El retorno a la democracia, a inicios de este siglo, abrió las puertas para la expresión de diversas opciones y demandas de reforma, tanto en lo político como en lo administrativo, lo económico y lo social.
El país esperaba no solamente la recuperación de las formas y los contenidos de la democracia, sino también —y quizá principalmente— reformas sustantivas en la gestión macroeconómica que impacten positivamente en las condiciones de vida, la superación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se esperaba una reforma del Estado que involucre al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, a la administración de justicia, a la seguridad ciudadana y al papel que desempeñan las Fuerzas Armadas.
Lamentablemente, cinco años después, constatamos la frustración de las que fueron las promesas de la transición democrática y de las expectativas que ellas generaron. La única excepción es la descentralización, que se inició en el año 2001 y que —con todas
sus limitaciones— es el único proceso de cambio sustantivo en marcha.
El objetivo de la descentralización es generar un modelo de desarrollo territorial que satisfaga las legítimas expectativas de inclusión, prosperidad y acceso a mejores oportunidades para el ejercicio de derechos.
La transferencia de capacidades y recursos hacia las regiones y localidades —aspecto central de la descentralización— tiene, pues, el propósito de crear condiciones apropiadas para la competitividad y la equidad, así como el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática en cada uno de los niveles de gobierno, superando de esta manera el centralismo que ha caracterizado históricamente al Estado peruano.
Ciertamente, durante los últimos años, los indicadores macroeconómicos del país han observado un importante crecimiento. Este se ha debido, fundamentalmente, al desarrollo de la agroexportación, la inversión en actividades extractivas como la minería y, en algunos casos, a la prestación de servicios. Al respecto, debemos señalar que los temores que algunos sectores expresaron al inicio del proceso de descentralización, respecto de que la gestión de los gobiernos regionales podría afectar negativamente el recimiento
económico, no han sido verificados.
A la vez, es preciso indicar que el crecimiento al que nos referimos no ha sido el mismo en todo el país; la mayoría de la población, principalmente andina y rural, continúa en condiciones de exclusión y de pobreza, sin efectivas oportunidades para el desarrollo. Se requieren estrategias que hagan posible el disfrute equitativo de los beneficios del crecimiento, para lo cual resulta fundamental fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales para participar directamente en la promoción de la competitividad y la equidad.
Se trata, en consecuencia, de un proyecto de gran envergadura que cuestiona la distribución del poder y de la riqueza en el Perú. Por esta misma razón, es un proceso inevitablemente complejo y conflictivo que se proyecta en el mediano y largo plazo.
A pocos meses de terminar el mandato del presidente Alejandro Toledo y cumplidos más de 4 años del inicio del proceso descentralista, el país se prepara para elegir un nuevo gobierno nacional, pero también nuevos gobiernos regionales y municipales. Este es, pues, un momento propicio para hacer un balance de lo que se ha avanzado en el diseño y puesta en práctica de la reforma descentralista.
