Defensa de la vida y explotación indebida de los recursos mineros en el Perú

El recuerdo de la explotación minera en el Perú se remonta a la época colonial y la nefasta recordación para la población indígena de las famosas minas de Huancavelica y Potosí de los siglos XVI, XVII y XVIII. En la recordación de los pueblos del otrora Virreinato del Perú está inscrita en la memoria colectiva a la minería como una historia de explotación abominable, de sufrimientos indecibles, de discriminación y exclusión racial.

En Huancavelica los españoles comenzaron a explotar la mina de Mercurio, hoy conocida como Mina Santa Bárbara o Mina de la Muerte, en 1563, cuando, de acuerdo a la leyenda, un nativo llamado Ñahuincopa mostró al español Amador Cabrera de su existencia. Es muy probable que haya sido una mina explotada y abandonada en épocas anteriores a la Colonización europea de América ya que existen indicios de que antiguos peruanos ya utilizaban el sulfuro de mercurio, el cual era llamado “llimpi”, y cuyo uso se generalizó entre la nobleza, principalmente entre las mujeres y los indios guerreros, para pintarse el rostro.

Con el transcurso del tiempo de la dominación colonial, la Mina de Santa Bárbara se constituyó en una de las minas más imponentes de la época. Se sabe que a sus socavones se podía ingresar montado a caballo y que en el interior existía una verdadera ciudad, con casas, calles y hasta una Plaza de Toros de la que no quedan vestigios.

Una carta escrita en 1764 por el fiscal de la Real Audiencia de Lima, Don Diego de Holgado a los reyes de España, menciona que «La mina de Huancavelica, no produce Plata, ni Oro; pero produce el azogue, un ingrediente tan necesario, para el beneficio de todas las minas de oro, y plata del Reino.

En 1786 dentro de sus socavones murieron más de 200 personas, entre indios y españoles, al derrumbarse parte de la mina sin contar con los miles de indígenas que murieron en el transcurso de 300 años. Por la alta toxicidad del mercurio, la mina de Santa Bárbara tuvo uno de los índices de mortalidad más elevados de toda América. Los españoles capturaban a los nativos de la zona, forzándolos al trabajo y llevándolos encadenados, sus familias los acompañaban hasta la mina Santa Barbara y en presencia del sacerdote en la única Iglesia colonial que existe se llevaba a cabo una misa de defunción pero en cuerpo presente (antes de morir) como si el individuo estuviera muerto porque sabían que nunca más volverían a ver la luz después de entrar a los más profundo del socavón. Ante estos hechos, algunas madres nativas, para no ver morir a sus hijos o esposos tomaban medidas drásticas como el cercenar la mano o crearles algún tipo enfermedad y así no ser llevados a la mina de la muerte.

Actualmente la mina puede ser visitada por el socavón conocido como Belén. Sin embargo la visita puede resultar muy peligrosa para las personas que no conocen la ruta. Solo a la mina se puede llegar, pero no se puede ingresar por que hay gases tóxicos acumulados con el pasar de los años los cuales están dormidos dentro de la mina y pueden causar la muerte. Por la peligrosa situación de la mina, está cerrada con una puerta y una pared del ladrillo. Desde afuera el visitante puede ver la antigua entrada a la mina con el escudo arriba. A seguir por el camino, uno llega al equipo de las minas más modernas y recién abandonadas. Unos metros más por el camino está el pueblo abandonado. En 2006 la diócesis y el Departamento estaban reconstruyendo la iglesia del pueblo.

Podemos mencionar para ilustrar el tema realidades cercanas a la nuestra como lo es Bolivia, país hermano que tiene cientos de años de explotación minera y continua siendo uno de las naciones más pobre de América Latina, al igual que todas las localidades del país en donde operan las mineras más importantes. En la realidad local del Perú podemos mencionar a Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín y Talara que a pesar de tener cientos de años de explotación minera se encuentran dentro del ranking de los departamentos con mayores índices de pobreza, desempleo y subempleo. Cajamarca hace diez años, antes del ingreso de Yanacocha, ocupaba el cuarto lugar de pobreza, en la actualidad, se encuentra en el segundo lugar mientras unos pocos mineros disfrutan de las riquezas generadas.

La Minería es una actividad milenaria en nuestro territorio, el cual posee una gran riqueza y diversidad mineral, que se evidencia por la existencia de numerosos y variado yacimientos mineros representando reservas de enormes proporciones. Este aspecto se refleja en la importante gravitación que tiene la minería en la economía nacional, representando cerca del 51% de las exportaciones totales y con un PBI que se incrementa en 5%. A escala mundial ocupamos el segundo puesto en la producción de plata, cuarto lugar en la producción de Zinc Plomo, Séptimo en la producción de Cobre y octavo lugar como productores de Oro. Todo este récord ha incrementado notablemente el nivel de las inversiones mineras siendo la superficie nacional declarada en los denuncios mineros de 22 millones de hectáreas.

