Nuestra advertencia para el nuevo contexto y los nuevos desafíos.
Son múltiples y diversos los argumentos en pos de la microempresa. Si bien no hemos de desdeñar los mismos, tampoco podemos continuar viviendo de ilusiones y creo que la simple y rebuscada referencia a un microemprendimiento se parece y peor aún, contiene mucho de eso.
Las nuevas realidades nos plantean nuevos conceptos para una actualidad dinámica que se redefine permanentemente.
Argentina recibe el Siglo XXI fragmentada, con la mayoría de sus argentinos empobrecidos y postergados, principalmente por la ausencia de decisiones políticas más o menos contundentes y reflejadas presupuestariamente en materia de inversión social y ahora con ‘el corsé’ de la ley de convertibilidad fiscal para un presupuesto de base cero, (Ley 25152).
Desarrollo:
En este contexto, el Sector Microempresario se ha revelado como un cauce adecuado para potenciar a mujeres y hombres, para favorecer su participación en las decisiones que afectan sus vidas, para permitirles aumentar sus puntos fuertes y sus activos, ligados estos últimos en una suerte de analogía financiera económica, al capital social, al capital humano y al capital físico, poniendo capacidades en funcionamiento y contribuyendo a la integración social.
En él, el término: ‘asociatividad’ es clave para comprender contactos y redes sociales de los microempresarios, redes que son relevantes para potenciar su actividad económica.
La red es la riqueza o pobreza de vínculos parentales, amicales, socioafectivos e instrumentales -de trabajo, de estudio, del club, de la política, de vecindad, etc..-, no siendo extraño que estos últimos devengan en amicales o socioafectivos.
La red social es un mecanismo informal que permite: a) sobrevivir; b) ampliar el universo de intercambios sociales y económicos, (Powell y Smith-Doerr, 1994). Son tambien procesos de intercambios recíprocos que operan sobre la base de lazos de confianza posibilitando integrarse a la sociedad, a la economía y a la cultura. Son ‘elementos muy relevantes del capital social’ (Lomnitz, 1998; Putnam, 1995).
A un marginado, su red social (alternativa) le ha de posibilitar un mecanismo social de supervivencia diaria.
Para el simple proletariado, las redes sociales le han de proveer el acceso al mercado formal.
En cuanto a la microempresa, si esta estuviera o se la concibiera sólo ligada a aquella unidad permanente de producción, comercio o prestación de servicios organizada por una sola persona, la misma no será en principio un objetivo «apetecible» para una política social de empleo o producción por caso. Por lo demás, ‘la mortandad ‘ de las mismas es de ocho de cada diez.
No nos satisfacen por otra parte, las estrategias microempresarias que se están implementando desde las Secretarías PyMES y de Empleo de la Nación como otras provinciales y municipales, en tanto y en cuanto carecen de la información, las destrezas, las competencias y estrategias mínimas e integrales para un desarrollo microempresario sostenido, desdeñan o ignoran ventajas comparativas o riquezas autóctonas.
Entre otras razones, la ignorancia en mercados que es lo mismo que decir, ausencia de ‘inteligencia de mercados aplicada’ nos parece clave para explicar y predecir esta mortandad y aún mayores, ya que sin clientes y con demandas frenética, caprichosa y extravagantemente cambiantes, los resultados negativos son más que previsibles.
Nosotros, sin descartar la microempresa unipersonal, pensamos en aquellas microempresas, urbanas y rurales (v.g.: las quintas del cinturón verde, emprendimientos como los del taller Lonardi para inciensos, puertas placas, etc.; nuestros pequeños y más inmediatos minifundios) que generan trabajo, producción, productividad, un crecimiento sostenido, un avance social dejando atrás la indigencia y la marginalidad con dinámicas inclusivas sucesivas.
Muchas políticas han cometido, sistemáticamente un grave error. En efecto, han ignorado o han roto incipientes redes autóctonas provocando entonces el retiro del apoyo del sector local y el parejo fracaso de los programas y políticas ‘productivas y de inserción o reinserción’.
Esto es grave en tanto y en cuanto los patrones culturales ayudan a construir y a mediatizar significativamente los sistemas de acción por medio de los cuales se invierte tambien el capital social.
