La intensificación del conflicto armado en nuestro país, nos ha mostrado el fortalecimiento de un actor que ha participado directamente en las nuevas dinámicas del conflicto interno que vive Colombia. Dicho actor se conoce normalmente como «paramilitar» o «paramilitarismo», término que resulta algo difuso e incompleto al momento de analizar las dinámicas de la guerra interna que se presenta en la actualidad.
El trabajo que planeo desarrollar, busca analizar el tema, buscando establecer la real composición social del paramilitarismo, tratando de hacer una crítica a las posiciones adoptadas y buscando respuestas a las actitudes, intenciones y actos que realiza el paramilitarismo, teniendo en cuenta sus diferentes facetas.
Partiendo de los conceptos brindados en la clase de Violencia y Política, y teniendo como base del trabajo, las publicaciones y los comunicados que se pueden obtener a través de los medios masivos de las «Autodefensas Unidas de Colombia» y de algunas organizaciones no gubernamentales se tratará de aportar elementos de juicio en torno al análisis del problema paramilitar, siempre teniendo en cuenta los hechos actuales.
EL FENÓMENO PARAMILITAR
La violación de los derechos humanos, se ha convertido en una costumbre perversa en la dinámica del conflicto armado, dicho fenómeno afecta las expectativas de paz de nuestra sociedad y muestra la barbarie y la degeneración de nuestro conflicto interno.
El paramilitarismo ha violado el derecho internacional humanitario más que cualquier otro actor armado, por esto me gustaría presentar el fenómeno como una consecuencia clara del fortalecimiento de la guerrilla y la incapacidad de nuestros gobiernos para erradicar la insurgencia del panorama nacional.
Como hipótesis principal del trabajo, se buscará demostrar que el fortalecimiento del paramilitarismo, como forma de lucha contra la guerrilla resulta de un debilitamiento acumulado de las Fuerzas Armadas y de su incapacidad de luchar limpiamente en contra de la guerrilla, esto sin dejar de tener en cuenta que el fortalecimiento de la guerrilla, ha venido acompañado de nuevas formas de violación del DIH y del usufructo de negocios ilícitos que afectan de manera directa a muchos colombianos.
1.1 Los paramilitares a la mesa de negociación[1]?
En los tres últimos años los paramilitares han experimentado un rápido crecimiento : aumentado sus efectivos, ampliado su radio de acción al norte, oriente y sur oriente del país, y fortalecido las Autodefensas Unidas de Colombia, organismo coordinador de algunas de estas agrupaciones. Han intensificado sus acciones contra la población civil que consideran base social de la guerrilla.
Al mismo tiempo han buscado ganar reconocimiento como proyecto político y militar. Se declaran independientes respecto del Estado pero defensoras del Estado de derecho y sostienen su vocación contrainsurgente. Recientemente, el más visible de sus dirigentes, Carlos Castaño, señalaba que ahora no bastaría la negociación con la guerrilla para que ellos abandonaran la guerra, como quiera que tienen sus propias reivindicaciones frente al Estado. Exigen ser tenidas en cuenta en una negociación de paz y plantean que participarán en el «proceso pero en mesas separadas, en igualdad de condiciones y con las mismas garantías que se le concedan a las guerrillas».
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PARAMILITARISMO
2.1 El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente:
Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del «enemigo interno», representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.
Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de «tipo antiterrorista» y para la «lucha anticomunista». En desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398 de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la «defensa nacional», la «defensa civil» y la promoción en la organización de las «‘autodefensas».
Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordándose, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.
Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrentamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.
Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
2.2 Métodos de acción del Paramilitarismo[2]:
En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.
En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción:
- a) El involucramiento compulsivo de la población.
- b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción.
- c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.
También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.
El involucramiento compulsivo de la población
Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como «autodefensas», en donde se afirma que las patrullas de «campesinos organizados» están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.
Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.
El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de «impuestos» ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.
Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.
La conformación de una estructura permanente
Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.
Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.
Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.
Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias «Rambo» han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.
La contratación de personas para que realicen hechos específicos:
Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.
Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.
Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.
Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.
Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR PARTE DE LOS PARAMILITARES
El fenómeno del paramilitarismo, guarda una estrecha relación con la violación del derecho internacional humanitario, a continuación se presentará un informe acerca de las violaciones al DIH por parte de dichos grupos realizado por Human Rights Watch, que muestra la crudeza del fenómeno.
EXISTENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA
LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA
3.1 Informe de Human Rights Watch[3]
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) engloba al menos siete grupos paramilitares: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el grupo más grande y conocido; las Autodefensas de los Llanos Orientales (también conocidas como Los Carranceros, por el nombre de su líder, Víctor Carranza); las Autodefensas del Cesar; las Autodefensas del Magdalena Medio, el grupo con más antigüedad; las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar; las Autodefensas del Casanare; y las Autodefensas de Cundinamarca.
La aplicación del derecho internacional humanitario a las AUC no les concede ningún estatuto especial ni reconocimiento. Las unidades de las AUC operan con frecuencia en coordinación directa con las fuerzas de seguridad colombianas. Se definen como paramilitares debido a su histórica y constante relación con las fuerzas armadas de Colombia. Dentro de Colombia, estos grupos también pueden llamarse “grupos de autodefensa,” una definición utilizada por las AUC.
