Resulta obvio explicar la necesidad del ser humano de tener un lugar donde vivir, por lo que en Venezuela está previsto el derecho a una vivienda; de hecho le imprime el calificativo “digna” y el Constituyente encomienda al Estado a garantizarlo.
Haciendo un análisis de la norma constitucional debe ser entendido que la materia de vivienda es una competencia concurrente, es decir, todos los niveles del Poder Público se involucran en ello.
Si se parte de las competencias atribuidas a cada uno, se infiere que al nacional le está asignado el establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, así como la legislación sobre éste.
De allí que existan instrumentos legales aprobados, bien sea por el ordenamiento ordinario o mediante leyes habilitantes; cabe mencionar, sin llevar órdenes de prelación ni de ninguna naturaleza, mucho menos juicios de valor, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012), la Ley de Regulación y Control del Sistema de Ventas Programadas (2012), la Ley de Refugios Dignos (2011); la Ley Orgánica de Emergencia para terrenos urbanos y de vivienda (2011), la Ley de Régimen de la Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela (2011), la Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011), la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), la Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares (2011); Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2012), Código Civil Venezolano (1982); Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1936), la Ley Orgánica del Ordenación del Territorio (1983); Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987); Ley de Registro Público y Notariado (2006); la Ley de Tierras Urbanas (2009); Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (2000), Ley Orgánica de las Comunas (2010), Ley de Gestión Forestal (2008), entre otros.
Por otra parte, está a cargo de la República, lo atinente con las políticas nacionales de vivienda y ordenación del territorio; además, el régimen general sobre servicios públicos domiciliarios, destacando agua potable, luz eléctrica, gas doméstico, telecomunicaciones, entre otros.
Los estados, considerados como entidades federales, contribuyen aportando inmuebles y logística (maquinaria, personal, por ejemplo) o recursos financieros. Ha de recordarse que los estados suelen colaborar muy de cerca con los municipios en diversos aspectos, porque estos no disponen de los recursos financieros para emprender grandes obras de infraestructura, pese a que poseen tributación propia y perciben otros ingresos ordinarios y extraordinarios.
No menos importante, el nivel municipal tiene a su cargo el ordenamiento urbano, viviendas de interés social, arquitectura civil, nomenclatura, catastro urbano, vialidad urbana, aseo urbano y domiciliario, servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, ornato público, parques y jardines, plazas, entre otros.
Estas competencias locales son desarrolladas a través de las ordenanzas dictadas por el concejo municipal o mediante leyes nacionales – como las citadas supra – en forma concurrente con los otros ámbitos de poder público, tanto en lo central como descentralizado.
Resulta oportuno destacar que los ejidos son un elemento importante cuando se planifica construcción masiva de viviendas, especialmente de interés social, ya que tienen como fin servir de instrumento dentro de las etapas de planificación y ejecución de urbes en expansión, ya que el crecimiento poblacional demanda la satisfacción de necesidades que debe proveer el sector oficial, referidas a los servicios públicos, tales como agua potable, electricidad, aseo urbano y domiciliario, telecomunicaciones, transporte público, entre otras.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), siguiendo el lineamiento constitucional, establece que los ejidos pueden desafectarse para la construcción de viviendas o para usos productivos de servicios y cualquier otro de interés público, de acuerdo con los planes de ordenación urbanística y lo dispuesto por las ordenanzas municipales.
Dentro del elenco de competencias del Poder Público Municipal, los servicios públicos guardan una vinculación con la generación de viviendas por las mismas razones expuestas supra, al igual que componentes como el ejercicio del control urbano o la tributación, puesto que la LOPPM indica como materias asignadas – por ejemplo – la dotación del servicio de gas doméstico o agua potable.
Asimismo, la construcción de viviendas genera empleos estables y permanentes, ya que activa varios sectores de la economía, como el comercio, banca, seguros, servicios prestados por particulares; esto permite que se apliquen varios tributos de distintos niveles, lo que conlleva a una mejor calidad de vida.
En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.
