Dimensión social de la minería en el Perú

  • Economía
  • 23 minutos de lectura
64 Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
El estado actual de las relaciones entre empresas mi-
neras y comunidades en el Perú, se puede caracte-
rizar en general de conflictivo. Desde la perspecti-
va del Ministerio de Energía y Minas (MEM), este
estado de cosas se traduce en aproximadamente
1,4 billones de dólares en inversión minera parali-
zados. Desde el punto de vista de las organizacio-
nes críticas del proceso social de la minea, la cri-
sis se traduce en una situación de pérdida sistemáti-
ca para las comunidades ubicadas en las zonas mi-
neras. En general, se puede decir que las situacio-
nes de conflicto actual desbordan la capacidad ope-
rativa del MEM.
En ese sentido, este estudio pretende: i) contribuir al
debate en temas de minería y desarrollo sostenible
local; ii) identificar recomendaciones estratégicas y
de acción para los principales problemas sociales que
aquejan a los actores; y, en especial, iii) identificar
recomendaciones para fortalecer el papel rector, pro-
motor y fiscalizador del Estado, como también me-
canismos de interacción con los actores sociales in-
volucrados en la actividad minera.
Metodología
El trabajo de campo realizado cubrió un total de 8
minas, donde se trabajó con 19 grupos de residencia
(ya sean poblados centrales de comunidades o los
anexos de estas comunidades), en los departamentos
de Ancash y Cajamarca. En todos los casos se trató
de poblados rurales con distintos niveles de comuni-
cación, incluyendo algunos muy aislados. Se aplica-
ron encuestas semi-estructuradas a 100 familias que
habitaban en estas comunidades y se sostuvieron 15
entrevistas grabadas con líderes e informantes clave
en las comunidades.
La selección de los casos se hizo de modo tal que se
cubriese todas las etapas del proceso minero, desde
la exploración hasta el cierre, y todas las escalas,
desde la gran minería hasta la pequeña. En efecto,
entre las 8 minas se incluyeron casos de gran mine-
ría (Antamina en fase de producción; La Granja en
fase de exploración y cierre), mediana minea (Huan-
zalá, Nueva California y Sipán en producción; La
Zanja en exploración) y pequeña minería (Arequipa,
Toma la Mano). Además se trabajó en una mina ce-
rrada (Alianza), que constituye un complejo de rela-
ves y pasivos ambientales.
El análisis se llevó a cabo de manera compartida con
las poblaciones entrevistadas, a quienes se retornó
los resultados y recomendaciones preliminares para
Jorge Recharte, Adriana Delgado e Inés Olivera – The Mountain Institute
La dimensión social de la minería en el Perú1
1/ Resumen del documento titulado “Dimensión social de la mine-
ría en el Perú: roles del Estado en la promoción del diálogo y
solución de los principales problemas percibidos por los acto-
res, auspiciado por el Banco Mundial. Podrá descargar la ver-
sión completa de este documento desde
http://www.consorcio.org/MineriaBM.asp
65Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
su validación en grupos focales. Si bien es emer-
giendo una corriente de opinión popular en contra
de la minea, la población entrevistada mostró una
enorme capacidad de análisis objetivo, descarnado,
agudo y propositivo sobre las acciones que el Estado
y ellos mismo deberían tomar para cambiar la situa-
ción actual de pérdida en otra de oportunidad.
¿Es posible desarrollar un modelo
y un lenguaje concertado sobre la
relación entre minería y comunidad?
Pese a que el estudio ilustra la forma diferente como
cada actor interpreta y expresa la problemática de la
relación entre minería y comunidades, se detectan
puntos en común mínimos que permitirían construir
un modelo o visión concertada sobre la relación entre
minería y localidad. Aunque la posibilidad de cons-
truir este modelo concertado existe, el camino para
lograrlo plantea grandes retos: supone apoyo político
del Estado y apoyo empresarial a modelos innovado-
res y a una mayor inversión social; implica un fuerte
compromiso con enfoques de aprendizaje del Estado
y las empresas, es decir, con la identificación de me-
tas concretas concertadas con la población local, que
son rigurosamente monitoreadas con indicadores cuyo
desempeño lleve a la innovación en la relación entre
minas y localidades. A continuación presentamos al-
gunas facetas de esta diversidad, así como algunas de
las brechas que hace falta acortar y cerrar.