Sin embargo, las AUC actúan de manera independiente y tienen una estructura de mando, una fuente de suministro de armas y provisiones, y una planificación de operaciones separadas. El líder de las AUC, Carlos Castaño, ha manifestado varias veces su voluntad de comprometer a sus fuerzas a respetar el derecho internacional humanitario. Sin embargo, también ha dicho que sus fuerzas no respetarán las vidas de los guerrilleros fuera de combate o civiles sospechosos de colaborar con la guerrilla, excepciones que demuestran que su supuesto apoyo al derecho internacional humanitario no tiene mayor sentido.
3.2 Las AUC
Las AUC son las herederas de Muerte a Secuestradores (MAS), una alianza formada en los ochentas entre el Ejército de Colombia, la Policía y empresarios y ganaderos del Magdalena Medio. En esa época, el Ejército y los paramilitares calificaban su actividad de necesaria para rechazar las incursiones de la guerrilla.
Sin embargo, en 1983, la Procuraduría había registrado más de 240 asesinatos políticos por parte de las MAS, entre cuyas víctimas se encontraban funcionarios electos, finqueros y líderes comunitarios. En su informe, el procurador Carlos Jiménez Gómez identificó a 59 miembros en activo de la Policía y el Ejército que pertenecían a MAS, entre ellos el Comandante del Batallón de Infantería Bomboná. En una entrevista con Human Rights Watch, Carlos Castaño, fundador de las AUC y el líder paramilitar más poderoso de Colombia, situó su primera participación en la actividad paramilitar en la capacitación que recibió a principios de los ochentas en el Batallón Bomboná.
Castaño empezó como guía, combatió con las tropas y identificó a presuntos subversivos. Mientras tanto, su hermano mayor, Fidel, fue amasando una fortuna procedente del narcotráfico. Fidel invirtió sus ganancias en tierras y se convirtió en uno de los ganaderos más poderosos de Colombia. Con los beneficios de Fidel así como con las contribuciones de terratenientes y empresarios, los Castaño decidieron formar su propio ejército a mediados de los ochentas, conocido como “Los Tangüeros,” por el nombre del rancho de Castaño.
“Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que esta batalla es desigual,” dijo a Human Rights Watch en una entrevista. “Nos dimos cuenta que podíamos utilizar las mismas estrategias que la guerrilla y adoptar sus métodos de combate.”
Por ejemplo, en Las Tangas, mercenarios extranjeros y oficiales del Ejército en el servicio activo enseñaron a paramilitares y a sicarios profesionales que trabajaban para los capos de la droga como disparar, hacer bombas y emboscadas a mediados de los ochentas.
La estrategia de los Castaño se saldó con un historial especialmente violento, descrito por una comisión del gobierno como “uno de los capítulos más luctuosos de la violencia reciente del país.” Por ejemplo, el 14 de enero de 1990, los Tangüeros secuestraron y asesinaron a 42 personas de Pueblo Bello, en Urabá, al parecer como venganza por la muerte a manos del EPL de varios pistoleros de los Castaño.
Meses más tarde, los cuerpos de seis de los secuestrados fueron hallados en fosas clandestinas que contenían un total de 24 cadáveres en Las Tangas y Jaraguay, otro rancho de los Castaño.
Fidel Castaño fue condenado en ausencia por su participación en esa masacre. Carlos Castaño ha admitido la participación de su familia en la masacre de Pueblo Bello, pero ha afirmado que fue “un error” debido al mal entrenamiento. “Nuestra fuerza militar había crecido enormemente, y a veces los hombres utilizaban las armas con malos fines,” dijo.
Las masacres por parte de los Tangüeros provocaron desplazamientos forzados masivos durante la segunda mitad de los ochentas, y municipios enteros se vaciaron por el terror. Según una organización que trabaja con los desplazados, los mismos narcotraficantes convertidos en terratenientes que sufragaban el ejército de Castaño compraban las tierras abandonadas a precios baratos, lo que promovía la campaña de deshacerse de los guerrilleros y de sus presuntos simpatizantes en la región.
Esta tendencia continúa y los narcotraficantes siguen comprando grandes extensiones de tierra abandonadas por las familias desplazadas. “La compra de tierras por los narcotraficantes cambia el curso de la guerra, porque los nuevos terratenientes pasan a la organización paramilitar,” comentaba Alejandro Reyes, un sociólogo que ha estudiado la violencia política, en una entrevista con Human Rights Watch. “Empieza entonces la defensa territorial de los narcos.”
Los Tangüeros establecieron un modelo claro de operación, que sigue siendo empleado por las AUC. En primer lugar, circulan los rumores de un ataque inminente, las pintadas y las amenazas de muerte escritas. En la noche en cuestión, hombres fuertemente armados llegan en vehículos al lugar y empiezan a sacar a gente de sus casas para matarlos. Ninguna de las personas que entrevistamos en el departamento de Córdoba en 1992, entre ellas autoridades del gobierno, tenía conocimiento de un enfrentamiento entre los Tangüeros y las fuerzas de seguridad; al contrario, conocidos líderes paramilitares solían dormir en las instalaciones militares aparentemente para protegerse de los ataques de la guerrilla.
Por ejemplo, en el municipio de El Tomate, cuyos habitantes eran considerados por los paramilitares como simpatizantes del EPL, hombres armados se apropiaron de un autobús público y mataron a cinco pasajeros, el 30 de agosto de 1988. Los pistoleros ejecutaron a otros diez residentes de El Tomate tras sacarles de sus casas. Incendiaron 22 casas y el autobús público, con el conductor esposado al volante.