Por eso, los modelos culturales constituirán factores de mediación entre la intervención gubernamental y el stock inicial de capital social, económico y cultural que existe como ‘línea base’ al inicio del microproyecto a ser desarrollado.
A la luz del art. 75 inc. 19 de nuestra Carta Magna, la transformación del capital -en tanto que activo- a capital invertido debe reproducirse en progreso y bienestar para la comunidad y lograr finalmente el desarrollo humano de sus habitantes, de sus miembros.
Para eso, las redes, los lazos de confianza de las organizaciones no se realizan en tanto que capital si no hay un actor social que ‘invierta’ dicho capital a través de una estrategia integral y esto significa ‘disparar’ las capacidades y competencias del çapital social.
Nuestro proyecto de ley ha contemplado un Nivel A que representa el nivel mínimo de ingresos de subsistencia, necesario para asegurar las «necesidades físicas básicas» en cuanto al alimento, la ropa, medicamentos, vivienda con el fin de cerciorase de tener una ‘sobrevivencia continua’.
Esto requiere un método integrado de medición de pobreza que posibilite seriamente, aproximarse a la realidad de la misma, diagnosticar carencias y orientar programas sociales con mejores pronósticos.
Digamos tambien que por carencias presupuestarias o deficiencias científicas se tiende a sobrestimar la pobreza rural. Las redes de solidaridad más allá de la familiar, y, en general, el sistema de acción, no son consideradas. Asimismo se tiende a equiparar necesidades que en contextos geográficos y socioculturales son diferentes.
Además, se ha superado la visión tradicional de la pobreza la que ahora considera ‘capacidades’, ‘competencias’ y potencialidades. Por eso, aquello de «potenciar a mujeres y hombres, asegurar su participación en las decisiones que afectan sus vidas y permitirles aumentar sus puntos fuertes y sus activos (PNUD, 1997).
En efecto, ‘la pobreza humana esta ligada a la idea de capacidades’ (A. Sen).
Los ingresos han de ser considerados como medios y no como fines.
Así las cosas y dado el carácter múltiple y complejo de la pobreza, su no reductibilidad a la dimensión ingresos, hacen necesario que toda programación, evaluación y monitoreo de políticas sociales sean revisadas y adecuada a fin de que asuma las nociones de capacidades y capital social involucrando a los propios destinatarios.
La microempresa está en la idea del autodesarrollo (concepto asociado al selfrelience) noción complementaria a las que hemos venido haciendo referencia, como palanca y resorte del verdadero desarrollo humano. Supone, como principio fundamental, que todo ser humano, a partir de su autoestima, está dotado de energías y capacidades y que, su desarrollo, depende de la forma cómo ellas sean despertadas, incentivadas, estimuladas, apoyadas e incrementadas, (art. 23 Ley Pymes).
En cuanto a la evaluación del del proyecto, centralmente de su objetivo, de sus impactos (sociales, económicos, tecnológicos, paisajisticos…), frecuentemente, la calidad del producto es, al menos, tan importante como la cantidad.
Las pautas de evaluación deben integrar las características del ejecutor y las de los beneficiarios o de la localidad, asignando su real importancia al municipio en tal caso utilizando indicadores cualitativos en la medición del impacto sobre los destinatarios, sobre el territorio, observando-visualizando las alternativas de ofertas y demandas, el mediano y el largo plazo, el progresivo autofinanciamiento y formalización del emprendimiento, el beneficio global y desagregado de cada proyecto productivo.
Entendemos que avanzar en políticas y programas que propendan a la equidad es un imperativo absolutamente complementario a los programas focalizados en sectores de pobreza.
Los costos sociales que resultaron de confiar solo en el mercado son demasiados altos e implicaron una neta y clara polarización entre ganadores y perdedores y la desactivación de solidaridades interclases.
Para enfrentar el trade-off entre nivel de empleo y desigualdad hay que recurrir a estrategias de inversión social con los recaudos que volcamos en este informe así como la auditación permanente de espíritu, caracteres y finalidades efectivas y comprobables de los programas y políticas.
Entonces, toda política social ha de encaminarse a favor de programas activos de creación de empleo y de la capacitación, la educación, una reconversión permanente y la ‘reinserción laboral’ lo más autónomamente posible al sistema socioproductivo.
