La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) ha previsto una estructura del Poder Municipal, como órgano que ejerce el Poder Público. En tal sentido, allí refleja un Poder Ejecutivo, a cargo del Alcalde; un Poder Legislativo, representado por el Concejo Municipal; un apéndice del Poder Ciudadano, regentado por la Contraloría Municipal.
Adicionalmente, existe el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, lo que se conoce en el ambiente como CLPP.
El legislador nacional – a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010)- aprobó el marco referencial del ámbito local; en ella se pretenden desarrollar los principios constitucionales, tales como la autonomía, organización, funcionamiento, gobierno, administración, control.
La LOPMM establece que el Poder Público Municipal, reproduciendo a la Carta Fundamental, se ejerce a través de cuatro funciones: Ejecutiva, Legislativa, Control y Planificación.
Al Alcalde le compete la administración y dirección del gobierno local, siendo su máximo jerarca. Es un funcionario público de elección popular, siendo incompatible el ejercicio del cargo con cualquier otro destino público remunerado, salvo las excepciones constitucionales en este sentido.
El período de los alcaldes es de cuatro años; el proceso comicial para su elección debe ser separado de los que deban celebrarse para los de los órganos del Poder Público Nacional: Presidente de la República, Diputados a la Asamblea Nacional. Es competencia del Poder Electoral todo lo relacionado con ello, de conformidad con lo previsto por la CRBV, lo que desarrolla el legislador en la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002) y la Ley de Procesos Electorales (2009).
La LOPPM concibe al Alcalde como la primera autoridad civil y política, al igual que es el representante legal del Municipio. Esto no debe confundirse con el papel del Síndico Procurador Municipal, a quien le competen la defensa y representación judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales de la Entidad, siguiendo las instrucciones de aquél o del Concejo Municipal.
Para ser alcalde se requiere ser de nacionalidad venezolana, mayor de veinticinco años de edad, estado seglar (no ser ministro de culto ni militar en situación de actividad), tener residencia durante – al menos – los tres últimos años en el municipio por el cual opta.
Como la participación es un elemento cardinal en la actividad municipal, lo cual puede ser ejercido por los ciudadanos a través del acceso a la información, los candidatos a presidir el Ejecutivo Local deberán – de conformidad con la LOPPM – someter a la consideración de los electores los lineamientos del Plan de Gobierno, al cual tienen la obligación de dar difusión a través de todo tipo de medios, incluidos los digitales o electrónicos, para que los ciudadanos estudien la oferta y tengan la posibilidad de tomar la mejor decisión al sufragar. Este Plan será el que aplicarán de resultar ganadores en los comicios.
Resulta oportuno destacar que, con la aprobación de instrumentos legales como la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación (CLPP), los planes deben estar en sintonía con las otras instancias de planificación para poder aplicarse coordinadamente.
Los Alcaldes, como todo funcionario público, puede ser objeto de ausencias temporales o absolutas; las primeras se subsanan encargando a un funcionario de alto nivel o dirección que aquél designe. Ahora bien, si se prolongara por más de quince días continuos, deberá contar con autorización expresa y escrita del Concejo Municipal, con miras a que no se interprete como falta absoluta por un abandono del cargo injustificado. De llegar a más allá de noventa días consecutivos, el órgano legislativo local deberá estudiar la posibilidad o no de estar ante aquélla.
Por su parte, las absolutas, las señala la LOPPM así: muerte, renuncia, revocatoria del mandato, incapacidad física o mental permanente; en estos últimos deberá certificarse por junta médica, lo que lleva a la pregunta si debe mediar declaratoria de interdicción o inhabilitación como indica el Código Civil Venezolano o no.
En los casos de detención judicial se aplican las normas de la ley penal supuestamente infringida, ya que los Alcaldes no gozan del antejuicio de mérito como otros funcionarios; por ejemplo: Diputados de la Asamblea Nacional, Presidente de la República, entre otros. Se suplirá con un funcionario de alto nivel de dirección ejecutiva designado por el Concejo Municipal.
Cuando hubiere la declaratoria de falta absoluta, la LOPPM ha resuelto que se suple con la encargaduría del Presidente del Concejo Municipal, mientras tome posesión el nuevo alcalde; también ha diferenciado que, si se produce antes de tomar su mandato el funcionario del Ejecutivo o antes de transcurrir la mitad del período, se procederá con un nuevo proceso comicial, siguiendo las directrices del Poder Electoral. Si ha ocurrido luego de la mitad del período, el Concejo Municipal – en sesión convocada al efecto – designará a uno de sus integrantes para que se desempeñe como alcalde por el resto.
Como funcionario de elección popular debe rendir cuentas de su gestión; en este caso, la LOPPM ha previsto que deberá hacerlo ante el Concejo Municipal. El incumplimiento u omisión le puede acarrear la declaratoria de falta grave, pudiendo intervenir el Ministerio Público a los efectos legales pertinentes. Asimismo, cualquier ciudadano podrá acudir ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para formular la denuncia; ello en el entendido que constituye ejercicio del derecho de participación en la materia municipal.
Las competencias asignadas al alcalde por la LOPPM son numerosas, entre las que van desde cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y demás instrumentos normativos; presidir el CLPP; ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales; suscribir los contratos de la Entidad; dictar reglamentos, resoluciones y decretos; proteger y conservar los bienes; ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal; entre otras.
Los alcaldes deben mantener armoniosas relaciones institucionales, tanto a nivel público como privado, dado que es un agente de ejecución de diversas competencias concurrentes con el nivel nacional y estadal, bien sea central como descentralizado. Esto le permitirá llevar a cabo una gestión exitosa que le hará posible aspirar a reelección por su comunidad, siguiendo las normas constitucionales al respecto.