Sin embargo, es conocido que la actividad minera ocasiona perjuicios al medio ambiente, provocando contaminación, degradación de suelos, sobreexplotación de los recursos hídricos los cuales incluyen, ríos, lagos y lagunas, afectando la flora y fauna silvestre que depende del ecosistema así como la alteración de la calidad del aire, lo cual genera efectos socio económicos que repercuten en el nivel de ingresos, tasa de empleo, pérdida de valiosa áreas agrícolas, afectación de la salud de la población que vive adyacente a los centros mineros y por ende reduciendo la calidad de vida. En síntesis, la actividad minera tiene un pasivo ambiental de larga data que genera daños a la población más que beneficios.

Ciertamente, el bagaje de la minera del pasado como la minería actual, aún dentro de los procesos tecnológicos y artesanales parece no haber cambiado mucho. Los residuos generados por España en las minas de Potosí y otras del altiplano como la generada por el Imperio Romano de Inglaterra tienen similitudes; al igual que tanto la minería contemporánea formal e informal del norte, centro y sur del Perú. Cuyas consecuencias de causa-efecto han sido el punto de partida de un conjunto de conflictos socio ambiental que se desarrolla en todo el Perú.

A continuación procedo a mencionar los principales efectos que tiene Minería en cualquier zona geografía que pretenda explotar en el interior del país:

Efectos Medioambientales: El impacto de la minería extractiva de minerales pesados y sus efectos se puede Sub clasificar en tres ramas:

1. Atmósfera: Conformado por las emisiones sólidas bajo la manifestación de polvo originado por las actividades extractivas durante la voladura y arranque de material, durante los procesos de carga y transporte o en relación a los procesos metalúrgicos.

•  La Emisión de gases cuyo origen radica en la combustión de las maquinarias, la emisión natural de los mismos procesos de extracción (Dióxido de Carbono y la mezcla explosiva del Metano con el aire o grisú)
•  La formación de aerosoles tóxicos producidos por las explosiones y sobre todo, durante el proceso de riego por aspersión de pilas de mineral con compuestos de alta toxicidad (sulfúricos y cianuro de sodio)
•  La contaminación sónica generada por el ruido emitido de las maquinarias pesadas de arranque y transporte, las voladuras de terreno, maquinaria de molienda de metales y otros equipos. Todos ellos producen una onda aérea de presión que se propaga por el aire atenuándose con la distancia la cual genera a la vez vibraciones nocivas.

2. Suelos y Terrenos

•  Acelerado proceso de desertización y por consiguiente la pérdida del suelo fértil para la agricultura
•  Modificaciones notorias en el relieve de la zona evidenciada por la alteración del suelo
•  Desestabilización del sistema freático por sobrecarga y excavaciones
•  Variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el nivel freatico
•  Contaminación de terrenos cultivables con metales pesados como Cobre, Plomo, Cadmio, metaloides ehidrocarburos generados.
• Acidificación de suelos por acumulación y oxidación de sulfuros.

3. Aguas Superficiales y Subterráneas: El agua presenta su problemática propia en este sentido. Los mayores problemas a corto plazo derivan, fundamentalmente, del contenido biológico, que causa enfermedades infecciosas, más o menos graves en cada caso. Sin embargo, dependiendo de la concentración (corto, mediano, o largo plazo) los contenidos en sales y en partículas sólidas de composición determinada, también pueden acarrear problemas de consideración

•  Variaciones del perfil y trazado de la corriente fluvial aumentando la peligrosidad de las inundaciones
•  Incorporación de partículas sólidas en la corriente de agua aumentando la carga de partículas en suspensión
•  Pérdida de la masa de agua necesaria para la agricultura ocupando lagos o embalses que sirven de afluentes
•  Alteraciones en el régimen hidrogeológico producto de las variaciones en el nivel freático por drenajes inducidos o infiltración inducida para uso minero.
•  Variaciones en el Ph del agua por el drenaje ácido de la mina contaminándola con metales pesados como Plomo, Zinc, Cobre, Cadmio, etc.

La minería también produce problemas hidrogeológicos en las aguas subterráneas. La presencia de agua en la mina, sobre todo a ciertas profundidades, constituye un problema que solamente puede resolverse produciendo de forma controlada un descenso del nivel de los acuíferos de la zona, para que queden por debajo del nivel de laboreo. Ello puede implicar la desecación de pozos próximos, a distancias variables en función de la litología de las rocas que constituyan cada acuífero: si se trata de rocas poco permeables y transmisivas, el problema afectará solamente al entorno inmediato de las labores, pero si se trata de rocas muy porosas y permeables, el problema puede alcanzar distancias considerables. También podrá afectar a parámetros físico-químicos, pues a menudo por el fondo de la explotación a cielo abierto se podrán infiltrar aguas afectadas por la problemática específica de cada mina: turbidez (siempre), cambios composicionales, de acidez, de condiciones, etc.

