La agenda ambiental Colombia siglo XXI

Resumen de algunas de las conclusiones más relevantes producto de los debates en las mesas de trabajo del Tercer Congreso Nacional Ambiental realizado del 27 – 29 de noviembre de 2006.

El Tercer Congreso Nacional Ambiental organizado por la Asociación de Corporaciones Autónomas regionales y de desarrollo Sostenible, Asocars, se fijó como objetivo principal la preparación de la Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI, que consiste en un conjunto de propuestas útiles para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y para la construcción de la propuesta Visión 2019. El Congreso Ambiental propone los siguientes principios:

1. El logro de la paz. Como una estrategia clave en el campo ambiental pues es la manera más efectiva de eliminar uno de los estímulos principales para los cultivos ilícitos: la financiación de la guerra.

2. La sostenibilidad ambiental. Debe ser el fruto de un comportamiento antrópico que reconozca las características y limitaciones de los ecosistemas y bienes naturales.

3. La lucha contra la pobreza y la desigualdad. En el acceso a los recursos es un prerrequisito del desarrollo sostenible, también para eliminar uno de los factores de la violencia y el conflicto armado.

4. Lo ambiental es un compromiso de todas las entidades del Estado y un elemento clave en todas las políticas sectoriales;

5. Condiciones básicas para lograr la sostenibilidad ambiental. Son: i) destinar los recursos públicos que sean necesarios; y ii), garantizar una política macroeconómica que asegure estabilidad y no conceda privilegios a sectores o empresas altamente contaminantes; y, en especial, una política tributaria que favorezca la inversión ambiental.

6. Construir una cultura de adecuado uso de los recursos naturales y de preservación de los ecosistemas. Propósito esencial para garantizar el futuro de la Nación.

7. Colombia, al igual que los demás países en desarrollo, debe adelantar una acción diplomática y política a escala internacional. Esto en asocio con los demás países en desarrollo para que los industrializados paguen la deuda ecológica contraída con el mundo, a través de mejores términos de comercio y más recursos de cooperación.

8. Tomar en consideración que la participación ciudadana en el campo ambiental no es sólo un derecho, también es un deber.

Con base en los principios y criterios descritos anteriormente, y teniendo en cuenta el gran potencial de recursos ambientales que tiene el país, tomamos del documento principal algunos de los aportes hechos por los expertos y asistentes en las diferentes mesas de trabajo, dispuestas en el Congreso Ambiental.

Actividad productiva sostenible

En el campo agropecuario la Agenda propone tres medidas específicas: 1) asistencia técnica a los productores agropecuarios a través de programas de transferencia tecnológica en manejo integrado de plagas, manejo ambiental y buenas prácticas; 2) la conformación del Laboratorio Interinstitucional de Detección y Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y 3), evaluación de los riesgos sobre el ambiente y la salud derivados de las actividades con OGM.

Una causa fundamental del deterioro edáfico es la actual tenencia y distribución de la tierra, según la cual, una gran proporción de tierras fértiles está destinada a ganadería o a procesos de disimulada o abierta urbanización en los sectores aledaños a las grandes ciudades, como en el caso de la sabana de Bogotá.

Es importante que el país siga haciendo un esfuerzo en materia de convenios de producción más limpia y se apoyen los esfuerzos privados en el logro de ecoeficiencia, pero los compromisos que se adquieran no deben limitarse a lo estipulado en la normatividad ambiental, sino que deben ir más allá para que tales acuerdos se justifiquen. Lo otro es apenas darle cumplimiento a la ley, sin que ello signifique un valor agregado importante.

Bosques y explotación forestal sostenible

En el Congreso Ambiental se fue más allá y se recomendaron otras medidas que se resumen así:

• Reglamentar, con una amplia participación de la sociedad civil y de las autoridades ambientales regionales, la Ley 1021 de 2006;
• Incentivar la reforestación privada con especies que tengan paquetes tecnológicos reconocidos;
• Fortalecer el ICA para que pueda responder a su responsabilidad en materia forestal;
• Organizar en el MAVDT y en las CAR unidades operativas forestales;
• Conservar los relictos de bosque natural en las zonas más densamente deforestadas y promover la restauración de estos ecosistemas con especies nativas, para lo cual debe ser obligatoria la vinculación de la comunidad local organizada y
• Realizar un diagnóstico real de la situación de los bosques naturales, en cabeza del IDEAM.

Uso y conservación de recursos hídricos

De acuerdo con el CNA y en relación con los instrumentos económicos es indispensable buscar la aplicación universal de los mismos y ajustarlos a la realidad ambiental de la actualidad.

