Los corruptos aprovechan la pasividad ciudadana para delinquir y la mayoría nos quedamos esperando a que otros enfrenten el problema. Lo anterior es el resultado que al hablar de corrupción se manejen conceptos variados pues tratándose de un comportamiento violatorio a las normas, tipificarla está sujeto a lo que la comunidad entiende como aceptable y a los valores personales. En este contexto quienes priorizan la acumulación de riqueza material, el consumo extremo y el individualismo egoísta se corrompen y corrompen, lo que conduce a la defraudación de la sociedad y a la paulatina degradación de los principios que rigen la ética pública.
Si bien la corrupción se manifiesta de diferentes formas, su denominador común es la necesidad de dos partes – una que conceden favores y otra que los retribuye con pagos indebidos – no obstante, por más rampante la corrupción y cuán difícil sea hacer negocio con el sector público sin soborno, la decisión de corromperse es personal y justificarla aduciendo factores externos equivale a negar y despreciar la libertad individual.
Nos enfrentamos a un mal social en el que los corruptos se han perfeccionado a la sombra de nuestra tolerancia e indiferencia. En verdad que no podemos eludir ser parte del problema asumiendo una actitud permisiva, consentidora y desentendida pues esta complacencia personal de cara a la corrupción facilita el camino a su perfeccionamiento, permitiéndole a los corruptos alcanzar altos niveles de sofisticación. Antes se recompensaba con efectivo, hoy en día, gracias a la modernización de las formas de intercambio los instrumentos son numerosos y menos evidentes.
En cuanto a las repercusiones, para el sector público más allá del encarecimiento de su funcionamiento y el de los proyectos gestionados por el estado, la corrupción distorsiona las decisiones de inversión – la prioridad puede oscilar de la necesidad social a la opción más favorable para los corruptos – con la posible degradación y disminución de la provisión de salubridad, servicios médicos y hospitalarios, educación, asistencia social, seguridad y prevención de desastres; lo que para algunos ciudadanos puede llegar a significar la diferencia entre la vida y la muerte. De igual manera los actos corruptos disminuyen los recursos disponibles destinados a invertir en la infraestructura pública necesaria para incentivar el crecimiento económico y la inversión, generar empleo, dotar al sector privado la capacidad de competir con productos extranjeros y atraer turismo internacional.
Por otro lado la corrupción pone presión sobre el adecuado funcionamiento del estado derivado del sobreprecio que para recuperar el costo del soborno el proveedor sin escrúpulos impone a los bienes y servicios, en segundo lugar por la ineficiencia generada en la asignación amañada de las licitaciones, en tercer lugar por la merma en el ingreso de impuestos resultado de la disminución en la actividad económica y por último, debido al fraude directo en la tributación. Así, los corruptos contribuyen a los desbalances de las finanzas públicas obligando al estado a aumentar la tributación y a sobre endeudarse en condiciones duras con el consabido aumento en los gastos financieros, que combinado con el incremento en el servicio de la deuda restringe los recursos disponibles para la inversión y el gasto social. Además, que la calificación de riesgo del país se deteriora debilitando su posición negociadora ante instituciones financieras y organismos y donantes internacionales, socavándole la capacidad de alcanzar las metas fiscales que permitirían acceso a condiciones crediticias más favorables,
Con respecto al sector privado además de las consecuencias negativas de la corrupción relacionadas con las deficiencias en la infraestructura pública, también se debe mencionar el castigo económico que se impone al empresario honrado a favor del sinvergüenza y el efecto de esta situación en la capacidad para competir del inversionista que cumple con la ley; lo que hace peligrar su permanencia en el mercado promoviendo la aparición de monopolios y oligopolios que manipulen los precios igual que la oferta y calidad de bienes y servicios, con el peligro que mercados importantes para el bienestar de la población podrían llegar a ser controlados por inescrupulosos.
En conclusión, los corruptos contribuyen al deterioro en la oferta, precio y calidad de los bienes y servicios provistos por los sectores público y privado; auspician que disminuya la actividad económica, la inversión privada y el turismo; hacen que se pierdan puestos de trabajo y propician el declive de la inversión del estado en infraestructura, educación, seguridad y salud pública. Todo lo anterior resulta en un incremento en la inseguridad, la delincuencia y en los niveles de pobreza con lo cual se distorsiona la distribución del ingreso, se ensancha la brecha entre ricos y pobres y se disminuye la calidad de vida de la población en general.
Entonces ¿qué hacer para dejar de pagar el costo de la corrupción? El llamado es a tomar parte activa en combatirla ya que de la posición que asumamos como individuos dependerán las respuestas sociales. A nivel personal el compromiso es a apartarse de cualquier acto de corrupción y de los corruptos.
En este punto cabe destacar que la toma de posiciones beligerantes en lo individual no garantiza una respuesta institucional y social clara y contundente, pues esta reacción estará condicionada por la naturaleza de los hechos incriminados, por las normas éticas aceptadas y rechazadas socialmente y por la postura de los medios de comunicación. De hecho la influencia política y el poder económico de los corruptos determinan en gran mediada la reacción oficial y social ante los actos deshonestos, mismos que a fuerza de costumbre pueden llegar a ser tolerados y hasta aceptados.
El combate a la corrupción comienza por un cambio de actitud personal y de formación de valores a nivel familiar, los que deben permearse a la sociedad. Como forjadores de lo que se constituye en normas socialmente aceptadas la responsabilidad de facilitar la extensión de los valores anticorrupción recae sobre los líderes políticos, sociales y religiosos, empresarios, instituciones educativas y los medios de comunicación. Lo anterior se complementa con adecuados controles para asegurar transparencia en las contrataciones del estado y garantizar una debida protección ciudadana; puesto en práctica por dependencias apolíticas conformadas por personas de la más alta calidad ética y profesional, quienes como garantes de la ley deben encargarse de perseguir y castigar a los corruptos con todo el peso de la justicia.