de una
capacidad administrativa y de una institucionalidad fuerte (PNUMA, 2010a).
Además, es importante que el impuesto considere un criterio de la salud del
ecosistema, que permita fijar un objetivo con respecto al cual evaluar su efectividad
ambiental. Uno de los límites puede ser la carga crítica –el máximo de concentración
de una sustancia contaminante que un ecosistema puede soportar sin sufrir daño
significativo o cambios en su funcionamiento (European Environment Agency, 2011),
u otros indicadores físicos que tendrán que ser cuidadosamente elegidos y medidos;
y en el caso de desconocimiento de cuáles deberían ser los límites a la
contaminación, es preferible guardar el principio de precaución (MARTÍN, 2010).
El uso de los impuestos ambientales (y otros instrumentos de mercado) tiene ciertas
ventajas en comparación con la implementación de medidas de comando y control
como: la eficiencia estática: la implementación de los impuestos permite conseguir
un mismo nivel de reducción de la contaminación a un menor costo total pues éstos
son lo suficientemente flexibles para que cada agente elija cuánto reducir según sus
costos marginales particulares; a lo anterior se suma el hecho de que la adopción de
un impuesto le ahorra al gobierno la necesidad de información individualizada sobre
los costos de reducción de emisiones (si bien los problemas de información
asimétrica aparecen también a la hora de determinar la tasa óptima del impuesto).
La eficiencia dinámica: surge del incentivo permanente que generan los impuestos
ambientales –pues gravan desde la primera unidad de contaminación– para adoptar
tecnologías limpias e innovar en los procesos productivos de tal forma que se
reduzcan las emisiones y, en consecuencia, la obligación tributaria; con un límite
normativo, por ejemplo, no existe ningún estímulo para que las personas o las
empresas reduzcan sus emisiones por debajo de lo permitido. Y el tratamiento
generalizado: la introducción de impuestos hace que todos los contaminadores se
enfrenten a una misma tasa, con independencia de sus características tecnológicas
y económicas individuales y, sin embargo, pueden ajustar el nivel de reducción
según dichas particularidades; lo importante es que desaparece la necesidad de que
13
la entidad reguladora tenga que negociar de forma individual con cada agente y
reduce, en consecuencia, el riesgo de manipulación que pueden ejercer los
contaminadores para su beneficio, como suele suceder en el caso de las
regulaciones (este es un factor que reduce la efectividad ambiental de este tipo de
herramientas). El Potencial recaudatorio: aunque la generación de rentas no es, en
principio, el objetivo de este tipo de impuestos, éstos generan ingresos para el fisco,
si bien la idea es que estos sean cada vez menores si el impuesto ha de ser
“ambiental-mente” exitoso. La cuestión de cómo estos recursos son utilizados o
canalizados es un tema importante que aún está en debate. Por un lado, se cree que
la recaudación generada por los impuestos verdes debería estar destinada a
financiar programas de política ambiental, sea de prevención o de remediación
(impuestos afectados o finalistas). Por otro lado, aunque se reconoce que ésta
puede ser una estrategia que facilite la introducción del impuesto en términos de
aceptación de la sociedad, los impuestos afectados introducen rigideces excesivas
en las finanzas públicas (GAGO y LABANDEIRA, 1997; PNUMA, 2010a).
A la vez, la aplicación de impuestos verdes tiene ciertas dificultades y desventajas
que hacen necesario un análisis previo que considere las especificidades de los
distintos escenarios. Como se mencionó antes, los impuestos no son el único y, en
ciertos casos, tampoco son el mejor instrumento de política ambiental. Hay
ocasiones en las que es más factible y efectiva cuando hay de por medio
consecuencias que ponen en riesgo la salud de las personas o cuando los procesos
de mitigación son prohibitivamente caros, entre otros–. Asimismo, la eficiencia de un
impuesto verde puede verse reducida en situaciones en las que el daño causado
depende de la fuente de emisión; aunque este problema podría solucionarse
aplicando tipos diferenciados, una regulación puede ser más factible si se requiere
un tratamiento diferente para cada fuente.
El uso de impuestos como complemento de las otras medidas de política ambiental
se fue expandiendo hacia el empleo de otras herramientas fiscales. Así, durante la
década de los 90, los países desarrollados asistieron a reformas fiscales que
buscaban trasladar las cargas fiscales desde los impuestos tradicionales hacia
impuestos sobre la contaminación y la degradación del medio ambiente. Este tipo de
reforma de los sistemas tributarios tomó el nombre de “reforma fiscal verde”. La
introducción de impuestos ambientales está acompañada de dos concepciones
básicas complementarias y controversiales: la existencia de una doble ganancia o
“doble dividendo” y la necesidad de mantener la neutralidad de los ingresos.