Las personas consideradas simpatizantes de la guerrilla o de su ideología (entre ellos maestros, líderes comunitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores religiosos) también eran objetivos legítimos a pesar de no haber participado activamente en el conflicto. Con frecuencia, era el propio trabajo el que les ponía en peligro. Entre las víctimas de los Tangüeros se encuentra Sergio Restrepo, un párroco jesuita que administraba la parroquia de Tierralta en Córdoba. Al parecer, Restrepo se convirtió en objetivo debido a su trabajo con los pobres, que fue considerado pro guerrillero y comunista. En 1988, un sicario de los Castaño lo abatió con disparos a la entrada de la casa parroquial jesuita.
Como han reconocido los propios Castaño, algunas de las víctimas era también transeúntes asesinados por error.
Tras otra serie de masacres llevadas a cabo por los paramilitares del Magdalena Medio y sus cabecillas en el Ejército en 1989, entre ellas el asesinato de dos jueces y diez investigadores del gobierno en La Rochela, Santander, el gobierno de Virgilio Barco dictó el Decreto 1194, que establecía sanciones penales para los civiles y los miembros de las fuerzas armadas que reclutaran, entrenaran, promovieran, financiaran, organizaran, lideraran o pertenecieran a “grupos armados, mal llamados grupos paramilitares, que hayan sido formados en escuadrones de la muerte, bandas de asesinos a sueldo, grupos de autodefensa o grupos que se toman la justicia por su mano.”
A pesar de este Decreto, ni Fidel ni Carlos Castaño han sido nunca detenidos por su participación en la dirección de un ejército privado o por ordenar masacres, aunque ambos cuentan con múltiples condenas y órdenes de arresto pendientes.
En 1990, los guerrilleros del EPL habían sido diezmados por la acción combinada del Ejército y los Tangüeros. En agosto, Fidel Castaño y algunos paramilitares del Magdalena Medio ofrecieron entregar sus armas si el EPL se disolvía, un acuerdo que condujo a la desmovilización de más de 2.000 militantes del EPL, el 1 de marzo de 1992. Castaño también entregó algunas armas a las autoridades. A través de una fundación familiar, con el nombre de Fundación por la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR), los Castaño donaron tierras, dinero y ganado a cientos de ex guerrilleros del EPL para que establecieran pequeños negocios, fincas, redes comerciales, escuelas y programas de capacitación.
No obstante, la paz no duró mucho. Cuando los ex miembros del EPL formaron Esperanza, un partido político legal, las FARC habían ampliado sus actividades al norte de Colombia y habían ocupado gran parte del antiguo territorio del EPL. Algunos miembros del EPL rechazaron los términos de las negociaciones y retomaron las armas. Carlos Castaño nos dijo que, por este motivo, su familia decidió reactivar su ejército como las ACCU y convertirlo en una fuerza nacional para derrotar a la guerrilla.
En entrevistas de prensa, Carlos Castaño ha afirmado que su hermano mayor, Fidel, desapareció en un viaje por tierra de Colombia a Panamá en 1994, poco después de escribir una carta al entonces ministro del interior Horacio Serpa manifestándole su deseo de participar en las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. La oferta no obtuvo respuesta. Desde la desaparición de Fidel, Carlos se ha convertido en el líder de las ACCU y después de las AUC.
“En 1993, teníamos 600 armas. Empezamos a establecer frentes en otras regiones para combatir a la guerrilla. Se establecía un frente a petición de la gente que vivía en la región que estaban dispuestos a pagarlo.”
Las ACCU se convirtieron rápidamente en el grupo paramilitar más grande y organizado de Colombia. Aunque cada frente tiene un líder local, Castaño dice que todos se coordinan a través del mando central. Castaño es el comandante en jefe. Al igual que la guerrilla a la que imitan conscientemente, las ACCU tienen un estado mayor conjunto compuesto por líderes de cada grupo paramilitar regional. Los grupos regionales tienen también estados mayores regionales. La fuerza combativa está dividida en dos tipos de unidades: las juntas de autodefensa locales y los grupos de apoyo; y los frentes de choque, mejor entrenados y equipados y capaces de desplazarse rápidamente por toda Colombia. Las ACCU cuentan con ex guerrilleros del EPL, algunos de los cuales se entregaron directamente a los paramilitares.
Tanto los combatientes locales como especiales reciben un salario base además de alimentos, un uniforme, armas y municiones. Los fondos para cubrir estos gastos provienen de ganaderos y empresarios locales. Además, han aparecido nuevas pruebas que relacionan a Castaño con el narcotráfico en Antioquia y Córdoba, un negocio que ha ganado una fortuna para familia.
Un empresario explicó a Human Rights Watch como le habían dicho que asistiera a un reunión convocada por Castaño en el norte de Antioquia para colectar fondos para una unidad de las ACCU. “Cada persona debía pagar una cuota de entre 3.000 y 5.000 dólares EE.UU., y todos sabían para que era,” nos dijo.
En contraste con los ochentas, cuando el ejército de los Castaño era una fuerza fundamentalmente regional, las ACCU patrocinaron una cumbre nacional para formar una alianza de grupos con ideas afines en diciembre de 1994, que condujo a la fundación de las AUC. Según Castaño, dentro de las AUC, “cada frente es autónomo y responsable de su región en el campo financiero y debe reivindicar o desmentir las acciones que se le atribuyen.” Sin embargo, las regiones comparten municiones, armas y hasta hombres. Los defensores coinciden en que Castaño ejerce el control en última instancia de las AUC, y es el que tiene una visión más clara de futuro.
