El problema de la informalidad laboral es un tema de amplio debate y estudio en medios académicos, empresariales y gubernamentales en el mundo desde hace muchas décadas, y encontrándonos por finalizar la segunda década del siglo XXI, este problema continúa siendo motivo de preocupación de las economías emergentes y de las del denominado tercer mundo.
El tema, viene cobrando mayor relevancia últimamente debido a la desaceleración de la economía en muchos de los países indicados, donde los gobiernos se esfuerzan por tomar diversas medidas a fin de formalizar el empleo.
A efectos de ilustrar una de estas medidas voy a tomar como ejemplo una de las propuestas del gobierno peruano.
Uno de los grandes problemas en el campo laboral peruano es la gran informalidad existente y la distorsión de los regímenes laborales en especial en el sector público y es que un país que desea mantener un crecimiento económico sostenido, pero también con niveles de recaudación tributaria promedio equivalentes a economías emergentes con ingresos per cápita similares y con un compromiso de reducir las brechas sociales y brindar a los trabajadores niveles salariales dignos y de competitividad en el mercado laboral, tiene necesariamente que iniciar un cambio estructural en la gestión del recurso humano.
Sin embargo este cambio estructural para que tenga éxito necesariamente tiene que contar con la participación activa de los actores del proceso, como son el Estado peruano, los gremios empresariales, los gremios sindicales y los sectores sociales representativos, de forma tal que mediante un dialogo abierto y sincero se llegue a un consenso sobre la normatividad y aplicación de los cambios estructurales en la gestión del recurso humano, siendo a mi entender uno de los temas sensibles el tope de indemnización por despido arbitrario.
Recientemente, el Ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, adelantó que la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) tiene como uno de sus principales ejes eliminar las rigideces del mercado laboral y que las primeras medidas concretas para dinamizar este mercado se anunciarían en el corto plazo.
En concreto se estaría evaluando por parte del Gobierno el incremento de la indemnización de 12 a 24 sueldos como reparación frente al despido arbitrario. Este incremento en el monto de la indemnización estaría condicionado a la imposibilidad de la obtención de la reposición en el cargo del trabajador.
Sobre el particular debo considerar que me encuentro parcialmente de acuerdo, dado que si bien considero que el monto del tope actual de indemnización por despido arbitrario debe elevarse de 12 a 24 sueldos, no me encuentro de acuerdo en que este incremento este condicionado a la imposibilidad de la obtención de la reposición en el cargo al trabajador, si se demuestra que no hay causal justa de despido.
Debemos tener presente que el proceso de reinserción al mercado laboral es más difícil en personas mayores, por lo que el incremento del tope de indemnización por despido arbitrario a 24 sueldos, lo considero como un marco legal justo para trabajadores que han estado laborando para una empresa más de 16 años y que de manera arbitraria son despedidos. Recordemos que actualmente la indemnización por despido arbitrario es de un sueldo y medio por año de servicios hasta un tope de 12 sueldos.
Conociendo además el incierto panorama económico y geopolítico externo, el mayor riesgo para seguir creciendo no radica a mi entender en la problemática del actual mercado laboral, considerado restrictivo por algunos sectores, si no en incrementar la productividad en nuestras organizaciones públicas y privadas mediante herramientas modernas de gestión administrativa, en la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos y en la diversificación de nuestra oferta exportable, incidiendo en los productos no tradicionales de mayor valor agregado, para de esta manera estar mejor preparados para los desafíos del actual incierto contexto internacional.