La minería en el Pe es constituida por aproxima-
damente 42 proyectos de gran escala, operados por
unmero reducido de empresas. Además, si bien
hay numerosas minas de escala mediana, la tenden-
cia creciente es hacia la formulación de proyectos
de gran envergadura. Finalmente, existens de
20.000 mineros artesanales que han sido incorpora-
dos recientemente, como parte de laclientela del
sector en el MEM. Así, los escenarios con los que el
MEM debe tratar son diversos y complejos. Los po-
demos agrupar en cuatro:
1. Los ámbitos de minería hisrica, donde la anti-
gua industria ha sido adquirida por empresas trans-
nacionales o modernizada por medio de fusión
de propiedades mineras. Pasco y Junín son un caso
paradigmático, aunque hay otros igualmente im-
portantes, como las varias operaciones mineras de
Southern Peru Copper Corporation
2. Regiones de desarrollo minero reciente, con un
historia minera de menor escala y donde en la ac-
tualidad se han construido los principales nuevos
proyectos mineros del país, entre los que desta-
can Ancash y Cajamarca.
3. Los nuevos sitios de exploración minera de me-
diana y gran escala, donde las poblaciones no tie-
nen experiencia directa, pero sí acceso a informa-
ción de radio y televisión, con lo cual van toman-
do una posición temprana. El caso paradigmático
aqes el de Tambogrande, en Piura.
4. El cuarto escenario es el de la minea artesanal,
que se desarrolla de manera contenida en regio-
nes al oriente del Cusco y Madre de Dios, en Ica-
Arequipa, en las regiones más altas de Puno y en
algunas minas cerradas en Lambayeque.
Todos estos escenarios tienen en con fuertes ex-
pectativas de empleo, así como tensiones cuando
estas no son atendidas. Además, todos comparten
la percepción de que la minea siempre contami-
na, aun en los casos de operaciones sofisticadas en
su control de efluentes y con normas de seguridad
altas. Finalmente, en muchos casos, los líderes y
pobladores locales tienen la percepción de no ser
reconocidos por el Estado en la dignidad que les
otorga tener iguales derechos que las empresas, lo
cual se ve acentuado por los símbolos de poder
material que proyectan las empresas en zonas rura-
les de pobreza material.
En este contexto, es necesario contar con una visión
que tenga una base social legítima y representativa
sobre la relación entre minería y desarrollo sosteni-
El estado actual de las
relaciones entre empresas
mineras y comunidades en el
Perú, se puede caracterizar
en general de conflictivo []
este estado de cosas se
traduce en aproximadamente
1,4 billones de lares en
inversión minera paralizados
«la población entrevistada
mostuna enorme capacidad
de análisis objetivo,
descarnado, agudo y
propositivo sobre las acciones
que el Estado y ellos mismo
deberían tomar para cambiar
la situación actual»
66 Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
ble local. En su elaboración deben intervenir el MEM,
las empresas, la sociedad civil y las comunidades.
Para lograr el desarrollo sostenible en entornos mi-
neros, es necesario que parte del capital natural que
se extrae se convierta en capital para el desarrollo de
la zona, con el fin de mantener e incrementar el ni-
vel de vida de las comunidades cuando culmine la
operación minera.
Las empresas
Un problema de la minería y su relación con el desa-
rrollo es que el tema forma parte del discurso de las
empresas, desde el establecimiento de los proyectos
mineros. En efecto, los mega proyectos mineros van
acompañados del mensaje de que estos representan
una oportunidad única de desarrollo socioeconómi-
co para las localidades. Los supuestos y el lenguaje
mismo utilizado crean expectativas que luego, al
momento de hacer un análisis objetivo, son difíciles
de separar. Así, con la creación de estas expectati-
vas, las empresas refuerzan el sistema de relaciones
sociales y de valores preexistentes que reducen la
confianza.
