EL IMPACTO DE LA CRISIS DE 2002 EN UNA CIUDAD DEL INTERIOR DE ARGENTINA

Autor: José Aranda

ECONOMÍA POLÍTICA

01 / 2005  

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La crisis económica que afectó al país durante el año 2002 tuvo fuertes efectos en la actividad económica santiagueña que se tradujo en la caída del poder adquisitivo de los asalariados, en la pérdida de fuentes laborales y en el incremento de los niveles de pobreza e indigencia. Una estimación basada en datos oficiales, indica que por la pérdida de empleos y la caída en la calidad de los mismos, habrían salido de circulación alrededor de unos $100 millones del circuito económico local.

En Mayo de 2002 la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reveló la existencia de 203.934 personas (60,2% de la población total del aglomerado urbano Santiago del Estero-La Banda) bajo la línea de pobreza. Esto significaba que sus ingresos resultaban insuficientes para costear las necesidades de sus presupuestos familiares, al margen de la alimentación. Asimismo, en ese mismo mes la EPH registró la existencia de 94.176 personas indigentes (27,8%) a las que sus ingresos no les alcanzaban para comprar una Canasta Básica de Alimentos para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

En Octubre, -segunda medición anual de la EPH- crecieron tanto el número de pobres como indigentes. Bajo la Línea de Pobreza, se ubicaron 205.800 personas (66,5%) o sea un 6% más que en mayo. Por debajo de la Línea de Indigencia, cayeron 102.900 personas (31,7%) o sea un 3,9% más que en mayo.
 
En valores absolutos, el número de pobres creció en 6 meses de 203.934 a 205.800 y el de indigentes aumentó de 94.176 personas en esa situación a 102.900. Esto significa que una población de 10.590 personas bajaron un escalón del segmento social y se convirtieron en pobres y otros pasaron a ser indigentes.
 
En este punto cabe aclarar que el Indec señala como “pobre” a aquella persona/s que no llegan a cubrir un valor determinado de la Canasta Básica Total (CBT) compuesta por -además de alimentos- otras necesidades no alimentarias como indumentaria, servicios, transporte, etc.
 
Por otro lado, la misma fuente describe como “indigente” a aquella persona que con sus ingresos no logra adquirir una canasta básica de alimentos que le permita cubrir sus necesidades calóricas básicas de nutrición.
 
En este mismo lapso de mayo/octubre de 2002, la población del aglomerado Santiago-La Banda creció en 4.239 personas, mientras que el número de pobres e indigentes superó en más del doble el crecimiento poblacional. Es decir, el avance de la pobreza fue mayor en un 100% que el incremento poblacional.
 
En la actualidad existen 308.700 personas entre pobres e indigentes en Santiago-La Banda sobre una población total de 343.000 personas en estos dos principales núcleos urbanos de la provincia.
 
El efecto inflacionario
 
Una familia tipo de 4 personas -dos adultos y dos menores como lo es el número promedio de población en los hogares de Santiago del Estero- necesitaba en marzo de 2002 un presupuesto de $215,78 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

En marzo de 2003 la misma familia demanda $333,19 para satisfacer las mismas necesidades. Ello implica un aumento en su presupuesto familiar de $ 117 solamente para cubrir necesidades alimentarias básicas.
 
Asimismo, una familia compuesta por 4 personas demandaba en marzo de 2002 un presupuesto de $524,35 para cubrir además de su alimentación otras necesidades como transporte, servicios, indumentaria, etc. mientras que en marzo de 2003 demanda $723,03. O sea casi $200 más.
 
Un dato para tener en cuenta es que el ingreso promedio de un asalariado santiagueño es de $366,90. Esto significa que el salario de una persona con empleo apenas alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y, a su vez, representa sólo la mitad de lo que necesitaría para escapar a la línea de pobreza, por debajo de la cual se encuentra.
 
Los sectores económicos
 
El año 2002 fue crítico en materia de pérdida de empleos. Sólo el comercio perdió 1500 fuentes laborales en toda la provincia según los informes oficiales publicados por el área de Previsión Social del Sindicato de Empleados de Comercio. Esta cifra es una cuarta parte de la totalidad de empleados del sector a nivel provincial.
 
La Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Santiago del Estero realizó una encuesta en febrero de este año que recogió el efecto de la crisis de 2002 en este ámbito. Sólo en el sector céntrico de la ciudad se relevaron 1.564 negocios en funcionamiento y otros 247 (un 16%) que cerraron en 2002.
 
Entre los negocios de los rubros más afectados fueron la venta de electrodomésticos y de muebles y artículos para el hogar que, en conjunto, superan la decena de negocios de primera línea y las grandes superficies que desaparecieron de la faz comercial. Algunas de las que cerraron, eran representantes locales de firmas nacionales. Además, las firmas que quedaron hicieron un recorte de gastos y una gran cantidad de trabajadores del sector pasó a revistar en las filas de los desocupados.
 
En forma paralela a los cierres, surgieron pequeños negocios como kioskos y “drugstores” que en pequeñas superficies ofrecen amplia variedad de productos, atendidos por una sola persona.
 