Efectos Sociales de la Actividad Minera

En lo que va de la historia, la actividad minera siempre le fue adversa y peor aún, las políticas de desarrollo minero implementadas a la fecha parecen haber ignorado la cuestión socio cultural en su real término de la palabra. Y sobre todo, el considerar a las comunidades indígenas sólo como «objetos de política» antes de considerar como «sujetos políticos»; toda vez, que las evidencias muestran que no interesa la «voz de los pobres» o de las poblaciones humanas asentadas en el entorno minero. Lo único claro, es que, los recursos naturales son «Patrimonio de la Nación”, no importa que las poblaciones que allí habitan hayan estado por generaciones. Si no solo se trata de dictar leyes arbitrarias de control estatal.

En los últimos tiempos la actividad minera en el Perú ha enfrentado conflictos de diversa intensidad con las comunidades locales en las que se ubican (o pretenden ubicarse) los yacimientos y con sus propios trabajadores. En varios de estos conflictos las poblaciones y los trabajadores se han opuesto radicalmente al desarrollo de los proyectos mineros. Casos como los de MINSUR en Tacna, Casapalca en Lima o anteriormente Tambo Grande y Río Blanco en Piura, Cerro Quilish, la Zanja y otros en Cajamarca, muestran el grado de agudización al que han llegado estos conflictos, aquí se han producido enfrentamientos con pérdidas de vidas humanas, lesiones graves a la integridad física o destrucción de la propiedad pública y privada.

El gobierno actual del presidente Alan García, más allá de implementar una estrategia estructural que parta de revisar los contratos jurídicos con las grandes mineras, ha reaccionado a este hecho social con más represión y tratando de desvirtuar la naturaleza real de dichos conflictos. Con ello, el Presidente García, una vez más, ha dejado en el rincón de los recuerdos sus promesas electorales del 2006 dándole continuidad, a sangre y fuego, a la política económica neoliberal iniciada en el Perú por Albero Fujimori. A continuación detallaremos algunos efectos en el ámbito social que presenta la extracción minera en el Perú.

Entre los principales efectos sociales de la actividad minera podemos menciona lo siguiente:

•  Actores locales perciben falta de reconocimiento de su dignidad comunal por parte de la empresa minera.
•  El nivel de vida de la comunidad no mejora ya que el capital natural que se extrae no se convierte en capital de desarrollo para la zona a fin de mantener e incrementar el nivel de vida de las comunidades cuando culmine la actividad minera. Como ejemplo, en la minera Casapalca sólo una minoría de obreros estaba en planilla. La enorme mayoría son contratado, que viven en condiciones misérrimas muy poco diferentes a las de la colonia, reciben salarios mensuales de S./ 350, menores al salario mínimo y trabajan jornadas de doce horas o más, sin cobrar horas extraordinarias. Hasta ese momento ni el gobierno ni el Ministerio de Energía y Minas habían intervenido para hacer respetar las leyes laborales vigentes.
•  Las empresas mineras crean expectativas en la población en un acercamiento mal calculado, asociándose con grupos comunales en conflicto originando aun más fracturas sociales internas.
•  Procesos de reubicación y negociación afecta sus tradiciones y cultura, En efecto, la compra de tierras para uso minero ha generado el desplazamiento de campesinos, principalmente, a ciudades cercanas. En éstas al no encontrar empleo y gastarse el dinero recibido, pasan a engrosar la población de pobres marginales, soportando, adicionalmente, un encarecimiento del costo de vida. El caso de Cajamarca revela que un incremento del PBI per cápita entre 1992 y el 2001 se tradujo en el pase del cuarto al segundo lugar entre los departamentos más pobres del Perú y en él opera la mina de oro más grande de Latinoamérica y la 4ta, en el mundo.
•  Inadecuadas explicaciones e información alcanzada por la minera hacia la población la cual es percibida como una relación adulto (mina) – infante (comunidad) son causales de una relación de mala vecindad y explotación.

Efectos de la Actividad Minera sobre la Salud

La historia recoge desde sus albores que ciertas actividades laborales son lesivas para la salud. La intoxicación por metales pesados y otros compuestos químicos no están exentos de ellos. Hipócrates y Galenos enseñaban a sus alumnos que para hacer un mejor diagnóstico de las entidades clínicas debían preguntar siempre la profesión del paciente pues relacionaba ciertas enfermedades con determinados oficios.

Entre las afecciones que se presentan en los trabajadores expuestos a estas sustancias tóxicas, las más frecuentes suelen ser las del aparato respiratorio, que incluye neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis industrial y cáncer del pulmón desencadenante de incapacidad laboral temporal o permanente, sobre todo en aquellos que se encuentran expuestos a diferentes polvos minerales. Junto a estos agentes donde se desarrolla el proceso de producción de bienes materiales, se hayan los factores de riesgos individuales relacionados con la vida laboral o la conducta de los trabajadores llamados por algunos autores: factores conductuales negativos.

