La conducta del hombre como todos sabemos, desde tiempos remotos siempre ha preocupado a los estudiosos y siempre ha sido de estudio y criticas. Los eruditos de la materia estudian el comportamiento humano desde una perspectiva clínica y sino desde una perspectiva legalistica, por esa razón es que se dice que la criminología es una ciencia que no es exacta. La ley, utilizando estas perspectiva llegan a la conclusiones que conductas son criminales y cuales no, de allí es que los científicos tratan de formular sus razones de porque ciertas personas violan la ley.
De acuerdo con las creencias y sus necesidades, hablando de la sociedad, podríamos decir que es legal o ilegal. Aunque tenemos que el código penal posee nociones firmes del mal y del bien, observando que no todo lo malo en sentido moral es criminal y algunos actos que por lo general no se consideran malos pueden ser penalizados.
La corrupción y el soborno son males que no afectan solo al sector público. También las organizaciones privadas son frecuentemente víctimas de empleados infieles que no mantienen una conducta íntegra. En muchos de los casos las organizaciones tienden a focalizar sus esfuerzos en la detección e investigación y no asignan recursos suficientes a la prevención; ello resulta más costoso y menos efectivo.
¿Que es el delito de “Cuello Blanco”?
Han transcurrido prácticamente siete décadas desde que el sociólogo Edwin Sutherland (1940) introdujo el concepto de delito de cuello blanco, y marcó el comienzo de la controversia y el debate. Se han invertido una energía y un tiempo considerables en tratar de delimitar un marco interpretativo de común acuerdo respecto al delito de cuello blanco, pero el resultado ha sido un consenso limitado.
El continuo desacuerdo sobre cómo definirlo y examinarlo ha dado lugar a que haya quien sugiera que el delito de cuello blanco es «la jaula de un león que no tiene vía de salida» (Hirschi y Gottfredson, 1989:363). Partiendo de estudios publicados principalmente en América del Norte y el Reino Unido, este documento vuelve a hacer alusión a algunas áreas de diferente interpretación referentes al delito de cuello blanco. Comenzamos por examinar las respuestas a la pregunta de cómo definirlo. A continuación, la identificación y comparación de dos perspectivas sobre el delito de cuello blanco, y las áreas de diferencia significativa entre éstas en el énfasis e interpretación analíticos. Específicamente, examinaremos las diferencias entre la delincuencia esencial de los delitos de cuello blanco; el nivel de atención prestada a las víctimas y los costes de los delitos de cuello blanco; así como la importancia de la dinámica estructural, el poder y la elección en las explicaciones causales.
Algunos estudiosos definen el delito de Cuello Blanco, a aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social, utilizando como herramientas sus conocimientos profesionales, o sus contactos en el mundo de los negocios, la política, etc.
El concepto de delito de “cuello blanco” ha quedado fuertemente enraizado en el léxico de los legos y los estudiosos, donde se utiliza para denotar un tipo de delito que tiene una serie de diferencias fundamentales respecto al delito callejero.
Mientras que el último suele cometerse abordando a las víctimas físicamente o entrando en sus casas o negocios ilegalmente, la mayoría de los delitos de cuello blanco se cometen mediante la utilización de la malicia, el engaño o el falseamiento, para crear y explotar la apariencia de una transacción legítima con el fin de obtener un beneficio de carácter ilícito. El delito de cuello blanco presenta una gran variedad de apariencias, desde los vertidos tóxicos al espionaje industrial.
También incluye el delito cometido por funcionarios y agencias estatales. El fraude, que suele definirse como la utilización de la decepción para asegurarse una ganancia injusta o ilegítima, todavía representa una amplia proporción de los delitos de cuello blanco.
El resultado de los estudios realizados, causó un impacto revolucionario, ya que permitió vislumbrar con evidente claridad, los errores y contradicciones en el sistema penal, obligando a afrontar ciertos problemas de fondo, como es la conducta desviada en las distintas capas sociales, rompiendo con la ficción que consideraba al delito como patrimonio exclusivo de la clase baja, arrojando a la luz de esta forma una verdad oculta, una cifra “negra” que no es medida por los indicadores habituales de la delincuencia, descubriendo que la ley penal se aplicaba diferenciadamente y en forma selectiva.