Los países de América Latina y el Caribe, en su estado actual de desarrollo
institucional, más que sustituir impuestos tradicionales por otros cuyo costo social
sea menor, como en el caso de las reformas citadas, están buscando consolidar y
fortalecer sus regímenes fiscales. En este sentido, el análisis presentado resalta
nuevamente las ventajas que pueden ofrecer los impuestos ambientales como
opciones para expandir la base impositiva mediante tributos que impliquen un menor
costo social y contribuyan, al mismo tiempo, crear incentivos para el mejoramiento
de la calidad ambiental de los países.
En cuanto la introducción puntual de impuestos ambientales se recomienda hacer un
balance entre la cercanía de la base imponible al “mal” que se intenta controlar y la
capacidad de gestión de la agencia que estaría a cargo de manejar el impuesto. La
fijación de la tasa también es un tema controvertido toda vez que, aún si se quisiera
imple-mentar un impuesto pigouviano (óptimo teórico), los costos marginales
sociales de los distintos tipos de contaminación son difíciles de estimar en la
práctica. El asunto es aún más complejo, si lo que se pretende es poner una tasa
que tome en cuenta las incertidumbres a las que estamos expuestos por no tener un
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conocimiento cabal de todo lo que la alteración de un ecosistema conlleva (dada la
imposibilidad de trasladar a valores monetarios este y otros daños subjetivos, como
señala la economía ecológica). A esto se suma la necesidad de considerar la
capacidad de carga o el nivel de carga crítica del socio-ecosistema que se pretende
proteger al momento de diseñar el impuesto. Otra alternativa es elegir una tasa
impositiva lo suficientemente alta para inducir los cambios en el comportamiento
requeridos. Asimismo el diseño del tributo debería incluir una planificación de cómo
evolucionará en el tiempo, pues los efectos serán distintos en el corto y largo plazos
debido a que las inversiones en tecnología limpia o la reingeniería de procesos, e
incluso los patrones de consumo. Se recomienda que al menos las tasas se ajusten
a la evolución de los precios para que mantengan el mismo incentivo o que, incluso,
estas vayan incrementándose a futuro, de tal forma que haya una mayor
penalización para quienes se rehúsan a cambiar su comportamiento contaminador
(PNUMA, 2010a).
De todo lo visto hasta ahora, se puede concluir que sea la introducción de un
impuesto ambiental puntual o sea la propuesta de una reforma fiscal verde, existen
varios factores a tomar en cuenta. Desde los intereses creados en contra de este
tipo de medidas, el costo político de optar por nuevos impuestos, la definición de una
política ambiental clara que delimite el uso de herramientas fiscales, la evaluación
previa de los efectos, hasta la necesidad de construir capacidades y crear
conciencia en las instituciones y en la población en general, requieren de un gran
esfuerzo que sólo será posible si éste responde a las prioridades y anhelos de la
sociedad.
Para GAGO (2004), la introducción de impuestos verdes fue parte de la evolución
normal de la reforma que los sistemas tributarios europeos habían iniciado a
mediados de los 80; tales reformas pusieron como prioridad los principios de
eficiencia, equidad horizontal y sencillez, lo cual inspiró los esquemas
compensatorios y la inclinación hacia los impuestos indirectos (para ello se optó por
la reducción de las tasas marginales máximas y de las tarifas únicas del impuesto a
la renta de personas y sociedades, respectivamente, conjugada con la extensión de
bases imponibles, la eliminación de tratamientos preferenciales, el incremento de los
tipos mínimos del IRPF y del IVA, etc.). En este sentido, el siguiente paso –la
Reforma Fiscal Verde– consistía en afianzar la tendencia hacia la reducción de las
tarifas máximas y otros impuestos que encarecían el empleo (como las
contribuciones a la seguridad social) con la implementación de impuestos verdes
(que cumplían con los principios prioritarios y generaban beneficios adicionales –los
ambientales–). Precisamente, la forma en la que se introdujo la imposición ambiental
(como la contraparte de una reducción de impuestos directos para mantener el nivel
de ingreso) dio origen a la idea de que la Reforma Fiscal Verde permitiría obtener un
“doble dividendo” a los países que la implementaran.