El sílice (dióxido de silicio, formas cristalinas), debido a su poder patógeno y a su abundancia en la corteza terrestre, es el principal protagonista en la mayoría de las neumoconiosis, cuando no el único. De ahí que con frecuencia el término de silicosis se use para denominar cualquier neumoconiosis. No obstante, hay otros tipos de polvos capaces de producir neumoconiosis independientemente de la sílice, como es el caso de los polvos minerales.

Estas enfermedades respiratorias producidas por polvos minerales, constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad, en la mayoría de las ocasiones evolucionan hacia la cronicidad, son incapacitantes y cuando no se hace un diagnóstico oportuno, se convierten en una fuente de años de vida potencialmente perdidos por mortalidad prematura.

El exceso de sales (las aguas “más duras”) puede llegar a producir problemas que implican la formación de cálculos renales (“piedras”), mientras que las aguas pobres en sales (“aguas finas”) producen otros, como la desmineralización de huesos y dientes.

La contaminación de la población de la Oroya en el Centro del Perú adquiere características trágicas en los que respecta al impacto de la minería en la Salud. Un estudio analizó que niños y niñas menores de 6 años que vivían en La Oroya Antigua y estableció que el 99.9% (es decir 787 niños y niñas de los 788 examinados) tenían niveles de plomo por encima del límite máximo recomendado. Según este primer informe científico realizado en el año 1999, el nivel promedio de plomo en sangre del total de muestras tomadas en infantes de 2 a 10 años fue de 33.6 mg/dl, estableciéndose, asimismo, que el 99.1% de los niños y niñas analizados, sobrepasó el límite de 10 mg/dl fijado por el CDC (en inglés Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU.) como el nivel seguro.

Se conoce que estos altos niveles de plomo tienen impacto en su conducta y aprendizaje. Algunos de los daños previsibles en la población expuesta a estas sustancias en el ambiente incluyen: deterioro irreversible del sistema respiratorio, cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo, daños a órganos vitales, anemia, enfermedades de los huesos, enfermedades cardiovasculares y problemas neurológicos.

El impacto del plomo sobre el desarrollo intelectual y físico de los niños menores de 10 años es particularmente preocupante. Incluso con niveles de exposición pequeños, el plomo puede impactar el desarrollo mental y físico de los niños, causando la reducción en el coeficiente intelectual y cambios en la actividad cerebral que pueden presentarse. Las deficiencias en aptitudes cognitivas y académicas por la exposición al plomo en niños y niñas, han sido demostradas incluso en niveles de plomo en sangre menores a 5 mg/Dl. Cada 10 mg/dL de aumento de plomo en sangre está asociado con una reducción de 4.6 en el coeficiente intelectual. Además, el plomo y sus derivados han sido clasificados como sustancias “con probabilidades razonables de ser un cancerígeno para el ser humano”.

El dióxido de azufre (SO2) también aumenta la mortalidad, especialmente cuando está presente junto con niveles elevados de materiales particulados, como ocurre en La Oroya. Los grupos más susceptibles a los efectos del dióxido de azufre son los asmáticos, debido a que sus vías respiratorias son más estrechas que las de otras personas, así como las personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños y los ancianos son también grupos muy vulnerables al dióxido de azufre. Altas concentraciones atmosféricas de SO2 aún por períodos cortos, están correlacionadas con mortalidad prematura, enfermedad respiratoria crónica mayores ingresos en los hospitales, agravamiento de síntomas de asma, mayor número de días de actividad.

En el plano jurídico y constitucional, todos estos daños descritos constituyen atentados contra los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño y en el Protocolo de San Salvador, por lo cual implican la responsabilidad del Estado Peruano. Este derecho está consagrado en el artículo 4º de la Convención, y en el artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú (1993) e implica la posibilidad de existir, así como el derecho a vivir dignamente.

Por supuesto a Doe Run no se le ocurrió nunca resolver los problemas ambientales de la Oroya. La empresa, por el contrario ha resistido durante mucho tiempo la aplicación del PAMA, con la vista gorda y/o la complicidad del Ministerio de Energía y Minas. Además se tienen evidencias del chantaje ejercido sobre la dirección sindical de la empresa para obligarla a aceptar su comportamiento criminal. En distintos niveles y modalidades las otras grandes empresas mineras – Yanacocha, Antamina, Pierina, Majaz, etc. – actúan de la misma manera.

Pluspetrol arroja a las aguas del Río Corrientes metales pesados como Bario, Cadmio, Plomo, Benceno, Mercurio, Arsénico, todo revuelto en una cazuela de aguas de formación que están a 80 grados centígrados de temperatura y que, en vez de ser reinyectadas como mandan los estándares internacionales, son lanzadas al río a un promedio de un millón trescientos mil galones por día. Es decir, todos los días y a toda hora Pluspetrol chorrean su carga sobre las aguas que daban de comer a ocho mil indios de la etnia Achuar.

Esas aguas, examinadas por las autoridades de Osinerg y de Digesa, arrojan resultados que las hacen imbebibles y tóxicas para los peces que las respiran. Peces, que los Achuar se ven obligados a comer, son el pasaporte del plomo, bario y cadmio que, en cifras anormales, registran los hemogramas de los nativos.