Características de este tipo de delito:
Si bien un delito, en cualquiera de sus formas es un “hecho típico, antijurídico y culpable”, éste tipo de ilícitos se distingue del resto por determinadas características:
La lesión de la confianza en el ámbito mercantil.
– El uso de la credulidad o ignorancia de la víctima.
– Especial astucia y conocimientos por quienes preparan el ardid.
– La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del hecho, pero no de su trascendencia criminal.
– Imagen de honorabilidad del autor, normalmente debido a su posición social, estudios, profesión o situación económica y/o política.
– Cercanía estrecha al poder económico o político.
– La escasa visibilidad del delito.
– La volatilización de la cantidad de victimas.
– Falta de estadísticas criminales.
– Alto costo patrimonial en los perjuicios hacia los damnificados
Si bien no hay univocidad en cuanto a la terminología, podemos afirmar que todas hacen referencia al mismo tipo penal: “delitos profesionales”, “delitos ocupacionales”, “delitos financieros”, etc.
Uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien intente estudiar este tipo de delito, está dado porque las estadísticas al nivel internacional e incluso regional, están viciadas, ya que no hay una relación entre la cantidad de ilícitos cometidos y las condenas aplicadas a sus autores.
Es importante destacar, que estas personas, no suelen ser detectados fácilmente por los órganos de control, fiscalización o supervisión y su apariencia de honradez hace que puedan camuflarse perfectamente en la sociedad, ya que normalmente cuentan con una actividad que les permite desenvolverse en un ámbito profesional o comercial de cierto prestigio.
El delito de “cuello blanco” si bien tiene caracteres especiales, no deja de ser un delito común, es decir, una conducta prohibida por el Estado contra la cual éste reacciona por medio de un castigo.
Hay que destacar que en el caso de Cuba no existe ninguna figura delictiva que recoja el concepto de “delito de cuello blanco”. Este es tan solo un calificativo en el que bien pudieran agruparse un conjunto de ilícitos penales que tienen como eje central la afectación patrimonial que se le causa al Estado.
Características del llamado delincuente de «cuello blanco”
Existen distintas teorías que tratan de explicar el comportamiento del delincuente de “cuello blanco”. En nuestro trabajo hemos tomado lo más relevante de cada una, intentando una aproximación hacia una descripción del sujeto activo que perpetra este tipo de ilícitos.
Base teórica desarrollada a partir de las características psíquicas de quien es considerado delincuente
Materialismo: solo da valor a los bienes materiales, es un auténtico maníaco, su tensión patológica se libera con la ganancia, tiene una psicología similar a la del jugador compulsivo.
Egocentrismo: no alcanzan a lograr afectividad, esta soledad la compensan mostrándose generosos económicamente.
Narcisismo: son soberbios, inestables, y esto se traduce a su situación social, suelen ser muy audaces.
Peligrosidad: no valoran los límites éticos.
Hipocresía: son fríos y se muestran generosos y complacientes.
Neuróticos: falta de conciencia de culpabilidad, debido a que estos actos no provocan reacción social, ya que hay personas que no lo consideran delitos.
Es destacable que hoy día, este tipo de delincuentes no es considerado como un enfermo, por lo cual su punición es perfectamente aplicable.
La formación criminal comprende tanto la enseñanza de técnicas para cometer infracciones simples o complejas, como la de aquellas necesarias a fin de “orientar las tendencias impulsivas”.
El conjunto de valores a partir del cual se manifiesta el comportamiento criminal no explica su razón de ser, sino que depende de los contactos específicos a los que el sujeto esté expuesto en su ambiente social o profesional.
De este modo, si una persona se encuentra rodeada en su ambiente laboral por sujetos que cotidianamente infringen la ley, esta situación es tomada como “normal” debido a la habitualidad de la conducta, posteriormente, el individuo se vera tentado a imitar estas actividades, ya sea por lograr objetivos económicos, o por marcar un status dentro de la estructura.
Perfil del delito de “cuello blanco”
Los delitos de “cuello blanco”, cuentan para su tratamiento con una serie de dificultades tales como que carecen de organismos de control eficientes, en la esfera administrativa no hay personal especializado en la prevención, y en la esfera judicial, en ocasiones, falta la especialización para su investigación y represión.