En 1994 (5-6 años después de que la Unión Europea diera énfasis a los
instrumentos económicos en la política ambiental), el uso de instrumentos de
mercado se había diseminado hacia los países miembros, especialmente los
escandinavos y Bélgica, Holanda y Luxemburgo, aunque también países como el
Reino Unido, Francia, Italia y Alemania ya habían empezado a aplicarlos. Asimismo,
a pesar de ciertas trabas de implementación, también Polonia, Hungría y Estonia
habían iniciado el uso de impuestos y tasas ambientales, y en los países asiáticos,
como Taiwán, Corea, Malasia, Tailandia y Singapur, los instrumentos de mercado ya
eran complemento de las regulaciones y estándares.
La Unión Europea reconoce cuatro subgrupos de impuestos ambientales, según la
base imponible: Los impuestos a la energía que incluyen a los bienes energéticos
15
el trasporte (diesel, gasolina) y para usos estacionarios (gas natural, electricidad);
también los impuestos al carbono o al CO2 se incluyen en este grupo, para fines de
estimación de las estadísticas, aunque éstos correspondan a la tercera categoría.
Los impuestos al transporte que gravan la propiedad o el uso de vehículos
motorizados. Los impuestos a la contaminación que recaen sobre las emisiones al
aire y al agua, así como también al manejo de residuos y al ruido. Los impuestos a
los recursos que se refieren más bien a su uso o a la extracción de materiales.
Así, en América Latina se debería incluir un criterio de solidaridad o de
subsidiariedad en el diseño de un impuesto ambiental. El principio de quien
contamina paga requiere que el pago sea realizado por las mismas actividades o
personas causantes del problema; por otro lado, el de capacidad de pago requiere
que quien más recursos tiene pague una proporción mayor del impuesto. La
conjunción de ambos principios demandaría un impuesto en el que todos los que
generen la contaminación paguen pero lo hagan de forma distinta: que aquellos que
tienen la posibilidad cubran parte de lo que les correspondería a quienes no pueden
hacerlo, en la medida de lo posible.
En caso de incompatibilidades insalvables, siempre hay alternativas para paliar los
efectos negativos que podrían generar ciertos impuestos verdes en la distribución de
la renta: compensaciones, programas focalizados a la población más necesitada,
etc. Esta importante consideración tiene que ver con las estructuras prevalecientes
en las economías de América Latina, en las que ciertos sectores artesanales o
donde prevalecen las micro y pequeñas empresas sean altamente contaminantes;
asimismo, ciertas prácticas que responden a la situación de pobreza de muchos
hogares (el uso de leña como combustible, por ejemplo) pueden provocar impactos
nocivos para la naturaleza.
Por lo que, al analizarse la evolución y el desarrollo del Derecho Ambiental en
América Latina y en el Caribe por BRAÑES BALLESTEROS, RINALDI Y CAFERRATA en su
aplicación valoran todo el proceso histórico para su formación dentro del período
comprendido entre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano y
la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo,
cónclaves donde fueron abordadas cuestiones en materia de conservación
ambiental, pendientes a solucionarse por los estadistas, postura a la que me integro.
La historia política de América Latina y el Caribe confirma que de los 22 países que
la integran, con la renovación de sus instituciones reflejan los cambios
constitucionales entre los años 1972 y el 1999 del pasado siglo, 16 países
modificaron sus constituciones políticas al incorporar las preocupaciones de la
sociedad. El resultado obtenido ha permitido reconocer que figuren un número
importante de disposiciones que refrendan la protección ambiental y la promoción de
un modelo a seguir para lograr la meta del desarrollo sostenible.
Como continuación, el PNUMA en el siglo XXI ejecutó otro nuevo análisis
denominado “economía verde” para conocer como se ha mantenido, comportado y
evolucionado el marco regulatorio en los países que integran América Latina y el
Caribe en materia de protección ambiental dentro de las metas del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza establecidas por este organismo
internacional, permitieron a este autor conocer en sus conclusiones a partir de cómo
se aprecia la regulación de la protección ambiental, esta arrojó: (…“casi todos los
países de América Latina y el Caribe presentan una estructura legal similar: a la
cabeza cláusulas constitucionales ambientales, luego una ley general, ley de bases
marco u orgánica del ambiente y leyes sectoriales ambientales”…)
El PNUMA, ha considerado en la protección ambiental la necesidad de implementar
la economía ambiental para lograr la sostenibilidad con una ordenada ejecución
16
dentro de las empresas, meta no lograda de manera adecuada en todos los países
muestreados a criterio de este autor. Todo el material científico analizado considera a
la economía ambiental dentro del desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza como uno de los instrumentos más importantes para lograrlo, al ofrecerles a
los empresarios nuevas alternativas para el logro de empresas amigables con el
ambiente. Esta economía ambiental, contribuye al aumento económico con patrones
de sostenibilidad al permitir mayor inclusión social, mejor bienestar humano y más
oportunidades de empleo y trabajo decente para todos para mantener saludables los
ecosistemas al utilizar los sistemas de gestión; es a la vez un instrumento y una
herramienta de control ambiental para la Administración Pública en la toma de
decisiones, tiene carácter interdisciplinario en su concreción, dirigidas al ciudadano
en la protección ambiental y de sus recursos naturales para la construcción de
empresas responsables con las políticas y la normativa ambiental, donde aparece la
herramienta de gestión -auditoría ambiental-.