Durante el año 2002 la falta de crédito, el deterioro del poder adquisitivo de la gente con una inflación del 30% a mediados de año y que cerró el 2002 por arriba de un 40%, ocasionó un golpe a las ventas de todos los comercios.
 
A su vez, mientras los sueldos siguieron en pesos y en cuasimonedas (Lecops) los diferentes productos de bienes durables especialmente, se valuaron al ritmo del dólar. Es decir, triplicaron su valor.
 
Sin crédito y con precios tres veces más altos que en 2001, una gran cantidad de negocios y empresas prestadoras de servicio se vieron asfixiadas financieramente. También, los proveedores endurecieron las condiciones de venta y en una gran cantidad de rubros -por ejemplo alimentos- la mercadería se entregó a cambio de pagos adelantados.
 
Toda esta situación llevó a un grupo de 23 instituciones locales a elevar un pedido de moratoria al gobierno provincial para lograr un poco de oxígeno en el pago de sus impuestos (Ingresos Brutos, Rentas, Sellos, Automotor, Inmobiliario) y evitar las posteriores ejecuciones judiciales. Pero, la moratoria nunca llegó a aplicarse.
 
Más demanda de seguros
 
Un dato revelador de lo que sucedió con el empleo durante el 2002 lo muestra las estadísticas de Seguros de Desempleo otorgados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Estos seguros, se pagan a los empleados registrados, siempre que hayan sido despedidos de sus empleos y realizado aportes por más de un año al Sistema de Seguridad Social.
 
De esta forma, durante el 2002, la cantidad de seguros de Desempleo otorgados por la Anses llegó a casi 25.000 personas. Las mensualidades que se pagan van desde un mínimo de $150 a un máximo de $300 y ese monto varia acorde a los aportes realizados por el beneficiario.
 
En este sentido, el 2002 recogió en promedio, 2.041 solicitudes mensuales. Al finalizar el año, fueron un total de 24.498 personas que fueron despedidas de sus empleos las que pidieron este beneficio otorgado por el Estado. Fue ésta la mayor cantidad de seguros otorgados desde que se puso en marcha el sistema en Santiago del Estero.
 
Uno de cada cuatro
 
Hoy, en la provincia de Santiago del Estero por cada 4 personas ocupadas, hay una que tiene problemas de empleo. Ya sea porque carece de un trabajo o bien, está subempleado -trabaja menos de 35 horas semanales- y en condiciones laborales precarias o marginales.
 
Asimismo, sobre la Población Económicamente Activa (PEA) que se ubica en una cantidad de 118.000 personas, están ocupadas y con trabajo registrado 106.000 personas mientras que entre desocupados y subocupados hay 27.000 con problemas para conseguir trabajo. Están desempleadas 12.000 personas y subocupados 15.000.
 
Una estimación sobre los datos oficiales indica que la salida del mercado laboral formal de estas 12.000 personas implicó la salida de circulación del circuito económico de $ 4.380.000 mensuales sólo en salarios que dejaron de pagarse, teniendo en cuenta el promedio de ingresos de los asalariados locales. Trasladado a los doce meses de un año, ello implica un monto de $56,9 millones menos que salieron de circulación del mercado de bienes y consumo local.
 
Menos ingresos
 
Asimismo, el descenso de ingresos de aquellas personas que tenían un empleo formal y pasaron a revistar en la informalidad a partir de estar subempleados (15.000 personas) ó en los planes sociales, marca una caída de ingresos que va de un salario promedio de $365 a las prestaciones por los planes Jefes de Hogar que se ubican en $150.
 
La brecha, es de $215 menos por cada asalariado que pasó a ser un subempleado. Multiplicado por las 15.000 personas que se ubicarían en esta situación, implica que otros $ 3.225.000 salieron de circulación del mercado. Trasladado a un año, ello implica un monto aproximado a los $41,9 millones.
 
Si se suman los montos de los ingresos que se esfumaron del circuito económico por el avance de la desocupación y la subocupación en 2002, se obtiene que casi $100 millones, más exactamente $98,8 millones salieron del mercado de consumo de bienes y servicios local.
 
Los planes asistenciales
 
Otro dato más que marca la emergencia social que vive la provincia desde el inicio del año 2002 fue la cantidad de beneficiarios de los planes Jefes de Hogar que revistan en estos programas.
 
En febrero de 2002 cuando se inició la inscripción para estos planes que contemplan una mensualidad en cuasimoneda de 150 Lecops (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales), se anotaron menos de 10.000 personas. Pero, en los dos meses siguientes el número llegó a 40.000 para estabilizarse luego hacia fin de año en un total de 55.000 beneficiarios.
 
De esta forma, el Estado nacional asiste a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la Nación a estos beneficiarios, cuyo requisito principal para acceder al beneficio es estar desempleado y tener carga de familia.
 
En toda la provincia, hay 55.000 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar. Son la primera fuerza laboral de la provincia ya que ni el Estado provincial con toda su administración pública consigue igualar este número. Menos aún la suma de empleos del sector privado que suman menos del 50% de los empleados públicos.
 

José Aranda

Aportado por: Revista Trabajo y Sociedad, Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas.

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