Venezuela: Política de seguridad y Policía Nacional. Entre chapuceros y chapucerías

27-10-2009

“… El desarrollo de un grupo social ha estado siempre condicionado por dos necesidades conflictivas; la una mantener el orden y proteger la vida y bienes de los ciudadanos, la otra, asegurar que la policía no actúe irracionalmente en forma opresiva…” Sir Robert Mark, Dimbleby Lecture, BBC.

Son más de 150.000 asesinatos en diez años de régimen, más no de gobierno como veremos. 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes en la ciudad capital, más de 50/100.000 en el resto del país; comprobado también el expedito y continuado tránsito de toneladas de cocaína con destino a los mercados internacionales a través del territorio nacional; evidente e indiscutible la instalación y permanencia como territorio de alivio y de operación paramilitar de las bandas armadas extranjeras (FARC, ELN) y nacionales (FBL), que cuentan para ello si no con el abierto apoyo, si con la tolerancia o la vista gorda de todos y cada uno de los responsables del gobierno en el ámbito de la seguridad pública, sean éstos estatales, regionales y locales.

En ese panorama, hace eclosión el derivado inevitable de una misma impuesta dinámica. Diligente circunstancia donde se juntan y se combinan o, en expreso y voluntariamente se dosifican a conciencia las determinantes conductas y desempeños adoptados o impuestos por y a los funcionarios públicos responsables en todos y cada uno de los distintos escalones de dirección, de supervisón, de mando y de conducción del contingente en todos y cada uno de los órganos de ejecución material de las medidas y de las operaciones de policía, sean éstos organismos militares o civiles, uniformados o no, oficiales u oficiosos.

Quedan, como veremos, suficientemente evidenciada en esa dinámica de la “Política de Seguridad Pública” en Venezuela, vigente y en ejecución: a) el dirigido y expreso desempeño del calificado como “autor tras el autor” (figura jurídica derivada de precisiones en el vigente Protocolo de Roma). En el menor de los casos, b) la complicidad, la complacencia, la conveniencia, la incompetencia, la ignorancia y/o la cobardía. El inevitable corolario, la chapucería.

Variantes

“… En La autopista Caracas la Guaira, a la Guardia Nacional se le ocurrió trancar la circulación… y muchos autos quedaron parados… pandillas motorizadas que atacaban camionetas de lujo en la vía atracándolas a mano armada, en especial las negras (Servicio de taxis) del aeropuerto… mientras las autoridades cerraban el paso a Caracas para vehículos… las motos tenían libre el paso… La media hora en que pararon el transito fue de terror… los motorizados… actuaban a sus anchas ante la vista de las autoridades…” (ciudadano aterrado e impotente escribe en Gentiuno.com 161009)

“… Agustín Sandréa Díaz, explicó que el cuerpo policial, ‘pudo detectar una mercancía que fue sustraída de un balcón al lado de una mueblería en la Juan Francisco Arisméndi… sabíamos nosotros que estaban allí unos funcionarios interviniendo en esta vivienda… al revisar el sitio consiguieron 15 televisores plasmas, lo que sirvió para imputar tres cabos, tres distinguidos y un agente…” (Unión Radio 161009)

“… dos funcionarios militares activos que resguardan las obras del metro Los Teques, junto a dos civiles, montaron un falso recorrido de seguridad por las zonas cercanas a la avenida Víctor Baptista… El jefe de la Región Nº 1 explicó que se procedió a solicitar documentación a los acusados quienes portaban sus uniformes, además de dos fusiles modelo AK 103, marca Kalashnikov con 50 cartuchos de 7.62 milímetros, divididos en dos cacerinas una con 26 balas sin percutir y la otra de 24 con tres cartuchos ya percutidos, que… habían sido disparados al aire… la revisión corporal… consiguió a uno de los militares el celular y el dinero… robado… se detuvo a las cuatro personas identificadas como José Rafael Mendoza Hernández (39), Freddy Enrique Herrera Ballesteros (30) y a los efectivos Luis Eugenio Rodríguez y Rubén Gilberto Peralta…” (Noticias24.com, Policía de Miranda, nota de información 171009)