Estudios en materia legislativa realizados en el 2013 por el PNUMA dirigido por
CAFERRATA Y RINALDI con juristas ambientalistas en América Latina y el Caribe,
demuestran que no ha existido una construcción jurídica apropiada de los conceptos
de economía y contabilidad ambiental dentro de los sistemas contables en las
formas de gestión, por lo que es considerado por este autor que hubiera permitido a
los empresarios transitar a la aplicación de las herramientas de gestión a través del
proceso de auditoría ambiental de manera exitosa. En este mismo sentido, es
adecuado subrayar lo señalado por el PNUMA y cito: (… “las políticas de economía
ambiental en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza
deberán ser compatibles con el derecho internacional; respetar la soberanía
nacional de cada país sobre sus recursos naturales, al tener en cuenta sus
circunstancias, objetivos, responsabilidades, prioridades y margen de acción con
respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible” ...).
Sin embargo, este autor valora que la introducción de instrumentos económicos
ambientales en la contabilidad empresarial buscan la mejoría del bienestar humano
y la equidad social, el respeto por la naturaleza y los recursos que esta proporciona,
la protección de sus ecosistemas y de la diversidad cultural, donde la práctica de la
auditoría tiene influencia en modificar los patrones de conductas contrarios al
desarrollo sostenible, no aplicados en su mayoría por los empresarios dentro de las
formas de gestión analizadas como ya se señaló.
Estos resultados analizados, permitirán el desarrollo de políticas para promover el
uso de los recursos naturales de forma eficaz, con bajas emisiones de carbono,
eficiencia energética, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables
menos contaminadoras al modificarse la matriz energética, proteger la biodiversidad,
los recursos genéticos y los servicios ambientales de los ecosistemas, la promoción
de inversiones e innovaciones de corte ambiental, las inversiones en el desarrollo de
capacidades y fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental. Toda esta
implementación, ejecución, control y respeto a la normativa jurídica en materia
administrativa-ambiental serán competencias de la Administración Pública al ejecutar
el control ambiental realizado a través de las EFS luego de la firma de Convenios y
Acuerdos, en la región analizada los países contrastados pertenecen a la OLACEFS
y a la EUROSAI.
Los resultados del estudio desarrollado en América Latina y el Caribe desde las
ciencias jurídicas por investigadores en este siglo XXI por CAFERRATA, RINALDI Y
VILLAVELLA ARMENGOL, relacionados con la técnica de introducir las políticas
ambientales a partir del texto constitucional, la responsabilidad ambiental, la
implementación de los SGA, la auditoría ambiental, los conceptos de economía y
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contabilidad ambiental, la cobertura financiera con la póliza ambiental ante daños
generados por la naturaleza o por el hombre, la reducción de los costes y la
contaminación ambiental, el uso de las tecnologías limpias y de otras herramientas
de gestión y el cambio climático; permiten confirmar a este autor que para que la
empresa se responsabilice con la protección ambiental está obligada a cumplir las
políticas y normativas ambientales como meta hacia el desarrollo sostenible; su
evaluación se ejecuta con la auditoría ambiental por parte de la EFS con el encargo
público.
Se corrobora desde la perspectiva jurídica la implementación de las políticas en
materia de protección ambiental por parte de la Administración Pública, los métodos
de control ambiental aplicada, la relación del Derecho Ambiental con otras ramas del
Derecho, en especial con el Administrativo por ser el eje trasversal y el vínculo con
otros saberes por su interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. No obstante,
CAFERRATA señalaba sobre otras novedades del Derecho Ambiental en América
Latina al significar que se distinguen por reconocerse en los ordenamientos jurídicos
internos, en México con una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y una Ley
General del Cambio Climático, una Ley de Derechos de la Madre Tierra en Bolivia y
una Ley de Tribunales Ambientales en Chile.
Es así, que este autor al realizar la comparación de los ordenamientos jurídicos de la
región de América Latina y el Caribe con el de la Unión Europea, comprueba que se
diferencian con la aprobación de una nueva Ley de responsabilidad por los graves
episodios de contaminación en este continente, la que ha exigido nuevos sistemas
de responsabilidad a la Administración Pública vinculados al control ambiental.