Pluspetrol, que hace aquí lo que el Presidente Kirchner no le permitiría hacer en Argentina, manifestando que no la dejan trabajar mientras que el Presidente García –Padre, entre otras criaturas, de la socialdemocracia con sabor a nada– añade que hay ONGs que están haciendo arder la zona donde Pluspetrol extrae petróleo “y que no parecen representar los intereses del Perú”.
Por eso protestan los Achuar desde hace cuarenta años. Porque lo que hace hoy Pluspetrol lo hicieron Petroperú y Occidental Petroleum Company, sus antecesoras en los lotes B y 1AB de la región Loreto, en las proximidades de la frontera con Ecuador.

La producción actual de Pluspetrol es de 50,000 barriles diarios de crudo semipesado, cifra importante dado el precio actual de los hidrocarburos, pero no más importante que la vida de toda una etnia envenenada durante cuarenta años.

Estos nos lleva a la pregunta, ¿Cuánto vale una vida de un miembro de la etnia Achuar? Para el Estado, vitalicio cómplice de las petroleras, muy poco. Tan poco que, a pesar de las evidencias reactualizadas por los análisis de sangre realizados este año, el Ministerio de Energía y Minas ha logrado “arrancarle” a la empresa argentina la promesa de que para el 2009 habrá en la zona una planta de reinyección de las aguas de formación.

Y esto que el primer acuerdo entre el gobierno y Pluspetrol fue que para el 2009 sólo el 15% del caldo contaminante iba a ser tratado y que el 85% restante continuaría yendo al río Corrientes. Sólo el coraje de los Achuar logró torcerle el brazo a la empresa al tomar, con Andrés Chambi Huarín a la cabeza, las instalaciones sin disparar ni flechas ni tiros.

Fue entonces que Pluspetrol movilizó a su tropa mediática: el propio ministro de Energía, el inamovible César Sarasara, presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP) y dirigentes surtidos de la infiltradísima Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes, que, sin embargo, tuvieron que admitir que el grado de contaminación del río era inadmisible.

Efectos de la Mineria sobre Actividades Productivas

Los ecosistemas mas afectados por la actividad minera y que han derivado en conflictos sociales que se traducen en reclamos de la población por la conservación de su medio ambiente, corresponden a las zonas circundantes a las áreas de explotación de la gran minería que por años no incluyo buenas practicas de ingeniería, medio ambientales y sociales. Estos ecosistemas incluyen al Río San Juan, Lago Junin, Río Mantaro, Río Locumba, Moche y Rimac principalmente. Los ecosistemas afectados no solo se concentran en el ámbito de los grandes proyectos mineros (Yanacocha, Pierina, Antamina) sino que muchos otros ecosistemas afectados corresponden al desarrollo de la pequeña minería a nivel nacional y además a la minería informal que afecta los ecosistemas de Madre de dios, Puno e Ica principalmente. A Continuación mencionare de manera puntual algunos ecosistemas afectados,

Apurimac: La actividad minera involucra a mas de 30 empresas ocupando aproximadamente el 50% de los 20 mil Km2 de la superficie departamental, que ha ocasionado cambios en la actividad económica de la población por la pérdida de tierras de cultivo y pastoreo.

Huancavelica: Departamento con un 88% de la población en extrema pobreza donde existen minas que han provocado la contaminación del agua como las que corresponden a las cuencas de los ríos Opamayo y Ucañan, en consecuencia los efectos socio ambientales se reflejan en daños a la salud además de los daños económicos por la contaminación de sembríos y pasturas.

Pasco: Con una población de 250 mil habitantes, donde el 66.1% vive dentro de los márgenes de pobreza extrema, las empresa mineras han contaminado las nacientes de las cuencas del río Mantaro y Huallaga afectando seriamente la posibilidades de uso del agua con fines de riego y consumo humano y animal. En el caso del río Mantaro, la situación es aun más crítica ya que este ha perdido su valor de uso como recurso hídrico al no poder ser usado con fines e abastecimiento de agua para riego y uso industrial.

Ancash: Las empresas Minera Antamina y Pierina han afectado tierras dedicadas a la actividad ganadera y agrícola, persistiendo problemas ambientales derivados de la construcción de infraestructura que afectan tierras de riego y pastoreo.

Junin – La Oroya: Según datos recientes, un promedio de 13 de cada 30 menores de edad muestran niveles elevados de plomo en su torrente sanguíneo. Para la Dirección Nacional de Salud ambienta (DIGESA), los habitantes de La Oroya están expuestos a serios problemas crónicos de salud, principalmente por la descarga de contaminantes tóxicos de la Fundición.

