Tanto Moody´s, como Fitch Ratings y Standard & Poors coinciden en considerar la deuda soberana de México dentro de la zona del grado de inversión.
Los motivos que las llevaron a esta determinación son muy similares en los 3 casos.
Podríamos afirmar que el grado de inversión es el reconocimiento
final a las autoridades financieras mexicanas por una labor de
reconstrucción de la economía del país que inició el ex presidente
Zedillo luego de la crisis del 95 y que permitió evitar en el año 2000
la acostumbrada crisis de final de sexenio.
En general estos son los principales puntos que movieron a las agencias
calificadoras a otorgarnos el anhelado grado de inversión:
- La experiencia y capacidad de las autoridades mexicanas para sortear
sin fuertes sobresaltos la colección de choques externos que nos han
amenazado en los últimos años.
Si hacemos un recuento veremos que la mezcla adecuada y congruente de
políticas fiscal y monetaria de los últimos años nos permitieron salir
ilesos o con daños menores de sucesos como la crisis asiática, la rusa,
la brasileña, soportar la fuerte caída de los ingresos petroleros en
1999, evitar casi por completo el contagio del efecto tango y sortear la
actual recesión económica sin dramáticos y añejos dolores como las
terribles mega devaluaciones, las fugas de capitales, el descontrol de
la inflación, el desbordamiento de las tasas de interés, etc.
Hoy en día estamos aprendiendo como país que se puede vivir en un
entorno adverso (como éste que se origina por la recesión en EUA) y
también mantener bajo control la estabilidad de los indicadores
macroeconómicos que nos permitirán retomar el crecimiento con mayor
facilidad cuando el ciclo económico dé la vuelta.
- Disposición y capacidad del gobierno mexicano para mantener la
disciplina y promover la transparencia en el renglón fiscal. En este
sentido se reconoce el compromiso de las autoridades mexicanas por
ajustar automáticamente el gasto público en épocas de vacas flacas.
El mecanismo de ajuste al gasto permite adecuar el presupuesto de
egresos a eventuales caídas en los ingresos del gobierno (como la
disminución en los precios internacionales del petróleo).
Las calificadoras también aplaudieron el hecho de que la recaudación de
impuestos se elevó en el 2001 con respecto al año anterior a pesar de
haber sido un año de recesión económica.
El reconocimiento pleno del gobierno mexicano del verdadero monto del
déficit público (aproximadamente 4% del PIB al agregar el saldo de los
requerimientos financieros del sector público) también fue bien visto
por las agencias calificadoras.
- La fuerte y cada vez mayor integración económica y financiera entre
México y EUA. Para bien o para mal la economía mexicana está
completamente amarrada de las patitas a la economía estadounidense. Que
mejor ejemplo que los efectos actuales de la recesión de EUA sobre la
actividad económica en nuestro país.
Esta fuerte dependencia comercial, acelerada con el Tratado de Libre
Comercio, abre la posibilidad de continuos y mayores flujos de inversión
extranjera hacia nuestro país y una mayor generación de divisas,
producto de las exportaciones a EUA, una vez que este gigante despierte
de nuevo.
Esta misma integración ha ocasionado que los mercados financieros
mexicanos se vean más influenciados por lo que pasa con el Nasdaq y el
Dow Jones que por los movimientos en mercados latinoamericanos y otros
emergentes. Por esta cuestión es que México ha logrado evitar algún
contagio fuerte proveniente de otras latitudes.
- La reestructuración de la deuda externa y una mejor posición de
liquidez para afrontar cualquier eventualidad. El gobierno mexicano
logró renegociar en el 2001 un perfil de vencimiento promedio de la
deuda externa a 17.5 años (comparado con el perfil a 9 años que mantenía
en el 2000) además de que se consiguieron tasas fijas para el 73% de esa
deuda externa.
Este aplazamiento en la amortización de la deuda externa junto con la
fuerte acumulación de reservas a lo largo del 2001 permite al gobierno
gozar de una adecuada liquidez para enfrentar cualquier eventualidad.
Si bien estos elementos convencieron a las calificadoras para darnos el
grado de inversión, también hay que señalar la verdadera naturaleza de
este diploma que acabamos de recibir.
- El grado de inversión no nos convierte de un día para otro en primer
mundistas. Tener este título "privilegiado" de inversión no es sinónimo
de que seamos un país desarrollado, donde no existan desigualdades
económicas, fuertes rezagos sociales ni problemas de índole política.