Normativa elaborada a través de un proceso de participación pública, para
conformar un nuevo sistema de responsabilidad objetiva, centrada en la
recuperación de lo degradado, basada en los principios de prevención y en el de
quien contamina paga del Derecho Ambiental tal y como se señala por GÓMEZ OREA.
Ante todo este análisis introductorio, en la nación cubana no es hasta el año 1976,
que se reflejan en la Constitución de la República y en los documentos
programáticos del desarrollo económico la necesidad de la creación de un órgano de
atención al medio ambiente cubano. Dicho órgano fue la Comisión Nacional de
Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales en la
cual, con una pequeña secretaría ejecutiva, se aglutinaban representaciones de
todos los Organismos de la Administración Central del Estado Cubano y donde se
coordinaban todas las acciones de corte ambiental del país.
En 1995, se decide crear dentro del entramado de la Administración Pública patria al
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, y con ello se promulgó la Ley
No. 81 de 1997, sustituyendo la anterior Ley No. 33 de 1980, la cual soporta
jurídicamente la política delineada por la Estrategia Ambiental Nacional y desarrolla
el marco legal general para su aplicación. Esta ley recoge en el articulado del
Capítulo IX, Regulación Económica el referido basamento legal a la política trazada
en su artículo 61 establece el uso de la regulación económica como instrumento de
la política y la gestión ambiental y la concibe sobre la base del empleo, entre otras
de políticas tributarias, arancelarias o de precios diferenciados, para acciones que
incidan sobre el medio ambiente.
Como puede apreciarse en materia de tributación ambiental en nuestro país se ha
avanzado en estos años, gracias en primer lugar, a la voluntad política del Estado
por el logro de un desarrollo sostenible, sin poner en riesgo las actuales y futuras
generaciones y la necesidad de crear la conciencia necesaria para el cuidado y
protección del medio ambiente y en segundo lugar la implementación de una política
fiscal que tribute a las finanzas del Estado, logrando una mejor redistribución de la
18
renta nacional. Para ello, en la Estrategia Ambiental Nacional aprobada en 1997, se
encuentran las bases de la política para la aplicación de las medidas de carácter
económico dirigidas a la protección de medio ambiente, estas constituyen, de hecho,
un conjunto de medidas que propician la internalización paulatina de las
externalidades ambientales y por lo tanto influyen en costos ambientales, y a través
de ellas incidir de manera indirecta y de conjunto con otros instrumentos, en la toma
de decisiones ambientales de los productores, consumidores y tomadores de
decisiones.
Bajo la dirección del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente fue
aprobada en el año 1997, luego de sucesivas versiones que comenzaron en 1995, la
Estrategia Ambiental Nacional. En este sentido la Estrategia, como su propio texto
indica, es la expresión de la política ambiental cubana en la cual se plasman sus
proyecciones y directrices principales. Como se aprecia, entre los mecanismos
económicos reconocidos en la Estrategia se señalan los tributos. La referencia
exacta es a las políticas tributarias, lo que a juicio del autor constituye una acertada
valoración del carácter instrumental del medio ambiente hacia el que han de ser
perfilados los sistemas tributarios, y no en la cerrada concepción de las figuras
tributarias individualmente consideradas.
Se asume entonces que la fiscalidad ambiental, en suma, no se agota en sus
propios tributos, sino que trasciende al conjunto del sistema tributario, o debiera
haberse realizado en la Ley No. 73 del Sistema Tributario de 1994, la que concibió
en sus artículos sobre el uso de los impuestos para fines de protección del medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales, en su artículo 50, establece el
referido impuesto, además de dedicar otros artículos a nombrar los sujetos que se
obligan al pago del mismo, así como otorgar facultades al Ministerio de Finanzas y
Precios para establecer entre otras cosas los procedimientos para exigir su pago
En 1994, en plena etapa de gestación de la Reforma Tributaria los ecos del reclamo
ambiental de la Cumbre de la Tierra en Río resonaron en la voluntad legislativa, en
ese mismo año al aprobarse la Ley No. 73 estableció en el Titulo II, Capitulo XI,
Artículo 50 el Impuesto sobre la Utilización o Explotación de los Recursos Naturales
y para la Protección del Medio Ambiente, mediante el cual se grava a las personas
naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, que utilicen o se relacionen de cualquier
manera con el uso o explotación de un recurso natural en el territorio nacional.