Asimismo, el mecanismo de venta de agua en bloque que se ha venido utilizando en varias regiones del país debe ser reglamentado de manera estricta, a efecto de que los proveedores no puedan evadir las responsabilidades ambientales que les corresponden ni se abuse de las tarifas.

Dado que la práctica de regenerar y reutilizar aguas residuales está surgiendo como una nueva fuente de suministro técnicamente viable, se debe pensar en incluirla dentro de la gestión integral del agua del país. La experiencia demuestra que las grandes inversiones implicadas, se ven compensadas con los beneficios que se obtienen, tanto económicos como ambientales.

Costas, mares e islas

Sobre el particular el Congreso Ambiental hizo énfasis en la necesidad de que las CAR tengan mayor injerencia en el tema marino y en la necesidad de procurar la activa participación de todos los actores que tenga responsabilidad en este espacio, por lo que se deben integrar mediante alianzas estratégicas el MAVDT, la Unidad de Parques, las CAR costeras, los entes territoriales, los institutos de investigación, la Academia, las ONG, para citar las más importantes.

El problema que aqueja a la administración de los recursos marinos es el desconocimiento. La propuesta es hacer estudios, generar conocimiento y mitigar la falta de investigación.

Biodiversidad y aprovechamiento sostenible

Se formulan iniciativas para su aprovechamiento, en cuya ejecución se anuncia la vinculación de las etnias indígenas y afrocolombianas; la culminación del inventario nacional de la biodiversidad; la definición, reglamentación y ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En este último caso, con la declaratoria de 200.000 nuevas hectáreas de áreas protegidas, el fortalecimiento de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, la declaratoria de dos nuevos humedales de importancia Ramsar, el ordenamiento de 100.000 hectáreas de manglar y el manejo de ecosistemas de páramos.

Además, se menciona el apoyo a la estrategia nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres, el reforzamiento del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes y el propósito de implantar el Programa Nacional de Eco etiquetado.

Por su parte, el Congreso Nacional planteó la importancia de la bioprospección, en la cual el país no tiene una experticia negociadora suficiente y es un campo de una enorme complejidad y de riesgos, aunque de gran potencial económico. Del mismo modo, llamó la atención sobre las oportunidades, pero a la vez, sobre los riesgos del ecoturismo y la concesión de áreas para la explotación privada.

Consideró conveniente que se estudie la consolidación de un Fondo Nacional de Mercados Verdes, al estilo del Fondo Nacional del Café, de tan exitosa presencia en el apoyo a la caficultura y recomendó la promoción de cooperativas nacionales de productores para enfrentar con éxito los mercados internacionales, de tal forma que se distribuyan entre éstos los beneficios y no a grandes cadenas de intermediarios.

Desarrollo urbano sostenible

• Ya es hora de que el legislador determine el alcance de la noción “medio ambiente urbano” y los límites de la gestión ambiental en esta materia que les compete a las autoridades ambientales regionales y a los entes territoriales;
• El propósito de construir ciudades compactas, no puede desconocer la realidad de los grandes conglomerados urbanos –áreas metropolitanas o ciudades región– que requieren considerar fenómenos ambientales extralocales;
• La conveniencia de promover sistemas regionales de manejo de residuos sólidos y de tratamiento de aguas residuales. Dada la precaria situación fiscal de muchos municipios, el Gobierno Nacional debe prever un esfuerzo de financiación para la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y rellenos sanitarios y no atribuirle esta responsabilidad a las CAR, que no les corresponde por su misión constitucional12;
• Un asunto que debe estudiarse con cuidado, para el caso del tratamiento de las aguas residuales, es la incorporación en las tarifas de servicios públicos en forma estratificada de una porción de los costos de dicho tratamiento –como complemento a las tasas retributivas– para poder realizar esta acción de mitigación. De igual manera, para las actividades de aprovechamiento y disminución de los residuos sólidos, se hace necesario comprometer a toda la cadena productiva y no sólo responsabilizar de estas labores a las autoridades municipales y a los operadores del servicio público;
• Es necesario insistir en la protección de las rondas urbanas de humedales, quebradas, canales y ríos; mejorar los sistemas de drenaje urbano y crear corredores ambientales en los circuitos viales urbanos, y
• Se debe establecer un programa masivo de reforestación urbana y paisajismo para el incremento sustancial de zonas verdes y parques. No tiene ningún sentido decir que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, si sus ciudades se convierten en “bosques de cemento y acero”.