Asimismo, ante la llegada de una empresa minera,
es posible que se generen reacomodos en la organi-
zación local y en los grupos de poder locales, para
obtener ventaja de las nuevas relaciones. Cuando las
empresas encuentran la confrontación de un grupo,
la tentación inmediata puede ser la de asociarse con
otros grupos locales que se opongan a los anteriores.
Esto plantea un alto riesgo de que se incentive indi-
rectamente el enfrentamiento entre grupos locales,
lo cual puede dañar severamente el potencial de de-
sarrollo local.
En ciertos casos, entonces, las causas que originan
las tensiones se relacionan con procesos inadecua-
dos de negociación por parte de las comunidades
especialmente en las fases de reubicación y compra
de tierras y, en general, con expectativas de desa-
rrollo no cumplidas. En otros casos, las causas son
externas o hisricas, y se presentan a través de una
cultura de confrontación”. Las tensiones también
pueden originarse en fracturas sociales internas de
las comunidades (conflictos entre grupos de familia)
o entre comunidades (conflictos por tierras). Asimis-
mo, pueden originarse en el desconocimiento de có-
digos culturales entre el trabajador profesional urba-
no de la mina y la población rural, de modo que el
comentario de uno es promesa para el otro; es decir,
el acercamiento no calculado de la empresa a una
población puede traer todo tipo de consecuencias
sociales no anticipadas.
En general, aunque es innegable que en los conflic-
tos hay un trasfondo de problemas objetivos rela-
cionados con intereses materiales, creemos que las
tensiones surgen ante todo por brechas de comuni-
cación y reconocimiento efectivo de los actores loca-
les. Por ello, resulta imperativo para la empresa co-
nocer a fondo el contexto social, de modo que las
La minea en el Pe es
constituida por
aproximadamente 42
proyectos de gran escala,
operados por un número
reducido de empresas.
Además, si bien hay
numerosas minas de escala
mediana, la tendencia
creciente es hacia la
formulación de proyectos de
gran envergadura
«las causas que originan
las tensiones se relacionan
con procesos inadecuados de
negociación por parte de las
comunidades [] y, en
general, con expectativas de
desarrollo no cumplidas
67Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
intervenciones espeficas de las empresas puedan
reducir las amenazas o tensiones sobre la población
local.
Sin embargo, por su propia naturaleza, el sector mi-
nero está orientado hacia los mercados de exporta-
ción y hacia cadenas globales de producción. A dife-
rencia de otras ramas industriales que requieren co-
nocer a fondo las localidades y la mentalidad de su
clientela para ganar mercado, la minea no tiene una
ran pctica como negocio para mirar hacia su
entorno inmediato, lo cual constituye una limitante
estructural en ese sentido. Como resultado, en el Pe
se observa que, en general, los acuerdos entre em-
presas y comunidades llegan solo al nivel de com-
pensaciones económicas puntuales y acuerdos infor-
males que no desarrollan la relación entre las partes.
Esto ha traído como consecuencia una agudización
de los conflictos.
El Estado
Desde la perspectiva de las comunidades, las agen-
cias del Estado, y en especial el MEM, son vistas como
entidades desinteresadas en el poblador rural y acti-
vamente sesgadas en favor de las empresas.
En efecto, es evidente que las poblaciones locales y
las organizaciones del tercer sector consideran que
hay en el MEM un fuerte sesgo a favor de los intere-
ses privados empresariales o, en todo caso, de los
intereses del Estado central y la nación. Siendo esto
así, la conclusión lógica es castigar cualquier interés
por promover más inversión privada en minería. Una
estrategia de largo plazo que promueva la inversión
en minería en la sierra rural, requiere de una clari-
dad conceptual del Estado respecto de sus obligacio-
nes hacia la localidad, como si fuera un cliente tan
importante como el empresarial.