El caso del río Mantaro es una muestra de cómo un importante afluente puede ocasionar enormes pérdidas económicas a una región y además nos muestra el futuro de las poblaciones afectadas al no poder utilizar las aguas para la agricultura y la industria. Continuando el curso del río Mantaro, recibe a innumerables tributarios, muchos de los ellos con aguas de excelente calidad que terminan contaminadas al descargar sus aguas al río, ocasionando la pérdida de recursos hidrobiológicos y la ruptura del ciclo biológico, privando a la población ribereña de abundantes recursos necesarios para su dieta y economía. A tal grado han llegado los niveles de contaminación del río que al pasar por la ciudad de Huancayo, sus aguas no son utilizadas con fines de riego, ni para consumo humano ni industrial: La ciudad de Huancayo se abastece del río Shullcas, un tributario que desciende del nevado Huaytapallana, mostrándose así un ejemplo de los efectos económicos que genera la minería al inutilizar un recurso tan impórtate para el desarrollo de una ciudad.

Otro efecto de la minería es el costo que representa a la economía nacional el mantenimiento y reparación de las turbinas de generación eléctrica de las Centrales Hidroeléctricas del Mantaro, Santiago Antunez de Mayolo y Restitución, por el desgaste por abrasión y corrosión los rodetes de las turbinas, debido al alto contenido de sólidos en suspensión y sustancias químicas corrosivas arrojados por las mineras.

Finalmente los efectos económicos de la actividad minera sobre los ecosistemas se reflejan, en la pérdida del valor de uso de las aguas del río, que viene privando a la capital de disponer las aguas de este importante río con la ejecución del Proyecto Transvase de las aguas del Río Mantaro, el cual fue propuesto como una solución a la escasez de agua de la Capital peruana, pero que, debido a la contaminación del agua con materiales pesados, no pueda ser usado, ocasionando una gran pérdida de posibilidades de generación de energía eléctrica y suficiente dotación de agua con fines de riego de tierras áridas para impulsar la agricultura en costa y uso en la industria.

Moquegua: La descarga de contaminantes atmosféricos en la cuidad de Ilo, emitidos por cerca de 04 décadas de la Fundición Southern Perú Copper Corporation, aun no han sido remediadas. Los conflictos sociales que e han presentado están relacionados con la contaminación del aire debido a la emisión de gases sulfurosos anhídrido nítrico polvo sedimentable el cual afecta la producción agrícola del Valle de Ilo.

Loreto: En la ciudad de Iquitos, un gran problema ha generado la extracción de oro de la cuenca del río Nanay, lo cual ha ocasionado la contaminación de sus aguas con mercurio, constituyéndose un grave riesgo de salud de la población que habita en esta cuenca.

Efectos de la Minería sobre la Economía del Perú

Con la apertura de la economía liberal en los años 90, el sector agrario fue sumamente perjudicado debido a los subsidios aplicados por los países exportadores para favorecer la entrada de productos importados al mercado nacional. Esto trajo como consecuencia el menoscabo de la producción agrícola y contribuyó a la caída de los precios de los principales productos agropecuarios: el arroz, papa, carne, lana y fibra, entre otros. La situación se agravó aún más por el incumplimiento del gobierno de dar prioridad al desarrollo del sector agrario y de aplicar medidas efectivas para su reactivación

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se aplico un programa económico neoliberal el cual brindó las condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. Esto permitió que los empresarios mineros se beneficiaran, afectando a los productores agropecuarios y otros sectores económicos, incrementando el desempleo. Durante este período, se reforzó el centralismo y se profundizó la recesión. Por su parte el gobierno de Alejandro Toledo, con la misma política económica, obligo a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y facilito la inversión de las empresas mineras. Y por ultimo el actual gobierno presidido por Alan García Pérez le da continuidad a estas iniciativas antipopulares.

Aun cuando en el Perú las exportaciones mineras ascienden a US$ 4 573 millones de dólares anuales y representan el 51% de las exportaciones totales, la producción minera sólo contribuye con el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), aportando en impuestos con un promedio anual de 1.9 % de sus exportaciones. Entre 1992 al 2002 la producción minera acumulada superó los 63 mil millones de soles, pero sólo aportó como canon 654 millones de nuevos soles, lo que es apenas el 1%.

La actividad minera tiene un limitado efecto multiplicador en la producción y el empleo, debido al alto nivel tecnológico incorporado en las nuevas inversiones desde los años 90. La minería peruana sólo emplea directamente a 67 mil personas de la población económicamente activa de los cuales 10 mil son personal en planilla con beneficios sociales y 57 mil bajo el sistema de SERVICES, sin beneficios sociales, con trabajos de 12 horas y jornales inferiores a 9 dólares.

Se estima que la generación de 1 puesto de trabajo en el sector tiene un costo de $ 267.00. En Casapalca, por ejemplo, solo hay 110 empleados en planilla y 1,548 se encuentran bajo el régimen de las Services. Asimismo, la minería al no contar con las familias mineras en el área de operaciones no consume productos de la zona. Incluso para la alimentación del personal se adquiere alimentos en frío de proveedores extranjeros.