Por la característica del delito, los sujetos activos abandonan la categoría de primarios transformándose en habituales, perfeccionando la maniobra, eludiendo el accionar de la Justicia por la complejidad del hecho cometido.
El delito de “cuello blanco” es un flagelo que con el avance de la tecnología, las comunicaciones, y el aumento significativo de transacciones comerciales, ha ido creciendo exponencialmente, motivo por el cual debe ser combatido por mecanismos eficientes, modernos y colectivos que posibiliten una eficaz prevención, y en caso de su real comisión, una rápida investigación que finalice en la condena del delincuente.
Los principales estudios sobre los llamados “delitos de cuello blanco”, determinan que hay tres elementos que están presentes en la mayoría de estos casos. Uno de ellos quizás el más importante es la racionalización.
Mediante este recurso, el autor del ilícito, encuentra la forma de asimilar el acto a su “propio código de ética”.
Los programas de ética han demostrado ser muy efectivos para evitar que empleados o funcionarios caigan en la tentación de cometer actos deshonestos; por ello, su implementación se considera una medida de prevención imprescindible.
¿Cómo la Prevención puede convertirse en un bloqueador natural de estas modalidades delictivas?
Con independencia del modelo económico y político que se establezca, el Estado representa el poder de la nación, y en ese sentido, tiene un compromiso con sus ciudadanos y por tanto está llamado a preservar su patrimonio, no solo desde el punto de vista económico, sino también en el ámbito de su cultura y en el plano político.
Nuestro trabajo tiene como eje conductor la labor de la prevención, en el conocimiento temprano de las actitudes predelictivas, en el esfuerzo concentrado en la solución de dichas actitudes mediante la atención diferenciada de cada caso.
El Sistema de Control Interno con un enfoque de prevención, está dirigido a garantizar el funcionamiento de las organizaciones en óptimas condiciones, el cumplimiento de sus objetivos y evitar afectaciones a los medios de que dispone. En este sistema, es necesaria la amplia participación de los trabajadores en la evaluación de los riesgos existentes y de las diferentes medidas a aplicar para evitar su ocurrencia.
En Cuba, la idea de los Planes de Prevención surgió del trabajo práctico, de la labor realizada durante los años 2001 – 2002. Su concepción parte de las posibilidades del sistema político cubano y es uno de los Lineamientos del Estado y el Gobierno para intensificar las acciones de prevención y enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades y corrupción administrativa, aprobado desde el año 2000, el cual ha tenido actualizaciones sucesivas.
Las indicaciones para su elaboración y sistemático control en cada Organismo, Entidad Administrativa y colectivo laboral, se regula por la Resolución 13/06 de la entonces Ministra de Auditoría y Control. Este instrumento jurídico, cuyo antecedente más inmediato es igual Resolución emitida en el 2003, fue modificado y actualizado, tomando en consideración la experiencia acumulada.
Se trata por tanto, de una normativa legal cuya elaboración, actualización y chequeo de su efectividad, es de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones laborales en cualquiera de los niveles de dirección de los organismos públicos y consejos de la administración territoriales.
En esta concepción, el Plan de Prevención es un conjunto de acciones de carácter ético, técnico-organizativo y de control, dirigidas de un modo consciente a eliminar o reducir al mínimo posible, las causas y condiciones que propician indisciplinas e ilegalidades, que continuadas y en un clima de impunidad, propician y facilitan las manifestaciones de corrupción.
Constituyen elementos esenciales en los planes, las acciones dirigidas a despertar en los colectivos laborales y en las personas, motivaciones humanas, morales y éticas; cultivar atributos, en especial el honor, la vergüenza y la dignidad. Las acciones de carácter técnico – organizativas, se fundamentan en la necesidad de lograr un sistema de trabajo integral, coherentemente estructurado, en el que partiendo del Encargo Estatal u Objeto Social, las organizaciones tengan debidamente definidas la misión, los objetivos y establezcan un sistema de control que tome en cuenta las funciones y atribuciones de los órganos colegiados de dirección y una clara delimitación de las responsabilidades individuales y colectivas, en el marco del conocimiento y respeto de las normativas legales. Las acciones de control están dirigidas a la consecución de las medidas de prevención y deben ordenar un conjunto de tareas entre las que se identifiquen con precisión los diferentes niveles de ejecución y control.