Se requiere, entonces, un balance justo entre inte-
reses públicos nacionales e intereses públicos loca-
les, para lo cual deben establecerse objetivos de de-
sarrollo local sostenible. En la estructura actual del
MEM, este nivel de intervención y presencia local
será probablemente muy difícil de lograr, pero no
por ello deja de ser indispensable. Es un reto para
el MEM y otras agencias relevantes del Estado esta-
blecer en las zonas de potencial minero, los medios
y mecanismos para que este debate local se inicie
de forma madura y simétrica antes de que la inver-
sión minera ingrese. Posteriormente, deben identi-
ficarse oportunidades para intervenir en el plano nor-
mativo, así como potenciarse el uso de los instru-
mentos intermedios, como las consultas previas, los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o el monito-
reo, para construir puentes entre las empresas y su
entorno social, y para reducir el riesgo de que las
tensiones empeoren.
Las raíces de la desconfianza
Para recoger información sobre los impactos y el cam-
bio en las comunidades a partir de la actividad mi-
nera, a cada encuestado se le plantearon preguntas
sobre su propio bienestar y el de su familiar nuclear,
por un lado, y sobre el bienestar de la comunidad,
por el otro, de manera que el entrevistado debía tam-
bién hacer un balance y evaluar la situación de todo
su pueblo, al margen de su situación personal.
Percepción general de la minea
Es claro que la mayoría de comunidades afectadas
por la minea sostiene que su impacto ha sido nega-
tivo. Por lo general, este impacto es asociado con
la contaminación y sus efectos sobre la salud y las
actividades productivas, con los procesos de reubi-
cación y negociación, y con los efectos que tiene la
presencia de las minas sobre sus pueblos y sobre su
cultura, tradiciones y relaciones.
El 53% de los entrevistados cree que su vida y la vida
de su familia se encuentran peor que antes, mientras
«las agencias del Estado, y
en especial el MEM, son
vistas como entidades
desinteresadas en el poblador
rural y activamente sesgadas
en favor de las empresas
68 Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
que un 31% dice que su vida está igual. El 39% afir-
ma que la comunidad es peor, seguido de un 33%
que piensa lo contrario, que está mejor. Los pobla-
dores perciben que en el nivel comunal se reciben
ciertos beneficios como donaciones, obras y, espe-
cialmente, la posibilidad de que algunos trabajen en
la mina. Por ello, el último porcentaje resulta alto.
Sin embargo, estos beneficios no resultan significati-
vos al evaluar su situación personal, en especial por
el tema del trabajo, al que solo unos cuantos logran
acceder.
Al preguntar las razones por las cuales su vida fami-
liar es en peores condiciones, el 19% afirma que
no hay trabajo, seguido de un 17% que resalta que
la actividad minera ha afectado su agricultura, gana-
dea, su flora y fauna. En el nivel comunal, el 21%
expresa que no hay beneficios, no se realizan obras;
seguido de un 18% que afirma que hay efectos nega-
tivos en su organización, así como desorden social
(alcoholismo, prostitución, delincuencia).
Respecto de los beneficios de la minea, las comu-
nidades reconocen hasta cierto punto los aportes de
las minas a obras de desarrollo, trabajo y a mayor
actividad ecomica. En efecto, el 39% de los que
responden que sí existen beneficios, identifica los si-
guientes: desarrollo de obras (11%), entrega de ma-
teriales, equipos, combustibles (10%), construcción
de carreteras (7%) y generación de trabajo (7%).
Sin embargo, el 55% responde que la actividad no le
ha traído beneficios. Junto con el sondeo de la per-
cepción de beneficios, se preguntó por los proble-
mas principales que les habría traído la actividad
minera en su zona. El 76% de los encuestados afir-
ma que la actividad minera le ha traído problemas.