Castaño niega trabajar con el Ejército, aunque reconoce que hay “simpatía” entre las ACCU y las fuerzas de seguridad. Dijo a Human Rights Watch que, en ocasiones, si los paramilitares están combatiendo a la guerrilla y aparece el Ejército, “es natural que combinemos fuerzas con el Ejército para derrotar a un enemigo común.” Durante su Tercera Cumbre, el grupo reconoció una relación continuada con las fuerzas armadas, que “nos quieren usar, pues es bien sabido que nosotros somos quienes en últimas ponemos el pecho en el combate y en buena parte de los operativos antiguerrilla.”
De hecho, existen pruebas abundantes y coherentes que demuestran que Castaño se coordina con frecuencia con el Ejército, incluso en asesinatos políticos destacados. Por ejemplo, la Fiscalía General acusó a Castaño de participar en el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda, llevado a cabo con la presunta asistencia de la Novena Brigada del Ejército.
Las ACCU iniciaron su campaña de eliminación de guerrilleros en Urabá y después se expandieron hacia el sur en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre. Cuando hablamos con Castaño en 1996, éste afirmó que contaba con más de 2.000 combatientes entrenados, armados y equipados distribuidos en cinco frentes, además de su cuartel general en San Pedro de Urabá. Los analistas del gobierno de Colombia estiman la misma fuerza combativa, que puede aumentar en centenares en función del lugar donde Castaño planee realizar una operación.
A finales de 1996, las AUC contaban con paramilitares del Magdalena Medio, liderados por Ramón Isaza, y de los Llanos Orientales, liderados por Víctor Carranza. En esa época, las AUC planeaban establecer nuevos frentes en los departamentos de Guaviare y Putumayo, saltando hasta la frontera más al sur de Colombia. Por su parte, las ACCU también cruzaron la frontera norte de Colombia con Panamá en persecución de guerrilleros, que durante años han utilizado como refugio está zona poco poblada.
Después de que las ACCU fueran relacionadas con 90 asesinatos en un período de 22 días a finales de 1996, el gobierno de Colombia anunció una “ofensiva total” contra ellos y una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a la captura de Castaño.
Sin embargo, durante los meses siguientes, las fuerzas de seguridad no hicieron ningún esfuerzo para encontrarle y detenerle. De hecho, Castaño siguió reuniéndose habitualmente con reporteros, funcionarios de gobiernos municipales y del gobierno nacional y representantes de la Iglesia en áreas controladas por él. Cuando se repitió la recompensa un año después, esta vez a la par de la foto de Castaño, el gobierno prometió enviar contra él un equipo especial liderado por la Policía.
Cuando se escribió este informe, la Fiscalía General y la Policía habían capturado a líderes paramilitares, entre ellos Víctor Carranza. Sin embargo, Castaño sigue operando libremente y ha lanzado una nueva ofensiva en el departamento de Putumayo.
3.3. Las AUC y el derecho internacional humanitario
Las AUC han reconocido algunos principios del derecho internacional humanitario y acepta la capacitación en materia de leyes humanitarias impartida por el CICR. Sin embargo, todavía tiene que ajustar su conducta sobre el terreno a estos principios. En cambio, las AUC han pedido “negociaciones” con la guerrilla para “llegar a un acuerdo que permita marginar a la población civil y poder así darle cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario,” ignorando el hecho de que no se necesitan negociaciones para aplicar inmediatamente estos principios. Las conversaciones con representantes del gobierno han sido esporádicas pero constantes.
Dentro de las AUC, las ACCU es la organización más receptiva. Los estatutos de las ACCU prohíben el reclutamiento forzado de miembros y el ataque a personas que no participan directamente en el conflicto. Los combatientes que desobedecen las órdenes son sancionados y pueden ser expulsados, según el estatuto.
En otro documento, las AUC han prohibido el reclutamiento de combatientes menores de 18 años; el desplazamiento forzado y el secuestro o la desaparición forzada de civiles.
“En el pasado, los grupos de autodefensa cometieron errores,” dijo Castaño a los reporteros del diario El Tiempo en 1997. “Fue producto de la falta de profesionalización e ignorancia, pero comenzamos a entrar en un proceso de recuperación. Hubo grupos en muchos lugares a los que les dimos una especie de golpe de estado: les quitamos los fusiles y los echamos. Se hizo un depuración y así unificamos el movimiento.”
Al mismo tiempo, sin embargo, Castaño ha alegado que la naturaleza de la guerra de Colombia (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hace que los principios estrictos sean difíciles si no imposibles de aplicar. En su lugar, ha defendido una versión “criolla” del derecho internacional humanitario, adaptable a la guerra irregular colombiana.
“No hemos disparado a gente indiscriminadamente,” dijo a la revista Cambio 16 en diciembre de 1997. “Las masacres no existen… Lo único que acepto es que mato guerrilleros fuera de combate.”