Seguimos siendo los mismos tercermundistas de siempre, lo único que ese
título garantiza es que tenemos la capacidad para pagar nuestra deuda
externa al menos en este momento.
- El grado de inversión que hoy tenemos no iguala nuestra capacidad de
pago con la de los países desarrollados. Nos quedan muchos escalones por
avanzar para codearnos con los grandes. A pesar del exclusivo título,
nuestro nivel de riesgo crediticio se compara con el de países como
Croacia, Omán, Lituania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Filipinas, Egipto, Túnez, Qatar, Barbados o Sudáfrica, entre otras
naciones según las distintas escalas de cada calificadora. Como verá
seguimos viviendo en el mismo vecindario y con la misma chusma
emergente.
- Así como nos ganamos nuestro grado de inversión, así mismo podemos
perderlo. Las calificaciones de riesgo crediticio no son contratos fijos
multianuales, más bien dependen de la capacidad de pago del deudor y
pueden variar en cualquier momento ante un cambio drástico en las
condiciones económicas del país evaluado. Aunque usted no lo crea,
Enron, la compañía energética más quebrada del mundo, tenía hace más de
un año la calificación AA y mire usted por donde anda ahora…
También Argentina gozaba no hace muchos años del famoso grado de
inversión. Así que obtener ese diploma tampoco garantiza el éxito
económico en el futuro.
- No hay que olvidar que las agencias calificadoras también son negocios
privados. Por esta razón otorgar mejores calificaciones o ser más
"barcos" al calificar, implica generar mayores simpatías entre los
clientes que lógicamente buscarán a las agencias calificadoras más
"blanditas" para conseguir créditos en el exterior a menores tasas de
financiamiento.
De este modo las calificadoras en su afán por hacer negocio pueden en
ocasiones otorgar ratings que no corresponden con la realidad del país
evaluado. Por ejemplo en marzo del 2000 se notó descaradamente como
Moody´s nos daba el grado de inversión más por cuestiones de estrategia
de mercado que por un análisis imparcial de nuestro balance de riesgos.
Para ese entonces México entraba apenas a la interrogante del proceso
electoral más competido de toda su historia y nadie sabía cómo iba a
terminar aquello. Incluso estaba latente el riesgo de una crisis
sexenal.
Evidentemente Moody´s se adelantó para ganar el mercado de estados y
municipios en México que justamente en ese momento se autorizaba su
apertura al financiamiento en los mercados internacionales. Así que las
calificadoras no tienen la verdad absoluta cuando otorgan sus ratings,
eso depende del color del cristal con que se mire.
Parece que las 3 calificadoras coinciden en que México no podrá aspirar
a alcanzar mejores notas mientras no se trabaje decididamente en
asegurar la solvencia del país.
El problema está en que no sabemos distinguir entre liquidez y
solvencia, frecuentemente usamos los términos como sinónimos cuando en
realidad no lo son.
La liquidez tiene que ver con nuestra disponibilidad de efectivo para
afrontar compromisos en el corto plazo mientras que la solvencia es un
concepto más amplio que hace referencia a la estabilidad y solidez
financiera en el mediano y largo plazo. Un país líquido pero insolvente
no puede llegar muy lejos.
La economía mexicana muestra serias deficiencias en materia de solvencia
que deben reducirse sensiblemente si no queremos llevarlas en unos años
a una situación insostenible.
Los focos amarillos señalan 3 bombas de tiempo: el elevado monto del
verdadero déficit público (4% del PIB) que no se ha visto reducido desde
el año 2000; la persistente escasez de recursos fiscales ante la
incapacidad de las autoridades de llevar a buen fin una reforma fiscal
eficiente capaz de generar recursos suficientes que minimicen nuestra
dependencia petrolera; y la urgencia de concretar las reformas
estructurales que serán la base del crecimiento futuro de nuestra
economía.
Definitivamente preocupa el hecho de que nuestras autoridades no han
tenido la capacidad de conseguir consensos para empujar las reformas
necesarias para crecer sostenidamente.
Ya vimos el lío que se volvió la reforma fiscal y sinceramente no quiero pensar cuál será el rumbo de la reforma eléctrica y la petrolera. La estabilidad que hoy tenemos no nos sirve de nada si no aseguramos desde hoy nuestra capacidad de generar ingresos futuros.
La solvencia es la clave si no queremos estar eternamente condenados a vivir entre la chusma emergente.
Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM
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