Por eso, equidad e inclusión han de ser el norte, son objetivos para una tarea necesaria y un imperativo ético frente a la desigual distribución de los ingresos, de los bienes, del conocimiento y del poder que tienen relación directa con la reproducción de la pobreza.
En Córdoba, mediante la ley 8804 se adhirió a la ley 24885 que tiene que ver con un Programa Nacional de Desarrollo Regional y generación de Empleo como la implementación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Esto nos parece, en principio, una herramienta normativa útil en tanto esté acompañada de la decisión política y la partida presupuestaria correspondiente sirviendo en todo caso para una primera discusión de la cuestión.
En efecto, no obstante el grado en que las fuerzas mundiales emergentes de la apertura y la globalización menguan la autonomía nacional, provincial y municipal, una de las conclusiones más importantes de los estudios comparativos realizados e instrumentados por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas (UNRISD) es el de que, los mecanismos políticos e institucionales de representación de los diversos intereses y de formación de consensos políticos, afectan enormemente el manejo de los objetivos asistenciales, de empleo y crecimiento.
Analizando las experiencias concretas y normativas en materia microempresaria se advierte superposición de esfuerzos y una notable carencia de coordinación que resulta altamente onerosa y antieconómica, un verdadero lujo que en modo alguno podemos permitirnos por nuestros días junto al ‘veto presupuestario’al art. 23 de la ley pymes.
Argentina por muchas décadas ha dependido en gran medida de la exportación de granos y carnes, lo cual ha representado un más que significativo porcentaje de las exportaciones totales de nuestro país. Esto ha generado una situación de vulnerabilidad frente a distintos shocks externos (crisis del tequila, asiática, rusa, brasileña) que afectan directamente -junto al proteccionismo y a los subsidios- nuestros precios, nuestras empresas en cualesquiera de sus dimensiones- nuestros ingresos fiscales, dejándonos en algunos casos con »índices africanos’.
Todo ello genera recortes en ‘inversión social’ ocasionando fuertes restricciones en la demanda y recesión económicas, las cuales conllevan a experiencias nefastas para nuestra economía, la recesión produce deflación disminuyendo la capacidad adquisitiva de las personas y apremia la necesidad -cada día más contundente- de mejores condiciones para moderar y reducir este desnivel de la economía y satisfacer las necesidades comunes a los argentinos y latinoamericanos, cada vez mayores y menos cubiertas.
Una estrategia es la microempresa con capacidad demostrada en distintos tiempos y escenarios para reactivar el aparato productivo, principal fuente de trabajo en países en proceso de desarrollo y origen de actuales medianas y grandes empresas.
He aquí el momento de la gran advertencia. La microempresa debe ser superadora del estado de cosas que supone ocupación accesible, mediante programas microempresariales ‘científicamente analfabetos, improvisados, clientelistas’, para quienes recién ingresan al sistema productivo, jóvenes, mujeres, migrantes e inmigrantes y para aquellos que debemos reinsertar o consolidar.
La advertencia, la cuestión candente es si estos puestos de trabajo no terminan por convertirse en callejones sin salida, o sea, si la estrategia microempresaria no promueve finalmente un nuevo tipo de proletariado posindustrial crónicamente empobrecido.
Es decir estaríamos frente a la segunda generación de excluidos (remiseros, kioskeros, verduleros, etc..) pero que, en este caso, por falta de calificación u orientación de programas productivos, dilapidaron indemnizaciones resultantes de despidos masivos, retiros ‘voluntarios’, reformas, reestructuraciones, etc.
Los estudios sobre este tema son aún muy rudimentarios pero sin duda, hoy, la educación y el conocimiento califican y recalifican asegurando posibilidades ciertas de movilidad laboral y social, ascendetes.
Los trabajadores no calificados tienen un alto riesgo de seguir atrapados en la pobreza.
De ahí el papel trascendente de una estrategia de inversión social si se desea evitar el surgimiento de un nuevo proletariado de operarios indigentes.
La recesión como algunas ‘externalidades del Mercosur’ han tenido un impacto significativo sobre el empleo y en menor medida sobre la tasa de variación de los precios y esto ha repercutido negativamente en el consumo y en el gasto público.
La Población Económicamente Activa se manifiesta en mayor plenitud durante las contracciones económicas, debido -en parte- a crecientes necesidades de participación para responder de alguna -y diversas- manera a la disminución del ingreso familiar.