Tras una revisión detallada de los casos y entrevistas sobre el terreno, Human Rights Watch ha concluido que lejos de intentar respetar el derecho internacional humanitario, las AUC dependen de la violación clara, deliberada y sistemática de estas normas para hacer la guerra. Además, los investigadores del gobierno, los miembros de la Iglesia, las organizaciones de ayuda humanitaria y las víctimas de las AUC coinciden en que éstas sólo defienden de palabra las protecciones contenidas en el Artículo 3 Común y el Protocolo II. Las AUC han hecho una ostentación reiterada y enérgica de sus desdén por las normas internacionales por medio de la comisión de masacres, asesinatos de civiles y combatientes fuera de combate, tortura, mutilación de cadáveres, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, toma de rehenes, detención arbitraria y pillaje, entre otras violaciones.
“La gente muere porque viven en áreas dominadas por la guerrilla y porque son considerados simpatizantes de ésta por los paramilitares,” dijo a Human Rights Watch un analista de inteligencia del gobierno.
En 1997, el Banco de Datos registró al menos 155 masacres cometidas aparentemente por unidades aliadas a las AUC, lo que convertía a esta última en responsable de la gran mayoría de los asesinatos considerados una violación del derecho internacional humanitario en Colombia. En ese mismo periodo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía formuló acusaciones en 271 casos con miembros de las AUC implicados, muchos de ellos relacionados con masacres.
Por su parte, las ACCU, el grupo más poderoso de las AUC, han rechazado cientos de denuncias de que sus miembros capturan habitualmente a personas y mutilan y decapitan los cadáveres de las personas que han ejecutado. Sin embargo, dichas denuncias son coherentes, generalizadas y están basadas en fuentes creíbles, por lo que consideramos que no son sólo habituales, sino una estrategia concreta que no se castiga. De los 150 casos de tortura registrados por el Banco de Datos en 1997, 141 fueron atribuidos a grupos paramilitares. De estos, la mayoría de los torturados fueron asesinados después. Además, en muchos casos, se desmiembran, decapitan y mutilan los cadáveres con sierras eléctricas, ácido y a golpe de machete.
En las entrevistas, Carlos Castaño puede ser directo y no mostrarse arrepentido de las estrategias que violan el derecho internacional humanitario. En una entrevista con el periodista Germán Castro Caycedo, Castaño dijo que la estrategia de los Tangüeros de masacrar deliberadamente a los civiles que creían que llevaban alimentos, medicinas y otras provisiones a la guerrilla fue una táctica útil que las AUC han empleado con energía.
“Nos dimos cuenta que conseguíamos aislarlos y vimos que era una estrategia que daba muy buenos resultados… Hoy seguimos aplicando ese mismo mecanismo acá [en Urubá]… con los mismos excelentes resultados producidos en aquella época.”
En sus conclusiones sobre la Tercera Cumbre en 1996, las AUC ofrecieron prácticamente una lista de personas consideradas objetivos militares, ignorando completamente las cuidadosas distinciones que los combatientes debenhacer para proteger a los civiles. “Todos los habitantes de una región dominada por cualesquiera de los bandos, son potencialmente combatientes, bien en su condición de simpatizantes activos, los cuales no toman parte directa en el conflicto pero sí asumen la decisiva responsabilidad de transmitir órdenes e informaciones, suplir líneas de comunicación, proveer abastecimientos de toda índole, infiltrar al enemigo, ‘recaudar’ fondos, ejercer el comisariato político, etc.; y servir además como conexión entre los grupos de acción y la población… Y los simpatizantes pasivos que asumen la tarea de no ver nada, no oír nada y especialmente, no saber nada.”
Un pronunciamiento de las ACCU divulgado en el departamento de Bolívar en diciembre de 1996 condensa la estrategia de Castaño. Según el pronunciamiento, los combatientes de las ACCU planeaban llevar a cabo un censo de población para distinguir a las “personas que están dedicadas a trabajar honradamente de los públicamente conocidos como guerrilleros… los cuales serán detenidos y ejecutados.” En la segunda categoría se incluía a “aquellos que apoyan [a la guerrilla] ideológica y materialmente, porque así estamos golpeando las bases de la guerrilla contribuyendo así a la tarea de destruirlos.”
Como queda claro, estas declaraciones y la conducta de las unidades de las AUC sobre el terreno reflejan un profundo rechazo al derecho internacional humanitario, a pesar de que Castaño ha aprendido a elogiarlas en documentos públicos y entrevistas.
Durante 1996 y 1997, las unidades de las AUC establecieron una práctica sistemática clara de violaciones del derecho internacional humanitario. Una unidad entraba en un municipio, ejecutaba a los civiles considerados simpatizantes de la guerrilla y se iba. Como señaló el sociólogo Alfonso Reyes en el diario El Espectador, en cientos de casos, las masacres de civiles lograron una finalidad definitiva aunque brutal.
“La masacre de sospechosos [por parte de los paramilitares] es una notificación eficaz a la población para que corte sus lazos de apoyo a la guerrilla,” señaló. “Muchos que colaboran con ella se asustan y huyen de la región, con los que quedan, de preferencia las víctimas de las guerrillas, se organiza la red de autodefensas y la región queda recuperada.”
Por ejemplo, el 2 de abril de 1997, unos 200 miembros de las ACCU cruzaron la frontera de Colombia con Panamá y se internaron en los municipios de La Bonga y Titiná, Panamá, ocupados por refugiados colombianos. Se informó que los paramilitares mataron a tres residentes después de sacarlos por la fuerza de sus casas. La cuarta víctima, Remberto Arrieta, fue asesinado cuando intentaba escapar. Aunque las ACCU, que reivindicaron el ataque, dijeron que los muertos eran guerrilleros, las organizaciones de derechos humanos que entrevistaron a testigos posteriormente los describieron como un leñador, una campesina y dos finqueros, a los que los paramilitares acusaban de asistir a la guerrilla y que no participaban directamente en las hostilidades. Como consecuencia, muchos huyeron de la zona.