Se ha diseñado un procedimiento para la elaboración del Plan de Prevención en el que se destaca, la constitución de una comisión o grupo de trabajo, integrado por dirigentes y funcionarios con conocimientos y experiencias a su nivel, en capacidad de auxiliar al órgano de dirección, destacándose los que se encargan de las unidades de auditorías, de atención al trabajo con los directivos, jurídico, atención a la población, inspección, seguridad y protección, entre otros. La recopilación, organización y estudio de los antecedentes e informaciones que se poseen, es un elemento decisivo para la orientación del proceso de identificación de riesgos y peligros potenciales, en el interés de observar tendencias y problemas que se reiteran en los informes contenidos en los resultados de controles gubernamentales, verificaciones e inspecciones fiscales, auditorías, supervisiones estatales, balances de trabajo, quejas y denuncias de la población, planteamientos de los trabajadores, estados de opinión y otros.
Los análisis con los trabajadores por áreas, con el objetivo de realizar el diagnóstico de los riesgos, peligros potenciales y las propuestas de medidas para prevenirlos, debe estar antecedido además, de acciones de información y orientación que propician un clima favorable que anime a la prevención, a la búsqueda de causas y la disposición de establecer barreras que impidan su ocurrencia o desarrollo. El Plan, contentivo de puntos vulnerables, posibles manifestaciones, medidas a tomar, ejecutantes, fechas y responsables de control, es un diseño que pretende constituirse en un instrumento de trabajo que facilite su sistemática ejecución y control. Debe estar sometido constantemente a su actualización y a la evaluación de su cumplimiento y efectividad.
Reconocer la importancia de la prevención como estrategia fundamental, implica entenderla como un modo de actuar, una cultura, que aporte capacidad de anticipación a los problemas, una actitud proactiva en cada tarea, misión o meta que se trace la organización económica.
Fomentar la ejemplaridad de los directivos y funcionarios constituye la premisa fundamental para el ejercicio de la función pública en un ambiente ético, por su carácter multiplicador y movilizador para con el resto de los subordinados; lo que reafirma cada vez más la necesidad de preservar la ética como un elemento esencial de la política, como guía e hilo conductor de la gestión de gobierno.
En Cuba, el precepto martiano “la Patria es ara y no pedestal” significa usar la autoridad y el poder que el pueblo otorga – y por los cuales se debe responder cada día – como un honor y compromiso para contribuir a la obra colectiva, que es desarrollar una sociedad justa en condiciones complejas y adversas, pero sobre sólidas bases, gestadas a lo largo del proceso revolucionario. Si bien la preservación de los principios éticos que han conformado una genuina cultura política y ética en nuestro país es una responsabilidad de todo el pueblo, quienes lo representen en diferentes niveles de dirección y ostenten funciones estatales y gubernamentales tienen el deber de actuar acorde con dichos principios como única forma de legitimarlos, tanto en el desempeño del cargo como en la vida personal.
La rendición de cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido, así como otros aspectos de interés que resulten necesarios. El sistema de rendición de cuentas debe incluir todos los elementos que permitan a los ciudadanos conocer el destino de los recursos comunes y les garanticen el mejor uso posible de estos para satisfacer las necesidades públicas. Con la rendición de cuentas debe lograrse que toda persona asuma con plena responsabilidad sus actos, informando no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación, sin olvidar la importancia del componente ético en su actuación y conducta.
La rendición de cuenta de los dirigentes y funcionarios, está asociada a la determinación de la responsabilidad en caso de una deficiente gestión administrativa, negligencias y omisiones en el desempeño, para lo cual son aplicables diferentes tipos de responsabilidad, de acuerdo con la gravedad de los hechos. El enfoque de la rendición de cuentas y la responsabilidad en Cuba, está en correspondencia con la doctrina de la rendición de cuentas horizontal y vertical y sus principales instrumentos en su doble carácter: por un lado, los que rinden cuentas y están obligados a informar y de otra parte, los que piden cuentas, fundamentalmente los trabajadores, quienes participan en las decisiones trascendentales de la empresa y de la sociedad.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), además de pedir cuentas a los organismos y entidades por los resultados de su gestión, trabaja con el movimiento sindical y sus afiliados en la lucha contra el delito y la corrupción, teniendo como objetivo: fundamentar y explicar las causas y condiciones que propician tales hechos, así como definir las acciones a emprender por todos los trabajadores para su prevención, detección y enfrentamiento.