Ordenamiento territorial

• Es urgente que el Gobierno y el Congreso de la República se ocupen de expedir la Ley de Ordenamiento Territorial prevista en la Constitución Nacional. En este propósito es necesario conciliar dos tendencias: la relativa a la administración del territorio desde el punto de vista fiscal que tiene su núcleo en las transferencias presupuestales y la relacionada con la protección y fomento de los recursos naturales, centrada en una visión ecosistémica;
• Mientras ello se realiza, el Gobierno, en una amplia concertación nacional, debe expedir los lineamientos generales para el ordenamiento territorial de las diversas regiones del país, en forma tal que constituyan el marco de referencia para la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial a escala municipal, a efecto de garantizar la compatibilidad entre ellos. Ello es imprescindible porque el crecimiento de un determinado municipio compromete la suerte de la región donde se asienta y, a su vez, es orientado por las tendencias y posibilidades regionales. Lo mismo puede decirse de las relaciones recíprocas entre nación y regiones;
• Es necesario establecer métodos y procedimientos de evaluación del cumplimiento de los POT municipales y una tarifa de sanciones en caso negativo, e
• Incluir consideraciones sobre desertificación en los POT al igual que en los Planes de Acción

Contaminación atmosférica y cambio climático

Sobre este particular, el Congreso Ambiental destacó lo relativo a los esfuerzos en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, particularmente los biocombustibles, aunque llamó la atención sobre la necesidad de adelantar estudios detallados sobre la efectividad real de su producción y uso en relación con el ambiente.

Asimismo expresó su preocupación por la expedición de normas que no son satisfactorias para garantizar la calidad del aire como las Resoluciones 601 y 1180 de 2006, expedidas por el MAVDT.

Erradicación de cultivos ilícitos

Coinciden la propuesta del gobierno y las opiniones expresadas en el Congreso Ambiental sobre la importancia y la conveniencia de la erradicación de los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, el Congreso consideró que se debe dar mayor énfasis a los esfuerzos de la erradicación manual, dado que mediante la aspersión de glifosato entraña altos riesgos de no implementarse un adecuado plan de manejo ambiental, cuya adopción ha sido soslayada por las autoridades, a pesar de ser una obligación legal.

Estimó como una iniciativa interesante la de familias guardabosques aunque se expresaron dudas sobre su efectividad y cobertura real. En todo caso, se coincide en que el desarrollo de proyectos productivos rentables contribuirá a desactivar los narcocultivos que, desde el punto de vista ambiental, causan severos daños a los recursos naturales sobre todo en zonas de fragilidad ecosistémica.

Salud ambiental

El Tercer Congreso llamó la atención sobre la necesidad de revisar las obligaciones impuestas a las autoridades ambientales regionales de invertir en procesos de saneamiento básico, suministro de agua potable, provisión de viviendas, tratamiento de aguas residuales o dotación y operación de rellenos sanitarios. Ello debido a que son compromisos inherentes a las autoridades locales o regionales y, en ningún caso, de las CAR en su condición de autoridades ambientales o de administradoras de los recursos naturales.

No obstante, se reconoció que existen compromisos de hecho en estas materias (caso de la CAR de Cundinamarca) que deberán desmontarse de manera paulatina en la medida en que los entes territoriales asuman su obligación al respecto.

Educación, cultura y participación ciudadana

• Tomar en cuenta la realidad ambiental urbana y evitar el excesivo énfasis en la relación ambiente – entorno rural;
• Inducir por todos los medios la noción de que el consumo tome en cuenta las limitaciones ambientales (ahorro de agua, de materiales, etc.) y no sólo su racionalidad económica;
• Diseñar un programa de capacitación para los docentes que permita unificar criterios en la transmisión del conocimiento sobre el medio ambiente y la actitud sobre su conservación;
• Fortalecer los PRAES e incluir la educación ambiental en todos los currículos universitarios;
• Fomentar el sentido de lugar y apropiación de territorio de los colombianos fomentando la exploración, la creatividad y la apropiación de lo natural;
• Construir indicadores que permitan medir el cambio cultural;
• Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de las entidades públicas, como la mejor manera de estimular su participación en los asuntos colectivos. En este campo las entidades deben ser activas y no pasivas;
• Establecer como una modalidad de sanción frente a transgresiones de la normatividad ambiental la comparecencia a cursos de capacitación ambiental;
• Fortalecer la educación no formal, en particular la que resulta de los medios masivos de comunicación con cursos permanentes de actualización a periodistas y comunicadores sociales;
• Adelantar un estudio a escala nacional para evaluar la efectividad y representatividad resultante de los mecanismos de participación ciudadana y adoptar los correctivos que sean necesarios. Entre las áreas a investigar debe incluirse lo relativo a la participación de la sociedad civil en los organismos del Estado, y
• Tener en cuenta que el desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente debe recibir el pleno respaldo del Estado.