Cuando Human Rights Watch le preguntó a Carlos Castaño porqué las ACCU habían matado a varios carniceros en el interior y los alrededores de Tierralta, Córdoba, en 1996, reconoció la responsabilidad del grupo por los asesinatos y demostró su política de violaciones del derecho internacional humanitario. Castaño dijo que la guerrilla roba ganado de los ganaderos que cambia por ganado propiedad de pequeños finqueros. Cuando los pequeños finqueros llevan el ganado robado a los mataderos locales, los carniceros lo compran. Por lo tanto, según el razonamiento de Castaño, los carniceros asisten a los guerrilleros y pierden su estatuto de civiles. “El asesinato de carniceros estaba destinado a enviar el mensaje de que la gente no puede seguir ofreciendo este apoyo económico a la guerrilla,” dijo a Human Rights Watch.
Castaño también ha admitido los ataques a políticos de izquierdas por el sólo hecho de serlo, violando la protección garantizada a los civiles por el derecho internacional humanitario. En las conclusiones de la Primera Cumbre de las AUC en 1994, se afirma que mientras la guerrilla siga ejecutando a miembros de las fuerzas de seguridad y a las familias de paramilitares, consideraran objetivos principales a los “cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda,” lo que implica una clara violación del DIH
Castaño confirmó su posición en 1997, cuando dijo a los reporteros que sus fuerzas matarían a los candidatos considerados simpatizantes de la guerrilla.
Está claro que estos ataques son violaciones del derecho internacional humanitario, que protege a los civiles aún cuando se pronuncien públicamente en favor de una de las partes del conflicto, en la medida que no tomen parte activa en las hostilidades. El derecho internacional humanitario tampoco hace excepciones para los abusos cometidos en respuesta a las violaciones cometidas por el enemigo; todos los bandos están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, independientemente de que sus enemigos lo hagan.
Los defensores de los derechos humanos que denuncian abusos paramilitares son también objetivos de las AUC. Después de que el Grupo de Autodefensas de Santander y el sur del Cesar matara a 11 personas y detuviera arbitrariamente al menos 34 en Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, los líderes de derechos humanos protestaron y apelaron a las autoridades para que investigaran. Como consecuencia de esto, el grupo paramilitar, perteneciente a las AUC, divulgó una amenaza en la que nombraba a la presidenta de Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), grupo de derechos humanos que trabaja en la región del Magdalena Medio, Osiris Bayther, y la declaraba “objetivo militar” por colaborar presuntamente con la guerrilla. El 4 de junio, los investigadores del gobierno anunciaron que los paramilitares les habían dicho que al menos 23 de los detenidos habían sido disparados y que sus cuerpos habían sido incinerados, una grave violación del derecho internacional humanitario.
Para contrarrestar las acusaciones de abusos cometidos por las AUC, Castaño dice que su grupo consulta con al menos tres fuentes de inteligencia no relacionadas entre ellas para confirmar que un posible objetivo es un combatiente antes de llevar a cabo el asesinato. Castaño ha dicho a los periodistas que los sospechosos sólo se ejecutan después de ser condenados por un panel de tres jueces paramilitares, que deben reunir pruebas procedentes de dos fuentes independientes antes de dictar una sentencia.
Cabe destacar, sin embargo, que rara vez las AUC cumple ni siquiera con estas medidas evidentemente inadecuadas antes de matar a las personas que acusa de apoyar a la guerrilla. Por lo tanto, las menciones a la reunión de pruebas y los paneles de jueces forman parte de una iniciativa cínica de relaciones públicas destinada a justificar lo injustificable: las masacres y las ejecuciones de civiles y combatientes fuera de combate.
Human Rights Watch pudo comprobar “los procesos judiciales” de las AUC en el caso de una persona que conocíamos bien y de quien Castaño había dicho que era un guerrillero comprobado por sus llamadas fuentes independientes de inteligencia. Según Castaño, esta persona había suministrado tiendas, alimentos y medicinas a la guerrilla, y había viajado en zonas controladas por la guerrilla. Castaño señaló que por este motivo su nombre estaba en una lista negra.
Le indicamos que la persona en cuestión, un trabajador de ayuda humanitaria, estaba en esa época asistiendo a cientos de familias de desplazados forzados por el conflicto armado. Es posible que esta persona hubiera entregado provisiones a un guerrillero; no obstante, su trabajo consistía en distribuir tiendas, alimentos y medicinas a las familias desplazadas, sin distinguir entre guerrilleros vestidos de civiles y civiles que no participaban directamente en las hostilidades, ni negar la ayuda en base a este criterio. La persona en cuestión no participó directamente en ningún momento en las hostilidades.
Castaño aceptó que sus fuentes no eran siempre confiables y que era posible que no hubieran tenido en cuenta el trabajo de esa persona. Sin embargo, estaba claro que para las AUC este tipo de razonamiento sirve para convertir en objetivo militar a casi cualquier ser humano que vive o trabaja en áreas con presencia guerrillera.
NARCOTRÁFICO, VIOLENCIA Y PARAMILITARISMO
La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína[4].
El fenómeno paramilitar no es ajeno a esta realidad, hecho que afecta notablemente la credibilidad de las AUC como fuerza de carácter político y que no persigue intereses particulares.