Desde hace más de 10 años, en el Perú, se viene aplicando una política neoliberal sujeta a los compromisos de los gobiernos de turno con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC, BID, etc. Dentro de este contexto, se dictaron normas que otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la actividad agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso minero, vulnerando los derechos de propiedad de las comunidades; facilidades económicas para el desarrollo de la minería en mejores condiciones que otros sectores económicos, a través de contratos de estabilidad tributaria, beneficios por la reinversión de utilidades, la exoneración de impuestos, la flexibilización laboral, la fiscalización ambiental, etc.

El artículo 62º de la Constitución Política de 1993, vulnera los intereses del Estado prestando hospitalidad a un régimen de absoluta competencia de libre mercado sin ninguna posibilidad de que el propio estado pueda intervenir y tener presencia en la implementación de los tributos y otras contribuciones, no considera la soberanía propia de proteger los recursos naturales y su utilización racional afectando nuestro patrimonio sin transmitir los beneficios a la población.

Responsabilidad Social

El artículo 89º de la Constitución Política de 1993, sólo reconoció el carácter imprescriptible del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, no haciendo lo mismo con las características de inembargabilidad e inalienabilidad como lo establecía la Constitución de 1979. En ese sentido, la actual Constitución no garantiza el derecho de las comunidades a un territorio que ha sido suyo desde tiempos inmemoriales, disminuyendo el derecho de propiedad y no reconociendo todos los atributos que este derecho tiene en el caso de las comunidades con respecto a las tierras y territorios que ocupan.

Los propietarios de los territorios, sean comunales o individuales, sólo tienen derecho al suelo, mientras que el Estado es propietario del subsuelo, en donde se encuentran los recursos mineros. Por ello, las concesiones para el desarrollo de las actividades mineras sitúan en una posición de inseguridad jurídica el derecho de propiedad de las comunidades, muy a pesar de que la Constitución Política señale que este derecho es inviolable, que el Estado lo garantiza y que a nadie se pueda privar de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Sin embargo, es el propio Estado que, mediante el procedimiento que le compete al Ministerio de Energía y Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad con el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las comunidades no están de acuerdo en cederla para la realización de actividades mineras, con ello el propio Estado viola derechos de sus ciudadanos.

El conflicto generalmente se origina cuando se hacen contratos de compraventa de tierras para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales establecidos por la ley No. 26505 que señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto no menor de los dos tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad, mientras que para el caso de la costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.

En la realidad, las empresas se aprovechan de las urgencias económicas de los pobladores, de la falta de conocimiento de sus derechos. Asimismo, el carácter expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su rechazo por parte de las comunidades han hecho que su aplicación sea inviable (además de ser una norma inconstitucional)

El Estado no ha implementado procedimientos de participación y consulta adecuados y efectivos, para que las comunidades tomen decisiones en la función a sus prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades mineras en sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado Peruano.

Responsabilidad Ambiental

Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no han sido resueltos totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos, lagunas y ciudades contaminadas y en destrucción permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por el control de la tierra. Todo esto se intentó resolver con la aplicación por cinco años de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las empresas mineras, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios públicos hasta la fecha.

La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de sus propias normas al exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los PAMAs con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo Ambiental) para empresas que no hayan cumplido con el PAMA pueden acogerse al PEMA.

Tras el otorgamiento por el Estado de las concesiones mineras, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de Energía y Minas después de la Audiencia Pública. Esta última no constituye una consulta sino una reunión para sugerir cambios que permitan superar las ‘imperfecciones’ del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad para fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales consignados en la línea base del EIA y hasta el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el retiro del mismo. A pesar que existe un rechazo al mecanismo, poco se hace para mejorar el procedimiento. La Audiencia Pública resulta ser un mecanismo estatal pro mina con fachada democrática y participativa.

Responsabilidad Económica:

El principal mecanismo de captación para el Estado de las ganancias mineras es el impuesto a la Renta. En el Perú, el mencionado impuesto es del 30% de las utilidades de la empresa, igual para todos los sectores, sin embargo esto cambio desde el Gobierno del dictador Alberto Fujimori, al conceder a las empresas mineras exoneraciones y descuentos especiales.

De los privilegios que tienen las empresas mineras el màs importante es el régimen especial de incentivos a la inversión, por el cual las empresas podrían reinvertir hasta el 80% de sus utilidades, libres de impuestos. Diversas empresas se acogieron a este dispositivo lo que permitió pagar menos impuestos por el equivalente del 30% de ese monto, es decir, US$$ 417 millones de dólares. Este beneficio fue derogado en setiembre del 2000; pero invocando la estabilidad tributaria empresas como Yanacocha y Cerro Verde presentaron programas de reinversión, solicitando el beneficio ya suprimido. Estos fueron concedidos permitiendo un menor pago de impuesto a la renta por US$ 57 millones y US$ 240 millones, respectivamente, pese a que registraron millonarias ganancias. Gracias a las exoneraciones, el pago de Impuesto a la Renta del sector minero, apenas equivalió al 13% del valor total de sus exportaciones en el 2005.