“… Operan con extrema violencia y vacían varios apartamentos en cada incursión… afectados son poco proclives a la denuncia… son violentos y se hacen pasar por policías… los robos con violaciones cometidos en la capital de Venezuela son similares a otros reportados recientemente en Barquisimeto… al menos doce antisociales bajo la modalidad de ‘falsa autoridad’ incursionan en condominios donde someten a vigilantes, conserjes y residentes… utilizan chaquetas con el logo del organismo policial e inclusive usan radios portátiles para comunicarse entre sí… infiltran a mujeres en el servicio doméstico para obtener datos sensibles de las víctimas… los condominios asaltados disponen de vigilantes y cámaras, pero este último dispositivo se encuentra dañado o fuera de servicio por falta de mantenimiento (Gustavo Rodríguez, El Universal 121009)… (Cicpc), adscritos a la División Nacional contra Robos, identificaron plenamente a varios integrantes del grupo que, en operaciones tipo comando, presuntamente han cometido asaltos múltiples en edificios residenciales, ubicados la zona este de Caracas… ‘llevamos una investigación bastante adelantada y podemos anunciar al país que tenemos plenamente identificados a los miembros de la organización criminal que se ha dedicado a cometer hechos de esta naturaleza’… comunicado de prensa del cuerpo policial… Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)… ‘tenemos funcionarios desplegados en varios estados del país y estimamos que en las próximas horas vamos a dar con la detención de este grupo que se ha venido dedicando a cometer hechos de manera colectiva’…” (El Universal, 191009, 16:03 horas)

“… De esa manera la Venezuela trabajadora, que estudia, que se especializa para mejorar su desempeño profesional, o que monta un pequeño negocio y avanza sudor tras sudor para beneficiar a su familia, queda a merced de los hampones, de la policía extorsionadora y de la mala atención en los hospitales…” (El Nacional 201009)

Indiscutible

Ante tales elementos de la evidenciada política en Venezuela, sólo pueden ser consideradas dos posibilidades, contrarias y definitivamente excluyentes entre si:

Se trata de una política expresamente concebida, instrumentada y dirigida desde el Palacio de Gobierno (Miraflores), que responde con precisión y en exclusivo a los intereses privados allí representados, lo cual dejaría irrefutablemente sustentado en manos de quién está la voluntad y el ejercicio del poder político en el país.

Por el contrario, no se trata de una política en esos precisos términos, sino más bien de la ausencia de ella dada la incrementada perdida de la capacidad real y fáctica para el ejercicio del poder, donde la dinámica de los hechos ha sometido y somete al Palacio de Gobierno a la voluntad –y a la política si se quiere– de los avatares y circunstancias impuestas por distintos y concomitantes intereses individuales y privados –sean éstos geopolíticos, políticos, económicos o crematísticos– cuyos representantes y beneficiarios directos, estén o no radicados dentro y fuera de las fronteras, sean o no conocidos públicamente, pero que, particularmente, esas individualidades y colectivos demuestran su autonomía en el hecho de que escapan al control de cualquiera sea el género o la especie de poder de quien, electo o selecto, nominal y jurídicamente y sólo sobre el papel, detenta, o finge detentar el poder político.

Inevitables constataciones derivadas

Es así como, el ámbito de la contienda a la que está sometida entonces la comunidad de moradores del territorio de Venezuela, que no ciudadanos, y donde se juega el presente y el futuro como unidad política y social en el concierto de naciones, vista la ejemplarizada dinámica, perdió en lo absoluto el carácter determinante y propio al desempeño de un gobierno en un Estado soberano del mundo occidental, y se reduce drásticamente a la medición de fuerzas entre parcialidades, banderías, partidos, facciones, pandillas o bandas cuya única forma o método disponible para imponer su poder e intereses por sobre y en detrimento de otros, es la ilegalidad.

Esa contienda dejó atrás y abandonó por completo el campo de la política, de la polémica y de la policía, y está centrado exclusivamente en la extorsión, en el chantaje, en el engaño o el timo, en la mistificación y en la coerción. El excluyente imperio de una elaborada capacidad de disuasión que a su vez se sustenta en el uso y control de los medios materiales y del ejercicio directo de la violencia letal por particulares; es decir, del real o potencial beneficio o daño, lesión o muerte que puedan ocasionar a uno u otro de sus asociados, de sus oponentes, de sus allegados, y a sus bienes e intereses.

Esta particular y excepcional contienda está entonces, planteada en exclusivo en término de los intereses privados de una u otra parcialidad, bandería, partido, facción, pandilla o banda, en una determinante y excluyente “política”, y definitivamente en detrimento del interés en lo público; a la sazón, ignorados en expreso por unos y por otros contendientes.