La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.
La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.
Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza.
Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente «efecto tequila», por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.
Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total.
Mediante el presente trabajo buscaremos analizar los diferentes aspectos que influyen en la construcción y el desarrollo de la consolidación del narcotráfico en nuestra sociedad buscando examinar el problema desde el mayor número de perspectivas posibles.
4.1 Relación entre paramilitarismo y narcotráfico.
Aunque se quiera mostrar una ideología detrás del fenómeno del paramilitarismo, es un hecho evidente que el paramilitarismo resulta financiado también por los activos que resultan del tráfico de drogas.
Se afirma que en la última década el fenómeno del narcotráfico presenta tres grandes características: asentamiento geopolítico guiado por el afán de poder; notorio aumento, pese a las política de control social; y utilización de nuevos y más sofisticados mecanismos técnicos para el reciclaje del dinero ilícito proveniente del mismo.
Con relación al reciclaje del dinero ilícito, se plantea que se han dado pasos jurídicos y de implementación técnica muy significativos. Sin embargo, la realidad del aumento de las cifras de lavado de dinero desmienten la eficacia de tales instrumentos normativos e insta a buscar instrumentales preventivos con mayor capacidad operativa para minimizar el fenómeno.
El fenómeno paramilitar, ha demostrado que existen claras coincidencias entre las formas de operar de los paramilitares con los narcotraficantes, incluyendo técnicas terroristas, operativos de movilización e inteligencia e infiltración en las más altas órbitas sociales.
Al tiempo que generó excedentes colosales, la organización del narcotráfico colombiano se tornó cada vez más poderosa y compleja. También crecieron los riesgos de la actividad ilegal y la persecución de las autoridades, lo que obligó a los carteles a buscar la inmunidad judicial y política.
El narcotráfico irrumpió en el ámbito político desde los años setenta por medio del soborno y la violencia: «plata o plomo» ofrecieron los narcotraficantes y lo cumplieron cabalmente.
En los ochenta el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar Gaviria, logró controlar la comercialización de cocaína del país y someter al resto de las organizaciones de narcotraficantes. En cierto momento, se ha afirmado, la mayoría de los servicios de inteligencia y las fuerzas policiacas quedaron bajo el control del poderoso cartel que, mediante el financiamiento de campañas electorales de legisladores y gobernadores, ganó influencia política en ciertas zonas de Colombia.
La organización creó un grupo terrorista, los tristemente célebres «Extraditables», con el fin de presionar para que el gobierno no eliminara la prohibición de extraditar nacionales a Estados Unidos. Con el lema de «mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos», los Extraditables desataron una de las más graves olas de violencia en la historia colombiana reciente, al menos en tres frentes: en la propia organización y contra otros carteles de la droga; contra funcionarios y personajes independientes con opiniones desfavorables a los barones de la droga, y contra dirigentes y organizaciones políticas. Con ello nació un nuevo vocablo: «narcoterrorismo». Quienes no recibieron «la plata», pocas veces escaparon del plomo. La multiplicación de los asesinatos (incluidos los de tres candidatos presidenciales, un procurador general, un ministro de justicia y numerosos jueces y funcionarios del poder judicial), así como la oleada de secuestros y atentados, impulsaron al Estado a combatir sin cuartel al temible cartel. Finalmente, éste se desarticuló a principios del actual decenio al morir Escobar a manos de fuerzas públicas paramilitares.
Derrotado el terrorismo extremo del cartel de Medellín, otra organización más compleja ocupó el liderazgo del negocio de las drogas: el cartel de Cali.
A diferencia de los líderes de Medellín, los de Cali cultivaron una imagen de respetables hombres de negocios, con importantes inversiones en diversas actividades económicas, desde la industria de la construcción, cadenas comerciales, bancos y estaciones de radio hasta equipos de fútbol. Los barones de las drogas de Cali no son partidarios de la violencia, aunque no dudan en ejercerla si es necesario. Las siguientes palabras de los hermanos Rodríguez Orejuela, principales líderes, encierran la filosofía del cartel: «Nosotros no matamos jueces… los compramos».
Por lo demás, el complejo sistema de inteligencia de la organización, considerado en Estados Unidos como el más eficiente de su tipo en América Latina, le permite saber con antelación operaciones encubiertas, movimientos del gobierno, políticos sobornables, etcétera.
PARAMILITARISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO
“El desplazamiento forzoso causado por violencia «especialmente paramilitar» es un problema socio – demográfico relevante en el contexto de la situación nacional, toda vez que representa aproximadamente el 2% del total de la población. Es decir, que uno de cada 60 Colombianos fue obligado a migrar por factores de violencia en los últimos diez años[5]”.
El fenómeno de la violencia, no es nuevo en nuestro país, donde los desplazamientos generados por éste fenómeno son muy corrientes y lamentablemente frecuentes.
Aproximadamente 110.000 hogares sufren de este problema, familias que deben ser atendidas, transportadas y reubicadas, para que regresen al empleo y obtengan un nivel de vida digno y si es posible bajo una economía de falta de subsistencia.
5.1 Refugiados y desplazados.
Son refugiados las personas que “debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, deben cambiar sus lugares de habitación con el fin de huir a sus temores. Cuando las migraciones forzosas se producen dentro del territorio nacional por razones de conflicto armado interno y/o violación sistemática de derechos humanos, entre otras causas violentas, los migrantes asumen la categoría de desplazados internos.