En atención al grave estado de deterioro de los bosques cubanos, determinado por
el uso indiscriminado al que desde el tiempo de la colonia, e incentivado en el
período neocolonial, fueron sometidos en el contexto de la restructuración de los
ingresos al presupuesto del Estado provenientes del sector estatal y de las
organizaciones políticas, sociales y de masas, proceso este que regulo
jurídicamente en el Decreto Ley No 44 de 1981, el que estableció el Impuesto
forestal. De esta forma, en el capítulo II, sección quedó regulado el impuesto
forestal al establecerlo como una compensación parcial de los gastos en que incurre
el Estado en la repoblación forestal y conservación del medio ambiente. Señala
además este precepto legal que son sujetos de este impuesto, las empresas
estatales dedicadas a la explotación forestal, así como otras empresas estatales,
unidades presupuestadas, organizaciones políticas, sociales y de masas, y las
empresas subordinadas a cualquiera de dichas organizaciones, que efectúen
extracciones de productos forestales, autorizadas por el Ministerio de la Agricultura y
con sus propios medios. En este contexto, corresponde al Ministerio de la
Agricultura, tal y como estableció el Decreto Ley No 136, Del Patrimonio Forestal y la
Fauna Silvestre de 1993, artículo 5, inciso a), adoptar las medidas encaminadas a la
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protección, conservación, manejo, utilización racional y desarrollo sostenible de los
recursos del patrimonio forestal y la fauna silvestre.
Con la aprobación dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Ley No 76 de Minas
de 1994 soporta los propósitos de preservar la soberanía nacional sobre los
recursos minerales, reorganiza la actividad minera, basada en el reconocimiento de
la figura jurídica de la concesión, y ofrecer mayor confianza a la inversión extranjera
como vía para la obtención de capitales. La referida ley llena el vacío de una base
jurídica indispensable para las operaciones mineras en el país, en el momento
cuando éstas se multiplican aceleradamente.
La actividad minera cubana, abarca fundamentalmente la explotación y extracción
de cobre, cromo, zinc, níquel, cobalto, oro y plata, y se nutre del levantamiento
geológico del 45% del territorio nacional. Para ejecutar lo dispuesto por esta norma
se creó la Oficina Nacional de Recursos Minerales como institución con personalidad
jurídica, adscrita al Ministerio de la Industria Básica, para fiscalizar y controlar la
actividad minera y el uso racional de los recursos de esta naturaleza. En el capítulo
II de la Ley No 76, se reitera el precepto constitucional, que establece que al Estado
le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y
todos los recursos minerales, donde quiera que éstos se encuentren dentro de las
regulaciones constitucionales. Por ello, las personas naturales o jurídicas,
debidamente autorizadas por el correspondiente Título de la Concesión, para el
ejercicio de una o varias fases de la actividad minera, están obligadas de acuerdo
con lo que se establece legalmente a pagar los cánones por la ejecución de una
actividad minera, pagar el derecho de superficie por el área que se destine a la
construcción de las instalaciones de procesamiento y a pagar las regalías por la
explotación de recursos minerales.
Por otro lado, la contaminación de las bahías cubanas a causa del vertido se explica
en gran medida porque tienen poca profundidad y cerca de ellas se localizan
grandes centros industriales, lo que contribuye al deterioro de las condiciones
naturales. Una parte importante de la contaminación costera procedente de fuentes
terrestres es causada por sustancias residuales industriales, agropecuarias y
domésticas, las que llegan a la costa sin un tratamiento adecuado. Las afectaciones
existentes tienen una localización limitada, como es el caso de la bahía de La
Habana, que presenta un amplio grado de contaminación producto entre otros
factores de la constante acumulación de vertidos de industrias aledañas y del propio
tráfico marítimo. El Impuesto por la Utilización de la Bahía de La Habana, se debe
tener en cuenta que la Ley No 81 de 1997 al establecer en su artículo 2 que: “El
medio ambiente es patrimonio e interés fundamental de la nación”, de aquí que este
esté configurado como un bien público sobre el cual el Estado tiene una titularidad
exclusiva basada en la responsabilidad de su protección y conservación.