Los principales problemas señalados son: contami-
nación (24%); abuso, injusticia, explotación (12%);
engaños, incumplimiento de promesas (12%). El 23%,
a pesar de haber respondido positivamente a la pre-
gunta, no supo definir los principales problemas.
La contaminación
Como se ha mencionado líneas arriba, la contami-
nación es el principal problema que identifican (24%)
y lo perciben como una de las causas de que la vida
familiar y comunal es peor que antes. Es la segun-
da causa identificada (17%) en el nivel demo per-
ciben los efectos de sus propias familias y la tercera,
en cuanto a su poblado o comunidad (15%). Con-
viene subrayar que, siendo preguntas abiertas, el r-
minocontaminación” fue usado por los propios en-
cuestados de manera espontánea.
A partir de las entrevistas, sabemos que la radio es
una fuente de información sobre este asunto y, a tra-
s de ella, muchas personas en lugares remotos co-
nocen casos como el de Choropampa y la mina Ya-
nacocha. Ello quiere decir que existe una asociación
mental establecida sobre los impactos ambientales
de la minea. Esta preocupación debe entenderse
como la preocupación de poblaciones agrarias en
condición de pobreza, dependientes de medios de
subsistencia fgiles, que son afectados negativamente
de diversas maneras por la presencia de las minas y
quetraducen esta preocupación en rminos de
contaminación. Por ejemplo, en una zona de Ancash,
los campesinos observan problemas de salud en sus
animales y lo atribuyen alagua contaminada” por
la mina vecina. Si bien esta apreciación puede ser
errónea en un sentidocnico, ya que se trata de una
mina con un muy buen control sobre sus efluentes,
no puede por ello descartarse que sí existan efectos
indirectos de la mina, pues la operación minera des-
pla el ganado de las tierras altas y secas hacia zo-
nas bajas más húmedas, donde hay mayor riesgo a
la salud animal por infecciones con fasciola hepáti-
ca. Dado el contexto de pobreza, vulnerabilidad y
fragilidad ambiental en ecosistemas de montaña, las
señales locales de contaminación o la percepción
de efectos negativos en la actividad agraria debe-
rían tomarse, seriamente, como un indicador de la
urgencia de analizar los efectos acumulativos del
desarrollo minero en su entorno.
«El 76% de los encuestados
afirma que la actividad minera
le ha traído problemas
69Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
La organización comunal
Uno de los grandes problemas de las comunidades
es la organización. Muchas veces, los líderes no tie-
nen legitimidad y las propias negociaciones desgas-
tan el respaldo de las comunidades a los líderes. El
acceso a trabajo en la mina es un factor de (des)unión,
ya que no hay puestos de trabajo para todos:
La mina trae división, no da trabajo a
quienes protestan, entonces los que
trabajan ya no protestan, ya no esn
con nosotros. Hay desunión, antes
todos trabajábamos en obras
comunales, ahora ya no hay
participación” (San Antonio de Ojos).
En algunos casos, la población pierde confianza en
sus dirigentes y pide participar en las negociaciones
directamente:
Dijeron: ‘nosotros queremos conversar
con las autoridades nada más: presidente,
vicepresidentes, agentes y con los dueños.
Y nosotros les hemos dicho no, nosotros
hemos venido todos, no vas a conversar
con las autoridades nomás...’. También la
comunidad desconfía, puede ser que las
autoridades se esn vendiendo
(Huaripampa).
De este modo, las opiniones de la población entre-
vistada coinciden, en su propio lenguaje, en seña-
lar lo que se indica también en la literatura revisa-
da, a saber: que la debilidad de su organización lo-
cal y del liderazgo ha sido consecuencia de la mala
negociación realizada con las empresas y, además,
que ha empeorado por el tipo de relación que las
empresas han mantenido con las comunidades. Por
ello, si aspiran a contribuir al desarrollo sostenible
de la localidad, las empresas deben analizar los
impactos que han tenido en el capital social de las
comunidades y en la rdida de confianza en la
población local.