Ignoran o desconocen el hecho de que, independiente de cuáles fueren los resultados y los beneficiarios de esta “política”, todos y cada uno de los funcionarios juramentados y en ejercicio en uno u otro cargo, en uno u otro escalón político o técnico de dirección, supervisión, mando y conducción de todos y cada uno de los integrantes de los órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, son directamente responsables tanto por el hacer como por el dejar de hacer, en cualquiera fuere la jurisdicción nacional o internacional que en su momento sea seleccionada por una u otra víctima para plantear la queja, acusación o querella en función y en demanda de investigación, sustanciación, para dirimir, juzgar y condenar a los responsables.

Esto, sin que pueda ninguno de ellos, jamás, alegar inocencia o tener en su descargo el argumento de la “obediencia debida”.

Inseguridad

Quedan nítidamente sustentadas dos concomitantes y consistentes realidades impuestas en y por los hechos cotidianos del hacer y del dejar de hacer en más de diez años de esto que se pretende y autodenomina gobierno, pero que en la praxis no gobierna.

Fuere en el menor de los casos porque carece de estructura, de la argumentación y de sólidos y sustentables objetivos a largo plazo; sea en una más elaborada perspectiva, porque adolece de una desarrollada capacidad intelectual acorde a la circunstancia; manifiesta en eso del consistente interés y de la sustentable voluntad política para intentarlo; o sea ello porque no cuenta en lo absoluto con un acumulado de capital social sustentado en las sólidas bases del trabajo de un colectivo en el tiempo, en el estudio, en el esfuerzo continuo y sostenido para la gramatización de ideas, de conceptos y de vías de acción política, distinguidos en la creación y en la promoción de un proyecto de vida en común sustentable. En todo caso, y a todo evento, una realidad innegable, en el ejercicio del poder político, no se cuenta con la capacidad humana ni con los medios técnicos para pensarlo, menos aún, para intentarlo.

En definitiva y consistente con las determinantes características de lo que han llamado política en Venezuela, antes y después del Pacto de Punto Fijo:

a) No se asumen ni se está dispuesto a asumir los riesgos derivados, que en el área de seguridad pública son significativos;

b) sólo se está dispuesto a la aplicación de la ley del menor esfuerzo, de allí el trabajo chapucero, y

c) sólo se está dispuesto para el disfrute de los signos exteriores del poder, jamás a rendir cuenta de nada y ante nadie; de allí el desesperado control sobre los medios de información y de difusión privados y, especialmente sobre aquellos públicos destinados a la investigación criminal; sobre los mecanismos de control político en el ejercicio del poder, y en el área jurisdiccional, el indeclinable y férreo control sobre jueces y tribunales.

Dos realidades

La primera de esas comprobadas realidades del presente, ya había sido resumida hace 22 años en estos términos: “… El Estado en Venezuela… un disimulo… es simplemente un ‘truco legal’ que justifica formalmente las apetencias, arbitrariedades y demás formas de un ‘me da la gana’… en el fondo Venezuela es un país provisional… acostumbrado a percibir que las leyes no tienen nada que ver con la vida… desde 1828 hasta el sol de hoy, un Estado apolíneo donde la realidad actúa como una frustración de lo sublime… [esa] realidad que destruye el sueño… es una simple sumatoria de mediocridades…” (José Ignacio Cabrujas, El Nacional 030187)

La segunda de ellas de orden técnico, y muy práctico. La hemos sustentado por años de distintas formas, citando en cada momento uno y otro ejemplo tomado de lo cotidiano: Los responsables en el ejercicio del poder político en Venezuela, han perdido tanto el monopolio del ejercicio de la violencia, como el control de los medios materiales para su aplicación en estricta concordancia y en función de un cuerpo de leyes vigentes.

Policía Nacional

Imposible percibir resultados y beneficios para los moradores del territorio venezolano en las pretensiones discursivas de algunos capitostes del régimen; además, manifiestas, visibles y evidentes en las chapucerías e improvisaciones sobre el tema de la Policía Nacional.

Estamos en presencia de más de lo mismo en materia de seguridad pública.