TLC

En cuanto a los Tratados de Libre Comercio y, de manera particular, el celebrado con los EE.UU., el Congreso Ambiental recomendó hacer una evaluación cuidadosa de sus diferentes componentes para definir sus oportunidades y riesgos y revisar el estado de la legislación en cuanto a su efectividad y capacidad de cumplimiento.

Existe la creencia que el libre comercio limita, restringe y afecta la protección ambiental. Sin embargo, se evidencia, al parecer, que entre más se activan los acuerdos comerciales, más rigurosos se tornan los requerimientos ambientales a cumplir. Sin embargo, se requiere una legislación clara y una capacidad institucional eficiente en el sector ambiental, con el fin de mejorar la gestión comercial del país frente al escenario de los TLC.

La firma de este tipo de Tratados exige que se desarrolle una gobernabilidad ambiental previa que incluya estrategias participativas.

En términos prácticos se propuso que el MAVDT y las CAR deben realizar una mesa de trabajo con los exportadores, con el fin de consolidar acuerdos y hacer viable la producción de bienes exportables con el cumplimiento de la legislación ambiental.

No obstante, no existe consenso sobre los impactos esperados de la integración a los mercados mundiales, mediante la liberación del comercio. Las posiciones van desde las predicciones más catastróficas hasta las más benignas y favorables. Por tales circunstancias se debe emprender, a través de Asocars en unión con los principales gremios, un estudio a fondo, para poder contribuir a la formulación de la Agenda Interna.

Desarrollo institucional

Existe consenso sobre la conveniencia de una revisión amplia y participativa de la actual estructura institucional del SINA que incluya la evaluación de todas las Autoridades Ambientales y que propenda por la claridad en sus funciones e interrelaciones, fortalezca su capacidad técnica y desarrolle esquemas participativos para la definición de su gestión y para rendición de cuentas. En particular, se deberán precisar las diferencias y semejanzas respecto los recursos (sobretasa ambiental y transferencias del sector eléctrico); y delimitación de los aspectos ambientales urbanos y rurales. Además, para tal fin, se debe incluir en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo un artículo que defina ambiente urbano, patrimonio y rentas de las unidades ambientales de los grandes centros urbanos y las áreas metropolitanas.

De la misma manera es conveniente revisar y actualizar la normatividad ambiental para adecuarla a las exigencias de la hora contemporánea, preservando su carácter integral. Para tal finalidad es urgente la conformación de una gran Comisión que proponga un plan de reformas que obedezcan a una concepción holística y no a visiones parciales. Legislar aisladamente sobre el agua, el aire, los ecosistemas, los páramos o cualquier componente sin tener en cuenta la visión ecosistémica sobre los mismos, puede conducir a grandes equivocaciones.

Estima que todas las entidades del Estado deben comprometerse en la gestión ambiental. Aquellas entidades que tiene una incidencia directa en el tema ambiental, como Invías, Ecopetrol, Ministerio de Agricultura, entre otros, deben tener sus propias oficinas para el manejo de estos asuntos, como sucedió hace unos años. Por su parte, el DNP debe revivir el grupo ambiental que tuvo en una época, para garantizar la atención permanente de este aspecto en la evaluación de las inversiones estatales.

Campo de especial interés es lograr la consolidación de los sistemas de Información Ambiental (SIAC) y de indicadores para evaluar la gestión ambiental. Como parte de este propósito, el CNA hizo especial énfasis en la construcción de una línea base del estado de los recursos naturales y el ambiente, condición sine qua non para desarrollar evaluaciones objetivas sobre los impactos ambientales y los resultados de la gestión. De igual modo, es de especial importancia la formulación y ejecución de un programa nacional de investigaciones en el campo ambiental con el fin de armonizar las labores cumplidas por las entidades del SINA y, en particular, de los institutos de investigación y las CAR.

Resulta muy importante la propuesta de fortalecer las agendas interministeriales. El CNA planteó la conveniencia de estudiar si el tema ambiental en el alto nivel del gobierno central debe o no recuperar su carácter exclusivo, y que los asuntos de vivienda sean asumidos por otras agendas del Estado.

El Tercer Congreso recomendó que las CAR hagan un esfuerzo sistemático de concertación y coordinación para la adecuada atención de ecosistemas conjuntos.

Si desea saber más acerca de la Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI ingrese a www.asocars.org.co.