La relación con la empresa minera
Uno de los principales problemas de la relación en-
tre minas y comunidades es la percepción de incum-
plimientos de acuerdos. Por el lado de las comuni-
dades, muchaspromesas son compromisos desde
su criterio, mientras que para el caso de las minas,
esto no es así. Esteincumplimiento” genera un sen-
timiento de haber sido engañados y menoscaba las
relaciones:
Ellos [de la compañía minera]
engañan a la gente [...] Lo del trabajo
fue un engaño, ellos ya saan como
iban a trabajar (Carguayoc).
Además, a este problema se suma el de las inade-
cuadas explicaciones e información que alcanza la
compañía. Para la población, en algunos casos, es-
tas resultan ser muy complejas; en otros casos, extre-
madamente simples o sencillamente no abordadas,
pues la compañía evita temas que considera difíciles
o susceptibles de mala interpretación, sin llegar a res-
ponder las inquietudes de las comunidades:
Ellos nos atienden, si vamos a conversar
empezamos a hablar y de pronto nos buscan
otra conversación, nos cambian de tema, nos
desan por otro camino. Al final no podemos
decir lo que queríamos decir ni sacar lo que
queamos. Ellos creen que no nos damos
cuenta. Nos tratan como biles (San
Antonio de Ojos).
Lo que nos explican los pobladores es que la rela-
ción que establece en la comunicación es la de adulto
(mina)–infante (comunidad). Esta es una actitud que
se resiente y sobre la cual, evidentemente, no se pue-
de establecer una relación de buena vecindad.
El caso de los pobladores reubicados es más com-
plejo. Por lo general son loss afectados: se les
extrae de su entorno, pierden relaciones y medios de
subsistencia tradicionales y muchas veces pierden el
dinero de las compensaciones en subsistencia o ma-
las inversiones. Los principales problemas que ellos
identifican son: la falta de comunicación, el desco-
nocimiento de derechos y del proceso, los bajos pre-
cios pagados por las tierras y la manera traumática
en que son desalojados de sus propiedades.
70 Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
Por todo lo anterior, el concepto delicencia social
es esencial, ya que implica que la empresa consiga
la aceptación de la población y cuente con su apo-
yo, para así lograr una convivencia armónica. Las co-
munidades perciben que las compensaciones que
apuntan al desarrollo local y la obtención de empleos
son parte de la compensación que deben recibir de
la minería, por permitirles operar en sus tierras. Esta
compensación no debe ser solo monetaria, puesto
que las comunidades no pierden solo bienes (como
la tierra), sino también formas de vida, costumbres y
relaciones.
La relación con el MEM
Otro efecto de la actividad minera es la rdida de
confianza dentro de la propia comunidad, no solo
hacia las empresas sino también hacia el Estado. Las
comunidades perciben que el MEM trabaja con las
minas (y a su favor), pero no con ellos. Esto contribu-
ye a fortalecer el sentimiento de falta de poder frente
a las minas y a una rdida de autoestima:
Vienen [del MEM] cuando hay problemas
y traídos por la mina y se van con ellos (sus
carros, su campamento) ¿qué confianza va
a haber? (San Antonio de Ojos).
Es esencial que el Estado contribuya a generar “buen
gobierno” en la propia comunidad (rendición de
cuentas, capacidad institucional y humana, cohesión).
Asimismo, es necesario enfatizar la labor del MEM
como facilitador en la resolución de conflictos. El 48%
de los encuestados expresó que el MEM no tiene dis-
posición alguna al diálogo. En cuanto a su transpa-
rencia, solo el 4% dice que es transparente y dice la
verdad. Asimismo, al preguntar sobre los intereses y
objetivos del MEM, el 62% no sabía o no respondió.
Hay una necesidad patente de información sobre los
objetivos del MEM, que no se debe limitar a campa-
ñas promocionales de la minería, que más bien acen-
an la desconfianza hacia el Estado.