La población ocupada en el sector formal se reduce diariamente y el sector informal del trabajo -admitido oficialmente- representa ya un 40% y hemos caído en un desempleo estructural de dos dígitos imposible de perforar.
A esto se agrega que, en las actuales economías abiertas integradas globalmente, muchas de las premisas que sustentaron la construcción de los sistemas de seguridad social en la posguerra, ya no parecen válidas.
Hoy es imposible que se logre un crecimiento no inflacionario impulsado por la demanda en un solo país y serán los servicios más que la industria los que deberán asegurar el pleno empleo.
Además, el índice de envejecimiento de la población está en rápido aumento, la familia tradicional basada en los ingresos de un jefe de familia de sexo masculino esta en cierta decadencia y las modalidades de vida en general están cambiando y diversificándose al punto de que, se puede sostener que hoy, no siempre, el jefe o jefa de familia son el principal proveedor para el hogar.
El alto grado de concentración económica ya se está planteando alternativas y estrategias ante la fuerte disminución del consumo y otras variables producidos por la recesión indicada, despidos masivos y una cierta y particular ingeniería en la administración pública que en esto de ‘copiar’ a la privada ha cometido los mas variados desatinos equivocándose -entre otras cosas- de escenarios y lógicas propias y autónomas alcanzadas por burocracias, ya verdaderas instituciones informales perennes.
Así pues, gran parte de la población económicamente activa esta desocupada y sin horizontes ni perspectivas de trabajo en el sector formal el que a su vez, exige día a día mayores calificaciones estratificando hasta estigmatizar el mercado del trabajo y consecuentemente la estructura social en la que ya no se podría considerar una lógica de conjuntos difusos sino, más bien, la aristotélica o la dicotómica.
Es que la combinación de un alto desempleo con un rápido crecimiento del sector informal y una continua contracción en el salario real y los ingresos con incrementos solapados en los servicios básicos, han producido niveles importantes de pobreza tradicional y moderna en nuestro país.
Se señala a la década de los 80′ como aquella en la cual los trabajos por cuenta propia ha sido la forma de ocupación que experimentó el más rápido aumento.
Por caso, el gobierno danés, a fin de estimular trabajo sin empleo en servicios personales, ha puesto en marcha un programa de subsidios que cubren del 20% al 30% de un salario regular, esto es, un ingreso mínimo temporario garantizado para las personas que quieren trabajar por cuenta propia, Inglaterra aplicando impuestos sobre ganancias de empresas privatizadas hizo otro tanto y, la propuesta de Cavallo-Beliz para acceder al Municipio Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires contenía en su plataforma una oferta similar.
En cierto sentido lo que así surge es tambien, una nueva definición de la política social de acuerdo con el ciclo vital, la que reconoce que la actual transformación de la familia, de los puestos de trabajo, las migraciones e inmigraciones plantean nuevos riesgos y necesidades durante toda la fase adulta activa de la vida de un individuo.
Así pues, no será difícil encontrar esto reflejado en la aparición de programas de reinstrucción de adultos, de educación y reconversión permanentes.
A todas luces, el problema de la pobreza asociado a la estrategia de los «bajos salarios» se concentra en clientelas fácilmente vulnerables como los trabajadores no calificados y los hogares con un solo progenitor a cargo.
A corto plazo el riesgo puede aminorarse apuntalando los programas de mantenimiento del nivel de ingresos, pero si los bajos salarios siguen siendo la única opción frente a la dependencia asistencial, esto sin lugar a dudas nutrirá las trampas de pobreza.
Parece obvio entonces, que a largo plazo se precisará una activa estrategia de inversión social si se pretende impedir que se produzca una espiral de pobreza creciente. Así, una estrategia de flexibilidad salarial podría ser mucho menos perjudicial si se la asociara en forma sistemática con un programa activo de capacitación y de reconversión productiva continua.
No son hechos aislados que tanto el hombre, varón y mujer, se encuentren en la obligación ineludible e impostergable, harto dificultosa de trabajar ‘por cuenta propia’ y forjarse mecanismos necesarios para cubrir las necesidades físicas básicas.
De este modo, es por ello mismo justo, repensar estrategias para atenuar el nivel de desempleo, de desocupación impulsando instrumentos aptos a tales fines.