En la Resolución sobre la batalla por la eficiencia económica y el perfeccionamiento empresarial adoptada en el XVIII Congreso de la CTC, se plantea que “las organizaciones sindicales de base tendrán la misión de exigir a las direcciones administrativas y contribuir a su vez, ellas mismas, a que concreten las acciones acordadas por el colectivo laboral, con el objetivo de elevar el ahorro de recursos, la productividad del trabajo, la calidad, la disciplina laboral y tecnológica, así como otros aspectos que contribuyan al incremento de la eficiencia” y “la organización sindical exigirá a la administración para que el control interno y la contabilidad reflejen real y rigurosamente los hechos económicos del centro de trabajo …”
Más recientemente, el XIX Congreso de esa organización de los trabajadores, en sus resoluciones, se pronunció acerca del papel creciente de los trabajadores en la batalla por la prevención y el enfrentamiento contra indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, por lo que es necesario perfeccionar y desarrollar con mayor amplitud y eficiencia el proceso de información a los colectivos laborales, en relación con los resultados de las auditorías. Otra de las formas de participación popular en la gestión administrativa y estatal, está dada en la celebración de las asambleas de producción y servicios que tienen lugar, periódicamente, en todos los centros laborales del país. La utilidad y eficacia de dichas asambleas residen en que representan una forma adecuada de controlar, desde abajo y por parte de los trabajadores, la labor de la dirección administrativa.
La representación sindical en los consejos de dirección de las organizaciones económicas, constituye una importante vía de participación de los trabajadores en la gestión económica.
En la Resolución de la CTC referida a los Convenios Colectivos de Trabajo, se ratifica el principio de que dichos acuerdos constituyen el documento legal que registra la concertación de deberes y derechos de las partes, entendidas éstas como la administración y los trabajadores, representados por el sindicato. Dos de los derechos regulados en los mencionados convenios son el de la participación en las decisiones que afecten al colectivo y el de control de la gestión administrativa.
La firme voluntad política del Estado Cubano para desarrollar una estrategia que contribuya a la jerarquización de la función de control se enfoca en el pleno despliegue de los siguientes factores:
– La ejemplaridad de los directivos y funcionarios, su responsabilidad administrativa y probidad absoluta.
– La sistemática rendición de cuentas como pilar fundamental para la evaluación de los resultados su gestión y del estado de control sobre los recursos.
– La participación real de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los procesos de dirección.
– La planificación como instrumento para la eficiencia y la implementación de sistemas de control interno adecuados a las características de las organizaciones laborales.
– La definición de los mecanismos reguladores generales de la economía, a fin de determinar el ordenamiento legal y los aseguramientos institucionales indispensables.
– Recuperar el valor del trabajo como principal criterio de distribución, reconocimiento, satisfacción de necesidades y diferenciación social.
– El conocimiento y respeto de la legalidad, con el máximo rigor en la exigencia de su cumplimiento.
– Reafirmar la prevención como la dirección estratégica fundamental para el enfrentamiento a la corrupción administrativa.
En Cuba, la función de control estatal no es ejercida únicamente por las instituciones. Es un sistema en el que se imbrican tanto los órganos y organismos especializados en tales funciones, como los trabajadores y sus organizaciones en cada una de las locaciones de trabajo, la comunidad y la sociedad civil toda en su conjunto. Se trata de un proceso en el que se rompe la dicotomía Estado – Sociedad Civil, toda vez que el poder político pasa a construirse y sus funciones a ejercerse sobre la base de los intereses y la participación directa de las clases y sectores sociales tradicionalmente excluidos. Al mismo tiempo, esta lógica de conformación del poder estatal devino en su socialización, a partir del alto grado de participación política alcanzado por la sociedad civil.