Conclusiones y recomendaciones
sobre las funciones sociales del MEM
No cabe duda de que la promoción de la minea es
y debe ser función del MEM. Sin embargo, no se ha
contemplado paralelamente el desarrollo del entor-
no social. Como resultado, el papel del MEM ha sido
reactivo a los intereses de desarrollo sostenible de
las comunidades mineras. Resulta indispensable que
el MEM se convierta en promotor de relaciones y que
trascienda el papel de simple fiscalizador que tiene
en la actualidad.
En ese sentido, la conclusión central es que el MEM
debe redefinir su responsabilidad hacia los intereses
blicos locales, ampliando su esfera de atribucio-
nes y sus funciones de fiscalización hacia enfoques
preventivos y de promoción de relaciones armonio-
sas entre los interesados. Ello requiere articular la
necesaria predisposición o voluntad política al cam-
bio, identificando los resultados espeficos que se
busca lograr en el sector.
Los problemas sociales que se generan en este entor-
no desbordan ampliamente las capacidades del MEM,
de modo que sin convocar alianzas y voluntades con
un enfoque plural, parece imposible lograr la gestión
adecuada de los recursos. Al mismo tiempo que se
descentralizan funciones y se establecen alianzas, se
requieren mecanismos que le permitan manifestar su
presencia e interés en las localidades afectadas, de-
mostrando que el Gobierno es un actor comprometi-
do, conocedor del interesado en cada situación par-
ticular. Hoy en día, esta presencia es mínima y las
poblaciones lo interpretan como un sesgo empresa-
rial de los intereses del Estado.
Para tener acceso y presencia estragica en el nivel
de la localidad, en momentos clave del ciclo minero
(consulta previa, definición de los alcances del EIA,
seguimiento del EIA, monitoreo participativo, etc.),
el MEM debe generar insumos de información sobre
«Uno de los principales
problemas de la relación
entre minas y comunidades
es la percepción de
incumplimientos de acuerdos.»
71Econoa y Sociedad 53, CIES, octubre 2004
la condición social de las localidades, establecer e
integrar instrumentos formales e informales de fisca-
lización, así como contar con los recursos humanos
y materiales que le permitan tomar parte activa en
los mencionados procesos.
De este modo, el MEM podría concentrar esfuerzos
en establecer mecanismos sólidos y legítimos de se-
guimiento y evaluación de indicadores sociales, has-
ta hoy inexistentes, así como proveer liderazgo en la
concertación de resultados esperados con instancias
regionales, municipales, empresas y actores locales.
Para ello, se requiere de sistemas institucionalizados
de aprendizaje, sobre todo si se considera que los
proyectos mineros grandes son socialmente sistemas
complejos de múltiples actores, en donde las inter-
venciones actuales y futuras se hacen y se harán con
«es necesario enfatizar la
labor del MEM como
facilitador en la resolución
de conflictos. El 48% de los
encuestados expresó que el
MEM no tiene disposición
alguna al diálogo
los ojos vendados, pues no existen ni tiene sentido
proponer soluciones empaquetadas. Todo esto impli-
ca una estrategia de acción inversa a la deapagar
incendios, que parece haber predominado en el sec-
tor en general.

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Económica Y Social (CIES) Consorcio de Investigación. (2006, marzo 25). Dimensión social de la minería en el Perú. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/dimension-social-mineria-en-peru/
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Dimensión social de la minería en el Perú". GestioPolis. 25 marzo 2006. Web. <https://www.gestiopolis.com/dimension-social-mineria-en-peru/>.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. "Dimensión social de la minería en el Perú". GestioPolis. marzo 25, 2006. Consultado el 14 de Agosto de 2018. https://www.gestiopolis.com/dimension-social-mineria-en-peru/.
Económica Y Social (CIES), Consorcio de Investigación. Dimensión social de la minería en el Perú [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/dimension-social-mineria-en-peru/> [Citado el 14 de Agosto de 2018].
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