Conclusión:
Nuestra ‘oferta académica’ es «la microempresa para el campo y la ciudad».
El objetivo del proyecto es detectar y promover emprendedores, es tambien contribuir a la disminución de la pobreza y postergación periférica y rural minifundista, particularmente la de mujeres y jóvenes.
Para ello es imprescindible superar el discurso, el cortoplacismo y evitar la competencia desleal con sectores medianos y grandes implementando discriminaciones positivas de promoción para los pequeños emprendimientos, la simplificación administrativa, la recategorización tributaria municipal y de servicios, impulsar sociedades de garantías reciprocas o fondos para facilitar el acceso al crédito productivo de modo razonable y responsable para lograr que el Municipio gradual, paulatina y ordenadamente brinde finalmente al sector microempresario un espacio, parque o polo productivo con toda la infraestructura necesaria y la vinculación con el sector externo.
De otro modo, no se podrán generar serias políticas sociales de empleo dirigidas al centro del capital social, capital que es capacidad que tiene un grupo, una familia para emprender obras conjuntas persiguiendo objetivos comunes, revalorizando la dimensión humana del desarrollo.
No olvidemos por otra parte que fue este y no otro el origen de nuestras más grandes empresas nacionales.
Deberemos ajustarnos a la ley de convertibilidad fiscal (25152)que prohibe crear nuevos fondos u organismos no contemplados en el presupuesto. Para ello es ineludible recuperar cuantiosos fondos como por ejemplo aquellos del Programa Federal de Solidaridad ‘Pro-Sol’, los del Foncap, etc., en tanto y en cuanto se hayan distorsionado, distraídos o prestados para el clientelismo.
La actual Administración Nacional sin gastar ni un centavo podrá impulsar decididamente a la microempresa, urbana y rural; podrá cumplimentar tambien con el mandato imperativo del art. 23 Ley PYMES 24467 que prescribe: «El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación específicamente destinadas a las micro empresas.»(sic).
La microempresa urbana y rural será entonces una estrategia complementaria e interactiva con la ‘inversión social pública’ aún pendiente. Esto es así porque el desarrollo de microempresas es solo una vía -no la vía- para atacar la desocupación y aliviar políticas sociales, habiéndose manifestado como una instancia satisfactoria para resolver el desempleo -tambien- de profesionales, técnicos y mano de obra calificada. Esto ultimo y no otra cosa es el actual ‘nudo gordiano nacional’: que hacer con los desocupados, los excluidos, los marginados, los excluidos, que es lo mismo que decir, qué hacer con la vulnerabilidad interna.
Dentro de los elementos de una política económica activa de articulación del sector informal a la economía regular del país y de la región se deben encontrar las medidas dirigidas a mejorar el acceso a los recursos productivos entre los que se encuentran el crédito y la capacitación que constituyen el punto central, la clave de los programas de microempresas.
En nuestro caso, es activar el art. 23 de la ley pymes con decisiones políticas contundentes.
En efecto, uno de los principales problemas que enfrentan los artesanos, los minifundistas, los pequeños emprendedores, es la falta de recursos para financiar sus proyectos. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha una iniciativa llamada Micro 2001, para invertir u$s quinientos millones en proyectos hasta el año 2001, cuyo objetivo es mejorar programas de microfinanciamiento (por ejemplo, los del Consejo Federal de Inversiones, de algunas ONG.s’, nacionales y provinciales) y desarrollar nuevos programas financieros para microempresarios.
Esta iniciativa persigue absorber la mayor demanda insatisfecha -posible- de desocupados y proporcionarles los mejores niveles de ocupación y empleo.
Nuestra oferta legislativa pretende crear normas jurídicas y condiciones optimas para generar seguridad jurídica y planes de financiamiento para que se fortalezcan tambien a aquellas unidades económicas cuyos niveles de activos y de los que numero de empleados requieran de la ayuda para crecer como empresarios, superando el enfoque meramente social hasta alcanzar uno de desarrollo humano-económico.
Esto torna absolutamente pertinente el apoyo municipal, provincial y nacional a una iniciativa necesaria y satisfactoria en momentos críticos de desempleo estructural, marginación, excluidos e indigentes y verdadera bancarrota de las políticas sociales tradicionales.