5.2 Información demográfica.
Según los resultados de la encuesta nacional de párrocos :
“En Colombia existen entre 544.801 y 627.720 personas desplazadas por razones violentas en Colombia en los últimos diez años”.
Población desplazada según sexo.
Sexo % No Personas
Mujeres 58.2 341.204
Hombres 41.8 245.261
Total 100.0 586261
Jefes de familia según sexo
Sexo %
Hombres 75.4
Mujeres 24.6
39.316 personas perdieron en hechos violentos a sus esposos o a uno más de sus hijos, antes de desplazarse (datos de 1997).
Edad de Otros integrantes de Familia (Estimación sobre el total de la población desplazada)
Años % No Personas
1 a 4 8.9 42.538
5 a 9 14.7 70.260
10 a 14 18.7 88.900
15 a 19 17.1 81.253
20 a 24 12.6 60.223
25 a 29 9.0 43.016
30 a 34 5.5 26.288
35 a 39 3.9 14.388
40 o más 9.6 46.842
Total 100 477.060 + (108.301)
+ Jefes de Familia
El desplazamiento forzado generado por la violencia, es una consecuencia clara de la acción de grupos tanto subversivos como paramilitares, violando claramente los derechos humanos y utilizando lamentablemente este hecho como botín político o demostración de fuerza.
ESTRATEGIA CONTRA EL PARAMILITARISMO
A continuación se presentarán algunas sugerencias tanto personales como recopiladas de la bibliografía en relación de la lucha paramilitar.
- Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.
- Además, hacer efectivas las órdenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares
- Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.
- Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.
- Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.
- Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.
CONCLUSIONES PERSONALES
- Las Autodefensas Unidas de Colombia, están disfrazando intereses particulares con una plataforma política y social, la cual es incoherente con sus acciones y métodos.
- Los nexos entre los grupos paramilitares y el ejercito nacional, son evidente, sin embargo no existen políticas claras por parte de nuestros gobernantes para erradicar este fenómeno
- El principal factor de violación del DIH, es atribuible a la violencia paramilitar.
- El desplazamiento forzoso en nuestro país es causado principalmente por la pugna entre guerrilla y paramilitarismo.
- Los nexos entre el paramilitarismo y el narcotráfico son claros, se puede afirmar que los métodos utilizados por los narcotraficantes son muy parecidos a los métodos paramilitares.
- No se puede considerar a los paramilitares como fuerza beligerante, ni mucho menos como un actor político que persiga beneficios sociales para nuestro pueblo.
- Debemos rechazar enfáticamente la existencia del paramilitarismo en todas sus formas.
BIBLIOGRAFÍA
- Informe de Human Rights Watch: «VIOLACIONES DEL DERECHO HUMANITARIO POR PARTE DE LOS PARAMILITARES. Aparte de un artículo publicado En Internet en www.hrw.org
- Encuesta Nacional de Párrocos 1997. «Violencia y Desplazamiento Forzado en Colombia» Conferencia Nacional Episcopal: Problemas Sociales Colombianos.
- «Conflicto armado y Paramilitarismo en Colombia» Artículo publicado en Internet: Editor: Equipo Nizkor Apartado de Correo 15116 28080 Madrid – España Fax/Tfono 34.1.5170141
- nizkor@derechos.org
- http://www.derechos.org/nizkor
- GONZALES Patricio. Lavado de dinero: un desafío criminológico. Revista Chilena de Derecho. (Santiago, Chile), Vol. 22, Nº 2, 1995. p. 321-324.
- STEINER SAMPEDRO, Roberto “Los ingresos de Colombia producto de la exportación de Drogas ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre de 1996
- Colombia frente al Narcotráfico, Un reto de largo plazo, estudio publicado por fundapresencia, ubicado en www.fundapresencia.org.co.
- RICARDO PEÑARANDA S., EDUARDO PIZARRO L. y JAIME ZULUAGA N. Análisis de la Situación Colombiana «Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales». UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
- www.semana.com.co
- www.eltiempo.com.co
- www.fundapresencia.org.co
- Apuntes y opiniones expresadas en la clase «Violencia y Política» Prof. Jaime Zuluaga.
[1] RICARDO PEÑARANDA S., EDUARDO PIZARRO L. y JAIME ZULUAGA N. Análisis de la Situación Colombiana «Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales». UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
[2] Tomado de: «Conflicto armado y Paramilitarismo en Colombia» Artículo publicado en Internet: Editor: Equipo Nizkor Apartado de Correo 15116 28080 Madrid – España Fax/Tfono 34.1.5170141
nizkor@derechos.org
http://www.derechos.org/nizkor
[3] Informe de Human Rights Watch: «VIOLACIONES DEL DERECHO HUMANITARIO POR PARTE DE LOS PARAMILITARES. Aparte de un artículo publicado En Internet en www.hrw.org
[4] STEINER SAMPEDRO, Roberto “Los ingresos de Colombia producto de la exportación de Drogas ilícitas, “Coyuntura Económica Vol 26 No 4 Diciembre de 1996
- Colombia frente al Narcotráfico, Un reto de largo plazo, estudio publicado por fundapresencia, ubicado en www.fundapresencia.org.co.
[5] Datos: Encuesta Nacional de Párrocos 1997. «Violencia y Desplazamiento Forzado en Colombia» Conferencia Nacional Episcopal: Problemas Sociales Colombianos, Abril de 1997.