El principio “quien contamina paga” en relación con los tributos ambientales exige
que éstos configuren sus presupuestos de hecho sobre actos de degradación del
medio. Al respecto, es difícil entender que la mera ubicación de una instalación en la
zona de la bahía constituya un acto contaminante. Tampoco negamos que a partir de
este hecho pueden tener lugar actos de degradación de este recurso marítimo, como
serían los vertidos de residuos industriales o de otras instalaciones turísticas a las
aguas de la bahía o la contaminación que representa el combustible que derraman
los buques. (LUCAS MAS, C. 2002)
De igual forma la Ley No. 77 de 1995 de la Inversión Extranjera, en su artículo 39
estableció recargos tributarios por el uso y explotación de los recursos naturales,
como otra de las normas jurídicas en el ordenamiento nacional que protegió a la
naturaleza. Cuestión esta mantenida en la nueva Ley de la Inversión Extranjera, Ley
20
No. 118 de 2014, la que ratifica la protección al medio ambiente como bien público,
en sus articulados 54, 55, 56, 57 y 58 (ANTUNEZ SANCHEZ, A. 2015)
Ante toda esta realidad, se reconoce que la década del noventa del pasado siglo fue
muy difícil para la economía cubana, sin embargo, a pesar de todas las medidas
económicas que se adoptaron en ese momento, actualmente la economía sigue
atravesando una crisis, agudizada por la crisis económica y financiera internacional y
por su carácter dependiente de las relaciones económicas externas, todo lo que se
evidencia en las limitaciones para enfrentar el déficit presupuestario, los servicios
sociales, y el resto de las actividades que había sido asumidas por el Estado.
En este contexto el Partido Comunista de Cuba, con el objetivo de actualizar el
modelo económico cubano y garantizar la irreversibilidad del Socialismo, el
desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, emitió
un documento denominado Lineamientos de la política económica y social del
Partido y la Revolución, aprobado en el VI Congreso del Partido de 2011 y en el
Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular de 2011. (LIMONTA MONTERO, R. 2014)
Es en este nuevo contexto económico, y como parte de esta nueva política fiscal
nacional encaminada a incrementar la eficiencia económica y los ingresos al
presupuesto del Estado, fue publicada una nueva Ley tributaria, la Ley No 113 de
2012 y su reglamento, el Decreto No. 308, Reglamento de las Normas Generales y
de los procedimientos tributarios.
Hay que significar que las circunstancias en que se promulga la nueva Ley tributaria
responden a un momento jurídico distinto, la norma en vez de ser aprobada a
posteriori de una reforma constitucional como ocurrió en 1994, se promulga en
medio de una vorágine legislativa que debe tener como corolario una nueva reforma
constitucional, sino una nueva Carta Magna. En correspondencia la Ley en sus por
cuantos se refiere, además de al necesario fundamento formal –artículo 75 inciso b)
del texto constitucional– al deber de contribuir 24 como necesario sostén material, lo
que evidencia cierta vocación correctiva con respecto a la normativa anterior, y que
pudiera pensarse adelanta una futura constitucionalización del deber de contribuir
por las formas de gestión y del ciudadano. (SIMON OTERO, L. 2014)
Es así, que esta norma jurídica al regular al tributo, como centro del sistema
tributario, en el artículo 5, inciso x) al concebir el tributo como “las prestaciones
pecuniarias que el Estado exige, por imperio de la ley, con el objetivo de obtener
recursos necesarios para la satisfacción de los gastos públicos y el cumplimiento de
otros fines de interés general”. Para esto, entre los tipos de impuestos regulados en
esta nueva norma tributaria aparece el reconocimiento del impuesto ambiental, el
que se aplica a las formas de gestión estatal en la nación, en relación con el vertido
ambiental en correspondencia con las regulaciones administrativas establecidas por
el Ministerio de Finanzas y Precios y la acción que le corresponderá ejercitar a la
Contraloría General de la República ante la comisión de daños ambientales para su
cuantificación contable, la que se practicará a través de la auditoría pública con
enfoque ambiental. (ANTUNEZ SANCHEZ, A. 2015)
En relación con todo lo citado, este autor aprecia el vínculo de las regulaciones
tributarias con la Ley No. 114 de 2012, Ley del Presupuesto del Estado, la que en su
capítulo VI del Sistema Tributario, regula en la sección sexta a la tributación por el
Uso o Explotación de los Recursos Naturales y para la Protección del Medio
Ambiente. Lo que permite considerar que en el ordenamiento jurídico nacional hay
una protección adecuada a la naturaleza en la legislación tributaria, que a futuro
podrá seguir modernizándose y actualizándose.
21
A MANERA DE CONCLUSIONES:
La auditoría ambiental emergió debido a la contaminación empresarial y su
enfrentamiento por el Estado, su génesis fue la auditoría social. Se consolida
posteriormente como acción de control practicada por las Entidades Fiscalizadoras
Superiores y las Sociedades Mercantiles, posee una construcción jurídica a partir de
estar reconocida en Convenios Internacionales, al ser introducida en los derechos
internos mediante los textos constitucionales, las leyes ambientales y de
contralorías, brindan solidez y sustento para el desarrollo de políticas ambientales
como la herramienta de gestión ambiental. Puede ser voluntaria u obligatoria y
manifestarse como una actividad policía, un servicio público u actividad de fomento
acorde a su ejecución y consecuencias.