El Canon minero que reciben los gobiernos regionales y municipales es la mitad del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, por lo que todos los privilegios tributarios de que han gozado han sido a costa de las regiones y municipalidades que han dejado de percibir la parte que les corresponden por la explotación de sus recursos naturales.

Otros de los tantos privilegios dados a la minería es la devolución del impuesto general a las ventas (IGV) pagado en la exploración minera. Asimismo, las empresas mineras pueden deducir de su pago de impuestos a las inversiones que afecten en obras viales, puertos, salud, vivienda, telecomunicaciones, entro otros. Considerando las dificultades para la fiscalización de estas inversiones, ello deja abierta una potencial puerta para reducir en exceso sus pago de impuesto. Además tampoco se encuentran afectas al impuesto predial cuando son construidas sobre las concesiones mineras.

El Impuesto a las Sobreganancias Mineras: El gobierno de Botswana se queda con cerca del 80% de las utilidades que la mina de diamantes genera. En Bolivia, y después de estas últimas reformas, el Estado se queda con el 85% del valor del Gas y petróleo. En Ecuador se viene aplicando un impuesto del 50% a las sobreganancias. Durante el 2006, las principales empresas mineras obtuvieron ganancias por S/. 22 mil millones de Soles, unos S/. 10 mil millones más que en el año anterior. Si se aplicase el Impuesto a las sobreganancias de las grandes mineras del 505 como en Ecuador, tomando como base los precios del 2005(ya que eran sumamente elevados), el Estado recaudaría unos S/. 5 mil millones de soles; es decir, 10 veces mas lo que el Estado reparte para el programa de vaso de leche a todos los distritos del país. Más de lo que gana todos los maestros del Perú, los cuales llegan a 300 mil. Suficiente para que en un par de años todos los peruanos tengan agua potable.

Aunque el actual gobierno, durante la campaña electoral, se comprometió a aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, una vez en el poder se retractaron de su promesa. Sin embargo, ante la presión social para que la minería aporte más recursos al desarrollo regional y local, negociaron un “Aporte Voluntario” con las grandes empresas mineras que no alcanzan ni la décima parte de lo que podría ser un impuesto a las sobreganancias, aporte que ha sido objeto de serias críticas las cuales paso a mencionar:

a) En lugar de imponer su soberanía, y el interés nacional, el gobierno se ha rebajado al nivel de un mendigo ante las mineras.

b) El monto pactado (500 millones de soles) es mínimo comparado con las enormes ganancias extraordinarias que las empresas mineras están obteniendo.

c) Bajo las condiciones pactadas, basta que los precios internacionales de los metales caigan un poco, para que el aporte se reduzca a niveles irrisorios.

d) El Estado Peruano abdica de sus responsabilidades pues el “Aporte Voluntario” queda en manos de las mismas mineras que lo van a manejar e invertir como mejor les parezca.

De esta manera, en lugar de contar con un impuesto que sea aplicado de forma imparcial y equitativamente a las ganancias extraordinarias de las empresas mineras, lo que obtienen el Estado es una limosna insuficiente, incierta e improvisada.

Resulta urgente tener una participación justa en la riqueza producida por la extracción de recursos que pertenecen a la Nación. Recursos que pertenecen a toda la nación peruana y no a un grupo de empresas depredadoras de la vida y el honor de las poblaciones indígenas que por centurias convivieron en armonía con su entorno. Es necesario que haya un reparto mas equilibrado de las ganancias extraordinarias de la minería. Las ganancias generadas por la explotación de nuestros minerales son claves para el país, ya que si no aprovechamos en establecer mecanismos que permitan la distribución justa de las ganancias será muy difícil en el futuro remontar el futuro y la pobreza con recursos que no son renovables.

Propuestas

a) Es necesaria la creación de una Autoridad Autónoma que pueda asegurar la supervisión e implementación de instrumentos para la protección ambiental, que rompa de manera definitiva la dependencia del sector Energía y minas.

b) Asegurar que la población potencialmente afectada sea ampliamente informada y adecuadamente consultada al respecto.

c) Implementar una política de adecuado manejo sobre los recursos naturales que se base sobre la consulta adecuada con la población antes de decidir la explotación de sus tierras. Permitiendo a los pueblos participar de los beneficios de la explotación de sus recursos.

d) Indemnizaciones justas por los daños generados por las actividades extractivas, monitoreando los indicadores ambientales y de salud pública (el que contamina paga).

e) El Estado debe de establecer una tasa del 50% como impuesto a las sobreganancias, además de regular las operaciones de las empresas mineras bajo el marco de cualquier actividad privada sin privilegios ni restricciones, lo cual incluye la supervisión sobre derechos laborales y tributarios.

f) Establecer mecanismos permanentes de control y fiscalización sobre cualquier actividad de exploración o explotación minera a fin de evitar que utilicen el poder económico para corromper autoridades regionales y judiciales.