El fracaso lo tienen unos y otros pintado en la cara, independiente de habilidades, de capacidades, de rangos y de doctorados. A la audacia del ignorante, se une el desconocimiento de la historia, la incultura frente a las realidades pasadas y presentes, la ineptitud en la experiencia y la práctica, y la nesciencia de los conceptos, los criterios y doctrinas de una especializada materia.

Está escrito

La primera vez que en Venezuela se estudió y legisló con propiedad y en función del futuro en materia de seguridad pública y específicamente en lo que dan hoy por llamar Policía Nacional, fue en 17 de septiembre de 1936 cuando se crea por decreto la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Pública, luego el 4 de agosto de 1937, por Decreto Orgánico, se crea el Servicio Nacional de Seguridad dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores bajo cuya autoridad quedan los tres organismos civiles creados: La Guardia Nacional (como Policía Nacional), la Oficina de Investigación Nacional y la dependencia denominada Identificación de Extranjeros.

En los momentos previos a la firma y posterior publicación de la decisión ejecutiva, derivadas de las presiones políticas del momento, y ante la fuerte oposición y los serios cuestionamientos del estamento militar que, percibiendo un peligro latente, no aceptaba la existencia de un cuerpo civil armado desplegado en todo el territorio nacional y dependiendo exclusivamente del poder civil (MRI), quedó en consecuencia establecido en el Artículo 2 de ese Decreto Orgánico: “… Sin perjuicio de sus funciones civiles, la Guardia Nacional tendrá estructura militar y se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército; por las del Código de Justicia Militar…”. En el Artículo 3: “… la organización, armamento, instrucción militar y disciplina de la Guardia Nacional estarán a cargo del Ministerio de Guerra y Marina…”.

El 30 de julio de 1938 el Congreso de la República promulga la Ley del Servicio Nacional de Seguridad confiriéndole a este servicio la responsabilidad en la ejecución de las operaciones materiales de policía administrativa y judicial en todo el territorio nacional; la Guardia Nacional queda como un servicio del Ejército y en caso de decretarse la suspensión o restricción de las garantías constitucionales, la Guardia Nacional pasa a depender exclusivamente del Ministerio de Guerra y Marina.

Concretando

Ante tales hechos políticos y jurídicos de la historia conocida del país, estupidez resulta que se pretenda hoy otorgar el título de pioneros a los mil y tantos aspirantes que fueron “provisionalmente” abarrotados en carpas sin servicios de ninguna especie en terrenos de La Carlota, para dar inicio al pretendido entrenamiento del personal de una nueva Policía Nacional.

La improvisación y chapucerías son evidentes, y a pesar de los rimbombantes discursos: “… Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea…” (Soraya el Achkar, rectora del campamento, citando a Eduardo Galeano) y de la inversión de 30 mil millones de bolívares (Tarek el Aissami, María Daniela Espinoza, El Universal 231009)

“… La mudanza fue decidida por Chávez… El Campamento Escuela de la Policía Nacional solamente tuvo una semana de actividad… Debido a la mudanza, el curso de reentrenamiento de los agentes deberá finalizar el 6 de diciembre. Se mantiene la fecha de lanzamiento de la Policía Nacional para el 15 de diciembre…” (Javier Ignacio Mayorca, El Nacional, 141009)

La imaginación de la rectora del campamento duró bien poco; el dinero dilapidado, y el tiempo, ya pasó.

Concluyendo

Los resultados, la importancia y la trascendencia del tema de la seguridad pública en una sociedad cualquiera se han medido siempre, se miden y se medirán en sus resultados unos subjetivos, la existencia, vida y hacer en paz de los ciudadanos, otros objetivos, las cifras.

Y esos resultados subjetivos y objetivos, percepción y cifras, como ha quedado suficientemente sustentado, para este régimen en sus 130 meses continuos transcurridos: Son patéticos.

Afirmó en su momento el citado sir Robert Mark: “… En teoría la seguridad y la libertad del grupo social depende de las leyes, de la Constitución, pero en la práctica, las decisiones del Ejecutivo, del Congreso, de los tribunales, cuentan poco si no estuvieren allí los policías para hacerlas efectivas…”

Y cuando hablamos de policías, no hablamos jamás de ejércitos de ocupación puesto que, policía no es soldado y parodiando a Casamayor, sostenemos enfáticamente: “… La policía no ha sido, no es ni será represiva, represivo es el uso que de ella hace la incompetencia e incapacidad política de un régimen…”.