La sistematización de la auditoría ambiental, como institución jurídica dirigida a
proteger al bien jurídico ambiental, es reconocida desde la doctrina ius administrativa
y la ius ambientalista. Los criterios teóricos y normativos valorados permitieron
establecer que la realización de la auditoría entraña una relación jurídica ambiental y
delimitar sus elementos: subjetivos (auditores y auditados), objetivos (contenido,
instituciones y categorías a evaluar) y formales (documentos acreditativos de su
validez).
La auditoría ambiental tiene un carácter multidimensional, integral y
transdisciplinario, su finalidad es la evaluación de la gestión ambiental de la empresa
y la certificación de producciones limpias, para realizarla las entidades auditadas
deben implementar la contabilidad ambiental y el tratamiento de los residuales de la
producción de la empresa. Constituye un proceso integrado por fases (preparación-
ejecución-conclusión) cuyo procedimiento fundamental está regulado en normas ISO
y las EMAS.
Esta tipología de auditoría, aparece regulada dentro de los ordenamientos jurídicos
como una actividad de control o de servicio público dirigida a las formas de gestión
estatal o no estatal; es ejecutada a través de normativas jurídicas ambientales y
procedimientos administrativos establecidos por las Entidad Fiscalizadora Superior
para su concreción como elementos formales, al permitir corroborar las evidencias
del control practicado.
Los postulados teóricos, la tendencia histórica y de derecho comparado y el análisis
del ordenamiento cubano, permitieron la formulación de los presupuestos jurídicos
para desarrollar y actualizar la doctrina ius ambientalista vinculada a la actividad de
control ambiental a través de la auditoría, actualizar el ordenamiento jurídico cubano
en relación al reconocimiento de la auditoría ambiental como instrumento de gestión
ambiental y de control, desarrollar dentro del ordenamiento jurídico cubano el
reconocimiento de la contabilidad ambiental dentro del Sistema Nacional Contable, y
actualizar el ordenamiento jurídico en relación al reconocimiento de las producciones
limpias y la industria amigable con el ambiente en la normativa ambiental, con
enfoques interdisciplinarios e interinstitucionales en la creación, interpretación y
aplicación de las normas jurídicas vinculadas a la actividad de control ambiental.
La empresa estatal cubana está necesitada de transitar desde la certificación de la
calidad que desde el siglo XX se viene ponderando, hacia la certificación ambiental
en la actualización del modelo económico para alcanzar el desarrollo sostenible en
las formas de gestión estatal y no estatal. Para ello es necesario modificar las
formas organizativas que permitan incidir en lograr una cultura ambiental y con ello
el equilibrio adecuado entre el progreso y la protección ambiental, con la inserción
del Gestor Ambiental. De aquí que cambie de su escenario tradicional fabril hacia el
control de la naturaleza.
22
La empresa amigable con el ambiente por su relación con la auditoría ambiental y la
tributación ambiental permiten a las formas de gestión del sector estatal
cumplimentar la política tributaria en relación con el impuesto ambiental, con ello se
propiciará dirigir acciones que propicien proteger la naturaleza y mitigar los efectos
adversos ocasionados por los fenómenos de la contaminación industrial, en este
caso por el vertido.
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Antúnez Sánchez Alcides Francisco. (2015, septiembre 23). Auditoría Pública y tributación ambiental. Aplicación e implementación en Cuba. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/auditoria-publica-y-tributacion-ambiental-aplicacion-e-implementacion-en-cuba/
Antúnez Sánchez, Alcides Francisco. "Auditoría Pública y tributación ambiental. Aplicación e implementación en Cuba". GestioPolis. 23 septiembre 2015. Web. <http://www.gestiopolis.com/auditoria-publica-y-tributacion-ambiental-aplicacion-e-implementacion-en-cuba/>.
Antúnez Sánchez, Alcides Francisco. "Auditoría Pública y tributación ambiental. Aplicación e implementación en Cuba". GestioPolis. septiembre 23, 2015. Consultado el 10 de Diciembre de 2016. http://www.gestiopolis.com/auditoria-publica-y-tributacion-ambiental-aplicacion-e-implementacion-en-cuba/.
Antúnez Sánchez, Alcides Francisco. Auditoría Pública y tributación ambiental. Aplicación e implementación en Cuba [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/auditoria-publica-y-tributacion-ambiental-aplicacion-e-implementacion-en-cuba/> [Citado el 10 de Diciembre de 2016].
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